Tras el informe que expuso una serie de presuntas irregularidades y operaciones que comprometerían el uso de las capacidades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, miembros de la actual administración de Abelardo de la Espriella piden a los entes de control investigar a la entidad y desde el Pacto Histórico, señalan un “ataque contra su resultado electoral”.

Según la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, un informe reservado de 26 páginas elaborado por funcionarios de la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), durante el anterior Gobierno se habría ordenado instalar micrófonos y GPS en los vehículos de los expresidentes, una casa clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos, sospechas de espionaje con tecnología rusa y un hacker que habría tenido la misión de alterar resultados electorales.

El vicepresidente José Manuel Restrepo pidió a los organismos de control realizar “una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”; para el segundo al mando en el Estado, esto genera “muchas dudas y preocupaciones de fondo sobre lo que quisieron lograr”, además de que lo cataloga como un “ataque a la democracia”.

Por otro lado, el excandidato presidencial y senador por el estatuto de oposición Iván Cepeda aseguró que estas revelaciones serían para “descalificar el resultado electoral afirmando, sin sustento probatorio, que un funcionario de la DNI habría participado en un supuesto plan de manipulación electoral”, sin embargo, añade que los organismos electorales como la Registraduría han descartado este escenario de intrusión o hackeo en el resultado electoral.

“En la medida en que aumenta la ilegitimidad del gobierno actual y de De la Espriella, también se reproducen las campañas que intentan poner en duda la legalidad de la gran votación que obtuvo el Pacto Histórico y mi candidatura en las elecciones presidenciales”, agregó Cepeda.

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En medio de las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro sobre supuestas entregas de contratos públicos a cambio de servicios sexuales, el Pacto Histórico plantea una nueva ruta para consolidarse de cara a las elecciones de 2027; por eso, varios actores de la colectividad se pronunciaron sobre las acusaciones planteadas sobre su líder natural.

El excandidato presidencial y senador por el estatuto de oposición Iván Cepeda aseguró que tras conocer estos hechos son “las autoridades judiciales y de los organismos de investigación, quienes integramos el Pacto Histórico, tenemos la obligación de asumir nuestra defensa con plena disposición, comparecer ante las autoridades competentes y responder por nuestros actos, siempre con la verdad y con sujeción a la ley”. A su vez, mencionó que el expresidente Petro Urrego está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad, y señala que "esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos".

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Cepeda también advirtió durante un discurso en Valledupar que la izquierda no puede creerse “vacunada” contra las prácticas machistas. Aunque no mencionó a Petro ni a Deicy Jiménez, aseguró que desde su movimiento tiene que atreverse a mirar "sin evasivas, sin justificaciones y sin temor a someterse a una crítica radical: no podemos proclamar la emancipación de los pueblos y mantener, en nuestras propias organizaciones, relaciones de dominación sobre las mujeres".

“Digámoslo sin ninguna ambigüedad o eufemismo: somos una formación política que aún tiene un marcado machismo y patriarcado en su dirección y en todas sus estructuras. Y buena parte de la responsabilidad porque se mantenga esa condición nos corresponde a los compañeros que ejercemos roles y funciones de dirección en el Pacto”, señaló el senador.

Por otro lado, una serie de mujeres que conforman la bancada del Pacto Histórico en el Congreso enviaron un comunicado sobre el hecho, en el que sentaron posición frente a la polémica al mencionar que “toda denuncia merece ser escuchada con respeto” y que las autoridades como la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad de Protección de Víctimas “deben brindar las garantías de acompañamiento y seguridad que requieran”.

A su vez, mantienen una posición de respeto al debido proceso, pues aseguran que “será la justicia la que establezca responsabilidades”. También mencionaron una política interna de consolidación de atención y protocolos de prevención dentro de la colectividad.

Bajo los ojos del ala más leal al exmandatario, lo ven como “una estrategia de demolición” moral contra él y hacia la izquierda; otros consideran que se trata de la vida privada del líder del Pacto Histórico; y hay una tendencia creciente en el seno mismo del partido que sí considera que, de probarse los señalamientos, Petro debe responder.

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En la noche del 8 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella realizó la última de las operaciones de deportación a personas extranjeras que suman una gran cantidad de faltas en Colombia, donde deportó a 33 extranjeros en costa Caribe. Esta se suma a la docena de operaciones realizadas entre Migración y las fuerzas militares que en los últimos tres meses suman más de 1.000 ciudadanos extranjeros expulsados. Hasta el 29 de octubre la cifra era de 812 personas, según la Presidencia; de esta cifra 462 obedecieron a razones de seguridad nacional.

“Hemos expulsado del país a 33 ciudadanos extranjeros que venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena y que acumulaban 152 medidas correctivas por comportamientos como porte de armas blancas, riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a nuestra Fuerza Pública”, señaló el presidente en su último operativo en la Costa Caribe.

El pasado 3 de noviembre, desde el Puente Internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela, De La Espriella aseguró que entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de este año “se realizaron, en todo el territorio nacional, 812 deportaciones y expulsiones de extranjeros. De esos procedimientos, 462 obedecieron a razones de seguridad nacional, de orden público o a requerimientos de autoridades extranjeras y de Interpol”, aseguró. Sin embargo, desde ese día hasta el 8 de noviembre, el mandatario ha compartido siete operaciones que suman de a poco unas 189 deportaciones en las últimas semanas, lo que suma cerca de 1001 deportaciones en tres meses.

Desde el último reporte conjunto del 29 de octubre, se han presentado casos como el del 2 de noviembre, en el que el presidente informó que la Armada encontró a 44 ciudadanos hondureños pescando ilegalmente en aguas de San Andrés, por lo que fueron puestos a disposición de Migración Colombia y expulsados el 1 de noviembre con destino a su país. “Todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados sin dilaciones ni privilegios”, señaló.

Dos días más tarde, en la madrugada del 4 de noviembre, el presidente dijo que había estado toda la noche al frente de la Operación Némesis en Cúcuta, en la que se reportaron 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones.

El 6 de noviembre, De la Espriella anunció la expulsión de 80 extranjeros (74 hombres y seis mujeres) tras una intervención de Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá en 15 localidades de la ciudad. Estos ciudadanos acumulaban más de 1.100 medidas correctivas por faltas como porte de armas, elementos cortopunzantes, consumir, portar, distribuir o comercializar sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad. Aunque las medidas correctivas, no equivalen a condenas penales, incluso solo tres de ellos habían cumplido condenas en Colombia.

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Al cruzar la frontera, diez personas del grupo fueron capturadas por las autoridades venezolanas, pues tenían órdenes de captura vigentes por delitos cometidos en ese país. Las personas fueron enviadas en un vuelo de la Fuerza Aérea hasta Cúcuta, donde fueron entregadas a las autoridades migratorias en el puente internacional Atanasio Girardot. 

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Esta semana iniciarán las mesas técnicas para avanzar en el camino que deberá pasar la ley de ajuste fiscal en las comisiones económicas. El pasado sábado 7 de noviembre, el Gobierno se reunió con varios congresistas de este grupo para construir puentes hacia los cambios que piden los parlamentarios; en ella estuvo el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien deberá iniciar a recorrer los pasillos del Capitolio para lograr que la prioridad del Ejecutivo en el Legislativo tenga un mejor ambiente.

El pasado 7 de noviembre en Barranquilla fue el primer encuentro entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella con los miembros de las comisiones terceras y cuartas encargados de los asuntos económicos del Congreso para conversar sobre la ley de ajuste fiscal, que es la nueva prioridad del Ejecutivo en el Capitolio. Aunque los parlamentarios esperaban contar con la presencia del presidente, este no se presentó en el evento. Sin embargo, se acordó la instalación de mesas técnicas de trabajo para construir consensos sobre la iniciativa que espera ser aprobada este año.

“Hemos quedado en el compromiso de instalar unas mesas de trabajo. El Gobierno está dispuesto a conciliar, sabe que la reforma que radicaron no es el mismo texto que saldrá del Congreso, quieren aumentar la base gravable, ver cómo enfrentar esos COP 71 billones de evasión [...] Esta semana instalaremos mesas técnicas y de concertación para revisar esas líneas rojas que tenemos como congresistas”, dijo el senador por En Marcha Gustavo Moreno al salir del encuentro.

El Espectador conversó con varios de los asistentes a esta reunión y conoció que, pese a la intención de construir consensos del Gobierno, no vieron avances sustanciales en este encuentro, pues solo se presentaron las preocupaciones de los congresistas y las contrapropuestas de los partidos, pero no se avanzó en ningún camino hacia la conciliación, más allá del llamado a mesas técnicas. Además de sentirse decepcionados por la inasistencia del presidente De la Espriella en la sede alterna de su Presidencia.

Por ello, hay expectativa frente a los cambios que podría impulsar el Gobierno Nacional con la llegada del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, en los pasillos del Capitolio, debido a que, según pudo constatar este diario con quienes estuvieron en su presentación en aquella reunión, notaron un tono conciliador al momento de acoger sus inquietudes y propuestas. Esperan conocer a partir de esta semana cuáles serán sus acciones para impulsar la prioridad máxima del Gobierno, además de otros temas de la agenda legislativa como el estatuto antiterrorista y la ley antimermerlada.

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La cita inició sobre las 12 del mediodía en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla; en ella estuvieron presentes varios integrantes de las comisiones económicas del Congreso, como Sara Castellanos (Salvación Nacional), Álvaro Monedero (Partido Liberal), David Barguil (Partido Conservador) o Cristian Garcés (Centro Democrático), por nombrar algunos de los asistentes, aunque no fueron invitados los congresistas opositores al Gobierno que hacen parte de esas comisiones.

“Al Pacto Histórico no lo invitaron a la reunión de Barranquilla; a mí como miembro de las comisiones económicas, no me invitaron a esa reunión a concertar con los demás partidos. Me parece un error de gobierno, pero también es cierto que hubiésemos podido acordar entre el Gobierno y nosotros”, señaló el senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) que integra la comisión tercera.

Por el lado del Gobierno estuvieron presentes el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el jefe de despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez; el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín e incluso la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera y la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie. Aunque se esperaba la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, estos nos asistieron al evento en la capital del Atlántico.

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Tras bambalinas, en medio de los pulsos de poder que se libran en el Congreso, hay un engranaje de funcionamiento que acompaña a cada uno de los 285 legisladores, que compromete, además, millones de recursos que van dirigidos a la conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y que permite entender qué fuerzas se mueven detrás de la influencia de esta rama del poder público. En efecto, son COP 87 millones mensuales que disponen cada uno de los congresistas para conformar sus respectivos equipos con hasta 10 personas de confianza y que se suman a sus COP 55 millones de salario por mes. 

Bajo ese panorama, El Espectador revisó cómo están conformados los 102 equipos que permiten las discusiones de fondo en el Senado y cuál es el origen de algunos rostros que se encuentran ligados a estructuras políticas, más allá de la oficina para la que trabajan. En documentos a los que tuvo acceso este diario se puede constatar la presencia de una amplia red en la participan familiares de políticos, exalcaldes o exfuncionarios que ocuparon algunos de los más importantes cargos en el Estado. 

En la primera entrega realizada por este diario hace cuatro semanas, que se enfocó en cómo se mueve la Cámara, una tendencia clara tenía su origen en dos departamentos: Norte de Santander y Santander; el panorama, para Senado, no es muy diferente. Y es que son varios los lazos que conectan esa región del nororiente colombiano con las oficinas de la cámara alta en el Capitolio. 

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Los apellidos Villamizar –tanto Villamizar Laguado como Villamizar Meneses–, Díaz Mateus, Acevedo y Suárez son los que actualmente mandan la parada en una zona marcada por casas tradicionales de la política nacional. Precisamente, William Villamizar Laguado es quien lleva las riendas de la gobernación de Norte de Santander; ya ha tenido varios pasos por esa oficina y hoy tiene varias fichas ubicadas en el Congreso.

Uno de sus principales alfiles es el senador Wilmer Carrillo (La U), a quien el pasado 9 de octubre la Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, a 8 años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Pese al fallo, Carrillo sigue asistiendo a las sesiones legislativas y se acompaña de un equipo en el que el gobernador nortesantandereano tiene dos cuotas. Cecilia Soler Gómez de Villamizar es la esposa del gobernador y de acuerdo a los documentos conocidos por El Espectador, ocupa el cargo de Asesor 8, el más alto para una UTL, con un salario de COP 26.263.575.

Soler Gómez obtuvo en 2019 un reconocimiento como gestora social por parte de la Cámara y que fue otorgado, precisamente, por Carrillo cuando oficiaba como representante. Pero el lazo se fortalece más con la presencia de Dilmar Villamizar Laguado, hermana del gobernador y quien en su hoja de vida acredita estudios en administración pública. Su cargo dentro de la UTL de Carrillo es Asesor 3 y un salario de COP 17,5 millones mensuales. El congresista fue contactado por este diario, pero no hubo respuesta.

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Pero la conexión con esa Gobernación no se queda en Carrillo. Laura Cristina Cáceres Niño fue Secretaria de Educación de Norte de Santander tanto en el mandato de Silvaro Serrano Guerrero (2020-2023) como en el de William Villamizar Laguado. Dejó su cargo el pasado mes de agosto y llegó a la UTL del senador Luis Alfonso Mejía Núñez (Alianza Verde) con el cargo de Asesor 7 y un salario de COP 24.512.670.

Esa oficina, además, también tiene un vínculo con el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien ha sido relacionado con grupos paramilitares y que afronta una condena de 27 años de prisión por el asesinato del excontralor departamental Alfredo Enrique Flórez Ramírez. En efecto, el equipo de trabajo legislativo del senador Mejía cuenta con la presencia de Pablina Suárez Corzo, hermana del exalcalde con el cargo de Asistente 3. Asimismo aparece Isabel Márquez Rubio, expareja sentimental de Suárez Corzo y exsecretaria de Equidad y Género en la alcaldía de César Rojas, también en Cúcuta. Tampoco se debe dejar de lado que Eimy Suárez, hija del exalcalde, ostenta una curul en la Cámara con el partido Cambio Radical.

Si de Cúcuta se habla, es clave hablar del poder que hoy comanda en esa capital. Jorge Acevedo Peñaloza es el alcalde de esa ciudad y para las legislativas de marzo logró impulsar una maquinaria política que llevó a su esposa, Alix Yirley Vargas, al Senado. Fueron alrededor de 124.000 votos los obtenidos por la ahora senadora con el partido Liberal. Su victoria se acompañó, además, del traslado de varias figuras que trabajaron en esa alcaldía a su UTL.

En primera instancia el nombre de Sandra Milena Zapata Ortega resuena en Cúcuta, pues fue la primera Secretaria del Tesoro en la administración de Acevedo. Zapata Ortega también fue coordinadora del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el mandato de Donamaris Ramírez París. Hoy oficia como Asesor 3 y devenga un salario de 17,5 millones de pesos. También figura William Luengas García, quien con el grado de Asistente 5 y un salario de COP 12,2 millones, viene de trabajar en varias oficinas de la Alcaldía de Cúcuta. En bases de datos públicas aparece la ejecución de cuatro contratos suscritos con esa administración. 

Además, Flor Kandy Katherine Peñaloza y María Camila Reales hicieron parte del equipo de comunicaciones de la Alcaldía y hoy integran la UTL de Yirley Vargas. Peñaloza es Asesor 3 con un salario de COP 15,7 millones y Reales es asistente 3 con COP 8,7 millones de salario. Por último, María del Pilar Vera es asistente 4 en esa misma oficina y viene de haber asesorado al exsenador Jhon Jairo Roldán; él fue congresista por 16 años del Partido Liberal. 

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En cuanto a Santander respecta, el apellido de los Díaz Mateus resuena diariamente. Juvenal Díaz es el gobernador y su hermano, Luis Eduardo, el alfil en el Congreso. El senador lleva las banderas del partido Conservador y en su UTL resalta el nombre de Javier Antonio Rojas, exalcalde de Sucre, Santander; es asistente 2 con un salario de COP 7 millones. 

Pero en esa misma zona de influencia se mueve la familia Villamizar. Esta es la estructura política que en su momento lideró el exsenador Alirio Villamizar y que hoy recae en las espaldas de su hijo, el senador Óscar Leonardo Villamizar Meneses. 

En el equipo del congresista de Centro Democrático resalta el nombre de Sandra Lucía Pachón Moncada, quien fue jefe de la oficina de Gestión Social y Ambiental de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y que, durante su paso por ese cargo, fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría por participación indebida en política buscando favorecer a Fredy Anaya en las regionales del 2023. Tiene el cargo de Asistente 3 y un salario de COP 8,7 millones.

En ese mismo partido, la senadora Zandra Bernal –ya con lazos de influencia en Boyacá– cuenta en su equipo con Jicly Mutis Isaza. Como registró El Espectador, Mutis fue la fórmula a la Cámara que Bernal quiso impulsar en las legislativas del pasado 8 de marzo. Fue alcalde de Puerto Boyacá y diputado por Boyacá. Además, enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en la erosión del río Magdalena durante su administración, del cual señala que su administración no tuvo participación directa en la celebración y ejecución del contrato en discusión jurídica. Mutis Isaza ocupa el cargo de Asesor 5 y devenga un salario alrededor de los COP 12 millones.

También en las filas uribistas aparece Wilmer Garcés Juez en la UTL del senador Alirio Barrera. Fue gerente de Campaña de Marisela Duarte a la Gobernación de Casanare, quien buscó ese cargo con el aval uribista; además, Garcés buscó ser representante por ese departamento e incluso llegó a ostentar el cargo de director departamental del Centro Democrático entre 2024 y 2025.

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La red que se extiende en la izquierda

Referente a otros casos de exfuncionarios se debe señalar 3 nombres que ocupan un lugar en la UTL del senador Ariel Fernando Ávila, de la Alianza Verde. El primero es Victor Jose Paternina Novoa, Asistente grado 4 con un salario de COP 10.505.430. Paternina tiene una amplia experiencia en el sector energético y, de hecho, fue nombrado como viceministro de Energía el 30 de enero de 2026 en el gobierno de Gustavo Petro. Un caso similar ocurre con Indira Cristina Portocarrero Ospina quien fue directora de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el MinMinas. Y finalmente aparece Carlos Eduardo Montoya Cely, Asistente 3 en el equipo de Ávila y que ejerció como director de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Defensa con Pedro Arnulfo Sánchez a la cabeza. Al ser consultado, el senador dijo a este diario que los tres funcionarios "están en mi Utl para asistirme en mi trabajo".

Las redes en ese bloque político de centroizquierda también son amplias. Por ejemplo, el senador Alejandro Ocampo reencauchó en su UTL a Etna Támara Argote, exrepresentante por Bogotá del Pacto Histórico. Argote es asesor 3 en ese equipo con un salario de COP 17,5 millones y, según supo este diario, es parte clave en el Pacto para establecer la línea en políticas económicas de la bancada. También ha liderado varios procesos de demanda contra los comicios electorales de 2026.

En la oficina de Ocampo, que además es segundo vicepresidente del Senado, también figuran Juan Manuel Chicango Castillo, exconcejal de Cali e hijo de la exrepresentante Nancy Denisse Castillo y el exconcejal Orlando Chicango. Además de ese linaje político, Juan Manuel Chicango fue subsecretario de Participación Ciudadana en la administración de Jorge Iván Ospina en Cali. Es asistente 5 con un salario de 12,5 millones de pesos. Asimismo aparece Jairo Alonso Bautista, exdirector de Presupuesto Nacional en el Ministerio de Hacienda con Ricardo Bonilla. Alonso también fue vicepresidente de Sociedades en la SAE entre 2022 y 2023 y trabajó en las UTL de Wilson Borja, del Polo, la Cámara, y de Gustavo Bolívar en el Senado.

El senador Ocampo dijo a este diario que Argote es la coordinadora de su UTL y, además, estructura varios proyectos de ley. En cambio, sobre Alonso lo calificó como ficha fundamental en la articulación de sus propuestas en materia económica. También dijo a El Espectador que ambos nombramientos tienen fundamentos netamente laborales.

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Otras redes que origen regional

En el Eje Cafetero una de las fuerzas políticas de mayor extensión es la de Mauricio Lizcano. El exministro y exsenador tiene algunos alfiles en el Legislativo, siendo el senador Wilder Escobar el de mayor resonancia. El congresista avalado por la Alianza Social Independiente (ASI) tiene en su UTL a David Julián Quintero Garavito, Secretario General de Gente en Movimiento, partido del exministro Lizcano. También figura María José Angelillis Osorio, hija de Diego Angelillis Quiceno, gerente de la Industria Licorera de Caldas. Y finalmente está Alfredo Odacid Valencia Dovale, exalcalde de Samaná e involucrado en el escándalo de “Las Marionetas”.

Consultado por estos funcionarios, Escobar respondió a El Espectador y dijo que Quintero es el coordinador de su UTL y desagregó varias de sus funciones hasta la fecha. Entre ellas se encuentran "la elaboración de proyectos de ley y actos legislativos; la coordinación y elaboración de informes técnicos legislativos sobre los proyectos de ley sometidos a estudio". Por otro lado, de Angelillis dijo que cumple funciones relacionadas con la actividad legislativa y construcción de proyectos de ley, mientras que de Valencia señala que es uno de los encargados de labores en territorio. "Participa de manera activa en el seguimiento, desde la región, de los asuntos de control político que adelanta el despacho", indicó Escobar.

En la UTL de Álvaro Monedero (Liberal) resalta Juan Carlos Abadía Solís. Ocupa el cargo de Asistente 2 y es el hijo del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Ocampo. En la de Álex Flórez (Pacto Histórico) está Juan David Usuga, quien fue nombrado durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín como gerente de Telemedellín. Gana COP 12.256.335 como asistente 5.

Respecto al equipo de María Eugenia Lopera están: Weimar Villa Tobón, exalcalde de Entreríos y que hace parte del bloque político del exsenador Julián Bedoya; y Jenny Andrea Osorio Cataño, esposa del representante por Caldas Octavio Cardona. Osorio Cataño, además, trabajó en la UTL del exsenador Mario Castaño.

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Estas vinculaciones son revisadas por las autoridades administrativas del Congreso y tanto la Dirección Administrativa como la Secretaría General de la corporación validan que los integrantes de los equipos de trabajo cumplan con los requisitos legales y académicos de cada rango. También examinan que todos los relacionados en los equipos de los congresistas sean remunerados con base al presupuesto máximo asignado para cada UTL. Las vinculaciones descritas, en sí mismas, no representan una irregularidad, pues los congresistas están en libertad de conformar su equipo legislativo de la manera que consideren más adecuada.

De acuerdo con la norma, las UTL son las herramientas que permiten “una eficiente labor legislativa” y están detrás de la construcción de los debates de fondo en el Capitolio. Sin embargo, también han sido foco de escándalos por cuenta de expedientes que han tocado a algunos de sus integrantes. 

En todo caso, el rastro que encontró este diario sobre las redes en las UTL de congresistas, las cuales tienen unos filtros legales, sí marcan la influencia política de estos cargos que son clave en la confección de leyes en el país y que inciden en la agenda de los 102 senadores activos. Con el marcado déficit fiscal y los pulsos por falta de recursos en la nación y las complicaciones fiscales que ha denunciado el Congreso, en los pasillos del Capitolio ya rondan propuestas que piden hacer un recorte de hasta el 50 % de los cargos en las Unidades de Trabajo Legislativo y que es evaluada por el Gobierno pero parece no existir voluntad política de todos los espectros que integran este poder.

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En poco más de tres meses en el cargo, el canciller Omar Bula ha sido objeto de alertas que llegaron al despacho del presidente Abelardo de la Espriella por decisiones en materia de política exterior. El Espectador reveló que hay directrices que, desde el cuerpo diplomático que llegó el 7 de agosto, son vistas como de “difícil cumplimiento” e incluso calificadas como “fundamentalistas”. 

Frente a estos ruidos que rondan el Palacio de San Carlos y llegaron directamente a la sede presidencial, este diario consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Específicamente, sobre el proceso de toma de decisiones que llevaron a movimientos como el respaldo a Estados Unidos frente al embargo contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no había ocurrido siquiera en los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque y que fue recibido con sorpresa desde varios niveles.

Conozca aquí el reportaje: Bula enfrenta ruidos en San Carlos: alertas enviadas a Palacio lo llaman “fundamentalista”

Tanto en ese punto, como en la selección de quienes encabezan misiones diplomáticas —algo que también ha sido controversial por la preponderancia que han tenido los nombramientos de la “clase política tradicional”—, la Cancillería fue clara en que el grueso de las decisiones son del jefe de Estado. En esa línea, se ha ratificado que toda determinación que resulte de esa cartera pasa por la aprobación previa de De la Espriella y discutida con el vicepresidente José Manuel Restrepo.

“La coordinación y la articulación han sido robustas. Por ejemplo, previo a la participación en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas (UNGA) y a la reciente Cumbre Iberoamericana, hubo varias reuniones de coordinación, virtuales y presenciales. La conversación es constante. El vicepresidente acompañó la reunión de hace dos semanas con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Cancillería. En Nueva York, además, hubo una gran coordinación con la Misión Permanente de Colombia ante la ONU”, le dijo la Cancillería a El Espectador.

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La comunicación, subraya la cartera, es igual de continua con los jefes de misiones diplomáticas: “Hay un canal abierto que funciona 24/7 entre los embajadores y el canciller y entre las misiones y la Cancillería”. Incluso, frente a quienes llegan como parte de los nombramientos políticos —algunos sin previa experiencia en diplomacia—, insisten en que “todos los embajadores designados completan un proceso de inducción para conocer el funcionamiento en general del ministerio y de su misión” y “se reúnen con el canciller para definir las prioridades de la misión que van a liderar y sus objetivos”.

Cuando este diario preguntó sobre la organización interna del Palacio de San Carlos y su posición frente a la priorización de otros nombramientos diferentes a los de carrera diplomática, la respuesta es que siempre tienen “presente la importancia” de los funcionarios que han salido de la Academia Diplomática. Además, señalan que prevén más cambios internos en el próximo año.

“La Cancillería encontró desafíos como la contratación de la administración anterior (ver Libro Blanco y publicaciones en las redes de Cancillería al respecto). La Secretaría General ha hecho un gran trabajo para organizar la planta y asegurar el correcto funcionamiento del ministerio, teniendo siempre presente la importancia de los funcionarios de carrera diplomática. Siguiendo las políticas de austeridad del gobierno, se espera una reestructuración mayor para el año entrante”, aseveró la cartera.

¿Qué ha dicho el canciller sobre las decisiones que se han tomado en política exterior?

Desde el inicio, el presidente De la Espriella ha sido claro en que su manejo de las relaciones internacionales tendría dos giros clave: reforzar las relaciones con Estados Unidos y reconstruir los lazos con Israel. El canciller ha sido el encargado de sellar esas promesas. 

Con Israel, su visita a ese país para darle apertura a la embajada de Colombia en Jerusalén y sus discursos sobre la nueva relación que entablarían son ejemplos directos de ese compromiso. Además, eso busca concretarse no solo a nivel relacional, también en materia de acuerdos en seguridad, inteligencia y desarrollo comercial. 

En el caso de la decisión de Cuba, el mismo Bula explicó las razones por las cuales terminó tomándose esa determinación. Según dijo, se trata de una instrucción directa del presidente “que refleja la coherencia de [la] política exterior” de este Gobierno.

“Esta decisión histórica expresa una convicción: la defensa de la democracia, de la libertad y de la seguridad nacional debe orientar nuestras actuaciones internacionales”, aseguró el ministro.

Bula se mantiene como una de las figuras con más blindaje dentro del Ejecutivo de De la Espriella. El Espectador supo que es uno de los funcionarios que habla de forma más directa con el mandatario y, si bien esos ruidos en torno a sus decisiones llegaron a la Casa de Nariño —lo que también pasó por las críticas en su contra por sus posturas previas a llegar al cargo contra los demócratas en Estados Unidos—, por el momento no se ha dado un paso que signifique su salida del gabinete.

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Durante la primera semana de noviembre, seis magistrados del Consejo Nacional Electoral realizaron una gira internacional por Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Washington D. C., donde se reunieron con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y la embajadora de Colombia en ese país, María Consuelo Araujo, para discutir temas del tribunal electoral. A su vez, la magistrada Ana Jimena Bautista lidera varios encuentros en territorios apartados para brindar formación y herramientas electorales a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en la elección del 2027.

La misión diplomática fue liderada por el presidente del tribunal Juan Felipe Lemus (Partido de La U), quien estuvo acompañado de otros cinco magistrados, entre los que estuvieron Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), José Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira) y Gersel Pérez (Cambio Radical).

Los togados estuvieron en EE. UU. en medio de las elecciones de medio término de ese país en una labor de observación; además, se reunieron a puerta cerrada con la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, antes de que este dejara ese país para regresar al país.

Además estuvieron en Florida International University en medio de los VI Premios Transparencia Electoral, donde el Consejo Nacional Electoral fue galardonado en la categoría «Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional». Según el tribunal esto es "un reconocimiento que ratifica nuestro compromiso con la transparencia, el escrutinio público y las garantías en la democracia colombiana".

Entre tanto, la magistrada Cielo Rusinque (Pacto Histórico) también viajó a ese país por asuntos personales como ciudadana francesa tras renunciar a su visa americana. Rusinque señaló que pese a renunciar a su visa oficial como "gesto de dignidad y rechazo a una decisión arbitraria contra el Presidente de Colombia. No renuncié a mi derecho a visitar los Estados Unidos ni a los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos".

A su vez, el Consejo Nacional Electoral desarrolla “Mujeres rumbo al poder”, una serie de encuentros territoriales para brindar formación y herramientas electorales a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en llegar a los escenarios de representación y elección popular.

La estrategia liderada por la magistrada Ana Jimena Bautista, comenzó en Tumaco (Nariño) en donde las mujeres reciben orientación sobre reglas electorales, inhabilidades e incompatibilidades, y herramientas para fortalecer su participación de cara a las Elecciones de Autoridades Territoriales de 2027. La iniciativa continuará su rumbo por Cauca, Caquetá, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander y Bolívar, con espacios dirigidos especialmente a lideresas sociales y comunitarias.

“Vamos a desplazarnos a hablar con esas mujeres que no solo quieren ser candidatas, sino que quieren llegar a los cargos de elección, para poderles explicar las reglas electorales, las inhabilidades, las incompatibilidades, para lograr y promover que más mujeres lleguen a esos cargos de poder”, señaló Bautista.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella reajustará su estrategia con Estados Unidos tras la victoria demócrata en el Congreso y será la embajadora María Consuelo Araújo la encargada de acercar a los congresistas en comités clave como el de Asignaciones y el de Exteriores. El canciller Omar Bula ha recibido críticas por su posición sobre la política estadounidense y desde Colombia están viendo cómo lograr un guiño en el Capitolio más allá del respaldo explícito que tienen de Donald Trump.

El nuevo Congreso estadounidense contará con mayorías demócratas en los últimos años del presidente Trump al frente de EE. UU. El Senado tendrá 54 demócratas contra 44 republicanos y dos independientes; en la Cámara de Representantes, los azules llevan la delantera con 254 frente al partido rojo, que ocupará 162 escaños. En esta elección estuvieron en juego 35 escaños del Senado, donde estuvieron en juego curules de aliados de la administración De la Espriella como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, que ahora tendrán menos fuerza en el parlamento estadounidense.

Hay críticas desde diferentes sectores al canciller Omar Bula por posiciones contra los demócratas que se ven como posibilidades de frenar el diálogo entre ambas naciones; sin embargo, la responsabilidad caerá sobre la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, quien tiene una agenda en ese país. De hecho, en la última semana se reunió con empresas productoras de cine y de streaming para articular los productos cinematográficos que podrían crearse en Colombia.

Durante la visita a Barranquilla del secretario de Estado, Marco Rubio, prometió USD 1000 millones para el trabajo de cooperación internacional, pero ese dinero depende del Congreso, especialmente del Comité de Asignaciones. Aunque la relación entre Trump y De la Espriella se encuentra en un buen momento, será una decisión que toma el Legislativo estadounidense.

Vea el análisis completo en La Mesa Redonda:

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Azriel Bibliowicz es sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde recibió la Medalla al Mérito Académico y fue fundador de la Escuela de Cine y Televisión y de la Maestría en Escrituras Creativas. Tiene doctorado de la Universidad de Cornell, Estados Unidos y, como escritor, ha investigado la Biblia, tanto para sus novelas como en el libro de ensayos “La expectativa de lo imposible” (sello editorial Ariel, 2025).


Explíqueme el origen de la Biblia.


La historia de la Biblia tiene que ver con varios momentos en que se escribe y reescribe. Mis fuentes de referencia son las universidades alemanas que, sobre todo en el siglo XIX, investigaron con gran cuidado cómo se fabricó este texto, que no nació de la noche a la mañana. Había unos textos que venían originalmente de Israel. La Biblia hebraica, por ejemplo, se divide en tres momentos que se llaman la Torá (el pentateuco), los Nevi’im (los profetas) y los Ketuvim (los escritos).


En esa tradición, usted fue educado como judío.


Fui educado en esa tradición, pero viviendo en Colombia uno termina leyendo otros evangelios, incluidos los gnósticos, no incluidos en la Biblia.


Se dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es correcto decirlo así?


No. En primer lugar, la Biblia fue escrita por seres humanos. No fue escrita por Dios ni por la mano de Dios. Lo que pasa es que le quitaba legitimidad decir que eran textos anónimos y por lo tanto se les atribuyeron a determinadas figuras que les daban esa legitimidad.


Se refiere a Moisés, para citar uno de los supuestos autores.


Sí. Los primeros cinco libros se dice que son básicamente los libros de Moisés. Los supuestos salmos de David son del rey David. El rey Salomón tiene tres libros que son Proverbios, Eclesiastés y El cantar de los cantares. Se trata de autores míticos, no autores reales del texto. Algunos de los profetas sí lo fueron de verdad. Por ejemplo, Jeremías. Hay casos como las profecías de Isaías que cubren un periodo de 250 años y lógicamente ningún ser humano vive tanto, pero sí fue la escuela de Isaías la que de alguna manera produjo esos textos.


Se escribieron en papiros.


Sí. La Biblia se escribió a partir de rollos que se produjeron en diferentes épocas antes de Cristo. Los primeros cinco rollos es lo que llamamos el Pentateuco. Los doce profetas menores fueron un solo rollo. Los otros profetas, como Jeremías, Ezequiel, Isaías, tuvieron su propio rollo. El Deuteronomio es un libro que se le atribuye a Moisés, pero se descubre en el templo de Jerusalén en el año 600 antes de Cristo, en la época del rey Jeremías y del rey Josías. Entonces fue posterior a Moisés, según han establecido los investigadores.


¿Por qué la historia de la Biblia transita de Israel hasta Persia, hoy Irán?


Se empieza escribiendo en Israel. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade a Israel y a Judea, destruye el templo de Jerusalén, se lleva a los judíos a Persia y van a vivir en Babilonia 50 años. En ese medio siglo es cuando se terminan de recogen los textos de la Biblia y se ensamblan por primera vez.


¿Desde entonces la Biblia se empieza a usar dentro de una política de Estado?


Sí, pero no solamente eso, sino que en ese momento se dividen las historias y las versiones. Aparecen los famosos “dobletes”, fundamentales para entender cómo se escribió la Biblia. Por ejemplo, hay dos versiones de la historia del paraíso, de la historia de Noé y el diluvio, de la historia de Abraham. En uno de los dobletes aparece Dios como Elohim y en el otro aparece como Jehová. Curiosamente, los textos de Elohim fueron escritos en el norte y los textos de Jehová fueron escritos en el sur. Decidieron no unir las historias, sino dejarlas separadas. Es el caso de la historia de Noé; en una aparece con una paloma que es la que cuenta que ya se acabó el diluvio y en la otra es un cuervo. Así los dobletes nos permiten ver que había contradicciones dentro de la misma religión, que ni siquiera en su comienzo fue monolítica, ni tenía una sola verdad.


¿La Biblia empieza usarse para imponer una “verdad” desde la política?


Sí, porque de todas maneras las versiones eran políticas, no había versiones neutras. Cada una tenía su razón de ser. ¿Por qué? Si uno mira lo que fue la historia de Israel a partir de estos textos, buena parte forman parte de Levítico, parte de Números, y todas fueron escritas por sacerdotes con una posición política. Eso nos lleva a pensar por qué solo cuatro evangelios se escogieron como los canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) en el año 325 en Constantinopla, habiendo más de 80 evangelios apócrifos. Fue porque se consideró que no eran importantes, a pesar de que había textos muy interesantes, como el evangelio de Tomás, que citaba a un Jesús más auténtico. Sin embargo, no entró porque era un texto gnóstico. Una muestra de que había política detrás de la escogencia de los evangelios. Por eso la Biblia siempre ha sido un texto político así también sea mitológico. Son historias y fábulas que se han escrito para construir una versión de la historia.


Teniendo en cuenta esa historia, su educación judía y su formación sociológica, ¿qué piensa hoy cuando ve a Colombia con un gobierno que usa la Biblia para reforzar su lema de “Patria milagro”, incluso la reimprime y la reparte con el sello partidista de Defensores de la Patria?


La historia de la Biblia está ligada a los profetas milagreros, porque era la forma de convencer al pueblo de que ellos tenían la palabra de Dios. Por eso insisto en que no se trata de la palabra de Dios, sino de los seres humanos, profetas que se volvieron autores variados dependiendo de la época en que vivieron. Esa vieja tradición empieza con Moisés cuando va a dividir las aguas y lleva una vara que cuando la bota del piso se vuelve una serpiente, pero en un momento los sacerdotes del faraón le dicen que ese truco ya lo conocen y hacen lo mismo. También hay momentos como cuando Marcos anuncia que Jesús va a hacer un milagro y no le sale. Es absolutamente maravilloso, porque los trucos a veces fallan. Como decía el filósofo Baruch Spinoza: los milagros van en contra de la naturaleza. O sea, creer en los milagros es problemático. Y si nosotros en Colombia creemos en que la patria se va a transformar en milagro, entonces la patria milagro va a ser una patria contra natura.


¿El uso milenario de la Biblia ha estado ligado a los trucos de la política?


Claro, en todas las épocas. Para convencer al pueblo hay que crear ciertas visiones. Lo muestra la historia de Moisés: cuando él libera al pueblo, le entrega los diez mandamientos, baja de la montaña y encuentra un becerro de oro. O sea, empezaron de nuevo a alabar al buey. Y claro, él se enfurece porque se echaron para atrás, volvieron a la visión conservadora, que es la que estamos viendo aquí en el país en este momento. En nuestro caso volver a los tiempos de Laureano Gómez.


Precisamente los movimientos políticos cristianos acaban de radicar en el Congreso un proyecto de ley para que el 31 de octubre, el mismo día de Halloween, sea declarado el Día Nacional de la Biblia. ¿Qué opina?


Pues precisamente Halloween es la época de la magia y de las brujas. O sea que me parece perfecto (risas). Es muy cómico porque los magos eran mal vistos en la Biblia y cuando se escribe el evangelio de Mateo y el de Lucas, que aparecen los Reyes Magos, pues no eran reyes, eran magos a los que solo en el medioevo les dieron el título de reyes, porque no eran reconocidos como algo positivo. Eso muestra cómo la lectura de la Biblia va cambiando y va teniendo momentos en los que se le agregan párrafos a los evangelios, para poderlos ajustar a muchas cosas.


¿En el caso de Colombia, volver a ese conservadurismo no es usar la Biblia como arma de fanatismo?


Claro, porque cuando se cree que la Biblia, la Palabra de Dios, tiene la verdad y es una sola verdad, y se vuelve muy peligroso. No olvidemos las guerras terribles generadas por lecturas y formas de entender la Biblia entre protestantes y católicos.


Están en ejercicio una ministra de Educación y una ministra de Cultura cuyo libro de referencia es la Biblia católica y esta semana asumió el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ultracatólico que se ufana de haber quemado Biblias protestantes. ¿Cómo lo analiza?


Me parece que estamos en una época de censuras y eso es evidente con lo que pasó en el Museo Nacional. No buscan entender la historia ni la complejidad de la vida, sino quieren imponer una visión de la realidad que desconoce la pluralidad.


Colombia es un país con libertad de cultos consagrada en la Constitución. ¿Cómo sugiere que una persona se acerque a la Biblia que más le interese?


Creo que la Biblia hay que leerla, por interés religioso y porque reúne historias maravillosas, poéticas y metafóricas.


¿Usted la lee regularmente?


Sí, la he leído y recurro a ella porque de muchas maneras ha influido en la historia de la humanidad.


¿Por qué dicta un seminario sobre la Biblia como texto literario?


Porque es muy importante entender cómo se ensambló la Biblia, cuando se escribió, quiénes fueron sus autores, que son todos prácticamente míticos. A los alumnos les da otra lectura de la Biblia, hace que la veamos desde otra perspectiva, como un texto humano, no tanto un texto divino sino poético. No debemos volver a ella para usarla como una espada para imponer realidades.


¿La Biblia debe ser cuestionada?


Yo creo que sí. Ya antiguamente siempre fue cuestionada por los llamados comentaristas bíblicos. Lutero fue un comentarista bíblico que la cuestionó y generó un rompimiento con la religión establecida. Siempre ha sido discutida, ha tenido que ser interpretada y su interpretación genera diferentes visiones. No hay una sola Biblia.


¿La Biblia se puede leer como un documento que llama a la tolerancia?


Evidentemente, porque no deja de ser un texto que busca la comprensión de los hombres, la convivencia de los seres humanos. Nos dice: no robarás, no matarás, no vas a ofender, no le quitarás la mujer al prójimo. Es un texto ético que no es para imponérselo a todo el mundo. No podemos regresar a la locura de los tiempos de la Inquisición. Hay que moderar un poco el discurso y entender que la Constitución del 91 nos pide que todas las religiones hagan parte del país, que permitamos que la gente tenga cada cual su fe y su visión de la realidad.

En medio de las amenazas en las instalaciones de Noticias Caracol y Caracol Televisión, que llevaron a la evacuación de la sede del Canal Caracol en la noche del 7 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó aumentar la seguridad de Noticias Caracol, RCN y Semana; además, responsabilizó al ELN de estas intimidaciones a medios de comunicación.

“¡No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano! Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, dijo el mandatario en sus redes sociales y pidió que también fuera reforzada la seguridad en la sede de la revista Semana.

La información sobre amenazas fue comunicada por la Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, a diferentes medios y al Gobierno Distrital. Caracol Televisión confirmó que fue informado por las autoridades sobre una presunta intención de grupos ilegales de atentar contra el canal, por lo que adoptó protocolos internos y evacuó preventivamente su sede. La Policía Metropolitana de Bogotá comunicó posteriormente que “al momento no hay evidencia de explosivos” en inmediaciones ni dentro de Caracol Televisión.

Pocas horas después, Caracol Radio señaló que también recibió una advertencia sobre el riesgo de un posible atentado contra su sede en Bogotá y otros medios de comunicación. La emisora del grupo Prisa informó que activó sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades.

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“¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.

El llamado del rechazo a estos hechos lo realizaron también varios parlamentarios, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien manifestó el rechazo a estas amenazas y considera que “en una democracia no hay espacio para que los criminales pretendan imponer el silencio mediante el miedo y la intimidación. Quien amenaza a un periodista atenta contra la democracia. No vamos a permitir que el miedo se imponga en Colombia”.

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Hace pocos días, Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, sorprendió al Consejo de Seguridad de ese organismo cuando afirmó que “el Acuerdo de Paz cuyo título es: ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradera”. Descalificó, así, el pacto de desarme de más de 13 mil guerrilleros de las FARC. ¿Qué opina sobre la posición del Gobierno del mismo Estado que lo suscribió?

Las afirmaciones del embajador, respaldadas por el canciller, son reflejo de la postura crítica del Gobierno frente al Acuerdo de Paz. Esa mirada refleja la polarización que existe al respecto desde 2016, pero que, para quien representa el Estado, es desafortunada y poco estratégica, especialmente si se expresa ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al menos, por tres razones: primero, es el Estado, y no el Gobierno de turno, el que responde en los foros internacionales; segundo, el Ejecutivo confunde la magnitud de los desafíos que Colombia todavía tiene en la consolidación de la paz, olvidando que ningún acuerdo es perfecto; tercero, desdeña su relevancia internacional. El colombiano es el primer pacto celebrado bajo los estándares del Estatuto de Roma por lo que el resto del mundo, incluido el Consejo de Seguridad, lo considera como un laboratorio único en estas materias. Su articulación con las obligaciones derivadas del derecho internacional, ha convertido a Colombia en un referente mundial lo que es un activo diplomático que debería fortalecerse.

Para sustentar la posición del Gobierno en contra del acuerdo, el embajador Gaona aseguró que “Colombia pasó de tener 20 mil 420 hombres de grupos armados ilegales en 2016, a 29.004, en 2026”. Esas cifras, ¿son equiparables sin análisis de contexto?

No. Las cifras que el embajador Gaona ofrece, no son comparables. Se trata de una mirada simplista que parece olvidar que las FARC no eran el único actor armado que existía en el país cuando se firmó el acuerdo. Tampoco se puede decir que el pacto de paz de 2016 fracasó, ni que causó el incremento de las estructuras armadas que han delinquido durante años en el país. El planteamiento del embajador, respaldado por el canciller Bula, desconoce que, en este tipo de procesos, suele suceder que algunos integrantes de las agrupaciones que negocian con el Estado, se niegan a firmar pactos de paz o deciden abandonar el proceso en el camino. De ahí, el surgimiento de las disidencias. Como lo muestran los propios datos del ministerio de Justicia, presentados en la ponencia de la Ley de Sometimiento de este Gobierno, el clan del Golfo – que no tiene nada que ver con el acuerdo -, ha crecido en número de combatientes, y se ha expandido en mayor proporción que las disidencias.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cambio, el embajador no hizo ninguna alusión a los compromisos incumplidos por el Estado con relación a sus promesas contenidas en el acuerdo…

Sobre ese punto que usted menciona, es importante aclarar que no se le puede adjudicar al Acuerdo de Paz el regreso o incremento de la violencia, sino a su falta de implementación suficiente e integral, tal como sucedió en época del gobierno Duque. Cuando el Estado no cumple sus compromisos, como tener presencia permanente en las zonas más afectadas por el conflicto; garantizar la prestación de los servicios básicos y ofrecer oportunidades de desarrollo a los habitantes de las regiones, los actores armados reaparecen para llenar el vacío, y disputarse el control de las comunidades y del territorio.

Del presidente hacia abajo, altos funcionarios gubernamentales han reiterado mensajes contra la validez y permanencia del acuerdo. En cambio, han expresado su intención de, ahora sí “volverlo trizas” a través de la desactivación o eliminación de programas e instituciones del sistema. Entonces, ¿están fomentando las condiciones para que surjan mayores niveles de violencia?

Es posible. No implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); no resolver el problema de la tenencia de tierras o del negocio criminal de las drogas; no trabajar en el desmantelamiento de grupos y estructuras, entre otros compromisos contenidos en el acuerdo, crean condiciones favorables para que los violentos regresen o crezcan debido a que las causas estructurales del conflicto no se solucionan. La Fundación Paz y Reconciliación, PARES, demostró, en su más reciente informe, que la fragmentación de los grupos ilegales, la aparición de nuevas estructuras armadas y el crecimiento en su número de integrantes, tuvieron un aumento sustancial durante el gobierno Duque como consecuencia de la falta de cumplimiento del Acuerdo y, en particular, debido a que el Estado perdió la oportunidad de ocupar, con su presencia institucional, los antiguos territorios dominados por las FARC.

Gaona también soportó la posición del Gobierno con cifras aterradoras. Mencionó centenares de atentados, masacres, homicidios, secuestros, etc., cometidos en estos diez años. Pero, de nuevo, no diferenció hechos, circunstancias o categorías. Por ejemplo, no explicó cuáles y cuántos de esos crímenes fueron cometidos por bandas de delincuencia común. Ese recuento sin datos totales y relativos, ¿da para concluir que “el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”?

La conflictividad y la violencia en Colombia son muchísimo más complejas hoy, que en el pasado. Este fenómeno hace parte de la evolución que la criminalidad ha sufrido aquí, y a nivel mundial. En el presente, existen alianzas criminales transnacionales, participación de grupos armados en negocios lícitos e ilícitos, fragmentación y constante mutación de estructuras armadas ilegales que varían sus formas de operar, y hasta sus intereses. Tales escenarios conducen a una ampliación de repertorios de violencia que no necesariamente guardan relación con el Acuerdo de Paz. En cambio, sí es cierto – y la literatura académica así lo sustenta -, que los niveles de violencia aumentan, de modo habitual, en los periodos siguientes a la firma de un pacto de paz.

¿A qué se debe la manifestación de mayor violencia después de un pacto pacífico entre un Estado y grupos insurgentes?

Se debe a varias razones: el fortalecimiento de quienes no hicieron parte del proceso de negociación; el interés de hacerse con el control de territorios o la disputa por las economías ilícitas que quedaron vacantes tras la desmovilización de quienes firmaron; las represalias contra quienes dejaron las armas o contra las comunidades en donde tenían presencia, o el incumplimiento total o parcial de lo acordado, entre otras circunstancias. En esa medida, Colombia no es la excepción y las cifras de masacres, desplazamientos, secuestros o reclutamientos, han aumentado. Sin embargo, y aún así, no son comparables con aquellas anteriores a la firma del acuerdo y, mucho menos, prueban el fracaso del mismo. Más bien, indican que se requiere redoblar esfuerzos para adelantar su implementación y para articular las políticas de paz y seguridad en lugar de considerar que son excluyentes.

Otro aspecto relevante de la posición oficial, fue la solicitud del embajador Gaona al Consejo de Seguridad de la ONU, de ajustar la Misión de Verificación de ese organismo - que viene supervisando los avances del pacto -, de suspender su vigilancia sobre los desarrollos de la Reforma Rural Integral, acordada en el punto 1 del documento que se firmó. ¿Se vienen consecuencias graves para los campesinos que esperaban justicia distributiva de tierras?

El retiro del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, sobre el monitoreo al cumplimiento de la Reforma Rural Integral, implica la reducción de la capacidad del Consejo de Seguridad de hacerle seguimiento a los desarrollos de ese punto, aunque existan otros mecanismos internacionales que el propio acuerdo prevé. Esa solicitud del Gobierno colombiano, tal vez esté relacionada con su interés de incumplir los compromisos en materia de redistribución y acceso a la tierra, para poder priorizar su uso en la explotación comercial o en la extracción de recursos naturales, como ha sido anunciado de manera reiterada.  

Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas liderada por usted, defendió, en unos escenarios internacionales que usted acaba de visitar, al “campesinado como sujeto de derechos y de especial protección”. Explique, por favor, por qué considera importante que los campesinos cuenten con medidas internacionales de salvaguarda.

En Colombia, el campesinado tiene reconocimiento constitucional como sujeto de derechos y de especial protección. En línea con la declaración de la ONU sobre derechos de los campesinos, ese reconocimiento produjo obligaciones concretas para el Estado, entre otras, la recolección de información estadística, demográfica y socioeconómica sobre estas poblaciones, la destinación específica de presupuesto y el otorgamiento de garantías del cumplimiento de sus derechos. Algunas de estas obligaciones se extienden al Acuerdo de Paz, dado que el campesinado es el sujeto central la Reforma Rural Integral. La participación del Consejo de Derechos Humanos y de misiones de otros países en la observación de estos compromisos que adquirió Colombia, permite monitorear su implementación, y ayudar a definir prioridades de cooperación o de inversión.

¿Cree que la propuesta del ministro de Agricultura (quien ha demostrado ser conflictivo), de eliminar el término “campesino” y sustituirlo por las denominaciones “pequeño empresario del campo” o “productores rurales”, ¿tiene relación con la intención de incumplir la garantía de permanencia y goce efectivo de los derechos de las comunidades rurales? ¿No le da “mala espina”?

La actitud de invisibilizar al campesinado como sujeto político, permite interpretar que la mirada del actual Gobierno sobre la función que se le debe dar a la tierra, es la de explotación con fines comerciales en lugar de su redistribución para garantizar el sustento y otros derechos de la población que, en todo caso, está cobijada internacionalmente como sujeto de especial protección. Esa visión chocaría con la del Acuerdo de Paz que busca resolver la histórica concentración excesiva de la tierra en Colombia, lo que llevaría al incumplimiento de lo pactado.

Casualmente hace unas semanas usted intervino en la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza) y asistió a otras citas de nivel similar en Alemania. ¿Delegados de cuántos países participaron y cuál era el objeto de tales reuniones?

En las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, participan prácticamente todos los países miembros de la ONU. En esta ocasión, nuestro objetivo era dar a conocer los logros de la implementación del Acuerdo, tras diez años de su firma. Y, también intentamos advertir los riesgos que enfrenta en este momento. Sostuvimos reuniones con los delegados de varios Estados y mecanismos de la ONU, como la Oficina del Alto Comisionado para Derechos humanos, las Relatorías Especiales o los Comités de Vigilancia de Tratados, que hacen seguimiento a diversos aspectos del Acuerdo. Manifestaron mucho interés en enterarse de los avances, los pendientes y las dificultades que encara.

Su viaje a Alemania, ¿también se relacionaba con la revisión de avances o problemas del acuerdo?

Sí. En Alemania participamos en dos eventos relacionados con temas de paz: la conmemoración de los diez años del Acuerdo de 2016, en reunión convocada por organizaciones de la sociedad civil; y mi asistencia al Diálogo de Paz de Berlín, un foro de alto nivel que organiza, anualmente, el Consejo asesor para el Gobierno Federal en la Construcción de Paz. Allí discutimos diversos delegados nacionales e internacionales, instituciones, académicos, políticos, actores sociales públicos y privados, sobre las aproximaciones innovadoras para el manejo de conflictos y la construcción de paz en el actual contexto global.

Y, en ese marco, ¿qué se habló, específicamente, del pacto colombiano y de la situación que enfrentará en estos cuatro años del actual Ejecutivo?

Las intervenciones ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos, permitieron advertir los riesgos para el sistema de justicia transicional y la Reforma Rural Integral, sobre todo los que se derivan de los recortes presupuestales. En la presentación del informe que el Relator Especial para Justicia Transicional elaboró sobre el fenómeno del negacionismo que afecta estos procesos, llamamos la atención sobre varios anuncios gubernamentales que han empezado a materializarse en acciones concretas, entre las cuales están el retiro de piezas del Museo Nacional y las intervenciones del canciller y del embajador Gaona. También aprovechamos para apropiar recomendaciones sobre la implementación integral del Acuerdo y sobre el aseguramiento de la financiación que numerosos países le han aportado a Colombia. En el evento del Acuerdo en Berlín, tuve oportunidad de compartir los avances logrados por la JEP. Es importante señalar que la conferencia principal del Diálogo de Paz de Berlín estuvo a cargo del expresidente Santos.

Usted, ¿relacionó, en sus intervenciones, resultados visibles de la JEP, tan fieramente atacada por el Gobierno?

Sí. En materia de justicia transicional visibilizamos la dimensión del trabajo de la JEP respecto de la acreditación de más de 350 mil víctimas y el procesamiento de más de 14 mil comparecientes de las antiguas FARC-EP, la Fuerza Pública, y terceros. Destaqué, también, las dos sentencias de la JEP en que se condena, en la primera, al antiguo Secretariado de esa guerrilla por 21 mil secuestros; y, en la segunda, a 12 integrantes del Ejército, por 135 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Otros resultados que mencionamos, fueron el reconocimiento, por parte de seis antiguos altos mandos de las FARC-EP, de su responsabilidad en el crimen de guerra de reclutamiento forzado de más de 18 mil niños, niñas y adolescentes, así como de los hechos de violencia sexual y reproductiva que ellas y ellos sufrieron. Y - muy importante -, la ubicación y entrega digna, por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), de 648 restos humanos, así como la localización y reencuentro con sus familias, de 464 personas halladas con vida.

El mayor ataque del Ejecutivo contra el acuerdo, se centra en los intentos de sus congresistas y funcionarios, de eliminar o reducir la JEP a su mínima actuación. La campaña de desfinanciación, desprestigio y deslegitimación de esa jurisdicción ¿es grave, según usted lo analiza?

Puede ser grave. Curiosamente, el mismo Gobierno que asegura, ante el Consejo de Seguridad, que no está en contra de la paz sino “en contra de la impunidad”, es el que impulsa los ataques contra la única instancia judicial que les ha ofrecido respuestas, en décadas, a muchas de las víctimas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento o violencia sexual, en el marco del conflicto armado. El recorte de casi $180 mil millones de pesos en el presupuesto para la JEP en 2027; la propuesta de que la Justicia Penal Militar revise las sentencias de condena de la jurisdicción especial, a militares y policías; el intento de eliminar cinco años de su funcionamiento, y la campaña de desinformación y deslegitimación que se adelanta en su contra, buscan debilitar esa jurisdicción e impedir por todos los medios que cumpla con su mandato constitucional.

“Infortunadamente, el Gobierno cerró varias emisoras de paz”

En sus intervenciones en Ginebra y Berlín sobre el Acuerdo de Paz colombiano, usted relacionó cifras positivas sobre su implementación, en contraste con la presentación desfavorable del embajador Gaona ante el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuáles resultados presentó y con cuáles fundamentos?

Compartimos algunos datos respaldados por instituciones públicas o por los informes de seguimiento que periódicamente realiza el Instituto KROC. Dimos ejemplos de avances en el cumplimiento de lo acordado en 2016. Entre otros, estos: 1. Más de 11 mil personas que dejaron las armas, hoy siguen vinculadas al Programa de Reincorporación y tienen acceso a proyectos productivos. 2. Según el DANE, la pobreza multidimensional en los municipios PDET se redujo del 39,8 % al 23,7%, entre 2018 y 2023. 3. Se cumplieron, completos, los trámites legales para reconocer la propiedad de 3,1 millones de hectáreas de tierra. También mencionamos la consolidación de una red de 20 emisoras de paz y la formación a más de 2 mil personas para su operación. Infortunadamente esta red fue intervenida por el Gobierno que desmanteló su programación y cerró varias de las emisoras.

Amarrando la visita

Por estos días que hay ruidos en el Palacio de San Carlos por la forma en que Omar Bula se expresaba antes de ser canciller sobre el Partido Demócrata de Estados Unidos, al punto que se ha ventilado la posibilidad de hacer un relevo en ese cargo, se comenzó a trazar una estrategia diplomática para evitar una cancelación. Para finales de noviembre está previsto que el vicepresidente J. D. Vance visite Colombia y se reúna con el presidente Abelardo de la Espriella, pero como los republicanos perdieron estrepitosamente las elecciones de medio término pues están redefiniendo prioridades. El segundo al mando en la administración de Donald Trump ya reconoció algunos errores cometidos, por lo que le están poniendo más atención a la agenda interna; y es ahí donde el viaje a Bogotá y Barranquilla podría terminar relegado. Desde la Casa de Nariño y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la embajada en Washington, hay muchos movimientos para evitar que se caiga el periplo. 

“Operación espejo”

Al menos una decena de personas del Gobierno, con apoyo del Ministerio de Justicia, estuvieron en las plenarias de Cámara y Senado de comienzos de esta semana exclusivamente verificando que los textos de la ley de sometimiento aprobados en ambas corporaciones fueran idénticos; una suerte de operación espejo. Estos asesores analizaron los contenidos y hasta la puntuación, y mantuvieron diálogo permanente con los ponentes para evitar que se repitiera el error del presupuesto general que –por una diferencia en solo uno de los ítems votados– terminó viciado y expidiéndose por decreto. La estrategia al final sirvió para evitar una discusión más de conciliación y que la norma se sancionara este 4 de noviembre. Se supo, además, que intentarán emularla con la ley de ajuste fiscal para esquivar inconvenientes.

Bajo supervisión

Siguiendo con las estrategias legislativas, hay otra razón que también usa la Casa de Nariño para blindar el debate de la ley de ajuste fiscal. En esta sección se contó que, pese a las promesas de campaña, sí habría nuevos impuestos para tapar el hueco del erario que se abrió en la pasada administración. Y eso se confirmó con el articulado que la semana pasada le entregó el Ejecutivo al Congreso. Pero como varios de esos gravámenes se quedarán sin respaldo de las bancadas oficialistas, que ya alistan proposiciones conjuntas para tumbarlos, habrá necesariamente modificaciones al contenido de la norma. La intención es que las comisiones económicas conjuntas y las plenarias tengan todo armonizado para que –luego de los varios ajustes– no se vicie el proyecto al estilo del presupuesto. 

Primera llamada

El nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, comenzó la semana haciendo empalme para recibir la cartera. Y, en medio de las reuniones que se requieren para un proceso así, se dio una llamada clave. Resulta que el funcionario se comunicó directamente con el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, para consolidar el respaldo de esa colectividad a la agenda del Gobierno en el Congreso. El diálogo se dio en buenos términos y, según fuentes del entorno de los dos, el acuerdo tácito es mantener los puentes para tramitar las diferencias que surjan. La primera ya se hizo pública, pues el uribismo no respalda que haya más impuestos vía ajuste fiscal, por lo que la tarea del nuevo jefe del despacho político es conciliar ese tipo de posiciones con los intereses de la Casa de Nariño. Las conversaciones con las jefaturas de los partidos continuarán.

El magistrado amigo

Aunque en las últimas semanas, sectores de Salvación Nacional y el Centro Democrático han afirmado que los togados de la JEP han tenido posturas contra los militares y en favor de la izquierda, lo cierto es que hay un magistrado auxiliar en esa jurisdicción que viene de las huestes del designado ministro del Interior Alejandro Ordóñez. Se trata de Andrés Balcázar González, quien fue asesor de Ordóñez durante su paso por la Procuraduría. En Google Académico se pueden leer los artículos de Balcázar en los que cuestiona el derecho al aborto y critica severamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. La pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto sus posturas ultraconservadoras podrán incidir en los casos de víctimas de violencia sexual que abortaron o de otras víctimas con orientaciones sexuales diversas que fueron atacadas por las antiguas Farc.

Debate histórico...

En las filas del Pacto Histórico hay revuelo por todo lo que pasa en torno al expresidente Gustavo Petro. Las denuncias en su contra están pasando factura en la cúpula de la colectividad, al punto que poco a poco están llegando voces que piden hacer un cambio en el rol del exmandatario. En efecto, lidera la organización de las elecciones regionales y tira línea sobre quiénes deben ser los candidatos, pero el ruido que lo rodea está comenzando a alejar parte de la militancia, en especial sectores feministas que se habían mantenido firmes en su respaldo hasta este momento. El mensaje ya se le entregó al propio exjefe de Estado, para que sea una suerte de ideólogo y deje lo operativo en otras manos, pero la respuesta oficial no ha llegado, aunque sí ha hecho saber que aceptar algo así es casi que entregar su inocencia. 

Expectantes

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que hace una década supervisa que se cumpla el acuerdo que se firmó con las Farc en 2016, comenzó a operar en este mes de noviembre con las nuevas reglas que surgieron desde el Consejo de Seguridad. Y en sí es que ya no tiene competencia sobre lo relacionado con los temas agrarios. En ese marco, hay expectativa sobre cómo será el diálogo con los voceros en asuntos de paz y seguridad que ha designado el presidente Abelardo de la Espriella, como es el caso de Viviane Morales, quien ahora lidera la Oficina del Comisionado de Paz. Sin embargo, cuando reporteros de este diario consultaron si ya hubo diálogos directos entre estos despachos, el multilateral y el nacional, la respuesta sencilla fue “no”. Ahora bien, la disposición diplomática a que haya vasos comunicantes se mantiene, pero en ambos lados reconocen que, por la diferencia de visión sobre lo que debe pasar con lo pactado en La Habana, la relación puede fluir menos de lo esperado. 

Muy aplicados

En Montería, capital del departamento de Córdoba, están felices con los resultados de las Pruebas Saber 11, porque la ciudad dio un salto histórico del puesto 29 en 2023 al 4.º lugar en 2026 a nivel nacional. Entre los diez mejores colegios oficiales de Colombia, tres son monterianos: las Instituciones Educativas (IE) Kilómetro 12 (3.º lugar), Mercedes Ábrego (5.º) y Antonio Nariño (6.º), superando a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Destaca la IE Kilómetro 12, que, siendo un plantel rural, se consolidó como el mejor colegio de la región Caribe y el tercero de todo el país. Muchos le dan crédito a Hugo Kerguelén García, alcalde de Montería, por atreverse a transformar el modelo educativo local, pues la Alcaldía vinculó a formadores especializados e implementó un programa de experiencias internacionales en países como Inglaterra, España, Corea y Japón para los mejores estudiantes.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ 

Cerraron la biblioteca de la Cancillería. Por eso Omar Bula Escobar está en Capilla.

……..

Están desapareciendo a nuestros lingüistas. Primero fue Caro y Cuervo y ahora Marco Fidel Suárez.

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Pero Suárez, el bueno.

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Tanta fue la palera a Trump que el partido republicado ya no es rojo sino Rubio.

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El presidente del Paraguay quedó des… bancado.

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Que a nuestro nuevo embajador en Londres no lo reciban con frambuesas.

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En el petrismo hay crisis. Son víctimas de un coito circuito.

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En el último mes, de los tres que lleva el presidente Abelardo de la Espriella liderando la Casa de Nariño, han llegado alertas desde la Cancillería sobre movimientos que se han dado en materia de política exterior. Algunas de las directrices son catalogadas por parte del cuerpo diplomático como “fundamentalistas” y de “difícil cumplimiento”, por lo que han pedido la intervención directa del jefe de Estado. Omar Bula, quien lidera esa cartera, es hoy por hoy uno de los integrantes del gabinete que tiene más interlocución con el mandatario y está cumpliendo con las promesas que se delinearon desde la campaña. Entonces, ¿por qué el ruido?

Aunque llegó con un bajo perfil político al Gobierno, pronto se posicionó de puertas para afuera como uno de los más férreos defensores del Israel de Benjamin Netanyahu y hace menos de dos semanas fue el artífice de uno de los giros diplomáticos más fuertes en al menos tres décadas: Colombia, por primera vez en la historia, votó en Naciones Unidas para respaldar a Estados Unidos frente a su embargo contra Cuba.

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El peso de Bula en el gabinete es tal, que se mantiene como una de las figuras con más blindaje. Y en los últimos días esto se reafirmó. El 4 de noviembre, cuando el Partido Demócrata recuperó las mayorías en el Congreso “gringo”, se revivieron los trinos del canciller contra figuras del ala progresista estadounidense y, aunque son de meses antes de su posesión, eso y otras de sus decisiones actuales llevaron a que se ventilara la posibilidad de su salida. A pesar de que la controversia escaló hasta Palacio, ese paso no se ha dado.

A diferencia de Rodrigo Lara, hoy exministro del Interior, el jefe de la cartera de Exteriores no tiene una pelea directa con ninguno de los funcionarios y consejeros de más alto nivel en el Ejecutivo. Incluso, hay quienes lo sitúan entre los favorecidos por Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y otro de los hombres que le habla al oído al mandatario. 

Todo esto es lo que fuentes del más alto nivel de la diplomacia colombiana, que llegaron con el gobierno De la Espriella, e incluso de algunas delegaciones internacionales, lo califican como una suerte de “plegamiento” hacia el poder político que se maneja desde Washington y desde Jerusalén. El retiro de Colombia de la denuncia de Sudáfrica por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el uso de un avión colombiano para trasladar tropas salvadoreñas hacia Haití hacen parte de ese menú de polémicas por las que se han despertado inquietudes en el Palacio de San Carlos. No obstante, este tipo de decisiones para movilizar aeronaves militares son del resorte del Ministerio de Defensa, con autorización directa de la Casa de Nariño, en las que la Cancillería cumple un papel operativo. 

Ahora bien, este tipo de pasos no se dan sin previa aprobación del jefe de Estado, aunque algunas de ellas no se habían visto siquiera en los gobiernos de Álvaro Uribe o Iván Duque. En esas dos administraciones no se llegó a avalar la presión económica sobre La Habana, ni tampoco a reconocer los Altos del Golán como territorio soberano israelí. 

“La extrema coherencia de la política exterior de la Patria Milagro se demuestra con hechos. Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y bajo el liderazgo del canciller Omar Bula, Colombia votó en la Asamblea General de la ONU en contra de la resolución que pide poner fin al supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba. Esta decisión histórica expresa una convicción: la defensa de la democracia, de la libertad y de la seguridad nacional debe orientar nuestras actuaciones internacionales”, se lee en un reciente comunicado de la Cancillería. 

Esta resolución siempre ha tenido un apoyo inequívoco de las mayorías en la ONU y la votación de este año también mostró eso, aunque con un respaldo menor que en años anteriores. El pasado 28 de octubre, el resultado fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Pero el movimiento de Colombia, que se ubicó en el segundo grupo, sí fue recibido con sorpresa.

Fuentes diplomáticas que conocieron de los movimientos que se dieron en Nueva York en los días previos a esa sesión le dijeron a El Espectador que el Despacho Oval de Donald Trump recibió esto como un “gesto simbólico”. También confirmaron que hubo reuniones con varias delegaciones, entre ellas la de Bogotá, para buscar ese respaldo. Y allí fue donde Colombia dijo que sí, aunque ese tipo de decisiones suelen ser el resultado de negociaciones estratégicas para cada Estado; al parecer, esto último faltó, lo cual han esbozado funcionarios colombianos que saben de los pormenores de estas dinámicas. 

Si bien varios de estos pasos los prometió De la Espriella en campaña, luego de posesionarse hubo matices. Antes de las votaciones, decía que Colombia debería salirse de organismos multilaterales como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), pero allí nombró a sus primeros delegados en el exterior. A la primera llegó el abogado Mauricio Gaona y, a la segunda, Alejandro Ordóñez, quien es hoy ministro del Interior y parte del círculo duro en el que también está Bula.

En esa recapitulación del diálogo bilateral con Israel, el actual canciller ha sido protagonista. Lo cual también ha recibido gestos de reciprocidad: Gideon Sa’ar, jefe de la diplomacia israelí, vino a la posesión de De la Espriella y luego fue el mismo ministro colombiano el que aterrizó en Jerusalén para mover la embajada a esa ciudad. Esto solo lo han hecho 11 países y el primero fue Estados Unidos.

Funcionarios de la Cancillería que llegaron después del 7 de agosto ven las movidas de Bula como un “posible aislamiento”, especialmente en el tema diplomático, cuyo principio de partida es la negociación. El Espectador conoció que posiciones como la que se tomó frente a Cuba e incluso algunos nombramientos en embajadas generan resistencia, así se terminen ejecutando. Este diario consultó a delegados del equipo del canciller sobre estas polémicas y, de entrada, ratificaron que el grueso de las decisiones son del jefe de Estado.

Y aquí se conecta lo que está pasando con otro sector del servicio exterior. Como lo ha documentado este diario durante las últimas tres semanas, en los embajadores que hasta ahora ha nombrado De la Espriella ha tenido preponderancia la “clase política tradicional”. Todo esto, pese a que él ha dicho en sus redes que se deberían “priorizar” las designaciones de quienes provienen de la Academia Diplomática y anunció una “convocatoria” que no fue bien vista por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y que resultó en cinco designaciones desde la carrera.

"La convocatoria actual (...) se basa en criterios generales y de amplia interpretación, sin puntajes ni ponderaciones. (...) Por lo anterior, hacemos un llamado cordial a nuestros colegas de la Carrera Diplomática y Consular a que consideren abstenerse de postularse para asumir la jefatura de misión en esas tres embajadas, no solo porque responderían a un procedimiento ajeno al estatuto de la Carrera, por cuya integridad y debida reglamentación debemos velar, sino también por el espíritu de cuerpo, la solidaridad y el respeto que nos debemos entre colegas y particularmente a quienes hoy ocupan dichos cargos", se lee en un comunicado de esa organización.

El último que se conoció fue el de Amaury García Burgos, quien llegará a ocupar la embajada de Colombia en Uruguay. Se trata de un médico ginecólogo, exsuperintendente sancionado y destituido por la Procuraduría y, además, hermano de la exsenadora cordobesa Nora García Burgos y tío del congresista conservador Marcos Daniel Pineda. Su aterrizaje en Montevideo implica la salida del embajador de carrera Francisco Coy.

Lo mismo pasó con otras figuras como los embajadores designados en España (el exsenador uribista Carlos Felipe Mejía), Francia (el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini), Italia (Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda), Inglaterra (Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay), Perú (el coronel en retiro Luis Ernesto Plazas Vega) y Australia (Gregorio Duque, hermano del expresidente Iván Duque). Algunos de estos beneplácitos están pendientes, como el que no ha dado Madrid frente a un militante de Defensores de la Patria que ha criticado directamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Ha habido más o menos 10 embajadores de carrera que han sido removidos de su cargo y reemplazados por nombramientos políticos. Es un mensaje desacertado por varias razones. Lo primero es porque desconoce el mérito y la trayectoria. (...) Surgen dudas en cuanto a la austeridad, porque cada movimiento implica traslados y viáticos. Entonces, si estamos en un contexto de austeridad, lo que tiene más sentido es que los usuarios de carrera permanezcan en los cargos que están y si se van a hacer nombramientos políticos, que se hagan en vacantes, no los que estén ocupados, porque eso implica un costo doble: mover al funcionario de carrera y que llegue el funcionario político”, le dijo a El Espectador Andrés Ordóñez, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), uno de los sindicatos de la Cancillería.

El gobierno de Gustavo Petro —que recibió numerosas críticas por este mismo tema y que, además, redujo los requisitos para llegar a estos cargos— finalizó con un balance de un 35% de embajadores de carrera y un 65 % de embajadores políticos. Por ley, el servicio exterior colombiano debe contar con al menos un 20 % de designaciones de las cohortes de la Academia Diplomática, pero en los mismos sindicatos aseguran que esto está en riesgo por los movimientos que ha revelado este diario.

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“Todos los embajadores designados completan un proceso de inducción en la Cancillería para conocer el funcionamiento en general del Ministerio y de su misión. Todos se reúnen con el Canciller para definir las prioridades de la misión que van a liderar y sus objetivos. Aquí también la comunicación es constante y hay un canal abierto que funciona 24/7 entre los embajadores y el canciller y entre las misiones y la Cancillería”, respondió el Ministerio de Exteriores a El Espectador sobre este tema. Sobre ese punto, también se agregó: “La Secretaría General ha hecho un gran trabajo para organizar la planta y asegurar el correcto funcionamiento del ministerio, teniendo siempre presente la importancia de los funcionarios de carrera diplomática. Siguiendo las políticas de austeridad del gobierno, se espera una reestructuración mayor para el año entrante”.

Los recambios no son únicamente en los más altos niveles, pues también tocan consulados clave, como los de Estados Unidos y España, a donde ya llegaron figuras cercanas al proyecto de De la Espriella. Si bien eso es tradición en todos los gobiernos apenas asumen el poder, la expectativa es si se cumplen las directrices de priorizar la carrera diplomática. Además, en los últimos días el presidente empoderó a su canciller para permitir que sobre él recayeran esas decisiones. 

Con el decreto 1610 de 2026, el mandatario delegó en Bula la función de “designar, trasladar y reubicar, incluyendo las relacionadas con comisiones para situaciones especiales, en las categorías de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y ministro plenipotenciario, cuando recaen en funcionarios de carrera diplomática, salvo que el nombramiento conlleve la asignación de funciones consulares”. También lo empoderó para “ejecutar las sanciones disciplinarias emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Quien ha ayudado a construir puentes en los más altos niveles es el vicepresidente José Manuel Restrepo. Hoy, el segundo al mando del gobierno De la Espriella es visto como el “mediador” en el mismo Ejecutivo, la cara más visible del país en las visitas al exterior y quien tiene “mucho respeto por todos lados”. Esto se lo reconocen en Washington, en Madrid y, entre otras capitales, en Lima.

“La coordinación y la articulación han sido robustas. Por ejemplo, previo a la participación en la Semana de Alto de Nivel de las Naciones Unidas (UNGA), y a la reciente Cumbre Iberoamericana, hubo varias reuniones de coordinación, virtuales y presenciales. La conversación es constante. El vicepresidente acompañó la reunión de hace dos semanas con el Secretario General de la OEA, en Cancillería. En Nueva York, además, hubo una gran coordinación con la Misión Permanente de Colombia ante la ONU”, respondió el Minexteriores sobre este ítem.

Incluso, en el diálogo con Estados Unidos es uno de los voceros principales que ha ayudado a generar confianza. Ese papel también se lo reconocen a la embajadora María Consuelo Araújo, quien aseguran ha hecho un “excelente trabajo” para entablar un diálogo bipartidista. Desde el momento en el que las encuestas comenzaron a inclinarse hacia una victoria del Partido Demócrata, la jefa de la misión diplomática en la capital estadounidense comenzó a tocar puertas para acercar a esos sectores que, además, tienen injerencia en decisiones en torno a Colombia. Entre ellas, el desembolso de los USD 1.000 millones en ayudas de seguridad e impulso al desarrollo prometidas por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Previamente, el apoyo de De la Espriella a la representante republicana María Elvira Salazar había despertado críticas por una injerencia en los comicios que tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre. Ese “desaire” se trató de suavizar con la llamada que mantuvieron el presidente y el congresista demócrata Gregory Meeks, otro nombre clave por ser parte del comité que decide sobre el presupuesto que se podrá enviar a Colombia desde las arcas estadounidenses. Ese mismo legislador le pide al mandatario colombiano que hable con su ministro de Exteriores y lo “corrija” frente a las posiciones que esbozó contra los demócratas. En todo caso, no han vuelto a ser repetidas públicamente desde que asumió ese cargo.

Lo que sí le han reconocido funcionarios actuales y la propia Casa de Nariño fue el giro que se dio para atender el tema de los pasaportes. Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió temporalmente el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, la Cancillería avanzó rápidamente en la declaración de una urgencia manifiesta (tasada en COP 240.000 millones) para garantizar el servicio: Thomas Greg se la quedó. Además, entró a suavizar el golpe a la relación bilateral con el país encargado de asumir la expedición de las libretas, por lo que este jueves hubo una reunión con su homólogo portugués, Paulo Rangel, para abordar la controversia diplomática y administrativa.

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Pero no son menores tampoco los cuestionamientos que rodean la hoja de vida del mismo Bula. Casa Macondo habló de posibles inconsistencias en la hoja de vida del canciller, que pasan por falta de precisión en los títulos de un técnico en Negociación Estratégica Sector Público en la John F. Kennedy School of Government y una especialización en Administración Estratégica de Negocios de la escuela de negocios de la Universidad George Washington (GWU). Incluso, en la falta de un diploma que certifique que se graduó de la carrera de Economía en la Universidad de Lovaina. El ministro no se ha referido a este tema.

En todo caso, Omar Nicolás Bula Escobar es uno de los funcionarios más poderosos del gabinete De la Espriella. Su línea “fundamentalista” —como la califican algunos de sus subordinados— es conocida por el presidente desde antes de su posesión. Fue una de las partes clave para llegar a ese cargo en un gobierno que ha hablado ampliamente de la “batalla cultural” y de líneas rojas contra lo que llaman “wokismo”. Más allá de eso, mantiene una línea directa de comunicación con el mandatario, quien ha avalado sus posiciones y ha dado líneas claras frente a lo que espera del papel de Colombia en el mundo. En todo caso, el ruido sobre un posible cambio aún se escucha en los pasillos de la Casa de Nariño y del Palacio de San Carlos.

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Este sábado 7 de noviembre en Barranquilla fue el primer encuentro entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella con los miembros de las comisiones terceras y cuartas encargados de los asuntos económicos del Congreso para conversar sobre la ley de ajuste fiscal, que es la nueva prioridad del Ejecutivo en el Capitolio. Aunque los parlamentarios esperaban contar con la presencia del presidente, este no se presentó en el evento.

La reunión inició sobre las 12 del mediodía en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, en ella estuvieron presentes varios integrantes de las comisiones económicas del Congreso, como Sara Castellanos (Salvación Nacional), Álvaro Monedero (Partido Liberal), David Barguil (Partido Conservador), Cristian Garcés (Centro Democrático), por nombrar algunos de los asistentes, aunque no fueron invitados los congresistas opositores al Gobierno que hacen parte de esas comisiones, como Andrea Vargas o María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico.

Por el lado del Gobierno estuvieron presentes el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el jefe de despacho de la Presidencia, Nicolás Gómez; el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín e incluso la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera y la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie. Aunque se esperaba la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, estos nos asistieron al evento en la capital del Atlántico.

En el espacio, el Gobierno presentó ante los parlamentarios los puntos claves de su ley de ajuste fiscal que ha sido cuestionada en el Congreso por su alta carga impositiva. Al punto de que el Centro Democrático llevó una reforma alternativa en cabeza del presidente del Senado, Honorio Henríquez, con un mayor recorte estatal y menos impuestos. La propuesta plantea pasar de 18 ministerios a seis, reestructurar o eliminar 48 entidades y cuestiona el poner impuestos sobre internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola o fertilizantes.

Esta es la propuesta: Centro Democrático propone ley fiscal alternativa con menos impuestos y más recortes

Entre sus banderas están revisar los impuestos a empresas y personas naturales, proteger los beneficios tributarios e incentivos más atractivos para que deudores de la DIAN y la UGPP se pongan al día, una medida que generaría entre COP 10 y COP 15 billones adicionales. Además de considerar la venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación y ofrecer mayores garantías para promover la inversión privada. Y simplificar el sistema tributario, eliminar o reducir impuestos y acelerar la inversión privada productiva, con mecanismos alternativos de financiación para las finanzas públicas.

Según pudo conocer El Espectador, tras la presentación de la ley de ajuste fiscal y los puntos de la contrarreforma del Centro Democrático, en la reunión varios congresistas presentaron cambios que consideran claves al momento de impulsar esta iniciativa en el Congreso, justo en pleno año electoral.

Este evento que terminó sobre las cinco de la tarde también fue la presentación oficial del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ante una serie de congresistas que serán cruciales en la prioridad número uno del Gobierno ante el Congreso, al punto de querer convocar sesiones extraordinarias en diciembre para aprobarla este año, para aprobarla a como dé lugar. El nuevo habitante de La Giralda ya había iniciado las llamadas con las bancadas de Gobierno para tantear la relación que dejó Lara con estas.

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Previo a la reunión entre las comisiones económicas y miembros del Gobierno este sábado, la bancada del Centro Democrático junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez desarrolló una alternativa a la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno, al cual pretende llevar a esta discusión para replantear el proyecto más ambicioso de esta administración.

"Trabajamos un borrador de discusión de la ley de rescate de la economía, basado en las opiniones de nuestros congresistas, de expertos, gremios y sectores sociales. Mañana la publicaremos y será llevada a reunión con el Gobierno", mencionó el exmandatario en su cuenta de X.

Entre sus banderas están revisar los impuestos a empresas y personas naturales, proteger los beneficios tributarios e incentivos más atractivos para que deudores de la DIAN y la UGPP se pongan al día, una medida que generaría entre COP 10 y COP 15 billones adicionales. Además de considerar la venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación y ofrecer mayores garantías para promover la inversión privada. Y simplificar el sistema tributario, eliminar o reducir impuestos y acelerar la inversión privada productiva, con mecanismos alternativos de financiación para las finanzas públicas.

También abre una puerta para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto al proponer crear un fondo de créditos a 30 años para propietarios afectados y establecer tarifas diferenciales que faciliten la recuperación del empleo. Este nuevo proyecto se creó en medio de la reunión de bancada del pasado 5 de noviembre, y contó con asesores económicos del partido como el tributarista Santiago Pardo, el economista Santiago Montenegro, el exdirector de la Dian en el Gobierno de Iván Duque, Lisandro Junco y el exministro de Uribe condenado por el caso de AgroIngreso Seguro, Andrés Felipe Arias.

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El documento también tiene inquietudes por nuevos gravámenes que afectarían a los hogares, entre ellos está un preocupación por el aumento del IVA a productos y servicios esenciales como "internet para estratos 1, 2 y 3; el café; los seguros de salud; el turismo; maquinaria agrícola; fertilizantes y plataformas de inteligencia artificial". Pusieron además una advertencia sobre el impacto de nuevos impuestos a los productos de consumo popular, que podría afectar a las tiendas de barrios. Piden revisar los impuestos a empresas y personas naturales, proteger los beneficios tributarios y evitar que los nuevos gravámenes desestimulen el ahorro y la inversión.

También abren la puerta a un recorte del Estado más fuerte al reestructurar 48 entidades estales con el fin de ahorrar COP 20,4 billones de pesos. Entre ellas estaría la eliminación de la Agencia Nacional de Tierras, el traspaso de la Supersalud al ministerio de Salud, la tercerización de la Defensa Jurídica, el paso de las funciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo al ministerio del Interior, entre otros cambios. En la misma línea estaría el reducir de 18 a 6 ministerios, lo que en sus cuentas permitiría ahorrar COP 6 billones.

A su vez, enviaron un mensaje al Gobierno y al Congreso para convocar a “la clase empresarial del país para proponerle una reducción real de los impuestos a cambio de que los propios empresarios suscriban por 5 años un bono forzoso del 20% de sus utilidades anuales, a tasa comercial, que sea negociable en el mercado, a 10 о 20 años, con el cual se reemplacen los recaudos que se pierden inicialmente mientras el país comienza a crecer a tasas superiores al 5%”.

El encuentro en el que plantea presentarla inició sobre el mediodía en la capital del Atlántico y fue citado por asesores de Palacio, en el que también se espera estén Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Miguel Gómez, ministro de Hacienda, y varios asesores de la Casa de Nariño para explicar las dudas a los parlamentarios.

Este mismo encuentro es la presentación oficial del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ante una serie de congresistas que serán cruciales en la prioridad número uno del Gobierno ante el Congreso, al punto de querer convocar sesiones extraordinarias en diciembre para aprobarla este año, para aprobarla a como dé lugar.

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El canciller Omar Bula explicó a fondo las decisiones que tomó Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a dos temas claves de la nación como el voto en contra del embargo sobre Cuba, así como a la renovación de la misión de verificación de este organismo para el acuerdo de paz firmado en 2016 hasta octubre de 2027, excluyendo la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral.

La primera de las decisiones fue tomada el pasado 26 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, un apoyo que se redujo, pues Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la administración de Donald Trump. Colombia votó a favor en 2025, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año.

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Frente a esta elección, el canciller Bula señaló que esta decisión vino por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, pues cree que esta decisión refleja “la coherencia de nuestra política exterior, creemos que la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional deben orientar siempre la actuación internacional y este es el caso [...] donde Colombia votó en contra de la resolución que solicitaba el supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba”.

Añadió que seguirán fortaleciendo alianzas estratégicas y manteniendo posiciones “claras y puntuales frente a los desafíos que enfrenta nuestra región, como los que presentan las dictaduras narcoterroristas”.

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la renovación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz que irá hasta octubre de 2027. Aunque la votación, que tuvo 15 votos a favor, también excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización. La solicitud se había presentado en el último encuentro del Consejo por petición del gobierno de Abelardo de la Espriella, argumentando que ese punto supera las capacidades de la Misión y trasciende a la política de Estado.

“Como solicitó el gobierno hace unas semanas, la implementación de la reforma rural integral continuará bajo responsabilidad de las instituciones permanentes del Estado colombiano. Porque el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, de la infraestructura rural y las oportunidades de nuestros campesinos son tareas de largo plazo que corresponderán siempre al Estado”, señaló Bula.

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“En Colombia también es difícil para los jóvenes construir un futuro”, fue la primera frase que le dijo María Alejandra Cerquera, quien comparte las preocupaciones de la juventud europea que sale a las calles a manifestarse. A sus 21 años, estudia Economía en la Universidad Nacional de Colombia —la pública más grande del país—, cuestiona la dificultad para acceder a educación universitaria e incluso las barreras que le impiden tener un empleo digno a su edad. 

Cerquera comparte su apartamento en el sector de San Felipe con su pareja, Santiago Gómez, quien pese a ser un año mayor que ella y estudiar Informática, una carrera completamente distinta en la misma universidad, lo desvela sus mismos problemas, pero ve con esperanza las manifestaciones a nivel global donde los jóvenes exigen cambios, aunque abre la puerta a nuevos problemas: “Aquí vivimos en una sociedad cada vez más individualista”, señala.

Por eso cree que un problema que no está tan presente en la esfera pública es la salud mental. “Muchos jóvenes se sienten solos, ansiosos y sin esperanza frente al futuro”, advierte. A esto le suman la precariedad laboral y la inseguridad en su ciudad: “Incluso con un título universitario, es difícil encontrar un empleo estable y bien remunerado”, lamenta.

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Esta preocupación es un espejo que se observa al otro lado del Atlántico. De Francia a Italia, pasando por Serbia y Alemania, las movilizaciones juveniles reflejan un descontento que trasciende las fronteras, aunque las reivindicaciones varían de un país a otro.

Preocupaciones más allá de la economía

Las cifras reflejan estas inquietudes. Según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, presentado en enero de este año y realizado por Cifras & Conceptos, la London School of Economics y varias fundaciones colombianas, entre las principales preocupaciones de los jóvenes colombianos figuran el acceso a los servicios de salud (51 %), la inseguridad (49 %), la falta de empleo (44 %) y la educación superior (21 %).

La investigación, realizada a partir de 3.221 encuestas a personas de entre 18 y 32 años en 46 municipios del país, también revela un descontento político: el 32 % de los jóvenes consultados afirma estar poco satisfecho con el funcionamiento de la democracia colombiana.

“Las decisiones políticas tienen consecuencias en nuestra vida cotidiana. Pero a veces siento que los políticos hablan mucho y hacen poco para mejorar nuestra situación”, comentó Cerquera. En la misma línea va Gómez, pues asegura que justo en un año electoral: “los políticos hablan de oportunidades, pero en la práctica es difícil encontrar trabajo y ganar lo suficiente para vivir de manera independiente”.

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Esto ocurre en un momento donde, según la misma encuesta, la favorabilidad de las instituciones colombianas se encontraba en niveles inferiores al 50 %. Solo la Presidencia de Colombia tiene una aprobación del 49 %, el Congreso un 38 % y los partidos políticos, el 28 %. 

Una fuente de inspiración para algunos congresistas

En el Congreso de Colombia, las movilizaciones en tierras europeas no pasan desapercibidas. Así lo señaló la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, quien dijo: “la juventud está globalmente preocupada por asuntos como el costo de vida, como el acceso al derecho a la educación, como el empleo formal”. La parlamentaria proviene de las canteras del movimiento estudiantil que marcaron las protestas de los años 2018, 2019 y 2021. 

Según Pedraza, la falta de empleo digno es una de las principales causas del descontento juvenil. La congresista advierte sobre la fuga de talento colombiano hacia el extranjero, incluso entre quienes cuentan con títulos universitarios. “Jóvenes migrando regular e irregularmente, incluso jóvenes con títulos profesionales, porque no consiguen un trabajo digno que les permita tener un nivel de vida básico”, explica.

También expresa su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, especialmente en el sector de servicios y en los call centers —puestos de trabajos ocupados en un 86 % por jóvenes según la Asociación Colombiana de Tercerización de Procesos—, cuyos roles podrían verse afectados por la automatización.

Sin embargo, en la otra orilla ideológica ven estas protestas con preocupación. Carol Borda, representante a la Cámara por Bogotá e integrante del partido Salvación Nacional, ve en ellas una señal de advertencia. “Si no tomamos medidas ya, vamos a llegar a ese tipo de caso”, afirma, al referirse a los riesgos de violencia y alteraciones del orden público en Europa.

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La congresista es ponente del proyecto de ley “anticapuchos” que pretende ponerle reglas y sanciones al ocultar la identidad durante manifestaciones, y defiende desde su partido el derecho a la protesta: “La manifestación es un derecho, una forma legítima de expresar posturas políticas. Y creo que hay que protegerla”. Sin embargo, insiste en la necesidad de regular las manifestaciones para prevenir actos de violencia y vandalismo. Pedraza, por su parte, también insiste en la importancia de evitar la infiltración de grupos violentos en manifestaciones; por eso cree que “la protesta debe ser pacífica”.  

Las protestas en Europa tocan la puerta de América Latina en un momento donde la mayoría de gobiernos giran hacia la derecha y viejos fantasmas como el estallido social de 2021 en Colombia aparecen en el pensamiento colectivo nacional, cuando la oposición convoca a nuevas marchas en contra de las medidas del presidente Abelardo de la Espriella. 

Especialmente con la llegada de un decreto que le pone reglas claras a la movilización social y una nueva ley fiscal con un alto componente tributario que, según varios sectores, podría afectar a la clase media. Un cóctel que ya se vio en la administración de Iván Duque, donde una tributaria y un aumento en el uso de la fuerza pública calentaron el ambiente para las jornadas de movilizaciones de inicio de la década.  

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“Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente”, fue la frase del jefe de Estado Abelardo de la Espriella tras conocerse las amenazas en contra del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, luego de realizar una serie de denuncias en la Comisión Segunda del Senado sobre presuntas irregularidades contractuales que se dieron durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado aseguró que “Carlos Ríos cuenta con toda mi solidaridad, mi respaldo y mi compromiso de garantizar su protección y la de toda su familia”. Y se une a las acciones del Ejecutivo por fortalecer la seguridad del director luego de conocerse estos hechos, además del respaldo a la Fiscalía para que la investigación avance.

“El régimen que derrotamos tiene mucho que explicar ante los colombianos. Las denuncias que Carlos Ríos está haciendo sobre corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles deben investigarse hasta las últimas consecuencias”, agregó el presidente luego de que el director hiciera una denuncia de la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios al Dapre durante el gobierno anterior.

Tras las denuncias hechas por Ríos, la Fiscalía General inició una investigación preliminar y planea llamar a testificar a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras del Dapre, junto con el actual director. Además, según Miller Soto, vocero de la Presidencia, dispondrá inspecciones a la entidad con el fin de examinar su contratación.

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En medio de esta situación, Soto contó varios incidentes que pondrían en peligro la vida de Ríos y su familia, pues aseguró que “el 28 de octubre las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa de Ríos. Fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades. Entre sus antecedentes figuran registros por homicidio y por ocho hurtos agravados. Además, cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona que se retiró cuando llegó la Policía y no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades”.

El jefe de Estado envió mensaje contundente ante este tipo de acciones sobre sus funcionarios: “¡No permitiremos que las amenazas, las intimidaciones o el miedo silencien a quienes denuncian la corrupción! ¡En esta manada nadie abandona a nadie!”.

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“Hay entendimiento para la implementación del Acuerdo de Paz”. Esta fue la frase con la que Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, resumió el inicio del renovado periodo de sus funciones en Colombia. Sin embargo, tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de mantener este proceso sobre el Acuerdo de Paz firmado en 2016, para la organización encargada hay preocupaciones que siguen sobre la mesa, especialmente en materia de protección a los más de 11.000 firmantes y de los recortes presupuestales a entidades que nacieron de lo pactado en La Habana. 

Aunque renovaron por décima vez consecutiva, quedó fuera de su margen de acción la verificación de la reforma rural, por lo que el abordaje de este nuevo periodo tuvo que ser reestructurado. Ahora, aseguró Jenča, el foco está en dos puntos clave: “la reincorporación social, política, económica y comunitaria de los y las excombatientes y las garantías de seguridad para los y las firmantes de paz, las comunidades y organizaciones”. No obstante, recalcó que la implementación de la reforma rural integral “constituye un compromiso del Estado colombiano”.

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Esta hoja de ruta entra a jugar en el nuevo tablero establecido por Abelardo de la Espriella en el terreno de la paz, espacio que ya se volcó por completo en robustecer las políticas de seguridad. El jefe de Estado ha sido claro: no van más las negociaciones ni los procesos de paz de ningún tipo, el sometimiento es la única opción. 

Esto se da en medio de la tensión directa que ha tenido el Ejecutivo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a temas presupuestales. No obstante, El Espectador pudo conocer que el ambiente podría suavizarse, ya que existe fecha para una reunión entre la instancia de articulación del Gobierno y ese tribunal especial, la cual convocó el ministro de Justicia, Iván Cancino. 

La cita será el próximo 12 de noviembre y parte de su agenda girará en torno a la operatividad del cumplimiento de las sentencias que ya han sido ordenadas. “Ahí también están instituciones que dependen de la Presidencia de la República, como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad para las Víctimas (UARIV). Es el primer encuentro que tendremos con el Gobierno Nacional. Celebro esto y vamos a estar muy atentos. Estoy seguro de que de esa reunión va a salir una programación para efectos de asegurar el cumplimiento de las sanciones propias”, le confirmó a El Espectador el nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas.

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La alta comisionada para la paz, Viviane Morales, quien recibió oficialmente el cargo el pasado 4 de noviembre, tendrá la batuta de ese encuentro. Además, este lunes la cabeza de ese tribunal nacido del acuerdo de 2016 fue invitado por las altas cortes a un encuentro interinstitucional, en el que también estaría la fiscal General, Luz Adriana Camargo. Un mensaje simbólico que abre la puerta a un nuevo relacionamiento. 

No obstante, las mayores preocupaciones de la Misión también tocan a la JEP. Se centran en la seguridad de las y los firmantes, en el desarrollo y en lo que Jenča llamó “verdadera implementación” de lo que es un mandato constitucional. Además, el tema financiero no deja de inquietar, pues aunque asegura que conoce la compleja situación que atraviesa Colombia en esa materia, le preocupa que las entidades que sostienen el acuerdo no tengan suficientes recursos. “Necesitamos cumplir con la obligación emanada del marco legal que incluye el Acuerdo de Paz. [...]  Nos preocupa la reducción de recursos para las agencias cruciales para su implementación”, aseguró ante una pregunta hecha por El Espectador. 

En las regiones la situación no es alentadora según lo contado por el jefe de la Misión, pues dijo que se requiere reforzar la seguridad, sobre todo en lo que respecta a los asesinatos de firmantes de paz. “Ellos sí están bajo una presión enorme por grupos armados ilegales, los asesinan. Las cifras son muy preocupantes. El gobierno tiene el interés que estos firmantes no se reúnan con grupos armados ilegales, porque va a haber más inseguridad. Yo soy optimista, especialmente en estos días en Naciones Unidas uno debe ser optimista, porque es muy difícil de hacer el trabajo”, precisó. 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del acuerdo en 2016 hasta la fecha, han sido asesinados un total de 527 firmantes. 

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Sumado a esto, el mismo día en el que el Consejo de Seguridad tomó la decisión de renovar la Misión de Verificación y desde las instalaciones de la ONU en Nueva York, el embajador de Colombia ante esa organización, Mauricio Gaona, aseguró que el Acuerdo de Paz “no es un modelo” que pueda tomarse de ejemplo a nivel internacional. 

“Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos más se han podido beneficiar de este proceso de paz, en particular los que abogan que el Acuerdo de Paz de 2016 es un modelo para el mundo, pues no para nuestro mundo. No lo es para los miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados, objetos de extorsión desde que se firmó el Acuerdo”, afirmó Gaona. 

Lo planteado por el embajador, que refleja una postura institucional, generó revuelo. Aunque desde la Misión de Verificación sostienen que sí hay voluntad en el Ejecutivo para seguir con la implementación de lo pactado en La Habana, también contradicen al diplomático y aseguran que el Acuerdo de Paz “es y ha sido un éxito”. 

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“Yo ya lo veo como un éxito. Dejación de armas, monitoreo de cese al fuego. El retiro de los miembros de las Farc desde los territorios bajo su control. Se realizó prácticamente en un año. Esto sí fue y es un éxito. [...] El hecho de que en el proceso de paz continúen más de 85 % de los firmantes, es un éxito”, sostuvo Jenča.

Tras las múltiples declaraciones hechas desde el Gobierno sobre la postura que se tiene respecto al acuerdo, el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aprovechó una gira internacional por tres países para defender lo que considera su principal legado.  

Este viernes, desde una conferencia en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), dijo: “Hoy no es momento de guardar silencio. Comunidades de toda Colombia siguen esperando que se cumpla plenamente lo que firmamos, porque la implementación del Acuerdo de Paz por parte de los dos últimos gobiernos ha dejado mucho que desear. Hoy es más importante que nunca alzar la voz y exigir su plena implementación”. 

Y agregó: “La falta de voluntad política y de capacidad de los dos últimos gobiernos (Iván Duque y Gustavo Petro) para implementarlo plenamente, a pesar de su obligación constitucional de hacerlo, es la principal causa de nuestros problemas actuales”. 

La Misión, que cuenta con un total de 29 oficinas territoriales en 10 departamentos y más de 12 equipos móviles, seguirá trabajando de la mano del Gobierno tal y como lo ha hecho con los otros dos gobiernos de turno que vinieron después de Santos. 

Ahora el robustecimiento de la seguridad y la ya sancionada ley de sometimiento que el Gobierno logró aprobar en el Congreso marcarán la pauta para el trabajo conjunto entre la Misión y el Ejecutivo. Nombres como el de Morales, Gaona e incluso el del recién designado en la consejería de derechos humanos, Ricardo Arias Macías -quien llega del partido Colombia Justa Libres que ha sido crítico con lo pactado en La Habana-, serán determinantes para la implementación y el desarrollo de la paz. 

El panorama aún no está definido en su totalidad y el presidente De la Espriella debe articular los principios con los que fue elegido, los mandatos constitucionales, la seguridad de los y las firmantes y la implementación de un acuerdo que cumple diez años desde su firma el próximo 24 de noviembre. 

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