¿Qué pasaría si el ahorro para el futuro de los hijos comenzara desde sus primeros meses de vida? En distintos países, esta pregunta ha impulsado iniciativas para que los niños empiecen a construir un capital desde edades tempranas, con el propósito de ampliar sus oportunidades económicas en la adultez.

En Estados Unidos, las Trump Accounts contemplan cuentas de inversión para menores de 18 años, mientras que Alemania ha impulsado un sistema para fomentar el ahorro destinado a la jubilación desde los seis años. Aunque los dos modelos tienen características y objetivos diferentes, reflejan una tendencia: reconocer que el tiempo puede ser un aliado para construir recursos y ampliar las posibilidades financieras del futuro.

En Colombia, Protección cuenta con Protección Hijos, un plan de ahorro personalizado y flexible que permite a las familias ahorrar de acuerdo con sus capacidades económicas. Los aportes no tienen que provenir exclusivamente de los padres: abuelos, tíos, padrinos, amigos y otras personas cercanas también pueden contribuir a ese propósito.

Cuando el beneficiario cumpla 18 años o termine el bachillerato, los recursos podrán destinarse a financiar su educación, iniciar un emprendimiento, desarrollar otros proyectos de vida o construir una base de ahorro para objetivos de muy largo plazo, como complementar su pensión.

Los aportes se invierten mediante una estrategia diversificada que busca aprovechar el potencial del interés compuesto a lo largo del tiempo. Además, el plan ofrece la posibilidad de asegurar el objetivo para proteger el futuro del hijo ante una eventualidad, sujeto a las condiciones aplicables.

El tiempo como aliado financiero

La importancia de comenzar a ahorrar desde la infancia también está relacionada con el aumento de la longevidad. Una niña que nace hoy en Colombia tiene posibilidades reales de acercarse a los 100 años, una perspectiva que está transformando la manera de estudiar, trabajar, construir patrimonio y planear el futuro financiero.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la esperanza de vida al nacer en Colombia ronda los 77 años. Asimismo, el número de personas mayores de 100 años pasó de 529 en 1953 a cerca de 19.400 en 2023. Esta transformación demográfica representa un avance social, pero también plantea el desafío de construir recursos suficientes para financiar una vida más larga.

“Más que hablar únicamente de pensiones, necesitamos hablar de cómo financiamos una vida más larga. De ahorro temprano, de educación financiera, de nuevas formas de construir patrimonio y de herramientas que permitan que las personas tengan mayor libertad para tomar decisiones a lo largo de su vida”, afirma Juan David Correa, presidente de Protección.

En este escenario, el ahorro voluntario permite complementar los recursos acumulados durante la vida laboral y afrontar con mayor flexibilidad las distintas etapas de la vida. El tiempo disponible para construir capital es uno de los factores que pueden favorecer la planeación financiera.

Ejercicios realizados por Protección muestran que una persona que comience a ahorrar voluntariamente a los 25 años el equivalente al 10 % de su salario podría aumentar hasta en un 41 % el ingreso disponible durante su jubilación. Aunque los resultados varían según las circunstancias individuales, el ejercicio ilustra el potencial de comenzar temprano.

“La longevidad tiene una característica muy particular, el tiempo juega a favor de quienes empiezan temprano. Por eso, prepararnos para vivir 100 años no puede ser una conversación que comience a una edad adulta, tiene que empezar mucho antes”, señala Correa.

Ahorrar según las posibilidades de cada familia

El envejecimiento de la población también plantea retos para el sistema pensional. De acuerdo con estimaciones del Banco de la República, Colombia pasaría de tener cerca de 4,6 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de pensión a alrededor de 1,7 hacia 2060.

A esta transformación se suman las dificultades de una parte de la población que recibe ingresos variables y no siempre puede destinar la misma cantidad al ahorro. Por eso, Protección considera importante desarrollar alternativas que permitan realizar aportes de acuerdo con las capacidades de cada persona.

“Si los ingresos son variables, el ahorro también tiene que ser flexible. Debemos facilitar que las personas puedan ahorrar cuando tengan capacidad para hacerlo, incluso con montos pequeños, de manera simple y sin barreras innecesarias”, explica Correa.

La construcción de bienestar financiero no depende necesariamente de comenzar con grandes cantidades. Realizar aportes acordes con las posibilidades de cada momento, mantener el hábito y aumentar el esfuerzo cuando las condiciones lo permitan puede facilitar la acumulación de recursos a largo plazo.

Consciente de que las necesidades financieras cambian a lo largo de la vida, Protección ha fortalecido su oferta de ahorro e inversión. Entre sus alternativas se encuentra +Protección, una solución de ahorro 100 % digital y flexible que permite realizar aportes según las capacidades y los objetivos de cada persona.

De Emilia a Hernán: las distintas etapas del ahorro

Protección acompaña actualmente a 8,5 millones de clientes. Entre ellos están Emilia, una bebé de tres meses cuyos padres comenzaron a ahorrar desde su nacimiento mediante Protección Hijos para apoyar su educación universitaria, y Hernán, de 101 años, quien disfruta de los recursos que acumuló durante su vida laboral.

Entre ambos hay casi un siglo de diferencia. Sus historias muestran cómo las necesidades financieras evolucionan con cada etapa de la vida y por qué la planeación requiere una perspectiva de largo plazo.

En el caso de Emilia, sus padres decidieron anticiparse a sus necesidades futuras y empezar a construir recursos que puedan ampliar sus posibilidades cuando llegue el momento de elegir qué estudiar o qué proyecto desarrollar. El plan también permite que familiares y personas cercanas contribuyan a ese propósito, convirtiendo el ahorro en un esfuerzo compartido.

“Vivir más años será uno de los cambios más importantes de este siglo. El verdadero desafío no está en sumar años a la vida, sino en lograr que esos años estén acompañados de salud, propósito, aprendizaje, vínculos y bienestar financiero”, afirma Correa.

En un país donde cada vez más personas pueden acercarse a los 100 años, comenzar a ahorrar desde temprano y fortalecer ese hábito a lo largo de la vida puede contribuir a preservar la autonomía y ampliar las oportunidades futuras. Para las familias, la decisión de empezar desde la infancia representa una forma de preparar recursos para los proyectos que sus hijos construirán mañana.

Aquí puede conocer más sobre Protección Hijos.

La formalización minera, la recuperación ambiental y la generación de oportunidades para las comunidades son algunos de los retos del sector en Colombia. Frente a este panorama, Aris Mining promueve un modelo de coexistencia entre la minería industrial y la tradicional, con experiencias en Segovia, Antioquia, y Marmato, Caldas.

La compañía reporta cerca de 4.000 mineros formalizados y busca llegar a 8.000 en los próximos cuatro años. Para Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining, el punto de partida es reconocer que ambas actividades pueden complementarse mediante reglas claras, responsabilidades compartidas y acuerdos de colaboración.

En Segovia y Marmato, los mineros tradicionales extraen el mineral a partir de su conocimiento del territorio, acceden a plantas de procesamiento licenciadas y comercializan su producción con la compañía bajo condiciones de transparencia sobre las utilidades. También reciben financiación, información geológica, acompañamiento técnico y orientación en seguridad y gestión ambiental.

La estrategia busca que los mineros crezcan sin perder su identidad ni su autonomía empresarial. Para alcanzar la meta de formalización, Aris Mining plantea ampliar las alianzas existentes, incorporar nuevas unidades mineras y preparar oportunidades de participación local en futuros proyectos.

Los acuerdos establecen requisitos verificables en seguridad industrial, gestión ambiental, trazabilidad del mineral y cumplimiento de obligaciones laborales. Además, la compañía acompaña a sus socios en formación empresarial, bancarización y acceso a protección social.

Uno de los principales desafíos es que estas iniciativas tengan continuidad y que la formalización sea económicamente viable. Según Jiménez, el éxito debe medirse no solo por el número de mineros vinculados, sino por cuántos logran permanecer en la legalidad, trabajar de manera más segura y construir empresas sostenibles.

En Marmato, la compañía trabaja con el Gobierno, las autoridades y los mineros para establecer una ruta de formalización y coexistencia en el histórico Cerro El Burro, que impactaría a más de 450 mineros informales. En Segovia, el modelo también tiene resultados productivos: en 2025, los aliados mineros aportaron aproximadamente el 39 % de la producción de oro de esa operación, cerca de 100.000 onzas, según las cifras entregadas por la empresa.

Recuperación ambiental y desarrollo territorial

La estrategia de sostenibilidad incluye iniciativas de recuperación de áreas intervenidas, protección del agua y generación de energía limpia. En Segovia, la recuperación de antiguos depósitos de relaves permitió desarrollar el Ecoparque Colibrí, un espacio de aproximadamente 9.200 metros cuadrados destinado al uso comunitario.

La compañía también cuenta con un parque solar de autoconsumo de 1,5 megavatios de corriente alterna que abastece directamente sus operaciones. En materia hídrica, una planta de tratamiento y recirculación permite reincorporar cerca del 85 % del agua al proceso minero.

En alianza con Corantioquia, Aris Mining adelanta una estrategia de minería regenerativa que vincula voluntariamente a 19 unidades mineras de Segovia para promover la restauración ambiental. El trabajo incluye reforestación, seguimiento de la biodiversidad y evaluación de indicadores como las áreas restauradas, la supervivencia de la vegetación y la evolución de los recursos hídricos.

Para Jiménez, la recuperación ambiental debe extenderse más allá de las instalaciones de la compañía e involucrar a los mineros tradicionales y a los actores locales, con resultados verificables y sostenibles.

La inversión social también busca dejar capacidades permanentes en los municipios. En educación, Aris Mining construyó y financia el Gimnasio La Salada, en Segovia, que atiende a cerca de 800 estudiantes. Desde 2021, además, ha apoyado más de 5.000 becas.

En materia de empleo y participación femenina, destaca la formación de siete mujeres de Vegachí en manejo de maquinaria, realizada con aliados como el Sena, que les permitió adelantar prácticas en la mina El Silencio. La empresa también trabaja bajo el sello Equipares Plata y reporta que cerca del 68 % de su fuerza laboral es local.

En infraestructura, ha impulsado 11 proyectos mediante Obras por Impuestos y Obras por Regalías, por más de COP 24.000 millones. Uno de ellos permitió dotar la Ciudadela Universitaria de Segovia.

La compañía busca medir el impacto de estas inversiones a partir de sus resultados: mejores oportunidades educativas, acceso al empleo, mayor participación de las mujeres y aprovechamiento de las obras por parte de las comunidades.

Las condiciones para consolidar el modelo

La construcción de confianza con las comunidades es otro de los desafíos del sector. Jiménez considera que no basta con realizar reuniones o inversiones sociales: es necesario reconocer la historia minera de cada territorio y cumplir los compromisos adquiridos.

Por eso, aunque Segovia y Marmato comparten el objetivo de formalizar a los mineros tradicionales, las soluciones deben adaptarse a sus realidades. La experiencia de Segovia demuestra que la formalización puede integrarse al negocio minero, mientras que Marmato evidencia la importancia de construir rutas concertadas con las autoridades y las comunidades.

Para que estos modelos sean sostenibles, el directivo señala que se requieren reglas claras y estables, trámites adecuados a las particularidades de la pequeña minería, coordinación entre las autoridades y acciones contra las economías criminales que amenazan a quienes buscan operar legalmente. También es fundamental facilitar el acceso a mercados y financiación para que los pequeños productores puedan cumplir sus obligaciones.

La apuesta de Aris Mining es consolidar el modelo en Segovia, ampliarlo en Marmato y llevar sus aprendizajes a otras regiones del país. Paralelamente, apoya actividades como el café, la miel y la joyería para diversificar las economías locales.

El objetivo, concluye Jiménez, es que la minería contribuya a construir empresas, capacidades y oportunidades que permanezcan en los territorios más allá de la actividad extractiva.

En Colombia, producir leche es una apuesta diaria contra los costos de producción, la volatilidad de los precios, las condiciones climáticas y la competencia internacional. Frente a ese panorama, el modelo cooperativo cobra sentido: más que un esquema comercial ha demostrado ser una manera de respaldar a los Asociados de La Cooperativa, valorizar el campo colombiano y contribuir a la permanencia de la actividad ganadera en las regiones.

Uno de los principales actores de esta cadena es Colanta, que durante 2025 recolectó 866,8 millones de litros de leche, volumen equivalente a cerca de una cuarta parte de la producción formal del país. La Cooperativa registró además ingresos por COP 4,68 billones y mantiene una red conformada por 4.151 Asociados Productores, 2.767 Productores no Asociados y 7.919 Asociados Trabajadores que simbolizan más de 12.000 familias que fortalecen el modelo cooperativo a través de su propósito superior: desarrollar el campo para nutrirlo con lo mejor del país.

Más allá de la capacidad de acopio y transformación, la recepción de la totalidad de la leche producida por sus Productores responde a un principio básico del cooperativismo: los Asociados son la base de La Cooperativa. De acuerdo con la información suministrada por Colanta, esta política busca ofrecer un mercado estable a las familias rurales, reducir el riesgo de pérdidas en la producción primaria y contribuir a la continuidad de la actividad lechera.

Una red que llega a las regiones

La presencia de Colanta se extiende por 71 municipios y 16 departamentos. La mayoría de estas regiones se caracterizan por economías locales que dependen de la ganadería y la producción de leche.

Según las cifras entregadas por Colanta, el 63,8 % de los Asociados vinculados son pequeños Productores rurales. Para este segmento, la relación con La Cooperativa incluye un Portafolio de Servicios como asistencia técnica, mejoramiento genético, acompañamiento veterinario, formación empresarial y educación cooperativa, entre otros programas destinados a mejorar la calidad y la rentabilidad de las unidades productivas de los Asociados.

El impacto también alcanza actividades que hacen parte de la cadena alrededor de la producción de leche, como el transporte, el comercio, la producción de insumos y otros servicios agropecuarios. De esta manera, el modelo cooperativo distribuye sus excedentes para asegurar el bienestar de la actividad lechera y las comunidades rurales.

La estrategia de La Cooperativa plantea la sostenibilidad desde diferentes dimensiones: económica, social, ambiental y de gobernanza. Esta visión está incorporada en su Planeación Estratégica 2023-2027, que contempla objetivos relacionados con bienestar, innovación, competitividad, inclusión, educación y desarrollo territorial.

En el componente económico, el acompañamiento a los productores incluye programas de asistencia técnica, mejoramiento de la calidad de la leche, capacitación, fortalecimiento empresarial y desarrollo de infraestructura. El objetivo es contribuir a que las unidades productivas puedan elevar sus niveles de productividad y competitividad.

La estrategia también contempla a los Asociados Trabajadores de La Cooperativa mediante programas de formación, bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo, educación cooperativa y desarrollo de competencias. A esto se suman inversiones dirigidas a las comunidades rurales: durante 2025, Colanta reportó más de COP 140.000 millones en inversión social para educación, capacitación, fortalecimiento comunitario y promoción de iniciativas productivas y alimentación.

Otro de los frentes es el relevo generacional. La Cooperativa plantea que la permanencia de los jóvenes en las zonas rurales es un factor relevante para la continuidad de las unidades productivas y la modernización del sector. Por ello, su estrategia incluye formación, tecnificación, transferencia de conocimiento y oportunidades relacionadas con emprendimiento y desarrollo agropecuario.

A esta agenda se suma el trabajo en inclusión y equidad, con iniciativas dirigidas al empoderamiento de las mujeres rurales y mecanismos orientados a ampliar las oportunidades para diferentes grupos de población.

Tecnología y sostenibilidad

La innovación es otro de los componentes de esta estrategia. Colanta señala avances en automatización, transformación digital, optimización logística e investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. Estas herramientas buscan mejorar la eficiencia de los procesos y acercar la transferencia tecnológica tanto a Asociados Productores como Asociados Trabajadores.

En materia ambiental, las acciones reportadas durante 2025 incluyeron recuperación y reutilización de agua, tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, reforestación con especies nativas, conservación de cuencas y promoción de prácticas de ganadería sostenible. La estrategia también contempla iniciativas relacionadas con economía circular, fertilización orgánica, energías renovables, movilidad sostenible y uso eficiente de los recursos naturales.

Para las familias productoras, la estabilidad es un resultado de ser parte de Colanta. Saber que su producción será recibida permite, de acuerdo con la información de La Cooperativa, planificar inversiones, mejorar infraestructura y avanzar en la tecnificación de las fincas, además de reducir la vulnerabilidad económica de los hogares que dependen de la actividad lechera.

Este enfoque recibió además un reconocimiento en 2026. Durante la quinta Cumbre de Inversión Social y Ambiental Empresarial, realizada en Bogotá el 23 y 24 de julio, Colanta fue incluida en el Top 12 del Índice de Inversión Social y Ambiental (IISAE) 2026.

El índice, elaborado por Arteaga Latam, contó con la participación de 318 de las empresas más grandes del país y evaluó aspectos como alineación estratégica, efectividad en la gestión, esfuerzo financiero y reconocimiento. El modelo cooperativo constituye la razón de ser de la estrategia de Colanta. Productores y Trabajadores son Asociados y participan de una misma cooperativa, cuyos resultados se orientan al fortalecimiento de las unidades productivas y al bienestar de sus comunidades.

En un sector con desafíos económicos, ambientales y generacionales, La Cooperativa apuesta por combinar productividad y competitividad con herramientas que fortalezcan a las familias y mantengan activa la economía rural. Ese trabajo compartido, se traduce en productos de calidad que llegan a la mesa de los hogares colombianos y aportan a su alimentación. Es la idea que resume el lema de su campaña y da sentido a lo que hacen: “campo es lo que llevamos dentro”.

El diagnóstico del estado del sector educativo en Colombia presentado por la ministra de Educación, doctora Ilva Myriam Hoyos, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, es preocupante: revela debilidades y problemas de gran complejidad que comprometen la función educativa.

En el informe fueron unificados aspectos como los siguientes: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio proyecta necesidades en salud por COP 8,44 billones; sin embargo, solo tiene COP 3,94 billones disponibles, para un déficit de COP 4,50 billones. El sistema de salud de los profesores presenta, entre enero de 2025 y julio de 2026, 97.105 tutelas y trámites constitucionales. Este organismo atiende la salud de 837.275 docentes, pensionados y sus familiares.

También se reporta incumplimiento en las metas del Plan Nacional de Desarrollo pues el Gobierno anterior lo cerró en apenas un 78,44 %, con 17 indicadores (de un total de 23) que no alcanzaron los objetivos previstos. Por ejemplo, la cobertura en educación media llegó al 49,95 %, frente a una meta del 65 %, o sea que solo uno de cada dos estudiantes en edad para cursarla tiene acceso a ella. Asimismo, en el Plan de Desarrollo estaban proyectados 19.500 ambientes educativos; sin embargo, a julio de este año solo se terminaron 11.341.

Otro tema sensible es la matrícula en educación básica y media. A mayo de 2026 se registraban 8.890.336 estudiantes en transición y grado once, es decir, 421.142 menos que en 2025, lo que corresponde a una disminución del 4,5 %, cuyas causas no están determinadas.
De la misma forma, el MEN reporta que veinte entidades territoriales presentan riesgo muy alto en acceso, permanencia, desempeño y atención al contexto.

En cuanto a la educación superior, quedó faltando la suma de COP 245.797 millones adicionales para cumplir con la política de gratuidad en la matrícula en lo correspondiente a la vigencia 2026, aunque, de acuerdo con el Gobierno, ya se lograron asegurar COP 185.000 millones. Igualmente, un organismo gubernamental de tanto impacto en la educación superior como el Icetex solo tiene una asignación presupuestal de COP 467.621 millones, pero requiere COP 1,99 billones.

En medición de aprendizaje, el 49,51 % de los colegios oficiales en zonas rurales sigue en la categoría D en pruebas Saber 11, la de menor desempeño. Asimismo, el último dato consolidado con que se cuenta de pruebas Saber en primaria y secundaria es de 2023.
También se presenta una disminución en la cobertura escolar, al pasar del 86,8 % en 2022 al 83,6 % en 2025. La cobertura educativa bruta en zonas urbanas alcanzó el 98,5 %, frente al 77,7 % en las rurales. También se reportan 1.587.248 personas entre los 5 y 16 años sin matricular a 2025, o sea, el 16,2 % de la población en ese rango etario.

Con toda claridad y contundencia, la señora ministra Hoyos expresó que la respuesta del Gobierno actual se orienta a disminuir las brechas, priorizar la transparencia, garantizar el bienestar de los maestros y recuperar la capacidad del sistema para ofrecer oportunidades reales de educación a todos los colombianos.

Es importante poner el retrovisor para conocer el terreno que se está pisando, pero también lo es poner en marcha, con urgencia, las posibles soluciones a los problemas heredados pues, así como otros sectores básicos para el desarrollo y el bienestar de los colombianos, la educación no da espera. En este propósito, como bien lo ha dicho la ministra, es imperativo trabajar de manera colectiva con todos los actores del sector.

*Rector de la Unisimón

Elegir una carrera profesional implica evaluar los intereses académicos, las oportunidades laborales y las posibilidades económicas de cada familia. En ese proceso, los resultados de las Pruebas Saber 11 pueden convertirse en una oportunidad para acceder a beneficios que faciliten el ingreso a la educación superior. Con ese propósito, Unicervantes mantiene un incentivo dirigido a los bachilleres que obtienen un puntaje igual o superior a 310 puntos en este examen.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo académico y contribuir a aliviar los costos iniciales de la formación profesional. A este beneficio se suman alternativas de financiación, orientación vocacional y acompañamiento durante el proceso de admisión, herramientas que pueden ayudar a los aspirantes a tomar una decisión informada sobre su futuro académico.

Un incentivo para reconocer el mérito académico

Los bachilleres que alcanzan o superan los 310 puntos en las Pruebas Saber 11 pueden consultar las condiciones para acceder al incentivo que ofrece la institución. El alcance del beneficio y los requisitos aplicables deben verificarse directamente con el equipo de admisiones.

Además del apoyo económico, los aspirantes cuentan con asesoría personalizada para identificar el programa que mejor se ajuste a sus intereses y expectativas. Unicervantes también dispone de alternativas de financiación, convenios con entidades financieras y facilidades institucionales para responder a las diferentes posibilidades económicas de las familias.

Estas opciones buscan contribuir tanto al acceso como a la permanencia estudiantil, dos aspectos fundamentales para quienes comienzan una carrera profesional y deben planificar los gastos asociados con su formación.

Una oferta académica en distintas áreas del conocimiento

La oferta de pregrado de Unicervantes comprende programas en Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Económicas y Administrativas, Ingenierías y Teología. Entre las carreras disponibles se encuentran Derecho, Psicología, Trabajo Social, Ciencia Política, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas y Negocios Internacionales, Administración Deportiva, Ingeniería en Sistemas de Software e Inteligencia Artificial, Ingeniería en Analítica de Datos y Teología.

Para quienes buscan profundizar sus conocimientos después del pregrado, la institución cuenta con 12 programas de especialización en campos como Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Procesal, Innovación Social y Gestión de Proyectos, Gerencia Educativa, Impuestos y Gestión Tributaria, Finanzas, Psicología Educativa, Psicología del Deporte y el Ejercicio, Gestión Familiar, Seguridad y Salud en el Trabajo, Política Local, Negociación y Toma de Decisiones, y Teología y Educación Clásica.

Los programas se ofrecen en modalidades presencial y presencial asistida por tecnología (PAT), según corresponda. A esta oferta se suman cursos, diplomados, talleres y programas de educación continua en áreas empresariales, pedagógicas, sociales y de idiomas, dirigidos a quienes buscan actualizar sus conocimientos y responder a las exigencias de su entorno profesional.

Proyección internacional: oportunidades más allá del aula

La identidad de Unicervantes está vinculada con la Orden de San Agustín, una comunidad que le permite formar parte de una red internacional de universidades y centros de educación superior agustinianos presentes en más de 50 países.

Esta conexión abre posibilidades de participación en intercambios académicos, misiones y pasantías internacionales, cátedras espejo y proyectos de investigación conjunta. Las oportunidades concretas dependen de los programas y convenios disponibles, por lo que los estudiantes interesados pueden consultar con la institución las alternativas vigentes.

La experiencia internacional puede complementar la formación académica al acercar a los estudiantes a otras perspectivas educativas, culturales y profesionales, así como a espacios de colaboración con docentes y pares de diferentes países.

La experiencia de los estudiantes y egresados

Los beneficios económicos y las oportunidades académicas adquieren una dimensión más concreta cuando se conocen las experiencias de quienes hacen parte de la institución.

“Acceder a la beca por haber superado los 310 puntos en el Icfes fue el alivio que mi familia y yo necesitábamos para arrancar mi carrera profesional sin dudarlo. Pero más allá de la matrícula, lo verdaderamente transformador ha sido el nivel académico y la posibilidad de participar en experiencias universitarias a otro nivel. Aquí los docentes te exigen, pero también te conectan con los retos del mundo real. Sentir el respaldo institucional te da la confianza para proyectarte como un profesional sin fronteras”, destaca Valentina Rincón, estudiante de Psicología de Unicervantes.

La institución reporta más de 1.586 egresados en su trayectoria joven, quienes se desempeñan en distintos sectores productivos. Esta comunidad representa el resultado de sus procesos formativos y constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los graduados, la institución y el entorno profesional.

Guillermo Torres, egresado de Unicervantes, también destaca el valor de esta conexión y la continuidad de su formación: “Ser parte de esta comunidad no termina el día de la graduación; pertenecer a una red de más de 1.500 profesionales activos me abrió puertas clave desde el inicio. Cuando decidí dar el siguiente paso y especializarme, encontré un programa conectado con los desafíos reales del país y docentes que viven la profesión a diario. El sello cervantino no solo te da rigor técnico, te da una red que te impulsa a crecer”.

Bienestar y beneficios complementarios

Además de los apoyos relacionados con el ingreso y la formación académica, Unicervantes cuenta con iniciativas dirigidas al bienestar y la permanencia de sus estudiantes. Entre ellas se encuentran una valera de almuerzos para apoyar la alimentación durante la jornada académica, beneficios asociados con la tarjeta TuLlave para facilitar la movilidad hacia la sede y cursos y diplomados gratuitos que complementan la formación universitaria.

Estas alternativas buscan acompañar diferentes aspectos de la vida estudiantil y contribuir a que los jóvenes puedan concentrarse en su proceso académico, al tiempo que cuentan con opciones de apoyo para algunos de sus gastos cotidianos.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Los bachilleres que obtuvieron 310 puntos o más en las Pruebas Saber 11 pueden consultar con el equipo de admisiones los requisitos del incentivo, su alcance y las condiciones para acceder a él. También pueden solicitar información sobre los programas de pregrado, las alternativas de financiación, las especializaciones y los beneficios complementarios.

La información sobre la oferta académica y el proceso de ingreso está disponible en unicervantes.edu.co. Los aspirantes también pueden comunicarse con un asesor a través del WhatsApp de Admisiones.

La formación ciudadana también encuentra en el arte, la memoria y el reconocimiento del territorio herramientas para construir una sociedad más participativa. Esa fue una de las apuestas del Cementerio Museo San Pedro, en Medellín, que, a través del proyecto Ciudadanías en diálogo(s), llegó a cerca de 700 jóvenes, docentes y miembros de comunidades educativas de Medellín y Bello con experiencias pedagógicas orientadas al pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la construcción de proyectos de vida. Esta iniciativa contó con el apoyo de Pensar con Otros, de Grupo SURA, junto a la Fundación Bolívar Davivienda, que promueve espacios de diálogo y reflexión para fortalecer la convivencia y la participación ciudadana.

Esta convocatoria busca impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la construcción de tejido social. Para ello, promueve espacios de conversación entre actores diversos, en los que confluyan distintas voces, experiencias y posturas, y que permitan escuchar, comprender y reconocer las diferencias. Asimismo, busca fortalecer la conciencia colectiva sobre lo público y la importancia de la participación en la vida democrática, incentivar la confianza entre los ciudadanos y favorecer la diversidad y la inclusión de diferentes públicos.

Otro de sus propósitos es fortalecer el criterio ciudadano para la toma de decisiones informadas, a partir de información rigurosa y verificada. De esta manera, la convocatoria reconoce e impulsa proyectos que abren espacios para el diálogo, la escucha y la comprensión mutua, y que contribuyen a una ciudadanía más crítica, informada y comprometida con los asuntos de interés colectivo.

Por eso, en esta sexta edición, la convocatoria Pensar con Otros, liderada por SURA, junto a la Fundación Bolívar Davivienda y Latimpacto, llega a 11 países de América Latina. Se seleccionarán 10 iniciativas, cada una con la posibilidad de recibir un aporte de hasta USD 50.000 y un plazo máximo de 12 meses para iniciar su ejecución. Las personas y organizaciones interesadas pueden consultar los requisitos de participación e inscribir sus propuestas en www.gruposura.com/sostenibilidad/convocatoria-pensar-con-otros-2026.

La importancia del diálogo, la participación ciudadana y el trabajo conjunto para construir soluciones colectivas frente a los desafíos de la sociedad es una lección que pueden compartir quienes han sido seleccionados en convocatorias anteriores.

“Siento que fue muy importante crear espacios donde las y los jóvenes puedan narrarse, explorar sus identidades, compartir sus memorias y descubrirse en el encuentro con los otros. Durante el proceso, varios participantes expresaron que, aunque compartían diariamente con sus compañeros, no necesariamente se conocían ni habían tenido la oportunidad de comprender sus historias y realidades. El diálogo permitió acercarse desde la empatía, reconocer las diferencias sin convertirlas en barreras y encontrar experiencias comunes”, explicó Ana Carolina Naranjo Rojo, coordinadora de contenidos del Cementerio Museo San Pedro y seleccionada de la convocatoria en 2024.

La experiencia evidenció la importancia de crear espacios seguros de encuentro y participación, en los que los jóvenes puedan expresar sus ideas, escuchar otras perspectivas y establecer relaciones que superen los prejuicios y las barreras sociales. También permitió reconocer que, incluso en entornos complejos que condicionan sus oportunidades y dificultan la construcción de proyectos de vida, reflexionar sobre la ciudad que habitan y su capacidad para transformarla puede abrir nuevas posibilidades.

Mediante laboratorios sobre proyectos de vida, arte, sonido, inteligencia artificial y realidad virtual, los participantes desarrollaron habilidades creativas, emocionales y comunicativas, al tiempo que exploraron otras maneras de comunicar sus inquietudes y proponer formas distintas de convivencia. El proceso reafirmó que la ciudadanía se ejerce en la vida cotidiana, a partir de la escucha, el reconocimiento del otro y la identificación de aquello que compartimos.

“Este tipo de convocatorias no solo son una oportunidad valiosa para las organizaciones que están trabajando en el fortalecimiento de la democracia o en la participación ciudadana, sino que también permiten encontrar un ambiente de mucha confianza por parte de Fundación SURA y Fundación Bolívar Davivienda. Tuvimos la oportunidad de cocrear, de colaborar, tuvimos flexibilidad y me parece que eso es muy valioso en este tipo de proyectos”, aseguró Daniela Flórez, seleccionada en 2025 con Linterna Verde.

La experiencia también dejó en evidencia la importancia de construir alianzas basadas en la confianza, la colaboración y la flexibilidad, en las que las organizaciones puedan poner a prueba nuevas metodologías y fortalecer sus propuestas. Más allá de los recursos y el acompañamiento, estos espacios permiten intercambiar aprendizajes, explorar otras formas de trabajo y ampliar el alcance de iniciativas orientadas a fortalecer la participación ciudadana y la democracia.

En esta sexta convocatoria, la invitación está abierta a personas naturales, colectivos, organizaciones y actores de la academia, entre otros, que quieran proponer iniciativas para responder a los desafíos actuales de la democracia. Frente a la distancia que muchas personas sienten respecto a sus mecanismos de participación, estos proyectos buscan promover el diálogo, fortalecer la confianza y fomentar el involucramiento ciudadano como vías para construir respuestas colectivas y abrir caminos de transformación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de octubre. Aquí puede postularse y encontrar más información.

Una decisión histórica para las víctimas 

La violencia sexual cometida durante el conflicto armado ha permanecido oculta por años entre el silencio de las víctimas, el miedo a denunciar y las dificultades de las instituciones para investigar y juzgar a los responsables. Por eso representa un gran avance que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identifique estos crímenes, establezca patrones y atribuya responsabilidades a antiguos comandantes de las FARC tal como ocurrió con el Auto 014 de 2026 en el Caso 05, sobre el norte del Cauca y el sur del Valle. 

Este Auto es el resultado de años de exigencias de las sobrevivientes, quienes tuvieron que abrirse camino en medio de la desconfianza y de las barreras para acceder a la justicia. El proceso tomó forma a medida que ellas encontraron espacios para participar, organizarse y exigir justicia. No llegaron únicamente a contar lo que les había ocurrido, sino a exigir que sus experiencias fueran base fundamental para la investigación que conduzca a que los responsables respondan por los daños causados. “Este proceso ante la JEP es la muestra de que la justicia tarda, pero llega, hoy nos sentimos esperanzadas”, manifestó una sobreviviente que participa en este caso. 

Raúl Sánchez, magistrado de la JEP y relator del caso, explicó la necesidad de una investigación específica y un auto exclusivo para estos hechos: “El auto es el resultado de un proceso de abordaje de investigación diferente que responde a la necesidad de superar la invisibilidad histórica de estos crímenes, por medio de una investigación exhaustiva que permitiera comprender un fenómeno atravesado por el silencio, el estigma y las dificultades probatorias. Para lo anterior fue necesario crear un proceso especial de participación, que generara condiciones de confianza y seguridad para que las víctimas abordaran lo que les sucedió. Lo que también permitió conocer los daños desde una perspectiva territorial y étnica, atendiendo a las particularidades de las víctimas indígenas, afrodescendientes y de la comunidad LGBTI. Este abordaje también evita que estos crímenes queden subordinados o diluidos en la investigación de otros graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y permite establecer responsabilidades más allá de quienes cometieron directamente las violaciones”. 

El Auto 014 de 2026 atribuye responsabilidad a las extintas FARC-EP por los crímenes de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género, cometidos contra la población civil entre 1999 y 2016 para ejercer control territorial y social en esta zona del país. También atribuye responsabilidad por los crímenes de guerra de violación, tortura mediante abortos forzados y ultrajes contra la dignidad personal por prácticas como la anticoncepción forzada, perpetrados contra mujeres que integraban las filas de la antigua guerrilla, algunas de ellas reclutadas forzadamente. 

Las víctimas en el centro: co-creando las medidas de reparación 

El proceso especial de participación de las víctimas se ha realizado gracias al apoyo del Fondo Global para Sobrevivientes (GSF, por sus siglas en inglés), una organización internacional que trabaja por el derecho a la reparación de las personas sobrevivientes de violencia sexual en diferentes países azotados por los conflictos  armados. Desde 2023, el Fondo impulsa y construye junto a las sobrevivientes una experiencia de cocreación que busca transformar el lugar que ellas ocupan en la justicia transicional: no solo participan en el proceso, sino que también plantean preguntas, proponen caminos y contribuyen a definir las respuestas. Este proceso también reconoce el importante papel que tienen las organizaciones que por años las han representado y acompañado en sus exigencias de justicia. 

Como resultado de la participación sustantiva, el Auto pone en primer plano que la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado deja daños individuales y colectivos. Las personas sobrevivientes enfrentaron angustia, miedo, depresión y aislamiento, así como afectaciones a su salud física y reproductiva. Muchas tuvieron que soportar, además, el estigma y los señalamientos, la pérdida de oportunidades educativas y laborales, dificultades económicas y las rupturas de sus relaciones familiares y de pareja. Para algunas, las consecuencias continuaron con amenazas, nuevos desplazamientos y la revictimización por parte de las instituciones a las que acudieron en busca de ayuda.  

Los daños no se limitaron a las experiencias individuales, la violencia sexual fue utilizada como una forma de ejercer dominación territorial y social, afectó la organización comunitaria, las posibilidades de ejercer participación social y política, modificó las prácticas culturales, la espiritualidad y la relación con el territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Una sobreviviente recordó “Debido al miedo de ser violentadas las mujeres no han vuelto al rio, las mujeres iban a timbar, a lavar, eso se ha ido perdiendo, las nuevas generaciones no saben qué es eso”.  La decisión también reconoce las violencias y la discriminación contra personas LGBTIQ+, que afectaron incluso el ejercicio de sus liderazgos. 

El desafío de la reparación 

Diana Bravo Rubio representante en Colombia del Fondo Global para Sobrevivientes, destaca que “por años las víctimas no fueron escuchadas, hoy la justicia restaurativa ofrece una oportunidad para la cocreación porque pone en el centro a las víctimas, promueve su participación y busca reconocer y reparar distintas dimensiones de los daños, a diferencia de una concepción de la justicia centrada principalmente en la responsabilidad y el castigo penal de los perpetradores. Para los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto armado, los espacios dialógicos son especialmente importantes, las sobrevivientes necesitan que se reconozca lo que vivieron, que se comprendan las consecuencias que la violencia ha tenido en sus vidas y que se repare. Este proceso ha estado guiado, por la convicción de que avanzar en la justicia y la reparación para las víctimas es el camino hacia la paz.” 

Con el objetivo de que el Estado dé una respuesta en materia de reparación a las víctimas de violencia sexual intrafilas y de reclutamiento forzado, el Fondo Global para Sobrevivientes interpuso una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley de Víctimas. La acción busca eliminar las barreras legales que las excluyen del Registro Único de Víctimas (RUV) y, con ello, abrirles el acceso a las medidas de reparación. Además, se cuestionan otras disposiciones legales que imponen cargas burocráticas a las víctimas debido a la falta de articulación entre las entidades responsables de garantizar sus derechos. Corresponde ahora a la Corte Constitucional decidir sobre esta injusticia histórica. 

Los siguientes pasos  

Dado que el proceso ante la JEP continúa, es preciso preguntar ¿qué lugar tendrán las víctimas en la siguiente etapa? El auto abre un periodo en el que los comparecientes podrán reconocer o negar las responsabilidades que les fueron atribuidas. Si hay reconocimiento adecuado y se cumplen las condiciones establecidas por el sistema, podrán imponerse sanciones restaurativas.  

Las sobrevivientes que han participado en el proceso de cocreación han planteado propuestas concretas: centros para sobrevivientes como parte de las medidas restaurativas, además reconocimiento de la verdad por parte de los agresores y acceso a reparaciones individuales a cargo del Estado.  

El Fondo Global para Sobrevivientes considera que para lograrlo, se necesita buena capacidad institucional. Las sanciones restaurativas requieren recursos, coordinación entre entidades, capacidad de ejecución, garantías de seguridad y mecanismos de seguimiento. Después de años de investigación y participación, no sería suficiente que los proyectos acordados con las víctimas quedaran consignados en documentos que no se implementen. La reparación no puede depender únicamente de la voluntad de los comparecientes, ni del esfuerzo de las organizaciones que acompañan a las sobrevivientes. El Estado debe garantizar que los derechos reconocidos se hagan efectivos. 

Para una víctima de violencia sexual y reproductiva, escuchar que la justicia reconoce que lo ocurrido fue un crimen grave representa un momento histórico, pero insuficiente sino se avanza en las sanciones y la reparación.  

Para más información, contactar a Diana Bravo dbravo@globalsurvivorsfund.org 

El terremoto del pasado 10 de agosto planteó nuevos desafíos para distintas regiones del país. La Universidad Libre también tuvo que activar sus protocolos de atención y recuperación, luego de que dos de sus siete seccionales, Cali y Pereira, registraran afectaciones de diferente magnitud.

Desde las primeras horas posteriores a la emergencia, la institución concentró sus esfuerzos en evaluar el estado de sus instalaciones y establecer las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes, profesores y colaboradores. A estas acciones se sumaron procesos de acompañamiento a la comunidad y la definición de medidas para mantener la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

Varias semanas después, las dos seccionales avanzan en procesos de recuperación con necesidades distintas.

Cali: continuidad de las actividades

En la Seccional Cali, las evaluaciones realizadas después del terremoto determinaron que las edificaciones se encuentran en buenas condiciones y no presentan daños estructurales.

Como parte del seguimiento, los consiliarios del Consejo Directivo de la Seccional Cali, junto con autoridades nacionales y seccionales, han recorrido las instalaciones para verificar su estado y acompañar las acciones implementadas tras la emergencia.

La valoración de la infraestructura ha permitido mantener la continuidad de las actividades, mientras se desarrolla un seguimiento técnico permanente y se mantienen las medidas orientadas a garantizar espacios seguros para la comunidad universitaria.

Pereira: una recuperación progresiva

En Pereira, donde las afectaciones fueron mayores, la recuperación ha requerido un proceso gradual de intervención y adecuación de los espacios.

La Universidad ha adelantado trabajos acompañados de evaluaciones técnicas que permiten determinar qué áreas pueden ser habilitadas progresivamente y en qué condiciones. El objetivo es avanzar hacia el retorno a la presencialidad sin dejar de lado los criterios de seguridad.

El proceso también ha contemplado el componente humano. La institución ha generado espacios de acompañamiento y escucha para estudiantes, profesores, egresados y colaboradores, reconociendo que una emergencia de esta magnitud tiene efectos que van más allá de la infraestructura.

La participación de la comunidad universitaria ha sido parte del proceso y continuará acompañando las decisiones relacionadas con la recuperación de la seccional.

Recuperar más allá de los espacios físicos

La experiencia de Cali y Pereira también ha puesto de manifiesto el papel de las universidades frente a las necesidades de los territorios en los que desarrollan su actividad.

En ese contexto, la Universidad Libre busca no solo recuperar sus instalaciones, sino también poner sus capacidades académicas, investigativas y de conocimiento al servicio de los desafíos que surgen después de una emergencia.

Aunque cada seccional enfrenta una situación particular, ambas comparten un mismo objetivo: avanzar de manera responsable en la recuperación, acompañar a su comunidad y garantizar condiciones adecuadas para retomar sus actividades.

Después de un terremoto, la labor de la universidad implica mucho más que reparar espacios. También supone reconstruir la confianza, recuperar los lugares de encuentro y mantener el vínculo de una comunidad que busca seguir adelante.

La historia contemporánea del atletismo se escribe en el silencio y la levedad del aire. Los saltadores de altura se enfrentan a un desafío monumental – una carrera explosiva que culmina en un vuelo perfecto hacia la gloria. La ucraniana Yaroslava Mahuchikh es el máximo exponente de gracia, carácter y dominio absoluto en esta disciplina. Sus seguidores no solo disfrutan del catálogo de slots de 1xBet, sino que también siguen con devoción cada paso de su trayectoria. Aunque hoy la atleta no esté sumando nuevos trofeos, su historial de éxitos continúa deslumbrando al mundo del deporte.

El debut y la primera medalla de bronce

El estreno de la atleta en la cita olímpica tuvo que posponerse, pero finalmente compitió en territorio japonés. Los analistas la consideraban un verdadero prodigio juvenil y el público era consciente de su condición de subcampeón mundial. Pese a la descomunal presión sobre sus hombros con apenas 19 años, la deportista ofreció una actuación a la altura del escenario internacional.

La gran final resultó ser un electrizante duelo librado al límite en cada intento. Mahuchikh superó los 2,00 metros en su primer salto para asegurar la medalla de bronce, conquistando así el primer metal olímpico de su carrera. Con este hito, la ucraniana irrumpió en la élite del deporte mundial y dejó constancia de su extraordinario potencial.

Su enorme potencial quedó plenamente ratificado en 2024. Durante la cita de la Liga de Diamante en París, la atleta completó un salto para la historia tras superar los 2,10 metros, batiendo así una mítica marca mundial que se mantenía imbatida desde hacía 37 años.

De cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, Mahuchikh afrontaba la competición en una posición de absoluto privilegio:

• Máxima favorita al oro
• Vigente campeona del mundo
• Plusmarquista mundial de la disciplina

El público en el Stade de France presenció su consagración absoluta. Mahuchikh inició su participación en los 1,91 metros, superando listón tras listón con pasmosa facilidad al primer intento.

El momento decisivo llegó al afrontar los 2,00 metros, una marca que rebasó de forma impecable en su primer salto. De este modo, selló un desempeño brillante para compartir el protagonismo en lo más alto de la prueba junto a Nicola Olyslagers.

La efectividad al reducir al mínimo el número de nulos le permitió tomar una ventaja decisiva en la competición. Mientras esperaban el desenlace, los usuarios de 1xBet hicieron una pausa en el catálogo de slots para volver a enfocar su atención en la pista, disfrutando en directo del momento en que la atleta conquistó la anhelada medalla de oro olímpica.

La icónica imagen de Yaroslava descansando dentro de un saco de dormir entre salto y salto se volvió viral al instante y captó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Con este triunfo, la campeona completó un palmarés envidiable que incluye títulos continentales y mundiales, tanto al aire libre como en pista cubierta.

A Alix, de ocho años, le gusta la clase de artística. En sus cuadernos dibuja los paisajes de la selva que la rodean y encuentra en los colores una forma de representar el mundo que conoce. Pero cuando tuvo que evacuar su escuela por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, perdió sus materiales y útiles escolares. Como ella, miles de niñas y niños vieron alterada su vida cotidiana y se quedaron sin las condiciones necesarias para continuar sus estudios con normalidad. 

La situación de Alix refleja uno de los desafíos que enfrentan las comunidades afectadas por las emergencias humanitarias, pues recuperar los espacios educativos no solo permite retomar las clases, sino también restablecer entornos de protección, alimentación, socialización y acompañamiento para la infancia. 

En el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre, esta situación pone de relieve la importancia de garantizar el derecho a la educación durante las emergencias. La interrupción de las clases puede agravar las barreras que ya enfrentan muchas niñas, entre ellas el riesgo de deserción escolar, las violencias basadas en género y las responsabilidades domésticas que limitan su tiempo para estudiar.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto afectó a más de 3.700 centros educativos y alteró la rutina escolar de cerca de 500.000 estudiantes en 19 departamentos del país. En Chocó, uno de los territorios más afectados en su infraestructura educativa, la emergencia dejó a miles de niñas y niños sin instalaciones adecuadas para regresar a las aulas de manera presencial. 

En la institución educativa de Alix, la infraestructura quedó en estado crítico y solo 11 aulas permanecieron habilitadas para atender a una población que supera los 3.000 estudiantes. En medio de estas limitaciones, recuperar los materiales de estudio representa un primer paso para que las niñas y niños puedan continuar aprendiendo. 

Frente a este panorama, Fundación PLAN, sede en Colombia de Plan International, adelanta acciones de atención humanitaria orientadas a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La organización, que lleva más de 64 años trabajando en el país, articuló su respuesta con la Alcaldía de Quibdó y la institución educativa de Alix para entregar kits escolares a 247 niñas y niños. 

“Esto es muy importante porque, a través de esta cartilla y de los útiles, puedo aprender a escribir, a leer y también puedo enseñarle a mi hermanito”, agradeció Alix al recibir su kit escolar. Y aunque la entrega de materiales no resuelve por sí sola los daños en la infraestructura, sí contribuye a que los estudiantes cuenten con herramientas para continuar sus procesos de aprendizaje.

Fundación PLAN también está trabajando por la reconstrucción de vivienda del departamento en alianza con Alejandro Riaño, y con su amplia experiencia en infraestructura -que incluye escuelas en Chocó, en Sucre, y 154 obras PDET en distintas partes del país- espera seguir contribuyendo desde ese frente.

La respuesta de la Fundación PLAN también contempla otras necesidades básicas de las comunidades afectadas. En Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca, la organización reporta la entrega de 30 toneladas de alimentos por medio de kits de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) que han beneficiado a más de 1300 personas. 

Además, ha entregado 530 kits de higiene, 137 kits de agua segura, 247 kits escolares, y dotó seis alojamientos temporales. También, ha brindado acompañamiento a 359 niñas, niños y personas adultas en siete espacios protectores en distintos municipios. 

“Nuestra respuesta está en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda. En los primeros tres departamentos tenemos presencia desde hace más de 20 años. En Risaralda comenzamos a atender después del terremoto, contratamos personal especializado y estamos trabajando por las personas afectadas por la emergencia”, agregan desde Fundación PLAN. 

Al igual que Alix, muchos niñas y niños hoy quieren volver a esos espacios seguros donde aprendían, compartían y aseguraban su presente y futuro, por eso Fundación PLAN invita a más personas a sumarse a su respuesta humanitaria mediante donaciones y a convertirse en PLANers, para garantizar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las escuelas. 

Conozca más información en: 

https://quieroayudar.plan.org.co/emergencia-colombia

La moda de Bogotá–Región se abre camino en los escenarios internacionales. Seis marcas, cuatro de prendas de vestir y dos de calzado, llegaron a la capital francesa para presentar su talento y su propuesta ante compradores, medios especializados y actores de la industria, en Paris Fashion Week.

La participación hace parte de [PUENTE] Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que busca conectar a las empresas locales con nuevos mercados y oportunidades de negocio. La llegada a París representa, además, un nuevo paso en el proceso de internacionalización que la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla con empresas del sistema moda.

Ovidio Claros Polanco, gestor de la iniciativa [PUENTE] Internacional y presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, habló sobre el proceso de participación, sus objetivos y las oportunidades de lograr una participación en mercados como el europeo.

¿Qué es [PUENTE] Internacional para usted, como creador de esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá?

[PUENTE] Internacional nació de la idea de llevar a empresarios de la base empresarial al exterior con sus productos. Empezamos con San Victorino y el Restrepo, sectores llenos de creatividad, talento e innovación, y los acercamos a Bogotá Fashion Week. Después de ver sus resultados, decidimos dar el siguiente paso: llevarlos a escenarios internacionales como Madrid, Nueva York, París, Dubái y Milán. Lo más gratificante ha sido ver cómo pequeños empresarios han crecido y han logrado reconocimiento internacional.

¿Qué representa para estas seis marcas llegar a París y participar en Paris Fashion Week?

Representa un sueño cumplido. Verlos en París, frente a compradores y personas de todo el mundo, fue muy emocionante. Hubo mucha alegría y orgullo de ser colombianos. tuvieron una excelente aceptación: hubo ventas, nuevos pedidos y contactos internacionales. Eso demuestra que salir al mundo abre oportunidades que desde Colombia muchas veces no alcanzamos a visualizar.

¿Cómo es el trabajo que hay detrás de una participación internacional como esta?

Hay un proceso importante de preparación. Las curadurías y las mentorías ayudan a fortalecer las propuestas de cada marca y a prepararlas para competir en otros mercados. Desde la CCB también acompañamos a los empresarios en temas comerciales, conexiones con compradores, embajadas y otras entidades. La idea es que lleguen preparados y puedan aprovechar realmente las oportunidades.

¿Qué se vio en las colecciones que llevaron a París?

Cada marca mostró una propuesta diferente. Divina Collection, por ejemplo, se destacó por su trabajo en denim y por su innovación en la silueta femenina con productos como los jeans levanta-colas. UANA by WANAAWAA tiene un diseñador muy bueno, Andrés Naranjo, con un diseño contemporáneo, mucha identidad de nuestra cultura y experimentación textil de un impacto impresionante. El Maletero y Mónica Esperanza Bermúdez tuvieron una gran aceptación por sus trabajos en cuero. Cannabis continúa creciendo y demostrando mucho talento. Lisantiny, en calzado, es una empresa familiar que ha crecido hasta llegar a las pasarelas. Kernel Leather mostró el valor de la tradición familiar y la artesanía, con productos hechos a mano y un diseño muy cuidado.

Después de Madrid, Nueva York y París, ¿qué sigue para [PUENTE] Internacional?

Lo que sigue es Dubái. La próxima pasarela será entre el 22 y el 26 de este mes. Ya tenemos todo preparado; solamente falta viajar y demostrar lo que somos…. Estoy muy feliz de demostrar que sí era posible llevar a empresarios de la base empresarial a escenarios internacionales. Queremos que esto también sea un estímulo para otros empresarios que tienen talento y creatividad, para que sepan que ellos también pueden llegar a estos mercados.

Cuando Bre-B comenzó a operar, una de las preguntas era cómo una infraestructura diseñada para facilitar los pagos inmediatos podía incorporarse a las operaciones cotidianas de las empresas. Cobre decidió responderla desde el inicio: en octubre del año pasado realizó con Telefónica su primera transacción a través del sistema y, un año después, ya cuenta con 350 clientes que utilizan Bre-B mediante sus soluciones de pagos.

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos inmediatos interoperable de Colombia, que permite realizar pagos y transferencias de dinero de manera instantánea entre diferentes entidades financieras, sin importar dónde tenga el usuario su cuenta o depósito electrónico y fue creado por el Banco de la República y puesto en funcionamiento de forma masiva el 5 de octubre de 2025.

Desde entonces el crecimiento en el uso del sistema ha sido innegable, y buena parte de ese crecimiento ha estado en el rol de empresas como Cobre. Esta fintech apostó por llevar Bre-B al segmento empresarial. Un diferencial que hoy, después de un año, los tiene con un balance más que positivo donde las operaciones realizadas mediante este sistema ya representan más de 20 % de sus transacciones por mes. La empresa realizó en octubre del año pasado su primera transacción a través del sistema con Telefónica y desde entonces amplió su operación hasta trabajar con 350 compañías vinculadas a Bre-B.

“Pasamos de registrar un millón de transacciones empresariales en enero de 2026 a 13 millones anuales al día de hoy”, afirmó José Gedeón, CEO y cofundador de Cobre.

Uno de los elementos que, según la compañía, ha favorecido la adopción empresarial es que Bre-B ofrece una experiencia homogénea para los usuarios, independientemente de la entidad financiera desde la que se realice la operación. Una transferencia desde o hacia Bancolombia, BBVA u otra entidad participante mantiene la misma lógica para quien realiza el pago. A esto se suma que las reglas del sistema son establecidas por el Banco de la República y no por un actor privado.

Para las empresas, cuenta el cofundador de Cobre, el sistema les da la posibilidad de integrar Bre-B a sus propios procedimientos lo que les permite desarrollar soluciones específicas para sus necesidades. En el caso de Telefónica, por ejemplo, Cobre implementó mecanismos que permiten que el usuario pague exactamente el valor que la compañía debe recibir, evitando diferencias en el monto de la transacción.

Los casos de uso también se han extendido a diferentes actividades económicas. En comercio electrónico, Samsung utiliza Bre-B como una alternativa para recibir pagos, mientras que en logística Servientrega lo incorporó para transformar parte de sus operaciones de pago contraentrega.

Este último caso muestra uno de los cambios que puede generar el sistema en la operación empresarial. Tradicionalmente, un repartidor que realiza una entrega contraentrega debe recibir efectivo, contar con dinero para dar vueltas y posteriormente entregar o consignar ese dinero. Esto implica procesos adicionales de manejo, conciliación y seguridad del efectivo.

Con Bre-B, y con la tecnología de Cobre, el proceso puede hacerse mediante un código QR. El repartidor presenta el código, el cliente lo escanea y realiza el pago desde su entidad financiera. De esta manera, desaparece buena parte de la gestión de efectivo asociada a la operación.

En el comercio electrónico, el impacto también está relacionado con los costos. De acuerdo con Cobre, una transacción realizada mediante Bre-B puede representar para una empresa un costo considerablemente menor que un pago con tarjeta. En el caso mencionado de Samsung, la compañía señala que una transacción con tarjeta puede implicar costos de hasta 3 % del valor de la venta, mientras que mediante Bre-B el costo es considerablemente menor.

A esto se suma la disponibilidad del dinero. “Mientras las operaciones con tarjetas pueden tener procesos de conciliación que llevan varios días, las transacciones realizadas mediante Bre-B cuentan con liquidación inmediata. Para las empresas, esto significa reducir costos financieros y disponer de los recursos con mayor rapidez”, explica Gedeón.

Cobre también cuenta con un módulo de conciliación que puede integrarse a los sistemas de las compañías para que las transacciones queden identificadas y conciliadas automáticamente a medida que los clientes realizan los pagos.

Sin embargo, el crecimiento todavía enfrenta algunas barreras. Una de las principales está relacionada con los límites de las transacciones. Actualmente, Bre-B tiene un límite cercano a los $12 millones por operación, mientras que algunas entidades financieras establecen topes inferiores para sus clientes.

“Hay bancos que ponen topes o límites de tres millones de pesos, hay otros bancos que ponen cinco, hay otros que ponen diez. Eso hay que homogeneizarlo y subirlos”, señaló el representante de Cobre.

La compañía considera que también será necesario ampliar los casos de uso disponibles. Actualmente, Bre-B permite principalmente operaciones entre personas y pagos entre personas y comercios, pero existe potencial para incorporar transacciones empresariales de otro tipo, como operaciones entre empresas y pagos de empresas a personas, o incluso la posibilidad de pagos de servicios públicos.

Con lo hecho y los buenos números que ha tenido Cobre en este primer año desde el lanzamiento de Bre-B, así como las buenas noticias han llegado, también se han identificado algunos puntos que pueden llegar a mejorar el sistema y al país.

Uno de esos retos está relacionado con la estabilidad de la infraestructura. Aunque Cobre considera que el sistema funciona de manera rápida y consistente, reconoce que todavía existen oportunidades de mejora en la disponibilidad del servicio. La caída ocasional de algunos nodos puede afectar la experiencia de los usuarios, aunque la empresa considera que este es un problema solucionable y menos determinante que los límites y la ampliación de los casos de uso.

De cara al futuro y al crecimiento que seguramente tendrá el sistema, Gedeón cree que son varios los sectores en los que podría crecer el uso empresarial de Bre-B. El comercio electrónico, la logística y las telecomunicaciones seguirán siendo importantes, pero la compañía también apunta a servicios públicos, comercio físico y movilidad, incluidos servicios de transporte para pasajeros.

El crecimiento registrado hasta ahora da una idea del ritmo que podría tomar esa expansión. Después de haber registrado 13 millones de transacciones anuales, Cobre asegura que este es solo el comienzo de una adopción más amplia.

La expectativa es que la expansión de los pagos inmediatos tenga efectos que vayan más allá de la forma en que los consumidores pagan. Para las empresas, la reducción de los costos asociados al cobro y la disponibilidad más rápida de los recursos pueden traducirse en cambios en la administración del capital de trabajo.

“Van a bajar muchísimo los costos financieros para las empresas. A medida que la gente adopta Bre-B se vuelve mucho más barato para las empresas cobrar versus otros métodos de pago”.

El balance del primer año, por ahora, muestra un sistema que ya comenzó a incorporarse en la operación de las empresas, pero cuyo potencial todavía depende de la ampliación de sus usos, la homologación de los límites entre entidades financieras y el desarrollo de una infraestructura que permita sostener el crecimiento de las transacciones y que resulte determinante para que Bre-B pase de ser una nueva alternativa de pago a convertirse en una pieza habitual de la operación financiera de las compañías colombianas.

Las instituciones cuentan hoy con diferentes herramientas para conocer las opiniones, necesidades y preferencias de los ciudadanos, entre ellas encuestas, bases de datos, plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial. Estas permiten procesar grandes volúmenes de información y aportar evidencia para la toma de decisiones.

Sin embargo, el uso de datos no reemplaza el conocimiento del contexto ni la participación ciudadana. En entrevista, Oscar David Melo Estrada, director de la Especialización en Políticas Públicas de la Universidad El Bosque, explica por qué es necesario combinar el análisis cuantitativo y cualitativo con el conocimiento del territorio, cuáles son los límites de las nuevas herramientas y cómo se prepara a los profesionales para enfrentar los desafíos actuales de la gestión pública.

¿Qué han encontrado en sus investigaciones sobre la relación entre la desconfianza en las instituciones y la disposición de los ciudadanos a participar en asuntos públicos?

Hemos encontrado que no necesariamente una menor confianza significa una menor participación. La confianza sí está relacionada con comportamientos como votar, pero las personas siguen participando, aunque desconfíen de las instituciones. Lo que cambia son las formas de participación. Muchas veces recurren a canales informales, como la protesta o la movilización social. Entonces, la desconfianza puede llevar al ciudadano a buscar otras formas de participar.

¿Por qué escuchar a la ciudadanía no necesariamente significa que sus opiniones estén siendo incorporadas en las decisiones de política pública?

Una cosa es recoger opiniones y otra es que realmente tengan incidencia. Una institución puede hacer encuestas, talleres o consultas, pero eso no significa que sepamos qué propuestas fueron tenidas en cuenta y cuáles no. Hace falta esa trazabilidad entre lo que la ciudadanía plantea y las decisiones que finalmente se toman. Participar también implica saber qué pasó después con lo que se expresó.

¿Qué papel pueden cumplir los datos y las nuevas herramientas de análisis para comprender mejor las demandas y prioridades de los ciudadanos?

La inteligencia artificial ha facilitado el acceso a herramientas que antes estaban principalmente en manos de expertos. Eso también implica un riesgo, porque se pueden tomar conclusiones sin conocer bien sus limitaciones. Pero existe una gran oportunidad: hoy podemos analizar grandes cantidades de información, como encuestas, textos, plataformas digitales o registros administrativos, y encontrar patrones o temas que antes podían pasar desapercibidos.

¿Cuáles son los principales límites de estas herramientas y por qué sigue siendo indispensable el conocimiento del territorio para interpretar correctamente lo que expresa la ciudadanía?

El dato estadístico nunca habla completamente por sí solo. Puede mostrarnos patrones y frecuencias, pero no necesariamente qué significan esas situaciones para las personas. Por eso, el análisis de datos debe combinarse con el conocimiento local y las experiencias de la ciudadanía. No podemos quedarnos solamente procesando información desde un computador.

¿Cómo puede combinarse el análisis de datos con el conocimiento del contexto social y territorial para mejorar la formulación y toma de decisiones en política pública?

Aquí es fundamental la triangulación. Necesitamos datos cuantitativos para identificar magnitudes y patrones, información cualitativa para comprender significados y, además, conocimiento del territorio.

La idea es no depender de una sola fuente o metodología, sino integrar estas tres dimensiones para tener una comprensión más completa de los problemas públicos.

Desde la experiencia de la Universidad El Bosque, ¿qué desafíos identifican hoy en la formación de profesionales capaces de responder a las nuevas necesidades de la gestión pública?

Uno de los principales desafíos es superar la separación entre quienes conocen la administración pública, pero tienen pocas herramientas para analizar datos, y quienes manejan muy bien los datos, pero comprenden poco las instituciones y el territorio. Un buen profesional en políticas públicas debe combinar esas capacidades y entender las particularidades de cada territorio.

¿Cómo la nueva Especialización en Políticas Públicas de la Universidad El Bosque prepara profesionales para analizar evidencia, comprender las demandas ciudadanas y convertir esa información en decisiones de política pública?

La apuesta es que el estudiante pueda recorrer el proceso completo de una política pública: identificar un problema, analizar la evidencia, comprender los instrumentos, conocer la implementación y evaluar resultados. No se trata solamente de aprender herramientas, sino de saber qué evidencia utilizar, cómo interpretarla y cómo convertirla en alternativas reales para las políticas públicas.

¿Qué diferencia la propuesta de la Universidad El Bosque frente a los retos actuales de la formulación de políticas públicas y por qué es importante formar profesionales que puedan conectar los datos con las realidades de los territorios?

Creo que el diferenciador está en no separar la capacidad analítica de la comprensión del contexto, sino integrarlas. Hoy tenemos más información y herramientas como la inteligencia artificial, pero eso no garantiza mejores políticas públicas. El reto es convertir esa información en conocimiento que permita tomar decisiones adecuadas para territorios concretos.

¿Qué deberíamos tener en cuenta con la llegada de la inteligencia artificial a las políticas públicas?

Creo que con la llegada de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial no podemos perder de vista la importancia de escuchar a la ciudadanía. Podemos tener muchos datos y sistemas para procesarlos, pero eso no reemplaza la escucha ni el vínculo con el territorio. Al final, integrar los datos, la tecnología, la ciudadanía y el territorio es lo que nos permite tomar mejores decisiones en políticas públicas.