La decisión llegó después de siete años de una labor de hacer pública nuestra familia. En ella participaron organizaciones de derechos humanos, prensa, celebridades, abogados, amigos, familia y simplemente gente que se acercó a conocernos y aprender que solo queremos tener las mismas protecciones que otras familias en este país. ¡Estamos agradecidas!

Una de las preguntas frecuentes era (y sigue siendo): “Si en el colegio saben que sus hijos tienen dos mamás, ¿no los están exponiendo al matoneo?”.

Nuestra respuesta es siempre la misma: “Nosotras no matoneamos a nuestros hijos. Si sucediera, sería porque sus hijos lo hicieran. Si usted se preocupa por nuestros hijos, por favor, asegúrese de educar a los suyos para que sean respetuosos de la diferencia. Nosotras esperaríamos que el colegio nos apoye en eso”.

Es por esto que el reciente nombramiento de Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación nos preocupa y preocupa a muchas otras familias diversas. La persona que debe velar por el bienestar de nuestros hijos en las instituciones educativas está abiertamente opuesta a la existencia de nuestras familias y tiene un historial de sobreponer sus creencias a la ley y la Constitución.

Señora ministra, ¿está usted dispuesta a educar para la diversidad? ¿Quién nos respaldará cuando la ignorancia y el prejuicio de directivos y estudiantes nos dañen física y emocionalmente? ¿Habrá otro Sergio Urrego durante su administración? ¿Volverán los manuales de convivencia represivos y discriminatorios? ¿Seremos excluidos de la educación sexual y emocional en las aulas? ¿O está usted dispuesta a respetar la Constitución sin la necesidad de demandas y tutelas?

Tener que entutelar y demandar para que se respeten las leyes que nos protegen no es igualdad, no es respeto y no es justicia.

Y un siglo lleva la potencia del Norte incursionando en su “patio trasero”, con la complacencia de dictadores supérstites que se suman por una mordida a campañas de pánico contra el comunismo, contra el narcoterrorismo —que incluye a todo librepensador—, contra la diversidad sexual, contra el ateísmo, contra los “antifa” (antifascistas); eficacísimos señuelos que barnizan el negocio. Que el chavismo terminara al servicio del imperio es la excepción que confirma la regla. Pero al primer amago levantisco, caerá Rodríguez en desgracia. Entre tanto, bien afirmados quedan los pilares del modelo: usurpación de la riqueza venezolana y, en Colombia y Ecuador, acción militar conjunta en el suelo patrio, consistente con el Escudo de las Américas. Y el lazo que los une: la ofensiva en ciernes de nuestro gobierno contra el ELN servirá al negocio de Trump en el país vecino, pues el grupo armado merodea aquellos campos de petróleo.

En humillante suplantación de nuestro presidente, fue el secretario de Guerra de EE. UU. quien anunció operaciones de ambos ejércitos en territorio de Colombia contra el narcoterrorismo. Aunque la presencia o tránsito de tropas extranjeras en el país depende del Senado, la acción marcha rauda en terreno: esta semana vino el jefe del Comando Sur de EE. UU., el general Donovan, para lanzar la cooperación militar acordada con Colombia. Hay ya agenda conjunta. Se instalarán en Tumaco radares para detectar embarcaciones de supuestos narcotraficantes, y atacar. Van a la fecha 227 ejecuciones extrajudiciales. Pero la vigilancia marítima escala a acción militar tripartita de EE. UU., Colombia, Ecuador y, con el arribo de Marco Rubio, quizá también Perú. El Escudo de las Américas no es una sigla pintada en la pared.

Acciones poco románticas, pero vendidas por el discurso apocalíptico de los elegidos de Dios. Su propaganda, viejo pastiche de la espada y la cruz, gradúa de comunista a todo el que no rime con los negocios de Trump. Stephen Miller exclama: “¡Somos la tormenta! Prevaleceremos sobre las fuerzas del mal… el comunismo es el enemigo… La luz vencerá a las tinieblas [porque] estamos del lado de Dios”. Marco Rubio propuso el 16 de julio una alianza internacional “contra el resurgimiento del terrorismo de izquierda (anarquistas y antifascistas incluidos); hay que neutralizarlos…”. Y Trump aclaró el significado de neutralizar: “Si les hacen daño a los estadounidenses, los matamos”.

La dramática cesión de soberanía de Venezuela responde a la estrategia de seguridad de EE. UU. 2025, al renacimiento de la doctrina Monroe: “América para los americanos”. Para Clara López Obregón, el nuevo orden mundial se disputa en América. “Sin igualdad soberana entre países —escribe—, el multilateralismo se vacía; sin derechos humanos ni control civil, la seguridad degenera en represión; y cuando las relaciones internacionales se organizan en zonas de influencia, la paz corre el riesgo de convertirse en obediencia […]. La seguridad no puede volver a ser el nombre amable de la guerra. Enfrentar el crimen organizado exige cooperación judicial, policial y financiera, pero siempre dentro del Estado de derecho, el control civil y el respeto de los derechos humanos”. Dijéramos que nunca más bajo la figura de “banana republic”.

cristinadelatorre.com.co

El uso de químicos para destruir plantaciones de coca mediante la aspersión aérea tuvo como propósito disminuir la producción de cocaína en el país a través de la reducción de su principal insumo. Un balance hecho 21 años después mostró que los resultados obtenidos no fueron los esperados por varias razones: (i) porque surgieron evidencias sólidas que señalan al glifosato como potencialmente cancerígeno; (ii) porque los cultivadores movieron sus sembrados hacia zonas protegidas por el Estado como los parques naturales, los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como a la frontera con países que —como Ecuador— nos venció en un pleito judicial derivado del uso de esa sustancia; (iii) porque los grupos delincuenciales recurrieron a variedades que, al dar más cosechas anuales y generar mayor cantidad de materia prima, les permitía compensar sobradamente las pérdidas derivadas de las erradicaciones forzosas; y (iv) porque hay muchas familias dispuestas a sembrar coca como una forma de conseguir ingresos que no obtienen mediante el desarrollo de labores lícitas, y que son conscientes de que difícilmente serán llevadas a la cárcel dada la inviabilidad de perseguirlos judicialmente. Es esa situación la que en la práctica termina por poner a disposición de las organizaciones ilegales miles de hectáreas y personas dispuestas a colaborarles.

El anuncio gubernamental de retomar la fumigación recurriendo a fluidos inofensivos para los seres humanos, los animales y el medio ambiente resuelve solo el primero de los problemas mencionados. La solución del segundo es un poco más engorrosa, porque requiere la realización de consultas previas con las comunidades potencialmente afectadas y con los gobiernos de los países vecinos; del mantenimiento de unas relaciones diplomáticas más fluidas con ellos, y del respeto a las culturas que ancestralmente utilizan la hoja de coca depende que se pueda superar este segundo escollo. La tercera cuestión, al ser operativa, parece más sencilla de lo que es: dado que cada vez necesitan menos plantas para elaborar las mismas cantidades de alcaloide, la reducción del número de matas no parece que pueda afectar sustancialmente el negocio de los narcotraficantes, como lo ponen de presente las cifras de Naciones Unidas que muestran el constante aumento de su productividad.

La cuarta dificultad es, paradójicamente, la que más esfuerzos y dedicación requiere de parte de los gobiernos, pero la que tiene un mejor pronóstico de manejo a mediano y largo plazo. Si el Estado avanzara de manera consistente en programas de sustitución que no se limiten a cambiar plantíos ilícitos por lícitos, sino que ofrezcan apoyo a los campesinos tanto para desempeñar sus actividades agrícolas como en la fase de distribución de sus mercancías (a precios sostenibles), y si consolidara su presencia en esas regiones llevando servicios fundamentales a quienes allí viven, se les quitaría un soporte muy importante a esas bandas criminales porque dejarían de tener a su disposición centenares de personas que hoy ven en esa ocupación una alternativa viable de subsistencia.

En síntesis, retornar a la aspersión aérea mediante el uso de sustancias no tóxicas es factible desde el punto de vista jurídico con solo acatar las exigencias legales y jurisprudenciales; también puede llegar a ser una herramienta útil en el propósito de afectar a los grupos narcotraficantes, si lleva a la disminución de las plantaciones que constituyen la materia prima para la fabricación de cocaína. Pero no se puede perder de vista que se trata de un mecanismo claramente insuficiente, que debe ser complementado con el rediseño y puesta en práctica de un sistema sostenido de sustitución integral de cultivos de uso ilícito.

Viendo las imágenes de propaganda con cadáveres, recordé un cuento del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura: “Cadáveres para la publicidad”. “Su gobierno, Coronel, anúncielo con cadáveres… ¡Corpses!… ¡Corpses!… Mejor en inglés que en español, entre ametralladoras y silencio, como picotazo o graznido de ave negra, funeral, que se alimenta de carne de muerto”.

El presidente, que es un muñeco de ventrílocuo de otro muñeco llamado Donald Trump (que ya pateó a la arrodillada María Corina de Venezuela), tal vez, en esa acción deleznable, quería parecerse a Nayib Bukele, a quien imita. Interesaba solo el “golpe de opinión”, el deseo de transmitir una imagen de “mano dura”, que, por otra parte, rememoró (a modo de presagio) los funestos días de los “falsos positivos” como parte de la denominada “seguridad democrática”.

“Su excelencia va a emplear un arma de que no hicieron uso los nazis, porque no les dimos tiempo. ¡La más espectacular propaganda a base de cadáveres!”, se lee en el cuento de Asturias. El periodista peruano Jaime Bayly, que había calificado a De la Espriella como “exhibicionista, frívolo y envanecido” por los besitos que lanzaba en el desastre del terremoto, cuestionó la actitud irrespetuosa del mandatario, que actuaba como un “señor de las moscas”.

Bayly, ácido y directo, dijo que el presidente colombiano “va por mal camino” y calificó de “repugnante” la actitud de Abelardo. “Poco le faltó para escupir” sobre los cuerpos exangües, agregó. Ahí recordamos, para seguir con literatura, una novela de Boris Vian: Escupiré sobre vuestras tumbas. El periodista prosiguió: “No era necesario que hiciera esa demostración necrófila” para establecer paradigmas como la “autoridad del Estado”.

Parece que, en otro sentido, al presidente colombiano, de nacionalidad estadounidense, poco o nada le interesa la soberanía nacional. Es un mandadero de Trump y compañía. Y en tal aspecto, calca lo que, por ejemplo, hace el mandatario gringo —que quiere tomarse a la fuerza o como sea toda Latinoamérica— en cuanto a los ataques a lanchas de presuntos narcotraficantes. Y todo lo que el acólito criollo hace tiene que ver con la sumisión y obediencia al patrón yanqui.

Otros cuestionamientos a De la Espriella en su actuación propagandística con cadáveres se refiere a una suerte de happening caricaturesco. Así lo vio Adam Isacson, director de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos, con sede en Washington: “como en la lucha libre profesional, [el presidente colombiano] apeló a los instintos más bajos de las personas”. Además, en ese burlesco pasearse entre muertos se configuran atentados contra el Derecho Internacional Humanitario.

Hubo una instrumentalización propagandística de la muerte al utilizar cuerpos de personas caídas en combate como un trofeo o herramienta de “comunicación política” oficial. También se ha configurado, según otros analistas, un escenario de “necropolítica” y “espectacularización” con los muertos, que despoja de toda dignidad el tratamiento de los cuerpos. Lo de Abelardo, tan ramplón y vitrinero, no se podría comparar con lo que le sucede al cadáver de Héctor en manos de Aquiles, en la Ilíada.

El Convenio de Ginebra y sus Protocolos Adicionales “prohíben taxativamente los ultrajes contra la dignidad personal. La norma internacional consagra que un combatiente muerto sigue siendo una persona protegida en cuanto a su derecho a recibir un trato digno”. No hubo ninguna dignidad en la exhibición pedestre y la desafiante actuación presidencial con el reguero de cadáveres embolsados.

También se ha establecido, como signo de civilización y alcance del derecho internacional, que los Estados y las partes en conflicto están obligados a buscar, recoger, identificar y disponer de los restos mortales con respeto, “impidiendo su deshonra, pillaje o mutilación, y asegurando que las familias puedan conocer el destino de sus allegados de forma ética y privada”.

Para volver a la literatura, en la tragedia Antígona, de Sófocles, el respeto a los cadáveres simboliza el conflicto supremo entre la ley divina y la ley humana. Antígona desafía al rey Creonte y su arbitrario decreto de prohibir enterrar a Polinices en un sepulcro digno. Para los griegos de la antigüedad, un cadáver representaba un límite sagrado, una dignidad universal, que ningún reyezuelo o gobernante podía quebrantar por razones políticas.

Claro. Aquí estamos en un país donde hay un presidente, pelele de los Estados Unidos, que busca convertir en espectáculo de tercera, bufo y circense, una acción estatal. Una grosería, además de tamaña arbitrariedad, es la que cometió el autodenominado Tigre. Huele mal el “señor de las moscas”.

Los primeros días fueron de aturdimiento. No puede ser que todavía haya 122 desaparecidos. No puede ser que 331 personas hayan muerto. No puede ser que tengamos más de 200.000 viviendas averiadas y 36.000 destruidas. No puede ser que tantos comerciantes estén sin poder abrir sus locales. No puede ser que los niños asistan, otra vez, a clases virtuales. No puede ser que el edificio de la universidad en la que estudié y trabajo esté evacuado. No puede ser que haya sido necesario aplazar las ferias del libro de Armenia, Pereira y Manizales. No puede ser que a mi amiga Liliana Cardona la hayan botado de su trabajo en Pereira cuatro días después del terremoto. No puede ser que la librería Libélula haya abandonado su local de dos décadas en Manizales, debido a las grietas.

“No puede ser”, dijimos muchas veces. Los sicólogos enseñan que la primera etapa del duelo es la negación y “no puede ser” fue la respuesta a tantas historias singulares, porque cada habitante de esta región está viviendo réplicas internas de su propio terremoto.

Pero pasados los días, el “no puede ser” está siendo reemplazado por “el pueblo salva al pueblo”. Haciendo reportería para Barequeo, el medio que codirijo en Manizales con dos amigos, escuchamos en el barrio San José al líder comunitario Jorge Omar Rodríguez: “Aquí no se sale adelante esperando plata de los gobiernos extranjeros o locales. Aquí se sale adelante con mucha berraquera, en comunidad, y acompañándonos unos a otros”.

El paisaje local de estos días incluye ollas comunitarias, bazares en carpas para restaurantes, emprendedores y comerciantes que perdieron sus negocios, y gente que publica estados en WhatsApp o historias en Instagram en las que piden 12 tejas para ayudarle a una familia, sumarse a una vaca para comprar bultos de cemento, contacto con algún ingeniero que revise gratis una casa. Pura solidaridad colectiva. Si los subsidios llegan algún día, bienvenidos, pero acá nadie está manicruzado esperándolos, cuando se sabe que con tanta teja rota cualquier aguacero daña lo que el terremoto no destruyó.

Pasar del aturdimiento a la acción colectiva es lo que nos está salvando del terremoto del 10 de agosto y es lo que nos puede salvar del terremoto que empezó el 7 de agosto. Este gobierno tiene aturdidos no solo a quienes no votamos por él sino a muchos que lo votaron esperando que no cumpliera lo que prometió. No puede ser que el presidente camine entre cadáveres. No puede ser que se burlen del Estado laico. No puede ser que silencien las emisoras de paz. No puede ser que desnombren a alguien por ser gay. No puede ser que gremios y medios obedezcan si les piden cortar cabezas.

El terremoto del 10 del agosto estamos superándolo gracias a la acción colectiva. Necesitamos salir del aturdimiento y la negación (la ridiculez de decir que Petro no es “expresidente”, o el inane gabinete en la sombra) para poder resistir este cataclismo democrático.

Las gentes negras han completado cuatrocientos años de batallar por sus culturas. Como parte de esa resistencia, el 26 de agosto de 2026, más de 200 firmantes le dirigieron una carta al presidente Abelardo de la Espriella para para recordarle que tiene el deber de conformar la Comisión de Estudios para la formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 2026 – 2030. El presidente aún no ha respondido una comunicación que enumera los artículos de la Ley 70 de 1993 que obligan a crear ese equipo. La que se conoce como ley de negritudes materializó el artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991, el cual legitimó los derechos culturales, políticos y territoriales de tales pueblos. Los firmantes indican que el ideal sería que el plan de desarrollo de esas comunidades estuviera listo para que el gobierno nacional lo incorporara a su Plan Nacional de Desarrollo y de ahí lo presentara al CONPES y al Consejo Nacional de Planeación. Insisten en que candidatos y candidatas deben demostrar que defienden el derecho al desarrollo autónomo, la preservación del medio ambiente en sus territorios colectivos, mediante economías sostenibles que partan de las prácticas tradicionales de producción. Debido a que el departamento del Chocó, Buenaventura y los municipios aledaños al puerto, así como el sur de Valle figuraron entre los territorios más afectados por el terremoto del 10 de agosto, sostienen que la selección de aspirantes tendría que ser aún más exigente. Sin embargo, no son ingenuos: evidencian que los desnombramientos de funcionarios atestiguan que la lealtad con los defensores de la patria y la adhesión a la moral conservadora priman sobre el estudio de méritos.

Un equipo escogido apelando a la ortodoxia evangélica reforzaría la prioridad difundida desde Washington acerca del fortalecimiento de la civilización occidental. Con gusto ese grupo apoyaría la falta de voluntad que han exhibido nuestros políticos para la implementación plena de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La introdujo la ley mencionada como estrategia contra el racismo y el ocultamiento de las contribuciones de los pueblos de ascendencia africana a la formación nacional. Dio origen a grupos excepcionales de maestras, maestros, gente de la academia y gestores e innovadores culturales que han completado 30 años de compromiso con la revolución educativa que gira alrededor de las memorias de África. Ahora más que nunca, dentro de sus ámbitos de creación, esas gentes inusuales persistirán en hacer visible lo que ese continente le ha legado a la civilización occidental en una espiritualidad especialmente respetuosa de los antepasados o en las estéticas musicales y plásticas. No dejarán de remarcar que el imperio español fue posible por el trabajo esclavizado de mujeres y hombres africanos en minas de oro, plantaciones de caña y de pastos para la ganadería. Reivindicarán la dedicación con la cual las amas de leche negras eximieron de la crianza a las madres blancas. Ensalzarán a los bogas que con sus champanes subían por el río Magdalena pianos, muebles, libros, sedas y perfumes. No dejarán de referirse a capataces letrados quizás de origen Ashanti que llevaban la contabilidad en entables mineros porque sus amos eran iletrados. Occidente no ha florecido en el vacío, sino en contextos de violencia y abuso que esos adversarios de la patria milagro no estarán dispuestos a pasar por alto.

*Jaime Arocha es doctor en antropología cultural y miembro fundador del Grupo de estudios afrocolombianos de la Universidad Nacional.

En el momento en que escribo estas líneas, todo parece indicar que María Corina Machado está preparando su regreso a Venezuela. Ha dicho varias veces que volverá “muy pronto”. Esta vez, sin embargo, el regreso parece más cercano. Y es urgente que ocurra. De hecho, el tiempo empieza a jugar en su contra. Mientras Machado permanece fuera del país, Delcy Rodríguez gobierna, firma acuerdos, recibe funcionarios estadounidenses, negocia con empresas internacionales y consolida su relación con Washington. Más preocupante todavía es que está avanzando un proceso de negociación entre el chavismo y sectores de la oposición, auspiciado por Estados Unidos, del cual Machado está excluida. Poco a poco se está construyendo una nueva normalidad venezolana sin ella. Por eso Machado tiene que regresar.

Pero regresar no basta. Una vez en Venezuela, debería dejar de limitarse a ser líder de la oposición y comenzar a actuar como líder nacional. Tendría que buscar a quienes piensan distinto. Tendría que recorrer nuevamente el país, escuchar, reconstruir alianzas y convertir la demanda de elecciones en una pregunta sencilla que Delcy Rodríguez y Washington tengan dificultades para esquivar: ¿cuándo votamos? Además, el regreso representa para Machado una oportunidad de recuperar algo que ha comprometido peligrosamente durante estos meses, es decir, su autonomía frente a Washington. Estados Unidos puede ser un aliado fundamental de la democracia venezolana, pero no su tutor. Los intereses de Washington y los de los venezolanos pueden coincidir, pero no necesariamente son los mismos.

Fuentes periodísticas afirman que la Casa Blanca quiere que Machado pase por Washington antes de regresar a Venezuela. Todavía no hay confirmación oficial ni fecha para ese encuentro. Si Trump se lo pide, creo que debería aceptarlo. Sería absurdo romper innecesariamente con el actor internacional que hoy tiene la mayor capacidad para influir sobre Venezuela. Pero tendría que ser una reunión diferente. Porque Machado ya invirtió demasiado capital político en cultivar a Trump. Una nueva fotografía en la Casa Blanca, marcada por elogios desmesurados, agradecimientos y gestos de subordinación, reforzaría precisamente aquello que ahora necesita dejar atrás.

La Machado también debería decirle algo incómodo a la administración de Washington y es que ningún acuerdo económico, por extraordinario que sea, puede sustituir la legitimidad democrática. Trump y Delcy coinciden ahora en que Venezuela todavía no está preparada para las elecciones. Machado debería preguntarles: ¿quién decide cuándo un pueblo está preparado para votar? Regresar puede ser el acto político más importante de su carrera, pero solo si entiende que no puede volver a ser la misma María Corina que salió. Tiene que regresar más independiente de Washington, más abierta hacia quienes no pertenecen a su sector y con una causa que trascienda su propia llegada al poder. No debería regresar para que le entreguen el poder, sino para que a los venezolanos les devuelvan el poder de elegir.

Juan Lizarazo Castro es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital con varias especializaciones en el exterior. Durante 25 años trabajó en Telecom y en esa empresa estatal tuvo la fortuna (o la mala fortuna) de haber sido enviado por el gobierno para instalar el llamado “teléfono rojo” que dio tanto de que hablar en los años ochenta y que pretendía comunicar la que era la sede de las FARC con el Palacio Presidencial en la época del gobierno de Belisario Betancur. Hubo preparativos de varios meses para realizar esa misión a fin de que se hiciera realidad, con las debidas precauciones para que no fracasara. Finalmente, a comienzos de 1986, el trabajo comenzó. Tomaron un helicóptero en Villavicencio para aterrizar en el aeropuerto de la Uribe y, conducidos por Braulio Herrera —viejo guerrillero que había sido parlamentario—, se adentraron en las entrañas de la cordillera oriental. Llegaron a un pequeño pero notorio escarpado situado en una planada en la cima de la montaña. Allí estaba Casa Verde, en donde por años vivió Tirofijo.

Ya con sus años de jubilación, Lizarazo ha escrito esta como muchas otras de sus historias vividas y las ha publicado bajo el título Antes de que el silencio hablara (Ediciones Diseño Editorial). Todas muy interesantes. En la que nos ocupa, relata que, pasados cuatro días y con la diligente ayuda de cinco hombres asignados por el jefe guerrillero, pusieron en funcionamiento un panel solar de cuatro metros cuadrados y un banco de baterías de 200 amperios para suministrar la energía al equipo de radio de HP con audio encriptado y una antena horizontal. Se operaría sobre una improvisada mesa de noche al lado de una modesta cama en donde dormía el comandante de las FARC, frente a la ventana de su habitación.

¡Misión cumplida! El problema fue el regreso. No lograban coordinarlo. En Casa Verde, donde hasta un payaso se moría de tristeza —lo digo yo que, como miembro de una Comisión de Paz del gobierno Betancur, estuve un par de veces en el lugar—, Lizarazo debió esperar hasta finales de enero para que le enviaran un helicóptero. Debió ser muy paz… ciente.

A María Gómez Lara su mamá le enseñó a escribir en la arena. Quizá por eso no recuerda un solo momento de su vida en el que la poesía no haya estado presente. María se toma el tiempo necesario hasta encontrar la palabra precisa, la que suene como tiene que sonar, la que diga lo que deba decir. Sin afán, sin inmediatez. Cada palabra nació para ser cantada y contada de una manera especial, con una voz propia, con un sentido que no se remplaza por otro; María lo sabe y lo ejerce como una consigna de vida.

María es hija de una Quijota que en todo lo que hace y escribe, en cada columna, línea editorial o entrevista honra la valentía y la independencia del periodismo bien hecho; y de un hombre que vivió en inquilinatos de Bogotá, pagó con su primer sueldo la lápida de su madre, y fue ministro y fiscal y es uno de los juristas más importantes que ha tenido Colombia. Él -el papá de María- es hijo de un sastre negro y de una mujer blanca de trenzas largas y ojos verdes. “En el pueblo la gente no entendía y le aconsejaban bañar a los niños en leche para que se blanquearan”.

Es toda una lección leer el alma de María; en su gesto cuando se ríe, en los ojos que le brillan al hablar de su abuelo que tocaba tiple, guitarra y bandola. María lee su historia convertida en poesía, y su voz se vuelve música, es canto, es -entre telones y entre la sangre- ritmo de tambores; es el ruido de las cadenas que hace cientos de años esclavizaron a hombres y mujeres que traían del África en los barcos de la infamia, y es -sobre todo- no una clave de sol sino una clave de libertad de quienes no se dieron por vencidos.

En las páginas de María está la huella de generaciones que fueron maltratadas a éste y al otro lado del mar. Está la denuncia por esa maldad transnacional, esa odiosa demostración de ignorancia, esa estúpida violencia estructural llamada racismo; uno de los más grandes y prolongados crímenes de los que la humanidad siempre deberá sentirse avergonzada y ni el tiempo ni el futuro alcanzarán para pedir suficiente perdón.

“La Historia de mi piel” es un libro de investigación y narraciones vueltas poesía. Es un libro sobre el dolor de la discriminación, sobre la injusticia y el rechazo, sobre la fortaleza para no dejarse vencer. Es un testimonio de todas las memorias que guarda el cuerpo, un relato de naufragios y de sobrevivientes. Y es también la alegría de una mujer muy joven que al llegar a España, antes de buscar dónde vivir, buscó dónde bailar. Es su voz y la de otros y otras que aprendieron a resistir, a no hundirse ni en el mar ni en la discriminación, a izar las palabras como quien levanta banderas, y a contar el pasado, la memoria propia y la de los padres y los abuelos. Es el canto de las raíces, de los turbantes de colores, del closet en el que “no hay nada normal”.

En “La historia de mi piel”, María habla del colonialismo (¿qué carajos celebramos el 12 de octubre?), de las despedidas y las rupturas. Sus libros y su vida son fortaleza para resistir, para no ahogarse, para resucitar después de cualquier herida, para -siempre- volver a encontrar las palabras… incluso para imaginar gardenias como escudos contra la tristeza.

María sufre por las mujeres encerradas (las de antes y las de ahora) y les presta su tesoro, sus palabras, y abraza desde su poesía a cada mujer esclavizada y conecta historias, ataduras y emancipaciones para que ninguna mujer sea invisible y ningún dolor pase desapercibido.

Les propongo encontrarnos este miércoles 9 a las 6 p.m. en Ficciones (bar de libros en Bogotá) con María Gómez Lara, con su fortaleza, su ternura y libertad.

Gloria.arias2404@gmail.com

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional y veterano de la Armada Nacional, radicó el 25 de agosto un proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 219 de la Constitución para permitir que los miembros activos de la Fuerza Pública voten en elecciones presidenciales y de Congreso. El senador ha insistido en un punto: la reforma “solo permite el sufragio”, no autoriza proselitismo político dentro de los cuarteles ni habilita a los uniformados para ser candidatos. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe surtir ocho debates en Senado y Cámara antes de poder convertirse en norma.

Y aquí va mi primera obligación con ustedes, que es de fondo: contrario a lo que algunos titulares han sugerido; la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre esta reforma, porque todavía no hay nada que pronunciar. Lo que hoy existe es un proyecto recién radicado, no una ley, no un acto legislativo aprobado, y mucho menos una sentencia. Si el Congreso lo tramita y lo aprueba —algo que en cuatro intentos anteriores (2021, 2022, 2023 y 2025) no ha logrado—, solo entonces la Corte entraría a revisarlo, y ese control se concentra normalmente en los vicios de procedimiento de la reforma, no en un juicio de fondo sobre si es sabio o no darle el voto a la Fuerza Pública. Ese juicio de fondo —el que de verdad importa— lo está haciendo hoy el Congreso, y lo debemos hacer también nosotros, los ciudadanos, antes de que se vuelva norma y ya no haya nada que discutir.

Lo que no nos están contando…

El argumento de campaña de esta reforma es impecable en apariencia: “solo se vota, no se hace política”. Pero ese argumento se ha repetido, casi palabra por palabra, en cada uno de los últimos cuatro intentos, y en cada uno de ellos el propio Congreso —no una corte, no una ONG, el Congreso— concluyó que la línea entre “votar” y “deliberar” es imposible de vigilar dentro de una institución jerárquica, armada y con mando de línea. No es un prejuicio contra los uniformados: es el reconocimiento honesto de que un soldado que vota no lo hace en el vacío, lo hace dentro de una cadena de mando que puede —así sea de manera silenciosa, sin una orden explícita— orientar ese voto. Nadie puede garantizar, ni con la mejor de las intenciones legislativas, que ese silencio no exista.

Tampoco nos están contando que el veto al voto militar en Colombia no nació de una ocurrencia: viene de 1930, se ratificó en la Constitución de 1991, y responde a una lección aprendida con sangre en toda América Latina, la nuestra incluida: cuando las armas del Estado entran en la disputa electoral, la democracia pierde árbitro neutral. El artículo 219 no es un capricho histórico que haya que “modernizar”; es una de las columnas que sostiene que en Colombia el poder político se disputa con votos de civiles y se defiende, sin bando, con las armas de todos.

Aquí no hay una mentira que desmontar —el senador Rodríguez ha sido claro y consistente en lo que propone—, pero sí hay una tensión que la reforma no resuelve y que se repite de proyecto en proyecto: se promete que el uniformado votará “en su fuero íntimo”, pero no se explica cómo se va a verificar, en la práctica, dentro de un batallón o una estación de policía, que ese voto fue realmente libre de la influencia jerárquica del superior. Una cosa es la intención del texto legal, y otra muy distinta es lo que ocurre en el terreno cuando quien cuenta con el mando de las armas también tiene, potencialmente, opinión sobre quién debería gobernar ese mando. Esa es la contradicción de fondo que ninguna de las cinco versiones de este proyecto —ni esta, ni las cuatro anteriores— ha logrado resolver, y por eso ninguna ha sobrevivido el trámite completo en el Congreso.

La realidad es que en una democracia madura, el control civil sobre la fuerza no se demuestra dándole voto a quien porta el fusil, sino manteniendo una frontera clara entre quien decide las políticas del Estado y quien las ejecuta con las armas. Esa frontera es, precisamente, lo que nos ha permitido tener unas Fuerzas Militares y una Policía que responden al poder civil sin importar de qué color sea el gobierno de turno. Es un activo que muchos países de la región no tienen, y que no deberíamos arriesgar por un argumento —“solo es sufragio”— que ya ha demostrado, en cuatro intentos previos, que no logra convencer ni siquiera al propio Congreso de que la línea se puede sostener en la práctica.

Mi propuesta

No me opongo por oponerme, y quiero ser precisa en lo que sí propongo. Si el objetivo real es reconocer al uniformado como ciudadano de primera categoría —y en eso sí estoy plenamente de acuerdo—, la respuesta no es el voto en servicio activo; es fortalecer lo que sí toca, su dignidad, sin tocar el mando de las armas: salud oportuna, vivienda digna, educación real para sus hijos y una carrera que los prepare para la vida civil.

Y si lo que se quiere es devolverles la voz política que la Constitución les suspende mientras portan el fusil del Estado, esa voz debe llegar en el momento en que ya no exista jerarquía de mando que pueda contaminarla: al retiro. Un uniformado en retiro vota hoy en Colombia, sin restricción, exactamente como cualquier otro ciudadano. Ese es el punto de equilibrio que ya tenemos, y que esta reforma no necesita romper para dignificar a quienes nos cuidan.

En conclusión, no estoy en contra de los uniformados. Estoy a favor de una democracia donde las armas del Estado nunca tengan que elegir un bando, porque el día en que lo hagan, dejarán de ser garantía de todos para convertirse en instrumento de unos pocos. Esa distancia —esa no deliberancia— no es una limitación a un derecho: es la condición que nos permite seguir teniendo Fuerzas Militares y Policía de toda Colombia, y no de un gobierno en particular. Eso es lo que hay que defender, con la Constitución en la mano y sin necesidad de esperar a que nadie más —ni el Congreso, ni la Corte— nos diga qué pensar primero.

* Abogada y activista política colombiana. @sondramacol

Parte del problema fiscal actual viene de restricciones estructurales de las finanzas públicas colombianas, pero otra parte fue autoinfligida. El gobierno saliente en su última etapa fue fiscalmente irresponsable y políticamente torpe: aumentó el gasto significativamente, se endeudó a tasas escandalosas y creyó que podía aprobar nuevas reformas tributarias sin construir los consensos políticos necesarios. Cuando el Congreso le cerró la puerta, recurrió incluso a intentos constitucionalmente cuestionables para conseguir los recursos que no logró obtener por la vía legislativa.

De la Espriella llegó prometiendo un “recorte drástico” del Estado. No obstante, gobernar es más difícil que hacer campaña. El gasto público colombiano es altamente rígido y, en Colombia, la realidad es que parte de la gobernabilidad depende de una burocracia que funciona como moneda de transacción política.

La realidad ya alcanzó al nuevo gobierno. El presupuesto para 2027 presentado por De la Espriella asciende a $634,9 billones, aproximadamente 10 % más que el proyecto que había dejado Petro. Más preocupante aún: el déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB. Y ahora, además, hay que encontrar decenas de billones de pesos para reconstruir el país después del devastador terremoto de agosto.

Ahora, si el actual Gobierno también prometió no aumentar impuestos –incluso algunos sectores que lo respaldan han coqueteado con malas ideas como desmontar impuestos saludables o eliminar el impuesto al patrimonio—, entonces, ¿de dónde va a salir la plata para cerrar el déficit fiscal?

Como decimos en Colombia, al gobierno de De la Espriella se le apareció la virgen. O, para estar a tono con la nueva (embarazosa) narrativa oficial, a la “Patria Milagro” se le apareció la virgen fiscal.

Desde 2025, más de cien países están negociando en Naciones Unidas una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional. Y para Colombia, esta discusión puede significar plata.

¿Por qué? Resulta que las actuales reglas tributarias internacionales permiten que multinacionales trasladen artificialmente sus utilidades a jurisdicciones donde pagan pocos impuestos; dificultan que países como Colombia graven adecuadamente los servicios digitales; hacen extremadamente complejo identificar activos escondidos en el exterior y grandes patrimonios; y generan disputas tributarias internacionales que le cuestan tiempo y recursos al Estado colombiano.

Todo lo anterior drena los ingresos de un país como Colombia. Y precisamente, la Convención busca cambiar estas reglas injustas. En concreto, busca permitir que los países en donde realmente ocurre la actividad económica puedan cobrar una parte justa de los impuestos de las multinacionales; mejorar la cooperación contra la evasión y elusión fiscal; aumentar la transparencia sobre activos y beneficiarios reales; y establecer mecanismos más efectivos para prevenir y resolver disputas tributarias.

Estos potenciales recursos podrían obtenerse sin recurrir a la tradicional reforma tributaria que cada dos años incendia políticamente al país. Un estudio reciente estima que modernizar las reglas tributarias internacionales podría movilizar globalmente hasta 500.000 millones de dólares adicionales al año, sin subir impuestos, sino cobrando donde realmente se generan las ganancias. No sustituirá todos los ajustes internos que Colombia necesita, pero puede ampliar significativamente el espacio fiscal y reducir la cantidad de recursos que hoy se escapan por las grietas del sistema tributario internacional.

La negociación está ocurriendo en este momento. En agosto acaba de concluir en Nueva York la primera discusión sobre textos concretos de la Convención y sus protocolos, y Colombia ha sido hasta ahora uno de los países latinoamericanos que más activamente ha impulsado este proceso.

El gobierno de De la Espriella tiene, entonces, una decisión sencilla que tomar: continuar ese liderazgo para defender los intereses fiscales de Colombia, o trasladar al escenario tributario internacional su cercanía política con Estados Unidos, país que se ha opuesto a la Convención.

Esperemos que escoja lo primero. Sería bastante paradójico que un gobierno que necesita desesperadamente recursos para un ajuste fiscal importante rechazara una oportunidad para recuperarlos, simplemente porque Washington se lo pide.

Aún más paradójico sería que la autoproclamada “Patria Milagro” dejara pasar de largo a la virgen fiscal que se le acaba de aparecer.

* Economista e investigador, Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional

Algunos han hablado de “crueldad”, de “barbarie”, de falta de humanidad. Otros aplauden. Después de todo a esto vinieron.

Honestamente, las voces de sorpresa ante la estética de botín militar son difíciles de entender. ¿Qué tipo de puesta en escena republicana, edulcorada y respetuosa de las buenas maneras de la guerra y el derecho internacional humanitario se esperaban de una persona a la derecha de Álvaro Uribe? Aquí también hay, además, interpretaciones que no concuerdan, que no le hablan a la realidad en la que estamos ni evocan el lugar hacia el que nos dirigimos.

¿Empleó esta maniobra visual De la Espriella, basada en la Operación Azarías en Miraflores (Guaviare) contra el líder de las disidencias del Frente Carolina Ramírez, para dirigirse a los violentos? ¿Es este el tipo de mensaje que hará que las disidencias y demás grupos violentos se lo piensen dos veces?

Por supuesto que no. Vienen más. Bukele se hizo famoso continentalmente justamente por mostrar sus megacárceles con presos rapados y sin derechos humanos. Toda la escena del irrespeto a los cuerpos abatidos está ideada para lo mismo.

¿Y qué es lo mismo? Comunicarle el milagro a la gente de la patria.

“No creo que le dé más popularidad, ni lo haga mejor estratega”, opina Ariel Ávila desde la oposición, sobre la escena que nos convoca, seguramente con las mejores intenciones. Pero de nuevo: no y tampoco. De lo que se trata para el presidente De la Espriella es justamente de alimentar su popularidad con la receta vendida desde el inicio. Y por supuesto que funciona.

Sobre la estrategia militar discutamos... pero la estrategia comunicativa, que manda la parada, es igualmente exitosa. Sin ir muy lejos aquí estamos todos reaccionando en caliente en redes sociales, editoriales y columnas como esta, que ya cayeron en la trampa. La imagen de De la Espriella paseándose entre los cadáveres fue publicada innumerables veces. Incluso y sobre todo para denunciarla.

No importa lo espeluznante que resulte ver a un presidente jactándose de los cadáveres que logró apilar, son dos culturas visuales las que se enfrentan.

Por un lado tenemos la denuncia y visualización de los exabruptos de la política de Seguridad Democrática de Uribe, que bajo el pretexto de la lucha contra la guerrilla permitió los desmanes que llevaron a los falsos positivos y los desplazamientos relatados por los informes finales del Centro de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad (la culebra sigue viva, decía el expresidente).

Por el otro tenemos el relato celebratorio y aplaudido de la continuación de la misma receta guerrerista, ahora multiplicada por las armas digitales.

La estrategia militar merecería un comentario aparte e informado por las voces que conocen. La seguridad, sin embargo, sigue siendo un tema poco atendido por muchos de los que nos decimos indignados con las maneras de comunicar los trabajos de los militares. De la Espriella tiene una gran hoja en blanco, que ya firma con el belicoso “¡viva cristo rey!”, para ejecutar su agenda de extrema derecha y socializar las conquistas militares con todos los juguetes informativos de los que dispone.

La muerte de cuatro menores de entre 15 y 16 años en bombardeos contra el ELN y las disidencias de las FARC volvió a demostrarlo. El ministro de Defensa, Jorge Mora, sostuvo que eran combatientes y que las operaciones cumplieron el derecho internacional humanitario. Ante estos hechos, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá admitió una tutela y ordenó provisionalmente al Gobierno abstenerse de bombardear objetivos cuando exista información verificable sobre la presencia de menores, mientras no adopte las precauciones necesarias ni descarte una alternativa menos lesiva.

La participación directa en las hostilidades puede modificar la protección frente a un ataque. Pero... ¿cómo se aplica esa regla cuando quien participa también ha sido víctima de reclutamiento? ¿Qué precauciones debe adoptar el Estado ante la posible presencia de menores? El juzgado deberá examinar estas preguntas al resolver la tutela y el Gobierno, al definir su modelo de seguridad.

El debate judicial se ocupa de cómo debe actuar el Estado cuando un menor reclutado ya se encuentra dentro de un objetivo militar. Sin embargo, la persistencia del reclutamiento obliga a examinar lo que ocurrió antes y, en particular, tres fallas que explican la incapacidad del Estado para contenerlo.

En primer lugar, el reclutamiento no afecta por igual a todos los territorios ni a todas las comunidades. Según un análisis de Human Rights Watch basado en registros de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 1.500 menores fueron reclutados entre 2021 y 2025. El 57 % de los casos ocurrió en el Cauca y casi la mitad de las víctimas fueron indígenas, aunque los pueblos indígenas representan el 4 % de la población nacional. El fenómeno avanza donde confluyen el control armado, la pobreza, las barreras educativas, las economías ilícitas y una débil capacidad institucional.

En segundo lugar, los mecanismos de captación cambiaron. Las amenazas y el contacto directo ahora conviven con falsas ofertas laborales, mensajes privados y publicaciones en TikTok y Facebook. Información de la JEP, citada por Human Rights Watch, indica que el 44 % de los menores reclutados en 2025 fue contactado mediante redes sociales. La política de 2018 no se ha adaptado a esa transformación y sigue sin un plan de acción definido, recursos específicos ni instrumentos suficientes de seguimiento. En muchos municipios, las autoridades carecen de capacidad y las familias no encuentran mecanismos eficaces para buscar y rescatar a sus hijos.

En tercer lugar, la capacidad del sistema judicial para sancionar el reclutamiento es mínima. Según información de la Fiscalía, recopilada por Human Rights Watch, entre 2016 y 2025 se abrieron 3.947 indagaciones. Solo 45 avanzaron a investigación, 25 llegaron a juicio y nueve terminaron en condena. En marzo de 2026, un solo fiscal tenía a su cargo 423 denuncias en el Cauca. Para los responsables, el riesgo de recibir una sanción continúa siendo prácticamente inexistente.

Mora tiene razón al atribuir la responsabilidad a los grupos armados. Son ellos quienes incorporan a los menores, los separan de sus familias y los ponen al servicio de sus estructuras. Pero reconocer esa responsabilidad no responde a la pregunta de qué está haciendo el Estado para impedirlo.

El Juzgado 34 deberá resolver si mantiene los límites impuestos a los bombardeos. El Gobierno tendrá que definir cómo evitará que más menores lleguen a los campamentos contra los que ordena esas operaciones. Cumplir su promesa de protegerlos exige actualizar la política de prevención, asignarle recursos y fortalecer la capacidad territorial, la búsqueda y la investigación. La protección de los menores debe ocupar un lugar central en el nuevo modelo de seguridad.

En Colombia, entretanto, estamos demostrando una preocupante incapacidad para anticipar y participar en una era de cambios que ya comenzó. Mientras Gates advierte sobre la necesidad de gobernar la transición hacia la IA, Colombia sigue discutiendo como si el principal problema del futuro fuera decidir quién ocupa el poder y no qué ocurrirá con millones de personas cuando cambie la naturaleza de su trabajo, como ya está ocurriendo.

No estamos hablando de un futuro lejano. Un reciente estudio de Asocapitales, basado en datos del DANE, revela que casi la mitad de los ocupados en las zonas urbanas se encuentran expuestos a los impactos de la IA sobre sus empleos, mientras 3,2 millones están en ocupaciones de alta exposición. En enero, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario había advertido que 5,8 millones de empleados trabajaban en ocupaciones altamente expuestas a su influencia.

Frente al avance arrollador de la IA, sin embargo, esos cálculos ya se encuentran desactualizados. La inteligencia artificial dejó hace rato de ser una novedad tecnológica, responsable de los habituales impactos de la tecnología sobre la productividad del trabajo. Se convirtió en un problema de gobierno.

Nuestro problema, por tanto, no se reduce a que la IA llegue, sino a que haya llegado sin que hayamos decidido qué hacer con ella. Existen iniciativas e intentos de política pública, pero no una conversación nacional que corresponda a la magnitud del cambio.

Sus efectos alcanzan el empleo, la educación, la productividad, la tributación, la competitividad, la democracia y la administración pública, entre muchas otras áreas. La pregunta ya no se refiere a cuántos empleos destruirá la IA, sino cuántos colombianos estamos preparando para los empleos que está creando y transformando.

Entre tanto nuestros dirigentes hablan de empleo, pero no de su transformación. Hablan de educación, pero poco de lo que deberá aprender un niño colombiano cuando una máquina pueda hacer buena parte de lo que hoy aprende en la universidad. Hablan de productividad y competitividad sin incorporar a la discusión la tecnología que está modificando ambas.

Los sindicatos enfrentan un desafío todavía mayor. Corren el riesgo de convertirse en asociaciones de interés arqueológico si continúan concentrando su agenda en la defensa de formas de trabajo que la tecnología está transformando aceleradamente. La IA ya está modificando empleos, jornadas, productividad, contratación y hasta la organización de las empresas. Defender al trabajador exige comprender primero cómo es ahora y como será su trabajo.

Bill Gates, pionero tecnológico y visionario, devenido en filántropo, coloca sobre la mesa preguntas que Colombia debería responder con urgencia: ¿Debe gravarse parcialmente la sustitución de trabajo humano por máquinas? ¿Cómo financiar la reconversión laboral? ¿Qué empleos deberían permanecer necesariamente bajo control humano? ¿Quién paga la capacitación de los trabajadores desplazados?

No necesitamos responderlas copiando las propuestas de Gates, pero sí comenzar a plantearlas. El gobierno tiene la tarea de formular una política pública y proponer cambios en la legislación luego de reconocer que la inteligencia artificial es un asunto de Estado y no solamente de tecnología. Necesitamos una estrategia nacional de reconversión laboral, una revisión profunda de la educación y la formación para el trabajo y reglas claras sobre el uso de la IA en el Estado, las empresas y el mercado laboral. La IA se está convirtiendo en infraestructura central de la economía

El mayor riesgo de la inteligencia artificial no trata de que las máquinas lleguen a pensar como los hombres. Se refiere a que nuestros gobiernos sigan pensando como si las máquinas no estuvieran cambiando el mundo, mientras el cambio ya condiciona nuestras vidas.

@herejesyluis

Según la Ley 152 de 1994, el 15 de noviembre el gobierno presentará el proyecto de Plan de Desarrollo (PND) al Consejo Nacional de Planeación (CNP) para su concepto y lo enviará al Congreso de la República, aunque el proyecto definitivo lo radicará el 07 de febrero. El PND es una ventana para hablar de políticas públicas.

De otro lado, llamó la atención que la Comisión Legal Afro del Congreso haya aumentado de 31 integrantes en el periodo anterior a 49, aunque el número de congresistas negros o mulatos disminuyó de alrededor de 20 a 14. La explicación es que la ley no exige identidad étnico-racial para anotarse en la Comisión, sino afinidades y compromiso con los derechos de la población.

Así que el tamaño y la composición de la Comisión, presidida por un negro, son algo nuevo para el regreso de la discusión sobre qué parte del PND debe surtir consulta previa y si debe haber (o el alcance de) un plan especial de desarrollo para las comunidades negras. Como diría Pambelé, es mejor tener una comisión grande de congresistas que una pequeña.

Y que esa comisión grande tenga un sentido común y no se enrede en disputas ideológicas. El presidente de la Comisión para el periodo 2026-2027, Estefanel Gutiérrez, dijo en sus palabras de posesión que “no se pueden separar el progreso de Colombia y el de sus comunidades negras”, que “no son dos progresos distintos, sino uno solo”. A algunos no les gusta esa retórica de patriotismo, de la cual es posible desprender una buena guía específica de políticas públicas.

Ilustración 1: si queremos el progreso de la comunidad negra de Quibdó, ocupémonos del progreso de Quibdó. Abstraer, por “razones étnicas”, a la comunidad negra del entramado geográfico, productivo, institucional y social en el que vive es declarar deseos en un vacío.

Principio 1 correspondiente: el desarrollo de la comunidad negra es consecuencia, no autónomo, del desarrollo territorial.

Ilustración 2: si el progreso de la comunidad negra depende de la provisión de servicios públicos, por ejemplo, por múltiples costos y razones no es posible dejar de llevar los servicios públicos al resto de la comunidad con la que convive.

Principio 2 correspondiente: la provisión de bienes públicos para el desarrollo territorial con fines de equidad racial debe ser universal, no distribuirse por raza, ni para excluir ni para privilegiar.

Conclusión lógica 1: si se busca el desarrollo de las comunidades negras lo que procede es una política de desarrollo de las entidades territoriales donde viven las comunidades negras.

Conclusión lógica 2: si se busca superar el rezago de las comunidades negras en indicadores socio-económicos nacionales lo que procede es aumentar (diferencialmente) la inversión pública en las respectivas entidades territoriales.

Ilustración 3: al menos en ciudades y municipios con mayoría de población afro, es un hecho que la comunidad negra se expresa democráticamente cuando elige alcalde y concejales, delegando de manera reglada unas vocerías (legítimas).

Principio 3 correspondiente: el desarrollo de las comunidades negras depende de la institucionalidad y de la representación democráticas establecidas para el desarrollo territorial.

Si lo anterior les suena razonable y viable a los congresistas y tecnócratas, con gusto responderé (desde una versión del “universalismo dirigido”) a los partidarios del marco mental que ha fracasado en estos 30 años (y de paso discutimos sobre las limitaciones del mantra “comunidades negras o NARP” y abordamos los retos en ciudades como Cali o Cartagena).

@DanielMeraV

Algunos han hablado de “crueldad”, de “barbarie”, de falta de humanidad. Otros aplauden. Después de todo a esto vinieron.

Honestamente, las voces de sorpresa ante la estética de botín militar son difíciles de entender. ¿Qué tipo de puesta en escena republicana, edulcorada y respetuosa de las buenas maneras de la guerra y el derecho internacional humanitario se esperaban de una persona a la derecha de Álvaro Uribe? Aquí también hay, además, interpretaciones que no concuerdan, que no le hablan a la realidad en la que estamos ni evocan el lugar hacia el que nos dirigimos.

¿Empleó esta maniobra visual De la Espriella, basada en la Operación Azarías en Miraflores (Guaviare) contra el líder de las disidencias del Frente Carolina Ramírez, para dirigirse a los violentos? ¿Es este el tipo de mensaje que hará que las disidencias y demás grupos violentos se lo piensen dos veces?

Por supuesto que no. Vienen más. Bukele se hizo famoso continentalmente justamente por mostrar sus megacárceles con presos rapados y sin derechos humanos. Toda la escena del irrespeto a los cuerpos abatidos está ideada para lo mismo.

¿Y qué es lo mismo? Comunicarle el milagro a la gente de la patria.

“No creo que le dé más popularidad, ni lo haga mejor estratega”, opina Ariel Ávila desde la oposición, sobre la escena que nos convoca, seguramente con las mejores intenciones. Pero de nuevo: no y tampoco. De lo que se trata para el presidente De la Espriella es justamente de alimentar su popularidad con la receta vendida desde el inicio. Y por supuesto que funciona.

Sobre la estrategia militar discutamos... pero la estrategia comunicativa, que manda la parada, es igualmente exitosa. Sin ir muy lejos aquí estamos todos reaccionando en caliente en redes sociales, editoriales y columnas como esta, que ya cayeron en la trampa. La imagen de De la Espriella paseándose entre los cadáveres fue publicada innumerables veces. Incluso y sobre todo para denunciarla.

No importa lo espeluznante que resulte ver a un presidente jactándose de los cadáveres que logró apilar, son dos culturas visuales las que se enfrentan.

Por un lado, tenemos la denuncia y visualización de los exabruptos de la política de Seguridad Democrática de Uribe, que bajo el pretexto de la lucha contra la guerrilla permitió los desmanes que llevaron a los falsos positivos y los desplazamientos relatados por los informes finales del Centro de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad (la culebra sigue viva, decía el expresidente).

Por el otro tenemos el relato celebratorio y aplaudido de la continuación de la misma receta guerrerista, ahora multiplicada por las armas digitales.

La estrategia militar merecería un comentario aparte e informado por las voces que conocen. La seguridad, sin embargo, sigue siendo un tema poco atendido por muchos de los que nos decimos indignados con las maneras de comunicar los trabajos de los militares. De la Espriella tiene una gran hoja en blanco, que ya firma con el belicoso “¡viva cristo rey!”, para ejecutar su agenda de extrema derecha y socializar las conquistas militares con todos los juguetes informativos de los que dispone.

La intensidad y prolongación del fenómeno del Niño tienen en alerta al mundo entero. De hecho, varias publicaciones hablan de un «Súper Niño» o «Super Niño». Pero ¿cómo se escribe? Lo primero que hay que señalar, como reportó la sección de Ambiente de este diario, es que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha aclarado que dicha denominación superlativa no existe, pues «no forma parte de las clasificaciones operativas normalizadas», según la entidad. Sin embargo, si decidiera usarse, sabiendo que no es técnicamente adecuada, podemos mirar lo que nos dice la Ortografía de la lengua española. La norma indica que los prefijos que recaen sobre palabras que empiezan con mayúscula (como un apellido) deben unirse con guion: «anti-Trump». Sin embargo, la misma obra nos advierte que, cuando se añade un prefijo a un nombre propio para crear otro nombre propio, el prefijo se escribe pegado a la base y la mayúscula se traslada a la letra inicial del nuevo nombre. Por eso, el resultado es «Superniño». Mientras que «anti-Trump» solo denota algo o a alguien que se opone a Trump, «Superniño» se comporta como un nuevo nombre propio en sí mismo.

Ahora: ¿«fenómeno del Niño» o «fenómeno de El Niño»? Aquí tenemos dos criterios distintos, uno gramatical y otro científico: mientras que la Real Academia Española (RAE) ha señalado que el artículo («el») no forma parte de la denominación (razón por la cual sería «del Niño»), la OMM sí utiliza y tiene estandarizada la forma «El Niño» y «La Niña». En un texto general, esperaría que se privilegie el criterio de la RAE. No obstante, en publicaciones especializadas en ciencia o ambiente, no creo que deba censurarse el uso de la otra forma y, de hecho, es la grafía que esperaría encontrar («fenómeno de El Niño»).

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

Dos ejemplos claros son los de Donald Trump y Viktor Orbán, ex primer ministro de Hungría. En su primer gobierno, Trump disparó el déficit fiscal desde antes de la pandemia por los enormes recortes de impuestos a las empresas y personas de mayores ingresos. En el segundo, repitió la fórmula llevando la deuda a 40 trillones de dólares e incumpliendo la promesa de reducción de la burocracia que pomposamente intentó Elon Musk; algunos informes dicen que los recortes llegaron solo al 20 %. Orbán no redujo el déficit ni la deuda, en parte porque repartía beneficios sociales a manos llenas antes de elecciones y se negaba a reducir los subsidios a hipotecas y pensiones.

La gran pregunta es: ¿qué va a hacer el gobierno De la Espriella? ¿Se va a comportar como un gobierno conservador ortodoxo como prometió, como uno abiertamente populista como el de Trump, o como uno más sofisticado en materia macroeconómica como los de Javier Milei y Giorgia Meloni? Con el presupuesto 2027 presentado parece que no va a cumplir la promesa de reducción drástica del gasto, de hasta 40 % del tamaño del Estado y de 700.000 empleos públicos y contratos de personal que se habían ofrecido en campaña. Está claro que no va a ser un ajuste brutal como el de Milei en Argentina, que lleva dos años de superávit fiscal, ni uno sustancial como el de Meloni en Italia, que redujo el déficit fiscal casi 5 % en dos años.

A pesar de que la oposición sostuvo durante tres años que el déficit era simplemente un problema de gasto para bloquear las reformas tributarias del gobierno Petro, el nuevo gobierno no encontró suficientes partidas de gasto que recortar. La ley de ajuste anunciada reduciría alrededor de 21 billones, una tercera parte del aumento del nuevo presupuesto frente al incompleto del gobierno Petro.

La deuda pública es la válvula de escape sombría de la nueva derecha para no subir impuestos ni hacer recortes sociales costosos electoralmente. Los gobiernos conservadores británicos de Johnson, Truss y Sunak aumentaron la deuda de 60 % a 98 % del PIB, y en 2023 Reino Unido gastó el 10,3 % de sus ingresos totales en intereses de la deuda. La ultraderecha francesa ofrece reducir 120 impuestos, pero no explica cómo compensarlos. Meloni redujo el déficit fiscal pero no la deuda pública, la incrementó, y proyecta que llegará al 137 % del PIB en 2026.

El caso de Milei es clave: el ratio deuda/PIB argentina bajó sustancialmente –de 155 % en 2023 a 58 % en 2026–, pero porque el PIB en dólares creció mucho por la apreciación cambiaria, no por pago de deuda. Milei recibió el stock de la deuda en USD 370 billones en 2023, y en 2026 vale USD 483 billones. La explicación es que una parte grande del aumento no es nueva deuda sino intereses no pagados que se capitalizan y se acumulan como nueva deuda.

Esa parece ser la fórmula que utilizará el gobierno De la Espriella, que mantiene abordo al estratega electoral y cuyos anuncios parecen todos pensados para las encuestas y las elecciones locales de 2027: seguir pragmáticamente el mismo camino de Petro –aumentar deuda– pero mientras éste lo hizo porque el Congreso negó los aumentos de impuestos, De la Espriella lo haría para bajarlos.

Los que fueron rescatados fue por obra de centenares de voluntarios, vecinos, bomberos, defensa civil, muchachos y muchachas solidarios, perros no entrenados, señoras que alcanzaban un vaso de agua fresca, etc.

Para el señor ADLE, era el primer día de presidente y se entendía que no supiera qué hacer, con una UNGRD echa trizas desde el gobierno anterior, pero lo único que podía decidir lo hizo mal: prohibir a los mexicanos actuar. Prohibido hablar mexicano en Cali y en Pereira, porque así habla Claudia Sheinbaum, una progresista.

ADLE responderá ante los tribunales por ser el autor intelectual de tanta negligencia criminal.

…

20 emisoras de paz, ubicadas en municipios remotos, creadas por el Acuerdo de Paz, fueron clausuradas por ADLE. Se quedaron sin música ni programas los habitantes de esos lugares. Y sin empleo sus escasos operarios.

...

ADLE trajo a Cali 80 soldados israelíes para que se tomaran selfies con escombros al fondo.

...

Directivos de Blu Radio desconectaron el programa de las diez y media –muy bueno y muy serio– que tenían Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, dejando a su audiencia empezada.

...

Dicen que ADLE no quería usar el Palacio de Nariño como Despacho presidencial porque allí había trabajado Petro, un discípulo de Ochún. Se decidió a ir porque su patota de curas de diversos credos hicieron una “limpia”.

...

Tiene vestuario para todo ADLE, y quería estrenar un atuendo militar para desfilar frente a 23 cadáveres (dos de menores) de disidencias bombardeadas. Como Atila, Fujimori...

Petro.

Cinco miembros del Pacto Histórico (Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Alejandro Toro y Jorge Bastidas) votaron a favor de que Álvaro Uribe Vélez sea investigado por la Comisión de Absoluciones de la Cámara, en lugar de por la Fiscalía General, por los crímenes de Lesa Humanidad en El Aro y La Granja, además del asesinato de Jesús María Valle. Petro, quien les ordenó, quería esa impunidad en canje con Uribe para que éste ayudara a gestionar las bajas de interés en el Banco de la República. Un cambalache con menos escrúpulos que los de los traquetos. Justo después nombró a Gabriela Muñoz, como estratega comunicacional del Pacto Histórico. Esta joven venía de Aerocivil, donde nombró a toda su familia convirtiendo esa oficina en una nochebuena permanente. Si tuviera vergüenza, el viaje de Petro a México sería una fuga. Y, en paralelo, al mismo tiempo que empacaba la maleta, le entorpeció la elección a Alirio Uribe en el Consejo Nacional Electoral. Qué vergüenza. Por mí que no vuelva.

Los historiadores ingleses tienen un término muy preciso: “el efecto cobra”. Esta expresión se usa cuando una ley logra un efecto contrario al que inicialmente se propuso. Su origen se remonta a la India, cuando el Imperio Británico entregó estímulos por cada cobra muerta para disminuir la población. Al principio disminuyeron, pero, después de un tiempo, la gente comenzó a criarlas en masa en las calles de Delhi y de Calcuta, en el Punjab, para cobrar después las generosas recompensas.

Algo muy parecido ocurrió cuando Viviane Morales, en su paso tan corto por el Ministerio de Educación, anunció desde sus redes la modificación del Decreto 1075. La motivación inicial para reformar este decreto era dar continuidad a experiencias tan exitosas como la de los colegios en administración de Bogotá, y que sin un soporte jurídico podrían desaparecer a finales de este año. El resultado inesperado, o efecto cobra, se dio cuando la misma ministra anunció hacia el final de su alocución: “De otra parte, el decreto repite lo que se ha establecido desde 1994, que las entidades religiosas pueden colaborar en la prestación del servicio educativo, como lo han hecho desde hace mucho tiempo”. Las modificaciones del Decreto no cambian en nada lo que ya había dicho la ley sobre la participación de entidades religiosas, lo que modifica es que el Estado pueda seguir contando con el apoyo de aliados para los colegios distritales. Pero el hecho de que la ministra hiciera una alocución pública, y lo que es más llamativo, que mencionara a las iglesias al final, hizo que una discusión más o menos focalizada le diera paso a un enorme debate sobre el Estado laico y la Constitución del 91.

Sobre los colegios en administración se han hecho tres estudios: el primero estuvo liderado por Edna Bonilla y Jorge Iván González, y demostró que estos colegios, llamados entonces en concesión, daban mejores resultados en todos los indicadores de calidad educativa. El segundo estudio lo lideró Felipe Barrera desde la Universidad de Vanderbilt, y demuestra que en los colegios en administración los niños aprenden más, en todas las áreas, y obtienen resultados mucho mejores en lo socioemocional, gracias también al liderazgo de sus rectores y de sus equipos de bienestar. La Secretaría de Educación de Bogotá ha contratado un tercer estudio con el Centro Nacional de Consultoría: se demostró una vez más que estos colegios se destacan frente a los oficiales en calidad educativa, administración efectiva, clima escolar y liderazgo. Estos colegios incluso han sido reconocidos internacionalmente. Un ejemplo es el colegio Las Margaritas, de Kennedy, nominado entre los diez mejores del mundo en los World ‘s Best School Prizes 2026. Bogotá, como la novela de Charles Dickens, también es la historia de dos ciudades, la ciudad del norte y la ciudad del sur, y estos colegios, además, han permitido que estudiantes de estas dos realidades se encuentren.

Hay, por supuesto, debates más profundos que cuestionan la orientación de esta modificación, especialmente sobre las condiciones que deben cumplir estos privados para apoyar proyectos pedagógicos. Otros creen que es demasiado blanda, y que si la calidad educativa es la máxima prioridad, el Estado debería contar con este y otros caminos para cerrar las inmensas brechas educativas. Lo cierto es que, sin un soporte jurídico claro, la ciudad podría perder un modelo innovador, y que ha logrado los mejores resultados en estos 26 años.

Es este el precio de una sociedad tan polarizada. Que no nos pase que por el afán de este gobierno de congraciarse con unos sectores más radicales (el nombramiento de Myriam Hoyos el Ministerio despierta estas y otras preguntas), se le complique la vida a los mejores colegios de Bosa y de Kennedy, de Usme y de Ciudad Bolívar. En la práctica, mientras siguen estas discusiones entre el Estado laico y la denominada “batalla cultural” (un regreso a la Colombia del siglo XIX), 35 mil familias, que son las que se benefician de este modelo, pueden quedarse este año sin los mejores colegios y en suspenso, como si hubieran sido picados por el veneno de una serpiente inesperada y peligrosa.

*Educador y exrector del Gimnasio Sabio Caldas.