Una sociedad compromete su futuro antes de agotar sus recursos naturales. Le basta con acostumbrarse a tomar decisiones que resuelven una urgencia y preparan la siguiente. En Colombia hablamos de sostenibilidad, pero rara vez preguntamos qué queremos sostener: ¿una tasa de crecimiento, una forma de ocupar el territorio, la posibilidad de vivir juntos?

Julio Carrizosa Umaña dedicó su pensamiento a volver más exigente esa pregunta. Para él, la sostenibilidad no puede reducirse a una fórmula ambiental ni a la promesa de que todo seguirá funcionando si introducimos unas cuantas correcciones técnicas. En sus reflexiones sobre el desarrollo y en su visión ambiental compleja aparece una convicción más profunda: la duración de una sociedad depende de relaciones que no caben en las fronteras de una sola disciplina. La naturaleza, la economía, las instituciones, la cultura y la justicia forman parte de una misma realidad.

Ese planteamiento incomoda porque altera nuestra manera habitual de entender el progreso. Una carretera puede acercar mercados y, al mismo tiempo, fragmentar ecosistemas o transformar las relaciones de poder sobre la tierra. Una inversión puede aumentar la riqueza sin mejorar las oportunidades de quienes habitan el territorio. Incluso una decisión ambiental bien intencionada puede fracasar si desconoce a las comunidades. Lo sostenible no se determina únicamente por la bondad de un propósito, sino por las consecuencias de relacionarlo con todo aquello que afecta.

En Colombia, esa forma de mirar es particularmente necesaria. Nuestra diversidad geográfica y cultural es enorme, mientras nuestras respuestas públicas suelen ser uniformes. El país que Julio Carrizosa exploró en una Colombia compleja no se deja ordenar mediante una sola imagen. Una misma política puede producir resultados distintos en la Amazonia, el Caribe o la región andina. Reconocerlo no es renunciar a un proyecto nacional: es comprender que lo común no se construye negando las diferencias.

El fenómeno de El Niño vuelve visible esa contradicción. Cuando disminuyen las lluvias en unas regiones y se presionan las fuentes de abastecimiento, hablamos del clima. Pero el riesgo también depende de cómo se han ocupado las cuencas, de la infraestructura disponible, del acceso desigual al agua y de cuánto conocimiento transformamos en prevención. El Niño es un fenómeno natural; la vulnerabilidad que revela tiene una historia social y política.

Con la violencia ocurre algo semejante. Carrizosa advirtió, al hablar de Bogotá, que una ciudad segregada y sin seguridad personal difícilmente puede sostenerse. La exigencia alcanza al país: no podremos hablar de sostenibilidad mientras haya comunidades desplazadas, economías sometidas a la coerción y jóvenes para quienes el miedo estrecha las posibilidades de estudiar y elegir. La paz no es un asunto separado del ambiente o del desarrollo. Es una condición para que las personas puedan imaginar que su vida, su trabajo y su territorio tienen mañana.

Y aquí aparece una dificultad menos visible: el tiempo. Nuestra conversación pública está dominada por la siguiente elección, el próximo escándalo o el resultado inmediato. La sostenibilidad, como escribió Carrizosa al reflexionar sobre sus límites y estrategias, devuelve al centro el largo plazo. Exige estudiar antes de improvisar, discutir sin reducir al contradictor a una caricatura y construir instituciones capaces de recordar lo aprendido.

Por eso, cuando la Universidad Nacional le otorgó el doctorado honoris causa y su Facultad de Ingeniería creó la Cátedra PINSUS Julio Carrizosa, reconoció algo más que una trayectoria individual: la necesidad de formar una inteligencia pública capaz de relacionar los problemas antes de intervenirlos. Esa tarea sigue siendo nuestra.

Para la Universidad Nacional de Colombia, Julio Carrizosa es también motivo de un orgullo profundo. En nuestras aulas se formó uno de los científicos colombianos que mejor supo convertir el conocimiento en pensamiento crítico, servicio público y transformación institucional. Nuestro egresado y maestro comprendió que investigar el país implicaba comprometerse con su destino. Contribuyó a construir las instituciones que hoy protegen nuestro patrimonio natural y dejó una obra que seguirá formando generaciones. Reconocemos en él una inteligencia excepcional, pero también una manera de ejercer la vida universitaria: con independencia intelectual, rigor científico y una responsabilidad ética que nunca perdió de vista a Colombia.

Quizá una Colombia sostenible comience por abandonar la ilusión de que podemos salvar por separado los ríos, las ciudades, los campos y la convivencia. No necesitamos escoger entre naturaleza y sociedad, entre ciencia y democracia, entre desarrollo y cuidado. Necesitamos aprender a sostenerlas juntas. Esa es la invitación intelectual que Julio Carrizosa mantiene abierta: comprender el país con suficiente profundidad para que el futuro no sea siempre aquello que sacrificamos en nombre del presente.

* Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Un comerciante recibe una llamada que le exige pagar para seguir trabajando; una familia entrega sus ahorros bajo amenazas; una persona revela sus datos porque le prometen un premio inexistente. Cuando estas conductas se dirigen desde una cárcel, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede el Estado custodiar a una persona y permitir que desde el mismo lugar de reclusión continúe delinquiendo? Están en juego la seguridad de los ciudadanos y la credibilidad de la justicia.

El Ministerio de Justicia informó que el operativo del 28 de enero de 2026 en 124 establecimientos de reclusión del orden nacional permitió incautar 1.320 celulares y 1.700 tarjetas SIM. La cifra corresponde a una intervención concreta, no a la totalidad de equipos clandestinos. Pero obliga a preguntar qué ocurre antes y después de cada decomiso: cómo ingresó el aparato, quién facilitó su utilización y qué investigación impedirá que sea reemplazado.

Es necesario hablar de frente sobre la complicidad de quienes tienen responsabilidades de vigilancia. Un guardia o funcionario que cobra por dejar entrar un celular, alerta sobre una requisa o facilita comunicaciones prohibidas ayuda a preservar la capacidad criminal del interno. Su responsabilidad debe probarse e individualizarse. Sin embargo, describir estos hechos únicamente como “fallas de control” puede ocultar la existencia de acuerdos deliberados para lucrarse del delito.

La vigilancia también debe abarcar la cadena de abastecimiento. El 21 de marzo de 2026, la USPEC respondió a una publicación de la revista Semana sobre el presunto ingreso de celulares, armas y drogas a través de una empresa encargada de la alimentación en El Buen Pastor. La entidad anunció verificaciones internas, traslado a la Fiscalía y coordinación con el INPEC; también aclaró que, a esa fecha, no contaba con información concreta y verificable para identificar responsables. Son señalamientos que requieren investigación, no conclusiones anticipadas.

Si se demuestra que un contrato destinado a alimentar a los internos fue utilizado para introducir contrabando, deben investigarse tanto los participantes como quienes, teniendo deberes concretos de control, facilitaron la operación. Los controles deben cubrir el recorrido desde la bodega hasta la cocina, con registros de vehículos, personal autorizado, carga recibida e incidencias. El INPEC y la USPEC deben coordinar sus competencias para que la responsabilidad no se diluya entre entidades, contratistas y subcontratistas. Todo ello debe hacerse sin comprometer la inocuidad de los alimentos ni el derecho a la alimentación de los internos.

La experiencia internacional muestra el valor de investigar más allá del aparato. En febrero de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la excapitana penitenciaria Christine Mary Livingston se declaró culpable por su participación en una trama de sobornos en Carolina del Sur. Una de sus cuentas recibió al menos 279.000 dólares y, durante la conspiración, compró al menos 173 celulares mediante su cuenta de Amazon. La investigación relacionó pagos, testimonios y registros. Esa profundidad investigativa debe orientar la respuesta colombiana: reconstruir la red que hace posible el contrabando y seguir el dinero que la sostiene.

Cada decomiso relevante debería activar una investigación sobre la cadena de ingreso y financiación, además de la actuación contra el poseedor del equipo. Es necesario preservar la evidencia digital, revisar registros de acceso y rastrear pagos. También deben existir canales seguros para denunciar y medidas de protección para funcionarios y trabajadores, especialmente cuando los señalamientos comprometan a sus superiores. En los contratos de alimentación, la interventoría debe documentar alertas y trasladar los hallazgos a las autoridades competentes. Los incumplimientos probados deben tener consecuencias contractuales y legales, con respeto por el debido proceso.

La tecnología puede ayudar, pero su compra no garantiza resultados. El Decreto 851 de 2024 estableció un procedimiento para bloquear equipos y módulos SIM identificados en comunicaciones no autorizadas dentro de establecimientos de reclusión. Su aplicación exige coordinación entre las autoridades y los operadores. Las soluciones que se contraten deben demostrar que funcionan en las condiciones de cada penal, contar con mantenimiento y permitir corregir afectaciones indebidas.

Conviene evaluar herramientas complementarias para detectar emisiones, orientar requisas y controlar las vías de ingreso del contrabando. Los sensores y los drones merecen pruebas acotadas antes de ampliar su contratación. La pregunta decisiva es cuánto contribuyen a interrumpir la actividad criminal. Ninguna herramienta sustituye la vigilancia física, la investigación ni el control sobre quienes permiten entrar los equipos.

Los controles tampoco pueden limitarse a los extorsionistas. Deben alcanzar a los condenados por corrupción y a los delincuentes de cuello blanco que pudieran utilizar comunicaciones clandestinas para coordinar intermediarios, ocultar activos o interferir en investigaciones. Esos riesgos deben examinarse en cada caso, sin presumir conductas ni conceder privilegios por el poder económico o la influencia del interno. Los pabellones especiales y las excepciones de seguridad deben someterse a auditorías verificables.

También hace falta rigor al hablar de tarjetas SIM y llamadas automatizadas. La Resolución CRC 7684 de 2025 incorporó procedimientos de identificación y verificación de datos para activar servicios móviles prepago. Sin embargo, la existencia de esa regulación no garantiza su cumplimiento: en algunos puntos de venta se consiguen tarjetas SIM sin que al comprador se le solicite identificación ni se le practique validación alguna. Es necesario distinguir la compra de la tarjeta de la activación de la línea, que es donde operan las exigencias de verificación. Las autoridades deben comprobar si esas SIM se entregan ya activadas o si pueden utilizarse eludiendo los controles, identificar a los responsables y sancionar los incumplimientos probados. Una obligación escrita pierde eficacia si la cadena de comercialización y activación permite burlarla. Cualquier exigencia adicional de biometría debe justificar su necesidad, eficacia y garantías de protección de datos. Una llamada que se corta al contestar, por sí sola, tampoco demuestra el uso de bots con fines delictivos ni su origen en una cárcel.

La seguridad debe proteger las comunicaciones de los vecinos de los penales y el acceso a servicios de emergencia. Asimismo, deben garantizarse canales institucionales para que las personas privadas de la libertad se comuniquen con sus familiares y abogados, con las garantías de confidencialidad que correspondan. Impedir comunicaciones criminales exige controles precisos y respeto por los derechos.

El éxito debe medirse por la reducción de amenazas, estafas y pérdidas económicas, además de los equipos retirados. Para saber si las medidas funcionan se necesitan datos de partida, seguimiento y comparación de resultados. La investigación también debe alcanzar a quienes reciben el dinero y cobran fuera de prisión. Interrumpir una llamada sirve de poco si la organización conserva su financiación y puede volver a operar.

El Estado debe demostrar que puede impedir que se siga delinquiendo bajo su custodia y llevar ante la justicia a los internos, guardias, funcionarios o contratistas cuya participación se pruebe. La respuesta a la pregunta del título debe aparecer en investigaciones y sanciones, no agotarse en balances de incautaciones.

Mientras el Estado decomise celulares sin desmantelar las redes que los ponen en manos de los delincuentes, las cárceles seguirán encerrando personas y dejando libre su poder criminal.

Es por eso que veo con preocupación, en el marco de la actual coyuntura nacional, la fusión que se propone entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el pretexto de reducir los cargos burocráticos y rescatar financieramente a la nación. Fusionar ambos ministerios en uno solo corre el riesgo de diluir la ciencia dentro de la estructura educativa e invisibilizar su papel estratégico. Es al revés: la ciencia requiere políticas específicas, financiamiento estable y una visión propia para responder a los retos globales que nos apremian; ¿o es que alguien sigue pensando que el cambio climático es una ficción, la transición energética una apuesta de unos pocos, y la salud pública una quimera de hombres y mujeres con bata blanca?

La historia de la institucionalidad científica en Colombia no ha sido fácil y demuestra el esfuerzo que, por fin, empieza a brillar en la agenda nacional. Tal vez no a la velocidad deseada. Sin embargo, desde la creación de Colciencias en 1968 y su transformación en Departamento Administrativo en 2009, hasta la consolidación del Ministerio de Ciencia en 2021 nos ha permitido avanzar en varios campos, y desasociar la investigación científica del Ministerio de Educación hasta robustecer la hoja de ruta vigente, que hoy, de acuerdo con el documento Conpes 4069 (2022-2031), nos debe guiar.

La fusión mimetizaría los avances históricos que tanto trabajo han costado para crear una política pública de ciencia y tecnología, con el gigantesco manto de los propósitos educativos de una nación como la nuestra. Mucho más cuando ya se cuentan resultados concretos en innovaciones agrícolas que fortalecen la seguridad alimentaria, en el desarrollo de vacunas especializadas para tratamientos del cáncer, y en estudios sociales que han orientado las políticas públicas, sin mencionar los innumerables aportes al descubrimiento y promoción de nuestra sinpar biodiversidad.

Aparte de lo anterior, fusionar los dos ministerios supondría meter en una misma bolsa presupuestos abismalmente diferentes. Mientras la cartera de Educación maneja una de las partidas más cuantiosas del presupuesto general de la Nación (alrededor de 90 billones de pesos, correspondiente al 16 % del total del gasto del Estado), Minciencias  no alcanza a llegar al billón. No veo entonces cómo las convocatorias para proyectos de investigación básica, la formación del capital humano calificado que inspire y asegure la confianza a los inversionistas, entre muchos otros de sus objetivos misionales, se liderarán e impulsarán desde el MEN sin los dolientes adecuados. Correrían el riesgo de desaparecer.

Por último, no está claro tampoco si la fusión hace parte de la mentada batalla cultural en la que está empeñado el Gobierno. Uno esperaría que no. Sería inconcebible poner a reñir la razón y la fe. Como si la historia no nos hubiera demostrado hasta la saciedad que son parientes cercanos.

La región vive dos realidades petroleras. Guyana se ha convertido en uno de los productores de más rápido crecimiento del mundo, Brasil produce en máximos históricos y Argentina sigue expandiendo Vaca Muerta. Colombia, México, Ecuador y Perú, en cambio, enfrentan una producción en declive. Este panorama plantea desafíos distintos para las empresas petroleras estatales de la región, pero también un dilema compartido: ¿cómo garantizar la seguridad energética y aprovechar los ingresos actuales mientras avanzamos hacia sistemas energéticos más sostenibles y menos dependientes de los hidrocarburos?

Para las empresas petroleras estatales, uno de los principales desafíos es la incertidumbre sobre la demanda futura de petróleo. En su World Energy Outlook 2025, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que, si se mantienen las políticas del sector actualmente vigentes, la demanda mundial de petróleo podría crecer hasta 113 millones de barriles diarios en 2050. En cambio, si se materializan las políticas energéticas anunciadas, esa demanda caería a 97 millones de barriles diarios tras un pico hacia 2030. Aunque nuevas actividades, como los centros de datos, podrían sostener en parte la demanda de gas, la expansión de los vehículos eléctricos y las energías renovables sugieren que la transición energética también podría acelerarse.

Estas señales obligan a las empresas petroleras estatales a mirar más allá de la coyuntura actual y evaluar los riesgos asociados a sus decisiones de inversión. La dependencia de los hidrocarburos expone a los países a mercados volátiles y a riesgos fiscales, mientras su producción y consumo siguen contribuyendo al cambio climático. Avanzar hacia fuentes de energía más limpias y diversificar las economías representa una oportunidad para reducir esas vulnerabilidades, reforzar la seguridad energética y abrir nuevas fronteras productivas, aunque los caminos y los tiempos serán diferentes en cada país.

La región ya cuenta con experiencias relevantes: un análisis de NRGI encontró que, de 21 petroleras estatales estudiadas a nivel mundial, solo cinco habían comunicado estrategias para mitigar los riesgos de la transición energética. Tres eran latinoamericanas: Ecopetrol, Petrobras e YPF.

El desafío ahora es expandir estas prácticas en la región y hacer que formen parte habitual de las decisiones de inversión, involucrando a los ministerios de Hacienda y Energía, fortaleciendo la transparencia de cara a la ciudadanía y asegurando que las decisiones empresariales respondan a las prioridades nacionales de desarrollo. Esta evaluación también debe trazar nuevas vías para el futuro de las empresas petroleras. Algunas podrán diversificarse hacia nuevos negocios. Para otras podría ser conveniente una reducción progresiva de ciertas actividades del negocio tradicional. Las decisiones deben responder a las condiciones de cada país, incorporando a los trabajadores y las comunidades de los territorios petroleros, cuyos medios de vida dependen en gran medida de estas empresas.

La reciente Semana de la Energía de OLACDE, en Santo Domingo, abrió un espacio relevante para esta conversación al convocar a representantes de empresas, gobiernos y sociedad civil para discutir sobre la transformación de las empresas estatales de petróleo. OLACDE lanzó DRIVE, una iniciativa para ayudarlas a estructurar y financiar proyectos de energías renovables, descarbonización y nuevos negocios. Fortalecer la cooperación regional y el diálogo entre estos actores permitirá compartir experiencias y explorar alternativas para una transformación energética justa y ordenada.

América Latina tiene la oportunidad de aprovechar sus recursos para preparar economías menos vulnerables a la dependencia de los hidrocarburos. Las decisiones que tomen hoy los gobiernos y sus empresas petroleras estatales serán determinantes para garantizar la seguridad energética, proteger las finanzas públicas y avanzar hacia un futuro más sostenible.

* Directora senior de programas y directora para América Latina de NRGI.

Si lo que se quiere es producir titulados, el SENA ha sido un éxito rotundo. Desde su creación en 1957, ha sido el eje de la formación técnica y tecnológica en Colombia. Hoy cerca de tres millones de ocupados tienen títulos de técnico o tecnólogo, frente a unos cuatro millones con educación universitaria o de posgrado. El SENA ha sido decisivo en ese proceso: desde 2011 ha otorgado dos de cada tres títulos tecnológicos en el país y mantiene un portafolio gigantesco de programas y cursos. Las demás instituciones, en conjunto, solo han graduado en promedio 21.000 técnicos y 41.000 tecnólogos al año desde 2011. Nada de esto es menor: Colombia dejó atrás la época en que casi todos aspiraban únicamente a un título universitario y la educación técnica era marginal. 

El problema no está en la cantidad, sino en lo que pasa después. A partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares entre 2023 y 2026 y de la nueva Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia de 2025, construida por el DANE y el propio SENA, es posible saber si los técnicos y tecnólogos trabajan en oficios acordes con su área de formación. La respuesta es alarmante: alrededor del 70 % de ellos está desajustado ocupacionalmente, es decir, en trabajos donde sus conocimientos no son los que el DANE y el mismo SENA reconocen como pertinentes para ese tipo de oficio. La situación es peor entre los más jóvenes. Los universitarios también sufren de desajuste, pero a tasas muy inferiores y sin señales de deterioro en las cohortes más recientes. 

Un solo ejemplo basta: en análisis y desarrollo de software, una disciplina en la que el 79 % de los tecnólogos y el 93 % de los técnicos no están ocupados en su área, en 2025 el SENA otorgó títulos de tecnólogos a 6.644 personas (y quién sabe cuántos títulos de técnicos, pues no muestra cifras). En multitud de áreas de administración y finanzas hay situaciones semejantes. 

Ese desajuste tiene un costo directo para los trabajadores. Un técnico que trabaja por fuera de su área de formación gana entre 9 % y 14,1 % menos que un colega con el mismo título, pero ubicado en una ocupación pertinente. Además, quienes están desajustados tienen más probabilidad de ser informales, y todos los que pertenecen a grupos con altos niveles de desajuste enfrentan mayores riesgos de desempleo. Convertir años de formación en un salario más bajo y más inestabilidad no es movilidad social: es frustración social financiada con plata pública. 

Se suele culpar a la falta de demanda laboral: se dice que el país “no absorbe” a tantos técnicos y tecnólogos. Sin embargo, una encuesta reciente de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a las empresas de Bogotá muestra que el problema es de otra naturaleza. Las firmas de tres o más empleados, que en conjunto generan un millón y medio de puestos de trabajo en la ciudad, intentaron llenar unas 65.000 vacantes entre julio de 2024 y junio de 2025. Cerca del 30 % quedó sin cubrir, la mayoría en micro y pequeñas empresas. El grupo educativo que más dificultades presenta para ser contratado no son los universitarios, sino precisamente los técnicos y tecnólogos. Cuando se les pregunta a las empresas por qué no logran llenar las vacantes, las dos razones principales son reveladoras: mucha competencia de otros empleadores por los mismos perfiles y, sobre todo, ausencia de candidatos con las competencias técnicas requeridas. El resultado es que una de cada cuatro empresas afectadas reduce producción o capacidad operativa, y una de cada ocho congela planes de expansión. La economía pierde crecimiento, empleo e ingresos por falta de pertinencia de la oferta educativa, no por falta de demanda. 

En este contexto el Gobierno quiere que la entidad tenga más recursos y que esa expansión sea financiada por el aumento de los ingresos parafiscales (al reducirles las exenciones a las empresas). En paralelo, se anuncian metas rimbombantes, como el millón de certificaciones en inteligencia artificial. Es difícil imaginar un cóctel más propicio para profundizar los problemas existentes: más recursos para un modelo que no ha sido evaluado rigurosamente en su función principal y una nueva ola de “certificados de moda” cuya pertinencia nadie se ha tomado el trabajo de estimar con seriedad. 

La experiencia reciente con las formaciones en tecnologías de la información debería ser una advertencia. En campos como desarrollo y análisis de software, teóricamente llamados a estar en la vanguardia del empleo, el desajuste de técnicos y tecnólogos ya es casi total y los excesos de oferta son muy grandes. Esto sugiere que anunciar masificación en inteligencia artificial sin diagnosticar primero cuántas ocupaciones reales requerirán esas competencias, con qué profundidad y bajo qué condiciones, es repetir el mismo error con otro nombre. Un millón de certificaciones en IA pueden terminar siendo, para muchos jóvenes, un millón de ilusiones en papel si el mercado laboral no está preparado para absorberlas ni el SENA para formarlas con la calidad y pertinencia adecuadas. 

Lo responsable, en vez de seguir financiando una expansión inercial, sería usar el apretón fiscal como oportunidad para reformar de raíz el papel del SENA. Eso implica un recorte deliberado de su portafolio y de su presupuesto, concentrándolo en un conjunto mucho más reducido de programas técnicos y tecnológicos que demuestren, con evaluaciones rigurosas, impacto en inserción laboral y en mejoras de ingresos. Implica también aplicar en serio la facultad que tiene el Ministerio de Educación para clausurar programas, incluidos los del propio SENA, que carezcan de pertinencia social y económica o que no cumplan estándares de calidad. Y exige congelar la creación de nuevos programas y certificaciones —incluidas las de inteligencia artificial— hasta contar con evidencia de necesidades empresariales concretas, de vacantes difíciles de cubrir y de desajustes por área de conocimiento. 

Los recursos adicionales que llegarán al SENA por vía de la reforma fiscal y de la monetización de la cuota de aprendices no deberían alimentar la inercia, sino condicionarse a un rediseño profundo: menos títulos “para la estadística” y más programas que el mercado realmente use. De lo contrario, seguiremos financiando, con cada vez más recursos públicos, un aparato exuberante en certificados pero pobre en pertinencia, mientras millones de técnicos y tecnólogos continúan en empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaron y las empresas siguen quejándose, con razón, de que no encuentran el talento que necesitan. 

El plano con el que abre Tierra de mi padre muestra un interior estático cuya ventana, al fondo, deja ver unas palmeras agitadas bruscamente por un vendaval. El hombre que habita esta habitación habla por teléfono con su hermana. Al fondo, una mujer desnuda, dormida. Pawlikowski tiene esa extraña capacidad de contener las más exacerbadas emociones en imágenes estériles. De hecho, sus últimos tres filmes han sido en escala de grises. Si en Ida era el retrato de un conflicto con la fe y en Guerra fría era una apasionada historia de amor, Tierra de mi padre encierra en sus estáticas imágenes la puesta en diálogo del fascismo —en su aparente declive— y el papel de la creación artística cuando las relaciones se reducen al sexo o a la conversación telefónica. Relaciones virtuales antes de internet. 

Thomas Mann ahora se dedica a dar discursos de agradecimiento. Su canonización nacional como escritor le permite atravesar fronteras sin mayor dificultad. No habla con su hijo. Sí habla con su hija, pues es su asistente personal. No habla mucho, de hecho, más allá de sus discursos. Es todo un intelectual, una figura fáustica. Pawlikowski hizo de Mann un perfecto equilibrio entre Fausto y Mefistófeles. Su hijo se ha suicidado, pero esperan su discurso en otro lugar. La paradoja respecto al título es, justamente, que la tierra del padre parece ser el carro en el que viaja de una tribuna a otra, pues incluso le cuestionan el haber abandonado su país cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. 

La relevancia de la filmografía reciente de Pawlikowski es la misma que yace en la literatura de, entre otros, Michel Houellebecq, cuya poética del desencanto es nada más y nada menos que la consecuencia de una cultura pasteurizada. Pawlikowski tiene la particularidad de enmarcar sus fábulas —al menos las últimas tres— en los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial. Este desencanto adquiere entonces otro color —u otro tono de gris—: la primera prioridad del fascismo es estandarizarnos, enfriarnos, llenarnos de pesimismo y alejarnos los unos de los otros. Mann se convierte entonces en la síntesis de un intelectualismo que se olvidó del cuerpo. En él, el fascismo sobrevive como una forma de relación distante, limitada al discurso. 

Pawlikowski, sin embargo, opuesto a la primera lectura aparente, no ofrece un relato tan amargo como parece. En la música extradiegética con la que se recorre la ciudad al principio, suena una obra contrapuntística cuyas voces no parecen dialogar del todo. Al final, cierra con un órgano interpretando en escena el sexto movimiento de la cantata Herz und Mund und Tat und Leben, de Bach: con todo y el ambiente herrumbrado, las paredes caídas y los hijos muertos, parece que vale la pena insistir en la comunión como experiencia religiosa. Pues, ¿no será la aridez —la que castra al creador con un velo intelectual y reduce las relaciones humanas a la conversación a larga distancia— un preludio del fascismo? 

Nunca se supo qué fue peor: la demencia de la guerrilla al lanzar un ataque tan violento en pleno centro de la capital, la ineptitud del gobierno civil incapaz de frenar la tragedia, o la ferocidad de las FF. AA. que retomaron el palacio a sangre y fuego. Aplicando un despliegue de armas desmesurado, el Ejército llegó con tanques a la plaza, rodeó el edificio con más de mil soldados y tropas de asalto, y empezó uno de los enfrentamientos más atroces de nuestra historia. Esa misma tarde comenzó el incendio que terminaría devorando la estructura completa del palacio. 

Después se estableció que el M-19 careció de ideales al lanzar el ataque, pues el comando irrumpió en el edificio matando a gente inocente, y a la vez había hecho pactos secretos con el grupo más violento y vulgar del país, el narcotráfico. Las FF. AA., entre tanto, aunque rescataron a 263 personas, a la vez apartaron al Ejecutivo del operativo como si fuera un estorbo, y al final ya no entraron a rescatar a nadie sino con la orden de dispararle “a todo lo que se moviera”. No hubo prudencia en el manejo de las armas, y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó la retoma como un holocausto. 

¿Cuál fue el resultado de la acción criminal de la guerrilla, la furiosa reacción de las FF. AA. y la alarmante inacción del Gobierno civil? La sede principal de la justicia colombiana hecha cenizas, más de 100 muertos y 11 desaparecidos. En efecto, varias personas salieron con vida del palacio en llamas y fueron llevadas a los cuarteles, donde las torturaron hasta la muerte y luego regresaron sus cadáveres a las ruinas humeantes para que se contabilizaran con los muertos en combate. Así pasó con el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. 

Una semana después, erupcionó el volcán Nevado del Ruiz. En la noche del 13 de noviembre, se desató una avalancha de lodo que sepultó el pueblo de Armero y lo borró del mapa. 25 mil personas murieron en el cataclismo, entre ellas la niña Omayra Sánchez, y sus ojos grandes y castaños quedaron grabados en la memoria colectiva de toda la nación. 

La tragedia de Armero rebosó los límites, porque el volcán llevaba 140 años en estado durmiente y que hubiera estallado a la semana de la carnicería del Palacio de Justicia, llevó a que mucha gente se preguntara si tanta desgracia no sería un castigo de Dios. Esa semana fue una de las peores de nuestra historia, y por eso la llamo la Gran Decepción, porque el país sufrió una desilusión profunda con sus ídolos de cabecera, y al final quedó una sensación de orfandad y naufragio nacional. Esa semana perdimos la inocencia, porque los defensores de la izquierda tuvieron que aceptar que sus paladines de la guerrilla habían actuado como asesinos a sueldo, y los defensores de la derecha tuvieron que aceptar que sus héroes de las FF. AA. habían actuado como carniceros, y los defensores de la democracia tuvieron que aceptar que sus líderes en el Gobierno civil no habían servido para nada, y los creyentes en Dios tuvieron que aceptar que Su voluntad parecía inescrutable. 

Como digo, han pasado desde entonces 41 años exactos. Y aún no lo hemos superado. 

@JuanCarBotero 

"Enterraremos a Carlos Pizarro en paz", le ordenó Antonio Navarro Wolff el 26 de abril de 1990 al antiguo M-19, que estaba enfurecido por el asesinato de su candidato presidencial, Carlos Pizarro, quien poco antes, el 9 de marzo, había firmado la paz con el Gobierno de Virgilio Barco. 

Estaban tan heridos que muchos querían volver a la guerra. Pero la fuerza moral de Navarro los convenció y, así, ese ingeniero sanitario —quien, por convicción, para liberar tiempo y dedicarse al M-19, renunció a la decanatura de ingeniería de la Universidad del Valle, pero siguió siendo profesor de la facultad— le dio un vuelco a la historia y le evitó a Colombia otro baño de sangre. 

Navarro sustituyó a Pizarro como candidato presidencial. En esas elecciones obtuvo 754.740 votos. El nuevo presidente, César Gaviria, lo nombró ministro de Salud. Sin embargo, duró poco porque renunció para ayudar a impulsar el proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente que había tomado fuerza a raíz de la inclusión, en las elecciones de mayo, de la “séptima papeleta,” a través de la cual casi dos millones de colombianos pidieron que se convocara una Constituyente. 

Así, siete meses después, cuando el 9 de diciembre se eligió esa Asamblea, la Alianza Democrática M-19, como fuerza monolítica, obtuvo la primera votación y eligió 19 delegados. El Partido Liberal, en la llamada “operación avispa”, es decir, liberales elegidos de manera dispersa y luego agrupados bajo el paraguas del liberalismo, eligió 25. Y el Movimiento de Salvación Nacional, dirigido entonces por Álvaro Gómez Hurtado, que dos años y medio antes había sido secuestrado y liberado dos meses más tarde por el M-19, obtuvo 11 curules. 

Entonces las distintas fuerzas acordaron que la Constituyente tuviera una dirección colegiada: y Horacio Serpa, por el Partido Liberal; Antonio Navarro, por la Alianza Democrática M-19; y Álvaro Gómez, por el Movimiento de Salvación Nacional, voceros de fuerzas opuestas, presidieron la Asamblea y lograron que, luego de seis meses, se aprobara por consenso la Constitución de 1991 que hoy nos rige y que estableció nuestro Estado social de derecho; constitución que no es otra cosa que un gran pacto de paz acordado entre casi todas las fuerzas políticas. Digo casi todas porque en ese pacto no participaron ni el ELN ni las FARC, que se mantuvieron en la guerra. Pero si hubieran hecho parte de ese proceso, este país hubiera alcanzado entonces la paz completa. 

Después, Navarro fue alcalde cívico de Pasto, reconocido por el diario El Tiempo y el Instituto FES de Liderazgo como el mejor alcalde del país; representante a la Cámara; senador; precandidato presidencial por el Polo Democrático; gobernador de Nariño; dirigente del Partido Verde y aspirante frustrado a la Alcaldía de Bogotá, porque Claudia López le ganó una encuesta, y él no quiso pelear para imponer su punto de vista de que la elección del candidato a la Alcaldía se hiciera mediante una consulta en la que él estaba seguro de que podría ganar. Es que para entonces su hijo Gabriel ya se había suicidado, y ese fue un golpe que lo minó para siempre. Después vino la epidemia de COVID, a raíz de la cual él se vacunó y quedó con una secuela cardíaca. 

Entonces su vida, y sobre todo su ánimo, se fueron apagando. Y el sábado pasado, luego de sufrir una neumonía, tranquilo y de la mano del padre Francisco de Roux, Antonio Navarro se fue en paz. 

Va mi abrazo lleno de solidaridad y respeto para Alejandro, Marcela, Jaime y demás miembros de su familia. 

www.patricialarasalive.com 

@patricialarasa 

Segundo, ese modelo de gobierno de la extrema derecha global y su estilo de apelación —a los que, no olviden, nuestro gobierno adhiere explícitamente— quedaron en cuestión. Recojo aquí una de las mejores frases de la noche del martes, del recién elegido senador texano Talarico: “El odio es aburrido”. Podría ponerse de manera más exacta y menos optimista así: al cabo de un tiempo, el odio aburre. Esa humillación, cobarde e indecente, de los que no pueden responder. Esa retórica exhibicionista basada en que el gobernante puede hacer lo que se le da la gana, porque está rodeado de otros ricos y poderosos. Esa estúpida “batalla cultural” que pudo llamar la atención durante algún tiempo, pero que en esencia sirvió para distraer a la gente mientras le metían la mano en el bolsillo (de nuevo, citando a Talarico). Todo eso termina saturando. Lo mismo pasa con los odiadores profesionales. 

Pues, tercero, esta elección revela que a veces los tercos hechos, la objetividad y la base material triunfan sobre los “paraísos artificiales” construidos por la extrema derecha a punta de narrativa. Lo que mostraron las encuestas una y otra vez es que millones de votantes tomaron sus decisiones basados en dos criterios: el costo de la vida —a su vez, inflado por la aventura imperialista de Trump en Irán— y la corrupción rampante en la Casa Blanca. El proyecto de Trump no solamente fue gobernar sin restricciones legales o éticas, sino impulsar globalmente a gente que quisiera y pudiera hacerlo. Pero ahora habrá un abismo entre estos discípulos amados y distintos tomadores de decisiones en Washington dotados de otra visión. Tal vez no sea descabellado esperar que la clase política de Epstein, las atrocidades cometidas por los Estados Unidos (piensen en las ejecuciones extrajudiciales de lancheros en el Caribe), las relaciones non sanctas de aquellos discípulos, comiencen a ser miradas con lupa. No necesariamente porque se consideren un mal en sí, sino por sus efectos deletéreos sobre el lugar de los Estados Unidos en el mundo. 

Cuarto y último: cada derrota de la extrema derecha, y sobre todo una tan aparatosa y en el epicentro del fenómeno, tendría que ser una escuela para aprender sistemáticamente cómo se obtiene ese resultado (naturalmente, no extrayendo fórmulas sino ideas). Los dos puntos fuertes que más me llamaron la atención de los demócratas en esta ocasión fueron los siguientes. Primero, una gran diversidad en sus candidaturas, que les permitió hablarle a un país plural en sus dolores y demandas, aunque unificado en su rechazo al trumpismo. Segundo, la capacidad de conversar con, a veces desde, diferentes formas de religiosidad. ¡Ojo con esto! No el rechazo agresivo y mecánico de la manera en que la gente vive su fe, sino la búsqueda paciente de una forma de apelar a ella. Cierto: estas virtudes podrían convertirse en un bumerán, pero eso es tema para preocupaciones y columnas futuras. 

Hay una cualidad humana que es difícil saber convertir en cambios trascendentales de nuestro entendimiento de la realidad. Saber observar implica un montón de características: comodidad con el silencio, capacidad de pausar en medio del caos y la inercia del día a día, resignificar las palabras que usamos para narrarnos el mundo que nos rodea. Por eso, una persona como Julio Carrizosa Umaña, quien nos dejó esta semana a sus 91 años, fue tan influyente en la historia de Colombia. Tuvo la delicadeza de observar el mundo que nos rodea, identificar las innumerables relaciones que hay entre los humanos y el entorno, y proponernos una nueva manera de entendernos. Su legado en el ambientalismo colombiano, en la construcción de nuestra institucionalidad y en la protección del futuro de todos es inspiración para una lucha que es cada vez más urgente.

Podemos, por supuesto, hablar de Carrizosa Umaña, quien fue durante varios años columnista de El Espectador, a partir de sus diplomas. Ingeniero civil, con especialización en cartografía y fotometría, con maestría en administración pública y otra en economía, hizo de todo: dirigió el Catastro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), fue esencial en el Comité Académico del Foro Nacional Ambiental que creó 17 parques naturales nacionales, seis santuarios de flora y fauna y el primer Código de Recursos Naturales del mundo. También recorrió entidades internacionales, como la Cepal, el BID y la OEA, y se entregó a la enseñanza, siendo decano de la Facultad de Economía de la Universidad de América y entre 1971 y 1978 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sin embargo, una hoja de vida tan celebrada no es suficiente para explicar el impacto que tuvo en tantos colombianos.

En cambio, la última columna que escribió para El Espectador, hace seis años, sí nos da una puerta de entrada a la importancia de su capacidad de observar. ¿Se puede hablar de buen vivir en Colombia? Esa fue la pregunta que lo convocó, reconociendo que hay quienes se burlan de si quiera hablar de bienestar en medio de un país con tantas heridas abiertas y una violencia que no cesa. No obstante, nos presta sus ojos, y los de Alegría Fonseca, otra pionera del ambientalismo en nuestro país, para ver más allá de lo obvio. “Alegría Fonseca y yo”, escribió, “en nuestro reciente recorrido por algunos municipios de la Boyacá compleja, encontramos (...) pequeñas comunidades que dicen ser felices sin tener mayor contacto con la riqueza o la sociedad de consumo y muy alejadas ya de las controversias armadas. Sitios bellísimos en donde los homicidios han desaparecido, a pesar de que la productividad no ha aumentado y tampoco se ha logrado la revolución”.

De esa observación, Carrizosa Umaña nos planteaba un reto que es, al mismo tiempo, una apuesta por la esperanza: “Hablo de la posibilidad de la felicidad en un país pobre e injusto, y llego a la conclusión de que el buen vivir puede encontrarse en el camino de su búsqueda, aun cuando no se haya logrado en la totalidad”. Por eso, “el concepto de buen vivir, surgido del pensamiento indigenista de Ecuador y Bolivia, tiene atractivos y ventajas indudables, (....) incluye el cuidado y la protección del planeta, y está fundamentado en las experiencias comunitarias y familiares de muchos latinoamericanos. Incluso, experiencias colectivas como las de Costa Rica y Uruguay podrían asemejarse a situaciones de buen vivir; gentes viviendo cercanas a la felicidad sin ser violentas ni adineradas”.

Carrizosa Umaña nos invitó a abrir los ojos y a entendernos como parte de un ecosistema complejo; nos propuso la idea de que se puede vivir bien sin la destrucción del consumismo poco reflexivo. Después de su muerte, el reto sigue abierto y sus palabras seguirán siendo guía para seguir construyendo el país sostenible que deseamos.

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Francia está ardiendo y su juventud va a la vanguardia. París no ha sido una fiesta en estas semanas cercanas al fin del año. Lo grave es que allá sí saben cómo organizar protestas que luego arrastran multitudes enardecidas. Ese país es una especie de termómetro que mide el descontento, el cual luego se transforma en movilización internacional. 

Parece que la palabra revolución haya sido inventada por los jóvenes galos y que sucesivas generaciones hubieran mantenido el fuego que viene desde cuando cayeron las cabezas de los burgueses. Su himno nacional celebra que cesa la tiranía y que su estandarte es batido por batallones de ciudadanos. Marchemos, marchemos que una sangre impura riegue nuestros campos. 

Cada vez que el descontento habla y canta en francés, la humanidad comprende que las cosas no pueden seguir iguales. Claro que este mundo ya no es una aldea, y sus habitantes son complejos y diversos como nunca antes. Pero los recientes jaleos de los muchachos galos han dado de qué hablar en el resto del planeta. 

Curiosamente, nuestro país se ha manifestado por causas que no obedecen a la tradición de los abuelos. Hoy los temas culturales aquí han levantado las protestas y han movilizado a sectores bien definidos que tienen sus motivos y sus propias maneras de hacerse sentir. 

El desmonte de cuadros y obras de arte que ya habían sido entronizadas en museos y galerías ha impulsado a simpatizantes que luego se congregan a manera de deudos en defensa de una causa eminentemente espiritual. Profesores y estudiantes se ponen de acuerdo para continuar con sus clases al aire libre, frente a la puerta cerrada del sitio de la profanación.

Sitios destinados al deporte o la recreación cobran nuevo significado al recibir grupos inconformes que se pronuncian con ardor para agitar sus consignas y reclamos. Las gentes hoy no permanecen calladas, saben que una acción colectiva es mirada con atención por las autoridades. 

Así que hoy hay mayor conciencia del poderío del agrupamiento tras un reclamo, y del triunfo de las comunidades cuando por fin resuelven marchar como un solo hombre. Los tiempos de la quietud y la mansedumbre han sido reemplazados por la claridad sobre el poder de los habitantes cuando sienten mancillados sus derechos.

Los gobiernos intentan sofocar el ímpetu de las multitudes mediante la fuerza pública o con ejércitos forrados en uniformes estrafalarios. Estos en ocasiones logran controlar la furia de esas muchedumbres, las cuales entonces se disgregan en pequeños grupos de agitadores que contagian a los transeúntes con la justeza de sus causas. 

De esta manera viral se riega por las calles la palabra revolución, y aquello que sembraron los muchachos franceses recobra su vigencia y sentido. Por eso lo sucedido en el 1.700 no pierde su vigencia ni su fuerza en el siglo actual, a pesar de las mil distracciones virtuales del presente. 

Y por eso las cosas no pueden seguir iguales. Verdad que cada generación de jóvenes se encarga de recargar.

arturoguerreror@gmail.com

Muchos crecimos entre Canticuentos, los cuentos de la abuela y los que les echábamos a nuestros papás para volarnos, de peladitos, a planes que sabíamos que jamás nos autorizarían. Los cuentos alimentaron nuestra imaginación y nos enseñaron a reconocer peligros. De adultos, las historias son más complejas y, en ocasiones, terminan alimentando la desinformación y la desconfianza.

Nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de redes sociales. Libramos guerras con apariencia de invasiones bárbaras entre falsedades y discursos de odio. Ahora el caballito de batalla es «la dichosa inteligencia artificial». Señores, eso llegó para quedarse. No es una moda. Su verdadero alcance dependerá de lo que seamos capaces de construir con ella.

Colombia tiene talento, creatividad y conocimiento. El desafío es convertirlos en productividad, empresas sostenibles y crecimiento económico que beneficie a nuestras comunidades. No basta con celebrar la innovación; necesitamos comprender cómo transforma los oficios, fortalece los negocios y abre mercados.

Durante estos diez años de Madame Papita, hemos recorrido territorios y escuchado a quienes sostienen nuestra comida: campesinos, cocineras, panaderos, transportadores, meseros y emprendedores que insisten incluso cuando las cuentas no cuadran. Hemos aprendido que detrás de cada plato existe una economía que necesita formación, inversión, oportunidades comerciales y condiciones para permanecer.

Una panadería que anticipa su demanda desperdicia menos. Un agricultor que accede a información puede planear mejor sus cosechas. Un restaurante que administra sus compras fortalece su relación con los proveedores. La tecnología puede facilitar estos procesos, pero ninguna herramienta sustituye el conocimiento de quienes trabajan la tierra o transforman sus productos.

Por eso hablar de inteligencia artificial sin hablar de educación es quedarse a mitad del cuento. Necesitamos pensamiento crítico, capacitación accesible y herramientas que lleguen también al campo y a los barrios. De lo contrario, la innovación terminará profundizando las desigualdades que promete superar.

La creatividad se parece a una receta cuidada durante generaciones: conserva memoria, oficio y ese toque secreto que la hace única. La tecnología puede llevarla más lejos, pero son las personas quienes le dan sentido.

Esa relación la entendió Inmov, empresa colombiana que en más de dos décadas evolucionó desde el marketing experiencial hacia la integración de creatividad y tecnología. Su apuesta phygital, que conecta experiencias físicas y digitales, parte de una premisa fundamental: las herramientas amplían las capacidades humanas, no reemplazan el criterio ni las relaciones de confianza.

Su laboratorio creativo generó Foodbol, que conecta fútbol, gastronomía y entretenimiento, y Son de Barrio, que reconoce en los territorios una fuente de identidad y creación. Iniciativas que son el corazón del cambio del país y del crecimiento de los sectores asociados a la cultura. Más que nombres y lanzamientos, aquí hay una conversación sobre nuestra capacidad de crear conocimiento propio y llevarlo a otros mercados. ¿Cómo logramos que esas posibilidades no se queden exclusivamente en las grandes empresas?

En medio de tanta turbulencia, necesitamos insistir en la educación, persistir en nuestros proyectos y construir puentes entre talento, tecnología y territorio. Meterle la ficha a un cambio estructural. No vivir solo de cuentos.

Último hervor: #EsoEsPuroCuento recupera relatos conocidos para ayudarnos a identificar fraudes e intentos de manipulación, eso que llaman ingeniería social. Porque una cosa es echar cuento y otra dejar que nos roben con uno. Busquen la campaña, compártanla y cuéntennos sus propios cuentos. Porque los colombianos crecimos con buenos cuentos. 

@MadamePapita

Georgia, donde la familia de Keisha Lance Bottoms puede rastrear su historia hasta una plantación de Crawfordville, la eligió como la primera mujer negra en gobernar un estado en la historia del país. Nuevo México eligió a Deb Haaland, la primera mujer indígena elegida gobernadora. Texas tendrá en Gina Hinojosa a su primera gobernadora latina, y Ohio, con Amy Acton, a la primera mujer elegida para el cargo. New Hampshire, por su parte, mandará al Senado a Chris Pappas, el primer hombre abiertamente gay elegido para esa cámara. 

El trumpismo prometió devolverle el país a un solo tipo de estadounidense. Los votantes le respondieron con un mapa que se parece mucho más al país real. 

Esa respuesta no salió de la nada. Lo que Colombia vio aquel domingo, Estados Unidos lo vivió durante casi dos años. Trump llevó la palabra invasión a un decreto para expulsar a venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua y metió al país en una guerra con Irán que, según él mismo, duraría semanas. Ya va por ocho meses. Convirtió el odio en método de gobierno y olvidó que los hijos y los vecinos de los señalados también votan. 

Habrá quien diga que la gente votó por el precio de la gasolina y no contra el odio. Puede ser. Pero esa gasolina se encareció por una guerra que eligió el presidente, y un gobierno ocupado en buscar enemigos adentro y afuera termina por descuidar la nevera de la gente. El odio y la factura llegaron juntos. 

Falta ver si estos nombres gobiernan mejor de lo que hicieron campaña. Llegar primero no garantiza buenas decisiones. Lo que sí quedó probado es que el odio, tarde o temprano, también se paga en las urnas. 

Angelo Aponte

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La más reciente investigación de Citizen Lab muestra que la infraestructura de publicidad personalizada, que tenemos tan naturalizada en internet, va mucho más allá de ofrecernos anuncios según nuestros gustos: permite identificarnos y seguirnos, e incluso puede utilizarse para instalar programas espía en nuestros dispositivos sin que hagamos absolutamente nada.

Citizen Lab llamó AdFection a esta técnica. Su investigación revela cómo Discover-Tech, una empresa israelí que se presentaba como proveedora de publicidad digital, aprovechaba ese mercado para localizar dispositivos y facilitar ataques informáticos. Investigó miles de dispositivos y documentó ataques contra al menos 45 vinculados con la agencia de noticias Al Jazeera. Los ataques buscaban instalar en esos dispositivos un software espía capaz de acceder a información privada en los equipos.

Creemos que las redes sociales son el gran monstruo de la vigilancia en internet y, claro, son protagonistas, pero el sistema de publicidad dirigida también lo es.

¿Cómo funciona? Cuando abrimos una página web o aplicación, se realiza, en fracciones de segundo y sin que lo veamos gracias a mecanismos de automatización, una subasta para decidir qué anuncio se mostrará. En este sistema, llamado Real-Time Bidding (RTB), los anunciantes reciben datos sobre el dispositivo y su usuario, que les permite decidir si participan y cuánto ofrecen para alcanzar determinada audiencia.

Citizen Lab encontró que Discover-Tech aprovechaba esas subastas para identificar dispositivos de interés y ganar la oportunidad de enviarles anuncios. Mediante conexiones asociadas con esos anuncios, podía entregar código malicioso al dispositivo que explotaba vulnerabilidades e intentaba instalar spyware sin que la persona hiciera siquiera clic. Estos ataques pueden aprovechar fallas desconocidas para los fabricantes.

¿Cuál es la novedad? Sabíamos que la publicidad digital recopila enormes cantidades de información y que sus identificadores, códigos asignados a cada dispositivo, permiten rastrear la actividad del equipo para mostrar publicidad personalizada. Aunque un identificador no revele directamente nuestro nombre, combinado con datos como direcciones IP y ubicaciones puede servir para identificar o localizar personas. Lo vimos durante la pandemia en Colombia, cuando irresponsablemente se usaron identificadores publicitarios para dirigir mensajes sobre posibles contagios. Ahora Citizen Lab demuestra algo adicional: esa infraestructura no solo sirve para perfilar y localizar, también puede convertirse en vehículo de ataques selectivos de espionaje.

El caso Discover-Tech deja algunas lecciones:

Primera. Los ataques aprovecharon la infraestructura comercial ordinaria de la publicidad, incluso mecanismos europeos de consentimiento -la típica pregunta de si aceptas las cookies de rastreo-. Esto cuestiona la capacidad de las plataformas y sus sistemas de autorregulación para prevenir abusos. Además, en el sistema participan muchos actores: intermediarios publicitarios, plataformas tecnológicas y empresas de vigilancia, lo que dificulta establecer quién conocía los riesgos, quién podía impedirlos y quién responde por los daños.

Segunda. La infraestructura comercial que ya permite perfilar personas con precisión, ahora puede facilitar ataques informáticos dirigidos. Las empresas privadas recopilan, cruzan y comercializan información cuya obtención antes exigía importantes recursos estatales. Las agencias de inteligencia ya compran esos productos para desarrollar capacidades de seguimiento y perfilamiento. En Estados Unidos, la propia comunidad de inteligencia reconoció los riesgos de adquirir información personal comercialmente disponible y adoptó una política para regular esa práctica, que no está exenta de críticas. No hemos resuelto ese tema y Discover-Tech llegó para mostrarnos cómo la publicidad digital lleva esas capacidades a otro nivel: los ataques informáticos selectivos.

Tercera. El control democrático de la vigilancia, que ya era insuficiente, ahora hace aguas. Mientras la discusión sobre vigilancia estatal sigue concentrada en las facultades legales de los organismos de inteligencia, la expansión del mercado privado de datos y los servicios de espionaje plantean desafíos que aún no abordamos. La supervisión debe extenderse como mínimo a los contratos de las agencias, sus compras de información y los servicios tecnológicos de terceros.

El informe no  identifica quién ordenó los ataques. ¿Fueron actores estatales o privados? Esa opacidad, lejos de tranquilizar, plantea preguntas sobre quién controla estas operaciones y responde por sus consecuencias. También necesitamos mecanismos para enfrentar el uso de estas capacidades por actores privados, pues los controles sobre las agencias estatales no tienen ese alcance. 

El 2 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. El caso de Al Jazeera recuerda que la vigilancia digital no afecta únicamente la privacidad de las víctimas. Cuando se dirige contra periodistas, opositores o líderes sociales, compromete también derechos colectivos, como el derecho de la sociedad a recibir información.

Finalmente, el debate sobre publicidad comportamental debe ir más allá de la protección de datos personales e incorporar la seguridad digital, la libertad de expresión, la de asociación y la de participación política. ¿Hasta qué punto es compatible con estos derechos una arquitectura publicitaria que permite identificar, localizar y enviar código malicioso a dispositivos individuales con semejante precisión y escala?

Beethoven, ya completamente sordo cuando la compuso, fue capaz de imaginar una música que supera los límites de la condición humana, en especial cuando invita a todos los hombres a ser hermanos. Al final, cuando las voces entran con el Himno a la alegría de Schiller, es difícil no conmoverse. La paradoja aquí es la de un hombre que ya no podía escuchar al mundo, pero logró crear uno de los momentos sonoros más únicos de toda la música. La Novena no es solo una de las grandes obras de Beethoven, sino un acontecimiento espiritual sin comparación. 

La versión que nos dio el director mexicano fue correcta de tiempos y de contrastes, y la participación de solistas y coro digna de elogiarse. Los solistas fueron colocados en la parte trasera del escenario, delante del coro y eso restó algo a la compenetración con lo que cantaban, pero no impidió que se tratara de una versión más que satisfactoria. Cada vez que escuchamos la sinfonía, vuelve a suceder un milagro.