Presidente Abelardo de la Espriella, su política de seguridad tiene un asunto urgente en Cúcuta y en todo el departamento de Norte de Santander. La seguidilla de gobiernos que se desentendieron de la región e incluso pactaron con una clase política que tiene lazos cuestionables llevó a un punto de crisis ineludible. Hoy, tanto en la capital del departamento como en todas las zonas fronterizas, hay una confluencia de actores ilegales que mandan a su antojo mientras que las autoridades locales son silenciadas, perseguidas y cooptadas. El asesinato del precandidato a la Alcaldía de Cúcuta Miguel Castellanos es solo una muerte más en la larga lista de tragedias de un territorio nacional que ha sido olvidado, menospreciado y entregado a la criminalidad. No será fácil, pero es momento de una intervención del Gobierno central que dé resultados a corto y mediano plazo. No podemos esperar más.

Un asesinato y un atentado nos tienen nuevamente hablando de Norte de Santander, pero la verdad es que casi a diario tendríamos motivo para hacerlo. La solución no es solo una intervención por la fuerza, aunque más presencia de autoridades nacionales sí es necesaria. Tanto el Gobierno como la Fiscalía necesitan trabajar de la mano para empezar a desmantelar las redes de corrupción. Eso implica, señor presidente, confrontar casos difíciles, incluso de personas que tienen alto impacto político en la región y que han apoyado candidaturas en todas las ramas del poder público. Si de verdad el propósito es dejar un legado, hay que romper esas estructuras, desde quienes las permiten en Bogotá y en el Congreso, hasta los espacios locales que están infiltrados. Por eso no es suficiente hablar de más hombres en la Policía y más presencia del Ejército, sino que debe haber una verdadera cruzada anticorrupción que muestre resultados. Para eso es urgente que la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, también asuma en serio el reto y tome medidas para asegurarse que quienes llevan las investigaciones en Cúcuta y la región tengan la protección que necesiten.

Sabemos que la violencia se recrudecerá. Pero eso es lo que pasa cuando tantos gobiernos nacionales se desentienden de una región que lucha entre el empobrecimiento por la falta de comercio con Venezuela y la influencia de dineros del contrabando, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la guerrilla del ELN. Basta con mirar la lista de políticos cucuteños y nortesantandereanos condenados por la Corte Suprema de Justicia para entender que solo hemos visto la punta del iceberg. Entonces, en estas tierras que votaron de manera abrumadora por usted, presidente De la Espriella, el mandato parece ser una súplica: es urgente la intervención del Estado y el fortalecimiento de las instituciones.

Vale la pena que se siente a conversar con Iris Marín, defensora del Pueblo, que tiene el panorama claro. En entrevista con Blu Radio, explicó que “Cúcuta se ha convertido desde hace ya muchos años en una ciudad muy insegura para hacer política, para hacer periodismo, para los liderazgos sociales, y en el fondo hay también estas redes relacionadas con economías ilegales”. Tiene toda la razón. Tenemos el diagnóstico hace tiempo, lo que ha faltado es la voluntad política para hacer algo al respecto y la valentía de enfrentarse a tantos focos de ilegalidad. Por eso, presidente De la Espriella, este puede ser su legado. La región que ayudó a elegirlo se lo agradecerá.

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Una y otra vez, el expresidente de la República, Gustavo Petro, ha invocado su derecho a la intimidad para no responder a escándalos en el debate público. Lo hizo con los desplantes constantes a sus obligaciones de agenda como jefe de Estado, lo hizo cuando surgieron preguntas sobre personas cercanas a su órbita personal y ahora lo hace una vez más ante las denuncias hechas por Deicy Jiménez en Semana, quien lo acusa de haberle conseguido contratos en el Estado a cambio de relaciones sexuales. Tiene razón el exmandatario en que su vida íntima es un asunto que no les interesa a los colombianos, pero lo que no es comprensible, ni cuando fue presidente ni ahora desde la oposición, es la manera en que evita responder por decisiones probadas que tomó en pleno uso de su poder dentro del Estado colombiano.

Nos explicamos. Cada uno de los escándalos que han estallado en estos meses puede rastrearse a una cuestionable decisión inicial del presidente Petro. Eva Ferrer, que prendió un ventilador con testimonios escandalosos, pero sin aportar pruebas, fue nacionalizada en tiempo récord y nunca se le explicó al país cuál era la necesidad de esos trámites para tenerla en el Gobierno Nacional. Lo mismo puede decirse de los procesos exprés que trajeron a Manuel Grau y Xavier Vendrell, quienes están en el ojo del huracán de las denuncias. La Casa de Nariño no quiso responder; la primera dama, Verónica Alcocer, tampoco dio mayores explicaciones, y ahora lo que tenemos es un montón de acusaciones de corrupción que dejan muchas preguntas.

No es el único caso. Angie Rodríguez llegó al Gobierno en el grupo traído por Armando Benedetti. Sobre el exministro del Interior, que ha guardado silencio en este tiempo, ya había suficientes dudas antes de entrar al Gobierno y luego protagonizó unos audios, que no olvidamos ni podemos permitir que se olviden, donde buscó extorsionar al presidente y a su mano derecha del momento, Laura Sarabia. Luego la misma Rodríguez confesó que, en medio de un encargo oficial, les pidió a exparamilitares que enlodaran a miembros de la oposición. Fue el presidente Petro quien la nombró como la cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y luego buscó descalificarla tildándola de “paciente psiquiátrica”. ¿Y la responsabilidad del nombramiento?

Juliana Guerrero, a quien el presidente defendió abiertamente en un consejo de ministros televisado a todos los colombianos, ya confesó ante la Fiscalía su actuar delictivo para obtener el título de la Fundación San José. Sobre ella y su hermana, Verónica Guerra, recaen denuncias de haber influido de manera indebida en entidades del Estado bajo la autorización del presidente Petro. De nuevo, fue el mandatario quien la llevó al Gobierno. También hay preguntas sobre el rol de Gabriela Muñoz y su familia en la contratación de la Aeronáutica Civil. Ahora, la misma Deicy Jiménez se autoincriminó al decir que recibió contratos estatales por su relación con el mandatario. Los contratos, por unos COP 100 millones, existieron.

A todo esto, el expresidente Petro responde con poesía y evasivas. “Cuando en (la búsqueda del amor) encuentro vidas destruidas por una sociedad machista, que discrimina económica y socialmente a las mujeres, hago lo que un revolucionario debe hacer: ayudar, entregarse al máximo y transformar una realidad”, escribió. Expresidente, no nos interesa lo que ocurra en su vida íntima, pero el país necesita respuestas a preguntas más sencillas: ¿por qué entraron al Estado estas personas que ahora están bajo investigación? ¿Por qué Jiménez obtuvo los cargos a los que accedió y ahora da el testimonio que conocimos? ¿Hubo, acaso, tráfico de influencias? Un revolucionario les debe respuestas a sus votantes, y también al país entero, sobre el uso de los recursos públicos. El resto, tiene razón, es chisme.

Nota del director 1: el titular de este editorial fue modificado de una versión inicial que daba una idea errónea del valor profundo de la poesía. Disculpas por eso.

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Nota del directo 2r. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.

La victoria de Lula da Silva en Brasil se resiste a interpretaciones facilistas. El aumento de participación que lo llevó a obtener diez millones de votos adicionales a los que recibió en primera vuelta habla de muchos factores, desde la movilización del poder del Estado central hasta el rechazo que la candidatura de Flávio Bolsonaro, de ultraderecha, genera en una buena porción del electorado. Sin embargo, el bolsonarismo sigue vivo, con presencia contundente en el Congreso y en las gobernaciones, y Da Silva se enfrenta a su edad avanzada y a la inconformidad que produce la falta de relevos dentro de su partido político.

Nos parece, eso sí, que es un triunfo de la democracia en un país que ha coqueteado en varias ocasiones con regresar al autoritarismo que marcó buena parte de su historia. Flávio Bolsonaro tiene serias investigaciones de corrupción en su contra, mientras que su padre, Jair Bolsonaro, está en prisión por haber intentado dar un golpe de Estado. Siguiendo el ejemplo de su progenitor, Flávio ha dicho que no puede reconocer el resultado y ha pedido que anulen la elección. Por fortuna, parece estar quedándose solo en ese intento por desconocer la voluntad de la mayoría. Celebramos que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, haya reconocido el resultado. En su cuenta de X, escribió: “El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”. Ese es el tono que necesitan las relaciones exteriores de Colombia.

A propósito de la Amazonía, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, debe aprovechar la experticia del Gobierno de Lula da Silva en la lucha contra la deforestación. Brasil alberga el 60 % de la Amazonía mundial y este año va encaminado a tener la menor cifra de deforestación en su historia. Eso se ha logrado con un esfuerzo comprometido acompañado de recursos. Los resultados están sobre la mesa: durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, la deforestación tuvo un aumento de 60 % en promedio en comparación con los años de Lula, mientras que la tala alcanzó un pico en la historia de Brasil. Si nuestro vecino es un aliado esencial en esta lucha, ¿por qué no pensar en una cooperación más activa?

Lula da Silva es una historia de respeto institucional desde que empezó en la política; una apuesta por la democracia en un país que sufrió durante muchos años una dictadura militar. El reto que le queda para este, su último periodo, es encontrar la manera de bajar la polarización, tan evidente en los resultados electorales. Será difícil, especialmente por el radicalismo del bolsonarismo y lo sucia que fue esta campaña, pero la región necesita ser capaz de tramitar sus diferencias por las vías democráticas, y su triunfo en un continente que ha venido virando a la derecha en los últimos años fortalece su liderazgo. El gigante de Sudamérica puede ser un referente en ese propósito.

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Colombia tiene una oportunidad con la atención que Estados Unidos le está prestando a nuestro país. En entrevista exclusiva con El Espectador, Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de ese país, dio pistas muy claras de lo que puede hacer el gobierno de Abelardo de la Espriella para que el apoyo bipartidista se mantenga sin importar lo que ocurra en las elecciones que se celebrarán en una semana y que prometen ser un golpe a la gobernabilidad de Donald Trump. La clave está en concentrar toda la cooperación internacional, y en particular la estadounidense, para los proyectos de reconstrucción de las zonas más vulnerables que fueron afectadas por el terremoto, como en el Pacífico colombiano. Eso implica que la Casa de Nariño empiece a reconocer la importancia de escuchar y respaldar a las comunidades étnicas que vienen pidiendo colaboración desde el Gobierno central.

Después de los problemas diplomáticos que causó la intervención del presidente De la Espriella en la elección de Estados Unidos, una llamada del mandatario al representante Meeks parece haber abierto la puerta para una colaboración bipartidista. Eso es fundamental, porque mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una popularidad en bajos históricos, del 33 % en la última medición, es claro que ese país va a tener un cambio de rumbo en su política pronto. Independientemente de cómo quede el Congreso después de las votaciones que ocurrirán en una semana, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata reconocen que la influencia del presidente Trump está disminuyendo. Por eso es que apostar todas las fichas de la diplomacia colombiana a su proyecto político hubiese sido nefasto para el país.

En la entrevista con El Espectador, el representante Meeks afirmó que él se encargará de pedalear que los USD 1.000 millones para Colombia, anunciados por el secretario de Estado, Marco Rubio, sean aprobados en la Cámara de Representantes. Eso sí, condicionó su apoyo a que una porción importante de esos dineros sean dirigidos de manera directa a las comunidades del Pacífico colombiano y con una perspectiva étnica. Meeks, que lleva 28 años siendo un aliado de Colombia en el Congreso de ese país, mencionó el Plan Marshall anunciado por el presidente De la Espriella como una oportunidad para que la reconstrucción rompa con la desigualdad de la región. Estamos de acuerdo.

Sabemos que Colombia tiene múltiples necesidades y falta de financiación disponible, pero es importante que el terremoto, que despertó la solidaridad del planeta entero, sea respondido con inversiones históricas en las zonas afectadas. No se trata de sectarismo, sino de reconocer que la desigualdad lleva mucho tiempo sin ser atendida y que departamentos como Chocó necesitan toda la atención del Gobierno Nacional. Por eso, para que los demócratas y republicanos sigan respaldando los recursos que necesitamos, es una buena idea que el Plan Marshall de Abelardo de la Espriella muestre un plan para involucrar a las comunidades étnicas y escuchar a los pobladores de la zona. Ganamos todos.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene su presupuesto para 2027. Después de un “sinceramiento de las cuentas”, que pasó por un rechazo del presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro, el trámite apresurado en el Congreso terminó con la torpeza de una aprobación fallida que resultó en su expedición por decreto. En el camino se quedaron por fuera varias de las modificaciones introducidas en el trámite legislativo, así como el ahora exministro del Interior, Rodrigo Lara, quien terminó reemplazado sin cumplir tres meses en el cargo. Tenemos presupuesto, sí, pero la Casa de Nariño está en mora de contarnos cómo se financiará y cuál será el plan específico de ajuste para enfrentar el déficit fiscal sin subir impuestos que nos ha prometido.

Para conocer los principios de un gobierno, el mejor indicador es mirar en cómo destina el dinero del Estado. Desde esa premisa, todavía no podemos responder cuál va a ser la estrategia del gobierno De la Espriella. Es comprensible, en parte, porque el terremoto, con sus efectos que se siguen sintiendo, modificó prioridades y creó una necesidad de inversión estatal considerable. La falta de preparación para el fenómeno de El Niño, cuyos efectos más serios vamos a empezar a sentir el mes entrante, hace que las múltiples promesas de reducción del Gobierno Central tengan que congelarse. Adicionalmente, y en esto tienen razón el presidente y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el manejo irresponsable de las finanzas en la administración pasada creó retos importantes, como un crecimiento ligado a un gasto estatal insostenible. Por todo lo anterior, el monto de COP 634,95 billones, que se terminó decretando y que es superior al que se había propuesto en el gobierno Petro, es un acto de honestidad que celebramos.

Todo lo anterior no quiere decir que los retos fiscales y políticos desaparezcan ni que el Gobierno actual no tenga responsabilidad. Por eso, volvemos a plantear una pregunta que hemos hecho en estos meses: ¿cómo es posible, ante este panorama desolador de recursos, que no se proponga aumentar los impuestos para mejorar el recaudo del Gobierno Central? Y si tuviere el Gobierno un plan extraordinario para alcanzar esa utopía, cada día que pasa sin echarlo a andar lo hace todavía menos realizable.

Es verdad que, después de la aprobación del presupuesto por decreto, el Ministerio de Hacienda firmó un recorte de COP 13,8 billones, equivalentes al 0,7 % del producto interno bruto (PIB), para la vigencia fiscal 2026. El ministro Gómez dice que ya está casi lista una ley de rescate económico. El tiempo apremia para conocer los detalles y comenzar el proceso legislativo, que ha sumado ahora dudas con el recambio en el Ministerio del Interior y las crecientes inquietudes en algunos partidos de la coalición de Gobierno.

Sobre el presupuesto en sí, llama la atención, también, que tanto educación (COP 93 billones) como salud (COP 81,56 billones) sean los sectores que más recursos reciben, incluso por encima que defensa (COP 74,90 billones). Suena bien, pero nos recuerda que, sobre todo en el sector educativo, falta conocer la estrategia que propone el Gobierno, aparte de su insensata “batalla cultural”. Estos dos meses son claves para que el país conozca qué está pensando la Casa de Nariño con más claridad. Y cómo va a conseguir que las cuentas sumen.

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En los últimos años, Meta –compañía dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp– ha construido una fachada de privacidad digital que choca con sus prácticas reales de manipulación de usuarios y explotación de datos. Esta semana, un juez de Nuevo México condenó a la empresa a pagar 25.000 millones de dólares –una de las condenas más cuantiosas aplicadas a una empresa– por intencionalmente engañar a los usuarios. Bajo el lema corporativo de que "el usuario tiene el control", la compañía de Mark Zuckerberg diseñó menús de configuración y herramientas de seguridad que en la práctica resultaron ser una suerte de placebo sin mayor efecto. Mientras los internautas creían blindar su intimidad al apagar ciertos interruptores en Facebook o Instagram, la tecnológica continuaba recolectando silenciosamente historiales de navegación, ubicaciones y redes de contactos, para luego vender datos de los usuarios.

La gravedad de este entramado va más allá de las aplicaciones de Meta. Mediante herramientas como el "Píxel de Meta" –un fragmento de código JavaScript que se instala en sitios web para rastrear la actividad de los visitantes y enviar esos datos a la empresa–, implantado en millones de sitios web de salud, comercio y educación, la empresa recopila las búsquedas más íntimas de los usuarios sin su consentimiento explícito. Datos sensibles –como los números de teléfono entregados supuestamente para la verificación de seguridad de las cuentas– han sido comercializados para que los usuarios reciban publicidad acorde a su actividad en línea. Meta es el ejemplo más radical de cómo el modelo de negocio del capitalismo de vigilancia se alimenta de la opacidad y el engaño sistémico.

Pero Meta no solo manipula a los usuarios con fines comerciales. Una investigación del diario Folha de S. Paulo reveló comunicaciones internas de empleados de Meta en las que se reconocía que las cuentas oficiales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva –candidato a reelección– sufrieron restricciones y limitaciones de alcance en Instagram durante el proceso electoral. Asimismo, la investigación expuso anomalías en el sistema de búsqueda y creación de contenido con inteligencia artificial de WhatsApp y fallas en la moderación automatizada. Todo esto perjudicó la visibilidad de la campaña oficialista en favor de su contrincante, el ultra Flávio Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores anunció que llevaría el caso antela OEA y la Unión Europea por supuesta intervención en elecciones.

Aunque Meta insiste en que estos casos son accidentales, ilustran un patrón común desde, al menos, 2016: la consultora Cambridge Analytica recopiló de forma indebida los datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito. Esos datos de comportamiento se utilizaron para realizar microsegmentación publicitaria en favor de la primera campaña de Donald Trump y del movimiento por el Brexit en el Reino Unido.

Cuando mínimo, como internautas debemos conocer a fondo las prácticas de las compañías tecnológicas. Las aplicaciones de Meta constituyen algunos de los principales medios de comunicación de nuestro tiempo y sería ingenuo esperar que renunciemos a ellos. Aunque es posible guardar optimismo ante la capacidad de los entes estatales y judiciales de poner límites al poder corporativo, el daño a la democracia y a la intimidad de los usuarios ya está hecho. Por eso, nuestro uso de plataformas debe estar marcado por la cautela.

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El miércoles en la mañana, el todavía ministro del Interior dio una explicación a lo ocurrido el día anterior en el Congreso de la República. “En el fondo y en términos prácticos no pasó nada: el presupuesto está, se mantiene, se preserva la facultad al gobierno para hacer traslados. Es prácticamente el mismo presupuesto”, dijo, haciendo referencia a que el Gobierno Nacional podía aprobar por decreto su propuesta inicial y que el error, descubierto en la madrugada, no tendría efectos prácticos. A las pocas horas Lara se enteraría, estando todavía en el Congreso y a través de X, que ya no iba a seguir en el Ministerio. Su reemplazo, Alejandro Ordóñez, despierta muchas dudas sobre cuál es la estrategia de esta administración en su relación con el Legislativo y sus promesas de representar a todos los colombianos.

Uno de los principales problemas de la administración de Gustavo Petro fue la inestabilidad de las cabezas de los ministerios. En varias ocasiones mencionamos aquí cómo los cambios constantes hacían muy difícil establecer políticas de largo aliento, así como crear predictibilidad en la manera de interactuar con las otras ramas del poder. Ahora, antes de los primeros 100 días del Gobierno de De la Espriella, ya hemos visto cambios en dos carteras importantes: Viviane Morales se fue de Educación por razones personales y Lara fue retirado sin consideraciones del Interior.

El caso de Lara es particularmente preocupante por el contexto en el que ocurrió. El ministro llevaba un par de semanas soportando una campaña de ataques en redes sociales provenientes de personas cercanas al presidente De la Espriella. Los testimonios que se han conocido indican que había incomodidad con el ministro por una pugna de poder tras bambalinas. Si a esto se le suma la serie de nombramientos y contrataciones echadas para atrás por no ser del oficialismo “purasangre”, cabe preguntar si en el Estado solo pueden trabajar quienes cumplan unos requisitos que no se le están planteando con claridad al país.

Más allá de la pelea entre apellidos, un cambio en Interior es un golpe a la gobernabilidad de la actual administración. En varias ocasiones, Lara habló de redefinir la relación con los congresistas y de modificar la manera en que se negociaban los proyectos de ley. Ahora, no sabemos cuál será la nueva táctica ni cómo se implementará.

Es cierto, como se ha señalado, que Ordóñez llega al puesto con el antecedente de haber ganado dos elecciones con amplias mayorías en el Congreso. Si alguien sabe moverse en el Capitolio es el exprocurador, cuyo nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado por utilizar la práctica del “yo te contrato, tú me nominas”. También aterriza a ese cargo con muchas preocupaciones por sus posturas radicales en contra de derechos fundamentales y de amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Cuáles serán las prioridades de su cargo? ¿Cómo se tramitarán? ¿De verdad puede una figura como Ordóñez construir un diálogo amplio e incluyente, o el Gobierno ha decidido cerrar filas con los suyos y sin acoger críticas?

Es muy temprano para tener las respuestas, pero el nuevo ministro del Interior debe recordar que su rol representa a todos los colombianos, no solo a los que votaron por el presidente. Tiene la palabra. Lo escuchamos con atención.

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Hace 10 años los países del mundo se hicieron una promesa: tomar todas las medidas necesarias para evitar que aumentara la temperatura media global más de 1,5 °C. Ahora, a tres semanas de la COP31 en Turquía, la Organización de Naciones Unidas lanzó un informe descorazonador que dice que esa meta es imposible. Ya es seguro que la temperatura media global aumentará más de 1,5 °C. Incluso en el mejor de los casos, donde todos los países cumplieran al pie de la letra sus compromisos climáticos, el incremento llegaría a 1,8 °C. No podemos seguir hablando solo de prevención, es tiempo de que haya un esfuerzo global de mitigación. Los desastres ya están aquí y no estamos preparados para enfrentarlos.

António Guterres, secretario general de la ONU que está en el ocaso de su mandato y va a entregar una organización debilitada y deslegitimada, fue claro en su declaración: “El mundo ya no puede evitar sobrepasar el límite de 1,5 °C, y las consecuencias ya son devastadoras. Inundaciones mortales, olas de calor brutales, incendios forestales devastadores, vidas perdidas, economías paralizadas y desigualdades cada vez más profundas, y quienes menos responsabilidad tienen son los que sufren primero”. En palabras más contundentes para la AFP, Mohamed Adow, director del centro de estudios Power Shift Africa, dijo que esto ocurrió por culpa de “un fracaso histórico del liderazgo político. La ciencia ha sido clara durante décadas, pero los gobiernos han optado por la demora en lugar de la acción. Las consecuencias se medirán en vidas perdidas, no solo en grados de calentamiento”. No hay mucho que podamos agregar, la verdad.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), titulado “Emissions Gap Report 2026: The Point of Return”, pide no caer en la desesperanza. Su argumento es que si bien los daños del incremento de la temperatura ya son inevitables, cada grado que evitemos aumentar implica vidas salvadas. La propuesta de la ONU a los Estados es que apuntemos a llegar a ese 1,8 °C y que de allí retornemos al 1,5 °C al final de este siglo. Pide, al mismo tiempo, planes más concretos de modificación del consumo energético y adoptar cooperación internacional de mitigación. Ya sabemos que los desastres vienen en camino y que afectarán a las personas más vulnerables, es tiempo de una solidaridad que sea genuinamente global.

El problema, claro, es que el liderazgo político sigue flaqueando. La administración de Donald Trump en Estados Unidos, el segundo país que más contamina al planeta, ha adoptado una estrategia de extractivismo sin contrapesos, desmantelamiento de las regulaciones ambientales y una franca hostilidad a cualquier tipo de protección para la sostenibilidad global. El daño no es solo en sus fronteras, sino que la cruzada que ha liderado el secretario de Estado, Marco Rubio, en contra de la institucionalidad internacional ha debilitado a la ONU, hecho mucho más difícil la colaboración entre Estados con distintas ideologías y servido de complicidad para regímenes que nunca han respetado ese orden. Por el lado de China, el principal contaminante, si bien es el líder en el mundo en energías renovables, su opacidad política, su régimen autoritario y su incapacidad de recibir críticas del exterior hacen también complejo exigirle una transición energética más rápida. Por todo esto, el pronóstico es reservado.

La pregunta de fondo más importante hoy, entonces, es una política: ¿cómo recuperamos un consenso amplio, que incluya a izquierdas y derechas, sobre la idea de que nuestro planeta necesita protegerse y que la cooperación es la única salida? Un Premio Nobel de Paz para quien sea capaz de responderla.

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Las denuncias que con cuentagotas ha ido conociendo el país sobre el Gobierno de Gustavo Petro y familiares del presidente hacen necesario que se conozca toda la verdad de lo que ha ocurrido. Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de La Republica (Dapre), lleva desde antes del 7 de agosto dando entrevistas y lanzando perlas, dando a entender que sabe mucho más de lo que ha publicado y, sin embargo, los procesos no avanzan. Ahora, admite que ella misma envió un mensaje a los exparamilitares para que enlodaran a figuras políticas e intervinieran en la campaña electoral pasada. Además de la indignación nacional, ¿qué harán las autoridades? ¿Se quedará esto en un intercambio más de declaraciones, mientras el país siente la zozobra de no saber qué ocurrió?

Como lo publicó Semana, Rodríguez dijo en la Fiscalía que ella misma les dijo a los exjefes de las AUC “que necesitaba que hablaran del expresidente Álvaro Uribe, de Abelardo de la Espriella y de Germán Vargas Lleras”. Después, en entrevista con esa misma revista, la exdirectora del Dapre dijo que el expresidente Gustavo Petro se molestó con ella por no haber logrado las declaraciones. “Eso no terminó ahí. Me llamó varias veces. Me decía: ‘Que se devuelva, que se devuelva, o ¿es que usted ya tiene vínculos con los paramilitares?’”. En entrevista con Caracol Radio, Juan Carlos Villamizar, abogado de Salvatore Mancuso, confirmó la denuncia: “el encuentro sí se dio, pero nunca hubo ningún pacto. Tal y como lo está diciendo la misma Angie Rodríguez. Pero desde el gobierno Petro en esa reunión se planteó, se exigió, se solicitó que los jefes paramilitares hablaran en contra de estas tres personas”. Por su parte, en un video, el propio Mancuso reiteró lo que dijo su abogado, pero agregó que el expresidente Petro no le pidió nada de manera directa.

En respuesta a las revelaciones, el expresidente Petro dijo en su cuenta de X que rechazaba los señalamientos, recordó que “la Mesa con los antiguos comandantes de las autodefensas no nació a escondidas... fue establecida mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, un acto público” y que “si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, que responda ante la justicia. Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones”. Al final, concluyó que “no se puede condenar a una persona porque un tercero diga que actuaba en su nombre. Las responsabilidades se demuestran con pruebas, no con rumores”. En eso estamos de acuerdo, lo que hace que toda esta situación sea tan complicada para el país: sólo tenemos testimonios publicados en medios de comunicación y pocas noticias por parte de la Fiscalía.

Lo que sí parece tener más evidencia es que esa reunión ocurrió y que los involucrados hablan de la petición que la misma Rodríguez confiesa. Solo eso es ya una falta gravísima, más allá de si tiene repercusiones penales o no. La persona que el expresidente Petro designó para representarlo a él y al país, además para dirigir aspectos importantes de la Casa de Nariño, está diciendo que les pidió a desmovilizados del paramilitarismo que dieran información para enlazar a figuras de la que en aquel entonces era la oposición política. El escándalo es mayor y no se soluciona, como pretende el exmandatario, con tildarlo de simples “rumores”, más sabiendo todo el movimiento que hizo el Gobierno durante las pasadas elecciones para beneficiar a sus candidatos.

Es tiempo de hablar. Eso incluye a personas que vienen amenazando con empezar a hacerlo, como el exministro del Interior, Armando Benedetti, y otras personas que han venido dosificando sus testimonios en público, como la exconsejera Eva Ferrer. Si presenciaron ilegalidades, cuéntenle al país y a las autoridades con todas las pruebas.

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y dos de sus ministras, Ilva Myriam Hoyos, en Educación, y Paola Holguín, en Cultura, están cometiendo un acto de deshonestidad intelectual con el país. En medio de su “batalla cultural” han dicho, palabras más, palabras menos, que su único objetivo es evitar que tanto la cultura como la educación se utilicen como instrumentos de adoctrinamiento ideológico. Lo que no cuentan, y esta es la falta a la verdad que cometen, es que su propio proyecto es uno de adoctrinamiento ideológico, donde se pretende imponer una visión única sobre Colombia, sus ciudadanos y sus expresiones culturales. ¿No se suponía que esta Presidencia iba a representar a todos los colombianos, incluyendo los que no votaron por el proyecto del presidente?

En un mensaje a la nación, el presidente De la Espriella, utilizando las mismas estrategias populistas de la ultraderecha global, le declaró la guerra al “wokismo”. Según el mandatario, “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erige la nación de Colombia”. Es decir: no queremos que la cultura sea un instrumento de ideología, así que es menester que todos acepten la ideología que el Gobierno defiende. La contradicción es evidente, pero sabemos que el objetivo es dar golpes políticos.

Por eso ocurrió el retiro de obras del Museo Nacional. La ministra de Cultura, Paola Holguín, quien desde que llegó al cargo ha mostrado su falta de experiencia en el sector, escribió en X que la vocación institucional del Museo Nacional “no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”. Por eso, promete garantizar “que el Museo Nacional conserve, restaure, proteja y divulgue nuestra cultura. Una cultura que represente a toda la nación y no solo a un sector; por eso reiteramos la revisión de la museografía, museología y curaduría de este y los demás museos a cargo del Gobierno”. ¿Acaso existe una única cultura que es capaz de representar al país entero? ¿No somos, más bien, una Colombia diversa, llena de distintas expresiones culturales y de posturas que se encuentran a lo largo de todo el espectro ideológico? Al hablar de una sola cultura se está imponiendo una visión particular. Otra vez el Gobierno hace lo que supuestamente denuncia.

Las exclusiones son muy dicientes. Las obras retiradas del Museo Nacional tienen arte hecho por personas LGBTI+, así como conquistas históricas ligadas a la Constitución de 1991 y un reconocimiento al aniquilamiento de quien ha pensado distinto. Eso es lo que, a los ojos de Holguín, busca difundir una visión sesgada. No es coincidencia que la ministra Hoyos, en Educación, esté denunciando la política de educación sexual y derechos reproductivos, y en el pasado haya anunciado una cruzada contra la “ideología de género”. Se disfrazan bajo el argumento de libertad y autonomía, pero lo que buscan es coartar la libertad de los colombianos, contar una versión limitada de la historia nacional e imponer una moral con claras raíces ideológicas.

Por eso todo este debate es tan frustrante. Además de querer excluir del Estado y de los relatos oficiales a buena parte del país, las ministras y el presidente se presentan a sí mismos como carentes de ideología, meros justicieros de la “verdad”. ¿Qué tal si abandonan esa máscara y reconocen que solo quieren que se cuente la versión de la historia que les sirve en sus objetivos políticos?

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La gota que derramó el vaso fue casi caricaturesca. Cuando el régimen de Rodríguez anunció diálogos con la oposición, auspiciados por el virrey de facto Rubio, excluyeron a Machado. La premio Nobel de Paz dijo que ha hecho siete intentos recientes de entrar a Venezuela y todos han sido bloqueados por los Estados Unidos. En una respuesta incomprensible, Rubio dijo: “Nunca le hemos pedido a nadie que no deje entrar a alguna persona en ninguna parte del mundo”. Pero investigaciones periodísticas han mostrado cómo funcionarios del Gobierno Trump han hecho todo lo posible para que Machado no regrese a Venezuela porque ven su presencia en el país como “desestabilizadora”, que es un eufemismo para ocultar que no quieren que sus acuerdos con la dictadura de los Rodríguez sean entorpecidos.

Y es que la feria por los recursos naturales de Venezuela está siendo altamente lucrativa para la Casa Blanca y para sus aliados. The New York Times cuenta que “como parte de la toma de control del gobierno de Donald Trump sobre la industria petrolera de Venezuela, Estados Unidos ha establecido una asociación extraordinaria con (Alejandro) Betancourt. Bajo el acuerdo, el Pentágono podría buscar tener una gran participación en su compañía en un arreglo que desafía una comparación fácil en la historia reciente de Estados Unidos”. Sólo hay un problema: Betancourt es un hombre con serios cuestionamientos encima, aunque él los niega todos. De nuevo The New York Times nos informa que “los fiscales en España fijaron como objetivo al petrolero venezolano Alejandro Betancourt en una investigación de lavado de dinero. Autoridades suizas lo investigaron en otra. Ambos países solicitaron su extradición del Reino Unido, donde Betancourt vive en una mansión de campo de 14 habitaciones, y donde las autoridades británicas lo arrestaron hace menos de un año y le prohibieron viajar al extranjero”.

Machado sabe lo que está ocurriendo. En entrevista con The New York Times, dijo que Betancourt no era un socio serio porque es “uno de los principales ‘responsables’ de lo que nuestra gente está sufriendo en este momento”. Por supuesto, el empresario lo niega todo y la Casa Blanca guarda un prudente hermetismo. Mientras tanto, la premio Nobel de Paz, a pesar de no poder estar en Venezuela, conserva su popularidad en el país. Una encuesta de Bloomberg News encontró que el 52 % de las personas la apoyaría en unas elecciones presidenciales. Y aún así, no la dejan regresar.
La farsa en Venezuela se tiene que denunciar. Eso pasa por celebrar elecciones cuanto antes, a más tardar en la primera mitad del año entrante. Todo lo demás es motivo de sospecha debido a los trucos de los Rodríguez y la irresponsabilidad de la Casa Blanca.

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Cuando el expresidente Iván Duque todavía estaba en la Casa de Nariño, Estados Unidos tuvo elecciones. Miembros de su partido apoyaron abiertamente en la Florida a Donald Trump, quien luego fue derrotado. Los efectos para Colombia se sintieron inmediatamente: la administración de Joe Biden entró con una actitud fría hacia nuestro país, que costó un buen tiempo reparar. La lección de ese error no fue aprendida por su sucesor, el expresidente Gustavo Petro. Al poco tiempo de llegar al cargo, utilizó su cuenta de X para intervenir en procesos electorales en distintos lugares del mundo, y sí, también para polemizar con Trump, ya entonces de regreso a la Casa Blanca. Los resultados fueron un enfriamiento de las relaciones, así como la complicación de las mismas con países vecinos como Perú y Ecuador. Ahora, el presidente Abelardo de la Espriella ha caído en la misma trampa.

Primero lo vimos con su indebida intervención en las elecciones de Brasil. Después del triunfo en primera vuelta de Flávio Bolsonaro, el presidente De la Espriella celebró el resultado en su cuenta de X. A los pocos días, y con la segunda vuelta en aquel país en curso, nuestro mandatario aceptó ser entrevistado por Bolsonaro en las redes sociales del candidato brasileño. Los comentarios que hizo el presidente de los colombianos encumbraron la candidatura de Bolsonaro en una especie de cruzada contra el mal. Si bien es cierto que es probable que él sea el próximo presidente de Brasil, ¿por qué un servidor público de nuestro país está interviniendo de esa manera en los asuntos de un país vecino? ¿Nuestra alianza histórica con los brasileños depende de qué partido político esté en el poder?

Las intervenciones continuaron. Esta semana, María Elvira Salazar, congresista del Partido Republicano en los Estados Unidos, publicó un video en el que el presidente De la Espriella apoya su candidatura a ser reelegida en la Florida. Salazar está amenazada por una sorpresivamente fuerte candidatura del Partido Demócrata en un estado donde las políticas hacia Venezuela y Cuba de la Casa Blanca no han caído bien. Puede ser que Salazar salga triunfadora, pero tenemos que volver a la misma pregunta: ¿qué hace un presidente de Colombia buscando influir en la democracia de los Estados Unidos? ¿Qué ocurre si el Partido Demócrata recupera control del Congreso y no olvida que el representante de todos los colombianos privilegió a sus oponentes?

Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. Gregory Meeks, representante demócrata y miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que la intervención del presidente De la Espriella era “inaceptable” y que “el pueblo estadounidense decide quién lo representa en la Cámara, no líderes extranjeros”. Tiene razón. Por eso las relaciones internacionales de Colombia tienen que entenderse como una política de Estado que no depende de la persona que esté en la Casa de Nariño. El apoyo a nuestro país ha sido constante bajo presidencias demócratas y republicanas precisamente por los buenos lazos que se han construido con ambos partidos y por el respeto a la soberanía de los estadounidenses.

Sabemos que el presidente De la Espriella, como ciudadano particular, hizo donaciones que favorecieron al Partido Republicano. Estaba, por supuesto, en su derecho. Pero ahora que es el primer mandatario de la Nación, no puede olvidar que su compromiso es representar a todos los colombianos. La Casa de Nariño no está para intervenir en la política de otros países.

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Grindr, una de las aplicaciones de encuentros más populares entre hombres gais y bisexuales, utiliza datos personales para entrenar su propia inteligencia artificial (IA), llamada gAI. Esta IA soporta a su vez el servicio prémium llamado Edge, que la aplicación apenas está probando en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y algunas ciudades de Estados Unidos y llega a costar hasta 500 dólares al mes. Así lo informó esta semana el periodista de investigación Ronan Farrow. El hallazgo plantea una pregunta que debería interpelar a Colombia, más aún cuando el Congreso tiene sobre la mesa varios proyectos de ley para regular la IA: ¿hasta dónde pueden llegar las compañías tecnológicas con la información que les confiamos?

Grindr recopila datos que los usuarios entregan al crear sus perfiles como edad, nombre, ubicación, estatus de VIH, fotos –que pueden incluir desnudos– e información sobre sus preferencias e interacciones. A su vez, la tecnología gAI determina cuáles chats fueron “más significativos” según su contenido, longitud y la velocidad del usuario para responder. De manera discreta, la compañía se dio permiso a sí misma de llevar a cabo esta práctica y activó la función de IA por defecto. Aún cuando el usuario puede desactivarla, esto no revierte los usos anteriores dados a sus información personal.

Grindr transformó decididamente las relaciones homosexuales. Ha sido una plataforma útil para que muchas personas sexualmente diversas construyan una comunidad con la que de otro modo difícilmente encontrarían un entorno seguro para socializar. Pero no es que la aplicación sea muy segura… es común encontrar en redes sociales quejas sobre cómo la experiencia de usuario ha venido en acentuado deterioro y cómo la aplicación cobra cantidades altas por funciones que inicialmente eran gratuitas. El aumento de esas quejas viene desde 2022 y coincide con el momento en que la compañía comenzó a cotizar en la bolsa de valores. Ya en varias ocasiones, tribunales europeos han sancionado a la empresa por vender a anunciantes la información personal de sus usuarios. Es decir, Grindr hizo negocio comerciando datos personales sensibles. Esta información, además, puede facilitar la identificación, el chantaje o la persecución, especialmente en países donde las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas.

¿Por qué importa este caso en Colombia? Lo que ocurre con Grindr es un ejemplo extremo de qué pasa cuando –tal como ha promovido el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos– se da a las empresas libertad plena de autorregularse, sin control estatal. Nuestro país apenas está debatiendo las primeras regulaciones sobre inteligencia artificial. En los últimos días se han introducido en el Congreso proyectos de ley de origen multipartidista sobre plataformas tecnológicas. Estos abarcan desde el uso seguro de aplicaciones de transporte hasta normatividad en el acceso de menores de edad a aplicaciones. La protección de los datos de los usuarios debe ser la base de cualquier iniciativa de este tipo. Contamos con el habeas data, un derecho consagrado en la Constitución, pero cuya reglamentación ocurrió en un momento en que no existían las tecnologías actuales.

Nuestro país se ha posicionado como un centro de innovación digital en América Latina. A quienes emprenden en este sector, les suele preocupar que las regulaciones pongan freno a la innovación, como, se argumenta, ha sucedido en la Unión Europea. Pero el dilema puede resolverse con un marco normativo que distinga niveles de riesgo entre los datos a los que acceden las empresas a través de aplicaciones, donde los prioritarios son aquellos relacionados con salud, niñez y orientación sexual. La confianza digital no puede solo depender de la buena voluntad de las empresas.

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Antes del miércoles pasado, la expectativa era que iba a ocurrir un desastre. Desde las cuentas sociales de personas defensoras del Gobierno se viralizaron mensajes que señalaban a la oposición de querer incendiar al país y de promover un rompimiento institucional. Algunos mensajes desde la izquierda, que insisten en desconocer los resultados de las últimas elecciones, también especulaban que íbamos a presenciar abusos de poder como los ocurridos durante el estallido social bajo la administración de Iván Duque. Por fortuna, ninguna de esas dos predicciones se materializó en las protestas convocadas esta semana. Por el contrario, la democracia colombiana mostró que tiene mecanismos legítimos para proteger el derecho a la protesta y el Gobierno cumplió con su promesa de respetar a quienes se manifiestan en paz. Se trata, confiamos, de una muestra de madurez de todos los actores políticos que se debería repetir en futuras manifestaciones, ya anunciadas.

Al finalizar la jornada, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio un parte de tranquilidad. “La inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones. Eso es democracia, y como presidente de la República, siempre la defenderé y garantizaré”, dijo en un mensaje que difundió en sus redes sociales. Celebramos que así sea. Más adelante repitió que “la protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza”, mientras que “la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato”. La pregunta era, con nuevo decreto de regulación de la protesta social mediante, si la nueva discrecionalidad se iba a prestar para abusos de poder. No ocurrió en esta primera oportunidad y los colombianos pudieron marchar pacíficamente.

Entendemos el miedo que expresaron voces de la oposición de izquierda. La última vez que hubo protestas bajo un Gobierno de derecha, el resultado fue una represión que llevó, precisamente, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que pidió una regulación más garantista de los derechos fundamentales. Si a eso se suma el tono caldeado del debate nacional, es comprensible el recelo que se sintió en redes sociales y en las calles. Por eso mismo era tan importante que el Gobierno De la Espriella, todavía nuevo en su labor, demostrara su intención de garantizar los derechos de sus contrincantes políticos y mostrara mesura en el uso de la fuerza pública. La prudencia, bien ejercida, es un acto de sabiduría que celebramos. El presidente y sus aliados no pueden olvidar el estrecho margen que los llevó a la victoria y la promesa que hicieron de ganarse la confianza de todos los colombianos, no solo de aquellos que piensan de su misma manera.

Sobre los balances políticos de la jornada no nos corresponde opinar. Es evidente que la oposición está en búsqueda de nuevos liderazgos y que el expresidente de la República, Gustavo Petro, ve en la calle la oportunidad de movilizar a sus bases. Están en su derecho, protegido por la Constitución. También haría mal el actual mandatario en creer que el inconformismo solo representa a un sector político particular. Los reclamos sociales se hacen a la Presidencia como institución y deben ser atendidos en el marco de diálogos. En particular, nos parece importante que las comunidades indígenas que están pidiendo espacio sean escuchadas, más allá de los anuncios que ya se hicieron.

No será el último editorial que hagamos sobre manifestaciones. Sabemos que hay varias anunciadas. Lo importante es que todos los involucrados mantengan su palabra de paz y que, si hay violencia, la fuerza pública actúe con eficiencia pero sin obviar la protección de los derechos fundamentales. Seguiremos atentos.

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La apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén no es un acto de justicia, como lo ha intentado hacer ver el canciller Ómar Bula, y sí es un paso más a seguir aislando a nuestro país de la comunidad de las naciones. Lo que es un claro gesto de apoyo a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, y a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, muestra el cambio radical en el manejo de nuestras relaciones exteriores. Colombia ha dejado de ser una nación que defiende el derecho internacional y respeta la soberanía de los pueblos para sumarse al pequeño grupo de quienes ignoran la complejidad del horror que sigue ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Qué pasará con nuestro país cuando pierdan poder sus aliados del momento y se encuentre con la hostilidad del resto de naciones a las que estamos irrespetando?

Colombia ya tenía embajada en Tel Aviv, donde se estaba cumpliendo con las necesidades de nuestros nacionales en Israel. No había motivos logísticos ni de bienestar de los colombianos en la región que justificaran el acto de apertura de la embajada en Jerusalén. En contraste, lo que es claro es que el objetivo era dar un golpe político, un espaldarazo a la agenda del gobierno de Netanyahu. No es casualidad que el primer país del mundo que abrió embajada en Jerusalén fuera Estados Unidos, bajo el mandato de Trump. Después le siguieron Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nauru y Somalilandia. Colombia es la más reciente adición a esa lista, mientras la Unión Europea y Reino Unido han expresado su oposición, al igual que múltiples países árabes. Una vez más nuestro país se atrinchera en el trumpismo internacional, sin claridad sobre cómo eso beneficia los intereses de todos los colombianos.

No se trata de caer en el antisemitismo. Por supuesto que nuestro país debe ser aliado del pueblo judío y también es verdad que con el Estado de Israel hemos tenido buenas relaciones históricamente. Pero este acto tiene un contexto que no se puede obviar y que tanto el canciller Bula como el presidente Abelardo de la Espriella conocen. Jerusalén fue dividida en dos después de una guerra con Jordania, en 1948, quedando esta a cargo de Jerusalén del Este e Israel en control de Jerusalén del Oeste. Después de otra guerra, en 1967, Israel tomó control de la ciudad entera y la declaró su capital, pero la abrumadora mayoría de la comunidad internacional no reconoció su soberanía sobre Jerusalén del Este. En 1993, Israel y los palestinos dijeron que la soberanía sobre Jerusalén se definiría de común acuerdo. En Palestina todavía hay quienes desean que Jerusalén del Este sea su capital. Para completar todo este contexto complejo, Jerusalén es un espacio fundamental para el judaísmo, el islam y el cristianismo.

Entonces, ¿por qué Colombia desestima todo ese contexto internacional y decide intervenir en la política de la región? ¿Nuestra nueva política exterior dependerá ahora de la Casa Blanca y de los intereses del trumpismo? ¿Y qué ocurrirá cuando los vientos políticos cambien? ¿Cuál es la postura oficial sobre el derecho internacional y sobre las decisiones que se toman en el marco de la ONU? Todo en diplomacia envía mensajes y el mundo entero toma nota de cómo nuestro país está cambiando posturas de vieja data. ¿Quién gana?

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El derecho fundamental a la libertad de expresión exige responsabilidad. Se trata, por supuesto, de un componente esencial de cualquier democracia liberal, pues es un derecho que funda a los otros derechos, que necesita una amplia protección, incluso para los discursos incómodos, porque su ejercicio a menudo perturba a los poderosos. Por eso mismo, es necesario comprender los límites que todos los que participamos en el debate público debemos respetar. En ese marco son muy lamentables y agresivas las declaraciones de Julio César González Quiceno, caricaturista conocido como Matador, en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Se trata de un caso que permite ilustrar por qué cierto tipo de manifestaciones en redes sociales no son una crítica válida sino una agresión que produce efectos reales.

Una y otra vez, Matador ha dicho que su intención con la publicación era llamar la atención sobre las donaciones que recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Eso, por supuesto, es un discurso protegido por la Constitución. Lo que no se compadece con él son las expresiones que utiliza el caricaturista para referirse a Pineda. No solo la tilda de “ratita” sin aportar prueba alguna que de a pensar que tiene motivos para inferir un robo de recursos —lo cual podría configurarse como una calumnia —, sino que además hace comentarios despectivos sobre su apariencia física que no reproduciremos en estas páginas. Al hacerlo, González Quiceno trae el eco de todas las agresiones y estigmatizaciones contra las mujeres, degrada el debate público y deja en el aire la idea de que esa es una manera aceptable de referirse a un contrincante político. Nos unimos a la ola de rechazos que causó la publicación. Tal vez la defensora del Pueblo, Iris Marín, lo dijo con mayor precisión cuando escribió en su cuenta de X que Matador “se ha convertido en la caricatura del hombre machista”.

En respuesta a las críticas que recibió, incluyendo de otros caricaturistas, Matador escribió que “no la cuestiono por ser mujer, sino por los millones que recibió su fundación mientras mi ciudad sigue sufriendo”. De nuevo: si de eso se tratara esta conversación, sería un discurso protegido. Pero ¿qué utilidad tiene referirse despectivamente a los rasgos físicos de la primera dama para hacer su reclamo? ¿Qué aporte le hace al debate público endilgar delitos sin aportar evidencias? No basta simplemente con hacer preguntas. La responsabilidad que exige la libertad de expresión no está siendo cumplida.

La Fiscalía anunció ayer que abrió investigación contra González Quiceno por el delito de injuria agravada. En su comunicado, la entidad investigadora explicó que el proceso “se abre de oficio por tratarse de un asunto de posible violencia contra la mujer”. Es importante que, al hacerlo, también se comprenda que en nuestro país no existen los delitos de opinión y que la jurisprudencia permite la retractación como mecanismo para evitar una actuación penal invasiva frente a la libertad de expresión. Haría bien la Fiscalía si aprovecha este caso para hacer dos cosas al tiempo: demostrar que en nuestro país esos discursos agresivos no van a ser tolerados y que nuestro sistema otorga garantías a la libertad de expresión en cuanto González Quiceno reconozca su error.

No todo se vale en el debate público. El mensaje, por cierto, no es solo para los críticos del Gobierno. Hemos documentado cómo cuentas de influenciadores que se denominan abelardistas lanzan múltiples improperios contra la oposición, en particular congresistas y periodistas mujeres. Es tiempo de un pacto de responsabilidad. ¿Será posible?

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Sigue la crisis de seguridad en Santa Marta. Después de los días de zozobra que vivieron los ciudadanos por el paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una fuga de 41 personas detenidas por la policía despierta muchas preguntas sobre las capacidades institucionales en la capital de Magdalena. Los anuncios del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, son bienvenidos, pero no deben reemplazar el actuar eficiente de la Fiscalía para identificar responsabilidades y explicarle al país exactamente cómo ocurrió este desastre.

La fuga se trata de un claro revés para las promesas del nuevo Gobierno en torno a la seguridad. Las 41 personas que se fugaron habían sido llevadas al Centro de Traslado por Protección en respuesta al interés de reubicar a las personas privadas de la libertad que pueden ser peligrosas para Santa Marta. Esta fue una de las medidas anunciadas por el gobierno De la Espriella cuando, hace unas semanas, hizo presencia en la capital de Magdalena para responder al paro armado. Entonces, un traslado realizado como mecanismo de prevención terminó sirviendo como vulnerabilidad para que la institucionalidad de Santa Marta quedara humillada públicamente. ¿Cómo es posible que pase algo así?

En su cuenta de X, el presidente De la Espriella escribió que no acepta “en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno la cobardía no tiene cabida”. Por eso, dijo que “el coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos, y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura de Tasajera”. También le pidió tranquilidad a la ciudadanía y afirmó que entre los fugados hay dos cuya captura debe ser urgente: alias Mongolo, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y alias Guajiro o Johan, señalado por el asesinato de un policía el 31 de octubre de 2025, en el municipio de Ciénaga.

El coronel López llevaba apenas un mes en su cargo en Santa Marta. A este llegó con más de 26 años de experiencia en la institución. Si bien la ira del presidente De la Espriella es comprensible, la Casa de Nariño debe darle más explicaciones al país sobre la “responsabilidad” del coronel en la fuga. No solo porque se trata de un funcionario con larga trayectoria, sino porque hay que comprender qué fue lo que falló en la cadena de mando y cómo ocurrió exactamente la fuga. La Fiscalía debe tomar la palabra y contarle al país cuanto antes lo que logre averiguar sobre los hechos. En cuanto al recambio en el mando, esa acción no puede reemplazar una estrategia integral que comprenda la influencia de los grupos criminales en Magdalena y cómo han penetrado la corrupción. El alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo Cuello, y la gobernadora del departamento, María Margarita Guerra Zúñiga, tampoco pueden pasar de agache en sus responsabilidades políticas por el desastre que hace sufrir a los samarios.

Santa Marta lleva muchos años sometida a estructuras invisibles de poder que se hacen sentir con extorsiones, amenazas y silencios cómplices. ¿Cómo vamos a reconstruir la institucionalidad para que pueda hacerle frente a ese problema tan complejo?

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está desesperado. Las encuestas invitan a pensar que las elecciones de medio término, que se celebrarán en menos de un mes, representarán una derrota contundente al Partido Republicano que está en riesgo de perder control del Congreso. Peor aún para el mandatario, su popularidad se encuentra en bajos históricos, lo que duele particularmente para un político obsesionado con su legado y con que su nombre esté en todas partes. Es en ese contexto que el presidente estadounidense acaba de cometer una dolorosa traición a Ucrania, la nación soberana que va para cuatro años y medio de sufrir la invasión ilegal de Rusia. Vladimir Putin, el líder ruso, acaba de ser premiado con un acuerdo que promete ayudar sus finanzas golpeadas.

Es curioso que esta conversación esté ocurriendo justo cuando Trump se queja, por segundo año consecutivo, de no haber recibido el Premio Nobel de Paz. “Los Estados Unidos, representados por mí como su presidente, debieron recibir el Premio Nobel de Paz, pero no fue así. Y esta es una mancha indeleble en Noruega y en las personas que han tomado una decisión tan vergonzosa”, escribió en su cuenta de Truth Social. Después habló de conflictos que supuestamente ha logrado terminar y agregó que “estoy a punto de conciliar o ganar en dos más: Irán y Russia-Ucrania... lo de Irán se va a solucionar muy rápido de una u otra manera: o nos dan todo, o simplemente ya no van a existir”. Una sátira que escribiera esas palabras sería juzgada por exagerada. ¿Este es el líder que la ultraderecha colombiana celebra cada oportunidad que tiene?

Volviendo a Ucrania, en estos dos días hubo dos noticias conectadas que configuran la traición contra ese país. Primero, el presidente Trump anunció un acuerdo para comprar dos millones y medio de barriles de diésel de Rusia. Como explica David Frum, comentarista político conservador en The Athlantic, “para la Rusia de Vladimir Putin, el acuerdo es un salvavidas. Para la Ucrania destruida por la guerra, es la traición más descorazonadora de Trump hasta la fecha. Para los aliados de Trump, este acuerdo les promete oportunidades de corrupción en una escala multimillonaria”. Ucrania lleva unos meses destruyendo refinerías en Rusia, lo que le ha dado triunfos militares, mientras que el régimen de Putin sigue asesinando civiles en territorio ucraniano. La semana pasada, un ataque ruso en Zaporiyia dejó a 20 civiles muertos, entre los que había tres menores de edad.

No contento con arrojarle una línea de crédito a Putin, Trump quiso culpar a los ucranianos por la inflación en Estados Unidos. Trump dijo que le pidió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que no atacara las refinerías, “porque eso causa un problema mundial (pero) él quiere crearle problemas al mundo, quiere crearles problemas a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, con el combustible diésel (...) Creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Al cierre de esta edición, Trump también anunció un cese al fuego, pero ni Rusia ni Ucrania dijeron saber de qué estaba hablando.

Hay tantos indicios y evidencias sobre el desinterés de Trump por defender la democracia que no hay mucho que podamos agregar. La inflación en Estados Unidos está presionada por la guerra en Irán que él empezó y que no ha sido capaz de terminar, a pesar de sus bravuconadas. Abandonar a los ucranianos, que han hecho una valiente resistencia al autoritarismo ruso, es un golpe más al orden democrático internacional. Quien está creando un problema mundial es, precisamente, el presidente de Estados Unidos.

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Aunque con timidez, para no sonar desagradecidas, las personas que viven en las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto han empezado a expresar preocupaciones por la falta de acción del Estado frente a sus tragedias. Luego de una acuciosa primera fase llena de importantes anuncios y promesas bienvenidas, hemos conocido testimonios de personas en Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó que se sienten sin suficiente apoyo estatal. Si bien esta semana la administración de Abelardo de la Espriella anunció la conformación del llamado Fondo Milagro, sus reglas de funcionamiento no están suficientemente claras aún. La falta de reportes sobre las donaciones que recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, Ana Lucía Pineda, genera un ruido innecesario que aumenta la frustración. Es momento de mostrar resultados tangibles.

Hace dos semanas el alcalde de Armenia, James Padilla, fue el primer mandatario de una de las ciudades afectadas que ventiló en público su frustración. Como lo retoma El Quindiano, Padilla dijo que “pese a la visita del presidente y del vicepresidente al departamento, no se ha concretado ningún compromiso claro con Quindío. Han pasado un mes y una semana y no hemos tenido comunicación, y eso me genera una preocupación inmensa, porque la gente desde el estrato 6 hasta la gente del estrato 1 tienen el mismo problema y la misma necesidad”. No ha sido el único. Esta semana, mientras el presidente De la Espriella anunciaba la conformación del “Fondo Milagro” en Pereira, voces de la sociedad civil en esa capital departamental se lamentaron por no sentirse escuchados y por falta de una mejor coordinación entre la nación y las entidades territoriales.

El presidente es consciente. En su discurso allí, dijo que agradecía “la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja (...). Sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro, gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este Gobierno”. El fondo se encargará de recoger los dineros de las zonas afectadas, será gerenciado por el empresario Jaime Andrés Uribe y será operado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, que recibirá 142 salarios mínimos sin IVA por esa labor, unos COP 248,6 millones mensuales. Se anunció también el acompañamiento de un Consejo Directivo conformado por Liliana Restrepo, Germán Bahamón, César Caicedo y Arturo Calle, todos con experiencia en el sector privado, más el secretario general de la Presidencia, Carlos Ríos.

La presencia de personalidades del sector privado es un acierto, pero ellos parecen enfrentarse a la incertidumbre por la “paquidermia” estatal de que habla el presidente. Esta semana, en entrevista con Blu Radio, Bahamón reconoció que no hay reglas claras, que no se sabe qué recursos entrarán y que todavía no se ha definido la articulación con fundaciones como la de la primera dama. Sobre si lo recaudado por ella será parte del Fondo, respondió: “Entendería que sí, pero no le puedo asegurar nada. El detalle lo vamos a conocer en la primera reunión que tengamos”. Más adelante dijo que todos los miembros del Consejo Directivo entienden “que lo que necesitamos es eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos para que las familias tengan la posibilidad de reconstruir sus viviendas”. Estamos de acuerdo. Para empezar, el país debe conocer exactamente cuánto se ha donado, quién lo ha recibido y cómo se ha usado. ¿Por qué llevamos dos meses sin saberlo? La paciencia de las víctimas es, comprensiblemente, limitada.

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Dos semanas antes de morir, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada por la policía del apartamento en el barrio Retiro en Madrid, capital de España. Abascal recibía una pensión de 1.300 euros y por el arriendo pagaba, al mes, 500 euros más los costos de servicios públicos. Se trata de un monto muy inferior al promedio del precio de mercado de la zona, que provenía de un contrato que su padre había firmado por ese lugar en 1956, fue subrogado a su madre y, después, a ella. En 2018, la inmobiliaria Urbagestión compró el edificio y le exigió a Maricarmen por el arriendo un monto que para ella era impagable: primero, pidió 2.650 euros, que luego bajaron a 1.650. El caso llegó a un tribunal que consideró que Maricarmen no podía heredar más veces un contrato de hace 70 años y falló a favor de la inmobiliaria, que la expulsó para arrendar más caro. Se cumplió la ley, operó el libre mercado. ¿Y la dignidad humana? ¿Y el derecho a la vivienda consagrado en la constitución de ese país? Esos cuestionamientos han hecho miles de personas que, a raíz de este caso, salieron a las calles en protesta y solidaridad.

El caso de Maricarmen ilustra un problema de gran escala en España y en muchas ciudades del mundo. Hay crisis de vivienda. En España es el resultado de una tormenta perfecta: tras el colapso de la burbuja inmobiliaria de 2008, la construcción de pisos se desplomó a niveles mínimos mientras el tamaño de la población y la migración crecían aceleradamente, lo que hoy resulta en un déficit de más de 700.000 viviendas. A esta escasez estructural se suma la desviación de miles de inmuebles hacia el alquiler turístico o de temporada y la falta de vivienda pública, un desajuste entre oferta y demanda que ha disparado los precios del alquiler un 80 % y hasta 100 % en la última década frente a salarios prácticamente estancados. Como consecuencia, la clase media y los más vulnerables son expulsados del mercado residencial.

La empresa Urbagestión, que salió triunfadora en la disputa legal con Maricarmen, representa el modus operandi común en pudientes minorías que en todo el mundo sacan provecho de la especulación inmobiliaria. Surgió en octubre de 2005, cuando en España estaba en auge una burbuja inmobiliaria. En sus propias palabras, su actividad consiste en valorizar edificios baratos tras comprarlos, desalojar a los inquilinos y hacer remodelaciones. Es la misma práctica de los conocidos como ‘fondos buitre’, que se hicieron comunes tras la crisis económica de 2008. En nombre del libre mercado, el Estado ha hecho poco para defender a la ciudadanía de estas prácticas.

Ante el escándalo y la presión mediática del caso de Maricarmen, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez emitió una serie de decretos de emergencia que congelan los precios de arriendo y restringen los desalojos. Pero la iniciativa fracasó en el parlamento. El voto en contra del partido Junts per Catalunya, independentista, fue decisivo. Argumentó que los decretos eran incompatibles con la protección del pequeño propietario y la autonomía de Cataluña donde, según datos del Consejo General del Poder Judicial, ocurrieron la mayoría de los desahucios del total de 25.000 que tuvieron lugar en 2025. Como resultado, se disolvió el parlamento y Sánchez convocó elecciones generales para noviembre.

Lo ocurrido en España puede ser premonitorio de algo que eventualmente ocurra en Colombia, donde el mercado de vivienda se ha comportado de manera similar. La empatía que despertó el caso de Maricarmen debe recordarnos que el mercado no puede estar por encima de la dignidad.

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