En días pasados tuve la iniciativa de socializar la herramienta “Match Presidencial” con un grupo de mis alumnos. Mi intención era, como siempre, estrictamente pedagógica en materia electoral, sin sesgos ni intereses propagandísticos. Para asegurarme de ello, estructuré el ejercicio de la siguiente manera: cada pregunta fue presentada al curso junto con información de contexto que ayudara a tomar decisiones. Además, los estudiantes tuvieron espacio para opinar y debatir antes de votar en su propio computador. Para amenizar el ejercicio, iba presentando las preguntas en un proyector y seleccionaba aleatoriamente a un estudiante para que compartiera su respuesta, la cual yo digitaba en el “Match Presidencial”.

Las primeras siete preguntas fueron calificadas de esta manera: con diálogo, debate y argumentos. Las calificaciones para cada pregunta estuvieron siempre entre 3 y 4, reflejando posiciones mesuradas frente a las decisiones por tomar.

A partir de la pregunta ocho, y hasta la última, decidí cambiar la dinámica. En lugar de permitir el argumento y el debate, solo se permitió una o dos intervenciones por pregunta, y el estudiante seleccionado aleatoriamente para votar debía hacerlo en muy poco tiempo. ¿El resultado? Votos por valores extremos, como 1 o 6. Los estudiantes comenzaron a votar en bloque y, en su mayoría, siguiendo a quien más duro gritara. La ausencia del debate y de otros puntos de vista hizo que saliera a flote nuestro extremismo.

Al final, el ejercicio nos permitió ver que, más allá de nuestra posición política, el poder de la presión y del grupo nos radicaliza. Creo que eso está pasando con la contienda electoral actual. ¿Qué clase de raciocinio puede haber en la respuesta de una persona abordada de repente por un encuestador urgido por cumplir una cuota diaria? ¿Acaso quien responde la pregunta en la calle ha tenido la oportunidad de sopesar las opciones cuando es interrumpido en su camino al trabajo, en su jornada en casa o en su oficio diario?

Estoy seguro de que, si tuviéramos la pausa, la información de contexto y el tiempo para pensar, obtendríamos otro resultado y los mejores candidatos serían los más opcionados. Ojalá los medios de comunicación, las encuestadoras y el país en general pensaran más antes de hablar.

Edgar Leonardo Duarte Forero

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Le escribo respecto a dos de sus columnas recientes en Facebook y El Espectador sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En la primera describe a Uribe como alguien que “no toma, no es mujeriego, no entiende los chistes”, pero concluye presentándolo como un “capataz mandón” y una persona con “avidez de poder”. En la segunda inicia con la referencia al Tartufo en la iglesia, volviendo sobre la misma figura pública. Mi inquietud es que en una sociedad como la colombiana, marcada por la violencia política y donde buena parte de la ciudadanía lee poco sobre la gestión concreta de los mandatarios, este tipo de caracterización puede ser tomada como un retrato completo y objetivo. Me preocupa que lectores que no siguen la política de cerca terminen creyendo que ese es el resumen válido de un gobierno de ocho años, sin contrastarlo con otros hechos.

Entiendo que su estilo es directo y crítico. Mi pregunta es si considera que ese lenguaje ayuda a ampliar el debate público o si, por el contrario, refuerza únicamente a quienes ya comparten su postura y cierra la puerta a quienes piensan distinto.

No le escribo para defender ni atacar a Uribe. Lo hago porque me interesa saber cómo maneja usted esa responsabilidad con el lector cuando escribe sobre figuras que polarizan.

Victoria Eugenia Londoño Ramírez, Bogotá

Sí, “qué falta hará Vargas Lleras”

Debemos velar para que nuestros siniestros personajes políticos tengan larga vida. No solo porque así podrían algún día pedir perdón a sus víctimas y repararlas, sino porque, al seguir vivos, tanto los resentidos por su herida abierta como los re-sentidos por ponerse en sus zapatos podrán practicar la Meditación Compasiva hacia los demás y hacia sí mismos. Esto ayudaría a aumentar la sustancia gris cerebral relacionada con la empatía y la fraternidad, algo que a nuestra nación le hace tanta falta.

Y es que “falta que hará Vargas”, así como sigue faltando que Colombia se matricule de facto en la alternancia y paridad derecha-izquierda en la gobernanza y en la participación ciudadana. Algo que sí ocurre desde hace décadas en otros países civilizados, que precisamente gracias a ese modo de contrapoderes pueden considerarse civilizados y contar con un Estado que funciona en beneficio del mayor número posible de ciudadanos.

William Álvarez, Medellín

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En respuesta al editorial del 10 de mayo de 2026, titulado “Un Congreso dedicado a obstruir afecta la democracia”.

No pudo ser más desatinado el editorial del domingo 10 de mayo que El Espectador tituló “Un Congreso dedicado a obstruir afecta la democracia”. Y digo desatinado porque justo a este Congreso le debemos que el gobierno Petro no hubiera, hasta el momento, incurrido en más desmanes atentatorios contra la separación de poderes, solo por mencionar algo. Ha sido tan larga la lista de salidas en falso, que no hay memoria humana capaz de tenerlas frescas para argumentar de manera completa un antieditorial como el que estoy proponiendo.

Nos queda claro a la mayoría de los colombianos que Gustavo Petro y algunos de sus áulicos han pretendido —y lo seguirán haciendo hasta el 7 de agosto— acabar con las instituciones y con los programas sociales. La salud ya sabemos cómo va, y ni qué pensar o esperar del sistema pensional, que a muchos nos llena de temor al imaginar que podríamos llegar a la vejez sin un soporte económico para terminar nuestra pasantía por la tierra. La seguridad, como siempre, pero más aún en este gobierno, sí que merece capítulo aparte.

Esto es apenas una muestra del desastre que dejará la arrogancia de quien lo único que ha pretendido es ser reconocido como el “ombligo de la historia” del país: el antes y el después, como si lo que se hizo durante los doscientos años anteriores —con errores, claro está— no tuviera mérito para continuar y mejorar.

No, señores de El Espectador: no es el Congreso el que se atrincheró para convertirse en obstáculo de las iniciativas del gobierno. Este Congreso —sobre todo el que presidieron Iván Name, Efraín Cepeda y, ahora mismo, Lidio García— fue el verdadero muro de contención para tener “algo que rescatar” del país a partir del momento en que elijamos y posesionemos un nuevo gobierno. Vale recordar que, cuando Roy Barreras y Alexander López presidieron, al gobierno no le fue mal. De entrada, hasta una reforma tributaria le aprobó el Congreso, a sabiendas de que otra reforma de ese género, en el gobierno de Iván Duque, fue el combustible para aquel estallido social tan macabro que terminó siendo plataforma política para que la izquierda de Petro llegara al poder.

Sea esta la oportunidad —si El Espectador le da crédito y publica este escrito— de agradecer al injustamente fustigado Congreso por haber reforzado sus líneas o, como se dice coloquialmente, “marcado territorio” para hacer valer sus decisiones. De no haber sido así, ya el ministro Benedetti estaría, planilla en mano, controlando la asistencia de los parlamentarios y dando instrucciones para destituciones. Estuvimos a nada de que eso pasara la semana antepasada.

Al Congreso sí hay algo que tacharle: la funesta Comisión de Acusaciones… o de “Apelaciones”, como sarcásticamente muchos la llamamos. Da risa cuando a esa instancia llegan casos para investigar y, de pronto, sancionar. “¿De qué sirve un Congreso estancado e incapaz de conciliar?”, pregunta El Espectador en su editorial. Yo pregunto: ¿de qué sirve o qué importante ha hecho la Comisión de Acusaciones? Esa platica se perdió, dicen en mi pueblo.

Adelante, Congreso; adelante, altas cortes; adelante, Banco de la República. Hasta ahora estamos valorando estas instituciones. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, decimos a cada rato, y hemos estado a punto de perderlo todo con este gobierno. Amárrense los pantalones, que ya casi cesa la horrible noche.

Los políticos ya no meten solo el corazón. En Colombia, los genitales están adquiriendo un relevante protagonismo. Un populismo pornográfico vacila entre la derecha y la izquierda. Una banalidad anatómica que sigue dividiendo las orillas políticas.

Todos recordamos el escándalo logrado por la expresión de Gustavo Petro: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”. La justicia le ordenó retractarse por vulnerar derechos fundamentales, al hablar de los clítoris ajenos, perpetuando el machismo estructural e institucional, reproduciendo la violencia simbólica y mandándolo a educarse con un taller de género.

Abelardo de la Espriella, que pasó de tigre a burro, como buen ejemplar del patriarcado sacó su celular en una plataforma comunicacional y le hizo zoom a su miembro mientras le decía insistente a una periodista “¿qué ves aquí? Amor, acércala... ¿qué más ves?”, mientras manifestaba veladamente que su pene le había ayudado a conquistar “unos votos bien bacanos del electorado femenino”.

El candidato que se presenta como un defensor de la legalidad y de la decencia republicana, acosó de forma pública a una mujer, pues así lo describió la periodista, como parte del pan y circo electoral. Su presunta responsabilidad penal no puede reducirse a una broma o a un acto propio de la mamadera de gallo que el mismo candidato ratifica como su forma de ser. Para él, su oda a la “mondá”, es humor espontáneo.

Para el costeño, la “mondá” no es una grosería, es una cosmovisión. La etimología de la palabra, como toda buena historia macondiana, tiene varias versiones. Veamos la aburrida y la fabulosa.

La primera, es un acortamiento de la palabra monada del verbo mondar. Monda sin tilde es pelar, como quitarle la cáscara a un banano. La segunda, es un mito fundacional digno de Gabriel García Márquez, donde cobran vida las leyendas locales mestizas, cuando prostitutas francesas arribaban al Caribe y, en medio del éxtasis pasional con hombres afros, exclamaban “¡Mon Dieu (Dios mío)!”. De la pronunciación de los acentos puede percibirse la tilde que hoy acompaña fonéticamente a la palabra.

La “mondá” no es un simple vocablo, sino que es un vulgarismo de segunda categoría. La Real Academia Española no está preparada para definir un patrimonio inmaterial de la costa, pero no de todos los colombianos. Primero deben enviar un antropólogo, después a un sociólogo, luego a un psicólogo y finalmente a un lingüista.

El cachaco, criatura angustiada del altiplano, necesita veinte palabras para describir una situación complicada. El costeño adecúa la “mondá” a cualquier contexto y ya todo el mundo entiende de qué se está hablando. Es síntesis. Es eficiencia comunicativa, resiliencia ancestral y un desparpajo total sin consecuencias locales. Para el rolo, la “mondá” es escándalo. Para el costeño, es cultura.

Esta tiradera debería salirle cara al Bukele colombiano el 31 de mayo. Debería costarle más que el coscorrón del finado Vargas Lleras. Ya sus competidores ideológicos más cercanos se la cobraron. Paloma Valencia, con la gravedad de quien acaba de descubrir que el acoso sexual existe, declaró que “las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales”. ¡Standing ovation! Su llanta de repuesto, Juan Daniel Oviedo, la sacó del estadio, al afirmar: “Decir que ganó el voto femenino por lo grande que lo tiene habla únicamente de su pequeñez”. Un poema.

La izquierda libera al clítoris y la derecha del therian hace oda a la mondá. La diferencia, según puede apreciarse, no es anatómica. Es ideológica. El colectivo feminista fervorosamente le cantará: “El violador eres tú, pues la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía”.

Definitivamente, señor Abelardo de la Espriella, usted sí que necesita acompasar su mondá con su cerebro para ser un gran hombre.

* Abogada, Ph. D. en Relaciones Internacionales, postdoctora en Derecho Público.

X: @DianaAriasAjua

postdoctora@gmail.com

Llama la atención el uso reiterado de etiquetas: la columnista recurre a términos como “transexcluyente”, “transfóbico”, “antiderechos” o “discurso de odio”, a los que cabría añadir “TERF” (Trans-Exclusionary Radical Feminist), que cumplen la función de neutralizar al interlocutor y evadir asuntos de fondo.

Estos rótulos comparten un vicio lógico de razonamiento circular: es transexcluyente quien niega la identidad de género. Negar la identidad de género es condenable porque es una “verdad científica”. Es una verdad científica porque quien la experimenta da cuenta de ser de un sexo distinto al que nació. Pero no se ofrecen elementos verificables para que ese concepto sea adoptado como verdad universal. Se parte de una premisa que no se explica ni se demuestra: quien no la acepte obtiene el rótulo de transexcluyente. Y así el círculo se cierra sobre sí mismo: la conclusión ya estaba contenida en la premisa.

Pedir evidencia científica de una afirmación biológica no es exclusión: es lo que se hace con cualquier afirmación antes de aceptarla como verdad. Y si no se puede probar, el concepto tiene la naturaleza de una creencia.

¿Por qué es importante tener claro si la teoría del cambio de sexo es una verdad o una creencia? Si es un hecho demostrable, sería exigible a terceros y sería legítimo diseñar leyes, protocolos médicos y políticas públicas de aplicación obligatoria. Pero si es una creencia, su estatus constitucional es radicalmente distinto: un Estado que adopte una creencia como oficial dejaría de ser laico.

Exigir que el concepto de identidad de género sustituya al sexo biológico en contextos donde el sexo importa, como la medicina, el deporte, el registro civil, la estadística, las prisiones, los espacios propios de las mujeres, el lenguaje y la educación, es una imposición que convierte el disenso en crimen de pensamiento.

Creer en la identidad de género como realidad interior es un derecho personal, pero catalogar el desacuerdo conceptual como discurso de odio y presentar el escepticismo como amenaza existencial es, en la práctica, similar a reinstaurar las leyes contra la blasfemia; quizás eso explica el silencio de quienes prefieren no opinar al respecto.

La libertad de conciencia protege tanto el derecho a creer como el de no creer lo que no se considera verdad. El rótulo de transexcluyente ataca esa segunda dimensión: es equivalente a llamar hereje a quien no adopta un dogma.

La columna equipara las cirugías estéticas con los procedimientos de afirmación de género, omitiendo que, según comunicaciones internas filtradas de la propia Organización Mundial de la Salud Transgénero (WPATH) y declaraciones de su expresidente Marci Bowers, pueden generar consecuencias irreversibles como esterilidad y anorgasmia. El capítulo 9 de sus Estándares de Atención, titulado “Eunucos”, justifica la castración voluntaria de hombres sin evidencia médica suficiente.

La columna incurre en una falacia genética sistemática: cualquier fuente que cuestione la identidad de género recibe una etiqueta moral que la descalifica sin que se examine un solo argumento. Ese mismo escrutinio brilla por su ausencia con las fuentes que avalan su postura.

¿Por qué no se menciona el caso Reimer, en el que John Money sometió a un menor y a su hermano gemelo a experimentos y abusos sexuales documentados por John Colapinto? Ambos terminaron suicidándose. ¿O sus declaraciones ante Paidika, publicación pro-pedofilia, en las que no consideraba patológica una relación erótica entre un adulto y un niño de diez u once años?

Será difícil tildar a la WPATH, a su ex presidente o al propio formulador del concepto de identidad de género de transexcluyentes. Los vínculos y fuentes que respaldan cada afirmación están disponibles en el texto y en mi página de Substack. Queda a juicio del lector qué evidencia considera más convincente.

Javier Rodríguez.

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Desde niños, todos hemos escuchado alguna vez a nuestros padres, abuelos, hermanos mayores, profesores invitarnos a escoger el término medio frente a una situación límite. “No se vaya a los extremos” decía mi madre cuando el médico dijo que era hipoglicémica y la nutricionista dijo que había que eliminar todo tipo de azúcar. Lo que tiene que hacer es disminuir la cantidad de azúcar a niveles razonables, pero consumirla porque es lo que iba a encontrar donde estuviera. Es decir, encontrar un término medio para no caer en los extremos de exagerar o eliminar ese componente que está en todo, para no complicar la vida cotidiana. Ese consejo fue vital para recuperar los niveles de glucosa normales.

Sin embargo, en términos de posición política es como si la posibilidad del término medio –o mejor, el centro– no existiera, o no pudiera ser una alternativa o, peor aún, que es malo estar en una posición más ponderada, más centrada, más prudente. Al estar en el centro no se ve la necesidad de descalificar a los extremos y menos de insultar para defender una determinada idea. Por eso comparto la posición de Héctor Abad Faciolince, William Ospina, Humberto de la Calle y muchos, muchos más, porque la exposición de su pensamiento contribuye a dar claridad, quizás, a muchos indecisos o confundidos. Y si escoger el término medio para las próximas elecciones presidenciales es conveniente o inconveniente, la historia se encargará de juzgar. Lo importante es asumir que votaremos a conciencia.

Ana María Córdoba Barahona, San Juan de Pasto

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Al parecer, lo que las personas honestas de este mundo llamamos “corrupción” es para demasiados ciudadanos de ese mismo mundo, un know-how, un método político, y seguramente, un estilo de vida. Por eso, más que denunciar ese lugar trillado que obviamente las personas honestas no entendemos del todo, necesitamos propuestas de largo plazo ante esa práctica.

Digan lo que digan las encuestas, mi apuesta en primera vuelta va entonces por Sergio Fajardo, pues como lo constatamos los asistentes al lanzamiento de su propuesta educativa en la Universidad Minuto de Dios, el candidato de Dignidad y Compromiso ha formulado un esquema programático en el que la educación servirá para prevenir la corrupción en cada joven colombiano, en lugar de castigar a quien la ejerce pues la normalizó en su entorno cercano.

Desde el partido de Jennifer Pedraza y Jorge Enrique Robledo, corregiremos con educación esa estructura de precariedades que conducen a la aceptación social de la corrupción, más que castigarla como si se tratara de un aspecto coyuntural. Basándonos por eso en esquemas como los de las bioeconomías del pajareo y el cacao, educaremos a jóvenes capaces de salir adelante en la vida, sin ventajismos. Con Fajardo a la cabeza, conformaremos el país de los ciudadanos del futuro: un país educado, y capaz de ganarse el pan sin trampas.

Ricardo Andrés Manrique Granados.

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Molina parece haber caído en la confusión de “tener un título” y el “ser” realmente lo que el título acredita. Por ejemplo, el presidente dice ser economista, pero en esta misma edición del periódico Salomón Kalmanovitz dice que Colombia crece poco y se endeuda mucho. Y dos hojas antes, El Espectador advierte que cada vez hay mayor percepción de riesgo económico en el país según el Observatorio fiscal. ¿Será que sí es economista?

Desde una perspectiva kantiana, a Iván le falta consistencia moral, ya que, si condena violaciones de los derechos humanos en un caso, debería hacerlo en otros similares, sin depender de quién sea el responsable. La ética pierde credibilidad cuando depende de afinidades ideológicas.

Por lo anterior, puede que Iván tenga un papel que diga que es “filósofo”, pero no lo es. La filosofía no se demuestra con credenciales, sino con la disposición a examinar las propias ideas y someterlas al debate nacional.

Un sueño para Colombia sería tener un presidente filósofo como Marco Aurelio, el rey filósofo que buscaba gobernarse a sí mismo para poder gobernar bien.

Camilo Domínguez

Iván: del filósofo al estadista

Es cierto: todo filósofo que se respete parece llevar una vida extraña. Habita en preguntas que a nadie le interesan, vive ensimismado, mirando hacia adentro, y tiene la rara cualidad de hablar solo sobre asuntos que muchos consideran ininteligibles. Desde la Antigüedad, esta figura ha estado rodeada de cierta excentricidad. Tales de Mileto, por ejemplo, descubrió la filosofía mirando hacia el cielo; todo le resultaba extraño y, por estar tan absorto en lo alto, se decía que caía en los pozos de Mileto, provocando la risa de los transeúntes.

Sócrates, por su parte, enseñaba caminando por las calles y plazas de Atenas, conversando con sus discípulos —que se le parecían bastante— sobre cuestiones aparentemente inútiles para la vida práctica. Y del más célebre cínico, Diógenes de Sinope, se cuenta que vivía en un tonel, con apenas una capa, un bastón y una bolsa de pan como posesiones. En una ocasión, mientras tomaba el sol, fue visitado por Alejandro Magno, quien le ofreció concederle cualquier deseo. Diógenes, sin inmutarse, respondió: “Sí, que te apartes y no me tapes el sol”.

No deja de ser curioso que, pese a esta tradición de marginalidad, algunos filósofos hayan asumido roles de poder. En la antigua Roma, varios fueron hombres de Estado. Marco Aurelio promovió la filosofía y la cultura griega, mientras Cicerón formuló ideas fundamentales del humanismo. Más tarde, Séneca afirmaría que “el ser humano es algo sagrado para el ser humano”, una idea que siglos después resonaría en consignas contemporáneas sobre la dignidad de la vida.

Fuera de estas excepciones, los filósofos suelen mostrarse desinteresados por la acumulación de riqueza. Se conforman, a lo sumo, con tener lo suficiente para comprar libros y sostener largas tertulias acompañadas de café. Pero esta aparente pobreza encierra otra forma de riqueza. Karl Marx distinguía entre riqueza abstracta y riqueza concreta: la primera ligada a la acumulación material, la segunda a la capacidad de relacionarse plenamente con el mundo. Así, alguien verdaderamente rico no es quien posee objetos, sino quien está a la altura de ellos.

Un cuadro, por ejemplo, puede ser para algunos un símbolo de estatus, mientras que para otros — es un goce estético contemplarlo. Lo mismo ocurre con la naturaleza: hay finqueros que poseen bellas tierras en medio del palmar frente al mar, pero no aprecian la belleza del entorno, y hay quien, sin poseer nada, se deja transformar por la contemplación. En palabras de Johann Wolfgang Von Goethe, se trata de alcanzar una “alta existencia”, donde la relación con el mundo es más profunda que la simple propiedad.

En este sentido, la filosofía ofrece herramientas simbólicas para reinterpretar la vida cotidiana. Nos permite comprender que aquello que considerábamos un problema quizá no lo es, o lo es de una manera distinta a la que habíamos imaginado. Esa capacidad de replantear la realidad no es menor, sobre todo en contextos complejos como el nuestro.

Por eso no deja de ser sugerente pensar en un filósofo como estadista. Iván encarna, en cierta medida, esa posibilidad. Lo conocí en el movimiento estudiantil, cuando ambos éramos adolescentes, y luego coincidimos como colegas en la universidad. Hablábamos de “cosas inútiles” —materialismo dialéctico, historia, sociedad— mientras los estudiantes fingían entendernos. Sin embargo, en esas discusiones se gestaba una forma distinta de pensar el país.

Iván no solo es filósofo; es también un hombre político desde temprano. Su formación en filosofía política y psicoanálisis social le permite abordar los problemas nacionales desde una perspectiva poco convencional. En él veo a un pensador riguroso al exponer ideas, pero también a alguien con imaginación suficiente para comprender la complejidad del país sin reducirla a fórmulas simplistas.

Tal vez ahí radica su singularidad: en la posibilidad de tender un puente entre la reflexión profunda y la acción pública. Porque, aunque parezca extraño, quizá el país necesita más de esos “inútiles” que se atreven a pensar distinto para poder transformar la sociedad.

Alonso Ramírez Campo

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El análisis de las relaciones entre poderes y del fracaso de las reformas se reduce a señalar la intolerancia y beligerancia del presidente y de los ministros, así como a un Congreso que se defiende y reivindica su autonomía. Ambos serían renuentes al “diálogo productivo”. Sin embargo, se omiten dos factores importantes. El primero es que, por primera vez en la historia reciente del país, hay un Gobierno dividido: el presidente pertenece a un partido o coalición, mientras el Congreso tiene mayorías de otros partidos. Antes de 2022, sin excepción, los presidentes contaron con mayorías o las fabricaron mediante incentivos, y la oposición fue minoritaria. Esto permitió aprobar las iniciativas gubernamentales. El segundo factor es que este es el primer gobierno en abierta disonancia ideológica con el establecimiento. El giro hacia la izquierda ha generado reacciones negativas, prevenciones y desajustes en las expectativas de muchos sectores sociales y políticos. Además, hay funcionarios provenientes de sectores sociales distintos a los habituales, y esas diferencias en las formas de pensar y actuar no se han asimilado ni aceptado plenamente. Muchos han sido rechazados por su origen.

La oposición es calificada de “terca y arrogante”, y se afirma que obstruye a partir de cálculos electorales. Esto se refiere a lo que hacen los partidos y los congresistas, pero no a las razones por las cuales lo hacen. No son únicamente las expectativas de ver fracasar al gobierno para intentar sacar ventaja electoral las que generan obstruccionismo. Existen otras razones: los intereses económicos que se verían afectados por los cambios en la salud y las pensiones; el fortalecimiento de la educación pública en colegios y universidades; las reformas tributarias y salariales; la jurisdicción agraria; y la formalización laboral. Los proyectos presentados durante el primer semestre aún no incluían reformas sociales profundas y, por ello, fueron aprobados. De igual forma, el sistema de partidos fragmentado —con 13 partidos en el Senado y 20 en la Cámara, varios de ellos divididos internamente— dificulta las posibilidades de acuerdos, y muchos congresistas asumen su labor legislativa como si se tratara de una transacción.

La representación política atraviesa una situación crítica, lo cual se refleja en su persistente mala imagen. Pero el editorial mete en el mismo costal naranjas y guayabas. No es todo el Congreso: son las bancadas de los partidos en oposición, mientras que la bancada de gobierno ha actuado de manera responsable. Muchos congresistas se comportan como políticos de negocios: buscan favorecer sus propios intereses, los de sus familiares, allegados y clientelas. Además, suelen abogar por intereses privados de conglomerados, grupos económicos o gremios.

Como lo expresa el editorial, muchos proyectos no avanzaron y seguirán encontrando obstáculos. Y el gobierno ha cometido numerosos errores. Sin embargo, las explicaciones centradas únicamente en las conductas, la personalidad o el temperamento del presidente, de los ministros y de los HP —Honorables Parlamentarios— parecen insuficientes.

Javier Duque Daza

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La tragedia nacional que hoy vivimos no puede analizarse únicamente desde la óptica simplista de si el ELN “se burla” o no del Gobierno. El problema es mucho más profundo y doloroso: Colombia lleva décadas construyendo políticas de paz que, en numerosos episodios de nuestra historia reciente, han terminado fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales en lugar de debilitarlas.

Hoy el país presencia, con legítima preocupación, cómo regiones enteras continúan atrapadas por la violencia, el miedo y la incertidumbre. El Catatumbo es quizás el símbolo más dramático de ese fracaso. Allí el presidente ha acudido en repetidas ocasiones —cinco o más veces— prometiendo transformaciones estructurales que, hasta ahora, no logran traducirse en mejoras reales de seguridad ni en recuperación efectiva del control territorial por parte del Estado.

Más grave aún, el país observó cómo en una de esas visitas el propio presidente desautorizó públicamente a uno de sus hombres más cercanos, Gustavo Bolívar, en un episodio que transmitió improvisación, fractura interna y ausencia de una dirección coherente frente a la crisis.

Mientras tanto, el deterioro del orden público avanza. Y frente a ello surge una pregunta inevitable: ¿a quién beneficia realmente este estado permanente de tensión, incertidumbre y caos? Muchos colombianos empiezan legítimamente a sospechar que el principal beneficiario político de esta situación podría terminar siendo el propio Gustavo Petro, quien ante una gestión administrativa profundamente cuestionada parecería necesitar tiempo adicional, escenarios de excepción o condiciones de inestabilidad que le permitan intentar dejar, por vías indirectas, la huella política que la eficacia gubernamental no le ha permitido consolidar.

Lo verdaderamente preocupante es que el país ya comienza a mirar con temor el horizonte electoral que inicia el próximo 31 de mayo. Y digo “eventual” proceso electoral porque, si el actual deterioro del orden público continúa escalando, Colombia podría enfrentar un escenario de incertidumbre institucional jamás imaginado en tiempos recientes.

La paz jamás puede convertirse en un instrumento para legitimar el fortalecimiento de quienes históricamente han desangrado a la Nación. Un Estado serio negocia desde la autoridad, no desde la debilidad; desde el control territorial, no desde la cesión progresiva del mismo; desde la protección de los ciudadanos, no desde discursos que terminan siendo desmentidos diariamente por la realidad de las regiones.

Omar Antonio Cuéllar Sus

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En respuesta al editorial del 1 de mayo de 2026, titulado “El etiquetado de los alimentos es una sana medida”.

El editorial publicado por El Espectador sobre el etiquetado frontal de alimentos plantea que esta medida constituye un avance necesario en salud pública. Sin embargo, aunque los sistemas de advertencia nutricional son herramientas válidas para mejorar la información al consumidor, su fortalecimiento debe apoyarse en criterios científicos consistentes y en marcos regulatorios técnicamente robustos. En particular, la propuesta de ampliar el etiquetado frontal incorporando el concepto de “ultraprocesamiento” como indicador independiente de riesgo nutricional plantea interrogantes importantes desde el punto de vista científico y regulatorio.

Algunos de los modelos de perfil de nutrientes utilizados internacionalmente, como los adoptados voluntariamente en Europa y Australia, se basan en variables cuantificables de composición nutricional, tales como sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas o densidad energética. En contraste, el nivel de procesamiento no constituye un indicador nutricional medible ni estandarizado. La categoría de “ultraprocesado”, derivada principalmente de la clasificación NOVA, presenta limitaciones metodológicas ampliamente documentadas en la literatura científica, incluyendo ausencia de criterios cuantitativos claros, baja reproducibilidad entre evaluadores y dificultad para establecer relaciones causales independientes con desenlaces en salud.

Dado que existen múltiples definiciones y un limitado consenso científico sobre lo que implica clasificar un producto como “ultraprocesado”, su utilización como criterio regulatorio presenta dificultades de interpretación y aplicación. Esta situación resulta evidente en el contexto colombiano, donde la definición del término ha variado entre distintos actos normativos, generando inconsistencias técnicas y falta de estabilidad conceptual en su uso dentro del marco regulatorio. En consecuencia, esta variabilidad limita su idoneidad como base para instrumentos de política pública, como el etiquetado frontal de advertencia.

Adicionalmente, el debate público sobre etiquetado frontal no debería simplificarse como una tensión entre intereses de salud pública y del sector productivo. La evidencia disponible muestra que la reformulación de alimentos en Colombia ha respondido principalmente a los sellos asociados a nutrientes críticos, lo cual confirma que los modelos basados en composición nutricional son efectivos para inducir cambios en la oferta alimentaria.

También es importante reconocer que la calidad nutricional de la dieta no depende de alimentos individuales, sino de patrones alimentarios completos. Presentar sellos adicionales asociados al grado de procesamiento puede inducir percepciones absolutas sobre la “salubridad” de productos específicos, lo cual no refleja la complejidad de la alimentación humana ni se ajusta plenamente a las directrices internacionales sobre etiquetado nutricional.

Fortalecer el etiquetado frontal es una meta legítima y necesaria. No obstante, su evolución debe basarse en criterios verificables, comparables internacionalmente y sustentados en evidencia científica reproducible. Incorporar categorías cuya validez técnica aún es objeto de debate puede generar más confusión que claridad. La prioridad debe ser consolidar un sistema de información nutricional claro, coherente y proporcional, que contribuya efectivamente a mejorar la salud pública sin sacrificar el rigor científico que debe sustentar toda regulación alimentaria.

* Presidente Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA).

Aquí no se trata solo de una omisión local. La crítica es más amplia: el deporte también tiene jerarquías globales, y disciplinas como el remo coastal, a pesar de su crecimiento, siguen fuera del foco mediático internacional. La atención se concentra en los deportes de siempre, mientras otros, incluso con proyección olímpica, avanzan sin visibilidad.

Pero esto no exime a ciudades como Cartagena de Indias de su propia responsabilidad. Porque, si bien el mundo no está mirando, Cartagena tampoco lo está haciendo lo suficiente. Y es ahí donde la contradicción pesa más.

El remo coastal no es un deporte menor. Se practica en mar abierto, exige técnica, resistencia y adaptación, y cuenta con una modalidad, el Beach Sprint, que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es decir, tiene presente y futuro. Tiene sentido en una ciudad de agua. Tiene lógica en un territorio como Cartagena.

Sin embargo, su desarrollo en la ciudad no fue resultado de una política deportiva ni de una visión institucional. Sin ánimo de ofender, pero con una pregunta necesaria: ¿cómo es posible que el impulso de este deporte haya venido de un extranjero? El trabajo del italiano Davide Riccardi, quien hace menos de una década apostó por esta disciplina, evidencia tanto su mérito como una ausencia local difícil de ignorar.

A pesar de eso, el proceso creció. Hoy, Santiago Monsalve, de La Boquilla, y Matilde Maciá, quien ya logró la primera medalla en la historia del remo para Cartagena y el Caribe colombiano, representan el talento local. A ellos se suma Alejandro Riccardi, quien, con apenas 15 años, compite en categoría sub-19, confirmando que hay una base con proyección real.

Lo llamativo es que el respaldo institucional comienza a aparecer justo ahora. En el entorno del proceso figuran Andrés Vásquez, Albert Castellar, Mario Arrieta y Jhon Santos, junto a fundadores como Verónica Bossio y José Romero.

Su presencia es valiosa, pero también deja una inquietud válida: ¿por qué el apoyo llega cuando ya hay resultados y no cuando el proceso lo necesitaba?

Cartagena tiene hoy una oportunidad concreta. El remo coastal crece en el mundo, el calendario olímpico lo respalda y la ciudad tiene todo para convertirse en un referente. Pero, si la historia reciente deja algo claro, es que el talento, por sí solo, no basta.

Porque sí, la agenda internacional no está mirando. Eso no debería ser excusa para que Cartagena tampoco lo haga.

Al final, el problema no es solo la falta de atención global. El verdadero problema es que, incluso cuando la historia empieza a escribirse en casa, seguimos actuando como si no valiera la pena leerla.

Soy psicóloga y acompaño a familias de madres gestantes y niños hasta los dos años. En estos años de trabajo ha aumentado en mí la sensación de que, en ciertas condiciones, ser madre puede convertirse en un proceso lleno de estrés, ansiedad y experiencias que afectan la salud mental de una mujer. No pienso que el problema sea la maternidad, creo más bien que son los determinantes sociales, los imaginarios, roles o exigencias que recaen sobre la mujer que se convierte en madre, y que hacen que maternar sea experimentado como un proceso agotador, arduo y solitario.

Vi una película llamada Canina (Nightbitch), que muestra el proceso de transformación de una mujer artista, que decide quedarse en casa cuidando a su primer hijo, su adaptación a la maternidad, sus angustias, conflictos y preguntas. La película se desarrolla en su cotidianidad, donde trata de darle sentido a lo que está sintiendo, a sus cambios físicos y emocionales, a la par de que intenta entender los comportamientos de su hijo y todo lo que exige su cuidado, en medio de una lucha violenta por volver a ser la mujer que “dejó de ser”.

La película es cruda por momentos, con escenas explícitas y repleta de símbolos. Muestra un viaje de autodescubrimiento, en medio de una maternidad solitaria –su pareja está, pero no está– en la que su protagonista experimenta grandes emociones y preguntas que nadie a su alrededor nota. Podría hablar infinidad de esta película, pero me quedo con este fragmento: “Si mi madre siguiera viva, tendría algunas preguntas serias para hacerle: ¿Cómo lidió con la ira y el resentimiento por todo lo que no hizo?, ¿Cuántas mujeres retrasaron su grandeza mientras los hombres que las rodeaban no sabían qué hacer con la suya? Le preguntaría si alguna vez se arrepintió de ser madre”.

¿Cuántas mujeres se están preguntando lo mismo en este momento?, ¿cuántas mujeres después de haber deseado ser madres se arrepienten de serlo?, ¿cuántas madres se encuentran profundamente enojadas y frustradas?, ¿cuántas mujeres ya no desean convertirse en madres por lo mismo?

Y lo repito, el problema no es la maternidad, son las construcciones sociales que hay alrededor de ella, que terminan aislando a la madre en medio de exigencias e ideales que condicionan negativamente su experiencia.

Por esto me animé a escribir, porque creo que es importante reconocer que, al convertirse en madres, las mujeres atraviesan cambios que pueden hacerlas sentir profundamente vulnerables y transformar su percepción del mundo y de ellas mismas. Acompañar el posparto y la maternidad es fundamental, implica acciones como preguntarles cómo se sienten, sostenerlas y cuidarlas, participar de las labores de cuidado en el hogar, no menospreciar las labores de cuidado que realizan o invalidar sus emociones. Sobre todo, trascender creencias como “los hijos son de la mamá” o “la maternidad es un campo de flores, donde todo es perfecto y hermoso” para realizar acciones que equilibren las cargas en el hogar y sostengan. Tal vez, de esta forma, la maternidad deje de costarle tanto a las mujeres.

Diana Carolina Gómez Restrepo

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La noche se presentó fría y vacía. Los rincones de la ciudad sudaban bajo una lluvia inclemente y él no encontraba dónde resguardar su flaco cuerpo. Ni un trozo de pan se advertía en las calles; el agua se había encargado de borrar toda esperanza. Sus patitas, aunque adaptadas al asfalto, ya no tenían fuerza para soportar aquel invierno. Solo le quedaba respirar y seguir, a pesar del cansancio. Agotado, divisó un pequeño lucero bajo un árbol: eran las sobras que algún habitante había dejado al azar.

Aquel bocado fue su segundo aire, dándole fuerzas para continuar. Recordó con tristeza su infancia; su “amo” le brindó los cuidados que su raza requería: alimento, frazadas y, sobre todo, amor. Las fotografías ocupaban el álbum familiar; era el centro de atención, una postal viviente cuyos videos se hicieron virales. Era una celebridad. De su linaje extrajeron una estirpe que fue rematada al mejor postor, hasta que su hueso favorito fue cambiado por la indiferencia.

Antes de lanzarlo al mundo sin defensas, el maltrato comenzó a filtrarse en su vida de forma sutil; su alimentación escaseaba y era sustituida por las sobras de varias noches. Sus necesidades eran relegadas a la sombra del escaso patio donde vivía y sus paseos fueron reemplazados por el aislamiento de dueños sumergidos en el alcohol. Ya no importaba si su piel empezaba a mostrar los estragos del tiempo; ya no generaba renta, a pesar de que ellos se jactaban de ser “defensores de los sin voz”.

Ahora es solo un paria en un lugar que terminó conociendo de la forma más cruel. Muchos se enriquecieron a su costa hasta el límite, para terminar abandonándolo a su suerte en una ciudad hostil y sin memoria. Ahora camina por ella, clamando por un poco de ese amor que un día le arrebataron.

Edisson Núñez Calderón

Sobre el editorial de la pelea entre Petro y Noboa

Según este artículo, el presidente Petro y Colombia debe quedarse calladito frente a las agresiones verbales y de hecho por Noboa, presidente de Ecuador. Todos sabemos que el tal presidente vecino lo hace por mandato del imperio en decadencia que está perdiendo sus zonas de influencia. Y como en esta Patria existen esos que la han vendido, pues se les facilita. Ejemplo: que por Paloma ya rebajó los aranceles, eso es una complicidad para tirarse al país, no al presidente Petro.

Sergio Clavijo Ortiz

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Solo menciono dos más: por “selección errónea de objetivos señuelo”, se reportó que el ejército estadounidense atacó siluetas de aviones F-14 iraníes pintadas en el suelo, “desperdiciando” municiones de alta precisión en “dibujos” debido a fallos en la interpretación de imágenes por la IA. Y, por “ataques a infraestructuras civiles”, debido a la rápida generación de objetivos por IA —más de 1.000 en 48 horas—, ha aumentado el riesgo de “daños colaterales”, provocando la muerte de civiles y daños a infraestructura no militar, según fuentes también del diario neoyorquino.

Por eso, EE. UU. está de acuerdo con la desregulación de la IA y permite su “uso en la guerra, incluso al relajar controles que potencialmente prevendrían impactos negativos en la salud mental de sus usuarios; además, esa desregulación puede entenderse en el marco de una carrera con China por alcanzar una IA capaz de superar a la inteligencia humana”.

Al presidente Trump le importa un bledo toda la regulación alcanzada por Europa, que asume la posición tranquila del medio. Europa reconoce los inmensos potenciales que tiene la IA, pero también sus riesgos. Según palabras del comisario europeo para el Mercado Interior, la ley “está regulando lo menos posible, pero todo lo necesario”. Busca garantizar el progreso de la investigación y el desarrollo en IA, pero es cuidadosa. Pese a eso, muchos no quedaron satisfechos con la ley europea: algunos creen que limita innecesariamente el desarrollo de la IA “y otros, que las disposiciones son insuficientes, fáciles de burlar y, por su ambigüedad o tibieza, poco efectivas”.

Es claro que estoy de acuerdo con El Espectador cuando plantea que “China y Estados Unidos deberían concertar un acuerdo de reglamentación de la IA. Sin embargo, la promesa de lucro y de poder tras la carrera de la IA parece disuadir a los involucrados de ir en esa dirección”. Por eso, el futuro es bastante oscuro e inimaginable, pues delegar decisiones de vida o muerte a algoritmos en un escenario de guerra —de por sí, todas las guerras son peligrosas— la convierte en algo aún más peligroso debido a la desregulación global de esta tecnología, lo que ha generado, con toda razón, un intenso debate sobre la responsabilidad ética de los gobiernos que la utilizan de manera indebida.

Dairo Elías González Quiroz

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En respuesta al editorial del 21 de abril de 2026, titulado “La inteligencia artificial, peligrosa y sin regulación”.

El editorial de El Espectador sobre inteligencia artificial tiene la virtud de reunir hechos verificables sobre uno de los debates más urgentes del momento. Tiene el defecto de procesarlos con un marco que los simplifica hasta hacerlos irreconocibles. El resultado es un texto que produce indignación legítima sobre problemas reales, pero no avanza un centímetro en la comprensión de ninguno de ellos.

El argumento central del editorial es que la ausencia de regulación explica los males que describe. Esta premisa no resiste el examen de sus propios ejemplos. Claude fue usada en el operativo sobre Venezuela bajo contrato, con términos de uso explícitos, por una empresa que se define como pionera en seguridad de IA. La regulación privada existía. Fue ignorada o burlada por el Estado. Esto no prueba que la regulación falle por ser insuficiente; prueba que el problema es de otra naturaleza, a saber, la relación entre el poder estatal y los límites que puede imponerse a sus propias herramientas en tiempos de guerra. Agregar capas regulatorias a un sistema en el que el principal actor armado se aplica a sí mismo sus propias normas no cambia la ecuación fundamental.

El bombardeo de Minab el 28 de febrero ilustra el mismo punto con mayor crueldad. Lo que las investigaciones establecen no es que un sistema de inteligencia artificial eligiera autónomamente una escuela como blanco, sino que oficiales del comando de Estados Unidos crearon coordenadas de ataque usando información desactualizada, en un proceso de fijación de objetivos acelerado sin verificación suficiente. El editorial atribuye agencia a la máquina donde debería exigir responsabilidad a la cadena de mando. Este desplazamiento no es inocente. Hace más fácil regular el software y más difícil juzgar a los generales.

El editorial presenta a Anthropic como víctima del militarismo, castigada por su ética. Esta lectura oculta que la empresa firmó en julio de 2025 un contrato de doscientos millones de dólares con el Pentágono; que sus modelos fueron los primeros autorizados para operar en plataformas clasificadas del Departamento de Defensa; y que su propio CEO declaró que la compañía nunca objeta operaciones militares específicas. El conflicto posterior no fue entre una empresa pacifista y un Estado militarista; fue una disputa contractual sobre los límites del uso de la tecnología dentro de una relación de proveedor militar que Anthropic construyó deliberadamente. Lo que agudizó esa disputa no fue solo la presión del Pentágono, sino la evolución de la propia tecnología, teniendo en cuenta que, en febrero de 2026, Anthropic lanzó modelos con capacidad para coordinar equipos de agentes autónomos en paralelo, capacidades que volvían sus restricciones contractuales progresivamente más difíciles de sostener, porque la línea entre análisis de inteligencia y fijación de objetivos automatizada se adelgazaba con cada iteración. La diferencia con OpenAI no es moral, sino de posición negociadora, y el editorial no tiene interés en verla, porque el esquema víctima-victimario que sostiene el texto no admite gradaciones.

Sebastian Mallaby es citado como respaldo para la tesis regulatoria. Su argumento real es el inverso. Después de visitar China, Mallaby concluyó que los controles de exportación de chips no funcionan y propuso eliminarlos a cambio de un acuerdo diplomático tipo no proliferación nuclear. Su posición es que la regulación unilateral es impotente y que se requiere una arquitectura de gobernanza completamente distinta. Usar esta conclusión como evidencia de que necesitamos más regulación invierte el argumento de la fuente.

Lo que el marco del editorial no puede ver es que el problema central no es técnico, sino político. Los Estados con capacidad militar usan las herramientas disponibles con o sin restricciones corporativas. La pregunta que los hechos descritos plantean no es qué dice el contrato de Anthropic, sino quién responde cuando una decisión humana, acelerada por un sistema de apuntamiento de inteligencia artificial, mata a ciento cincuenta y seis personas en una escuela primaria. Esa es una pregunta sobre rendición de cuentas democrática, control civil de los militares y arquitectura de la guerra. No tiene respuesta en los términos de servicio de ninguna empresa de Silicon Valley.

A lo largo de los cuatro años durante los cuales el gobierno Petro ha estado a cargo del país, muchas de sus políticas han sido cuestionadas, unas con más razón que otras. Entre ellas, una clave es la política energética, en la cual se apuesta por una transición a cero emisiones de CO2, o lo más cercano posible. Para cumplir este objetivo, se han tomado decisiones polémicas. En particular, se destaca la decisión de suspender nuevas exploraciones en busca de yacimientos de gas y pausar la firma de nuevos contratos de explotación con Ecopetrol.

Con miras a facilitar un cambio de rumbo drástico del país en materia energética, se han encargado de seleccionar personas de reconocida afinidad con el presidente Petro, como es el caso de la junta directiva de Ecopetrol, ignorando en gran parte méritos relativos a la capacidad técnica, que debería ser el requisito fundamental para asumir la dirección de una empresa de suma importancia para el país, como lo es Ecopetrol.

La situación, como podría esperarse, ha generado preocupación en diferentes gremios y asociaciones del sector energético. La propia ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) ha venido alertando sobre la disminución de reservas de gas, la pérdida de autonomía en este sector y una crisis naciente de gas natural que amenaza con impactar a toda la industria colombiana. Además, según Naturgas, esta situación está afectando a los colombianos con aumentos de precios, como el del gas vehicular, que podrían mitigarse e incluso evitarse si nuestros dirigentes se decantaran por una política energética más pragmática.

Podemos empezar por entender nuestro papel en la crisis climática como país que explota combustibles fósiles. Según el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), en 2023 las emisiones de CO2 de Colombia representaron el 0,46 % del total mundial. De esta cifra, la explotación de hidrocarburos se encuentra en tercer lugar, por detrás de la agricultura y la deforestación, lo que implica que nuestro esfuerzo para reducir estas emisiones debería centrarse en otros frentes.

De igual forma, ¿cómo se compara nuestro impacto con el 32 % de las emisiones de China o el 14 % de las de Estados Unidos? Países que históricamente se enriquecieron e impulsaron sus industrias con petróleo ahora imponen sobre el sur global la carga y la responsabilidad de la transición energética o, como lo describe Paula Camargo en Open Global Rights, un colonialismo climático que obliga a una transición energética dependiente de la continuidad de los escenarios de poder político y financiero.

Esto no significa que el cambio climático sea falso ni que la transición sea innecesaria; significa que las soluciones climáticas pueden organizarse de forma desigual, beneficiando a los países con mayor poder financiero y tecnológico, mientras limitan el margen de decisión de los países periféricos.

¿Debe Colombia renunciar a la transición energética y dejarla en manos de las naciones que fueron las principales causantes de la crisis climática? No es el caso. Se trata de crear un plan viable que no comprometa la soberanía energética del país ni su economía. La pregunta es otra: ¿debe Colombia liderar la transición energética tomando medidas drásticas?

Pienso que no. Es necesario imponer sobre las potencias la carga financiera más fuerte de la transición energética, ya que ellas son las principales responsables de esta, y pensar primero en los intereses nacionales al momento de tomar decisiones. Esto pasa por reconocer la magnitud del problema y lo pequeños que somos como país al enfrentarlo. Por lo tanto, nuestro papel debe ser distinto al que se ha planteado, sin caer en idealismos que no corresponden al momento de formular políticas energéticas.

Esos editoriales de doble moral como el del 20 de abril, “La bajeza del presidente Petro y del ministro Ávila con el Banco de la República”. Se rasgan las vestiduras con lo que dicen el presidente y el ministro, pero permanecen muy callados todo el tiempo frente a los insultos que personajillos de bien de este platanal profieren contra el presidente y las personas de su gobierno.

Rubiela Moreno Portillo

Sobre hablar sin fundamento

Estoy de acuerdo con el periodista que escribió el editorial del 20 de abril, ya que en estos momentos debemos tener cuidado con lo que se diga de las demás personas. Además, uno no puede ir por ahí diciendo o acusando a otros sin tener pruebas.

También ocurre que, con esos comentarios, se está perdiendo la confianza en el Gobierno, porque pueden hablar mal de quienes no les gusta su forma de pensar.

Norma Constanza Restrepo

El Gobierno irrespeta las instituciones

A propósito del editorial del 20 de abril. No solo con la bajeza que han desplegado en sus intervenciones han denostado a los integrantes de la Junta del Banco de la República, sino que el daño colateral que causan afecta aún más a las alicaídas instituciones, pues las debilita y les hace perder credibilidad. No sé si sea un hecho heroico haber sido guerrillero y haber atentado contra nuestras instituciones, que hoy en día los eligieron. Qué desgracia…

Filiberto Jorge Torres González

Tono selectivo

En respuesta al editorial del 24 de abril, titulado “Federico Gutiérrez censura y esconde la piedra”. Si bien hubo una crítica al arbitrario y despótico (ya vi el pleonasmo) alcalde, debieron ser más contundentes, como en otros momentos, con el presidente. Lo del tal Fico no es la primera vez que ocurre y lo seguirá haciendo porque ni los entes de control ejercen su función ni el periodismo es contundente con esta clase de hechos.

Darío Gil

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No se trata de casos aislados o de componendas entre politiqueros de pueblo; se trata del círculo más cercano, el círculo de la más entera confianza del presidente, desde familiares en primer y segundo grado de consanguinidad (su hijo y su hermano) y en cargos claves de la administración pública y la economía del estado como la presidencia de Ecopetrol y cercanos a su despacho como lo son el Departamento Administrativo de la Presidencia, cuyo titular, después de fugarse, bailaba protegido en la residencia de la embajada en Nicaragua, en tiempos cercanos a una circular roja de la Interpol, o el ministro del Interior con siete investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.

También es clave, por su facilidad para contratar directamente sin límite de cuantía -tremendo manjar para un corrupto-, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo confeso director Olmedo López aprovechó para desviar recursos a su favor y el de terceros; o la confidente secretaria privada a quien se le desaparece de su cartera una gruesa suma de dinero en efectivo, que entre otras irregularidades llevó a que un coronel de la República cercano al caso se suicidara horas después de haber pagado cincuenta millones de pesos en efectivo como anticipo a un abogado para su defensa, suicidio que de paso ha sido puesto en duda por las mismas autoridades forenses, y a que su niñera fuera conducida por la policía a un tenebroso sótano del Palacio para que bajo intimidaciones confesara ante un aparato ser la autora del robo.

O su oscuro jefe de gabinete el pastor Alfredo Saade, nombrado embajador en Brasil, también sancionado por la Procuraduría. Lista que completa nuestro presidente, como para cerrar su mandato con broche de oro en corrupción, con el nombramiento del acusado penalmente ex alcalde de Medellín Daniel Quintero como Superintendente de Salud, con tres imputaciones penales activas y la sombra de 55 de sus exfuncionarios y contratistas, investigados unos e imputados otros por hechos relacionados con su administración, y del ex alcalde de Cali Iván Ospina, imputado por la Fiscalía y suspendido del cargo por la Procuraduría, nombrado como director de la Nueva EPS, entidad que maneja los recursos para la salud de más de once millones de colombianos. Son tan osados este par de nombramientos que casi que parecieran una provocación.

O el hecho de insistir en el nombramiento de la joven (23 años) Juliana Guerrero como viceministra de su gobierno, después de haberse probado que no contaba con los requisitos para el cargo a la vez que inicia una persecución contra quien señaló la imposibilidad de posesionarla; persecución de la que se protege la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, mediante denuncias en la Fiscalía y en la prensa de delitos como amenazas, extorsión y constreñimiento, que contienen frases como: “Aquí el chisme, la calumnia y la mentira es política de gobierno”. Episodio similar jamás visto al interior de la Casa de Nariño en nuestra historia reciente.

Gustavo Petro califica como su “mayor error” el “nombrar personas que no servían”, lo que le sucedió en más de 60 oportunidades en sus ministerios, para no hablar de otros cargos por él designados.

Y con estas afirmaciones el mismo presidente nos da la clave más exitosa para acabar la corrupción: nombrar personas honestas y calificadas, como lo han hecho miles de nuestros funcionarios(as) públicos a lo largo y ancho del país en todas las épocas, sin que, claro, hayan faltado las excepciones.

¿Qué queda entonces a los y las candidatos(as) a la presidencia? Convertir en bandera de campaña la lucha contra la corrupción y dejar en segundo plano propuestas como cerrar las brechas entre los colombianos mediante inversión prioritaria en temas de educación, ciencia, tecnología y artes, o fortalecer el sistema de salud, la infraestructura de conectividad multimodal (vial, fluvial, férrea y aérea) para optimizar la logística y dinamizar el comercio, inversiones que entre otras ayudarán a mejorar los índices de seguridad en el país. Una nación mejor formada y mejor conectada crea por sí misma condiciones de seguridad, otro de los grandes clamores de nuestros compatriotas.

Aun cuando en las actuales circunstancias es indispensable que un presidente señale a sus electores la urgencia de velar por el buen manejo de los recursos públicos, definitivamente no debería ser lo que corresponde en un país en que se gastan billones de pesos al año en el control de este flagelo en entidades como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las personerías.

He oído de candidatos que incluso se presentan como “el cazador de los corruptos”, lo que definitivamente no debería ser el carácter de un gobernante; el solo verbo me choca, aún más refiriéndose a seres humanos; para investigarlos y sancionarlos están las decenas de miles de profesionales pagados única y exclusivamente para ello desde las entidades arriba mencionadas. La obligación del gobernante es designar profesionales probos y capaces para los cargos a los que se sean nombrados a la vez que ejecutar su programa de gobierno en beneficio de todos y cada uno de los 50 millones de colombianos y colombianas.

No quiero dejar pasar por alto el estilo de gobierno de nuestro presidente, que con características absolutamente autoritarias lleva a comportamientos francamente corruptos. La corrupción no se limita a la apropiación de recursos públicos; también incluye el abuso del poder en beneficio particular, y suele verse favorecida por prácticas autoritarias que debilitan los controles institucionales; un ejemplo: su inocultable interés en direccionar recursos públicos a la promoción de actos de su gobierno, entre otras acciones encaminadas al mismo fin, como si para mejorar la calidad de vida de la nación no hubiera sido elegido y no fuera su obligación como gobernante. Lo hace con el fin de buscar la continuidad de su programa de gobierno como con frecuencia lo repite. Un presidente a quien le incomodan los tres pilares de una democracia. A Gustavo Petro le incomoda el sistema judicial, le incomoda también el parlamento y, claro, la prensa. ¿Se puede llamar un demócrata a quien así actúa? Amén de las incalificables faltas de respeto a sus subalternos(as) (preferentemente a mujeres y miembros de las minorías) en los canales de televisión en horario triple A, a la vez que prefiere gobernar mediante decretos.

Un presidente que desde una tarima en la Plaza de Bolívar ondea en una mano la bandera de la guerra a muerte y en la otra la espada de Bolívar. ¿Guerra a muerte contra sus compatriotas? ¿Habrase visto? ¿Un presidente que declara la guerra a muerte a su propia nación puede llamarse demócrata? Definitivamente no lo es y nos recuerda a otros dictadores que ha tenido nuestra querida América Latina, como el chileno Augusto Pinochet.

¿Será que se necesita ser experto en semiótica para ver con claridad la infinitesimal distancia -para no decir identidad total- que hay entre el kepis y las gafas oscuras del general Pinochet con la cachucha de Petro, igualmente decorada con el escudo patrio y las doradas ramas de Laurel? Es inevitable, cada vez que vemos o sabemos de nuestro presidente, traer a la memoria la imagen de su querido y añorado mentor, el general Gustavo Rojas Pinilla, el único dictador que ha tenido nuestra querida patria.

Pero en la actualidad, la mayor parte de la población no cree, y muchos no aceptan el cimiento ideológico que la mantiene, pues desde los maestros de la sospecha dudamos de nuestros sueños, dudamos del interés de la clase dominante y dudamos de la verdad de la moral. La sociedad se mantiene con el pesimismo de no ver la luz en utopías totalizantes que han sido probadas y han transformado el cimiento social en lo más parecido al infierno en la tierra; y allí donde reinan, su población huye despavorida.

El pesimismo generalizado se transforma e interioriza en las relaciones individuales, y todos los actores sociales fingen al máximo para conseguir sus fines. La diferencia es que ya todos sabemos que es una actuación y decidimos voluntariamente seguir en la obra.

La inmediatez y falsedad de las relaciones sociales las vuelven esporádicas y superficiales. En la mayor parte de los casos, cada individualidad crea un avatar para presentarlo a los demás, como en una gran obra cinematográfica.

Toda conversación se vuelve superficial y cada parte se sabe su guion; el mundo se presenta como un gran escenario, pero se pierde el sentido y la sustancia de todo. Todo parece tan falso, tan coreografiado, tan actuado. Pero aquel individuo que se da cuenta, y no tiene formación histórica, empieza a buscar significado en corrientes que van más allá de lo aceptado socialmente; en esas corrientes encuentra sentido y propósito en un mundo que pareciera no tenerlo.

Muchos siguen buscando la verdad y la sinceridad en las instituciones sociales y en las relaciones individuales, pero desde que sospechamos de todo, surge la pregunta: ¿es posible la honestidad en las relaciones humanas? ¿O será que estamos destinados a mentirnos para mantener el control y la estabilidad social?

Ernesto Tamayo, sociólogo.

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