Una noche de hace 40 años, mientras veían Sábados Felices, la familia de Leonardo Posada Pedraza –recién electo congresista por la Unión Patriótica (UP)– supo que dos sicarios lo habían asesinado a tiros en Barrancabermeja. Dos días después, en circunstancias calcadas, cayó en Villavicencio el senador del mismo partido, Pedro Nel Jiménez. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aquellos fueron los primeros disparos de una avalancha de más de 5.733 asesinatos y desapariciones que configuraron un genocidio político en Colombia. Aunque en enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por este exterminio –por su omisión de protección y la alianza directa de agentes estatales con grupos paramilitares–, la reparación sigue siendo una deuda aplazada: la familia de Posada advierte hoy que el proceso permanece embolatado entre el gobierno saliente y la nueva administración.

La UP surgió en 1985 tras los Acuerdos de La Uribe, celebrados entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, con el fin de abrirle espacio a la izquierda democrática tras décadas de hegemonía bipartidista. No era un proyecto exclusivo de excombatientes: en sus filas convergieron el Partido Comunista, sindicalistas, movimientos campesinos, estudiantes e intelectuales independientes. Su irrupción fue incuestionable. En las elecciones de 1986 obtuvieron cinco curules en el Senado, nueve en la Cámara (incluyendo suplencias), 14 diputados, 23 alcaldías, 351 concejales y un histórico tercer lugar en las presidenciales con Jaime Pardo Leal, asesinado al año siguiente.

Sin embargo, ese ascenso desafió los poderes políticos, particularmente en las regiones. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo el exterminio respondió a una letal confluencia: la doctrina de seguridad nacional que estigmatizó al partido como fachada de la guerrilla, el accionar armado persistente de las FARC que dejó a la militancia legal atrapada en el fuego cruzado, y la alianza represiva entre narcotraficantes, latifundistas, paramilitares y agentes del Estado. La violencia cerró los canales de la participación democrática, alimentó la desconfianza de quienes optaron por rearmarse y profundizó el conflicto armado por tres décadas más.

En el caso de Posada, la justicia ordinaria jamás condenó a los autores, ni materiales ni intelectuales, del magnicidio. Si bien la JEP imputó como máximos responsables a altos mandos como los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río, junto con los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía, Eduardo León Figueroa y Manuel José Pérez, en la reconstrucción de los hechos persisten encrucijadas críticas. Como señala la familia del líder asesinado, ejecutores clave como alias Vladimir ya cumplieron sus penas sin aportar mayor luz y hoy se desconoce su paradero. No hay expectativas de que llegue justicia por la vía judicial.

A pesar del precedente, las garantías de seguridad para quienes le apostaron a la paz siguen en entredicho en este país. La figura que en campaña utilizó el presidente, Abelardo de la Espriella, cuando dijo que destriparía a la izquierda, generó rechazo, pero no sería novedad: en Colombia ya ha ocurrido y el caso de la UP nos lo recuerda. Una vez electo, aseguró que trabajaría por desmontar las garantías de los firmantes del Acuerdo de 2016. Desde la firma del Acuerdo, más de 500 firmantes han sido asesinados. Es cierto que el espectáculo de la contienda política suele distar de los deberes de la magistratura, y el presidente tiene la obligación constitucional e imprescriptible de garantizar que la violencia no se repita. Mantener viva la memoria de las víctimas ayuda para evitar que Colombia tropiece de nuevo con su propia historia.

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El pasado miércoles 26 de agosto, Meta, el gigante tecnológico dueño de Facebook e Instagram, llegó a un histórico acuerdo con tribunales de Estados Unidos. Después de varios años y demandas de casi todos los estados de ese país, la compañía convino el pago de más de 16.000 millones de dólares por su responsabilidad en causar deliberadamente adicción a sus plataformas en menores de edad. Para los expertos, esta sanción es ejemplar, pero no suficiente.

Hace tan solo unos días, en estas mismas páginas, exigimos más regulación para los gigantes de la industria. Por lo mismo, esta decisión, acompañada de ajustes y restricciones en las aplicaciones, es una buena noticia. En adelante, las redes sociales de Meta tendrán que reorganizarse para evitar el uso pasivo, nocivo y permanente por parte de los usuarios menores de 18 años.

Entre las medidas que se tomarán están la eliminación del conteo de likes; un tiempo límite de uso de dos horas al día, que solo podrá ser deshabilitado por los padres; la eliminación de las notificaciones durante los días hábiles en horario escolar; y nuevos parámetros para los contenidos, de modo que sean apropiados para menores de edad, como la desaparición de filtros de maquillaje extremo y cirugías estéticas.

En su declaración tras el fallo, Meta invitó (o, más bien, retó) a otros gigantes de la industria como TikTok y YouTube a tomar acciones similares. Además, condicionó la implementación de otras medidas a que sus competidores cumplan con ese llamado. Si bien es importante que todas las grandes redes sociales se suban al barco de la regulación y protección a menores, deja un sinsabor que las precauciones de Meta dependan en parte de sus competidores, más que del reconocimiento total de su responsabilidad. Cuidar la infancia debe estar por encima de las lógicas del mercado.

Si bien estos cambios han sido celebrados por diversos expertos en salud mental, defensores de la infancia advierten que este acuerdo no sea efectivo o se confunda con la solución a un problema mucho más profundo. Victoria Hinks, madre de la adolescente Alexandra Lily Hinks, quien sufría de adicción a las redes sociales y terminó siendo víctima de suicidio en 2024 (motivo por el cual demandó a las grandes compañías tecnológicas), condicionó su satisfacción con las medidas “siempre y cuando se realicen de forma correcta”. Por su parte, Arturo Béjar, antiguo director de ingeniería en Meta y quien testificó en un juicio en Oakland, advierte que el acuerdo tiene un gran problema y es que sea la propia compañía la que defina lo que es dañino: “Una cosa es decir: ‘Solo tendrás dos horas de alcohol o cigarrillos al día’, pero sigue siendo igual de dañino para ti por lo que te están entregando”.

Habrá que esperar a que los estudios demuestren si, efectivamente, hubo una mejora en el bienestar de los menores de edad tras este recién inaugurado nuevo pasaje de la industria. Como siempre, la efectividad de las sanciones dependerá en gran medida del acompañamiento de los padres, mientras se instaura un nuevo paradigma que reiteramos: las redes sociales pueden causar daño y deben ser usadas con cuidado.

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En varias ocasiones, en particular durante los dos últimos años del Gobierno de Gustavo Petro, advertimos que el problema fiscal sólo estaba pateándose hacia el futuro, evitando atender los problemas estructurales y sin dimensionar el preocupante tamaño del reto. Bien, ya estamos en el futuro y, en efecto, el desastre es más grande de lo que quieren admitir los miembros de la pasada administración. La propuesta de Presupuesto General de la Nación presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella es COP 59,2 billones más que lo que había pedido el Ministerio de Hacienda de Gustavo Petro. La mayoría de ese aumento se debe a gastos que no se estaban calculando apropiadamente. Ante la crudeza de los números, ¿está listo el presidente De la Espriella a tomar medidas impopulares pero urgentes?

Al presentar el nuevo presupuesto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que se trataba de un “sinceramiento” de las cuentas. En esencia, el argumento del Gobierno De la Espriella es que hubo varios rubros que no se estaban midiendo adecuadamente. Hablamos de COP 6,5 billones para pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para pagar el aumento de los sueldos de funcionarios, COP 700.000 millones para cumplir la ley de aumento presupuestal a universidades públicas, COP 9,6 billones para el hueco todavía existente en el fondo de subsidio a los combustibles y COP 37 billones para pagar la deuda pública. Todos esos montos son adicionales a lo que había pedido el Gobierno pasado y no implican un aumento en la planta de contratistas ni en gastos discrecionales de la nueva administración.

Cuando se habla de tantos billones de pesos, es dificil comprender la magnitud del problema. Hay, no obstante, una cifra que nos permite dimensionarlo. Si el Estado colombiano siguiera gastando así, en 2027 el déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB, dos puntos porcentuales por encima de lo que alcanzó en 2020, justo en plena pandemia. No tiene ningún sentido que sigamos gastando como si estuviésemos enfrentando una situación de crisis extraordinaria como lo fue aquella. Por eso, celebramos el “sinceramiento” del Ministerio de Hacienda. Era una medida necesaria, después de tanta hostilidad de la administración pasada que nunca quiso reconocer que estaba gastando de manera desaforada.

Ahora quedan tres interrogantes: ¿qué hará el Congreso con esta propuesta, cómo se implementará el plan de recortes y de qué forma iremos más allá de lo que ya se ha propuesto? El ministro Gómez anunció un plan de recorte de casi COP 22 billones y varios expertos han señalado que la propuesta de Presupuesto tiene espacios de maniobra para reducir aún más lo que se tiene que pagar. Por ejemplo, el Gobierno debe utilizar los mecanismos a su disposición para renegociar las deudas y reducir los pagos que tiene que hacer. Sin embargo, no será suficiente. Y ante el riesgo de que los congresistas busquen, como suelen hacerlo, meter sus “micos” e intereses individuales en la ley, ¿está listo el presidente para quemar capital político e insistir en la austeridad?

Independientemente de ese debate, hay una realidad que no se ha querido decir en voz alta: vamos a necesitar más impuestos. El recaudo necesita aumentar y este Gobierno llegó al poder, sin embargo, con la promesa de reducir la carga impositiva. ¿Cómo va a sortear esa contradicción? El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, ya admitió en el Congreso que el Estado no tiene suficientes recursos para enfrentar la emergencia del terremoto. Si a eso le agregamos lo que viene con el fenómeno de El Niño, más el hueco fiscal, las sumas no dan el resultado que espera la Casa de Nariño. Es buen momento para una reforma estructural al estatuto tributario que simplifique procesos, acabe redundancias y, sí, que aumente la cantidad de aportantes. Si no, seguiremos contando centavos cada año cuando se presenta el presupuesto estatal.

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El mapa que se usa en todas partes es conocido como Mercator, dado que fue diseñado en 1569 por el cartógrafo Gerardus Mercator. El objetivo original era ayudar a que los exploradores europeos pudieran navegar por el mundo. Sin embargo, para mostrar la curvatura de la Tierra, Mercator hizo que los países cercanos al Ecuador sean representados mucho más pequeños de lo que son, mientras que los países en los polos lucen más grandes de la realidad.

La discrepancia más visible es en cómo se representa el continente africano. Groenlandia aparece con un tamaño similar al de África, aunque el continente africano es catorce veces más grande. En 2018, un grupo de cartógrafos construyó un mapa que mejor represente las áreas verdaderas y una campaña en redes sociales, llamada #CorrectTheMap, fue lanzada con un mensaje contundente: “Podríamos poner a Estados Unidos, China, India, Japón, México y la mayoría de Europa dentro de África y todavía nos sobraría territorio por cubrir”. El ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, dijo que “un mundo más justo empieza con un mapa más justo”. Los 54 países de la Unión Africana impulsaron activamente el cambio.

La única reacción en contrario fue de la delegación de los Estados Unidos, en cabeza de Yaryna Ferencevych. En un comunicado, la delegada dijo que “la resolución se burla del trabajo y el propósito (de la ONU). Si bien esta iniciativa se presenta como inofensiva... los Estados Unidos ve con claridad que no puede separarse de un proyecto ideológico radical y mucho más grande”. A renglón seguido denuncia la promoción de “reparaciones y justicia cognitiva” como parte de una conspiración en contra de valores esenciales, lo que está haciendo que la ONU “pierda su legitimidad en el mundo”.

Más allá del debate sobre por qué la ONU está perdiendo influencia, es muy llamativo que la delegación de los Estados Unidos tilde de “distracción” una acción que sólo pretende reconocer hechos verificables. Ante un claro error histórico, que ha afectado la manera en que las personas perciben la composición del planeta en el que vivimos, la administración de Donald Trump ve una amenaza. Nos quedamos con las palabras de Dussey, quien explicó que “un mapa nunca es neutral. Moldea percepciones, influencia cómo entendemos los lugares de los pueblos y los continentes en el planeta”. Lo dicho: es un cambio pequeño con implicaciones profundas.

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La neutralidad religiosa ha despertado dos debates que son de suma importancia para la estabilidad institucional colombiana. Por un lado, está la pregunta sobre qué ocurre cuando hay tensión entre la libertad religiosa de un presidente en ejercicio y el principio de que nuestro país es un Estado laico. Por otro, vuelve a cobrar relevancia una pregunta por la competencia: ¿cuál debería ser el juez natural para las tutelas que se presenten contra un presidente durante el ejercicio de sus funciones? Necesitamos que la Corte Constitucional estudie la polémica y aproveche para reafirmar su jurisprudencia al respecto.

En alocución al país entero, el presidente Abelardo de la Espriella dejó clara su postura: “Aunque me identifico como creyente, y soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré, en el marco de mis funciones, las libertades y los derechos de todos los colombianos, incluida la libertad de profesar cualquier religión, o de no profesar ninguna”. También cumplió, sin los barullos retóricos de su antecesor, la orden judicial que le pedía rectificar por haber violado la neutralidad religiosa durante su acto de posesión. “Si este acto pudo generar incomodidad, o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello”, dijo, y momentos después cerró con un mensaje: “Viva a Cristo Rey. Que Dios bendiga a Colombia”. Carlos Suárez, asesor del presidente y quien impugnó el fallo en cuestión, escribió en sus redes sociales que es “ideal que el juez constitucional se pronuncie sobre el ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de expresión del presidente de La República. Mientras tanto: ¡Que viva Cristo Rey!”.

Dicho juez, la Corte Constitucional, sí se ha pronunciado en el pasado. En el año 2021 se refirió al actuar de la entonces vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. La servidora pública utilizó las redes oficiales de la Vicepresidencia para celebrar a la virgen de Fátima. Esto, para el alto tribunal, es una clara violación a la exigencia de neutralidad religiosa que impone la Constitución. Por eso, en este caso, nos parece razonable un fallo similar. Sí, el presidente tiene derecho a la libertad de culto, pero no puede utilizar canales públicos para favorecer una creencia específica. No se trata de censura, sino del reconocimiento de que la figura de la Presidencia necesita representar a todos los colombianos, sin importar su credo o su ausencia de creencias religiosas. El presidente se preguntó si ofendió a alguien, pero esa no es la esencia del problema. La neutralidad religiosa existe, precisamente, para que el Estado no pueda discriminar entre una religión y otra.

Suárez también puso el dedo sobre la llaga del otro problema. “(Gustavo) Petro cambió la competencia para conocer tutelas en contra del presidente y pasó el conocimiento del Consejo de Estado a los jueces del Circuito”, le dijo a El Tiempo. Es verdad, con la salvedad de que el entonces presidente Iván Duque hizo lo mismo dentro de su periodo, sólo que buscó la concentración de las tutelas en el Consejo de Estado. En julio del año pasado, dedicamos un editorial a este problema, en el cual mencionamos que el cambio hecho por el entonces presidente Petro se sentía más como una retaliación contra el Consejo de Estado. El problema de fondo, como dijimos en ese texto, radica en que “es extraño (...) que la Presidencia de la República no tenga un juez específico y de alto nivel para las tutelas en su contra”.

Necesitamos que la Corte Constitucional salde este debate y que lo haga pronto. No solo para reafirmar la jurisprudencia sobre neutralidad religiosa, sino para tener una decisión de fondo sobre las tutelas dirigidas contra el presidente de la República.

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Otro carrobomba en Norte de Santander, esta vez en Los Patios, que forma parte del área metropolitana de Cúcuta. Al cierre de esta edición el reporte oficial daba cuenta de una persona muerta, siete policías heridos, dos de ellos de gravedad, y una ciudad presa del pánico. Hace apenas unas semanas dedicamos este espacio a un hecho similar. Desde entonces los grupos criminales han realizado ataques en distintas partes del país con el objetivo de enviar un mensaje al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. La respuesta ha sido priorizar la fuerza, en el marco de una “guerra total” contra la criminalidad. Se trata de una estrategia necesaria, pero que no termina de responder cómo se va a enfrentar una violencia cada vez más especializada, urbana y financiada por el narcotráfico.

No se puede leer la noticia sobre el atentado de esta semana sin referenciar el artículo reciente de la revista “The Economist”, que explica cómo Colombia está recibiendo más ingresos por la cocaína que por el petróleo. Como mencionamos en varias ocasiones durante las últimas dos administraciones, el aumento del poder de los grupos narcotraficantes ha llenado el país aún más de dinero ilegal que, a su vez, ayuda a armar a las organizaciones que quieren mandar sobre determinados territorios. Es un modelo similar al que se impuso en la última década en México. Por eso, cualquier estrategia sobre la violencia en nuestro país debe partir del reconocimiento de un cambio estructural en cómo, dónde y con qué recursos ocurre.

Lo que sí no cambia es el dolor de la tragedia. El general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, señaló al ELN por estos hechos y explicó cómo ocurrió: “Esta acción, por ejemplo, tomó aproximadamente entre 15 y 25 segundos desde el momento en que dejan el vehículo hasta el momento en que hace detonación el artefacto. Esta es la forma cobarde que ellos han venido utilizando toda la vida, son explosivistas”. El efecto es perverso, pues de nuevo, en palabras del general Alarcón, “tenemos siete uniformados que resultaron lesionados, dos de consideración que se encuentran en este momento en una unidad de cuidados intensivos, ocho particulares igualmente lesionados y un fallecido de nacionalidad venezolana”. Los testimonios de las familias de los afectados son descorazonadores.

El presidente De la Espriella viajó a Cúcuta para realizar un consejo de seguridad y, a través de su cuenta de X, envió un mensaje: “No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”. Es, por supuesto, necesario. La ofensiva de la Fuerza Pública de las últimas tres semanas ha dado resultados en capturas y neutralizaciones, pero también generado preguntas sobre la afectación a menores de edad reclutados forzosamente. Un comentario más profundo es sobre la estrategia integral: ¿cuál es la visión del Ministerio de Defensa para desmantelar los grupos criminales urbanos? Ya vimos el garrote, pero la fuerza tiene sus límites, más ante una violencia que ha cambiado de espacios.

El reto que enfrenta el gobierno De la Espriella es enorme. Tenemos múltiples grupos fortalecidos en número y en armas gracias a la financiación del narcotráfico y la influencia de organizacionales trasnacionales. La respuesta debe ser contundente y, sí, integral.

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Ha pasado menos de un mes desde que empezó el gobierno de Abelardo de la Espriella, y el Estado colombiano sigue aumentando el número de menores de edad que han muerto a causa de bombardeos para combatir la criminalidad. Una vez más, el ministro de Defensa de turno, en esta ocasión el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, utiliza un lenguaje elaborado para no admitir de frente la tragedia que subyace. Cada vez que un presidente autoriza bombardear a los criminales sin suficiente información está permitiendo la muerte de menores de edad reclutados de manera forzosa.

Sin importar quién esté en la Casa de Nariño, presidente tras presidente ha terminado autorizando bombardeos contra grupos criminales y causando la muerte de menores de edad. Durante el gobierno de Iván Duque se reportaron 42 menores de edad muertos en bombardeos y operaciones militares. Durante el gobierno de Gustavo Petro, fueron 62. Ahora, durante el gobierno de Abelardo de la Espriella llevamos por lo menos cuatro: tres en el bombardeo ejecutado el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, y uno el pasado 10 de agosto en Catatumbo, Norte de Santander. En todos los casos la respuesta del Gobierno fue que se trató de algo inevitable y que el verdadero problema es el reclutamiento forzoso que llevan a cabo los grupos criminales. El argumento va así: como los criminales saben que la presencia de menores exige un actuar más cauto del Estado, construyen anillos de “seguridad” con adolescentes para obstaculizar a las Fuerzas Armadas.

Al anunciar los menores muertos en Guaviare, el ministro Mora dijo que “eran combatientes” y que el Gobierno “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva. También señaló que “se recuperó a un menor de edad en función continua de combate, a quien se le restablecieron sus derechos”. También que “en el sitio del bombardeo se incautaron 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 mm, 174 proveedores, 184 minas antipersonas, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones”. Por su parte, el presidente De la Espriella respaldó el actuar de las Fuerzas Militares.

No creemos que la conversación termine tan fácil. Save the Children, organización especializada en los derechos de los menores de edad en el marco de conflictos, explicó que “un niño, una niña o un adolescente reclutado es una víctima antes, durante y después de cualquier operación militar. Su presencia no puede descubrirse después, en los balances de Medicina Legal: debe ser prevista antes, en la inteligencia, la planeación y la decisión de atacar”. Asimismo, les pidió a los grupos armados que “cesen de manera inmediata el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y al Estado colombiano para que fortalezca las medidas de prevención del reclutamiento y de protección de la niñez en los territorios afectados por el conflicto armado”. La pregunta que nos queda a la sociedad colombiana es por qué seguimos contando a menores de edad muertos sin importar la ideología del gobierno de turno.

Sí, sabemos que combatir a los grupos criminales implica tomar decisiones difíciles y que su fortalecimiento en los últimos años exige que las Fuerzas Militares lleven a cabo ofensivas eficientes y urgentes. Eso no significa que la pregunta por los menores de edad reclutados forzosamente sea de menor importancia. Los bombardeos deben ser la última ratio, e incluso en los momentos en que es necesario usarlos debe primar la vida de las víctimas que están en riesgo. No podemos abandonar el imperativo moral de proteger a todos los colombianos, en especial a los más vulnerables.

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En marzo de este año, envalentonado por su aparente triunfo en Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que él probablemente va a tener “el honor de tomar Cuba”. Al cierre de esta edición, la isla se sigue desangrando por la falta de recursos, la presión de Estados Unidos y un gobierno autocrático contra las cuerdas. Sin embargo, mientras esa situación llega a su desenlace, Trump puede decir que tuvo el “honor” de “tomar” Venezuela. Su petróleo, por lo menos. Mientras la oposición ha seguido pidiendo a gritos que es necesaria una transición democrática urgente, el Gobierno de Trump celebra un acuerdo petrolero con Delcy Rodríguez, otrora vicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora líder encargada del país vecino. En el mensaje del anuncio, Trump habló de prosperidad, pero no mencionó por ningún lado la palabra “democracia”.

El Gobierno de Donald Trump traicionó a los venezolanos. Tanto él como su secretario de Estado, Marco Rubio, prometieron con grandilocuencia que la invasión para llevarse a Maduro tenía justificación democrática. Más de medio año después, el régimen chavista sigue intacto (salvo por la ausencia de su líder, hoy encarcelado en Nueva York), Delcy Rodríguez manda sin oposición, Rubio es reconocido como una especie de virrey de Venezuela y María Corina Machado ni siquiera ha tenido la oportunidad de regresar a su país.

Para agregarle al insulto, la semana pasada cerró con un anuncio de Trump. En él, celebra, así, en mayúsculas sostenidas, “EL MAYOR NEGOCIO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL”. En la publicación, se refiere a Delcy Rodríguez como una política “altamente respetada” que estuvo de acuerdo con entregarle a Estados Unidos 65.000 millones de barriles de petróleo en las próximas décadas, “sin costo para los estadounidenses que pagan impuestos”. Con esto, Trump espera que los precios de la gasolina, disparados gracias a su invasión a Irán, bajen, lo que ayude a mermar la inflación. Rubio, por su parte, dijo que este “acuerdo es una gran victoria tanto para el pueblo americano como para el venezolano... para los venezolanos, recibirán más de 100.000 millones de dólares en inversiones privadas”. Insistimos: no se menciona por ningún lado la palabra democracia.

Ricardo Hausman, reconocido economista venezolano exiliado en Estados Unidos y quien en el pasado ha apoyado la necesidad de derrocar el régimen chavista, escribió en una publicación altamente compartida todo lo que está mal con el anuncio. Refiriéndose directamente a Rubio, le dijo que “perdió cualquier confianza que los venezolanos pudieran tenerle” porque “utilizó el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para acostarse en la cama con nuestros opresores”. En el punto más importante de su crítica, le dice a Rubio que “optó por impulsar un robo de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y represivo, en vez de usar el liderazgo de los Estados Unidos para primero reestablecer el régimen constitucional y la democracia, y luego sí llegar a un acuerdo con un gobierno legítimo que pudiera hacer promesas a largo plazo”.

Hausman tiene toda la razón. Trump, que ha dicho en muchas ocasiones sentirse orgulloso de su popularidad con los venezolanos, mostró que su principal interés desde el principio ha sido el petróleo. El marginamiento internacional de Machado, sumado a la complicidad de Rubio con Rodríguez, hace que Venezuela haya pasado de ser una autocracia a una especie de monarquía moderna. ¿Cuándo habrá elecciones? ¿Quiénes podrán participar? Eso no trasnocha a la Casa Blanca, pero sí a los venezolanos que ha dicho proteger.

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Es posible que usted haya vuelto al trabajo, que haya retomado las clases, las compras, los trancones, las salidas con amigos…, su vida cotidiana. Es posible incluso que no haya sufrido daños materiales, que no haya perdido a ningún ser querido y que su vida, en apariencia, haya regresado a la normalidad. También es posible el caso contrario, que usted esté recuperándose de una pérdida material o de un ser querido o de heridas o de la ansiedad. Desde el terremoto del 10 de agosto, muchos colombianos siguen durmiendo mal, se sobresaltan con facilidad, revisan las rutas de evacuación al entrar a un edificio o sienten una inquietud persistente. Por eso, desde este espacio, queremos hoy detenernos por un momento para formular una pregunta que rara vez encabeza la conversación nacional: estimados lectores, estimadas lectoras, ¿están bien?

Veníamos de una elección presidencial cargada de emociones intensas, de tensiones y de angustias. Durante semanas discutimos sobre el rumbo del país y nos agrupamos en bandos con posiciones, a menudo, irreconciliables. Una cierta angustia sobre el futuro del país estaba a flor de piel.

Entonces, llegó el terremoto.

No distinguió entre quienes se consideran adversarios. Durante esos largos segundos en los que todo se estremeció, compartimos el mismo miedo, la misma incertidumbre y la misma fragilidad.

Porque eso fue, quizás, lo que nos recordó este desastre: que la vida es frágil. Que existen fuerzas que escapan por completo a nuestra voluntad. Que aquello que creemos seguro puede cambiar en cuestión de segundos. Y que, por más que intentemos controlar nuestro entorno, siempre habrá acontecimientos que nos enfrentan a nuestros límites.

Es natural que una experiencia así deje huellas. Muchas personas pueden sentirse más sensibles, más irritables o más alerta de lo habitual. Otras experimentan ansiedad o sienten una necesidad constante de estar pendientes de cualquier señal de peligro. Algunas incluso describen una sensación extraña: creen percibir que el suelo se mueve o que un edificio vibra cuando en realidad permanece inmóvil. Son reacciones humanas frente a un acontecimiento extraordinario.

A ello se suma la exposición constante a noticias, videos e imágenes del desastre que pueden revivir el miedo. Informarnos es necesario. Pero también lo es reconocer que una exposición permanente al dolor colectivo puede afectar nuestro bienestar emocional.

Por eso creemos que vale la pena esta pausa que proponemos por un momento. En medio de la reconstrucción material, abrirle un espacio a pensar también en la reconstrucción emocional. Preguntarnos qué dejó este terremoto en nosotros. Reconocer nuestros miedos, hablar de ellos, escuchar los de los demás.

La ansiedad suele alimentarse de aquello que no podemos controlar. Y pocas cosas son tan incontrolables como un terremoto. Pero hay algo que sí está a nuestro alcance. Podemos acercarnos a quienes queremos. Podemos llamar a ese familiar con quien hace tiempo no hablamos. Podemos preguntar por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Podemos acompañarnos.

Y podemos hacer una pregunta sencilla: ¿estás bien?

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Mientras Tolima sigue ardiendo, hay una pregunta que se ha vuelto cada vez más urgente: ¿quién está detrás de los incendios forestales y cómo podemos detenerlos? Lo que empezó como una emergencia atribuida al fenómeno de El Niño, ahora se ha convertido en la sospecha de un entramado criminal con amenazas de muerte a la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz Vargas, y con distintas agresiones a los bomberos que están intentando aplacar las llamas. El apoyo del Gobierno Nacional debe ir de la mano de una investigación eficaz y exhaustiva de la Fiscalía para que el país entienda por qué hay personas que se benefician de tanta destrucción.

Los datos compartidos recientemente son abrumadores. Según el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hay cerca de 50.000 hectáreas afectadas solo en ese departamento, 28.000 de ellas en zonas agropecuarias. “Son más de 163.000 animales en riesgo por falta de alimentación y agua, afectaciones en 23 municipios y 507 veredas; a esto se suman las consecuencias del terremoto: 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas, 3.212 averiadas y 3.776 afectaciones reportadas en todo el departamento”, dijo el mandatario. Por eso, elevó la situación a calamidad pública departamental y anunció una serie de medidas urgentes.“Vamos a destinar $7 mil millones para proyectos productivos con el propósito de recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso afectadas por los incendios. Vamos a pensar en el día después de la emergencia, pondremos el programa Tolima Verde Renace una mesa de expertos que reunirá capacidades técnicas, ambientales, académicas y productivas para diseñar la restauración de los ecosistemas, suelos y la reactivación sostenible del campo tolimense”, prometió. No será fácil.

Sabíamos que El Niño viene con riesgos de incendios acompañados de sequías. El problema se ha empeorado con la presencia de manos criminales. El viernes, dos personas fueron encontradas en flagrancia incendiando hectáreas y fueron enviados a prisión, pero no aceptaron cargos. No son los únicos. Varias personas intentaron agredir a bomberos y autoridades que estaban luchando contra los incendios. La gobernadora Matiz Vargas publicó un comunicado: “Como consecuencia de mis posiciones y las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los violentos y proteger a los ciudadanos, he recibido amenazas y alertas sobre atentados contra mi integridad y la de mi familia, provenientes de las disidencias de las FARC y otros grupos delincuenciales que pretenden sembrar el caos y la confrontación”. El presidente De la Espriella también dijo que hay información de inteligencia sobre cómo muchos de los incendios han sido provocados.

Debemos leer estos crímenes en el marco de un problema más grande: la ganadería extensiva e ilegal. Los incendios suelen ocurrir con propósitos de superar las capacidades de las autoridades y hacerse con el control de largos territorios para llevar a cabo ganadería y, en algunos casos, narcotráfico. Eso demuestra que las capacidades del Estado colombiano para proteger su medio ambiente son débiles, pues si a esto se le suma el fenómeno de la minería ilegal, vemos cómo los gobiernos se ven superados por la influencia de la plata fácil y de lo complejo que es ver lo que ocurre en la geografía del país en todo momento. Por eso es tan importante que, gracias a la visibilidad de lo que ocurre en el Tolima, la Fiscalía pueda contarle al país quiénes son los responsables, no solo los capturados, sino aquellos que planearon los actos. ¿Podemos evitar que esto siga ocurriendo?

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Algo huele mal en los contratos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como si hicieran falta más argumentos para pedir una reforma estructural de la entidad, una investigación de La Silla Vacía muestra los cientos de miles de millones que se gastaron con fines opacos y explicaciones aún más enrevesadas. La Contraloría ya anunció la apertura de indagatoria, pero es necesario que pronto le cuente al país qué fue lo que ocurrió. Nos parece evidente que permitir que los políticos tomen decisiones electorales sin ningún tipo de contrapeso y supervisión es una pésima fórmula para la democracia colombiana.

La investigación de La Silla Vacía observa los gastos de los magistrados que serán reemplazados este 1° de septiembre. En particular, se concentra en COP 529.000 millones que se gastaron en la capacitación y acreditación de los testigos electorales. Si la cifra suena desorbitada, es porque lo es: el mismo trabajo en 2022 fue realizado por la Registraduría con un costo de alrededor de COP 9.000 millones. ¿Está justificado el incremento?

Los magistrados del CNE han dado respuestas evasivas, así como las firmas privadas involucradas. Por una herramienta web de capacidad para seis millones de actores electorales en los comicios del Congreso y la primera vuelta presidencial se pagaron COP 76.866 millones, pero al final solo se inscribieron un millón de testigos para el Congreso y muchos menos para la primera vuelta. Luego, en segunda vuelta, a pesar de pedir capacidad mucho menor (508.000 actores electorales), el CNE pagó COP 38.406 millones. Un platal.

No es lo único. Por ciberseguridad para esa herramienta pagaron COP 51.872 millones. Por 243.000 cartillas en primera vuelta pagaron COP 38.000 millones, por 119.342 cartillas en segunda vuelta pagaron COP 19.000 millones y para una capacitación de actores electorales, COP 38.433 millones. Los colegas de “La Silla Vacía” hicieron cotizaciones por su cuenta en cada uno de estos rubros y encontraron que el CNE pagó muchísimo más de lo que ofrece el mercado. ¿Por qué?

El problema tiene raíces profundas y va mucho más allá de esta denuncia particular. El CNE está en una crisis de legitimidad, exacerbada por la manera en que llevó a cabo las investigaciones contra el gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro. En la historia de la entidad se ha visto cómo los intereses políticos guían decisiones que luego buscan ser justificadas en el marco de la legalidad. Así no puede funcionar un órgano que tiene tantas potestades sobre cómo se llevan a cabo las elecciones en Colombia. La representación de los partidos políticos se pensó con el objetivo de dar garantías, pero ya hemos visto cómo en la práctica se han formado mayorías que se movilizan para excluir a los demás. Es hora de una reforma estructural.

El gobierno anterior intentó promover una reforma política que terminó enterrada, como tantas otras que han corrido la misma suerte en el Congreso. Un reto importante para el gobierno de Abelardo de la Espriella será volver a insistir e incluir un debate amplio en torno al rol del CNE. Desde la sociedad civil han surgido propuestas para devolverle la legitimidad al órgano electoral, algo que beneficiaría a todos los involucrados en nuestra democracia. Es momento de escucharla. Mientras tanto, la Contraloría no puede olvidar que algo huele mal y que los colombianos tenemos preguntas que necesitan respuestas.

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Colombia tendrá un nuevo régimen pensional. Después de años de incertidumbre, la Corte Constitucional encontró que la reforma aprobada durante la administración de Gustavo Petro se hizo correctamente y empezará a regir a partir de abril de 2027. Aunque la Corte devolvió 10 artículos a la Cámara de Representantes, estos no son estructurales y la entidad solo tiene 30 días hábiles para discutirlos. Eso quiere decir que cambia la manera en que nuestro país ha entendido las pensiones y que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene ahora la tarea de implementar la ley. Queda, eso sí, el enorme interrogante sobre la viabilidad financiera. ¿Será capaz la nueva administración de impulsar debates que son impopulares, pero muy necesarios?

La votación de siete magistrados y magistradas contra uno envía el mensaje de que el alto tribunal no ve problema constitucional con la esencia de la reforma pensional. En la decisión la Corte encontró que se resolvieron los problemas de trámite y que en lo aprobado no hay nada que incumpla las promesas de la Carta Política. Estamos de acuerdo. Esta reforma fue cuestionada con base en mucha desinformación, dado que tocaba múltiples intereses económicos y que nuestro país parece incapaz de llevar a cabo conversaciones complejas. Lo dijimos en varios editoriales no solo durante la administración Petro, sino las que lo antecedieron: la bomba pensional necesita decisiones contundentes y urgentes.

Eso no quiere decir que la reforma aprobada solucione todo el problema. No, de hecho los subsidios que crea abren un boquete adicional en las finanzas públicas que no es claro aún cómo va a ser solucionado. Además, la estructura adoptada implica que eventualmente tendremos que hacer modificaciones importantes o el sistema no podrá continuar. El reto de una población que envejece, sumado a una expectativa de vida que se expande mientras descienden las tasas de natalidad y a una economía que sigue siendo mayoritariamente informal, implica que las pensiones como las hemos entendido desde su creación no respondan a la realidad del país. Empero, ese problema lo están enfrentando todos los sistemas de seguridad social del mundo. Por eso es una conversación que necesita mantenerse viva y que implica tomar decisiones que las personas no reciben bien, como un aumento en la edad de pensión que parece ineludible.

Dicho lo anterior, la nueva ley sí ataca problemas particulares que nuestro sistema había pasado por alto. Acaba, de una buena vez, la competencia entre aseguradoras privadas y Colpensiones. Esa fórmula solo llevó a la frustración de los colombianos y a crear un régimen público donde los recursos de todos se iban a subsidiar megapensiones de unos pocos. A partir de abril del año entrante todos los colombianos cotizarán en Colpensiones, y si ganan más de 2,3 salarios mínimos el excedente irá a la aseguradora privada de su elección. Eso ahorra confusiones, elimina subsidios lesivos y fortalece la institucionalidad.

Otro aspecto clave es la creación del pilar solidario, que extiende un subsidio mensual a los adultos mayores en condición de pobreza. El presidente De la Espriella puede utilizar esa disposición para aterrizar su promesa en el mismo sentido. Es un apoyo urgente para las personas más vulnerables. El pilar semicontributivo también reconoce que hay personas que aportaron a pensión, pero no lo suficiente para pensionarse, un problema muy común en nuestro país. Ambos pilares buscan ayudar a combatir la desigualdad de un sistema con abismos entre los que más ganan y los que menos.

Esperamos que la Cámara sea diligente en la discusión de los artículos pendientes. También que el gobierno De la Espriella le cuente pronto a Colombia cómo pretende reformar el sistema, ojalá con miras a la sostenibilidad a largo plazo y sin perder los avances. Es un tema delicado, lo sabemos, pero no da espera.

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Aunque los reflectores de las primeras tres semanas de gobierno se los llevó el terremoto y la asistencia a la tragedia, entendiblemente, hay una serie de cambios introducidos por la nueva administración desde el nombramiento de sus servidores públicos que auguran buenas noticias para el país. Salvo notables excepciones, la mayoría de ministros seleccionados, así como sus subalternos, son personas con amplio conocimiento de los sectores que entrarán a regular y, ante todo, tienen disposición de diálogo, algo que faltó en los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro.

Por ejemplo, uno de los nombramientos que más cuestionó la oposición fue el del nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona. Sin embargo, su manejo luego de llegar al cargo muestra una visión integral de las necesidades del país, del reconocimiento de errores del pasado y la voluntad de integrar visiones. Hace poco, el ministro dijo: “Vamos a tener que equiparar todos los temas de la sostenibilidad con el crecimiento; no hay sostenibilidad sin crecimiento”. Al mismo tiempo, aclaró que fracking en páramos no es lo que se ha propuesto y también calmó las aguas después de las versiones cruzadas sobre la protección del páramo de Santurbán. Adicionalmente, llenó su equipo de personas con amplia experiencia en el sector. Sandra Bessudo, como directora de Parques Nacionales Naturales, así como Carla Blondineth Mosquera (en la Oficina de Negocios Verdes) y Luis Eduardo Quintero (en la Oficina de Asuntos Internacionales) muestran la propuesta de un Ministerio de Ambiente que acompañe la protección de acciones tangibles para garantizar la financiación que necesita el país. Ideológicamente, por supuesto, está lejos de lo que proponía el pasado Gobierno, pero crea la oportunidad de diálogos que lleven a acuerdos amplios allí donde haya voluntad política de la oposición y otros actores.

Algo similar vemos en el Ministerio de la Salud. Ana María Vesga, ministra, fue recibida con señalamientos de ser una operadora de las EPS y, por ende, de tener conflictos de interés. Sí, la ministra viene del gremio de las prestadoras de servicios en salud y, por ende, representa una visión particular de cómo debe reformarse el sistema. Empero, ningún actor puede negar su experiencia ni su apertura a escuchar las preocupaciones más urgentes de los diferentes jugadores. El pasado Gobierno empeoró la crisis del sistema sin lograr consolidar una reforma que tuviera suficiente apoyo; para enderezar el rumbo, la apuesta por alguien que conoce el sector, lo que se ha padecido y lo que se necesita tiene sentido. El nombramiento de Zulma Cucunubá como directora del Instituto Nacional de Salud (INS) muestra el deseo de mezclar conocimientos técnicos y científicos en posiciones claves.

El patrón sigue en el Ministerio de Minas y Energía, con María Nohemí Arboleda; en el de Justicia, con Iván Cancino; en el de Agricultura, con Indalecio Dangond, y en las embajadas en Washington y la ONU, con María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona, respectivamente. De nuevo, por más diferencias de opinión que podamos tener con algunas de sus ideas en cada cartera, es de celebrar que haya prioridad por la experiencia y por personas dispuestas a escuchar a sus críticos. Si algo nos quedó debiendo el Gobierno pasado fue precisamente eso.

Claro, no se puede decir lo mismo de los ministerios que entran en la agenda de una “guerra cultural”. Ya habrá tiempo de cuestionar esa visión de administrar el país. Si la idea de fondo es demostrar un gobierno con capacidad de ejecución, que represente a todos los colombianos y no solo los que votaron por el presidente De la Espriella, necesitamos más nombramientos como los mencionados. El servicio público entendido como un esfuerzo por debates de altura y con conocimientos profundos en cada tema.

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Una fuerte luz de esperanza se acaba de encender en la lucha contra el melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más letales. Moderna y MSD (Merck en EE. UU.) anunciaron que su ensayo de una vacuna personalizada contra el melanoma obtuvo resultados clínica y estadísticamente relevantes en ensayos de fase 3. En términos sencillos, es la primera vez que una vacuna de este tipo logra un resultado positivo en esa fase de estudios. Nunca habíamos llegado tan lejos y, aunque hay detalles que no se han publicado, el mecanismo utilizado invita a un optimismo cauteloso sobre los potenciales descubrimientos que vengan en los próximos años.

Es paradójico que este anuncio, sin duda un hito histórico, ocurra mientras el Gobierno de los Estados Unidos está en franca retirada de su apoyo a los estudios científicos. La Secretaría de Salud, en cabeza de Robert F. Kennedy, ordenó recortar cerca de USD 500 millones destinados a la búsqueda de construir vacunas mediante ARN mensajero (ARNm). Entre los afectados estuvo Moderna, que fue señalada por los movimientos antivacunas con falsedades durante la crisis del COVID-19. Ahora, es precisamente ese tipo de investigación la que les abre una oportunidad a personas que sufren uno de los peores tipos de cáncer que conocemos.

Aunque los detalles de la fase 3 todavía están pendientes de ser socializados, el ensayo en fase 2 logró reducir un 49 % el riesgo de recaída o muerte y un 59 % el riesgo de metástasis. Como funciona es impresionante y un argumento a favor de seguir apoyando la investigación científica. El reto con el melanoma es que presenta mutaciones distintas en los tumores, por lo que tratamientos generales no son tan efectivos. En cambio, a través del ARNm, lo que lograron Moderna y MSD es crear tratamientos especializados para cada persona. Se trata de la materialización de un sueño que existe por lo menos desde 1990, cuando Katalin Karikó y Drew Weissman plantearon la posibilidad de usar el ARNm para poder crear tratamientos especializados con base en las características de cada individuo. Ese enfoque nos ayudó a encontrar una vacuna efectiva contra el COVID-19 y, ahora, nos da uno de los pasos más contundentes en la lucha contra el melanoma.

Vale la pena aclarar que el término “vacuna” se puede prestar para confusiones, pues el desarrollo científico solo aplica para personas que ya hayan sido diagnosticadas con melanoma. Interviene directamente en sus oportunidades de supervivencia y metástasis. Dicho eso, los aprendizajes de estos estudios son prometedores para otros tipos de cáncer. Ya hay ensayos en curso para tratar cánceres de pulmón, vejiga y riñón. Según el director de Moderna, Stéphane Bancel, los hallazgos “refuerzan la promesa de una aproximación más personalizada al tratamiento del cáncer”.

Claro, la tecnología actual es muy costosa y no llegará de manera rápida a todos los pacientes que lo necesitan. Ahí se choca con las dinámicas de los sistemas de salud mundiales y la desigualdad entre países ricos y el resto. Las barreras de acceso a tratamientos de alto nivel siguen costando vidas todos los días. Por eso es tan importante redoblar la inversión en ciencia e investigación, y combatir la ola de radicalismo anticientífico que se ha tomado varias democracias occidentales. Para que sigamos encontrando evoluciones que salven vidas, así como mecanismos para democratizar el acceso a las nuevas tecnologías, es necesaria la inversión pública generosa y los incentivos al sector privado. Es lo que nos ayudó a llegar hasta aquí.

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Es desgastante tener que escribir un editorial sobre este tema de manera periódica. Una vez más, las canchas del fútbol colombiano se convirtieron en el espacio para una batalla campal entre hinchadas de dos equipos. Una vez más, hubo múltiples heridos, mientras que las autoridades tuvieron que intervenir para dispersar a la turba. No solo se interrumpió un partido, sino que se sembró pánico en los miles de asistentes a un espectáculo que se ha vendido como “familiar”. ¿Por qué la violencia sigue apareciendo en fútbol colombiano? ¿Por qué se siente que las medidas nunca son suficientes?


En esta ocasión, la violencia ocurrió en Bogotá. En el estadio El Campín, Santafé y América se estaban enfrentando en uno de esos partidos que por calidad e historia suele llamar la atención de los amantes del fútbol. En las graderías había hinchas de todas las edades, familias que han convertido en tradición ir a apoyar la liga profesional colombiana. El fútbol sigue siendo uno de esos “terceros lugares” de encuentro para los colombianos, donde no solamente se ve un partido, sino que se construyen identidades y lazos comunitarios. Por eso es tan importante que se pueda garantizar la seguridad de todos los que asistan y que se rompa el ciclo de violencia.


Las imágenes son perturbadoras. Durante el minuto 33 del encuentro, aficionados del América y de Santafé empezaron una batalla que incluso invadió el terreno de juego. Tuvo que suspenderse el partido mientras las autoridades desplegaron una intervención también agresiva. Las personas en las gradas no sabían si irse, si estaban en riesgo, si esperar a que la situación parara. El desconcierto era palpable. También la amargura de sentir cómo unos cuantos actores violentos arruinaban un momento especial para todos, incluyendo menores de edad.


Alejémonos un momento del hecho particular. Con la derrota de la Selección Colombia en la pasada Copa del Mundo, Radamel Falcao, leyenda del equipo nacional, dijo que una de las principales fallas es que nuestro fútbol profesional no tiene la profundidad ni la seriedad necesarias para encontrar y nutrir talentos. El diagnóstico es acertado, pero también comprendemos la complejidad del reto: ha sido difícil que en nuestro país la hinchada crezca y apoye a los equipos locales, más allá de los grandes de siempre. Si no hay un modelo de negocio viable, es muy complicado hacer las inversiones que se necesitan. Todo esto está atravesado por la percepción que el colombiano común tiene sobre nuestra liga profesional. En la última década, se ha hecho un esfuerzo para que las familias retornen a los estadios, lo que no solo aumenta los ingresos por taquilla, sino que garantiza un recambio generacional en la hinchada. Esa es la dirección correcta. Pero hecho como los de este sábado en Bogotá crean un lunar difícil de evadir.


En esencia, la experiencia de ir a ver fútbol tiene muchas fricciones. Si estamos viendo que hay hinchas que utilizan cualquier oportunidad para recurrir a la violencia, ¿qué más podemos hacer para corregir esos comportamientos? Ante la violencia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que “esto no puede quedar así, no vamos a permitir que el estadio se convierta en un escenario de violencia, tiene que ser escenario de fiesta, de fútbol de familia, no de agresión”. Hoy, la Comisión de Fútbol analizará lo ocurrido, pero más allá de las sanciones particulares, es importante que le cuenten al país qué se hará para evitar que la violencia siga apareciendo. Que no nos roben el espectáculo.

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Hasta ahora, Colombia ha visto dos versiones distintas del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En su respuesta a los daños ocasionados por el terremoto, el presidente ha buscado la unión del país entero, sin tomar preferencias ideológicas, y ha buscado fortalecer la institucionalidad a nivel nacional y en cada uno de los municipios afectados. Al mismo tiempo, e incluso desde antes, la Cancillería tomó una serie de decisiones que no solo representan un viraje radical a lo ocurrido en los últimos cuatro años, sino que convierten a nuestro país en uno de los pocos estados que se siente cómodo complaciendo los caprichos de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Ese contraste representa un riesgo para la reputación internacional colombiana, es un golpe inesperado al multilateralismo que tanto le ha servido a nuestro país y representa una visión cortoplacista en términos diplomáticos con muchos problemas a futuro.

Sabemos que el primer reclamo a esta línea argumentativa se refiere al manejo de la Cancillería durante la administración de Gustavo Petro. ¿Acaso en El Espectador no vimos con preocupación el manejo errático de las relaciones internacionales? Sí, lo vimos y lo denunciamos. El anterior gobierno cometió errores costosos, como enemistarse con el principal aliado comercial del país a través de publicaciones en X que eran impulsivas e irresponsables. Adicionalmente, si bien el presidente Petro acertó en denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los palestinos, no supo diferenciar adecuadamente entre los actos criminales del gobierno de Netanyahu y el hecho de que el Estado de Israel es mucho más que sus líderes políticos temporales. Era viable protestar contra el genocidio al mismo tiempo que se reconocían los lazos entre los pueblos de Colombia e Israel, que vienen de vieja data. En esencia, el presidente Petro personalizó las relaciones internacionales, sembró un caos innecesario con aliados y creó problemas para Colombia.

Dicho lo anterior, las decisiones que ha tomado el nuevo canciller, Omar Bula, por supuesto autorizadas por el presidente De la Espriella, más que una corrección son un viraje preocupante hacia otro tipo de extremismo. Aquí no hay manejo técnico ni diplomático, sino un objetivo claro: tener contentos al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu. Es decir, el mismo problema que con la administración pasada, pues se personaliza la relación con otros Estados. En el proceso, se están traicionando principios que nuestro país ha defendido durante mucho tiempo.

Por ejemplo, reconocer la “soberanía” de Israel sobre los Altos del Golán es difícil de comprender. El territorio sirio ha sido ocupado por ese estado desde la guerra de 1967. En 1981, Israel aprobó legislación para, básicamente, tomar control del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU declaró que esa decisión era nula y que no tenía efecto jurídico internacional. Es decir, el sistema jurídico internacional que Colombia ha ratificado en varias ocasiones, que hace parte de la Constitución, dice que Israel no tiene esa soberanía. Pero ahora nuestro país la reconoce. Sólo otro país en el mundo mantiene esa misma posición: Estados Unidos.

El canciller Bula también anunció que nos retiraremos de la Corte Penal Internacional, algo que hace poco hizo la Argentina dirigida por Javier Milei. Marco Rubio, secretario de Estado del Gobierno Trump, tiene una cruzada pública en contra del alto tribunal, cuya autoridad ha buscado anular para garantizar impunidad en los casos que este investiga. ¿Por qué Colombia se une a ese grupo de conspiradores en contra de una justicia internacional que ha costado tanto construir? No sobra recordar que el tribunal investiga los cuatro crímenes más graves para la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. En Colombia, la vigilancia y acompañamiento que ha hecho sirvió para fortalecer nuestros propios mecanismos de justicia.

El patrón es preocupante porque Colombia siempre ha respetado el derecho internacional, respaldado la no agresión entre naciones y buscado ser parte activa del multilateralismo. ¿Nos entregaremos, ahora, a la “doctrina Donroe”, que es un eufemismo para referirse al trumpismo? ¿Cómo es ese radicalismo útil para los intereses de todos los colombianos?

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Entre cientos de millones de dólares y cientos de millones de dólares, las plataformas de redes sociales van surfeando las olas de sentencias judiciales en contra que no les hacen mella. En las últimas dos semanas, ByteDance, dueña de TikTok, y Meta, dueña de Facebook e Instagram, recibieron malas noticias, pero parece que la gasolina se le está acabando a los procesos judiciales en su contra. ¿Acaso algún órgano regulatorio podrá forzar cambios necesarios en las redes sociales?

En Estados Unidos, la falta de regulación ha permitido que las empresas tecnológicas hagan y deshagan sin tener que dar muchas respuestas. El sistema judicial ha intentado intervenir, pero las decisiones han sido decepcionantes. Hace apenas unos meses, en este espacio discutimos cómo los procesos antimonopolio que se iniciaron contra Google terminaron en una sanción que se sintió más como una caricia.

Es en ese contexto que se tiene que leer la noticia sobre cómo TikTok acordó pagar 400 millones de dólares tras ser acusada de violar las leyes federales de privacidad infantil. En esencia, la plataforma permitió que menores de edad y que niños y niñas de menos de 13 años pudieran tener cuentas sin mayores restricciones. Por estos mismos hechos, tanto la Unión Europea como el Reino Unido tienen investigaciones en proceso. En Estados Unidos, la denuncia había sido interpuesta por la administración de Joe Biden, pero el dinero entrará a ser ejecutado por la Casa Blanca de Donald Trump. Una investigación de ABC News, citada por AFP, encontró que “los fondos (serán usados) para proyectos como la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el salón de baile de la Casa Blanca y la construcción de un arco”. A nadie extraña que el Gobierno Trump tenga prioridades distintas a la protección de los menores de edad.

Por el lado de Meta, un juez en Nuevo México le impuso una multa de 942 millones de dólares y le ordenó hacer cambios en sus plataformas para proteger a los menores de edad. La sentencia utilizó la analogía de una fábrica que contamina el aire para decir que las redes sociales de Meta están diseñadas para convertir a los niños, niñas y adolescentes en adictos. La empresa apelará, pero la semana entrante empieza un juicio en el que 29 estados piden responder por los daños causados todos estos años. Russell Coleman, fiscal general de Kentucky, dijo que pueden demostrarle a un jurado que “Meta ocultó lo que sabía sobre el daño que su producto le causa a los jóvenes porque quería obtener más ganancias”.

Si Meta pierde ese juicio, se vería en la obligación de modificar aspectos claves de su modelo de negocios, como el conteo de “me gusta”, el algoritmo diseñado para explotar la dopamina de las personas y la falta de verificación a las cuentas de los menores de edad. Sin embargo, si la historia reciente es predicción, el proceso será largo y los resultados poco apropiados para la magnitud del problema.

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Con la publicación del Decreto 1261 de 2026, Colombia entró en emergencia económica. El Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce que las medidas de atención a las víctimas y para empezar el proceso de reconstrucción implican una prioridad nacional. Es de esperar que haya reasignación de recursos, transferencia de competencias y otras medidas extraordinarias. Aunque habrá que ver con detalle cada uno de los decretos con fuerza de ley que se expidan a propósito de esta emergencia, nos parece evidente que es un paso necesario ante un desastre natural de suma gravedad.

Como ocurrió con las inundaciones en Córdoba durante la administración de Gustavo Petro, las afectaciones del terremoto justifican que el Gobierno modifique los temas en los que va a concentrarse. Para eso se crearon las figuras de emergencia en la Constitución. En momentos de retos extraordinarios, que requieren un Ejecutivo fuerte y capaz de actuar con rapidez, la carta política reconoce que hay procesos legislativos que son muy demorados y pueden saltarse. Sin embargo, como lo dijimos también en el gobierno anterior, el presidente De la Espriella y su equipo deben recordar que la potestad de expedir decretos de ley viene con la responsabilidad de delimitar su uso y no permitir que entren medidas que nada tienen que ver con el terremoto. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado necesitan priorizar el estudio de los decretos para darles transparencia a los colombianos y blindar de legitimidad lo que se haga.

Lo dijimos hace unas semanas: el Gobierno de De la Espriella tendrá todo su primer año en el poder marcado por las urgencias del terremoto. En alocución, el presidente dijo que los daños se estiman en unos COP 30 billones. Esas estimaciones pueden quedarse cortas, a medida que veamos cuáles son las necesidades de las víctimas y la cantidad de viviendas que tendrán que ser reconstruidas. Colombia no tiene el dinero suficiente para enfrentar esta emergencia con holgura. Entonces, el equipo económico del Gobierno necesita explicar cómo reasignará recursos, en qué montos y de qué manera lo hará sin empeorar el déficit fiscal. Es una situación compleja.

La declaratoria de emergencia da algunas pistas. Se habla de habilitar recursos del Sistema General de Regalías, modificar el esquema de Obras por Impuestos, vender de manera exprés los activos que tiene la Sociedad de Activos Especiales, eliminar restricciones al sector cooperativo para que pueda atender a más personas, apoyar a las micro y pequeñas empresas en el pago de salarios y seguridad social y permitir que el sistema financiero ofrezca créditos subsidiados. Es decir, se va a movilizar mucho dinero de manera muy rápida y sin atender a normas diseñadas para evitar la falta de transparencia. Es lo necesario, pero también debe haber vigilancia ciudadana y periodística y un esfuerzo del Gobierno nacional por contarle al país en qué y cómo se está gastando la plata. El reto administrativo no es menor, pues la coordinación entre entidades nacionales y locales es difícil en tiempos normales, ahora mucho más en un momento de emergencia. La clave será cuidar la plata al mismo tiempo que se le responde a las necesidades de la gente con celeridad.

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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó una frase muy preocupante en un discurso que pronunció recientemente. Según él, gracias a la labor del contralor, Carlos Hernán Rodríguez; el registrador, Hernán Penagos, y el mismo Eljach se logró prevenir un golpe de Estado pues “no iba a haber elecciones”. Lo extraño es que, a pesar de la suma gravedad de lo que dijo, el jefe del Ministerio Público no dio más detalles. Eso es inaceptable. Si la Procuraduría supo y tiene pruebas de que había un plan para cancelar las elecciones, tiene que compartirlo con el país entero. Si no es así, el servidor público no puede andar soltando ese tipo de afirmaciones a la ligera, pues le hace daño a la democracia, estigmatiza a todo un sector político y siembra dudas sobre su rol de independencia frente al poder.


El discurso del procurador es grandilocuente y, quizás por eso, ha pasado inadvertido. El país entero está concentrado en atender la tragedia del terremoto, combatir los incendios forestales y conocer cómo va a gobernar el presidente Abelardo de la Espriella. Pese a lo anterior, nos parece urgente solicitarle claridad a la Procuraduría, porque lo mencionado tiene implicaciones muy serias para la separación de poderes y el cumplimiento de la Constitución. Por eso, observemos en detalle lo mencionado por Eljach.


“Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, haber adelantado exitosamente el programa de paz electoral que fue el que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones. Todo el mundo tenía el temor, fundado, de que las elecciones se iban a malograr”, dijo el procurador. Después, agregó que “gracias a esa actitud de ellos dos, a la que me sumé, en actitud de prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino, hoy gozan, el señor presidente, en buena hora elegido legítimamente y legalmente por los colombianos, y el Congreso de la República, que estuvieron en riesgo de no haber cumplimiento del calendario electoral. Colombia sabe a qué me refiero y no voy a recordar esos momentos de angustia, de zozobra, de desazón, de perplejidad, tanto institucional como personal”.


No, procurador: no estamos seguros de que Colombia sepa a qué se refiere. Sí es importante recordar la “perplejidad” institucional y personal, porque queda la sensación de que el país no se enteró de algo importante. ¿Por qué dice que el temor de que no hubiera elecciones es “fundado”? ¿Tenía la Contraloría pruebas? ¿La Registraduría? ¿Por qué la Procuraduría no le dijo esto al país con claridad? ¿Acaso tomaron medidas ocultas? Y, en caso de ser así, ¿por qué no las comparten ahora que hubo cambio de gobierno? Si bien el presidente, Gustavo Petro, adoptó un discurso muy problemático antes y sobre todo después del triunfo de Abelardo de la Espriella que denunciamos en varias ocasiones, usted señala que incluso la elección al Congreso estuvo en riesgo. Eso es información nueva que no se puede despachar en un discurso de dos minutos.


Decir que en Colombia “no iba a haber elecciones” tiene que poder comprobarse o, de lo contrario, se está cayendo en una falla disciplinaria que, paradójicamente, la Procuraduría tendría que investigar. No se puede sembrar terror sin evidencias ni tampoco estigmatizar al sector político que comparte ideas con el presidente Petro. Por eso, procurador, necesitamos escuchar mayores claridades de su parte. Es momento de compartirle a Colombia el porqué de su angustia institucional. O, de lo contrario, es urgente que morigere el testimonio.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de anunciar una reestructuración profunda del Sistema de Medios Públicos, ahora de nuevo llamado Inravisión, pero posicionado en los últimos años como RTVC. Las primeras medidas contemplan desmantelar los espacios informativos y de opinión, revisar los contratos suscritos por la administración pasada y entrar en fase de construcción de la estrategia a mediano plazo. Estamos de acuerdo con el diagnóstico: los últimos cuatro años vimos cómo la televisión pública se supeditó a los intereses del presidente de turno, Gustavo Petro, mientras que asfixió de recursos a proyectos valiosos que no iban acorde a ese interés político. Sin embargo, este el momento en el que Colombia necesita dar un debate abierto, ojalá en el Congreso, que responda una pregunta básica: ¿para qué queremos televisión y radio públicas?

La ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, emitieron un comunicado en el que acusaron de “propaganda” a toda la producción del Sistema de Medios Públicos del cuatrienio anterior. Dijeron que pasarán a revisar más de 1.051 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. En particular, van a observar los 87 contratos suscritos entre el 6 y el 7 de agosto por un monto aproximado de 4.000 millones de pesos. Para este fin, convocaron a la Procuraduría y a la Contraloría. Debe hacerse. ¿Sí se trató de contratos urgentes y necesarios? Eso es lo que deben responder cuanto antes la nueva administración y las autoridades competentes.

El otro anuncio se concentró en la franja de operación informativa desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Según los datos de la ministra y la directora, el 90 % de los recursos y del personal disponible se destinaba a esos espacios, que incluían noticias y opinión. La nueva programación, dijeron, se concentrará en la cultura, el arte y la educación.

Creemos que la ministra y la directora aciertan en el diagnóstico. En efecto, los últimos cuatro años demostraron el problema de un sistema informativo al servicio de intereses políticos particulares. Hasta la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió en dos ocasiones cómo, durante las pasadas elecciones, se privilegió el espacio del candidato oficialista. Cuando el entonces presidente Iván Duque anunció que RTVC pasaría a tener un espacio de noticias, elevamos nuestra preocupación: disponer tantos recursos públicos a un espacio “periodístico” sin que haya salvaguardas implica abrir la puerta a la manipulación por el gobernante de turno. Eso ocurrió.

En entrevista con Blu Radio, Álvaro García, exgerente de RTVC que materializó esa idea del presidente Duque, aceptó el error. “Quienes nos hicieron esa observación tenían razón en lo que estaban pensando, pero estaban equivocados de que iba a pasar en este momento, y pasó después. Entonces realmente yo creo que es el momento de hacer una reflexión profunda sobre la estructura y el papel que deben jugar los medios públicos en Colombia”, dijo al aire. En columna para Cambio, profundizó la idea, argumentando que “la buena voluntad de un presidente y la independencia profesional de un gerente y su equipo no constituyen un modelo institucional a prueba de intentos de asalto por parte de la política”. Descubrió, muy tarde, que el agua moja.

La solución no es limitar lo que el Sistema de Medios Públicos pueda producir. Una pregunta más interesante es cómo vamos a entender la radio y la televisión pública en la época digital. La mejor versión de Inravisión apoya proyectos nacionales y regionales que ayudan a la diversidad de expresiones. Eso pasa por apoyar producciones que pueden no ser exitosas en el punto de vista comercial, pero sí le muestran al país otras maneras de contar. El Congreso también debería dejar claro desde ya cómo entender las franjas informativas tanto a nivel nacional como departamental. Si van a continuar, un modelo como el de la BBC, con reglas claras y administración independiente de quien esté en la Casa de Nariño (o, bueno, el Palacio de San Carlos), es un buen ejemplo. Pero necesitamos reglas claras. Ya vimos lo que pasa cuando todo depende de la “buena voluntad”.

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