Una vez más la ligereza del presidente Gustavo Petro ha puesto a Colombia en medio de un cruce de acusaciones con el gobierno de otro país. En este caso le tocó a Bolivia, que enfrenta varias semanas de protestas mientras que Evo Morales, quien intentó perpetuarse en el poder violando la Constitución, agita los ánimos en contra de la administración de Rodrigo Paz Pereira. Si la Casa de Nariño desea ejercer un rol de mediador entre las partes involucradas, necesita abandonar su habitual ceguera selectiva hacia los líderes que comparten su ideología.

En un largo mensaje de X, el presidente Petro lanzó su diagnóstico sobre lo que ocurre en Bolivia. Según él, “Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza. Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”. También habló de presos políticos, refiriéndose a Morales, quien está prófugo de la justicia en un caso que involucra relaciones sexuales con una menor de 15 años y que el expresidente boliviano ha dicho que se trata de una persecución. En respuesta, la Cancillería boliviana se extrañó por los comentarios del presidente Petro y dijo: “Las transformaciones que requiere Bolivia, tras casi dos décadas de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales, deben ser impulsadas por los propios ciudadanos, en un clima de paz, responsabilidad democrática y pleno respeto a la soberanía nacional”.

El problema con la declaración del presidente Petro es que, aunque con algo de disimulo, toma partido. A pesar de que las pasadas elecciones llevaron al poder de manera democrática a Paz, el presidente colombiano adopta la narrativa de la oposición boliviana que ha criticado la cercanía del nuevo gobierno con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos. La pregunta obvia es necesaria: si eso fue lo que votó la mayoría de los bolivianos, ¿por qué la actual administración no puede seguir su plan de gobierno?

Todo empeora cuando se observa la retórica de Morales. Desde el principio ha negado los resultados electorales. En entrevista reciente con AM 530, La Radio de las Madres de Plaza de Mayo, afirmó que “el golpe ha sido del gringo al indio. No aceptan que los indígenas podamos cambiar Bolivia”. Adicionalmente, sin sonrojarse en su arrogancia, afirmó que “el Evo pueblo sigue siendo la primera fuerza política”. También celebró las protestas que tienen al país en medio de fuertes tensiones: “La Paz está totalmente cercada; Cochabamba, cercado; Santa Cruz solo tiene salida hacia Tarija; Sucre, cortado; Oruro y Potosí, cortados, y Oruro y Chuquisaca, cortados. Prácticamente todo está paralizado”. Las exigencias de Morales es que Paz renuncie o, por lo menos, que claudique en las reformas que ha propuesto.

Bolivia está en crisis desde hace años y las fuentes del desastre son múltiples. Desde el creciente impacto del narcotráfico, pasando por el personalismo mesiánico de Morales, el golpe de Estado revertido y la existencia de una clase política con legitimidad cuestionada. Sin duda, se necesita un diálogo, pero eso requiere que los mediadores tengan diagnósticos más complejos que el planteado por el presidente Petro. Si no se reconoce la dañina estrategia de Morales en este desastre, no hay manera de encontrar soluciones.

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En respuesta al editorial del 10 de mayo de 2026, titulado “Un Congreso dedicado a obstruir afecta la democracia”.

No pudo ser más desatinado el editorial del domingo 10 de mayo que El Espectador tituló “Un Congreso dedicado a obstruir afecta la democracia”. Y digo desatinado porque justo a este Congreso le debemos que el gobierno Petro no hubiera, hasta el momento, incurrido en más desmanes atentatorios contra la separación de poderes, solo por mencionar algo. Ha sido tan larga la lista de salidas en falso, que no hay memoria humana capaz de tenerlas frescas para argumentar de manera completa un antieditorial como el que estoy proponiendo.

Nos queda claro a la mayoría de los colombianos que Gustavo Petro y algunos de sus áulicos han pretendido —y lo seguirán haciendo hasta el 7 de agosto— acabar con las instituciones y con los programas sociales. La salud ya sabemos cómo va, y ni qué pensar o esperar del sistema pensional, que a muchos nos llena de temor al imaginar que podríamos llegar a la vejez sin un soporte económico para terminar nuestra pasantía por la tierra. La seguridad, como siempre, pero más aún en este gobierno, sí que merece capítulo aparte.

Esto es apenas una muestra del desastre que dejará la arrogancia de quien lo único que ha pretendido es ser reconocido como el “ombligo de la historia” del país: el antes y el después, como si lo que se hizo durante los doscientos años anteriores —con errores, claro está— no tuviera mérito para continuar y mejorar.

No, señores de El Espectador: no es el Congreso el que se atrincheró para convertirse en obstáculo de las iniciativas del gobierno. Este Congreso —sobre todo el que presidieron Iván Name, Efraín Cepeda y, ahora mismo, Lidio García— fue el verdadero muro de contención para tener “algo que rescatar” del país a partir del momento en que elijamos y posesionemos un nuevo gobierno. Vale recordar que, cuando Roy Barreras y Alexander López presidieron, al gobierno no le fue mal. De entrada, hasta una reforma tributaria le aprobó el Congreso, a sabiendas de que otra reforma de ese género, en el gobierno de Iván Duque, fue el combustible para aquel estallido social tan macabro que terminó siendo plataforma política para que la izquierda de Petro llegara al poder.

Sea esta la oportunidad —si El Espectador le da crédito y publica este escrito— de agradecer al injustamente fustigado Congreso por haber reforzado sus líneas o, como se dice coloquialmente, “marcado territorio” para hacer valer sus decisiones. De no haber sido así, ya el ministro Benedetti estaría, planilla en mano, controlando la asistencia de los parlamentarios y dando instrucciones para destituciones. Estuvimos a nada de que eso pasara la semana antepasada.

Al Congreso sí hay algo que tacharle: la funesta Comisión de Acusaciones… o de “Apelaciones”, como sarcásticamente muchos la llamamos. Da risa cuando a esa instancia llegan casos para investigar y, de pronto, sancionar. “¿De qué sirve un Congreso estancado e incapaz de conciliar?”, pregunta El Espectador en su editorial. Yo pregunto: ¿de qué sirve o qué importante ha hecho la Comisión de Acusaciones? Esa platica se perdió, dicen en mi pueblo.

Adelante, Congreso; adelante, altas cortes; adelante, Banco de la República. Hasta ahora estamos valorando estas instituciones. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, decimos a cada rato, y hemos estado a punto de perderlo todo con este gobierno. Amárrense los pantalones, que ya casi cesa la horrible noche.

La violencia sigue siendo protagonista de esta campaña electoral. Hace semana y media, Mileydy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca) por el Centro Democrático, fue asesinada por dos hombres en una moto. El viernes pasado, el exalcalde de Cubarral (Meta), Rogers Mauricio Devia, y su asesor, Eder Fabián Cardona, fueron asesinados en hechos que siguen siendo objeto de investigación. Ambos hacían parte de la campaña de Abelardo de la Espriella. En ese mismo municipio, la concejal Alma Beatriz Lara, del Centro Democrático, ha denunciado que su lugar de residencia está rodeado de personas extrañas. El mismo día que asesinaron a Devia y Cardona, Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía por el Centro Democrático, vio cómo hombres armados ametrallaron el carro en el que se transportaba, aunque salió ileso. ¿Por qué las autoridades parecen incapaces de garantizar el libre ejercicio de la democracia?

Justo en el editorial de ayer nos lamentábamos por el incremento en las presiones electorales. Debemos, sin embargo, repetir el tema porque los hechos se siguen acumulando. Este domingo encontraron a cuatro personas asesinadas en la vereda de Alto Mercado (Antioquia), departamento donde el 15 de mayo fueron asesinados tres mineros. Según la recopilación que hace la organización Indepaz, esta sería la masacre número 54 en lo que va del año.

Volviendo a los casos de asesinatos e intimidación política, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, dijo que su departamento “no va a retroceder frente a la violencia y seguiremos actuando con toda la capacidad institucional para proteger a nuestras comunidades”. También están ofreciendo hasta 50 millones de pesos por información para dar con los responsables. Mientras las campañas de Valencia y De la Espriella exigen respuestas de las autoridades, la última declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, indicaba que aún no hay hipótesis sobre lo ocurrido. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que explica la gravedad de la situación: “estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios. La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”.

La angustia de los operadores políticos es palpable. La denuncia sobre la concejal Lara la dio el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño. En sus palabras se lee la ansiedad: “me acaba de llamar muy desesperada Alma Beatriz Lara. Que están rodeándole la casa, con motocicletas, personas sospechosas. Demando ya, urgentemente, que las autoridades competentes auxilien a los líderes políticos”. Recordemos que en el nivel nacional también se han reportado amenazas de muerte contra los tres candidatos presidenciales punteros en las encuestas, así como hechos de vandalización de sedes de las campañas de Iván Cepeda y Paloma Valencia.

Es urgente que la Fiscalía le cuente al país quiénes son los responsables de los últimos asesinatos y que la Casa de Nariño asuma responsabilidad por su incapacidad de proteger a los colombianos. Condenamos la violencia. Apostarle a la democracia no puede ser una sentencia de muerte.

Nota del editor: Este texto se modificó de una versión inicial para corregir el nombre de Cubarral y ubicarlos adecuadamente en el departamento del Meta.

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A dos semanas de la primera vuelta presidencial el proceso electoral no ha estado libre de influencias indebidas: desde el Gobierno Nacional, que de manera poco disimulada aprovecha cualquier oportunidad que tiene para torpedear las candidaturas de la oposición, pasando por los grupos armados que tienen a varias poblaciones aterrorizadas y bajo amenaza, e incluyendo a las mismas campañas que, de manera directa o a través de subalternos, no se sonrojan al promover desinformación y estigmatizaciones que le hacen daño a la democracia. También es muy preocupante el discurso del presidente Gustavo Petro en contra de la idoneidad de la Registraduría, ambientando un supuesto fraude electoral sin aportar prueba alguna, más allá de especulaciones retóricas.

Esta semana se celebró una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Manizales. Allí, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sacó pecho al afirmar que el Ejecutivo “no está haciendo campaña”. Difícil creerlo cuando el mismo Benedetti, hace apenas semana y media, escribió una publicación en X burlándose del candidato Abelardo de la Espriella. Hace unos días, también sin sonrojo, el presidente Petro escribió en X que “yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Iván Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido”, y luego procedió a alabar esa candidatura. El mandatario también ha aprovechado cada oportunidad que tiene para comentar sobre Paloma Valencia y De la Espriella, las candidaturas de la oposición. Varios ministros no se quedan atrás, citando a esos candidatos y replicándoles comentarios. ¿Acaso no debe leerse eso como una clara intervención en política?

El apoyo no solo es en mensajes de X. La embajadora en Haití, Vilma Velásquez, acaba de ser suspendida por la Procuraduría porque dijo en una entrevista: “La Constitución no permite que se reelija al presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda, del Pacto Histórico”. La Silla Vacía también publicó una conversación en la que el viceministro de las TIC, Andrés López, les pide a varios influenciadores que trabajan con el Gobierno un apoyo a la campaña de Cepeda. Tanto el candidato del Pacto como desde el Gobierno han rechazado ese tipo de actitudes, pero dejan un muy mal sabor.

La violencia también ha desdibujado el ejercicio electoral. A pesar de que el Gobierno destaca el inmenso despliegue de las fuerzas armadas, organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo hablan de territorios donde hay mandos criminales de facto. La Misión de Observación Electoral (MOE) dijo que aumentaron los municipios en “riesgo extremo” por la violencia, la presión de los grupos armados, la desinformación y los ataques por medios digitales. La Defensoría igual ha señalado que, según estudios sobre publicaciones de las campañas, hay abundancia de discursos estigmatizantes y desinformadores. El agua está muy sucia en una elección reñida y los colombianos se sienten confundidos.

Finalmente, volviendo al presidente Petro, continúa con sus señalamientos irresponsables a la Registraduría. Esto pese a que los resultados del conteo en las elecciones de marzo salieron bien, a que hay múltiples fuentes de observación internacional y a que nuestro sistema electoral ha mostrado ser eficaz y seguro. Volver una y otra vez sobre un supuesto fraude, a pesar de las voces expertas independientes, es atacar la legitimidad de todo el proceso. De seguir así, el resultado de las elecciones puede llevarnos a muchas tensiones nacionales. Hay que ser más responsables.

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Cuba se encuentra asfixiada. Desde la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, hace cuatro meses, el suministro de petróleo a la isla se bloqueó por completo. Aunque la producción local es de 40.000 barriles al día, el régimen estima que necesita unos 100.000. Eso llevó a que Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, dijera esta semana que no tienen manera de mantener el sistema eléctrico. En La Habana hay apagones de hasta 20 horas. Esta situación ocurre “por el férreo bloqueo energético que estamos viviendo. Un bloqueo energético que viene posterior a un bloqueo que teníamos durante muchos años, y lo que hizo fue agudizar y tensar más la situación económica y energética del país”, dijo el ministro.

En paralelo, esta semana Granma, el medio del partido comunista cubano, dio una noticia que parecía increíble: “A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE. UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior”. El director de la agencia de inteligencia se hizo fotografiar en territorio cubano para enviar un mensaje. Aunque no se difundieron versiones oficiales de la visita, The New York Times reporta que Estados Unidos pidió al régimen cubano eliminar los sitios de inteligencia rusa y china que hay en la isla.

Todo hace parte de la obsesión que Marco Rubio, secretario de Estado de la administración de Donald Trump y de origen cubano, tiene con “liberar” a la isla. Analistas han señalado que la complacencia de la Casa Blanca con el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela tiene que ver con que su verdadero interés está en derrocar la dictadura cubana. Por eso la intensificación del bloqueo económico, la aplicación de sanciones y la búsqueda de debilitar la imagen del actual gobierno. Ante la crisis, el Departamento de Estado ofreció 100 millones de dólares en ayuda para la isla: “La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar ayuda vital para salvar vidas y, en última instancia, rendir cuentas al pueblo cubano por obstaculizar dicha asistencia”, dijeron en un comunicado.

Para terminar de complicar el panorama, el jueves The New York Times dijo que fiscales en la Florida están planeando una imputación contra Raúl Castro, hermano de Fidel Castro que tiene 94 años y se encuentra en delicado estado de salud. El mensaje, dice el medio estadounidense, es recordarle al régimen lo que ocurrió en Venezuela. Una táctica más para presionar, mientras que Trump está frustrado por su fracaso en Irán y busca una “victoria” que le permita sacar pecho antes de las elecciones de noviembre próximo.

Mientras tanto, los cubanos sufren. El viernes, la Organización Mundial de la Salud dijo que el bloqueo ha provocado el retraso de 100.000 intervenciones quirúrgicas y que haya más riesgo de propagación de enfermedades infecciosas. Los colegios también han tenido que cerrar, mientras que el turismo, principal fuente de ingresos, se ha reducido.

¿Cómo termina esta historia, ante la indiferencia del mundo? No hay respuesta clara. Sin embargo, en marzo, Donald Trump dejó su ambición sobre la mesa: “Saben, toda la vida he estado escuchando sobre los Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo va a hacerlo Estados Unidos? Yo sí creo que tendré el honor de tomar Cuba. Ya sea que la libere, la tome, creo que podría hacer lo que quiera con ella. Si les digo la verdad, es una nación muy vulnerable en este momento”.

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Los colombianos llevamos más de un año pagando un impuesto que nos prometieron, por ley, que iban a modificar. En la reforma tributaria aprobada por la administración de Gustavo Petro, Ley 2277 de 2022, se anunció una medida que generó esperanza en millones de colombianos. Allí se daba un plazo hasta finales de 2024 para que las personas que hicieran transacciones menores a COP 18,3 millones no tuvieran que pagar el 4x1.000. Ese impuesto, que ha sido un lastre para los ciudadanos y que hace tiempo perdió su razón de ser, es una pesadilla regresiva que no debería afectar a los más vulnerables. Sin embargo, al sol de hoy, se sigue cobrando, no hay un sistema funcionando para aplicar la ley y el Gobierno Nacional parece distraído con otras prioridades.

Entre finales de 2024 y todo 2025 el sistema financiero colombiano recaudó COP 9,2 billones producto del impuesto al 4x1.000. Según una acción de grupo contra los bancos de Colombia, aceptada recientemente por el Juzgado Séptimo Civil de Bogotá, el perjuicio para cada colombiano podría alcanzar los COP 800.000 anuales. Eso es un platal, más en tiempos de vacas flacas y teniendo en cuenta que la ley aprobada buscaba proteger a las personas con menos recursos. ¿Por qué se está incumpliendo la norma y estamos pagando un impuesto que no debería existir?

Los actores del sistema se lanzan entre unos y otros la responsabilidad. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, dijo: “Venimos rogándole al Gobierno que pongan a echar en marcha este sistema por cuenta de que ya las compañías financieras y fintech no solo tienen contratos firmados con el operador del sistema, sino tienen la tecnología desarrollada hace 502 días, y 502 días de un impuesto que hoy en día ya carece de justificaciones, es plata que no deberían estar pagando los colombianos”. Por su parte, Freddy Castro, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito & Financieras (Fecolfin), dijo que la norma se hizo mal, pues pidió un sistema de información unificado, pero no creó mecanismos de coordinación para hacerlo. Eso es un desastre, porque automatizar la exención del 4x1.000 requiere coordinar 336 fondos de empleados, 172 cooperativas de ahorro y crédito, y 39 bancos vigilados por la Superintendencia Financiera.

En todo esto el gran ausente es el Gobierno. No tiene sentido que la reforma tributaria de su iniciativa se vea obstaculizada precisamente por la falta de reglamentación adecuada y de fomentar la integración de todos los actores. ¿Ha tenido que ver, acaso, el hecho de que la Casa de Nariño está en problemas de recursos y la exención sería un golpe adicional? ¿La idea es echar para atrás la medida? De ser así, el debate hay que darlo de cara al país, así como plantear una reforma a la reforma. En todo caso, ¿qué pasa con todo el dinero que han pagado los colombianos a pesar de que no deberían haberlo hecho? ¿Habrá devolución? Sabemos que estamos pensando con el deseo, pero por lo menos una muestra de seriedad sería priorizar la implementación de la medida. Las normas están para cumplirse.

Los bancos dicen estar listos, las cooperativas dicen estar listas. ¿Qué estamos esperando? El tiempo es, literalmente, dinero.

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El Gobierno Nacional debería observar la oposición de la Fiscalía a levantar las órdenes de captura de los líderes del Clan del Golfo como una oportunidad de diálogo institucional y de fortalecer de legitimidad uno de los procesos de paz más avanzados que dejará la administración de Gustavo Petro. Aunque el comunicado de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, fue recibido con hostilidad en la oficina del alto comisionado para la Paz, nos parece muy poco productivo seguir en confrontación con una funcionaria que sólo busca blindar un eventual acuerdo. No en vano los fracasos recientes ligados a los procesos de la “paz total” han hecho que los colombianos estén preocupados por la seguridad y, por ende, desconfíen de una apuesta negociada para ir cerrando conflictos.

En una resolución del pasado 29 de abril, el Gobierno Petro le pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo. Esto con el objetivo de llevarlos a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio donde, si se logra llegar a un acuerdo final, pasarían a desmovilizarse. Entre las personas listadas se encuentra Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, pedido en extradición por Estados Unidos. Según el Gobierno, esto es para brindarles “seguridad jurídica” en medio del proceso de diálogos. Sin embargo, cuando la Fiscalía se negó, el presidente Gustavo Petro dijo que se acababa de enterar: “La Comisión de Paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.

La negación por parte de la fiscal Camargo se concentra en varios puntos. En el comunicado, el ente investigador dice que “la información remitida a la Fiscalía por parte del Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional. Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”. También se pregunta por Chiquito Malo y se pide “honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos transnacionales”. En esencia, la misiva dice que no se puede conceder un beneficio tan generoso sin que el país y la Fiscalía tengan detalles del verdadero avance de los diálogos.

En respaldo de la fiscal, la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal emitieron un comunicado. Los magistrados dicen que “comparten los planteamientos que formuló (la fiscal) a fin de constatar que todas las medidas adoptadas deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales, establecidos respecto al proceso de paz”. Es decir, la institucionalidad de la rama judicial le está pidiendo al Gobierno que sea más diligente, cuidadoso y transparente con el proceso de paz.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que ha parecido más un observador pasivo del gobierno que un participante de este proceso, pidió a la oficina del Comisionado de Paz que envíe la información a la Fiscalía, pero que “hubiera sido oportuno recordar que el responsable de la política de paz es el presidente de la República”. El presidente Petro también dijo que “el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente”. Nadie está negando la autoridad presidencial, pero todos estos años la Casa de Nariño ha elegido ir sola en los procesos de paz, cuando necesita de entidades tan importantes como la Fiscalía de su lado. Es buen momento para dejarse apoyar.

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La Fiscalía está quedando expuesta a la vergüenza con su mediocre manejo de los casos de corrupción ligados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). A la reciente liberación de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz por vencimiento de términos, se suma a la del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también por vencimiento de términos. Aunque los procesos continúan, esta situación deja en el imaginario colectivo la idea de que no se tiene un sólido caso judicial en contra de personas que ocuparon altos cargos del Estado. Además, abre la puerta a los distintos ataques contra la legitimidad que ya está recibiendo toda la rama judicial por culpa de las torpezas del ente acusador y el manejo que les ha dado a estos casos. Si en efecto no hay capacidad de llevar a buen término las investigaciones, ¿por qué se encarceló durante tanto tiempo a dos personas que han comparecido a todos los llamados de la justicia? ¿No se supone que estamos ante casos con suficientes pruebas?

El juez de control de garantías que estudió el caso de Ortiz fue contundente en su decisión. Como desde la radicación del escrito de acusación contra ella pasaron “329 días, término que evidentemente está por encima de los 240 días que establece (la ley)”, entonces “el término está ampliamente superado conforme a las observaciones efectuadas por este operador judicial. En consecuencia, el Juzgado 35 accede positivamente a la solicitud elevada por la defensa y, en consecuencia, ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova; como consecuencia, se dispone librar la correspondiente boleta de libertad”. Lo que nos lleva a una pregunta necesaria: ¿por qué la demora en realizar el juicio oral? ¿Cómo un proceso tan importante, que en un momento estuvo cerca de tener un principio de oportunidad, se le salió de las manos a la Fiscalía?

En respuesta a El Espectador, el ente investigador acusó a la defensa de llevar a cabo “maniobras dilatorias”. Claro, porque la Fiscalía no está a estas alturas ya acostumbrada a que las defensas intenten realizar ese tipo de actuaciones. ¿No podían evitarse? ¿Está de manos atadas el ente investigador ante las triquiñuelas judiciales? ¿Entonces todos los casos están condenados a tener términos vencidos?

Algo similar ocurrió en el caso de Ricardo Bonilla. Bajo medida preventiva desde diciembre, la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, dijo que no se presentó a tiempo el escrito de acusación. Desde entonces, el exministro se encuentra en libertad. Tanto su proceso como el de Ortiz siguen en curso.

No se trata, por supuesto, de negar la presunción de inocencia de los involucrados. La crítica es directamente a una Fiscalía que ha sido rimbombante con sus imputaciones y acusaciones, pero se ha quedado corta en procesos clave para entender qué ocurrió en la Ungrd. Más allá de los procesos que ya se han terminado con los involucrados más directos, no sabemos si en efecto hubo tentáculos más allá o, como ha planteado la Casa de Nariño, solo fueron unas cuantas “manzanas podridas”. Esa es la pregunta esencial que el ente investigador debe poder responderles a los colombianos, pero entre vencimientos de términos y torpezas nos quedamos en la oscuridad.

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La muerte de Germán Vargas Lleras empobrece el debate público colombiano. Criado políticamente primero por su abuelo, el presidente Carlos Lleras Restrepo, y después por Luis Carlos Galán, el político que llegó a ser vicepresidente de Juan Manuel Santos siempre dio ejemplo de posturas firmes con argumentos bien estudiados. Que desde el presidente Gustavo Petro hasta el expresidente Álvaro Uribe hayan escrito sentidos mensajes por su partida habla del respeto que despertaba incluso entre sus opositores políticos. En medio de una elección presidencial que se ha caracterizado por la ausencia de debates y por el intercambio de estigmatizaciones, la ausencia de una voz profunda como la de Vargas Lleras se siente con especial frustración.

Durante su larga trayectoria política, Vargas Lleras se caracterizó por ser un trabajador incansable. Todos quienes trabajaron con él repiten lo mismo: la microgerencia era su estilo de administrar y no tenía paciencia para quienes no llevaran su mismo ritmo. Eso, sumado a su impulsividad, significó malos tratos que fueron denunciados en varias ocasiones. El infame video en el que le pega un golpe en la cabeza a un escolta no solo arruinó su aspiración de llegar a la Presidencia, sino que le mostró al país el carácter que se intuía en lo poco que se conocía de su vida privada. El otro lado de esa balanza es que, gracias a su dedicación y disciplina, fue un ejecutor que logró concretar una de las políticas más ambiciosas del gobierno Santos: construir 101.335 casas, con un presupuesto de COP 4,4 billones, sin que hubiera escándalos de corrupción de por medio.

Su poderío político fue indiscutible, aunque sus métodos fueron cuestionados. En 2006 fue el senador más votado en el Congreso de la República, capital político que luego convertiría a Cambio Radical en una de las fuerzas con más peso en el Capitolio. Utilizó su influencia para torpedear el intento del presidente Uribe por aprobar una segunda reelección, que Vargas Lleras tildó, con razón, de antidemocrática. También, como ministro del Interior del gobierno Santos, armó la poderosa “unidad nacional”, una aplanadora que logró la aprobación de leyes fundamentales para el país, como la de Víctimas, aunque en ese período también se popularizó el uso de la “mermelada” para aceitar las reformas fomentadas desde la Casa de Nariño. Cambio Radical, su partido, también se caracterizó por avalar a personajes que terminaron en la cárcel o que eran parte de clanes políticos y maquinarias con serios cuestionamientos. En los círculos cercanos a Vargas Lleras llamaban esto “pragmatismo”, un entendimiento de cómo funciona la política en el país y una idea de que puede ser la manera de lograr reformas necesarias. Sus críticos, con justicia, denunciaron esa complicidad con el clientelismo.

En todo caso, lo que más caracterizó a Vargas Lleras fue su preparación. Lo demostró en los múltiples debates que llevó a cabo, así como en la firmeza de sus posiciones. Sus denuncias de las FARC lo hicieron víctima de un par de atentados. En los espacios políticos, y luego en su tribuna de opinión, era una voz que no podía ser ignorada por el conocimiento que tenía del Estado. Demandaba altura y la otorgaba en sus posturas de oposición. En su ausencia, no es claro quién puede llenar ese rol. La democracia colombiana ha perdido a uno de sus defensores.

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En respuesta al editorial del 1 de mayo de 2026, titulado “El etiquetado de los alimentos es una sana medida”.

El editorial publicado por El Espectador sobre el etiquetado frontal de alimentos plantea que esta medida constituye un avance necesario en salud pública. Sin embargo, aunque los sistemas de advertencia nutricional son herramientas válidas para mejorar la información al consumidor, su fortalecimiento debe apoyarse en criterios científicos consistentes y en marcos regulatorios técnicamente robustos. En particular, la propuesta de ampliar el etiquetado frontal incorporando el concepto de “ultraprocesamiento” como indicador independiente de riesgo nutricional plantea interrogantes importantes desde el punto de vista científico y regulatorio.

Algunos de los modelos de perfil de nutrientes utilizados internacionalmente, como los adoptados voluntariamente en Europa y Australia, se basan en variables cuantificables de composición nutricional, tales como sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas o densidad energética. En contraste, el nivel de procesamiento no constituye un indicador nutricional medible ni estandarizado. La categoría de “ultraprocesado”, derivada principalmente de la clasificación NOVA, presenta limitaciones metodológicas ampliamente documentadas en la literatura científica, incluyendo ausencia de criterios cuantitativos claros, baja reproducibilidad entre evaluadores y dificultad para establecer relaciones causales independientes con desenlaces en salud.

Dado que existen múltiples definiciones y un limitado consenso científico sobre lo que implica clasificar un producto como “ultraprocesado”, su utilización como criterio regulatorio presenta dificultades de interpretación y aplicación. Esta situación resulta evidente en el contexto colombiano, donde la definición del término ha variado entre distintos actos normativos, generando inconsistencias técnicas y falta de estabilidad conceptual en su uso dentro del marco regulatorio. En consecuencia, esta variabilidad limita su idoneidad como base para instrumentos de política pública, como el etiquetado frontal de advertencia.

Adicionalmente, el debate público sobre etiquetado frontal no debería simplificarse como una tensión entre intereses de salud pública y del sector productivo. La evidencia disponible muestra que la reformulación de alimentos en Colombia ha respondido principalmente a los sellos asociados a nutrientes críticos, lo cual confirma que los modelos basados en composición nutricional son efectivos para inducir cambios en la oferta alimentaria.

También es importante reconocer que la calidad nutricional de la dieta no depende de alimentos individuales, sino de patrones alimentarios completos. Presentar sellos adicionales asociados al grado de procesamiento puede inducir percepciones absolutas sobre la “salubridad” de productos específicos, lo cual no refleja la complejidad de la alimentación humana ni se ajusta plenamente a las directrices internacionales sobre etiquetado nutricional.

Fortalecer el etiquetado frontal es una meta legítima y necesaria. No obstante, su evolución debe basarse en criterios verificables, comparables internacionalmente y sustentados en evidencia científica reproducible. Incorporar categorías cuya validez técnica aún es objeto de debate puede generar más confusión que claridad. La prioridad debe ser consolidar un sistema de información nutricional claro, coherente y proporcional, que contribuya efectivamente a mejorar la salud pública sin sacrificar el rigor científico que debe sustentar toda regulación alimentaria.

* Presidente Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA).

Mateo Pérez Rueda tenía 25 años y estaba persiguiendo una historia. Como cuenta un perfil realizado por el medio Vorágine, Pérez vendía jugos en el garaje de su casa, en Yarumal (Antioquia), para financiar su revista, El Confidente. Sus padres, amigos y quienes lo conocían lo mencionan como un periodista curioso, terco, lanzado, en palabras de Jesús Abad Colorado, “a comerse el territorio”. En un texto reciente de su medio y citado por el perfil que mencionamos, escribió: “en Yarumal nos están asesinando nuestros adolescentes por razones cada vez más absurdas y las autoridades no están investigando con celeridad. La administración debe poner más de su parte para evitar estos homicidios porque en el municipio ya es muy fácil matar sin consecuencias”. Unos meses después de ese texto, Pérez Rueda fue torturado y asesinado. Todo por, recordemos, perseguir una historia.

Cuando Pérez Rueda llegó a Briceño, las autoridades le advirtieron que no siguiera su camino. ¡Como si eso no evidenciara una falla del Estado colombiano! Somos incapaces de protegerte, confesó la policía. En efecto, Briceño opera bajo control de las disidencias de las FARC. El Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), cuyo máximo comandante es Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, impone reglas de conducta en el territorio, toques de queda y mantiene a todo el mundo vigilado, incluso con drones. Allá el Estado son ellos y las autoridades claudicaron en sus deberes constitucionales. Pérez Rueda quería entender lo que pasaba, así que, como dicta el periodismo, siguió su camino en búsqueda de respuestas. Fue interceptado, torturado, asesinado y enterrado. Para poder rescatar su cuerpo, el Ministerio del Interior tuvo que hacer una tregua con las disidencias para que la Cruz Roja pudiera entrar. De esa talla es el fracaso que presenciamos.

En un comunicado, alias Calarcá se lavó las manos. Dijeron que el asesinato “jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional (...) Esta Dirección nunca fue informada sobre la detención del periodista, de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”. En su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que “fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”. En otra larga publicación, el mandatario explica que el Congreso no quiso discutir su código minero, le echó toda la culpa a la minería ilegal, y escribió que “ahora buscan, brutalmente, usar el asesinato del joven periodista Mateo, sacar dividendo electoral en favor de quienes han hecho las normas que permiten esa violencia. La minería en Antioquia fue manejada por gobiernos departamentales silenciosos ante el paramilitarismo y el narcotráfico. El manejo departamental de la minería con sus títulos mineros oscuros es un desastre”.

Es decir, la Casa de Nariño parece más preocupada por los efectos políticos del asesinato que por reconocer que su Gobierno fracasó al proteger a un ciudadano que ejercía su derecho a la libertad de prensa. Ese es el resumen de estos cuatro años: un presidente que puede explicar el por qué del desastre, pero no tiene la capacidad de corregirlo. Seguimos, mientras tanto, contando muertos y tragedias. Nos solidarizamos con nuestro colega fallecido por apostarle a la paz y a la transparencia. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a todos los que lo conocieron.

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Aunque la campaña presidencial se lleva por estos días la atención del país entero, el Congreso sigue trabajando y los analistas coinciden en el mismo pronóstico: varias de las reformas más importantes para la Casa de Nariño se hundirán. El presidente Gustavo Petro ha utilizado esto para atacar a los congresistas e intervenir en las elecciones, pidiendo a los colombianos que firmen su convocatoria a una asamblea nacional constituyente y que le den más años en el poder a su proyecto político. Por su parte, la oposición ha buscado mostrar esta situación como un acto de valentía y de defensa de la patria; una reivindicación de la democracia. Sin embargo, es prudente alejarse un poco de la coyuntura para hacer una pregunta existencial: ¿de qué sirve una institucionalidad incapaz de reformarse a sí misma y de responder a las necesidades de las personas?

Podemos buscar culpables, sin duda. Por ejemplo, que el Ministerio de la Igualdad esté en vísperas de ser sepultado es una consecuencia directa de la mediocridad del Gobierno y su bancada al momento de crearlo, y también de que en estos años ha sido una puerta giratoria de funcionarios con escándalos, falta de ejecución y sobre todo de visión para justificar su existencia. O la reforma a la salud, que está buscando ser revivida con un recurso con pocas probabilidades de éxito, fue primero liderada por Carolina Corcho, una ministra de Salud hostil al diálogo y que ayudó a romper la primera coalición con la que gobernó el presidente Petro, y luego por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha conservado su cargo más por hacer eco de los peores impulsos del mandatario que por darles confianza a los actores afectados por la crisis del sistema, comenzando por los pacientes. A menudo, la Casa de Nariño buscó que el Congreso le aprobara sus iniciativas sin abrir espacio a concesiones o diálogos productivos.

No pueden salir impunes, empero, muchos congresistas, eso también hay que decirlo. La oposición terca y arrogante se atrincheró creyendo que podría ganar las elecciones negando cualquier iniciativa gubernamental. No olvidamos, por citar uno de múltiples ejemplos, a Efraín Cepeda, quien como presidente del Senado obstaculizó una necesaria ley de financiamiento solo para, unos meses después, ver que su aspiración presidencial se estrellaba con la indiferencia del electorado. Ahora, un proyecto tan necesario como la Jurisdicción Agraria está trancado por las triquiñuelas de los partidos de oposición, que han buscado romper el quórum esperando que llegue el fin de la legislatura sin que avance la legislación. Si eso es democracia, el sistema necesita reformarse.

Lo que nos aterriza en una preocupación genuina: el estancamiento les envía el mensaje a los colombianos de que la institucionalidad es incapaz de identificar sus falencias y dar respuestas eficientes a los afanes del día a día. Lo estamos viendo en todas las democracias liberales, donde los populismos de izquierda y de derecha se cotizan al alza ante el hastío de los votantes. No podemos olvidar que la pasada segunda vuelta presidencial fue entre dos outsiders, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ni tampoco se puede ignorar que dos de las candidaturas más opcionadas este año, tanto la de Iván Cepeda como la de Abelardo de la Espriella, están surfeando sobre una ola de indignación con la falta de soluciones.

¿De qué sirve un Congreso estancado e incapaz de conciliar? ¿Cuál es la utilidad de una clase política experta en el arte de obstaculizar cualquier reforma? Todo eso alimenta el fuego retórico de quienes quieren liderazgos más autoritarios, así eso implique desmontar el sistema de pesos y contrapesos y poner en riesgo la democracia.

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La expedición esta semana del Conpes 4190 sobre el proyecto de Regiotram del Norte dejó una situación macondiana: a pesar de que el tranvía tendría 11 de sus 17 estaciones dentro de la ciudad de Bogotá, el Distrito no fue incluido en las discusiones técnicas ni en la repartición de la financiación. Más allá de los egos políticos y el intercambio de acusaciones entre el Gobierno Nacional y el Palacio Liévano, un sistema de transporte que atraviese la capital del país no puede articularse ni ejecutarse sin contar con la participación de la alcaldía que eligieron los bogotanos. Los mensajes posteriores al escándalo dejan entender que en el Ministerio de Transporte comprenden esa realidad.

Que la relación entre el Distrito y la Casa de Nariño es hostil ha sido evidente desde que el candidato del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, quedó de tercero en las pasadas elecciones. Lo que vimos esta semana fue un capítulo más de esa improductiva disputa. El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, dijo: “Nos toma por sorpresa el Conpes 4190 expedido por el Gobierno Nacional en el que se excluye a Bogotá del proyecto Regiotram del Norte. Ningún equipo de la Alcaldía de Bogotá fue consultado”. El presidente Petro rechazó la declaración: “Esto no es cierto. La reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir. Nosotros asumimos la parte de Bogotá y volveremos realidad el tranvía de Zipaquirá al norte de la ciudad”. El alcalde distrital, Carlos Fernando Galán, dijo que las demoras en la participación de Bogotá tienen que ver con reparos técnicos a la propuesta aprobada. Las redes sociales se llenaron de señalamientos, burlas y el debate al que ya están acostumbrados los colombianos.

Concentrémonos, por el bienestar de todos, en los hechos. El Conpes 4190 muestra que el Gobierno Petro se comprometió a aportar el 82 % de los COP 17,36 billones que vale la obra. Eso significa que por fin puede empezarse la ejecución de un proyecto que busca conectar a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá. Con operación 100 % eléctrica, 48,9 km de tramo y pasando por por Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén en la capital del país, se trata del tipo de inversiones ambiciosas que Colombia necesita. También es un reconocimiento al hecho de que Bogotá y la sabana están interconectadas. Se espera que sean transportados 187.000 pasajeros diarios. El hecho, entonces, es que es urgente que este proyecto vea la luz.

Dicho lo anterior, también es innegable que el impacto sobre la distribución del espacio en Bogotá requiere una planeación cuidadosa. No tiene sentido que el Regiotram no esté integrado con el sistema de transporte público de la ciudad, ni que los diseños se hagan sin tener en cuenta las particularidades de una capital que se está construyendo de manera veloz. Bogotá necesita hacer parte de las mesas técnicas.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte de buen desempeño en este gobierno, sabe que la concertación es ineludible. En entrevista con Caracol Radio dijo que “Bogotá no solo no queda por fuera, sino que es absolutamente clave en todo el proyecto de Regiotram. De los 17 billones de pesos que cuesta este proyecto del Tren de Zipaquirá, 7 billones de pesos se van a invertir en Bogotá. Este proyecto es maravilloso para la capital, casi que se debería llamar el tren de Bogotá”. Por su parte, el alcalde Galán dijo que su equipo está disponible para participar de esa planeación. Distrito, Nación y Cundinamarca necesitan trabajar en conjunto. Así sin duda se lograrán grandes cosas para los ciudadanos de la región.

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Presidente Gustavo Petro, ¿cuántas más burlas y humillaciones a su figura y al país entero va a tolerar por parte de la guerrilla del ELN? Después de prometer que en sólo tres meses iban a firmar la paz si usted llegaba a la Casa de Nariño, hoy estamos en vísperas de terminar su mandato y la agrupación terrorista decidió celebrarlo con un “juicio revolucionario” contra colombianos secuestrados. No sólo es una muestra del recrudecimiento del discurso y una completa falta de intención de pactar la paz, sino que deja en evidencia que las Fuerzas Armadas no han sido capaces de recuperar el control territorial ni de proteger a los ciudadanos. Trabajar para el Estado no debería ser una condena a perder la dignidad ni a someterse a los tratos inhumanos que le conocemos a este grupo.

Justo hoy se cumple un año desde que los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados. En junio cumplirán un año los integrantes de la Policía Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Esta semana, después de anunciar que quiere buscar un gran “acuerdo nacional” con el próximo gobierno, el ELN dijo que les realizó un “juicio revolucionario”. Allí, Pacheco fue “sentenciado” a 60 meses “de prisión revolucionaria”, mientras que López fue “condenado” a 55 meses, Hoyos y Pérez fueron “sentenciados” a 36 meses. Todo por los “delitos” de espionaje “contra el ELN y la población civil”. Es decir, por trabajar para el Estado y por cumplir su deber con la Constitución, estos colombianos van a seguir retenidos, lejos de sus familias, con su vida en riesgo y sin nada que puedan hacer para ser liberados. ¿Es esta la “paz total”, presidente Petro?

Como le explicó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a Colombia+20 de El Espectador, “todas las guerrillas, en muchos momentos, utilizan el juicio revolucionario como una suerte de suplantación de justicia. Casi siempre era por conductas internas, por mal comportamiento, por indisciplina”. El ELN tiene una larga historia de ser particularmente cruel, algo que parece que busca recuperar desde sus cambios recientes en la cúpula: “A veces ajusticiaban hasta a mujeres por supuesta mala conducta. Eso ha pasado toda la vida y son de las peores cosas. Dentro del ELN fueron muy famosos los hermanos Vásquez Castaño, porque eran de gatillo fácil en eso”, dice Bonilla.

Entonces, tenemos que la guerrilla está suplantando al sistema judicial del Estado, está suplantando a las autoridades militares y policiales del Estado, y además está desconociendo a la Presidencia de la República. En ese proceso, también se burla de la delegación de paz de su gobierno, que lleva un año abogando por la liberación de los secuestrados e intentando retomar las negociaciones. Si vamos más allá y leemos lo que pretenden con sus anuncios, vemos a una guerrilla envalentonada, que pretende obtener concesiones estructurales en cualquier proceso de diálogo y que no se siente para nada amenazada por el poderío de las Fuerzas Militares. Si hay un legado que nos queda de estos cuatro años, será ese.

Por supuesto, la principal tragedia es la humanitaria. Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, le dijo a Colombia+20 que se encuentra desconcertada y se sentía abandonada. Algo similar dijo Alejandra Sanabria, esposa de Franki Hoyos Murcia. “Yo solo le pido al señor presidente, a la delegación, que accedan a las peticiones para el regreso de mi esposo. Y al ELN le pido que le respeten la vida, que le den un trato digno y que le suministren el medicamento que requiere”, dijo Macualo. Sanabria se lamentó por su hijo: “Él está pequeño, pero todos los días mi hijo pregunta por el papá. Eso me ha implicado, por ahora, contarle una y otra vez que está trabajando, es lo que le he dicho, pero no es una situación fácil”. ¿Cuánto más tendrán que aguantar ese sufrimiento?

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El 12 de abril fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Aún no termina el conteo y, en estas tres semanas, se han conocido irregularidades en la jornada que dejan por el suelo la credibilidad de la autoridad electoral de ese país: hubo unos 1.200 votos perdidos que posteriormente fueron hallados en una bolsa de basura en Lima; intermitencias en la plataforma digital, lo que obligó a los miembros de las mesas a realizar a mano las actas que debían subirse digitalmente, y, en el sur de Lima, Galaga, la empresa contratada para la logística y que ya tenía antecedentes de fallas, entregó tarde los materiales electorales, y unos 55.000 ciudadanos no pudieron votar, por lo que se abrió la posibilidad de que lo hicieran al día siguiente. Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aseguró que se trataba de simples “errores”, pero que la cadena de custodia se mantuvo gracias a la presencia de personal de la Policía y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su traslado. El JNE dijo que eso era mentira y le puso una denuncia penal a Corvetto, quien acabó renunciando.

La entrega del resultado final se tarda porque la ley peruana permite la impugnación de actas. Esto sucede cuando, por ejemplo, hay una suma mal hecha o algún error de formato en el papel. Aunque se espera que el resultado definitivo se emita a mediados de mayo, se da por sentado que pasarán a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La primera lidera con el 17 % de los votos, es del partido de derecha Fuerza Popular e hija del expresidente condenado por violaciones de derechos humanos, Alberto Fujimori; el segundo lleva el 12,04 % y es del partido de izquierda Juntos por el Perú, que respaldó al expresidente Pedro Castillo, ahora condenado tras un intento de autogolpe. Sin embargo, el candidato Rafael López Aliaga, ultraderechista del partido Renovación Popular, que por una diferencia del 0,17 % lleva el tercer lugar, ha impugnado miles de actas y dice que está ocurriendo un fraude electoral en su contra. Dada la coyuntura y la difusión de noticias falsas, es comprensible que en la ciudadanía peruana calen esas teorías.

Perú, marcado por la constante inestabilidad política y ocho presidentes en 10 años, adolece de una desconfianza hacia las instituciones del 90 %. No obstante, las instituciones peruanas no son tan caóticas como se muestra. El mismo JNE, que denunció la negligencia de Corvetto, dijo que el impacto de las irregularidades es mínimo como para anular las elecciones y desestimó la tesis de un fraude. En esto coinciden los observadores internacionales. Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reconoció que estas elecciones, con 35 candidatos, fueron “las más complejas” de la historia reciente de Perú, pero destacó que se subsanaron debidamente y con premura los errores logísticos. “El escrutinio realizado por los miembros de mesa fue considerado en general transparente y bienintencionado”, añade.

Una nueva falla podría ser la estocada final a la legitimidad del sistema. Los errores de logística, aún sin dolo, lesionan el derecho al voto. La autoridad electoral peruana debe garantizar que el conteo de esta primera vuelta llegue a buen término, sancionar a los funcionarios de conducta negligente y asegurar que bajo ningún motivo ocurran nuevas fallas logísticas. La legitimidad del próximo o próxima mandataria depende, en parte, de que los peruanos tengan certeza de que su voto fue contado.

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Colombia asumió un importante liderazgo mundial al ser anfitriona en Santa Marta de la Primera Conferencia sobre la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Con 58 países presentes, entre ellos pesos pesados como Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia y Países Bajos, se trató de un espacio para que el Sur Global tomara la palabra en una discusión de la cual se nos ha excluido históricamente. El diagnóstico de científicos, académicos y políticos está en lo cierto: necesitamos una transición hacia una economía que no dependa de los combustibles fósiles. Sin embargo, en lo que se han equivocado iniciativas como las del gobierno de Gustavo Petro es en la velocidad con la que de manera realista y responsable pueden hacerse los cambios necesarios. Adicionalmente, mientras los mayores contaminantes no se sienten en la mesa estamos condenados al fracaso.

Precisamente fue de una frustración que surgió esta conferencia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), celebrada en Belém (Brasil), terminó con una declaración final que no incluyó la transición más allá de los combustibles fósiles. Como dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso en Santa Marta, “en la COP 30 no se tuvo en cuenta el informe científico que dice que el 75 % de la crisis climática se debe a la extracción y consumo de hidrocarburos, que básicamente son carbón, petróleo y gas”. Por eso, varios países se decidieron a tener una conferencia paralela que dé insumos sobre cómo se vería esa transición.

Hay que decirlo: el Gobierno Petro ha tenido un rol diplomático muy importante en este objetivo. Como explicó Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, “Colombia ha asumido un liderazgo innovador en la agenda mundial sobre el clima y la biodiversidad. Colombia demuestra que la transición no puede enmarcarse únicamente como un objetivo de reducción de emisiones, sino más bien como una agenda de desarrollo integral que integra la justicia social, la naturaleza, la seguridad energética, la diversificación económica y la cooperación internacional”. De la Conferencia salieron varias medidas importantes, como la creación de un Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), que apoyará a los países que deseen empezar la transición de manera responsable. También hubo un compromiso de realizar otra Conferencia en Irlanda y Tavalu.

Lo más interesante, nos parece, fueron los productos académicos que se produjeron en el marco de la Conferencia. Mientras los científicos publicaron un documento en el que se dice que “la eliminación gradual de los proyectos de combustibles fósiles existentes es crítica, pero no suficiente. Sin detener los nuevos desarrollos, la eliminación gradual de los combustibles fósiles es inalcanzable, porque cada nueva inversión asegura décadas de extracción, uso y las emisiones resultantes de combustibles fósiles”, hubo mensajes de prudencia que necesitan ser escuchados. Andrea Cardoso, economista, profesora titular de la Universidad de Magdalena, advirtió que es necesario “preparar a las comunidades y a los trabajadores en esa salida a través de la educación técnica y vocacional, para que transiten a otras industrias como la de las energías renovables”. Eso toma tiempo.

Eso, tal vez, es lo más importante en las conversaciones que se tengan a futuro. Es esencial una transición, pero no puede ser radical ni tampoco ir en detrimento de las necesidades de países como Colombia. Las comunidades necesitan periodos de adaptación, alternativas viables y razonables, y, sí, necesitamos los recursos de los combustibles fósiles para fomentar esos procesos. También hay que encontrar la manera de persuadir a los mayores contaminantes. Sin ellos, todos estos diálogos son bien intencionados, pero quedan condenados a la ineficiencia.

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Es muy difícil tomar de buena fe la hostilidad de Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, hacia Colombia y hacia el presidente Gustavo Petro. Desde que empezó su guerra comercial y sus rimbombantes señalamientos en X, el mandatario del país vecino ha difundido desinformación, no ha aportado pruebas de sus “denuncias” y se ve muy cómodo interviniendo en el proceso electoral que estamos a punto de celebrar. El presidente Gustavo Petro debe conservar la prudencia que ha mantenido y tener cuidado con lanzar a su vez señalamientos sin pruebas, pues la relación entre los dos países es más importante que los egos de dos líderes pasajeros.

Hace un mes, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador anunció que la guerra comercial de ese país contra Colombia se recrudecería. Los aranceles impuestos a los productos colombianos exportados pasarían del 50 al 100 %. En el comunicado, la entidad dependiente de los deseos de Noboa escribió que “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, el Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas”. A pesar de los múltiples intentos de Colombia por dialogar, la respuesta del gobierno ecuatoriano ha sido un no rotundo. Hace unos días, en la cuenta de X de Noboa, se acusó al presidente Petro de estar fomentando la violencia en Ecuador.

El problema es que la realidad es mucho más compleja que lo que invitan a pensar los mensajes del país vecino. Los 580 kilómetros de frontera compartida siempre han sido un espacio poroso con influencia de grupos al margen de la ley, tanto colombianos como ecuatorianos. A medida que Ecuador se ha convertido en uno de los principales exportadores de cocaína, el control del paso fronterizo se ha hecho más difícil. Eso no es culpa del presidente Petro ni de Colombia. Lo que busca tapar Noboa con sus aspavientos es que la situación de orden público se le salió de control. El primer trimestre de este año, según cifras de la Policía de ese país, han ocurrido 1.857 asesinatos, es decir, un promedio de 24 al día. El año pasado tuvieron un promedio total de 23 asesinatos cada día. Eso tiene la popularidad del presidente ecuatoriano en el piso. Según la encuestadora Imasen, más del 60 % de los ecuatorianos creen que el país no va por buen camino.

Hoy, gracias a este desastre, los embajadores de ambos países están llamados a consultas, no hay mesas de diálogo activas y X se convirtió en el lugar para intercambiar señalamientos. El presidente Petro, que hasta hace poco había mantenido una postura diplomática, colmó su paciencia y responsabilizó a Ecuador de la violencia que hemos visto. “Sé que sectores de extrema derecha en Colombia que han viajado a Miami y Quito han construido un especie de estrategia para que gane las elecciones la extrema derecha de Uribe con su candidata”, escribió, sin aportar pruebas. Esa, por supuesto, no es la manera de reducir las tensiones, pero la Casa de Nariño parece haberse rendido en ese propósito.

¿Qué nos queda? Dos países históricamente aliados en medio de una guerra comercial que solo afecta a las personas más vulnerables en la frontera, que dificulta la cooperación en seguridad y que daña a los exportadores e importadores de lado y lado. Es decir, perdemos todos.

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El pasado viernes, en medio de marchas impulsadas por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro demostró que su principal apuesta es convocar una constituyente. “Entregaremos el 20 de Julio cinco millones de firmas para solicitar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para agregar dos capítulos a la Constitución”, escribió en su cuenta de X. ¿Cuál es la verdadera intención detrás de toda esta movilización que fomenta la Casa de Nariño?

La Constitución de 1991 extendió los derechos individuales y le dio vida a una serie de instituciones que protegieron a minorías históricamente relegadas. Y con todos los defectos que puede tener, y las cerca de 50 enmiendas que se le han hecho, le da a Colombia un sistema de pesos y contrapesos institucionales que han evitado desmanes autoritarios con una sana alternancia en el poder que varios vecinos latinoamericanos envidian.

Además, es parte del andamiaje sobre el cual, por vía de las urnas, el país eligió en 2022 al hoy presidente Gustavo Petro, quien ha contado con garantías para promover su modelo de Estado a pesar de haber ganado en la segunda vuelta de aquel año por poco más de 700.000 votos de diferencia sobre el ya fallecido Rodolfo Hernández. No es un dato menor, porque la misma polarización que se evidenció tras ese resultado se mantiene ahora, profundizada por la retórica de odio promovida desde la cabeza del Estado en la presente época electoral.

Ahí está la génesis de la promoción de una constituyente que a la luz de la realidad política y jurídica actual genera división, pero que, no obstante, sirve para darle un empujón electoral a la continuidad del proyecto de izquierda. Un proyecto al que le sirvió esa Constitución de 1991 para llegar a la Casa de Nariño y que ahora, al ver frustradas varias de sus iniciativas por esos pesos y contrapesos que en ella se diseñaron, pretende someterla a una cirugía profunda para pasar por encima de ese sistema de equilibrios democráticos.

Esa película ya la vivió este país, con otras denominaciones y otros actores, cuando era la derecha la que nos gobernaba y veía con desdén a quienes hoy tienen el mando. ¿El objetivo, entonces y ahora, era y es no soltar el poder durante décadas?

El Espectador reconstruyó hace dos semanas la trazabilidad de cómo se juntan el relato constituyente de Petro, la campaña de su candidato, el senador Iván Cepeda, y la contienda electoral. En los eventos del aspirante se recogen firmas; todos los sindicatos que lo apoyan, todos, hacen la tarea para impulsar el proyecto, y el propio candidato oficial, según sus palabras y su plan de gobierno, no la ve como una prioridad mas no la relega a una imposibilidad.

Esta radiografía invita a reconocer todo lo que ha provisto una Constitución que debe defenderse, rodearse, potenciarse, ajustarse si es el caso, pero al final mantenerse fuerte para que Colombia siga siendo parte de las democracias latinoamericanas. Una asamblea constituyente nace del consenso, como pasó en 1991, y es evidente que actualmente dicho consenso no existe; ahora mismo es más bien una forma de movilizar masas con fines electorales, algo que también alimentó la oposición al juntarse en no pocos casos solo para frenar muchas propuestas oficialistas sin mayor apertura al debate.

Cuidemos esta Carta Política que hoy nos permite convivir en el disenso. Como en la región ya se ha atestiguado, por mucha retórica de inclusión con que se disfracen estos impulsos, luego es demasiado tarde cuando se comprueba que han sido la manera de imponer una única visión de Estado. Respetemos el logro que fue llegar a esta Constitución, imperfecta pero ajustada a principios democráticos invaluables, porque el futuro es para todos, no solo para un proyecto político en particular.

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En respuesta al editorial del 21 de abril de 2026, titulado “La inteligencia artificial, peligrosa y sin regulación”.

El editorial de El Espectador sobre inteligencia artificial tiene la virtud de reunir hechos verificables sobre uno de los debates más urgentes del momento. Tiene el defecto de procesarlos con un marco que los simplifica hasta hacerlos irreconocibles. El resultado es un texto que produce indignación legítima sobre problemas reales, pero no avanza un centímetro en la comprensión de ninguno de ellos.

El argumento central del editorial es que la ausencia de regulación explica los males que describe. Esta premisa no resiste el examen de sus propios ejemplos. Claude fue usada en el operativo sobre Venezuela bajo contrato, con términos de uso explícitos, por una empresa que se define como pionera en seguridad de IA. La regulación privada existía. Fue ignorada o burlada por el Estado. Esto no prueba que la regulación falle por ser insuficiente; prueba que el problema es de otra naturaleza, a saber, la relación entre el poder estatal y los límites que puede imponerse a sus propias herramientas en tiempos de guerra. Agregar capas regulatorias a un sistema en el que el principal actor armado se aplica a sí mismo sus propias normas no cambia la ecuación fundamental.

El bombardeo de Minab el 28 de febrero ilustra el mismo punto con mayor crueldad. Lo que las investigaciones establecen no es que un sistema de inteligencia artificial eligiera autónomamente una escuela como blanco, sino que oficiales del comando de Estados Unidos crearon coordenadas de ataque usando información desactualizada, en un proceso de fijación de objetivos acelerado sin verificación suficiente. El editorial atribuye agencia a la máquina donde debería exigir responsabilidad a la cadena de mando. Este desplazamiento no es inocente. Hace más fácil regular el software y más difícil juzgar a los generales.

El editorial presenta a Anthropic como víctima del militarismo, castigada por su ética. Esta lectura oculta que la empresa firmó en julio de 2025 un contrato de doscientos millones de dólares con el Pentágono; que sus modelos fueron los primeros autorizados para operar en plataformas clasificadas del Departamento de Defensa; y que su propio CEO declaró que la compañía nunca objeta operaciones militares específicas. El conflicto posterior no fue entre una empresa pacifista y un Estado militarista; fue una disputa contractual sobre los límites del uso de la tecnología dentro de una relación de proveedor militar que Anthropic construyó deliberadamente. Lo que agudizó esa disputa no fue solo la presión del Pentágono, sino la evolución de la propia tecnología, teniendo en cuenta que, en febrero de 2026, Anthropic lanzó modelos con capacidad para coordinar equipos de agentes autónomos en paralelo, capacidades que volvían sus restricciones contractuales progresivamente más difíciles de sostener, porque la línea entre análisis de inteligencia y fijación de objetivos automatizada se adelgazaba con cada iteración. La diferencia con OpenAI no es moral, sino de posición negociadora, y el editorial no tiene interés en verla, porque el esquema víctima-victimario que sostiene el texto no admite gradaciones.

Sebastian Mallaby es citado como respaldo para la tesis regulatoria. Su argumento real es el inverso. Después de visitar China, Mallaby concluyó que los controles de exportación de chips no funcionan y propuso eliminarlos a cambio de un acuerdo diplomático tipo no proliferación nuclear. Su posición es que la regulación unilateral es impotente y que se requiere una arquitectura de gobernanza completamente distinta. Usar esta conclusión como evidencia de que necesitamos más regulación invierte el argumento de la fuente.

Lo que el marco del editorial no puede ver es que el problema central no es técnico, sino político. Los Estados con capacidad militar usan las herramientas disponibles con o sin restricciones corporativas. La pregunta que los hechos descritos plantean no es qué dice el contrato de Anthropic, sino quién responde cuando una decisión humana, acelerada por un sistema de apuntamiento de inteligencia artificial, mata a ciento cincuenta y seis personas en una escuela primaria. Esa es una pregunta sobre rendición de cuentas democrática, control civil de los militares y arquitectura de la guerra. No tiene respuesta en los términos de servicio de ninguna empresa de Silicon Valley.

Después de la tormenta, de acusaciones de genocidio y fascismo, de bravuconadas, de teorías conspiratorias y, cómo no, de pedir convocar una asamblea nacional constituyente, llegó... la unanimidad. En este país que se ha tenido que acostumbrar al frenetismo y la impulsividad de la Casa de Nariño en contra de todos los supuestos enemigos que pinta en el resto de la institucionalidad, la última reunión de la junta del Banco de la República es una muy bienvenida tregua a las hostilidades. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no sólo asistió a la reunión y se quedó para la rueda de prensa, sino que los siete codirectores estuvieron de acuerdo esta vez en no aumentar ni reducir la tasa de interés. El gesto no pasa inadvertido y esperamos que sea el inicio de un cambio de actitud al momento de tramitar las diferencias en el Estado colombiano.

Nuestra intención no es mirarle el colmillo a un caballo regalado. Aplaudimos a la Casa de Nariño y al Ministerio de Hacienda por escuchar a quienes les solicitamos más prudencia en la relación con el Banco de la República. Hace apenas unos días ese no era el panorama en absoluto. Tanto frente al Congreso como ante los medios, el ministro Ávila había mantenido una postura agresiva y retadora, argumentando que no asistiría a la reunión de la junta, con el objetivo de trancar un posible nuevo aumento. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha utilizado su cuenta de X para estigmatizar a los codirectores, echarle la culpa de los males de su gobierno a su antiguo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, e incluso sugerir que el actual gerente del Banco, Leonardo Villar, necesita estudiar más sobre economía. Es decir, íbamos encaminados a un desastre que no se ha visto desde que la Constitución de 1991 le otorgó autonomía al Emisor.

Entonces, no fue menor la sorpresa cuando el ministró Ávila asistió a la reunión y compartió espacio con el gerente Villar al momento de anunciar la unanimidad. Según Ávila, se trató de una “constructiva reunión” y que es “conveniente darle una señal al país en el sentido de que es posible la búsqueda de acuerdos, consensos”. ¡No podríamos estar más de acuerdo!

La pregunta más importante, eso sí, es cuál es la verdadera razón de la decisión tomada. ¿Se trata, acaso, de una capitulación ante las amenazas de la Casa de Nariño y la tensión en un país en medio de una elección presidencial? ¿O estamos ante sólidas razones técnicas para sustentar que la tasa se mantenga en 11,25 %? Porque, de ser lo primero, la autonomía que tanto hemos defendido del Banco estaría en serio cuestionamiento.

Según el Emisor, a pesar del aumento de la inflación en marzo a 5,6 %, “si bien los miembros de la junta directiva tienen opiniones diversas en torno a la política monetaria, han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés, en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura”. Hay buenas señales, como el crecimiento de la economía, mientras que otras, como la continuación de la guerra en Irán, generan dudas. Analistas consultados por El Espectador señalaron que los dos aumentos de tasa de interés de este año, bastante amplios, son suficientes por ahora. Entonces hay razones para la decisión más allá de la importancia para el país y los mercados de una reducción en la hostilidad.

Esta conversación seguirá, por supuesto. Y pronto Colombia sabrá quién llegará a ocupar la Casa de Nariño. Mientras todo ese ruido cesa, las instituciones le apuestan al diálogo. Lo aplaudimos.

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