El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela informó este sábado que “deportó” a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, hasta hace un par de meses ministro del gobierno de Nicolás Maduro. Según el comunicado, “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Según versiones de prensa, el empresario habría permanecido tres meses recluido en El Helicoide, la megacárcel de Caracas. Sin embargo, esta semana habría sido trasladado al Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar de Venezuela. Desde allí se habría coordinado su traslado que, según el medio El Impulso, tendría como destino una cárcel en Miami.

Saab fue ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de Venezuela hasta el momento en que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero de este año, pero dejó el cargo tras la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia. En febrero, versiones de prensa afirmaron que había sido capturado en una operación coordinada entre el FBI y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y trasladado al Helicoide con miras a extraditarlo a Estados Unidos.

Desde entonces, su paradero fue un misterio. En ese momento, en declaraciones exclusivas para El Espectador, Luigi Giuliano, abogado de Saab y de su esposa, Camilla Fabri, calificó los reportes como “fake news”. Giuliano aseguró que estuvo con el empresario, quien mantiene amplios vínculos con Nicolás Maduro.

Según la agencia AP, fiscales federales en Estados Unidos llevan meses investigando a Saab por un esquema de sobornos a través del programa CLAP de alimentación en Venezuela, el mismo esquema por el que fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021. “La investigación se deriva de un caso presentado en 2021 por el Departamento de Justicia contra Álvaro Pulido, socio de Saab desde hace mucho tiempo, según informaron exfuncionarios de las fuerzas del orden”, cuenta la agencia.

Falta ahora por descubrir si esta es o no una nueva causa contra Saab en Estados Unidos. Específicamente porque, en el caso de lavado de dinero y corrupción a través de CLAP, Saab ya fue extraditado y enfrentó un proceso en cortes estadounidenses. Sin embargo, en 2023, el entonces presidente Joe Biden lo indultó.

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Delcy Rodríguez se reunió con una delegación del Banco Mundial, encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral, Susana Cordeiro Guerra.

El equipo de Prensa Presidencial señaló en una nota que este encuentro marcó un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país, como parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales.

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Asimismo, dijo que en la reunión también participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández.

Cordeiro Guerra estuvo acompañada por la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

Prensa Presidencial aseguró que, con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirmó su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada, abierta al mercado global y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.

El canal estatal Venezolana de Televisión transmitió imágenes del encuentro, sin que hubiera declaraciones. La reunión se dio luego de que en abril pasado el grupo del Banco Mundial anunciara la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

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Ese mismo mes, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros que representan la mayoría del poder de voto total” del organismo, según el comunicado oficial difundido entonces.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación del entonces titular del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente del país, reconocido por decenas de Estados.

El pasado 13 de mayo, el Ejecutivo chavista anunció el lanzamiento de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal PDVSA, sin detallar a cuánto asciende este monto.

El Ministerio de Economía explicó entonces en un comunicado que el objetivo es reconstruir “la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”. Según informó en marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa del país se estima en más de USD 170.000 millones.

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La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este viernes el incendio en una plataforma petrolera ubicada en el lago de Maracaibo, el más grande del país suramericano, que dejó seis trabajadores lesionados, y anunció que abrirá una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la empresa explicó que el incendio se produjo tras una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del lago de Maracaibo.

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Esta plataforma es operada de forma conjunta por PDVSA y la firma china Concord Resources Corp (CCRC), según dijo a EFE una fuente vinculada al sector.

La estatal añadió que de inmediato fueron activados los protocolos establecidos para el control del fuego, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esa instalación lacustre. “Asimismo, se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a seis trabajadores lesionados”, añadió la compañía.

PDVSA indicó que ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializado y el operativo logístico necesario “hasta lograr la extinción del fuego en la sección de la planta afectada”.

Igualmente, anunció que un comité técnico investigará las causas de esta explosión, “que —aseguró— no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en occidente (del país)”.

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Varios videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales muestran el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.

Además, se observan las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra.

El martes, medios locales informaron de la explosión de un tramo del gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón por una acumulación excesiva de presión en la tubería. En el hecho no se reportaron heridos o fallecidos. Los medios aseguraron que las autoridades activaron los protocolos de emergencia. La petrolera no ha reportado oficialmente este incidente.

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La disputa entre “influencers” chavistas tras la captura de Nicolás Maduro dejó al descubierto tensiones internas dentro del oficialismo que hasta ahora se mantenían fuera del debate público digital. En un contexto donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios de propaganda y movilización política, las fracturas entre figuras afines al régimen evidencian un posible reacomodo dentro de la Revolución Bolivariana.

El régimen chavista atraviesa una de las crisis más profundas de su historia luego del ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta interina, un escenario que intensificó las tensiones internas dentro del oficialismo. En medio de este clima de incertidumbre, varios “influencers” cercanos al chavismo comenzaron a cuestionar públicamente a la nueva cúpula de poder, alimentando sospechas sobre divisiones dentro del movimiento.

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Uno de los casos más visibles fue el de Diego Omar Suárez, conocido en redes como “Michelo”, quien acumula más de 459.000 seguidores en Instagram. El creador de contenido calificó a Rodríguez como una “Judas femenina” y acusó tanto a ella como a su hermano, Jorge Rodríguez, de haber participado en una supuesta conspiración para entregar a Maduro. “¿Qué harían ustedes si me ven a mí con el jefe de la CIA en Venezuela recibiendo instrucciones luego de la captura de Maduro?”, escribió en un mensaje que provocó una fuerte discusión entre figuras afines al chavismo.

Según Alejandra Martínez, directora para América Latina de la Fundación Libertad y Desarrollo, el chavismo habría recurrido durante años a la contratación de “influencers” extranjeros para fortalecer su estrategia comunicacional. Tal sería el caso de Michelo, quien presuntamente habría recibido pagos de hasta USD 5.000 mensuales por parte del Ministerio de Comunicación del régimen venezolano.

Martínez explicó además que actualmente existen fracturas internas entre sectores del chavismo, especialmente alrededor de Delcy Rodríguez, cuyos aliados impulsan un discurso más cercano a Estados Unidos y favorable a las inversiones extranjeras. En ese contexto, parte de la red de “influencers” oficialistas ha comenzado a promover una narrativa enfocada en defender la estabilidad económica y atraer capital internacional.

Las declaraciones de Michelo provocaron respuestas inmediatas dentro del chavismo digital. Indira Urbaneja, cercana a Diosdado Cabello, e Iris Varela defendieron a Rodríguez y cuestionaron al creador de contenido. En contraste, Mario Silva adoptó una postura más crítica frente a la nueva cúpula del oficialismo y expresó su descontento con el rumbo actual del régimen.

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“No puedes estar más enojado que nosotros con lo que ha sucedido en Venezuela […] Estamos tragando arena para negociar con el agresor”, afirmó Urbaneja en redes sociales.

Por su parte, Mario Silva —históricamente cercano a Hugo Chávez— también respondió a Michelo y marcó distancia frente a quienes intentan justificar la situación actual del régimen. “En 2018 no estaba en Washington, como tú (haciendo referencia a Urbaneja), haciendo lobby. Estaba aquí, defendiendo la Revolución Bolivariana”, afirmó.

Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el chavismo fue pionero en utilizar las redes sociales como herramienta de conexión política con sectores populares y como mecanismo para impulsar figuras con capacidad de incidencia pública.

Sin embargo, explica que el ecosistema comunicacional del oficialismo cambió con el tiempo: la propaganda dejó de depender exclusivamente de la televisión y migró hacia las plataformas digitales, donde el chavismo necesitaba mantener presencia e influencia.

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Por ello, el peso político de estos influenciadores no debe subestimarse. Las disputas entre ellos reflejan más que simples peleas en internet, evidencian las fisuras internas de un movimiento que durante años utilizó las redes sociales para consolidar y controlar su narrativa pública.

Rodríguez señala además que, tras la salida de Hugo Chávez de la escena pública, Diosdado Cabello asumió gran parte del protagonismo comunicacional dentro del chavismo, rol que todavía conserva a través de su programa Con el Mazo Dando. No obstante, el auge de las nuevas tecnologías transformó el escenario político y obligó al oficialismo a adaptarse a dinámicas digitales más rápidas y descentralizadas.

Según Martínez, una de las narrativas emergentes dentro del oficialismo consiste en presentar cualquier crítica al régimen como una amenaza para la llegada de inversiones extranjeras. Bajo esa lógica, “hay que hablar bien de Venezuela para que los inversionistas tengan confianza”. Ese discurso es identificado por algunos sectores como un “chavismo 3.0” o, en tono crítico, “rodrigato”.

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La experta también advirtió que distintos organismos internacionales han denunciado el uso de “bots” e inteligencia artificial para amplificar propaganda oficialista, técnicas que, según afirma, fueron tomadas de modelos de inteligencia y desinformación utilizados por Rusia y China.

Para Rodríguez, lo que ocurre actualmente en Venezuela refleja un reacomodo interno dentro de la Revolución Bolivariana. Aunque las divisiones existían desde hace años, ahora comenzaron a hacerse visibles públicamente. En ese contexto, resulta llamativo que varios de los principales voceros e “influencers” históricamente vinculados al chavismo se hayan alineado rápidamente con posiciones más cercanas a Estados Unidos.

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La nueva líder chavista, Delcy Rodríguez, hizo una publicación en redes sociales que alude a dos temas trascendentales para Venezuela: la pretensión del mandatario Donald Trump de que el país vecino sea el estado número 51 de Estados Unidos y el enfrentamiento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia con Guyana por la región del Esequibo.

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A través de la red social X, la dirigente del Palacio de Miraflores escribió: “Orgullosos siempre de ser venezolanos y de haber defendido en La Haya a nuestra Venezuela toda”. Acompañado de un mapa del país que incluye esa zona rica en petróleo, que representa cerca de dos tercios del actual territorio guyanés, el mensaje se hizo público poco después de que la Casa Blanca divulgara por redes sociales su propio gráfico con el país vecino pintado con la bandera estadounidense. Trump hizo eco de lo mismo a través de su plataforma Truth Social.

Esta semana ya se había escuchado la réplica de Rodríguez frente a la idea del republicano. Desde La Haya, en Países Bajos, donde hizo presencia en medio de las audiencias públicas que adelantó el alto tribunal de la ONU, descartó que la anexión de su país a Estados Unidos sea una opción: “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”. De hecho, Trump insinuó algo similar a lo del martes tras la victoria de la selección venezolana de béisbol. Entonces, preguntó retóricamente: “¿Estado 51, alguien?”.

Sobre el Esequibo, ella argumentó ante el tribunal internacional que negociar con Guyana por la controversia territorial es “inevitable e indispensable”, además de que mencionó que su país desea resolver eso “mediante la negociación política, pacífica y diplomática”.

Guyana, por su parte, sostiene que el trazo de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un tribunal de arbitraje en París y desea que la Corte Internacional de Justicia lo confirme. Venezuela, en cambio, apela a un acuerdo de 1966, que anulaba ese laudo y planteaba bases para una negociación. Varios miembros de la delegación, incluida Rodríguez, usaron un broche dorado que mostraba el mapa de Venezuela, incluyendo la zona en disputa. En la audiencia, esos mismos representantes negaron reconocer la competencia de los organismos internacionales en materia de soberanía.

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Siete meses después de sobrevivir a un atentado en Bogotá, las secuelas físicas para el activista venezolano, Yendri Velásquez, no han desaparecido. Le tocó, prácticamente, aprender a caminar de nuevo, luego de estar mucho tiempo hospitalizado, recibiendo transfusiones de sangre, distintas cirugías. Velásquez recibió un total de ocho balazos en octubre de 2025.

“Tengo un reemplazo de cadera. En el brazo derecho tengo una fractura que si bien ya está ósea en el quiebre del hueso, el brazo no es igual, no tengo la misma fuerza. Tengo muchos problemas de fuerza en la mano y con los nervios del brazo todavía en un proceso de recuperación que no me ha permitido como llevar a cabo mis actividades con normalidad igual”, dice.

Pero las mayores secuelas del ataque son psicológicas. “Hoy te diría que es imposible recuperar esa sensación de seguridad o de tranquilidad, porque después que intentan acabar con tu vida en la puerta de tu casa, creo que esa sensación nunca más se recupera, o al menos no hasta ahora”, dice. Y en esto influye, según explica, que su caso sigue sin recibir justicia. En entrevista, habló del estado de la investigación y de lo que espera para el futuro de Venezuela.

¿Han visto avances en la investigación del atentado? ¿Les han dicho algo?

Semanas luego del atentado, la fiscalía estuvo muy activa, muy presta a colaborar, incluso a brindar información. Sabemos que han identificado a personas en las que estuvieron involucradas en el atentado, identificaron videos y fotos de estas personas siguiéndonos 15 días antes del atentado, pudieron recopilar mucha información, pero a partir de noviembre todo se frenó.

Lamentablemente no, no hay muestra de voluntad para garantizarnos justicia, pero vemos que una situación generalizada especialmente que se profundiza o empeora cuando son casos tan específicos como esto y que además, como lo hemos venido denunciando. Sabemos extraoficialmente que el equipo de la fiscalía que estaba llevando esta investigación recibieron llamadas y presiones el año pasado para no dar respuesta a nosotros.

Yo creo que aquí hay un tema de una complicidad por omisión con el atentado, con los agresores, al no avanzar con la premura necesaria. Hoy se están vulnerando no solo nuestros derechos, sino además se está aumentando el riesgo para el resto de personas venezolanas, activistas y defensoras que están en territorio colombiano, y obviamente, por no mencionar al liderazgo social y defensores propiamente del país.

¿Cómo ha lidiado con las secuelas físicas y psicológicas?

Creo que es una de las cosas más difíciles porque con los dolores uno lo lidia, ¿sabes?, y con las molestias el cuerpo, bueno, aprende a bajar distinto las escaleras, a no correr, a caminar más despacio. Pero creo que recuperar esa sensación de seguridad es de las cosas más difíciles. Lo que antes se consideraba un riesgo leve, ahora se multiplica por tres o por cuatro, y eso es precisamente la intención de este tipo de atentados o de ataques y de criminalización: sembrar el terror.

Hoy el terror lo vivo a diario en el cuerpo con sensaciones y es muy complejo poder superar todo esto sin que en Colombia hubiesen agarrado a las personas que nos hicieron esto y las sometan a procesos judiciales. Pero, además, entonces, en Venezuela la estructura represiva sigue, continúa.

Creo que ninguna persona que haya sufrido cárcel, tortura o persecución va a poder tener paz hasta que en Venezuela no se garantice un proceso hacia la democracia y un proceso de justicia transicional y tantos elementos que son necesarios para poder tener eso, un poco de seguridad y calma.

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A pesar de ese último recuerdo que tienen de Colombia junto con Luis Peche, quien también sufrió un atentado, ¿extrañan algo del país? En algún momento fue un paso de acogida también…

Lo que ha sido la solidaridad de la gente. Y ahí tengo que remarcar la solidaridad de las organizaciones colombianas que se comportaron de forma increíble con nosotros: organizaciones por mencionar algunas como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, DeJusticia, Somos Defensores, un montón de organizaciones que están ahí en terreno afrontando unos graves problemas del país de situaciones de derecho, pero que no pierden la oportunidad para mostrar la solidaridad.

Yo creo que eso es una de las cosas que rescato de toda mi experiencia en Colombia. Yo agradezco mucho a la gente que conocí, que me ayudó, que me acompañó en un proceso tan difícil como es el exilio. Lamento que las instituciones del Estado no estén abocadas a garantizar los derechos de todas las personas y que no se garantice la justicia para todas o para todos.

Yo siempre decía a las personas que conocía que si bien yo no me estaba disfrutando vivir en Colombia ni en Bogotá, porque todo era muy forzado, precisamente por cómo salí de Venezuela. Me hubiese gustado poder, en otras circunstancias, disfrutar más el país porque hay gente muy solidaria y que, a pesar de los conflictos que atraviesan a toda la sociedad, es una sociedad que está dispuesta a construirse y reconstruirse y a superar estos conflictos tan profundos que han vivido históricamente. Entonces bueno, obviamente la experiencia la marca mucho esto negativo, pero también dentro de todas estas cosas hay cositas que le hacen mantener a uno la fe.

En la primera entrevista que concedió luego del atentado hablabas de la complicidad explícita del gobierno de Gustavo Petro con la dictadura en Venezuela, pero han pasado muchas cosas desde entonces, muchos cambios geopolíticos. ¿Cree también que en este momento hay una cierta complicidad de parte de Estados Unidos hacia lo que continúan viviendo los venezolanos hoy dentro de Venezuela?

No es que sea una complicidad, es que hay una responsabilidad directa. Porque si el mismo Donald Trump y Marco Rubio han dicho una y otra vez que son ellos los que toman las decisiones, entonces recae en ellos también el peso de la responsabilidad de mantener a los presos políticos, de no garantizar los derechos civiles y políticos al resto de la población y sostener la estructura de represión todavía.

Lo han dicho abiertamente: que son ellos quienes toman las decisiones. Si el gobierno interino lo que hace es obedecer, entonces hay una responsabilidad directa de quienes hoy tutelan al gobierno interino de Venezuela. Obviamente esto sin omitir las responsabilidades de quienes hoy están ejecutando las políticas en el país y que además formaron parte de los gobiernos de Nicolás Maduro y de Chávez en su momento, y que hoy lo que estamos viendo es un autoritarismo continuado con otras caras a veces u otros cargos, pero con las mismas políticas.

Lamentablemente, si se han abierto algunos espacios de diálogo de conversación a cargo de esta hora de este programa para la convivencia democrática, pero nosotros lo que esperamos como personas defensoras es que estos espacios no sigan siendo espacios para la propaganda, para el performance y que sean utilizadas las víctimas, sino que se pongan en el centro de toda discusión los derechos de la gente y que pasen de discursos y de fotografía a acciones reales que puedan proteger a las víctimas.

Ningún esfuerzo por la paz o por la democracia puede quedarse solo en enunciados o promesas, tiene que pasar a la acción y tienen que dar también puerta a generar un proceso de transición.

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¿Han sabido ustedes de nuevos atentados o intentos de atentados, quizás fuera de Venezuela?

Más bien empezamos a conocer de casos anteriores de amenazas y persecución que habían vivido distintos activistas en Colombia y en otros países de Latinoamérica, incluso de amenazas fuera de Latinoamérica también. Afortunadamente ninguno de esos casos ha sido tan extremo —bueno, el del teniente Ronald Ojeda—, pero posterior al nuestro ninguno.

Lamentablemente siguen sucediendo cosas, como personas muy extrañas que graban las protestas de venezolanos en el exterior, mensajes a través de las redes sociales y mensajería de texto generando algún tipo de amenaza contra activistas de partidos políticos, pero también defensores de derechos humanos. Por eso urge que todo el sistema de persecución de criminalización de la disidencia se desmonte, y eso es una de las primeras cosas que el gobierno interino debería estar haciendo: garantizar la seguridad y la vida de la gente venezolana dentro y fuera del país.

De cierta manera, el atentado sirvió par visibilizar otros ataques…

Mucha gente se me acercó después del atentado para decirme: “Yo estaba siendo perseguido, pero no me había atrevido a decirlo públicamente porque me daba miedo”. Según entiendo, organizaciones como Freedom House, Raza e Igualdad han podido informar públicamente, hacer la incidencia sobre la represión transnacional que se vive en todo el continente. Que además hay que decir algo: esto no es nada nuevo, regímenes autoritarios como el cubano, nicaragüense y hoy países como El Salvador están llevando a cabo en contra de las disidencias, de los activistas de derechos humanos.

Creo que es importante que alcemos la voz porque esto está sucediendo, esto nos afecta en todo el continente y tiene que haber respuesta de los países que reciben la migración que huye de estos países autoritarios para poder brindar la protección necesaria. Si los países receptores de estos activistas políticos y de derechos humanos no brindan la protección necesaria, se están terminando de convertir en cómplices de estos sistemas represivos por omisión de su responsabilidad.

¿Ha hablado con Luis desde el ataque o mantiene contacto con él?

Somos muy buenos amigos y de hecho todo nuestro grupo de amigos y amigas estamos más juntos que nunca, a pesar de que lamentablemente por la persecución la mayoría ha tenido que salir del país. Uno de ellos, uno de nuestros amigos, Carlos Marcano, estuvo preso en Venezuela. Afortunadamente en febrero salió. Pero todas estas cuestiones de represión, de persecución, lo que nos han hecho es como afianzar estas redes de cariño, de solidaridad, de admiración entre nosotros y nosotras porque, bueno, creo que en momentos complejos como los que vivimos nadie puede solo, y es precisamente la amistad, la familia, el cariño lo que nos ha ayudado a sobrevivir.

Y la solidaridad también: la solidaridad de ustedes como medio de comunicación, de la sociedad colombiana, de las organizaciones, de, por ejemplo, también los vecinos y las vecinas de ese día. Yo recuerdo cómo salieron, cómo gritaron, cómo trataron de buscar ayuda, la persona que nos trasladó desde ese lugar hasta el hospital para poder recibir la atención médica. Gracias a esa gente es que hoy estamos vivos, que hoy lo podemos contar, y gracias a esa solidaridad es que hemos podido avanzar en este proceso de recuperación.

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Luego de que se le ha escuchado varias veces al presidente Donald Trump hablar sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, la Casa Blanca publicó en su cuenta de la red social X una foto que muestra el mapa del país vecino pintado con la bandera estadounidense. Eso desató una reacción por parte del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien condenó la postura de Washington.

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El mensaje del Ejecutivo estadounidense, que hizo eco de lo que el republicano publicó en su plataforma Truth Social, se conoció apenas un día después de que la líder chavista, Delcy Rodríguez, contradijera a Trump en una declaración que dio al respecto del tema.

Según una publicación en X de John Roberts, periodista de la cadena Fox, el magnate le aseguró en una llamada telefónica que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51.º estado del país”, ya que los venezolanos “lo aman”. Ante eso, Rodríguez, que está al frente del Palacio de Miraflores desde el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro, aseguró que “eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”.

La publicación de la Casa Blanca sobre el mapa venezolano, realizada en la tarde de este martes, despertó una respuesta desde Colombia. En X, el presidente Petro escribió: “Esta nueva idea en el Gobierno de los Estados Unidos no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela, al que habría que pedirle la traición a su hijo Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela”.

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Entretanto, Trump va camino a China para una cumbre de alto nivel con Xi Jinping, y la publicación sobre Venezuela se lee como una provocación y un desafío a Pekín de cara a la visita oficial. El republicano va acompañado de su secretario de Estado, Marco Rubio, que está sancionado por el gigante asiático desde su época como senador.

De hecho, en otro mensaje, la Casa Blanca publicó una imagen del funcionario portando la misma sudadera que tenía Maduro el día que fue capturado por Washington tras un ataque en suelo venezolano. El mensaje dice: “Cerrar el círculo”. El Espectador sometió la foto a detectores de inteligencia artificial y no parece ser una imagen generada con esa herramienta.

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La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este martes que restablecerá en agosto los vuelos directos entre Houston (Texas) y Caracas (Venezuela), una conexión suspendida desde 2017.

El primer vuelo partirá el 11 de agosto por la noche desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

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Se trata de la segunda ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela que se reactiva, tras la reanudación, el pasado 30 de abril, de los vuelos de American Airlines entre Miami (Florida) y Caracas.

“Tras casi una década, United celebra la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó en un comunicado Patrick Quayle, vicepresidente de Planificación de la aerolínea.

Por su parte, el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, celebró que “el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación” entre ambos países: “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, mi departamento se enorgullece de colaborar con United para hacer realidad este día histórico”.

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Las rutas directas entre Estados Unidos y Venezuela se frenaron en mayo de 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando el Departamento de Transportes ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia el país suramericano, pues alegó motivos de seguridad.

La decisión se produjo en medio de la crisis diplomática entre ambos países, cuando Estados Unidos reconoció como presidente al líder opositor Juan Guaidó e impuso sanciones y medidas de aislamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Washington y Caracas restablecieron sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, el pasado marzo, dos meses después de que Estados Unidos capturara a Maduro en una operación militar en suelo venezolano.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo este lunes a un periodista de la cadena Fox que considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

Según una publicación en X de John Roberts, presentador del medio, el mandatario le aseguró en una llamada telefónica que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51.º estado del país”, ya que los venezolanos “lo aman”.

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Por su parte, cuestionada por medios venezolanos en La Haya con respecto a estas declaraciones, la actual líder chavista, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a Estados Unidos sea una opción.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró ella, quien también defendió la historia de Venezuela construida por la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” por hacer del país “no una colonia, sino un país libre”.

Rodríguez insistió en la cooperación con Washington tras la captura del depuesto Nicolás Maduro, ocurrida el pasado mes de enero, y destacó que Venezuela cuenta, además, con una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

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Trump ha bromeado en varias ocasiones con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano, al asegurar que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”.

El pasado miércoles sacó pecho de su popularidad en Venezuela, ya que, aseguró, sus ciudadanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano.

En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”. De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de USD 22.000 millones en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50 % los USD 14.713 millones ingresados el año pasado.

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Mientras que Venezuela sigue conmocionada por la muerte de Víctor Hugo Quero, víctima de desaparición forzada que falleció hace nueve meses bajo custodia del Estado, pero apenas hace unos días fue reconocido oficialmente su deceso, se reportó la muerte de otro preso político. Se trata del caso del exconcejal José Manuel García Sabino, del Partido Socialista Unido de Venezuela, según la denuncia que presentó la ONG Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

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Lo que se sabe hasta el momento es que García Sabino, quien permanecía recluido en la sede de la Policía Municipal de Anaco desde febrero, murió la noche del viernes 9 de mayo. No se conoce un pronunciamiento oficial sobre las causas del fallecimiento, pero la publicación que realizó la organización en X da cuenta de que él apareció muerto en los calabozos de la ciudad, en el estado Anzoátegui.

Se cree que el exconcejal fue encarcelado por haber denunciado hechos de corrupción dentro de la Alcaldía y del Concejo Municipal, como lo expresó en la misma red social el exfiscal Zair Mundaray, quien aseguró que se trata de “otro crimen de Estado”. Exigió, además, que el caso sea investigado por el Ministerio Público.

Con la muerte de García Sabino se cuentan 31 muertes de presos políticos bajo custodia del Estado, según el reporte del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales. A raíz de eso, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también denunció lo sucedido y, según la prensa local, la coalición opositora solicitó que se esclarezcan las circunstancias del deceso.

William Ross, vocero de la PUD y coordinador del partido La Causa R en Anaco, citado por el medio local El Tiempo, lamentó el fallecimiento del exconcejal y manifestó inquietud por las condiciones en las que ocurrieron los hechos dentro del recinto policial. Por su parte, Teo Valiente, coordinador de Voluntad Popular en la ciudad gasífera, afirmó que el caso debe ser investigado “por el bien de mantener los derechos humanos”, al considerar que toda muerte bajo custodia estatal requiere una revisión exhaustiva e independiente.

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Delcy Rodríguez llegó el domingo a Países Bajos para defender los “derechos históricos” de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, donde se celebran audiencias públicas hasta este lunes 11 de mayo sobre la disputa con Guyana por la región fronteriza del Esequibo.

“En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela, y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”, escribió Rodríguez en Telegram.

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La nueva líder chavista hace parte de la lista de los 69 venezolanos sancionados por la Unión Europea, que los acusa de acciones contra la democracia y el Estado de derecho, violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país suramericano, por lo que, entre otras medidas, tienen prohibido entrar en el territorio comunitario.

Ella, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, donde fue recibida, entre otros, por el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que defiende a Venezuela en el proceso, según un video publicado en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, también en el lugar.

Rodríguez insistió en que “ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad” sobre el territorio en disputa “es Venezuela”. Según expresó en el video: “Hemos demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como república y previo, cuando éramos una unidad administrativa de poderes coloniales”.

La líder de Miraflores, quien aseguró que su país “siempre ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional”, anunció el sábado en Venezuela que viajaría “en las próximas horas” para “defender” los derechos de su país, sin precisar el destino u otros detalles.

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La CIJ celebra audiencias públicas entre el 4 y el 11 de mayo en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela. Caracas declaró nulo este dictamen en 1962, al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades.

La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana. Esta zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.

El viernes, el canciller venezolano, Yván Gil, consideró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, y rechazó los argumentos finales de Guyana presentados en la CIJ. Los calificó de “negacionistas” y “repetitivos”. El ministro de Exteriores insistió en que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable.

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Aún no se había iniciado la dictadura en Venezuela cuando José Gregorio Ochoa fue concejal. Eran los años noventa, corría ese último tramo del siglo XX, cuando su trabajo era ejercer control sobre el alcalde de Caracas y trabajar por la defensa del medioambiente, algo que le apasiona hasta hoy. Fueron ocho años en los cuales, bajo la sombrilla del Movimiento al Socialismo, que presidía Teodoro Petkoff, se dedicó al ejercicio público para legislar sobre áreas verdes, protección animal y la jubilación de obreros municipales. Han pasado más de tres décadas desde entonces, su país sufre los estragos del chavismo (con Hugo Chávez muerto, Nicolás Maduro preso en Estados Unidos y Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores) y por su cabeza no pasa la idea de volver a hacer política, al menos no como lo hacía en esa época, porque desde su parroquia, Antímano, se dedica a la lucha social.

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Recuerda que el 3 de enero, cuando Washington atacó varios puntos de la capital y el país amaneció con el derrocamiento forzoso de Maduro, se vieron con claridad los bombardeos y los estallidos, y pensó que, inevitablemente, para bien o para mal, eso iba a marcar un antes y un después. Se esparció una esperanza silenciosa entre muchos, incluido él; una ilusión que en más de 20 años no se tenía frente a una posibilidad de cambio. Eso se asomó, pero, cuatro meses después, la promesa se diluyó y la frustración llegó. Los salarios y las pensiones están congelados, la inflación, en cambio, galopante, y el mantra de estabilidad, desarrollo y transición, estancado.

En el Aeropuerto Internacional de Miami, los pasajeros que tomaron el primer vuelo a Caracas en siete años fueron recibidos con arepas, fritos y galletas, además de que se realizó una ceremonia para cortar la cinta antes de que el avión despegara. Funcionarios de American Airlines, del condado de Miami-Dade, del Gobierno de Estados Unidos y de la administración venezolana lo celebraron como un paso más en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países. En Antímano, mientras tanto, los ingresos son de poco más de unos centavos de dólar, muy lejos de poder alcanzar los casi USD 700 que cuesta la canasta familiar.

Allí siguen necesitando una mejor salud, una mejor alimentación, unas mejores condiciones de vida. Si los venezolanos en Estados Unidos abordaron con banderas nacionales el avión que los llevó directamente a su tierra, a los brazos de sus papás y demás seres queridos, Ochoa recuerda las veces que ha tenido que peregrinar, entre un lado y otro, para evitar ser detenido, y las ocasiones en las que ha escuchado las historias de sus amigos cuya libertad ha sido arrebatada y sus cuerpos han sido torturados. La normalidad, esa que se quiere transmitir con la apertura a la inversión extranjera, la reforma a la Ley de Hidrocarburos e incluso con el aumento del ingreso mínimo, es una apariencia, un espejismo. Así también se ha demostrado con la cuestionada amnistía a los presos políticos, que dejó por fuera a personas como Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció hace meses en detención, víctima de desaparición forzada, pero cuya muerte apenas fue admitida esta semana por el Estado venezolano.

Ese es el sentimiento que se percibe por algunas esquinas de los barrios populares caraqueños, donde salir a la calle aún genera recelo y temor. A pesar de que hay quienes toman medidas para protegerse, como transitar con un motorizado, cambiar los nombres de los chats, borrar permanentemente los mensajes, activar las conversaciones temporales, cambiar de casa y monitorear los alrededores antes de moverse de un lado a otro, la tranquilidad nunca es absoluta.

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Una movilización a propósito del Día del Trabajo, aunque pacífica, estuvo muy vigilada. No hubo la violencia de otras ocasiones, pero el paso hacia el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y la Cancillería fue restringido con un fuerte cerco. Las barreras metálicas impidieron el acceso de trabajadores y jubilados hacia las zonas de poder, y algunos solo alcanzaron a llegar cerca de la Defensoría del Pueblo. “Queremos salarios dignos, no bonos de hambre”, fue el grito que rebotó frente a los escudos policiales, entre los reclamos de que parece haber recursos para equipos antimotines, que la respuesta que aún domina es la de los bloqueos y el silencio.

A diferencia de hace 15 años, cuando una madre de Antímano lloraba los asesinatos de tres de sus hijos por enfrentamientos y tiroteos entre bandas, cuando la gente se escondía en sus casas a las 5:00 p. m., cuando cada media hora asesinaban a alguien en Venezuela, algo ha cambiado con el paso del tiempo. Tal vez la violencia de la delincuencia común, de atracos en camionetas y de robo a la población, ya no se ve como antes, al menos no con la misma intensidad. En cambio, la violencia política es más fuerte, y con ello el temor permanente a opinar, a hablar y a contradecir al régimen, porque las comunas, un sistema que ha sido utilizado para ubicar e identificar a quienes están o no con el chavismo, aún están presentes en los sectores populares.

Ese no es solo el sentir de Ochoa, también es el de una lideresa de Petare, otra de las parroquias de Caracas, que prefiere hablar bajo reserva de su identidad porque ha sido perseguida y aún cree que su vida está en peligro. La misma comunidad la protege, pero sabe que el Gobierno conoce su trabajo y sabe quién es ella por los tentáculos que se han extendido hasta los consejos comunales. Su trabajo es público y notorio. No ha recibido amenazas directas últimamente, pero sí se siente vigilada y eso es una forma de persecución. Es una violencia psicológica. Desde que gritó “por fin se llevaron al dictador (...). Ya por la buena no se podía, tocaba a la fuerza”, ha trabajado más porque la plata no le alcanza. Está agotada, lo confiesa. El reclamo sigue siendo el mismo desde la caída de Maduro: el aumento del salario. Eso no ha pasado.

Lo que sí ha visto es que a partir del 3 de enero a su casa está llegando más agua de lo usual. Desde hace 10 años no caía ni siquiera una gota, y ahora tiene acceso a ella al menos entre tres y cuatro días a la semana. Eso le ha demostrado que hay cómo ayudar a los sectores populares y que, aunque no es una mejora total, hay unos ajustes paulatinos en los servicios públicos, una presión que puede responder al interés de que funcione la industria petrolera, que es una prioridad para Delcy Rodríguez, presionada desde Estados Unidos por Donald Trump, y que necesita un sistema hidroeléctrico robusto para que funcione como lo ambicionan.

Pero el cambio profundo está lejos y, en cambio, la gente está agobiada, incluso sigue saliendo del país. Si bien hace cuatro meses hubo un destello de esperanza, a pesar de que el júbilo se mantuvo dentro de las casas y el miedo a la represión impidió las celebraciones por fuera, ya no se ve tanta luz en el camino, sobre todo porque Rodríguez, en lugar de despertar confianza, provoca escepticismo y es incapaz de generar un sentimiento masivo de respeto. “Es mentira”, se escucha desde Petare: “No puedo confiar en una persona que ha sido parte de la estructura represora, que dirigió [como supervisora directa] el SEBIN y que dio órdenes para asesinar jóvenes y para dispararles a las personas inocentes en las manifestaciones. No es una santa paloma”.

Su reclamo no es distinto al de Ochoa: que Venezuela sea libre y justa, que les ofrezca oportunidades a los suyos para progresar y no tener que huir por no tener un país, porque geográficamente está presente, pero en lo demás no. Quiere al menos un respiro, la certeza de que las fuerzas se están encaminando hacia un futuro mejor, aunque por ahora no lo ve así. De lo que sí está convencida es de que no se puede seguir esperando al mesías salvador, y que María Corina Machado, a quien respalda, no puede sola con eso. El anhelo es que al menos en este año haya un calendario electoral claro, que se inicie con la reforma al Consejo Nacional Electoral y que cesen las inhabilidades que pesan sobre los dirigentes opositores, entre ellas la premio nobel de paz.

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La Alcaldía de Bello, en el departamento de Antioquia, le pide a la población migrante venezolana que reside en el municipio que realice la actualización obligatoria de su acreditación de permanencia del Régimen Subsidiado antes del 30 de junio de 2026.

Esta medida busca evitar la suspensión masiva de los servicios médicos para miles de familias que dependen de esta cobertura. Según los reportes oficiales, el trámite es indispensable para validar la residencia actual y el cumplimiento de las normativas nacionales vigentes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local, existen actualmente 10.387 migrantes venezolanos registrados de manera legal y afiliados al sistema de salud en el municipio que deben cumplir con este requisito.

La normativa nacional exige que esta gestión se lleve a cabo cada cuatro meses para garantizar que el beneficiario y su núcleo familiar mantengan el acceso a citas, medicamentos y urgencias.

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Documentos necesarios para el trámite

Para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, los interesados deben recopilar una serie de documentos que certifiquen su permanencia en Bello. No basta con estar registrado previamente. La actualización requiere demostrar el domicilio actual, lo cual se puede hacer a través de una factura de servicios públicos del último mes, un contrato de arrendamiento vigente, la encuesta del Sisbén (con máximo un mes de expedición), una declaración extrajuicio o un certificado de vecindad.

También debe presentar una copia del Permiso de Protección Temporal (PPT). La rigurosidad en los documentos responde a la necesidad de asegurar que los recursos de salud se asignen correctamente en el territorio.

Las autoridades han sido enfáticas en que el incumplimiento del plazo derivará automáticamente en la desactivación del servicio médico. Los interesados tienen hasta el 30 de junio de este año para llevarlo a cabo y evitar quedarse sin cobertura”.

Para facilitar el proceso, se han dispuesto puntos físicos donde se recibe la documentación de manera presencial. Los ciudadanos pueden acercarse a las sedes de la E.S.E. Bello Salud o dirigirse a la oficina de Atención al Usuario de la Secretaría de Salud, situada en el barrio Mánchester, en la calle 45 A # 49B-56.

Los horarios establecidos son de lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., mientras que los viernes la atención se extiende hasta las 4:00 p. m.

La invitación de las autoridades es a no dejar este trámite para el último día y garantizar así el derecho fundamental a la salud.

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Tras años de crisis política, migración masiva y fragmentación social, Venezuela no solo se ha dividido geográficamente. Ha desarrollado dos experiencias del país que conviven en paralelo: la de quienes permanecen dentro y la de quienes lo sostienen desde la distancia.

Esa separación ha dejado de ser solo una consecuencia de la crisis. Hoy funciona como un obstáculo estructural para cualquier proceso de reconstrucción nacional. No se trata de dos países distintos, sino de dos experiencias del mismo país que no han logrado reconocerse mutuamente.

La idea de dos Venezuelas ha estructurado la lectura del país en los últimos años. Sin embargo, una mirada más amplia, como ocurre en otros procesos migratorios en América Latina, evidencia que la experiencia está fragmentada, pero la herida es compartida. Esa desconexión no describe solo el presente: condiciona la viabilidad de cualquier escenario de reconstrucción.

Quienes permanecen en el país cargan con el desgaste cotidiano, la incertidumbre y una resiliencia poco reconocida. Quienes emigraron enfrentan la culpa, la nostalgia y la experiencia de vivir entre dos lugares. Ambas perspectivas son parciales, pero indispensables para comprender el país. El problema no es su existencia, sino la falta de reconocimiento entre ellas.

Esa falta de reconocimiento no es solo simbólica. Tiene efectos directos sobre la política. Dificulta la construcción de agendas comunes, fragmenta las prioridades y debilita la posibilidad de articular liderazgos con legitimidad transversal. Mientras una parte del país opera desde la urgencia cotidiana y otra desde la distancia, la coordinación entre actores se vuelve frágil y dependiente de coyunturas, más que de estructuras sostenidas, lo que limita la posibilidad de sostener formas de acción colectiva en el tiempo.

Episodios recientes como los cantos racistas en el acto protagonizado por María Corina Machado en Plaza del Sol en Madrid, evidencian hasta qué punto la polarización se reproduce fuera del país. En espacios de movilización política en el exterior, el lenguaje de confrontación tiende a replicar las mismas lógicas de exclusión que han marcado la dinámica interna del país, lo que dificulta la construcción de marcos mínimos de reconocimiento entre actores. Ese tipo de lenguaje no solo refleja la polarización: lo reproduce y normaliza como forma de acción política.

La reacción posterior, que incluyó rectificaciones públicas, establece un límite. No corrige el problema, pero confirma que incluso en contextos de alta confrontación persiste la necesidad de contención. Ese punto de fricción expone que la reconciliación no es un gesto simbólico, sino una condición aún no resuelta.

En este contexto, la reconciliación deja de ser una consigna y se convierte en una condición operativa. Sin reconciliación entre la Venezuela de adentro y la de afuera, cualquier intento de reconstrucción institucional será incompleto y frágil. Sin ese reconocimiento, la fractura no solo persiste: se convierte en un mecanismo que reproduce la desconfianza, limita la coordinación entre actores y debilita la capacidad de construir acuerdos mínimos sostenibles.

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La experiencia comparada en América Latina muestra que los procesos de transición no se sostienen únicamente en acuerdos entre élites políticas, sino en la capacidad de integrar actores que operan fuera del territorio inmediato del Estado. En Colombia, por ejemplo, la diáspora fue incorporada en mecanismos de participación mediante consultas y espacios deliberativos vinculados al proceso de paz. En El Salvador, el reconocimiento del voto en el exterior y del peso estructural de las remesas obligó a redefinir la relación entre el Estado y sus ciudadanos fuera del territorio.

Estos mecanismos no resolvieron por sí solos las tensiones internas, pero permitieron integrar una dimensión que, de otro modo, habría permanecido desconectada del proceso político. La diferencia con el caso venezolano es que esa integración aún no forma parte de su arquitectura política.

En el caso venezolano, la diáspora no es un actor periférico: es un componente estructural del país contemporáneo. Su exclusión de los mecanismos de deliberación política no solo reduce la representatividad de cualquier acuerdo, sino que introduce una forma de legitimidad política fragmentada que limita su viabilidad en el tiempo.

La disputa por la legitimidad —quién entiende mejor el país, quién lo sufre más— no es solo simbólica. Tiene efectos concretos en la capacidad de coordinación entre actores políticos, en la definición de agendas comunes y en la construcción de acuerdos sostenibles. Cuando esa disputa se mantiene abierta, la fragmentación deja de ser un diagnóstico y se convierte en un obstáculo operativo.

La reconciliación, en ese contexto, no puede quedarse en una apelación abstracta. Requiere formas concretas de articulación entre ambas experiencias del país. Esto implica abrir mecanismos de participación política transnacional, reconocer la representación de la diáspora en procesos deliberativos y construir espacios institucionales donde esas dos experiencias puedan encontrarse sin que una invalide a la otra. Esto adquiere mayor relevancia en un contexto donde el retorno masivo no es una posibilidad inmediata, lo que convierte a la participación transnacional en una vía operativa para integrar esa doble experiencia del país. Sin estos mecanismos, la diáspora sigue siendo un actor relevante, pero políticamente incompleto.

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En última instancia, la reconciliación no es solo un acuerdo entre actores, sino una redefinición de la comunidad política: quién forma parte de ella, desde dónde y bajo qué condiciones.

La capacidad de una sociedad para reconciliarse consigo misma define su posibilidad de avanzar. Sin ese paso, cualquier cambio político seguirá operando sobre una fractura no resuelta, una dinámica que también se observa en otras sociedades latinoamericanas marcadas por procesos migratorios prolongados.

La reconciliación entre la Venezuela de adentro y la de afuera no es un resultado automático del cambio político. Es una condición previa para que ese cambio sea sostenible. Sin ese reconocimiento mutuo, cualquier proceso de transición partirá de una legitimidad incompleta y de una capacidad limitada para sostener acuerdos en el tiempo. La pregunta, entonces, no es si la reconciliación es deseable, sino si el país está dispuesto a asumir el costo político de construirla.

*Pedro José Tocuyo es escritor y consultor de comunicaciones. Trabaja temas de identidad, memoria y diáspora latinoamericana.

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Venezuela reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa.

Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

Carmen Navas, madre de Quero, fue trasladada por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios al lugar donde fue enterrado su hijo en el Parque Memorial Jardín La Puerta, un cementerio en Caracas, constató un periodista de la AFP.

Después de depositar un ramillete de flores sobre la tumba, la madre pidió que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo.

“El 24 de julio del 2025 a las 11:25 pm falleció por insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, indicó el comunicado del ministerio.

Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, añadió el gobierno.

De acuerdo con el comunicado, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Un puñado de piedras y una lámina de hierro desvencijada anclada en un pedazo de terreno desnudo es lo único que indica que sus restos están allí. En letras escritas a computadora aparece el nombre completo de Quero junto al de una mujer.

La fecha del deceso impresa en el lugar indica el 27 de julio de 2025, y no 24 de julio como señala el comunicado oficial.

Activistas de derechos humanos denunciaron en enero pasado, semanas después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que en Venezuela había unas 200 personas en “desaparición forzada”.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía que permitió la liberación de presos políticos.

Desde enero han sido excarcelados en Venezuela 776 presos políticos, de acuerdo al registro de Foro Penal. De estos, 186 han sido liberados tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero.

- “Un caso gravísimo” -

Muchas familias pasan meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención y piden en vano información a las autoridades y yendo de prisión en prisión para intentar encontrarlos.

A veces, tienen noticias gracias a las visitas a personas detenidas.

“El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley”, añade el texto.

Quero, comerciante de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuestos cargos de terrorismo.

“Es un caso gravísimo”, dijo a la AFP Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que defiende a presos por razones políticas.

“El propio comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios es por sí indignante, porque indican que él no había informado sobre vínculos filiatorios y que nadie lo fue a visitar (...) La madre llevaba un tiempo largo buscándolo y nadie le decía nada”, agregó Romero.

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos y expreso político, indicó que la desaparición forzada y la violación del derecho a la vida son delitos de lesa humanidad.

“Lamentablemente estaba muerto, como ya nos habían dicho varios de sus compañeros de prisión”, dijo Torres a la AFP.

La Defensora del Pueblo, Eglée González, juramentada el pasado 9 de abril por el Parlamento de mayoría chavista, exhortó a que se ordene una “investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos”.

Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, según el conteo de Foro Penal que cifra en 454 los presos políticos en Venezuela al cierre de abril.

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La recuperación económica en Venezuela sigue siendo insuficiente para revertir la pobreza, que llega a 68,5% de los hogares, mientras que se profundiza el deterioro de los servicios públicos y la exclusión escolar, según un estudio presentado este jueves en Caracas.

La economía venezolana atravesó un periodo prolongado de recesión desde 2014 y hasta cerca de 2022, sumado a un proceso de hiperinflación. A pesar de la mejora de estos indicadores, persisten problemas en el acceso a la educación y a la salud, así como a servicios de electricidad y agua potable.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció recientemente un aumento del “ingreso mínimo integral” para los trabajadores a 240 dólares, monto que se encuentra muy por debajo de los casi 700 dólares que cuesta la canasta alimentaria para una familia de cinco personas, según estimaciones privadas.

Rodríguez ocupa la presidencia interina desde enero tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, y ha llevado a cabo reformas legales que dan paso a privados nacionales y extranjeros en petróleo, gas y minería.

En el caso de la pobreza extrema en el país, el estudio señala una reducción de 11 puntos porcentuales al cerrar 2025 en 31,7%.

“Todavía en uno de cada tres hogares, los ingresos son insuficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias”, dijo Anitza Freitez, coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Los servicios públicos son el dolor de cabeza de los venezolanos. Solo el 10% de los hogares reportó que nunca se va la electricidad. Mientras que el 19% de los hogares dispone de un servicio diario y continuo del servicio de agua.

El estudio resalta que el 44% de los estudiantes acuden regularmente a clases. La investigadora acotó que la capital Caracas perdió su “posición privilegiada” como proveedora de servicios educativos a más de la mitad de su población joven.

Freitez afirmó que el empobrecimiento generalizado hizo que muchas familias no pudieran seguir asumiendo los costos de servicios educativos. Por otra parte, solo 6,6% de los hogares cuenta con un seguro médico. El estudio indicó que solo el 10% de los venezolanos dijo tener planes de regresar al país.

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Desde el exterior, el JW Marriott de Caracas tiene un aspecto bastante normal: una torre de 17 pisos de ladrillo expuesto situada en un distrito financiero que antaño fue vibrante, pero que ahora está apagado.

Pero si uno se adentra en su cavernoso vestíbulo climatizado, es obvio que no se trata de un hotel cualquiera.

Un grupo de estadounidenses fornidos, tatuados y bigotudos, que parecen sacados del reparto para una unidad de operaciones especiales vestida de civil, merodean por la entrada y evalúan a quienes entran, negándose a decir qué hacen allí.

En la terraza del hotel, se oye a los petroleros tejanos discutir en voz baja sobre posibles tratos mientras beben vasos de whisky. Escucha con atención y otras conversaciones entran en escena: financieros neoyorquinos discutiendo el valor de los bonos venezolanos impagados o diplomáticos estadounidenses lamentando la calidad del bufé del desayuno.

En lo que a lugares de escucha se refiere, el Marriott podría ser el mejor ejemplo del cambio que ha experimentado Venezuela, al pasar de ser un incordio para Washington a convertirse en algo parecido a un estado vasallo, luego de que las fuerzas estadounidenses capturaran y sacaran por la fuerza al anterior líder del país en enero.

“Sin duda alguna, es donde está la movida”, dijo Ricardo Cusanno, un empresario venezolano que se reunió con varias delegaciones visitantes de inversionistas estadounidenses en el hotel en las últimas semanas. “Ahorita el Marriott es el epicentro de todo el cambio económico y político de Venezuela”.

En parte, eso se debe a que el último piso del Marriott sirve como sede de facto de la embajada estadounidense, lo que lo convierte en un hervidero de actividad tanto para diplomáticos como para funcionarios de los servicios de inteligencia. Decenas de estadounidenses recién llegados, incluido el principal enviado, John Barrett, han hecho del hotel su hogar temporal.

Esto se debe a que la colosal embajada estadounidense, situada a menos de tres kilómetros de distancia, está en reparaciones para hacerla funcional luego de que fuera desalojada en 2019 cuando Venezuela rompió sus lazos diplomáticos con Estados Unidos.

En el piso 17 del Marriott, detrás de unos postes y un cartel que dice “Área restringida solo personal autorizado”, el Departamento de Estado ha instalado su improvisada embajada en varias suites.

Los empleados trabajan en espacios reducidos en mesas de conferencias y escritorios temporales. Los ejecutivos de negocios son invitados a reunirse con Barrett, el encargado de negocios, en una suite reconfigurada como sala de conferencias adornada con banderas estadounidenses.

Por ahora, la presencia estadounidense se limita en gran medida al Marriott y a las cuadras circundantes. Aunque Caracas es más segura que en el pasado, el Departamento de Estado aconseja a los viajeros que tomen precauciones para evitar ser víctimas de la delincuencia.

El personal de la embajada tiene restringido aventurarse lejos de las inmediaciones del hotel, lo que efectivamente significa que tratan de descifrar un país aproximadamente dos veces el tamaño de California sin poder circular ampliamente por su capital.

En el exterior de la entrada del Marriott, una flota de camionetas Nissan Patrol blancos, recientemente transportadas por vía aérea a Venezuela para uso de la embajada, permanece preparada.

Varios estadounidenses que viven en el Marriott, que cuenta con 269 habitaciones, una piscina exterior y un gimnasio, se negaron a hacer comentarios porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Aun así, algunos de los estadounidenses accedieron a hablar siempre que no se les mencionara por su nombre. La mayoría trató de destacar los aspectos positivos de sus experiencias, como el balcón de una suite del último piso con amplias vistas que se ha convertido en un lugar popular para observar a las coloridas guacamayas de la ciudad.

Las decenas de diplomáticos estadounidenses que han aterrizado recientemente en la ciudad intentan que su estancia sea más permanente e identifican posibles departamentos para alojar al personal.

Por ahora, encuentran refugio en el Marriott, uno de los últimos hoteles que quedan en Venezuela donde los huéspedes pueden ganar puntos en un programa de fidelidad con sede en Estados Unidos luego de que Venezuela nacionalizara el icónico Caracas Hilton y otros hoteles del país.

El Marriott, donde las habitaciones cuestan unos 250 dólares la noche, parece no estar preparado para la repentina afluencia de diplomáticos, espías y buscadores de fortuna de diversa índole.

El gerente del Marriott, de propiedad local y gestionado en virtud de un acuerdo con Marriott International, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los ascensores son lentos y suelen tardar en abrirse en cada planta. A veces hay que pulsar repetidamente los botones para que suban o bajen.

Los huéspedes se quedan regularmente fuera de sus habitaciones porque las pilas de los lectores de llaves digitales de las puertas dejaron de funcionar. El desayuno cuesta unos 32 dólares por persona por unos huevos revueltos aguados y un yogur que es —¿cómo decirlo?— de procedencia aparentemente cuestionable.

Tampoco es el hotel más exclusivo de Caracas; esa distinción pertenece al Cayena, un hotel de lujo donde las habitaciones cuestan aproximadamente el doble que en el Marriott. Algunos visitantes extranjeros se alojan allí, aunque acaben haciendo negocios en el Marriott.

El Marriott tampoco goza de la mejor ubicación. Los viajeros suelen optar en su lugar por el Renaissance (también operado bajo un acuerdo de franquicia con Marriott International), a poca distancia de numerosos restaurantes, bares, parques y rutas de senderismo.

Tales opciones de alojamiento siguen fuera del alcance de la gran mayoría de los venezolanos, quienes aún esperan que la reciente agitación política marque una diferencia en su vida cotidiana.

“Mientras eso pasa, gran parte de la transformación que tanto esperan se está cuadrando desde el Marriott”, dijo Jorge Barragán, asesor de riesgos políticos de Orinoco Research, una empresa de inteligencia política de Caracas.

Tyler Pager colaboró con reportería.

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Se acaban de cumplir cuatro meses desde que Nicolás Maduro fue derrocado por la fuerza en Venezuela y han pasado un poco más de cien días desde que Delcy Rodríguez está al frente del Palacio de Miraflores. La administración interina ha impulsado algunos cambios, como la reforma a la Ley de Hidrocarburos y la aprobación de una amnistía para los presos políticos (cuestionada por la falta de transparencia y porque no ha resultado en la liberación de todos), pero una reciente encuesta realizada por Meganálisis revela altos índices de descontento entre los venezolanos.

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El nivel de insatisfacción frente a la actual gestión se ve en casi todos los rubros, pero especialmente en los de economía, servicios públicos y democracia, con más del 90 % de desaprobación en todos ellos, además de un 87,33 % de recriminación de cara al manejo de la salud. El nivel de aprobación alcanza apenas el 3 % en cuanto a la normalización y pacificación del país y en lo que respecta al ejercicio de libertades.

En medio de ello, el 70,17 % de los encuestados creen que su situación empeorará mucho si Rodríguez sigue en el poder. Además, el 78,26 % considera que las cosas en Venezuela, con Trump dejando a la nueva líder chavista a cargo, van mal. En ese mismo sentido, la encuesta muestra que el 89,13 % no aprueba que el mandatario estadounidense mantenga negociaciones con quien hasta hace poco era la vicepresidenta de Maduro. Únicamente el 3,23 % ve eso como algo positivo.

La encuesta también muestra una fuerte caída en el apoyo a Trump entre los venezolanos, a pesar de que a él se le ha escuchado decir que “la gente está realmente feliz. Están viendo cosas que no veían en veinte años. Tenemos a personas a cargo que están haciendo un trabajo fantástico”.

Mientras que en enero el 92 % de los encuestados se sentían agradecidos con él, esa cifra cayó al 47 % en abril, una disminución de 45 puntos porcentuales en solo tres meses. Eso se debe, según Rubén Chirino, presidente de Meganálisis citado en el medio VPItv, a que “hay una sensación de que el barril de petróleo vale mucho más que el bienestar de los ciudadanos. Eso incomoda al venezolano de a pie”. Ante la expectativa tras el 3 de enero, “los cambios son limitados y van a una velocidad muy lenta”.

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Con respecto a María Corina Machado, los resultados del sondeo apuntan a que el 73,23 % de los venezolanos creen que es importante que la opositora regrese al país, pues el 74 % considera que eso haría que el tiempo de Rodríguez y del chavismo en el poder sea menor. Machado, además, lidera en la intención de voto, teniendo en cuenta que muchos piensan que la solución para Venezuela es una elección presidencial este año. Ahora bien, las condiciones para que algo así ocurra aún no están dadas.

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Al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se le vio cumpliendo las funciones de secretario de Prensa de la Casa Blanca, supliendo la actividad que usualmente hace Karoline Leavitt. Con su compañera en licencia de maternidad, él atendió a los medios de comunicación y, desde esa plataforma, hizo referencia al venezolano Diosdado Cabello.

“La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado”, aseguró el funcionario del gobierno de Donald Trump en español: “Cuando cambie, le haremos saber”. Esa misma respuesta la dio inmediatamente después en inglés, luego de que una reportera lo cuestionara acerca de si Washington sigue considerando al ministro del Interior de Venezuela como un narcoterrorista y narcotraficante. “Hoy no tengo ninguna noticia al respecto”, concluyó Rubio.

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Estados Unidos mantiene una recompensa de USD 25 millones por información que conduzca a la captura de Cabello, quien está bajo la lupa de las autoridades norteamericanas desde hace años. De hecho, considerado uno de los principales dirigentes del chavismo, él fue incluido en marzo de 2020 en las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia con relación a sus posibles vínculos con operaciones del narcotráfico y con el llamado Cartel de los Soles, que, según Insight Crime, hace referencia a un entramado del Estado venezolano que participa en actividades ilícitas, como contrabando de gasolina, la minería ilegal y el tráfico de drogas, sin tener una estructura jerárquica ni ideológica.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que Cabello habría participado en operaciones para facilitar el envío de drogas hacia territorio norteamericano, acusaciones que él ha rechazado en reiteradas ocasiones, calificándolas como parte de una estrategia política en su contra.

Las declaraciones de Rubio, quien en la rueda de prensa de este martes no respondió a preguntas sobre Colombia (y dijo que lo haría hasta después de las elecciones), se conocieron justo cuando se cumplieron cuatro meses desde el ataque estadounidense en Caracas que culminó con el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro. Desde entonces, Delcy Rodríguez lidera el Palacio de Miraflores bajo la presión de Trump, la cual ha llevado, por ejemplo, a la reforma a la Ley de Hidrocarburos y a la aprobación de una cuestionada amnistía para presos políticos, además de que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

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Lo dicho por Rubio dejó en claro que, al menos en lo que respecta a Cabello, la postura de Estados Unidos no ha cambiado. De momento, Washington se remitió a eliminar varias alusiones al Cartel de los Soles, entre ellas que ya no considera a Maduro como su líder y que la organización, en lugar de ser un cartel, responde a un “sistema de clientelismo”.

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El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano. El gobierno de Trump dijo que Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca, y Estados Unidos dijo que había contratado auditores para comprobarlos.

La nueva dirigente de Venezuela y aliada de Trump, Delcy Rodríguez, dijo que el público podría rastrear cada dólar del petróleo en un nuevo sitio web.

Sin embargo, por ahora ninguna de estas iniciativas ha aclarado el destino del dinero petrolero de Venezuela, lo que suscita interrogantes sobre la voluntad política tanto en Washington como en Caracas.

Sin embargo, incluso con las mejores intenciones, el plan de Washington para demostrar cómo y dónde se gastan las riquezas petroleras de Venezuela constituiría una tarea colosal. Décadas de saqueo han dejado a Venezuela con una industria petrolera opaca y profundamente corrupta, un problema que Rodríguez no logró resolver en gran medida durante su gestión previa al frente de la economía nacional.

Por cada dos dólares que Venezuela obtuvo de la venta de petróleo a principios de esta década, un dólar fue robado, según revelan documentos internos y estadísticas oficiales.

Lo que está en juego es aún mayor hoy en día. Para Trump, su plan para liberar el inmenso potencial petrolero de Venezuela mediante una inversión estadounidense de USD 100.000 millones depende, en parte, de convencer a los ejecutivos petroleros estadounidenses de que su gobierno puede establecer el Estado de derecho.

Para Rodríguez, asegurar a los venezolanos que la industria petrolera —un pilar fundamental de la identidad nacional del país— beneficia a muchos y no solo a unos pocos resulta vital para mejorar sus escasas probabilidades de ganar unas elecciones presidenciales competitivas, las cuales Estados Unidos está impulsando para el próximo año.

No está claro cuánta corrupción estaría dispuesta a tolerar Rodríguez con tal de mantener su control sobre el gobierno, el cual sigue plagado de los burócratas leales a Maduro y de los empresarios que los apadrinan.

Durante los 13 años de gobierno de Maduro, PDVSA, la omnipresente compañía petrolera estatal de Venezuela, se había convertido en el patrimonio personal de su familia, permitiendo a parientes y allegados vender petróleo en condiciones sumamente preferenciales. Este clientelismo aceitó los engranajes del aparato gobernante, asegurando su lealtad a Maduro, quien sobrevivió a múltiples crisis antes de ser capturado en enero por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Los esquemas de comercio petrolero opacos continuaron hasta la propia caída de Maduro, y algunos beneficiarios han seguido haciendo negocios discretamente con PDVSA bajo la gestión de Rodríguez, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y con personas cercanas al sector.

Esta cuestionable actividad de concertación de acuerdos pone a prueba la promesa de Rodríguez de romper definitivamente con las políticas económicas de Maduro, a las que ha culpado de la prolongada crisis financiera de Venezuela.

Estos documentos, no reportados anteriormente, ofrecen una visión excepcional de la magnitud de la corrupción durante los últimos años de Maduro, un periodo marcado por un enfrentamiento económico con Estados Unidos y una creciente represión interna.

Los documentos y las entrevistas revelan también el papel central desempeñado por un pariente de Maduro, Carlos Malpica Flores, a quien varios funcionarios petroleros venezolanos y personas con información privilegiada del sector han descrito como el custodio de la riqueza de la familia Maduro. Las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.

El gobierno de Trump impuso sanciones a Malpica, de 53 años, en diciembre, alegando que había “facilitado la corrupción continua del régimen de Maduro”. Malpica no respondió a las preguntas enviadas a través de un socio comercial y dos parientes.

Los documentos de PDVSA muestran que empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por un valor de USD 11.000 millones en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal. Esa cifra representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años, según indican las estadísticas del banco central del país.

Estas ventas de petróleo no registradas oficialmente parecen haber violado la legislación venezolana vigente en aquel momento, la cual otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país.

Desde la destitución de Maduro y la imposición del control estadounidense sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela en enero, Malpica parece haber perdido el acceso a las ventas de crudo, según personas cercanas a la industria. Sin embargo, dichas personas —así como un alto funcionario petrolero venezolano— afirman que Malpica continúa obteniendo beneficios a través de sus empresas, las cuales operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y transportan productos petrolíferos a nivel local.

El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump declinó hacer comentarios públicos para este artículo.

Un funcionario del gobierno estadounidense señaló que Venezuela estaba ofreciendo garantías de que los fondos se estaban gastando de manera adecuada.

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Un alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, informó al Congreso el mes pasado que el gobierno de Estados Unidos había contratado a KPMG —una firma global de servicios financieros— para auditar las ventas de petróleo de Venezuela, añadiendo que la firma presentará sus informes en una fecha posterior aún por determinar. El Banco Central de Venezuela comunicó la semana pasada que, por su parte, había contratado a otra firma de auditoría, sin ofrecer detalles adicionales al respecto.

La historia de Malpica, de 53 años, personifica la transformación de la economía venezolana en un feudo personal de la familia Maduro; un sistema que, a pesar del cambio de liderazgo, sigue vigente en gran medida.

Exconductor de autobús y líder sindical, Maduro carecía de la comprensión técnica de la intrincada economía de Venezuela cuando su mentor y predecesor —Hugo Chávez, aquejado de cáncer— le legó la presidencia en 2013.

Maduro necesitaba aliados para gobernar el país. Y esas personas debían ser leales a él, no a Chávez, un autoproclamado revolucionario que despertaba la adoración de sus seguidores. Maduro y su esposa, Cilia Flores —una política de alto rango por derecho propio— se embarcaron en la creación de una nueva élite.

Entre los aliados de Maduro estaba Rodríguez, abogada proveniente de una destacada familia de izquierda.

Maduro y Flores también comenzaron a nombrar a decenas de familiares —sin cualificaciones aparentes— para ocupar cargos públicos, en los que algunos permanecen hasta el día de hoy.

Uno de esos familiares fue Malpica, sobrino de la primera dama, quien al inicio del mandato de Maduro convenció al presidente de permitirle gestionar los tratos con el sector petrolero, según relataron altos funcionarios de la época.

La carrera de Malpica despegó rápidamente. Meses después de asumir el poder, Maduro lo nombró miembro de la junta directiva del banco de desarrollo de Venezuela, conocido como Bandes. Poco después, se convirtió en tesorero nacional y en jefe de finanzas de PDVSA.

Estos cargos otorgaron a Malpica un acceso irrestricto a la riqueza petrolera de Venezuela, la cual continuó explotando incluso después de abandonar el sector público en 2016 para convertirse en subcontratista y comprador de petróleo de PDVSA.

A finales de 2022, la junta directiva de PDVSA se reunió para hacer un balance de los años de facturas petroleras impagas dejadas por Malpica y otros confidentes de Maduro, según consta en una presentación de dicha reunión a la que tuvo acceso el Times. La junta contabilizó cerca de 240 buques petroleros que zarparon sin efectuar el pago entre 2019 y 2022, lo que representó una pérdida de USD 13.000 millones para el Estado venezolano.

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La junta votó a favor de dar por perdida esa suma de dinero, tal como indica la presentación. Meses después, Rodríguez asumió la dirección de PDVSA tras orquestar la caída de su predecesor, Tareck El Aissami, un protegido de Maduro que actualmente enfrenta un juicio por cargos de corrupción. Bajo su gestión, las irregularidades más flagrantes de PDVSA —como las ventas de petróleo impagas— cesaron en gran medida.

Sin embargo, Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro continuaron gozando de acceso preferencial al petróleo, lo que puso de manifiesto los límites de las iniciativas de Rodríguez.

En 2023, por ejemplo, una empresa fantasma vinculada a Malpica se convirtió en la segunda mayor exportadora de crudo venezolano, situándose solo por detrás de Chevron —una multinacional que lleva un siglo produciendo petróleo en Venezuela—, según revelan los documentos.

Copias de algunos de los contratos muestran que dicha empresa fantasma —Hangzhou Energy, registrada en China— recibió petróleo de PDVSA bajo condiciones sumamente favorables e inusuales, a pesar de carecer de todo historial de actividad comercial. Un contrato correspondiente a 2022 revela que se autorizó a Hangzhou a vender cerca de una décima parte del volumen total de exportaciones del país durante ese año, a cambio de suministrar al gobierno una cantidad no especificada de “ayuda humanitaria”.

Se desconoce la cantidad exacta de ayuda que Hangzhou finalmente entregó, así como su contenido. Estos acuerdos de “petróleo por alimentos” —similares al obtenido por Hangzhou y supuestamente establecidos como respuesta a las sanciones estadounidenses— se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado en un contexto de crisis humanitaria; así lo sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como las investigaciones realizadas por el medio de comunicación venezolano Armando.info.

Un correo electrónico enviado a la gerente de operaciones de Hangzhou, Zhang Junling, no recibió respuesta.

Si bien los representantes legales de Hangzhou se encontraban, en teoría, en China, en la práctica fueron Malpica y un socio suyo —Ramos Carretero— quienes representaron a la empresa en las reuniones con PDVSA; así lo confirman varios funcionarios de la petrolera estatal y diversas fuentes del sector petrolero venezolano, lo cual sugiere que ambos eran los beneficiarios finales de la compañía.

Asimismo, Hangzhou mantenía otros acuerdos de pago inusuales y altamente lucrativos.

La mayoría de los compradores de petróleo debían pagarle a PDVSA en dólares. Hangzhou, sin embargo, realizaba sus pagos al Bandes —el banco de desarrollo estatal— en bolívares, la moneda local; así lo indican documentos internos de PDVSA, mensajes internos a los que tuvo acceso The New York Times y entrevistas con funcionarios del sector petrolero venezolano.

El esquema desafiaba la razón fundamental por la que las naciones exportan petróleo: obtener divisas fuertes para financiar las importaciones.

El control de cambio de Venezuela implicaba que comprar petróleo con bolívares subvalorados y venderlo a refinerías chinas a cambio de divisas estables —como el dólar— permitiría a los propietarios de Hangzhou obtener enormes beneficios.

Y la inflación desbocada de Venezuela significaba que cualquier bolívar que Hangzhou terminara depositando en el Bandes —una institución opaca vinculada a Malpica— quedaba prácticamente desprovisto de valor.

La estrecha relación de Malpica con Maduro y su esposa le ayudó a sobrevivir a las purgas periódicas de PDVSA, que han llevado a la cárcel a cuatro de sus presidentes recientes y a decenas de ejecutivos, incluidos la mayoría de quienes firmaron contratos con Hangzhou.

Malpica también logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años, según varias personas que conocen bien a ambos. Esta conexión parece haberlo librado hasta ahora de la “limpieza” de la nueva presidenta, la cual ha derivado en el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro.

Varios empresarios petroleros cercanos a Maduro han sido detenidos desde su captura, pero hasta el momento ninguno ha sido acusado públicamente de delito financiero alguno.

El sitio web de rendición de cuentas de la industria petrolera —denominado “Transparencia Soberana”—, prometido por la Rodríguez en enero, tiene una sola entrada.

El sitio web afirma que el gobierno vendió combustible por un valor de USD 300 millones en marzo, que se utilizó para aumentar el salario mínimo.

El sitio web no especificó quién adquirió el petróleo ni cuál fue el monto de la operación.

*Mariana Martínez colaboró en este reportaje desde Caracas.

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