Tal como ustedes lo indican en el editorial del 24 de marzo, titulado “Los recicladores muestran el lío de formalizar, el Gobierno fue muy creativo; tanto, que ahí es donde me preocupa su poca profundización en el tema.

El mencionado decreto, muy alabado por ustedes, carece de rigor jurídico: pasa por encima de la CPC, de la Ley 79 de 1988 y de la Ley 142 de 1994; asigna competencias a los municipios que no tienen y, además, impone más cargas a los recicladores de oficio en proceso de formalización (Decreto 1077 de 2015), quienes cuentan con protección en los autos de la Corte Constitucional. Incluso, sin competencia alguna, regula el uso de los ingresos de los recicladores.

Por favor, mayor profundidad e investigación al escribir este tipo de artículos; como mínimo, debieron haber consultado a varias organizaciones de recicladores, donde es clave la pluralidad, pues siempre le preguntan a las mismas dos o tres que, además, son afines al Gobierno.

Nuevamente, por favor, revisen a fondo las implicaciones del decreto, porque por este tipo de artículos es que, en ocasiones, me pregunto si debo cancelar mi suscripción.

Leonardo Navarro

El “Me Too” al pasado

A propósito del editorial del 26 de marzo, titulado “Acoso en medios y acoso en Colombia”. El escándalo mediático de acoso sexual en que se ha visto inmerso Noticias Caracol tiene varios aspectos por analizar. Desafortunadamente, no son episodios nuevos, pero el acoso sexual y laboral en los medios de comunicación sigue siendo un tema desconocido o tapado. Han sido múltiples las denuncias de maltrato a extras, sometidos a inhumanas jornadas laborales sin ni siquiera un tinto; de actrices nuevas que son obligadas a acceder a los deseos sexuales de directores, camarógrafos y demás, o que son maltratadas o humilladas, como el caso de la actriz Alejandra Azcárate, quien agredió físicamente a una maquilladora.

Las relaciones de poder siguen siendo muestra de un país machista y patriarcal, donde el mal ejercicio del poder se enaltece. La periodista Juanita Gómez denunció que los autores de estos actos son intocables “vacas sagradas”. Por otro lado, es un golpe a Caracol, que cerró su cadena radial y emisoras regionales y apostó a un proyecto con La W que apenas despega. Estas denuncias son un auténtico mazazo y, al parecer, uno de los implicados es Jorge Alfredo Vargas, uno de los periodistas más mediáticos de Colombia.

Corresponde a los medios y demás sectores de la sociedad cerrar filas frente a este fenómeno. El #MeToo debe servir para dejar en el pasado conductas contra la mujer y abandonar, de una vez, el machismo y el elogio al maltrato y la desigualdad, más allá del escándalo mediático; de lo contrario, seguiremos en las mismas.

Rodolfo Alberto Vanegas Pérez

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Soy profesor de debate. Por eso, cuando un medio anuncia un “debate presidencial”, no oigo solo una invitación periodística: oigo una promesa democrática. La promesa de que los candidatos pondrán a prueba sus ideas frente a posiciones rivales. Por eso vale la pena detenerse en el reciente evento promovido por El Espectador como debate presidencial sobre cómo construir una Colombia más equitativa. Mi objeción no es meramente terminológica: si un formato no permite contraste real de posturas, no estamos ante un debate, sino ante un foro. Y esa diferencia afecta la calidad de la deliberación pública.

El propio evento reveló esa ambigüedad. Fue publicitado como “debate presidencial”, pero su nombre interno era otro: “Foro. Construir una Colombia más equitativa”. Esa vacilación importa porque, en el lenguaje político y pedagógico, foro y debate no son equivalentes. Ambos pueden servir a la vida democrática, pero cumplen funciones distintas. El foro está orientado al intercambio abierto de ideas y a la exposición de perspectivas. El debate, en cambio, exige confrontación estructurada: tesis contrapuestas, defensa argumentada, réplica y refutación. En un foro se presentan puntos de vista; en un debate se los somete a examen. El foro informa. El debate, además, obliga a justificar.

Esa diferencia importa especialmente en una campaña presidencial. La democracia necesita ver cómo los candidatos responden cuando sus ideas son cuestionadas. Un ciudadano no decide únicamente por afinidad o simpatía, sino también por la capacidad de un aspirante para sostener sus propuestas ante objeciones, mostrar su coherencia y distinguirse de sus competidores. Eso es lo que el formato de debate debería ofrecer.

Sin embargo, la estructura del evento no lo permitió. La primera parte consistió en preguntas temáticas sobre desigualdad. Son asuntos pertinentes. Pero la dinámica fue la de respuestas individuales de dos minutos sobre qué haría cada candidato. Ese formato sirve para conocer prioridades, no para debatir, y favorece el monólogo en lugar del contraste.

El segundo momento fue más revelador. Hacia el final se introdujo una ronda de preguntas de “sí o no” sobre temas puntuales. Allí aparecieron diferencias reales, pero sin espacio para justificarlas. Y sin justificación no hay deliberación.

El “sí o no” puede ser útil para fijar postura, pero no debe confundirse con un debate. Saber quién responde sí y quién responde no es apenas el inicio. Lo sustantivo viene después: por qué, con qué criterios y frente a qué objeciones. Cuando el formato omite ese momento, el público recibe etiquetas, no argumentos.

Un foro de candidatos sobre equidad puede ser valioso. Pero si se publicita como debate, el medio asume una responsabilidad adicional: ofrecer condiciones mínimas de confrontación argumentativa. De lo contrario, rebaja los estándares de lo que el público entiende por debate democrático.

Si El Espectador quiere liderar debates presidenciales, bienvenido. Pero esa ambición exige coherencia entre rótulo y estructura. Porque una democracia que confunde el foro con el debate termina confundiendo también la exposición con la deliberación. Y esa confusión, en época electoral, siempre la paga el ciudadano.

Juan David Vargas-Gutiérrez

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Repugnante el asedio, la agresión y el irrespeto sistemático del presidente Petro contra diferentes familias que han perdido a sus hijos en variadas circunstancias: el honorable soldado fallecido en el mes de octubre pasado en Aguachica (Cesar). El primer mandatario se sintió con el derecho de “caricaturizar y politizar” la muerte del militar, como lo manifestó su padre, pero también de asignar falencias en la educación del joven, lo que, según él, contribuyó a su muerte, en el más insensible, falaz y abusivo acto de agresión contra toda una familia y comunidad que se encuentra de luto. “Déjenos vivir el duelo”, exigió el padre a Petro en medio de su dolor, agobiado por la avalancha mediática de ofensivas declaraciones presidenciales.

En medio de la criminal crisis de la salud, diseñada meticulosamente por el Gobierno Nacional, fallece un pequeño niño, víctima de un sistema de salud demolido, saqueado y criminalmente modificado. Un pequeño al cual el presidente y el ministro de Salud acusan de haber sido niño: montar en bicicleta, reír, correr y vivir, y a su madre de haberle permitido ser feliz. ¡Se prohíbe ser niño!

Ante el doloroso y lamentable accidente del avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial, en el cual perdieron la vida sesenta y nueve integrantes de la fuerza pública colombiana, se apresuró a responsabilizar, con una falacia, a los Estados Unidos de vender chatarra y al gobierno Duque de comprarla; a los ministros de su propio gobierno de entorpecer la renovación de la flota aérea militar, y a muchos funcionarios de no cumplir a cabalidad con sus funciones, rematando con descalificaciones al riguroso informe técnico presentado por el comandante de la Fuerza Aeroespacial de nuestro país.

Para Petro, las tragedias en Colombia han tenido la doble connotación de reveladoras y de oportunidad política: reveladoras porque han puesto en evidencia el fracaso de sus políticas de gobierno; un sistema de salud premeditadamente destrozado que deja morir niños con hemofilia; una “paz total” que otorga inmunidad a terroristas mientras planean y asesinan a candidatos presidenciales; una lucha contra la corrupción que juega con el bando contrario, y una anarquía gubernamental en la cual los funcionarios no hacen caso a las órdenes del mandatario, según sus propias palabras. Oportunidad política porque Petro capitaliza cada muerte, cada tragedia para distorsionar la realidad, atacar a sus adversarios, evadir responsabilidades, hacer política partidista e irrespetar el dolor y el duelo de los colombianos.

Ramsés Muñoz M., mayor general (R).

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Si bien soy un defensor de la libertad de prensa y del derecho a la opinión crítica, considero que este texto cruza fronteras éticas que ponen en riesgo la función social del periodismo por las siguientes razones:

1. Uso de lenguaje deshumanizante

El autor utiliza sistemáticamente epítetos como “idiota”, “psicópata genocida”, “ogro torpe” y “criminal sanguinario”. Este tipo de adjetivación no contribuye al debate de ideas, sino que deshumaniza a las figuras públicas mencionadas. El periodismo de opinión debería elevar el juicio crítico, no reducirse al insulto personal que degrada la dignidad humana, principio que debería ser transversal a cualquier publicación de El Espectador.

2. Riesgo de incitación a la hostilidad

Al calificar a mandatarios extranjeros como “monstruos” o “criminales” en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, el artículo deja de ser un análisis para convertirse en un relato que puede ser interpretado como una justificación para la violencia. En un mundo hiperconectado, presentar a líderes como “amenazas apocalípticas” puede alimentar discursos de odio en audiencias radicalizadas, movilizando sentimientos que trascienden la crítica política hacia la hostilidad física o el fanatismo, de hecho quiero recordarles que por este mismo tipo de lenguaje, tuvimos problemas de nuestro presidente actual con el presidente de los Estados Unidos, lo que nos ha costado pérdidas millonarias, aranceles y casi un conflicto internacional donde claramente el perdedor siempre vamos a ser nosotros, el lenguaje lo es todo y puede ser usado para bien o para mal.

3. Falta de rigor en el juicio de valor

Aunque la columna se ampara en la subjetividad del autor, tildar de “genocidio” o “terrorismo” acciones que aún están bajo escrutinio de organismos internacionales, sin el debido matiz jurídico, desinforma al lector bajo el manto de la opinión. Esto erosiona la credibilidad de su periódico como un espacio de información veraz y equilibrada.

4. Responsabilidad social en el contexto colombiano

Colombia es un país que ha sufrido décadas de violencia alimentada por la polarización y el lenguaje incendiario. Permitir que desde las páginas de un diario de referencia se valide el insulto y la estigmatización extrema como forma de análisis político contradice la necesidad de construir una cultura de paz y respeto por la diferencia, es doloroso ver este lenguaje en un diario que casi desaparece precisamente por el impacto de las palabras.

A Guillermo Cano lo asesinaron y a su sede le pusieron una bomba porque sus escritos tenían el poder de movilizar al país contra el crimen. Ustedes vivieron en carne propia cómo el lenguaje puede marcar a una persona como ‘objetivo’. Por eso, ver que hoy permiten insultos como ‘psicópata’ o ‘idiota’ para referirse a líderes mundiales es alarmante: deshumanizar al otro es el primer paso para justificar la violencia, y no quiero decir que Trump u otro presidente sean objetivos del colombiano de a pie por leer una nota de este tipo, sino que los objetivos se vuelven otras personas que tal vez piensen alienados o no alineados a los pensamientos políticos del momento y una ola de violencia se alimente por estas cosas.

Un periódico que ha sido mártir de la intolerancia debería ser el principal guardián del respeto y la altura en el debate público

Petición: Solicito respetuosamente que esta queja sea evaluada por la Defensoría y que se analice si el artículo cumple con el Manual de Estilo y el Código de Ética de El Espectador. Asimismo, agradecería una respuesta pública o una nota aclaratoria sobre los límites del lenguaje en las columnas de opinión de su diario.

Cordialmente,

Rafael A. Parra.

R del D: Muy valiosa reflexión, Rafael, y por eso procedemos a publicarla en su integridad para animar el debate y la reflexión de nuestros colaboradores. Frente a la pregunta puntual, empero, debo decir que ese texto no incumple con los límites, mínimos, que se exigen a las contribuciones de opinión, que para ser absolutamente libres requieren el menor límte posible. El insulto hace parte de la libertad de expresión, y los colaboradores de opinón son libres de usarlos. Otra cosa sería la incitación directa al uso de la violencia o discursos de odio específicos y cosas por el estilo. Eso, sobra decirlo, no quiere decir que promovamos o sean de nuestro gusto ese tipo de lenguajes, pero eso también es parte de la libertad que tienen los colaboradores de opinión en este periódico, no de ahora, siempre ha sido así.

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La última, del 21 de marzo sobre Onetti, me pareció amena, con buenos detalles, y da en el clavo en un aspecto que el crítico uruguayo Ángel Rama señalaba sobre su paisano: Onetti daba un valor particular a los personajes, antes que a las historias. El personaje infundía un aire particular a los hechos y crecía a medida que el relato avanzaba. La trama -tesis muy existencialista- ya estaba dada: todo era un solemne fracaso diferido.

No comparto la tesis, pero ello me hace querer más a Onetti.

Carlos Sánchez Lozano

Quiero felicitarlos por la carta “El Estéreo Picnic no debe hacerse en el Parque Simón Bolívar”.

Me declaro totalmente de acuerdo, ese fin de semana fue imposible ingresar con mi hijo, mi sobrina y toda mi familia al parque Simón Bolívar y al parque Recreodeportivo que queda al frente. Es decir, que los que no vamos a los conciertos “de malas”, como dicen por ahí. Me parece un abuso de la alcaldía o quien se encargue de generar los permisos para estos eventos. Creo que no entendemos el uso correcto de los espacios, parece que todo es para conciertos: estadios de fútbol, parques públicos, coliseos, etc. Desde mi desconocimiento pregunto: ¿Los que vivimos en Bogotá y que, por si fuera poco, pagamos impuestos por todo, con pico y placa, fotomultas, inseguridad, no merecemos ser consultados si queremos este tipo de eventos en estos espacios públicos?

Miguel Alejandro Cepeda Rojas

Como amigo de lo objetivo, agradezco a Héctor Abad Faciolince por su artículo del 29 de marzo titulado “Desataré el infierno en la tierra si te matan”, a propósito de la guerra que Donald Trump desató en Irán. Él es una de las pocas voces de Occidente que se atreve a decir la verdad, estamos a merced de dos dementes.

Emiro Guerrero

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En respuesta al editorial del 18 de marzo de 2026, titulado “Bogotá es más segura, aunque parezca que no”.

Quiero expresar mi opinión con todo respeto. Bogotá siempre ha sido insegura; lo que ha cambiado son las formas y los conceptos.

Primero, nosotros tendemos a copiar el consumo, la moda o la tecnología de afuera, pero no el respeto por lo público ni la disciplina social, porque eso requiere un esfuerzo colectivo y educativo que toma décadas. Históricamente, en nuestra región se ha premiado al que se salta la fila o al que “se las sabe todas” (malicia indígena). Eso genera una desconfianza generalizada: “si nadie cumple, ¿por qué voy a cumplir yo?”.

En Latinoamérica, los niveles de impunidad son enormes. El delincuente no teme a la ley porque sabe que las probabilidades de que no pase nada son muy altas. Aquí, la corrupción y la falta de presupuesto hacen que los procesos se venzan, las pruebas se pierdan o el sistema se sature. Además, cambiamos de leyes o de Constitución con frecuencia, lo que genera inestabilidad jurídica.

Entender la inseguridad en Bogotá hoy requiere separar la percepción de miedo de las cifras oficiales, que a menudo parecen contar historias opuestas. La analogía con “Ciudad Gótica” resuena con muchos porque, aunque las autoridades reportan mejorías, la sensación de desprotección y la falta de confianza en las instituciones siguen siendo críticas. Las autoridades han señalado que una gran parte de los delincuentes capturados queda libre poco después debido a vacíos legales o falta de pruebas contundentes, lo que genera frustración tanto en la Policía como en los ciudadanos.

Existe un desprestigio acumulado y una crítica hacia el uso de la fuerza policial en tareas menores (como imponer comparendos) en lugar de combatir el crimen organizado. La inseguridad ya no es solo por “delincuencia común”: estructuras y otras bandas locales han profesionalizado el robo de vehículos y la extorsión.

Se propuso una convocatoria para contratar a gestores que apoyen la seguridad en las calles, pero ¿eso sí resolverá los problemas de confianza en la ciudadanía o, por el contrario, serán nada más que espectadores?

La sensación de “aceptar esto como normal” es un mecanismo de defensa ante un sistema de justicia que muchos perciben como lento o desconectado de la realidad cotidiana.

Y me pregunto: ustedes, como medios de comunicación e informativos, ¿por qué nunca cuestionan a los políticos para que se realicen reformas? Nadie habla del tema y se limitan a comentar nada más.

Aquí se necesitan reformas implacables y que se ajusten a la realidad. Que se castigue al delincuente y, además, se necesita educación, pero no una educación de “garaje”, sino una educación profesional y responsable.

Es domingo, 15 de marzo de 2026, y los habitantes de un barrio de una zona periférica de una gran ciudad del país se despiertan para encontrarse frente a una nueva problemática. Durante la noche, el tubo principal que abastece de agua a los barrios circundantes se rompió. Esto provoca no solo cortes generales en el servicio, sino también que la calle principal esté inundada durante horas. Pronto se descubre la causa: un vecino, harto de los constantes problemas de presión, decidió tomar el asunto en sus propias manos. En sus intentos por encontrar la tubería madre, terminó por romperla, dejando tanto su casa como todas las del sector sin servicio.

El vecino se excusa: desde su construcción, las casas han sufrido problemas de presión de agua tan graves que, en ciertos horarios, no hay servicio en absoluto. La causa todos la conocen: uno de los barrios cercanos es “de invasión”. No está conectado legalmente a ninguno de los servicios, y la infraestructura no está diseñada para proveer el servicio a tantas personas. ¿A quién, entonces, se le deben atribuir las culpas? ¿Al vecino, responsable directo del daño y de los costos de reparación? ¿A los habitantes del barrio de invasión, causantes del problema subyacente que aqueja a la comunidad desde hace años?

Me parece que esta es una de esas situaciones en las que es necesario buscar una tercera opción. Si en uno de los núcleos urbanos del país aún hay barrios enteros de personas que no tienen acceso seguro a los servicios básicos, es momento de ver el panorama más amplio.

Toda la problemática narrada no es más que un síntoma de uno de los problemas más profundos que aquejan a nuestra sociedad: la exclusión social. Si la exclusión social se sigue viendo como una característica más de nuestro país y no como algo por solucionar, si sigue reflejándose en cómo trazamos nuestras calles y organizamos nuestros servicios, nunca llegaremos a ser un país más equitativo.

Más allá de nuestras propias ideologías políticas, llama la atención un comentario recurrente en redes sociales sobre la senadora y candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué. Constantemente, y como si ese fuera el principal criterio para evaluar a los otros candidatos, se menciona su nivel educativo como central en la discusión.

Me parece, entonces, un buen momento para plantear, por incómodas que sean, algunas preguntas. En la forma en que está organizado el país, ¿tenemos todos las mismas oportunidades? ¿Tenemos acceso a los mismos servicios? ¿Puede alguien a 40 minutos de la capital acceder a un servicio de salud de la misma calidad que alguien que vive a dos o tres horas? ¿Le es igual de fácil a alguien que nace y crece en Bogotá llegar a la educación superior que a alguien que se cría en las zonas rurales del Cauca?

Nuestra calidad como seres humanos, como profesionales o como líderes no está dada por lo que tuvimos o no la oportunidad de hacer, sino por lo que hicimos con lo que tuvimos. Y me parece que es momento de que, como sociedad, busquemos la forma de incluir en el sistema educativo a todas las personas, más que ridiculizar a quienes no pudieron hacer parte de él. Y de que hagamos lo necesario para que no falte el agua en los barrios de las ciudades.

Los conciertazos

Acaba de finalizar otro Estéreo Picnic en el parque Simón Bolívar, como sucede cada año. Uno más de los innumerables eventos masivos que acontecen en la ciudad y de manera consecutivas llegan al parque, sin que cuente con la infraestructura adecuada para congregar miles de personas para las diversas manifestaciones masivas, en espacial la música. Para ello han utilizado durante más de 20 días gran parte del espacio verde y se han tardado en recoger toda la logística.

Es claro que este espacio se convirtió, con la venia de la Alcaldía Mayor, en el lugar predilecto de productores de espectáculos, quienes encontraron un lugar para sus actividades culturales sin ser creado para ello. Es por eso que después sigue el concierto cristiano y el concierto de chucu chucu y conectando corazones y el concierto de conciertos y el concierto de rock y muchos más festivales al parque, y la lista es interminable, porque falta todo el segundo semestre… Así, han convertido este pulmón de la ciudad creado para la recreación, el descanso y el deporte en una plazoleta de eventos muy rentables en términos económicos para los productores y la administración distrital, que ante los múltiples reclamos solo atina a decir que el festival aportó tanto dinero en ingresos para la ciudad. No miden el daño ambiental y ciudadano que causa un festival de tres días hasta las tres de la madrugada en el vecindario y con nuevas pruebas de sonido al amanecer. Esto sin contar el ecocidio que causa año tras año, especialmente en aves que habitan el parque, el ruido por encima de 70 decibeles, el cierre de vías, las aglomeraciones y luego los asistentes ubicados en los parques de los barrios circunvecinos. Beben hasta el amanecer, sin ninguna consideración por los hospitales que ya han mostrado su inconformidad con el relicto del parque Simón Bolívar convertido también en corraleja, Vive Claro, para grandes conciertos

Señor alcalde y administración del IDRD, como dice un tristemente célebre político; “plata es plata”. Este no puede ser el indicador más importante. Deben medir las consecuencias sociales y ambientales que causan al abrir de manera indiscriminada el uso del parque a comerciantes del espectáculo que no tiene ninguna consideración con el vecindario de la localidad de Teusaquillo. Esos comerciantes –ante la rentabilidad que ha derivado al presentar artistas nacionales e internacionales turnados con Vive Claro y con la anuencia de la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca– acabaron con el humedal y el parque Simón Bolívar para convertirlo en centro de eventos.

Enrique Espitia León.

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Muy indignado está Gonzalo Mallarino, torciendo los hechos e ignorando las circunstancias históricas. Juan Manuel Galán no llevó el Nuevo Liberalismo (NL) al uribismo; increíblemente la situación es al revés. Juan Manuel se jugó a fondo para crear una fórmula que hiciera posible una alternativa frente a las nefastas opciones que arrastraban a Colombia al abismo.

Con Luna y Cárdenas emprendió una difícil cruzada, pero mientras ellos traían sus cédulas y poco más, Juan Manuel Galán, como director del NL y contando con organización y presencia nacional, arriesgaba mucho más que ellos y le daba factibilidad a una consulta que en ese momento parecía imposible.

Galán perseveró ante el escepticismo de muchos y fue convocando a otros aspirantes acudiendo al principio, muy liberal, de diálogo entre distintos.

Y lo extraordinario, lo novedoso en la actual situación apremiante para la democracia, fue que quien se arrimó a la Consulta y buscó tender puentes con el NL fue Uribe. Ahí están los gestos y los hechos que demuestran ese tránsito impensable hace apenas un lustro.

Con una moderación inédita, dispuesto a hablar de reformas sociales y de visiones diversas, en el marco de una concertación nacional que el país reclama desde hace años. Uribe y algunos en su partido también están pagando el precio de atreverse a escuchar otras voces buscando concertar soluciones.

Los críticos de ocasión olvidan que las reglas de una consulta interpartidista conllevan a que el ganador se convierte en el candidato oficial de los partidos que estaban disputando bajo un acuerdo. La entrega del aval del NL a Paloma y Oviedo es un corolario legal y político, como es apenas lógico.

Todos los que hoy se desgarran diciendo que Galán se revuelca en la tumba prefieren ignorar la estatura republicana de su pensamiento.

Salvar la democracia es y debe ser la prioridad de un liberal, y hoy está en evidente peligro. Así lo habría entendido Luis Carlos Galán hoy, como lo hizo en 1986 declinando su candidatura para enfrentar la amenaza del narcotráfico al Estado de derecho.

La interpretación de cada momento histórico y el papel que nos corresponde cumplir es exactamente la lección que nos dio Luis Carlos Galán. Nos sentimos coherentes, patriotas, liberales y muy galanistas defendiendo la separación de poderes, las libertades individuales y económicas, y la institucionalidad contemplada en la Constitución. ¡Nada menos!

Andrés Talero Gutiérrez.

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En esta guerra han ocurrido hechos que complejizan el mercado global. Por un lado, Irán ejerce presión en uno de los puntos más importantes de comercio de energía del planeta, el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo del mundo.

Y, por otro lado, tenemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que envía señales contradictorias sobre los objetivos de esta guerra. Al inicio mencionó que este conflicto consistía en un ataque preventivo para acabar con la infraestructura nuclear iraní. Después cambiaría su retórica al alegar que buscaba un cambio de régimen, cambio que esperaba fuera similar al de Venezuela, con un gobernante afín. Pero con la elección del nuevo Ayatolá, Mojtaba Jameneí, quien es el hijo del anterior y asesinado Ayatolá, Alí Jameneí, su aspiración se vio truncada.

Todo esto hace que el mercado de petróleo en el mundo tenga movimientos bruscos en sus precios. Varios países han empezado a tomar medidas de emergencia. Por ejemplo, en Corea del Sur, el gobierno limitará el precio de la gasolina, algo que no se veía desde hace treinta años.

Estas señales demuestran que el miedo a un shock energético se ha tomado como una preocupación real para algunos Estados. Pero ¿qué tan grave puede ser esto? Para saberlo debemos volver al pasado.

En octubre de 1973 Israel estaba en guerra con Egipto y Siria, en la Guerra de Yom Kipur. En ella, Estados Unidos apoyó a Israel. En respuesta, los países árabes productores de petróleo usaron el crudo como arma política. En unión cortaron su suministro a Estados Unidos, redujeron su producción y aumentaron el valor del crudo a nivel global.

Esta crisis llevó a Estados Unidos a una estanflación: poco crecimiento económico combinado con una alta inflación. La crisis económica llevó a que la doctrina neoliberal ganase espacio en el debate público… y adeptos. Uuno de ellos fue Ronald Regan, quien ganaría ganó la presidencia 1980. Fue así como la crisis energética y posteriormente económica llevó a la ideología neoliberal a convertirse en parte del Estado norteamericano y de allí a propagarse por el mundo (Louis Menand, 2023).

Pero ¿podría ocurrir hoy una crisis similar? La realidad es que la matriz energética del mundo ha cambiado mucho desde la crisis de 1973. Algunos países usan hoy la energía de manera más eficiente otros han ampliado sus fuentes de energía, incrementando su uso de energías renovables como la solar o la nuclear.

Todos los cambios energéticos que diferentes países han llevado a cabo buscan garantizar la seguridad energética. Esto no significa que el petróleo ya no sea relevante, sino que los otros países deben protegerse de un mercado convulso.

Es complejo prever todavía si estas problemáticas conllevarán a cambios fuertes en la economía global como pasó en 1973. Esto dependerá de cuánto tiempo dure la situación en el estrecho de Ormuz y de qué tan altos lleguen los precios de la energía.

Si la guerra en Irán se alarga y los precios del crudo aumentan aún más, se prevé una crisis inédita.

César Augusto Pardo Acosta, Miembro del Movimiento Político LídEres

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Paloma Valencia no se volvió moderada de repente: lo que cambió fue el telón de fondo. Después de ganar la consulta de centroderecha con más de tres millones de votos y de sumar a Oviedo como fórmula, su candidatura empezó a venderse como una derecha razonable. Pero esa moderación es, en buena parte, un efecto óptico. Cuando Abelardo de la Espriella entra al escenario como el Tigre, con retórica de ultraderecha y vocación de outsider, la ventana de lo aceptable se corre hacia ese extremo y todo lo que está un poco más acá empieza a parecer sensato. No es una conversión ideológica: es una operación de encuadre.

Pero en política casi nada ocurre por accidente. La Ventana de Overton, formulada por Joseph Overton en los años noventa, explica cuáles son las ideas que una sociedad está dispuesta a considerar aceptables en un momento dado. Su lógica es tan simple como despiadada: no siempre hace falta cambiarle la opinión al electorado; a veces basta con desplazar los límites de lo que puede discutirse sin escándalo. Cuando irrumpen posiciones más extremas, aquello que ayer parecía radical empieza a venderse como aceptable. No cambió la idea: cambió el marco con el que se la mide. Y es ahí cuando aparecen las llaves: en política, muchos no defienden tanto lo que creen, sino aquello que pueden ofrecer sin inmolarse en las urnas. Dentro de esa ventana, una propuesta suena razonable, debatible, hasta necesaria; fuera de ella, parece insensata o directamente inadmisible.

Ahí está el verdadero negocio electoral. No se trata de enamorar al votante de derecha dura; ese ya viene fidelizado por el miedo, la rabia o la nostalgia. Se trata de seducir al votante de centro para que termine abrazando lo que ayer habría considerado una agenda severamente conservadora. La estrategia es poner a uno a gritar para que el otro, diciendo casi lo mismo con mejor dicción, parezca estadista. En el mercado de las percepciones, el extremista funciona como publicista involuntario del radical presentable.

En Francia, la irrupción de Éric Zemmour, con un discurso identitario aún más incendiario, ayudó a normalizar a Marine Le Pen ante parte del electorado de derecha en 2022. Aquella campaña se retrató como una contienda con dos candidaturas de extrema derecha disputándole espacio a Macron. En España ocurrió una versión menos teatral, pero igual de eficaz. Vox endureció el debate sobre inmigración, género y nación, mientras Alberto Núñez Feijóo vendía al PP como la carta de la estabilidad, aunque el partido siguiera sosteniendo posiciones muy conservadoras.

Por eso, la pregunta no es si Paloma parece moderada: la pregunta es quién corrió la línea para que parezca moderada. Y la respuesta perturba, porque revela que el centro, ese territorio que se presume sensato, suele ser el más manipulable de todos, pues no vota tanto por convicción como por contraste. Deliberada o no, la jugada consiste en correr el tablero para que el elector crea que está evitando un abismo, cuando en realidad apenas está eligiendo una versión mejor presentada del mismo precipicio.

Jaime Humberto Silva, historiador.

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Cada vez que abrimos una llave en nuestras ciudades, rara vez pensamos en el lugar de donde viene esa agua. Antes de llegar a nuestras casas, ese recurso que parece tan cotidiano ha nacido mucho más arriba, en las montañas. Allí, en ecosistemas que muchas veces permanecen fuera de nuestra mirada cotidiana, se juega una parte fundamental del futuro ambiental del país.

Durante décadas hemos hablado de desarrollo como si el territorio fuera un escenario vacío sobre el cual construir carreteras, ciudades o sistemas productivos. Pero el territorio no es un simple soporte físico para las actividades humanas. Es un sistema vivo donde interactúan ecosistemas, culturas, economías y formas de vida.

En un contexto de cambio climático, comprender esta relación resulta más urgente que nunca. Los efectos de la variabilidad climática ya se sienten en múltiples regiones de Colombia. Sequías prolongadas, lluvias intensas, pérdida de biodiversidad y transformaciones en los ciclos del agua están modificando la manera en que comunidades rurales y urbanas se relacionan con su entorno. Estos cambios no son únicamente ambientales; también tienen implicaciones sociales, económicas y culturales que transforman la vida en los territorios.

En las zonas de alta montaña, estas transformaciones se perciben con especial intensidad. Allí nacen muchas de las fuentes hídricas que abastecen a ciudades y sistemas productivos. Son ecosistemas estratégicos para la regulación del agua, la estabilidad climática y la conservación de la biodiversidad.

Pero también son territorios donde las comunidades enfrentan desafíos cada vez mayores. En distintas regiones del país, agricultores observan cómo los ciclos de lluvia se vuelven menos predecibles y cómo las temporadas de siembra cambian respecto a lo que durante décadas había sido relativamente estable. Las variaciones en la disponibilidad de agua, los cambios en la temperatura y las transformaciones en los ecosistemas están obligando a muchas familias rurales a replantear prácticas productivas tradicionales.

Frente a este panorama, es fundamental reconocer que quienes habitan estos territorios no son simples observadores del cambio climático. Durante generaciones han desarrollado conocimientos y prácticas que les han permitido convivir con ecosistemas complejos y dinámicos. Los saberes campesinos sobre manejo del agua, diversificación productiva y organización comunitaria representan formas de adaptación construidas desde la experiencia territorial. Sin embargo, con frecuencia estos conocimientos permanecen invisibles en los debates sobre política ambiental y planificación territorial.

Por eso, la sostenibilidad no puede reducirse a indicadores técnicos ni a discursos institucionales. Implica comprender la relación profunda entre sociedad y naturaleza. Significa reconocer que cada decisión, desde las políticas públicas hasta nuestras prácticas cotidianas, tiene efectos directos sobre los territorios que habitamos.

En un país como Colombia, reconocido por su extraordinaria diversidad biológica y cultural, esta reflexión adquiere una dimensión especial. La construcción de un futuro sostenible no depende únicamente de nuevas tecnologías o de compromisos internacionales frente al cambio climático. Depende también de nuestra capacidad para repensar la forma en que habitamos el territorio.

Esto implica fortalecer la gobernanza ambiental, valorar los conocimientos locales y promover procesos de planificación territorial que integren las dimensiones ecológicas, sociales y culturales del desarrollo. También significa reconocer que los territorios no son recursos infinitos, sino sistemas complejos cuya estabilidad depende del equilibrio entre conservación y uso responsable.

Tal vez el mayor desafío ambiental de nuestro tiempo no sea únicamente mitigar el cambio climático o proteger ecosistemas estratégicos. Tal vez el reto más profundo sea cultural: aprender nuevamente a mirar y comprender el territorio del que depende nuestra propia vida.

Porque, al final, el agua que llega a nuestras ciudades nos recuerda algo esencial: el futuro ambiental de Colombia comienza mucho antes, en las montañas que aún estamos aprendiendo a reconocer.

* Ingeniera ambiental, magíster en Ingeniería Ambiental y candidata a doctora en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga sostenibilidad territorial y adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña.

Esa segregación entre ciudadanos de primera y de segunda para el sistema de justicia es aberrante. Mucha ley, pero poca acatación y ejecución. Eso de que el presidente sea el primer infractor de la normatividad y de manera absolutamente impune es el mejor ejemplo. De ahí para abajo, ¿quién no se siente tentado a burlar la ley? Compara uno con el Perú, donde, por el contrario: presidente preso o prófugo porque sí y porque no.

Esa Comisión de Acusaciones nuestra: ¿por qué nadie habla de acabar ese esperpento dominado por la corrupción y someter al presidente a la CSJ como debiera ser? Siendo tan visible, asombra que de eso no hablen, tanto jurista brillante que tenemos. De arrancada, la equidad se rompe: el presidente resulta favorecido para romper la ley. ¿Quién dijo que en una sociedad no somos todos iguales? El presidente, que debiera ser modelo de comportamiento, honestidad y sensatez, debería ser el primero en ser más sancionable que un ciudadano de a pie, con obvia menor formación y educación. Aquí es lo contrario.

Yo creo que si algo de eso hubiera, a este presidente, que lo que ha hecho es avergonzarnos como nunca antes, lo hubieran podido neutralizar mediante un efectivo “golpe blando”, como él mismo lo llamara, desde antes de ocasionar tanto daño; desde el día en que se supo que el espejismo de transparencia y anticorrupción era solo eso. Daño que ya está hecho, y qué tanto se necesitará para recuperarlo. Ecopetrol, creo yo, no aguanta otros cuatro años en el despeñadero en que va. Si se logra enderezar el rumbo, quizás se salve, a la paradójica sombra del avance de la lejana —que no es tanto— guerra del Oriente Medio.

Ahora hay que abrir el ojo. Como en tantas encrucijadas de la historia, como en los tiempos épicos y bíblicos, hay que tomar la decisión adecuada. Entre los extremos estrepitosos y nocivos de la debutante y corrupta izquierda y la más experta ídem derecha, que constituyen un mar embravecido dominado por la desinformación y alimentado por el poder de confusión de las redes sociales, se abre la posibilidad de que llegue algún Moisés con su cayado de moralidad a guiarnos por el sendero tranquilo de la recuperación. Hay que encontrar y elevar a ese Moisés. Hay algo que se llama centro y que en este momento de crisis debe ser una carta definitoria.

Nicodemus Fernández Rozo, Pamplona.

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En respuesta al editorial del 9 de marzo de 2026, titulado “Colombia eligió con entusiasmo y tranquilidad”.

En cifras generales, el volumen alcanzado en las votaciones del domingo 8 de marzo de 2026 fue un éxito. Definitivamente, el pueblo, a pesar de lo desacreditada que está la democracia y los entes de control directamente ligados a la supervisión y el escrutinio, salió en masa a “defenderla”. A seguir apostándole a una democracia herida y por décadas menospreciada, ciertamente. Decapitada, prácticamente.

Obvio, no faltaron los escándalos y denuncias, en cantidades que no deberían pasar de soslayo: mesas destrozadas, urnas incineradas, votos alterados o, burda y descaradamente, inflados; bolsas de dinero destinadas a comprar conciencias; malandros intimidando gente; en fin, la lepra de la corrupción arrasando todo a su paso. Lepra inmunda que nunca va a faltar a la hora de “politiquear” o elegir politiqueros. Las náuseas que produce saber que, en determinadas regiones, los votos favorecieron a politiqueros —verdaderos hampones y caníbales del erario— no tienen nombre.

Lo más asqueante es tener la certeza de que el pueblo no elige corruptos porque sí, por placer o porque les nazca. Lo hacen porque les toca. O porque les tocan… el bolsillo, no el alma ni la conciencia propiamente. Esa aborrecible y condenada compraventa de votos, a cambio de un insípido y rancio “plato de lentejas”, es de lo más ruin, sucio y miserable que puede haber. En fin.

No menos asqueante, a propósito de los politiqueros y su demoníaca e insaciable sed de votos, es verlos peleando a muerte por un jugoso y rentable escaño en el “honorable” —y pútrido— Congreso de la República. Cual aves de rapiña, carroñeras desbordadas y posesas, excretan babaza por doquier, relamiéndose su monetizada lengua y su mugriento espíritu, haciendo cálculos por cada curul obtenida y por las que Satanás quiera poner de más en su haber preciado.

No hay partido politiquero que se salve. Los tradicionales, con su bandera roja de infamia e inaudita decrepitud, y los azules, longevas, sedientas, oportunistas e indómitas pirañas. Los que, con Biblia en mano, invocando el nombre de Dios, ceban al diablo, extorsionando a sus burlados feligreses para que voten por ellos; y otro tanto de cloacas políticas que solo sirven para minar todavía más la deprimida y vulnerada democracia.

A pesar de todo lo emético que resulta lo anterior, insisto: el volumen de la votación en Colombia para las consultas y para elegir “HPs” (Honorables Parlamentarios) fue significativo. Y, por supuesto, muchos fueron los votos a conciencia que se depositaron libremente y contados bajo la lupa de la honestidad y la transparencia, presuntamente.

Le auguro a la votación para elegir al próximo presidente o presidenta un aplastante éxito contra la abstención, después del “abrebocas” de las elecciones pasadas. Ojalá, eso sí, se triplique el control, la supervisión y el auditaje en las respectivas mesas de todo el país. Y se le pueda garantizar a la nación, siquiera en un porcentaje sensiblemente alto, unos conteos y unos resultados limpios que coincidan con la voluntad libre, y sin intimidaciones, de quienes depositan un nombre en las urnas y no una amañada estrategia más de la empresa corrupta y criminal que, muchas veces, doblega, cercena y fulmina la democracia.

Y así, la desacertada presidencia Duque condujo a la primera presidencia de izquierda en la historia de Colombia. Quiero aquí anotar que califiqué como desacertada la presidencia del señor Duque para dejar en claro que entiendo que, para algunos colombianos, esta presidencia fue efectiva y para otros desastrosa. Lo que sí creo acertado afirmar, es que fue desacertada. Porque no dejó ver a los ciudadanos que los (posibles) avances que (quizá) ocurrieron, condujeron a una mejoría en la situación de la mayoría. La prueba está, obviamente, en los resultados de las elecciones que llevaron a la presidencia al líder de una oposición por décadas estigmatizada.

El aumento del costo de la vida, la falta de oportunidades, el deterioro de las instituciones, el estancamiento social y económico de un segmento enorme de la población son manifestaciones visibles de la inefectividad de una presidencia. Que a Duque le tocó la pandemia, que cayó (o que subió) el precio del petróleo, que aumentó el PIB, que disminuyó o aumentó la deuda pública son situaciones que influyen en la decisión de los electores tanto como la temperatura del sol. El voto en las elecciones del 2022 reflejó las primeras consideraciones, no las segundas.

Ahora está para concluir el primer gobierno izquierdista de Colombia sin (discutiblemente) haber cumplido las expectativas y manchado por escándalos inexcusables. Resulta necesario recordar, entonces, que por más de dos siglos nos prometieron, cada cuatro años, “con este presidente sí va a mejorar la situación”. Mejoras que nunca llegaron. Que con Petro se repita una vez más esta historia será igualmente insuficiente para que sus seguidores descalifiquen a su candidato en las elecciones venideras.

Pero triunfante o derrotado en la elección presidencial, es muy probable que el establecimiento político tradicional continúe controlando el congreso colombiano. Ojalá, triunfante o derrotado, reconozca este establecimiento que no es posible ignorar que la sociedad ya logró su primer triunfo y que no está dispuesta a regresar a su pasado de sumisión. Y que si este control se complementa con un presidente desconectado de la realidad, que persiste en aplastar las ilusiones de un pueblo que finalmente ha despertado a su poder, será esta la explicación de por qué desembocamos en un régimen de terror que nos hará añorar la relativa paz de hoy. O, alternativamente, por qué terminamos imitando la tragedia de nuestro vecino país, en donde una masa desorientada y enceguecida por la indignación busque redención en un sátrapa carismático pero ignorante que termine destruyendo el limitado progreso social que hemos logrado en doscientos años de independencia.

Ricardo Gómez Fontana, Guapi, Cauca

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Danny Oviedo, economista,

Ascensor al viejo Uribe,

Que creyó con inocencia las astucias

d’este demonio,

Pentolítica “Paloma” de gobierno

Ha soñado con caverna por mansión

Para su mal.

Seducido por la harpía

Y feliz con su jauría

Se ha entregado hace tres días

Consumando su hamartía

Inspirando a sus oyentes

El horror a los jodíos

“comunistas”

Que seguían con gran celo

A Don Petro y Don Iván.

(…)

Y el buen Danny la miraba,

la miraba,

la miraba,

Y queriendo hablar, no hablaba,

Y sentía su alma esclava

De la pella senadora de mirada tentadora,

Y un ardor nunca sentido

De mandar, sobrecogiole.

¡Ese ardor! (…)

Este Danny el hombre adusto

De repente sintió el gusto

De la guerra y la codicia,

Del poder y la subida y la malicia

Del Uribe.

Su cabeza

De repente abandonaron

Pensamientos razonables de tecnócrata.

Y dejando su postura de erudito

Y en coloquio con la pella

Cortesana,

Se marchó con la Consulta

cual bendito

A la vista de la muda,

¡A la vista de la absorta turbamulta!

Mario Yepes Londoño. Envigado, marzo 16 de 2026

Estoy totalmente en desacuerdo con el editorial del 15 de marzo de 2026, titulado “El gobierno burla las normas y las garantías electorales”. El presidente tiene toda la razón en sus denuncias. El sistema electoral colombiano no es confiable mientras no se sometan el código fuente y el software a una auditoría internacional independiente y, además, el primero no se entregue a los partidos políticos para su inspección. Eso es lo que ha pedido reiteradamente el Dr. Petro desde hace tiempo, y las autoridades electorales se empecinan en no hacerlo. ¿Por qué?

Ahora bien, él fue hace cuatro años víctima de ello, cuando presuntamente le estaban quitando 700 mil votos. Todos los mandatarios han hecho lo que ustedes le están censurando hoy; ¿por qué no lo hicieron entonces? No sean sesgados. ¿Por qué no les cuentan a los electores todas las fechorías de AUV, para evitar regresar al pasado?

Francisco Javier Arias Vidal

Un acierto la nueva contraportada

Desde hace algunos días veo que la contraportada de El Espectador ha cambiado el formato habitual de entrevista por contenidos variados, como el de hoy viernes, relacionado con la agenda cultural en sitios tan diversos como la Cinemateca, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo o el Teatro Unisabana. También han usado este espacio para dar información en infografías muy útiles para entender temas rápidamente, sin abandonar del todo las entrevistas personales que siguen publicando, aunque ya no todos los días.

Ese cambio me ha parecido un gran acierto: le han dado vida a esa página, que venía estática desde hace mucho tiempo.

Ojalá puedan pensar también en mejorar la página de deportes, publicar tablas de posiciones y partidos jugados, sobre todo en fútbol: la liga y las competencias internacionales.

Javier Hernando Aguillón

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Francamente, estoy en desacuerdo con su editorial del domingo 1 de marzo de 2026, titulado “La Constitución no es el obstáculo a más democracia”. La Constitución que Colombia necesita supera el dilema de más o menos democracia, abriendo el campo a nuevas e importantes realizaciones políticas y a un mejor gobierno en las circunstancias actuales, muy distintas a las del año 1991, cuando se promulgó la Constitución vigente.

Comparto con El Espectador las propuestas constitucionales que me motivan, patrióticamente de cara al futuro, a partir de hoy:

1. Reforma geográfica y territorial, reduciendo el costo burocrático y fiscal, absurdo y ruinoso, de 23 departamentos y 23 gobernaciones, cuando 8 regiones serían suficientes: Caribe, Gran Antioquia, Gran Santander, Pacífico, Orinoquía, Amazonía, Región Central (incluyendo a Bogotá) y el Macizo Colombiano, mayor fábrica de agua del país y que necesita protección total inmediata.

2. Coordinación permanente con los cuatro países fronterizos y hermanos andino-amazónicos —Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá— con fines de defensa ecológica y de progreso económico y social, incluyendo una moneda común.

Bienvenida, con estos y otros posibles objetivos, la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que habrá de decidirse próximamente, en un momento en que todos los países del mundo están revisando sus relaciones internacionales por razones económicas, políticas y militares.

Eduardo Mariño

Un sueño de país desde la distancia

Hace más de 60 años vivo fuera de mi país, Colombia. Nunca había sentido tanto miedo ante la violencia que es la sombra de todo colombiano como ante estas elecciones.

Si lo que su editorial, titulado “Colombia eligió con entusiasmo y tranquilidad”, anota sobre las elecciones del 8 de marzo de 2026 —la tranquilidad en los comicios, la normalidad democrática y la naturalidad parlamentaria— se mantiene y se elige un presidente fuera de lo tradicional, me alegrará mucho que la razón haya regresado al país y que se pueda vivir y elegir un futuro mejor, en paz y duradero.

Hugo Hernández Gómez

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Antes veía el periodismo deportivo femenino como un tema que no era prioridad en los medios. Algo específico para quienes estaban interesados en el tema. Pensaba que la verdadera discusión estaba en la cancha: en la falta de apoyo al fútbol femenino, en los bajos salarios de las deportistas o en la escasa visibilidad de sus competencias. Y aunque todo eso es cierto, hoy entiendo que el problema también está y muchas veces comienza en cómo se comunica.

Mi cambio de opinión no fue de inmediato. Fue un proceso complejo. En clase, al analizar columnas y discursos mediáticos, empecé a notar cómo el deporte practicado por mujeres suele narrarse desde la comparación constante con el masculino. “La Messi colombiana”, “la nueva James”, “la promesa femenina”. Siempre por debajo, siempre explicado desde lo que ya conocemos: el hombre como medida de referencia.

Ahí entendí algo clave: el periodismo no solo informa, también construye imaginarios. Si los medios minimizan, invisibilizan el deporte femenino, están reforzando la idea de que es secundario. Y si eso se repite durante años, termina naturalizándose. Yo misma lo había terminado creyendo.

También cambié de opinión cuando comprendí que el periodismo deportivo femenino no se trata únicamente de cubrir partidos de mujeres. Se trata de quiénes cuentan esas historias, desde qué enfoque y con qué intención. Durante años, la narración y los comentarios ha estado dominado por voces masculinas. Eso influye en la agenda, en el lenguaje y en las prioridades informativas.

Al estudiar esta carrera, específicamente Comunicación y periodismo, entendí que no basta con decir “hay que apoyar el deporte femenino”. Si no transformamos la manera en que lo narramos, si no le damos el mismo análisis táctico, la misma profundidad estadística y el mismo rigor periodístico, seguimos reproduciendo desigualdad.

Hubo un momento puntual que terminó de mover mi postura: cuando viví esa experiencia de estar en transmisiones deportivas y entendí la responsabilidad que tiene quien está detrás del micrófono. No es solo describir lo que pasa. Es decidir qué se resalta, qué se omite y cómo se construye la historia. Ahí comprendí que el periodismo deportivo femenino no es un complemento: es un escenario de transformación social.

Hoy, como mujer, estudiante de último semestre, enfocada en el periodismo deportivo, pienso distinto. Creo que fortalecer este campo no es un acto simbólico ni una moda, es una necesidad. Porque los medios influyen en patrocinadores, en audiencias, en niñas que sueñan con ser deportistas y en jóvenes que sueñan con narrar esos logros. Si no hay visibilidad mediática, difícilmente habrá inversión. Y si no hay inversión, el círculo de desigualdad continúa.

Cambiar de opinión implica reconocer que uno también hizo parte del problema, aunque fuera desde la indiferencia. Yo subestimé el poder que tiene la comunicación en este tema. Pensé que lo importante era solo el rendimiento deportivo. Ahora entiendo que la narrativa también compite, también marca goles y también define campeonatos.

Hoy ya no veo el periodismo deportivo femenino como un nicho pequeño. Lo veo como un campo necesario, urgente y con un enorme potencial.

Más allá de las discusiones políticas o ideológicas, lo verdaderamente importante para los colombianos es preservar el equilibrio institucional y el respeto por la Constitución. Nuestro sistema democrático se sustenta en la separación de poderes, donde cada rama del poder público tiene competencias claramente definidas y limitadas.

En Colombia, el Congreso de la República es el órgano encargado de expedir las leyes que regulan aspectos estructurales del régimen laboral y económico del país. Por ello, cualquier modificación sustancial al modelo de negociación colectiva debería, en principio, ser objeto de un debate legislativo amplio, transparente y democrático.

El país atraviesa un momento de profundas tensiones entre distintas instituciones del Estado. Estas diferencias, propias de una democracia, no deberían trasladar incertidumbre jurídica a los ciudadanos, trabajadores y empresarios que día a día sostienen la economía nacional.

La discusión que hoy se abre sobre el alcance del Decreto 234 de 2026 no debe entenderse como un enfrentamiento político, sino como una oportunidad para que las instituciones competentes definan con claridad los límites constitucionales de la potestad reglamentaria del Gobierno.

Por esa razón, resulta fundamental que los órganos judiciales competentes analicen con rigor jurídico el alcance de esta norma, a fin de garantizar que cualquier transformación del sistema laboral colombiano se realice dentro del marco de la Constitución y el Estado de Derecho.

Colombia necesita seguridad jurídica, estabilidad institucional y respeto por las reglas democráticas. Solo así se protege el interés general y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Gerardo Salazar López, Bogotá

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