Brasil asiste a las urnas este domingo sin saber cuál será la suerte que les depara a cerca de dos millones de extranjeros que hoy construyen sus proyectos de vida en el país. Una gran mayoría, como en el resto de Latinoamérica, son venezolanos que encontraron amparo en una de las naciones colindantes con su tierra natal, sumida en una emergencia humanitaria compleja. Otro gran porcentaje son cubanos y haitianos: dos poblaciones que ante la imposibilidad de permanecer en sus tierras buscaron en suelo continental algún refugio.

Durante meses, la campaña presidencial se ha enfocado en ahondar en las marcadas diferencias políticas e ideas de país disímiles que hay entre el hoy presidente y candidato, Luiz Inácio Lula da Silva y las de Flávio Bolsonaro, ganador en la primera vuelta. Allí han aparecido discusiones sobre cómo se manejará la economía, bajó qué directrices se guiará la política exterior de Brasil, la inseguridad o ideas incipientes de reformar el sistema judicial.

Pero poco o nada se ha hablado de una migración que hoy tiene al menos a dos millones de extranjeros viviendo en suelo brasilero y que, por supuesto, también hacen parte del andamiaje social y económico. El silencio, por decir lo menos, es alarmante para algunos expertos en movilidad humana, pues priva del debate público una discusión que no tiene que ver únicamente con fronteras, sino con derechos humanos o cómo el Estado y sus municipios federados gestionan una movilización masiva. Y es que de 12 candidatos que se lanzaron a la carrera, solo cuatro mencionaron la migración dentro de sus propuestas de gobierno. Lula, el único “sobreviviente” de esa baraja de contendientes, se refirió, aunque sin profundidad, a tratar la movilidad humana con perspectiva de derechos humanos.

Bolsonaro, por su parte, no ha realizado menciones o propuestas, pero le persigue ser el heredero político de su padre, el encarcleado Jair Bolsonaro, quien en su momento catalogó a los migrantes como “la escoria del mundo” y retiró a Brasil del Pacto Mundial de Migración.

Presente cambiante

El Migration Policy Institute (MPI), una organización dedicada a estudiar los flujos y las políticas migratorias, recalca que Brasil tiene un claro historial de conquistas migrantes que pueden ofrecer un parte de tranquilidad. En los anaqueles tanto federales como estatales hay legislación y jurisprudencia que obligan al Estado a cumplir con sus compromisos, como la Operación Acogida, que consistió de una respuesta humanitaria y de integración en la época de mayores flujos de la diáspora venezolana en el continente.

Pero hay otras voces que consideran que el silencio y la falta de debate ante la migración pueden ser una cuota muy costosa de canjear en Brasil. Rodrigo Borges Delfim, reportero del medio brasilero Migramundo, asegura que el fenómeno migratorio no se reduce únicamente a los venezolanos; en el país hay ciudadanos de al menos 175 otras nacionalidades.

Futuros posibles

Si Lula logra remontar la ventaja que su adversario político alcanzó en la primera vuelta, el panorama podría no modificarse mucho: “Reconoce a los migrantes como agentes de desarrollo en lugar de centrarse en prestarles servicios sociales”, dice el MPI.

El que pone en juego la supervivencia de ese modelo es precisamente Flávio Bolsonaro. Aunque ha mostrado un discurso mucho más matizado que su padre, podría emular algunas fórmulas latinoamericanas que convierten la migración en un fenómeno de seguridad. Así lo han hecho Chile, con José Antonio Kast, la Argentina de Javier Milei y últimamente Colombia, bajo Abelardo de La Espriella.

Matías Franchini, profesor de la Universidad del Rosario y experto en asuntos internacionales, incluso considera que la muy probable elección de Bolsonaro pone “el semáforo en amarillo o en rojo” con respecto a la relación con las instituciones democráticas. “Si gana, probablemente podrá alcanzar mayorías en el Congreso; el sistema de frenos y contrapesos podría adquirir características autoritarias, dado el historial de su padre”, dice el experto.

Su afinidad con Donald Trump y EE. UU. incluso podría añadir nuevos factores a la fórmula. De ganar, Brasil podría ser una de las 30 naciones a las que Washington envía deportados de terceros países bajo dádivas económicas, algo que ya ha sucedido con las simpatías del ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele con Trump.

Más que el rumbo político del país, las elecciones determinarán hacia qué camino se inclinarán Brasil y su modelo de acogida, admirados regionalmente. Los votos, aún sin saberlo, determinarán si el enfoque continuará siendo de derechos y dignidad o un asunto de vigilar y perseguir.

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Los municipios anexos a algunas de las ciudades más importantes y pobladas de Colombia empiezan a prepararse para un largo Fenómeno del Niño. A través de un comunicado, la Asociación que reúne 88 ciudades diferentes, explicó que los municipios que la integran ya están reservando capital humano, económico y técnico para que la época de sequías y cambios climáticos abruptos no tenga daños irreparables al interior de los municipios. 

El comunicado está firmado por Santiago Ospina, director general de Asointermedias y quien explica que aunque las autoridades y sus gabinetes ya iniciaron una preparación exhaustiva para recibir el Fenómeno del Niño, cada una de las ciudades tiene particularidades y características diferentes. 

“Respaldamos las medidas del Gobierno Nacional y creemos que el principal desafío es llevar esa preparación a cada municipio. Anticiparnos exige trabajar con coordinación, información técnica que permita tomar decisiones oportunas y hacer seguimiento a las acciones preventivas. Las ciudades intermedias necesitan herramientas y capacidades para proteger a sus comunidades”, explica Ospina. 

Agua, prevención y coordinación

Parte de la agenda que Asointermedias planea ejecutar en el corto plazo tiene que ver con la conservación y buena gestión del agua en los municipios. Como los dictámenes científicos han indicado, el Fenómeno del Niño de esta temporada podría superar umbrales históricos de calor y, por ende, sequías. 

Para eso, Asointermedias y los integrantes de la organización harán articulaciones constantes con los “pesos pesados” de manejo de datos climáticos, como lo es el Instituo de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), así como con expertos de larga data que conocen cómo atender emergencias relacionadas a la naturaleza o estragos climáticos, como lo es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

“La asociación viene trabajando en el fortalecimiento de la preparación municipal con la promoción de Consejo Municipales de Gestión del Riesgo, revisión de planes y protocolos de respuesta y la identificación anticipada de capacidades y necesidades técnicas y operativas”, señala Asointermedias. 

Pero la gestión y mitigación del Niño también contemplan una articulación entre alcaldes, los respectivos gabinetes de cada uno de los mandatarios locales y profesionales de la Asociación, quienes reunirán información, diagnósticos y posibles soluciones, además de indicadores de monitoreo y espacios para que otras personas y emisarios públicos se capaciten en asistencia técnica. 

Por último, Asointermedias también explica que la agenda de prevención y mitigación de desastres ante el Niño plantea jornadas en que se incluya a la ciudadanía y sean las personas de a pie quienes, de la mano con los gobernantes, ayuden en la preservación del agua y aliviar al máximo posible los efectos del Fenómeno. 

“Buscamos que con cultura ciudadana logremos el ahorro de agua y energía, así como preparanos frente a incendios y otros riesgos asociados a las condiciones climáticas”, señala la Asociación. 

Secuelas del pasado

Varias de las ciudades que componen Asointermedias también siguen viviendo las secuelas del terremoto del pasado 10 de agosto, como Quimbaya o Montenegro, en el Eje Cafetero, o Istmina, Palmira o Cartago, en el borde Pacífico colombiano. 

El panorama, aún con la voluntad de prevenir y prepara las ciudades para el Fenómeno del Niño, no es fácil, sea por temas presupuestales, geográficos o incluso administrativos. En entrevista con El Espectador, Juan Sebastián Rozo, alcalde de Calarcá y quien pertenece a la junta de Asointermedias señaló que estos municipios son “ciudades pequeñas, con presupuestos pequeños y problemas de ciudades grandes”. 

El pasado 8 de octubre el IDEAM confirmó oficialmente el inicio del fenómeno del Niño, advirtiendo que podría mantener una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027, que se pronostica como el año más caluroso de nuestra historia.

De acuerdo con las proyecciones, el peor período del Fenómeno podría estar llegando entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.

El futuro del país está dividido entre una percepción de optimismo y preocupación. Hace unos días, la encuestadora Ipsos publicó su informe mensual en el que evalúa el grado de confianza que los ciudadanos tienen con respecto al rumbo de sus respectivos países alrededor del mundo. En el caso de Colombia, la opinión está dividida: el 52 % de los connacionales encuestados consideran que los asuntos marchan por “la dirección correcta”, mientras que el 48 % de los entrevistados comentan que las preocupaciones están inclinando la balanza a la hora de emitir su opinión. 

Los principales hallazgos de Ipsos revelan que Colombia está entre los cinco países con mayor optimismo frente al futuro en el mundo, superado únicamente por Singapur, India, Malasia y Hungría. Otras naciones, como Países Bajos, Francia o Alemania, muestran porcentajes en que sus ciudadanos consideran que el país, en lugar de avanzar por el buen rumbo, está estancado o camina hacia la desesperanza en asuntos económicos, de seguridad o de igualdad social. 

Tendencia al optimismo

El estudio “¿Qué preocupa al mundo?” de Ipsos se ha venido realizando mensualmente durante la última década y reúne las voces de diferentes ciudadanos a lo largo de los países para conocer qué asuntos han avanzado, cuáles siguen rezagados y, por último, cuáles muestran un deterioro. En esta ocasión, la encuesta preguntó a más de 20.000 adultos de 30 países y, específicamente en Colombia, conjugó la opinión de 500 connacionales que expresaron su opinión. 

En números sencillos, los colombianos revelaron a Ipsos que hay cinco principales preocupaciones que se han mantenido durante el último año. La primera de ellas es el desempleo, rubro que viene acompañado con el dato de que dos terceras partes de los encuestados consideran que la economía “va mal”. 

La segunda de ellas es el crimen y la violencia, situación en que el 33 % de la muestra señaló que ha empeorado en el último año y es una de las más preocupantes. Le siguen la pobreza (32%), corrupción (31 %) y la salud (26 %). Aún así, son más los que muestran certidumbre y confianza “hacia el camino adecuado” que quienes piensan que los problemas están superando las soluciones en Colombia. 

La encuesta, aunque no es representativa, sirve como termómetro para conocer el clima de  opinión de los colombianos frente a asuntos urgentes, como la seguridad, el empleo, la economía o la violencia. El dato también sirve como punto de referencia, pues durante el último bimestre, Colombia escogió nuevo presidente y este Jefe de Estado ha incorporado nuevas riendas económicas, políticas y administrativas que podrían tener impacto en la percepción de los ciudadanos. 

“Colombia parece estar entrando en una etapa más optimista. La proporción de personas que creen que el país va por buen camino ha aumentado al 52 %: estos son 16 puntos porcentuales más que hace un año y muy por encima del 38 %, que es el porcentaje promedio mundial”, reza el estudio. 

Los “peros” estadísticos

Si bien hay números que muestran avances y mejores percepciones, también hay datos que señalan las preocupaciones de los colombianos. Por ejemplo, el 62 % de los encuestados reveló que consideran que la economía se encuentra en un declive; apreciación que se ha reforzado durante el último año a través de los resultados de Ipsos. 

Felipe Castro, director de Asuntos Públicos de Ipsos Colombia, detalla que las valoraciones que se recogen en la encuesta no distan mucho de las preocupaciones que otros ciudadanos alrededor del mundo tienen. Un caso específico es la percepción de la economía: seis de cada 10 colombianos observan el universo económico con incertidumbre, pero Castro comenta que es una perspectiva generalizada en el resto del mundo. 

“Solo el 38 % de los encuestados a escala global considera la economía como ´buena´”, precisa y añade que cuando de asuntos económicos se trata, la preocupación no concierne solo a Colombia, sino a la mayoría de los países participantes en el mundo. 

Esto quiere decir que estas preocupaciones que podrían considerarse como asuntos urgentes y problemáticos en jurisdicción colombiana no son únicas en el país, sino que se extienden a lo largo del mundo.

Lo mismo sucede con el crimen, la violencia o el desempleo, tres ámbitos que siguen marcándose como las principales tareas pendientes en Colombia y, en general, en el resto del mundo. En otras palabras, una de cada tres personas encuestadas por Ipsos considera como una inquietud urgente el manejo de la seguridad, la mitigación del desempleo o cómo las autoridades y sus respectivos países evitan y tratan la violencia. 

Incluso muestra mejores cifras de percepción que sus vecinos más cercanos en Latinoamérica. En Argentina, por mencionar un caso, casi el 60 % de los encuestados muestran preocupación por la inseguridad. Perú (59 %), México (56 %) y Chile (53 %), siguen esta para nada alentadora lista donde la violencia y las ciudades inseguras aquejan a sus ciudadanos. 

“De acuerdo con los resultados que encontramos, en los demás temas sociales y económicos el panorama es mixto, ya que la pobreza y la desigualdad preocupan a 32% de los colombianos frente a 29% en el mundo y la corrupción a 31% frente a 27%, mientras que la inflación inquieta a solo 18% en el país frente a 29% en el promedio global. Por su parte, la salud, con 26%, completa el grupo de los cinco temas principales en Colombia” añade Castro.

Aún es muy pronto, tanto en la arena política como en el ecosistema económico, para predecir si habrá grandes variaciones. Pero la conclusión de los datos de Ipsos muestra que el optimismo y la esperanza de tener a corto plazo un país más estable, equitativo y garante de sus ciudadanos es una tendencia que empezó a tomar fuerza.

Hace unos días, las mejillas que tantas sonrisas dibujaron en el rostro de Rosmilda Quiñones se transformaron en un cauce de lágrimas. Estaba frustrada y con cierta pesadumbre. En los más de 40 años que lleva ayudando a las parturientas, como les llama a las mujeres a punto de dar a luz, creía haberlo visto todo. Ayudó a traer vida en tiempos de guerra en Buenaventura y el Pacífico, destinó su casa y patrimonio para que las madres gestantes llegaran de corregimientos lejanos y se alojaran allí para un parto digno o, como lo cuenta con satisfacción, organizó un escuadrón de sabedoras para garantizar derechos sexuales y reproductivos.

Pero el terremoto del pasado 10 de agosto zarandeó esos buenos recuerdos. Durante los últimos dos meses, Mamá Minda, como la conocen en Buenaventura y otras parteras de la ciudad, han venido alertando que su trabajo de ayudar a preservar la vida está en serio riesgo. La sede de Asoparupa, considerada como una de las asociaciones de parteras tradicionales más grandes de Colombia, corre peligro de un colapso. Y los hogares de sus integrantes, donde las madres gestantes han arribado para recibir controles, recoger la memoria ancestral o enseñar la partería a las nuevas generaciones, hoy son refugios comunitarios, en algunos casos, o escombros desperdigados en las calles, en otros. Al menos 10 de ellas no pueden volver a sus hogares, sea porque la estructura anuncia una caída inminente o ya cedió y pescan enseres entre los escombros.

La casa Asoparupa, de tres plantas y en forma de “L”, hoy tiene vetado el acceso al menos a dos de los niveles donde se cultivan plantas tradicionales, y las habitaciones que en cuatro décadas sirvieron para alojar a las embarazadas y sus neonatos tampoco están disponibles. “Hasta la parte de atrás, donde tenemos el trapiche y el alambique para producir el viche, está inutilizado”, dice Liceth Quiñones, hija de Mamá Minda y representante legal de Asoparupa.

No hay ahorros para costear otra casa, mantener la operación y tampoco ha habido apoyo institucional para su reconstrucción, solo unos cuantos ingenieros y voluntarios que acudieron a la sede de Asoparupa para brindar una aparente calma. “La partería en Buenaventura está en peligro: no es solo una actividad, es un patrimonio ancestral que corre riesgo de desaparecer si nada cambia, tanto en la mitigación de los daños del terremoto como en las condiciones de vida de las parteras”, comenta Quiñones.

Historia en riesgo

No se trata solo de una casa. En los pasillos de la casa de Mamá Minda reposan pinturas y murales que representan la partería como un conocimiento ancestral que se ha preservado de la mano de ellas durante décadas, si no siglos.
Una de las paredes tiene grabadas las siluetas de las manos de cada uno de los recién nacidos que han llegado a la vida en la Asociación, acompañado por las fechas en que fueron atendidos. También archivos que datan desde la década de los 70 sobre cómo garantizar el derecho a la salud cuando el Estado no llega o las recetas de bebidas ancestrales, como el milpesos o la preparación del chontaduro para atender la primera infancia, mitigar las posibles amenazas de abortos espontáneos o aliviar asuntos más cotidianos, como picaduras de culebras o enfermedades que ellas bautizaron como el ojo, el espanto o el mal aire.

Quiñones describe la situación con preocupación: “El terremoto nos movió a todos y nosotras seguimos moviéndonos para proteger la memoria viva. Si la estructura colapsa, no se pierde solo una casa, sino la memoria de los niños y un patrimonio”.

Tarea pendiente

Las parteras han atendido gratuitamente a las madres y otros miembros de la comunidad ante la ausencia del Estado o la dificultad de acceder a un control perinatal. En corregimientos y veredas lejanas, han sido ellas quienes con sus propios recursos y voluntades han llegado a las casas de las madres para hacer una sobadura, dictar un diagnóstico o, en casos urgentes, atender el parto allí, aun cuando no tienen implementos médicos, electricidad o agua potable. Incluso recuerdan que han sido ellas quienes conservan la vida en medio de los recrudecimientos de la violencia, como ha sucedido en la última década con los territorios confinados y que, por obvias razones, las mujeres embarazadas o niñas que quieren atender su salud reproductiva no pueden salir de los linderos establecidos por actores armados.

El DANE incluso ha ofrecido cifras sobre la importancia de la partería en el país: en 2023, poco más de 36.000 niños nacieron gracias a la labor de estas mujeres que recorren las costas del Pacífico. Pero otras instancias y organizaciones también han recalcado su importancia. Ese mismo año, la Unesco reconoció la partería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y recalcó que “miles de niñas y niños en condiciones extremas y diversas han llegado a este mundo de forma segura gracias a ellas”.

Precisamente por su protagonismo en territorios del Pacífico, la Corte Constitucional exhortó en 2022 al Ministerio de Salud a vincular a todas las parteras al Sistema de Seguridad Social y reconocerlas como personal de la salud, y al Congreso legislar para dignificar su labor, pero hasta el momento ninguna de las dos tareas se han realizado.

La cartera de Salud no ha realizado el registro y, según comenta Quiñones, el nuevo Gobierno no ha mostrado señales de acercamiento con ninguna de las parteras bonaverenses y el Legislativo, aunque ya radicó un proyecto de ley que promete caracterizarlas y ofrecerles educación, vivienda o subsidios que no han encontrado en décadas de partería.
“Somos guardianas de la vida, y desde aquí hemos también ayudado a salvaguardar un patrimonio de la humanidad. El terremoto y sus daños solo simbolizan la situación a la que nos enfrentamos: toda una vida de trabajos no remunerados, necesidades y mujeres que a sus 70 u 80 años solo reciben un ‘Mi Dios se lo pague’. La labor está en riesgo”, dice Quiñones.

Las mujeres rurales representan más de una cuarta parte de la población mundial y cumplen un papel fundamental en la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales y el sostenimiento de las economías locales. Aunque constituyen cerca del 40 % de la fuerza laboral agrícola global, poseen apenas el 15 % de las tierras agrícolas. Esta desigualdad limita sus posibilidades de acceder a ingresos, financiación, tecnología y recursos para fortalecer sus actividades productivas.

En Colombia, donde más de cinco millones de mujeres se reconocen como campesinas, las investigaciones de la Fundación WWB Colombia muestran cómo estas brechas afectan su autonomía económica y sus condiciones de vida. En el Pacífico, algunas lideresas rurales asumen jornadas de hasta 14 horas diarias al combinar el trabajo doméstico, el cuidado comunitario y la defensa de sus territorios. En la ruralidad del Valle del Cauca, por su parte, apenas cuatro de cada diez mujeres participantes en un estudio afirmaron que decidían individualmente sobre los gastos del hogar, frente a siete de cada 10 hombres.

“Las mujeres rurales tienen un papel fundamental en la economía, la seguridad alimentaria y la protección de los territorios. Sin embargo, nuestras investigaciones muestran una contradicción profunda: mientras su trabajo sostiene buena parte de la vida productiva y comunitaria, siguen enfrentando barreras para acceder a la tierra, generar ingresos y decidir sobre sus propios recursos. Esta realidad exige que las políticas públicas y las oportunidades económicas reconozcan sus aportes, sus conocimientos y las condiciones particulares en las que viven. Avanzar en su autonomía económica es también avanzar en el desarrollo de sus comunidades y del país”, señala Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

Esta visión cobra especial relevancia el 15 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Naciones Unidas recuerda que, pese a su contribución a la producción agrícola y la seguridad alimentaria, las mujeres campesinas continúan enfrentando un acceso desigual a la tierra, el crédito, los insumos agrícolas y los mercados. En su declaración de 2026, ONU Mujeres vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres rurales y avanzar hacia condiciones de igualdad que reconozcan su contribución económica, social y ambiental.

El cuidado: una jornada que se extiende más allá del hogar

Uno de los principales obstáculos para la autonomía económica de las mujeres rurales es la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024-2025 del DANE revela que el 93,4 % de las mujeres rurales participa en actividades de trabajo no remunerado, frente al 60,8 % de los hombres.

Esta diferencia también se refleja en las horas dedicadas a estas labores. La Radiografía del cuidado en la región Pacífico, elaborada por la Fundación WWB Colombia, señala que en las zonas rurales y dispersas de esta región las mujeres destinan alrededor de ocho horas y 35 minutos diarios al cuidado, mientras los hombres dedican cerca de tres horas.

Las responsabilidades aumentan cuando se trata de lideresas comunitarias, mujeres indígenas, afrodescendientes y defensoras ambientales que, además de cuidar a sus familias, participan en actividades de protección del territorio, conservación de los ecosistemas y sostenimiento de redes comunitarias.

En tanto, el informe Género y medio ambiente en la región Pacífico identifica esta triple carga y sus consecuencias sobre la salud, el descanso y las oportunidades económicas de las mujeres. En territorios donde existen dificultades de conectividad, transporte y acceso a servicios básicos como agua potable y energía, las tareas cotidianas demandan todavía más tiempo. A estas condiciones se suman, en algunas zonas, los efectos del conflicto armado y las economías ilegales.

Tener una cuenta bancaria no significa tener autonomía económica

El acceso a productos financieros representa apenas una parte de la inclusión económica, como lo evidencian los hallazgos del estudio Inclusión financiera de las mujeres en la ruralidad del Valle del Cauca. Entre las entrevistadas, del 100 % que había abierto una cuenta de ahorros lo hizo por motivos laborales y la utilizaba principalmente para realizar transacciones y recibir pagos. En el 70 % de sus negocios, el efectivo era el único medio de pago.

El análisis también identificó desigualdades en la capacidad de decisión sobre los recursos familiares: cuatro de cada diez mujeres decidían individualmente sobre los gastos del hogar, frente a siete de cada diez hombres.

La falta de propiedad sobre bienes constituye otra barrera. En los territorios estudiados, apenas el 20 % de las mujeres tenía una vivienda a su nombre, frente al 31 % de los hombres. En cuanto a medios de transporte, solo el 10 % de las mujeres figuraba como propietaria (motos), mientras que entre los hombres la proporción alcanzaba el 31 %.

Estas diferencias afectan las posibilidades de acceder a créditos que exigen garantías patrimoniales y restringen las oportunidades de inversión en actividades productivas.

“Para cerrar estas brechas es necesario garantizar que las mujeres tengan poder de decisión y control sobre sus recursos. La inclusión financiera debe contemplar las particularidades de los territorios, las actividades económicas y las condiciones de vida de las mujeres. Se requieren herramientas que les permitan acceder a productos financieros, utilizarlos de manera autónoma y permanecer en el sistema”, explica Alejandra Galeano, politóloga del equipo de Investigación de Fundación WWB Colombia.

Menos oportunidades laborales y una brecha persistente en los ingresos

Las desigualdades documentadas en los territorios también se reflejan en las estadísticas nacionales de empleo. De acuerdo con el DANE, entre mayo y julio de 2026, la tasa de ocupación de las mujeres campesinas fue del 39,6 %, frente al 76,4 % de los hombres. El desempleo femenino alcanzó el 10,5 %, más del doble del registrado entre los hombres campesinos, que fue del 4,3 %.

En el documento Recomendaciones estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo, la Fundación WWB Colombia analiza estas brechas y sus consecuencias sobre la autonomía económica. El análisis recoge que, en 2020, la informalidad entre las mujeres rurales ocupadas alcanzaba el 87,1 %. Estas diferencias reducen las posibilidades de ahorro, inversión y protección económica ante situaciones de crisis.

La desigualdad en la propiedad de la tierra condiciona las oportunidades económicas de las mujeres rurales. Según cifras divulgadas por la Defensoría del Pueblo, el 63,7 % de los predios rurales con un único propietario pertenece a hombres y el 36,3 % a mujeres. Además, datos de 2019 muestran que el 72,1 % de los predios de propiedad femenina correspondía a minifundios de menos de tres hectáreas.

La brecha también se manifiesta en el acceso a la financiación agropecuaria. Durante 2025, las mujeres concentraron el 34,49 % de las operaciones de crédito del sector, pero recibieron apenas el 5,43 % del monto total desembolsado. Entre las mujeres rurales de menores ingresos, la participación en estos recursos fue del 3,58 %, según cifras de la Defensoría.

El estudio Género y medio ambiente en la región Pacífico, de la Fundación WWB Colombia, ayuda a comprender las raíces de esta desigualdad: las prácticas tradicionales de herencia y titularidad suelen favorecer a los hombres como propietarios y productores principales, mientras el trabajo agrícola de las mujeres es considerado una ayuda familiar.

Esta falta de reconocimiento afecta sus posibilidades de acceder a garantías bancarias, desarrollar proyectos productivos y participar en las decisiones sobre el territorio.

Cuatro prioridades para avanzar en la autonomía económica

Colombia cuenta con la Ley 2462 de 2025, conocida como Ley de la Mujer Rural, Campesina y de la Pesca, que establece medidas para promover la igualdad de oportunidades, fortalecer el acceso a la oferta institucional y mejorar las condiciones de financiación. Su implementación representa una oportunidad para responder a las desigualdades que persisten en los territorios.

A partir de sus estudios, la Fundación WWB Colombia plantea cuatro prioridades:

• Reconocer la diversidad de las mujeres rurales: Las políticas y los programas deben considerar las realidades de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, respetar sus planes de vida y adaptar sus metodologías a las características culturales, económicas y sociales de cada territorio.

• Promover el acceso y la titularidad de la tierra: Es fundamental superar los sesgos de género que históricamente han favorecido a los hombres en los procesos de herencia y propiedad, y ampliar las oportunidades de las mujeres para disponer de activos productivos.

• Garantizar una inclusión financiera con autonomía: Los servicios financieros deben reconocer las particularidades de las economías rurales y facilitar que las mujeres tengan capacidad de decisión sobre sus recursos, con acompañamiento que favorezca su permanencia en el sistema.

• Reducir y redistribuir las cargas de cuidado: Los programas de emprendimiento, formación e inclusión económica deben incorporar soluciones que permitan reorganizar el tiempo dedicado al cuidado, teniendo en cuenta las limitaciones de infraestructura y servicios que enfrentan las mujeres en sus territorios.

“Es necesario reconocer que no existe una sola mujer rural. Las iniciativas deben responder a las realidades de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, sus planes de vida y sus formas de organización. También es fundamental incorporar estrategias para reducir las cargas de cuidado, porque cualquier oportunidad económica que desconozca estas responsabilidades puede terminar aumentando las jornadas de trabajo y dificultando la participación de las mujeres”, concluye Alejandra Galeano.

A Deiver Henao le preocupaba no poder asistir a un concurso de ortografía para el que se había venido preparando: primero ganó la competencia en su escuela y luego quedó en tercer lugar en las regionales. Eso le dio un cupo para el concurso estatal de Nuevo México, por celebrarse en mayo. Pero había un problema: Henao, de nueve años y padres colombianos, estaba detenido en el centro de procesamiento de migrantes de Dilley (Texas) desde principios de marzo de este año.

Su caso salió a la luz pública luego de que la estrella infantil conocida como Ms. Rachel hablara con él por videollamada. Si nunca ha oído hablar de ella, quizá le interese saber que en Youtube cuenta con más de 21 millones de suscriptores, una cantidad casi igual al número de habitantes de un país como Ecuador. El caso de Deiver, pero también el de Gael, otro niño colombiano, con retraso en su desarrollo y problemas de salud, detenido en Dilley, naturalmente se hizo viral. Ambos, según registró la prensa, fueron liberados. “Deiver podrá asistir a su concurso de ortografía en Nuevo México”, informó Univisión el 25 de marzo pasado.

Ms. Rachel, cuyo nombre real es Rachel Griffin Accurso, una educadora de profesión y nombrada Mujer del Año 2025 por la revista Glamour, puso sus ojos sobre el centro de Dilley a raíz del sonado caso de Liam Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años que llevaba un gorro de conejo azul y una mochila de Spider-Man cuando fue detenido en enero de 2026. Desde entonces, la defensa de los niños migrantes se sumó a las muchas causas que tiene la “influencer”, de 43 años, quien también ha sido nominada a los premios Emmy.

Su programa, “Ms. Rachel”, está disponible en Netflix y la temporada 3 fue recientemente publicada con una particularidad: tiene audio en español. La voz del doblaje es casi tan aguda como la voz de la verdadera Rachel, una característica que como ella misma ha contado le causó “bullying” en su adolescencia, pero que hoy considera una gran herramienta para empatizar con su público, los niños.

Su contenido ha sido un fenómeno, más que entre los niños, entre los padres. Muchos han encontrado en su propuesta una alternativa aceptable en tiempos en que todos los pediatras recomiendan mantener alejados de las pantallas a los más chiquitos. Es una época en la que también hay que trabajar (o teletrabajar) y mantener entretenidos y seguros a los niños, así que el contenido pausado y educativo de Ms. Rachel parece una solución potable. Sus videos, que enseñan los números, el abecedario y hasta cómo empezar a usar el baño o comunicarse en lengua de señas, despegaron durante la pandemia, como muchos en Youtube.

Desde que era pequeña, tuvo claro que quería trabajar ayudando a los niños. Con maestría en educación musical de la Universidad de Nueva York, en 2019 se aventuró a lanzar su canal de Youtube. Lo hizo después de que a su hijo mayor, nacido en 2018, le diagnosticaran un retraso en el habla. “Yo estaba buscando algo para él, que fuera de ritmo lento y simplemente dijera las palabras lentamente, como ‘cochecito’ y ‘leche’, y cuando no pude encontrarlo, pensé ‘Tal vez podríamos crear lo que estamos buscando’”, dijo en una entrevista con “Wired”. En el proyecto la ha acompañado su esposo, Mr. Aaron, quien también aparece en el programa.

Por eso para ella tiene sentido su doble función como educadora y activista. No solo ha videollamado a los niños migrantes, también los ha visitado y ha llevado sus cartas hasta el Capitolio en Washington D. C. Su convicción: ningún niño debería estar detenido, lejos de su escuela ni de sus amigos, tampoco pasando hambre o padeciendo las consecuencias de un cuidado precario. Por ello, también ha sido abanderada de causas como la paz en Haití, la República Democrática del Congo o la Franja de Gaza, lo que incluso le ha valido acusaciones de antisemita.

Rachel también aboga por la salud mental. Ella misma ha hablado de su necesidad de ir a terapia para tratar su trastorno obsesivo-compulsivo. Lo ha hecho con su característico atuendo: un overol de “jean” (una prenda llena de bolsillos, a diferencia de los típicos e inconvenientes pantalones para mujer) y una balaca de su color favorito, el rosado, que empezó a usar en sus días de posparto cuando no tenía tiempo ni ganas para lavarse el pelo. “Los sentimientos grandes están bien”, dice ella al reconocer que también se enoja.

Razones no le faltan. Tras la indignación que desató la detención del pequeño Liam hace casi un año, vinieron más arrestos de menores de edad. “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más del doble de niños este año hasta julio que en el mismo período del 2025. En este segundo mandato del presidente Donald Trump, el ICE ha arrestado a más de 8.500 menores”, dicen las contundentes cifras citadas por el diario español “El País”. “Muchos de ellos han sido retenidos en lugares donde ni sus abogados ni sus familiares lograban encontrarlos, como hoteles y salas de detención en edificios de oficinas”. Sin olvidar la comida en mal estado o la luz blanca brillante que no se apaga ni para dormir de las que se quejaba Deiver. Con este panorama, Ms. Rachel, sin duda, tendrá mucho más de qué hablar.

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Carolina Ramírez no conoce eufemismos más dañinos para los derechos y la dignidad de las mujeres como los que hablan de la menstruación en Colombia. Algunos, en tono de burla, relacionan el período con suciedad o impureza y obligan a las niñas, algunas desde sus 10 años, a destinar una semana cada mes al aislamiento y la vergüenza. Otros, con un dejo de misoginia, convierten a jóvenes que apenas están atravesando la pubertad en “mujeres listas para parir” y perfilarlas como serias candidatas a convertirse en esposas, parejas sexuales o, en comunidades indígenas, maduras para ser sometidas a la mutilación genital.

Desde 2014, Ramírez y su organización, Princesas Menstruantes, recorren Colombia y países de Latinoamérica y África para mostrar cómo la menstruación, aunque es un proceso biológico y natural de cualquier mujer en el mundo, ha sido durante años una puerta de entrada a las violencias: una muy difícil de cerrar.

La iniciativa busca educar sobre la menstruación a hombres y mujeres, y visibilizar que detrás de cada período puede haber necesidades insatisfechas, tabúes y una baraja de conductas violentas hacia las mujeres.

En su travesía han encontrado vulneraciones de todo tipo. Desde niñas y mujeres que a falta de saneamiento básico deben menstruar en condiciones indignas, sin agua o elementos sanitarios y mujeres privadas de la libertad castigadas sin toallas para atender su salud dentro de los pabellones, hasta comunidades que cuando detectan la primera regla en una mujer la obligan a atender labores de cuidado o a iniciar una vida sexual.

“Ha estado cargada de imaginarios sociales, culturales y tabúes que contribuyen a la sexualización de las niñas. Esto se convierte en un factor de riesgo que exige a las infancias que se comporten como adultos”, explica Ramírez.
El fenómeno más repetido, comenta Ramírez, es la sexualización de niñas desde los ocho o 10 años: “Culturalmente se piensa que la menstruación es el tránsito hacia una adultez en que ellas ya tendrán relaciones sexuales e hijos, pero siguen siendo niñas y adolescentes bajo una lógica que las persigue hasta su adultez”.

Pero hay otros escenarios. “Hay ejemplos dolorosos, como matrimonios forzados entre niñas y hombres adultos, la mutilación genital femenina o también casos como la disminución de la participación social, ausentismo escolar, violencia sexual o la medicalización, donde desde los 10 años por menstruar se les debe poner un implante subdérmico de planificación sexual”.

Datos de un estigma

En 2022, el DANE publicó una investigación que detallaba que cerca de un tercio de la población (17,5 millones de mujeres) está en “edad de menstruar”. Más allá de las cifras, el Departamento mostró cómo el tabú y pocas opciones afectan la vida de las mujeres: 45.000 tuvieron que utilizar servilletas, calcetines o costuras artesanales para detener el sangrado, mientras que 17.000, por falta de insumos, dinero o conocimiento, no usaron ningún producto.

El informe recoge datos más cercanos a la cotidianidad, como la cifra que indica que casi dos millones de mujeres deben suspender o modificar sus vidas cotidianas por síntomas relacionados con la menstruación. En el Pacífico, por ejemplo, la investigación revela que una de las principales causales de ausentismo escolar, más allá del conflicto o las barreras geográficas, es la menstruación y la vergüenza de asistir a escuelas que no garantizan mínimos sanitarios o espacios seguros.

En aulas y casas

Hay otras iniciativas que también caminan por Colombia buscando un cambio cultural. Ese es el caso de Isis Tíjaro, fundadora del Colectivo Derechos Menstruales y quien asegura que la transformación debe incluir a los hombres y un componente educativo. “Los derechos que circundan la menstruación hay que abordarlos desde un ámbito de salud pública y educativa, no solo desde la perspectiva de la ginecología. Si quiero lograr un cambio, debo hablarle a la otra mitad de la población, que son los hombres, y enseñarles que no podemos convertir a las niñas en un blanco de violencias después de su primera menstruación”, asegura.

En los 20 años que lleva trabajando en Colombia ha vinculado, por ejemplo, a los eslabones más altos del sistema educativo de los colegios en los que trabaja para que el estigma y las violencias sean erradicadas y mitigadas desde arriba. En cuanto a los niños y pequeños, reliza pedagogía e incluso les enseña, “en su propio territorio”, cuáles son los ciclos biológicos particulares de los hombres y por qué son normales en su crecimiento.

La menstruación, en otras palabras, no debe ser jalada hacia los extremos: no es señal automática del inicio de una vida sexual activa, pero tampoco es un hecho insignificante, sino una muestra de que las niñas cursan sus ciclos biológicos con buena salud.

Tíjaro asegura que Colombia es un referente regional en la garantía de los derechos menstruales, hormonales y ovulatorios, pero aún falta camino por pavimentar para lograr una transformación que deje de exponer a las niñas a vidas llenas de estigmas y violencias.

A Lublanc Prieto le dieron cinco días para salir del país. Era una orden categórica resumida en un oficio de Migración Colombia: no importaba que fuera refugiada, que su salud dependiera de una inyección de insulina cada pocas horas o que si volvía a Venezuela su vida corriera riesgo en manos del chavismo y sus alfiles. Aun así peleó. Buscó quién la escuchara y, cuando la Defensoría del Pueblo intercedió por ella y logró que el Estado le permitiera su estadía, juró dedicar el resto de sus días a defender los derechos que a ella y a miles de integrantes de la diáspora venezolana se les vulnera en suelo colombiano.

Eso fue hace más de 10 años. Hoy Lublanc dirige Refugiados Unidos, una ONG que destinaba sus quehaceres en atender venezolanos que ven impedida su garantía de derechos e incluso casos más graves que han llegado a estrados judiciales, relacionados con delitos como trata de personas y explotación, o vulneraciones sistemáticas contra la migración. La fundación ha logrado la atención urgente, jurídica o de integración de casi 25.000 personas y, de acuerdo con las cuentas de Prieto, han logrado aterrizar en 90 municipios de 13 departamentos, algunos con grandes flujos y necesidades migratorias.

Por ejemplo, la fundación litigó una tutela de una mujer trans, trabajadora sexual y perseguida por el chavismo que, aun alegando que era refugiada, fue deportada a Venezuela. La querella terminó resuelta en un despacho de la Corte Constitucional que, además de ordenar la permanencia de la mujer, ordenó un protocolo diferencial de género a la Cancillería.

La fundación, ubicada en una pequeña casa al norte de Bogotá, se ha convertido en una mano amiga para miles de migrantes, tanto venezolanos como de otra nacionalidad, que los buscan para que sus derechos fundamentales sean respetados y que su tránsito a Colombia, ya complejo y en la mayoría de los casos en situaciones de vulnerabilidad, pueda hacerse con dignidad.

“Ver que devolvimos la sonrisa y tranquilidad a un venezolano, un desplazado o un refugiado es una de las mayores satisfacciones que tenemos; el mayor trofeo conseguido por estas tres mujeres”, comenta Sorangel Gainza, otra de las directoras de Refugiados Unidos.

Derecho a defender derechos

Prieto es la cabeza más visible, pero la fundación también es manejada por otras dos mujeres venezolanas que en su proceso migratorio sufrieron vejámenes. Una de ellas es Sorangel Gainza, migrante que llegó en tiempos de pandemia a Colombia y fue sometida a trabajos mal remunerados y situaciones que ella describe como trata de personas.

Elizabeth Arenas completa el equipo. Es una profesional que desde que salió de su país recoge recursos o cualquier ayuda humanitaria en cualquier lugar en donde esté residiendo para poder enviar de vuelta a casa. Actualmente, camina las calles de Países Bajos y toca puertas en fondos de cooperación para continuar con la tarea de financiar Refugiados Unidos y aliviar el sufrimiento de la diáspora en sus países de destino. En total, la fundación tiene cerca de 70 empleados, entre colombianos y venezolanos, que desde el derecho, el trabajo social y la psicología ayudan a garantizar la estadía digna de los migrantes. Hace dos meses, cuando el presidente Abelardo de la Espriella habló de “perseguir la migración ilegal”, Prieto ordenó a todo el personal hacer brigadas jurídicas para resolver dudas sobre el estatus irregular o, de ser necesario, iniciar procesos jurídicos para que las familias venezolanas pudieran sentir un viso de calma.

Modelo integral

El trabajo de las tres mujeres ha tenido varias escalas de impacto. Las más inmediatas tienen que ver con salvar del hambre o la pobreza extrema a miles de venezolanos en Colombia que aún cuentan con muchas necesidades insatisfechas.

En un segundo nivel, han intentado utilizar la legislación y los estrados judiciales como la mejor herramienta para garantizar derechos, como la educación, la salud, la dignidad o, con frecuencia, el derecho a no ser devuelto a Venezuela, donde sus vidas aún corren peligro.

Así es como constantemente sirven a la Corte Constitucional como “amigos de la Corte”, una figura en que Refugiados Unidos ha brindado su opinión, argumentos técnicos y jurídicos para resolver un caso, en este escenario, relacionado con migración. De esta manera, han logrado litigar casos que han creado precedentes judiciales en términos de migración.

“Quisimos ir más profundo del asistencialismo y mostrarles a Colombia y el mundo que tres mujeres refugiadas pueden causar un impacto. Nuestra causa es y será siempre defender los derechos que nosotras vimos violentados en el pasado”, dice Prieto.

Pero el modelo se ha exportado. La Organización de Naciones Unidas incluyó la Fundación en el Consejo Asesor de Personas Apátridas y Desplazadas, y agencias internacionales como Acnur ahora incluye los conceptos técnicos y jurídicos de Refugiados Unidos en discusiones sobre cómo atender otras crisis migratorias y humanitarias, como la de Uganda o flujos que se dan en Latinoamérica.

Las fundadoras de Refugiados Unidos aún tienen dos sueños. El primero, tener una casa propia bien distribuida en la que puedan acoger a la mayor cantidad de migrantes con derechos vulnerados. La segunda, crecer lo máximo posible para que ningún otro migrante, ni venezolano ni de otra nacionalidad, viva lo que ellas y las personas que han atendido tuvieron que sufrir.

“Este es un hijo que se nos creció. Ahora debemos darle continuidad y empoderar otras organizaciones para que la migración sea digna, con derechos y con un enfoque humano”, concluyen.

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Porkcolombia anunció este 8 de octubre una alianza con Tulio Zuloaga, creador de contenido conocido como Tulio Recomienda, para recorrer 10 ciudades del país y mostrar otras posibilidades gastronómicas de esta proteína. La serie visitará Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Cartagena, Bucaramanga y Pereira, con contenidos que irán desde recetas para preparar en casa hasta propuestas de restaurantes y cocinas populares.

Es una apuesta en la que las diferentes regiones de Colombia podrán apelar a conocimientos gastronómicos y su cultura culinaria para utilizar el cerdo y poder crear nuevas ofertas que podrían incluso impactar sectores como la economía, el turismo o la canasta familiar.

"Es una apuesta por acercar la carne de cerdo a la vida cotidiana de los colombianos, desde la innovación, la cultura y el orgullo por lo nuestro", asegura Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia.

La iniciativa llega después de un año de crecimiento para el sector, donde, según el balance económico de Porkcolombia, el consumo per cápita de carne de cerdo alcanzó los 15,8 kilogramos en 2025, frente a los 14,7 kilos de 2024. El aumento fue de 1,1 kilogramos por persona en un año. En total, el consumo aparente de carne de cerdo y sus subproductos llegó a 840.633 toneladas, un 8,5 % más que en el periodo anterior.

El crecimiento también se reflejó en la producción nacional, que llegó a 663.875 toneladas en 2025, un incremento del 9,1 % frente a 2024. De acuerdo con el mismo informe, Colombia se ubicó como el cuarto productor de carne de cerdo en América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina.

Para este año, la campaña proyecta un consumo de 17 kilos por persona. El informe económico de Porkcolombia, sin embargo, contempla una previsión sectorial de 16,5 kilos para 2026. La diferencia entre ambas cifras muestra que se trata de estimaciones y no de un resultado consolidado: el dato definitivo dependerá de cómo evolucione el mercado durante los próximos meses.

Una proteína, varias cocinas

La presencia del cerdo en la alimentación colombiana tiene una historia que se cuenta de manera distinta en cada región. En Tolima y Huila, la lechona y los tamales forman parte de las preparaciones más reconocidas. En Antioquia, el chicharrón ocupa un lugar destacado en la bandeja paisa, mientras que en Bogotá y el altiplano cundiboyacense la carne de cerdo aparece en tamales y platos de cocina tradicional.

En el Valle del Cauca, las marranitas —preparadas con plátano y chicharrón— son una muestra de cómo los ingredientes y las técnicas locales transforman una misma proteína. En otras zonas, como la región Caribe y el Pacífico, las tradiciones culinarias incluyen una presencia importante de pescados, mariscos, tubérculos y plátano, de acuerdo con las características de cada territorio. Esto no significa que el cerdo esté ausente de esas mesas, sino que comparte espacio con otros productos y costumbres.

Las diferencias también aparecen en las prácticas cotidianas. Un estudio publicado en 2022 en la revista Frontiers in Food Science and Technology, basado en información de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015, examinó los patrones alimentarios de 16.216 personas entre los 15 y los 64 años. La investigación identificó patrones relacionados con frutas, verduras y lácteos; preparaciones tradicionales con cereales, tubérculos, fritos y carnes; y un patrón caracterizado por comida rápida, bebidas azucaradas y productos empacados.

El estudio ayuda a entender por qué los hábitos alimentarios no pueden resumirse en una sola receta nacional. Lo que se compra y se cocina está relacionado con la cultura, los ingresos, la disponibilidad de alimentos y las prácticas familiares. En ese contexto, la carne de cerdo puede aparecer tanto en preparaciones tradicionales como en platos que buscan adaptarse a nuevas formas de cocinar.

El reto de llegar a más hogares

El crecimiento del consumo ha estado acompañado por una expansión de la producción. En 2025, el beneficio formal de ganado porcino llegó a 6,58 millones de animales, un aumento del 6,4 % frente a 2024. Antioquia concentró el 41,8 % del total, mientras que Cundinamarca, Valle del Cauca y Meta también tuvieron una participación importante en la actividad porcícola. Son cifras que permiten identificar dónde se concentra buena parte de la producción, aunque no indican necesariamente qué departamentos consumen más carne de cerdo.

La distribución del producto también revela diferencias entre las regiones. Según Porkcolombia, Bogotá fue el principal destino de los cerdos movilizados desde otros departamentos en 2025, con una participación del 40,3 % de ese inventario recibido. Meta, Antioquia y Boyacá fueron los principales lugares de origen. El dato muestra la importancia de las cadenas de abastecimiento que conectan la producción rural con los mercados urbanos.

Aun así, el aumento de la oferta y del consumo no significa que todos los hogares incorporen esta proteína de la misma manera. La frecuencia de compra, el precio de los cortes y las preferencias culinarias influyen en las decisiones de los consumidores. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, coordinada por entidades como el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aborda precisamente la relación entre alimentación, condiciones sociales y diferencias territoriales. Su edición de 2015 entrevistó a 151.343 personas en 44.202 hogares de 295 municipios.

Para Porkcolombia, el siguiente paso consiste en ampliar las ocasiones de consumo. La campaña busca que el público explore cortes y preparaciones distintas de las que suelen asociarse con el cerdo, como la costilla, el chicharrón y el lomo. La intención es acercar el producto a las comidas diarias y mostrar alternativas que puedan prepararse en casa, además de las propuestas que ofrecen restaurantes y cocinas populares.

“La carne de cerdo colombiana tiene un potencial enorme que aún estamos descubriendo. Las personas en Colombia aún piensan que el cerdo solamente es costilla, chicharrón o lomo, pero el cerdo es mucho más. Y esta serie busca precisamente eso, acercar a las personas a nuevos cortes, nuevas formas de prepararla, perderle el miedo a explorar y entender que es una proteína versátil, accesible y llena de posibilidades”, señala Tulio Zuloaga. El creador considera que todavía hay consumidores que relacionan esta proteína con un repertorio limitado de platos. La serie pretende ampliar esas referencias y mostrar posibilidades que se adapten a diferentes ocasiones y presupuestos.

Los contenidos se publicarán progresivamente en las cuentas de TikTok e Instagram de Tulio y Pork Colombia hasta finales de año. El recorrido permitirá mostrar recetas y propuestas culinarias en 10 ciudades, aunque la campaña no presentó cifras que permitan anticipar qué regiones tienen mayor potencial de crecimiento ni cómo se distribuirán los contenidos según los hábitos de cada mercado.

Con un consumo per cápita que pasó de 11,3 kilos en 2019 a 15,8 en 2025, la carne de cerdo ha ganado terreno en la alimentación colombiana. El reto ahora será convertir ese crecimiento en una presencia más diversa en las cocinas del país, donde las tradiciones, los ingredientes y las maneras de compartir la comida siguen marcando la diferencia entre una región y otra.

La publicación de un documento de 40 páginas podría cambiar la carga histórica que han tenido las mujeres en la planificación familiar. A finales de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió una directriz en la que recomienda abiertamente a los laboratorios clínicos desarrollar y lanzar al mercado nuevos métodos anticonceptivos para hombres.

El documento habla, con cifras y estudios, cómo la planificación no debe recaer únicamente en las mujeres e impulsa a que en el menor tiempo posible la ciencia encuentre nuevas formas para que los hombres, así como tienen una responsabilidad compartida en el sexo, puedan hacerlo en la planificación y en el retraso de un embarazo.
Por supuesto, la OMS se fundamenta en marcos científicos y cimientos clínicos para recomendar a los laboratorios que incursionen en más y mejores formas de planificación masculina. Más allá de eso, la decisión tiene un peso importante para avanzar hacia la igualdad de género.

“La disponibilidad de más opciones (anticonceptivas) para los hombres aumentaría la proporción de parejas que recurren a métodos masculinos y mejoraría la igualdad de género”, aseguró James Kiarie, jefe de la Unidad de Anticoncepción del Departamento de Salud Sexual de la OMS.

Cuestión de opciones

Hay algunos datos que le dan la razón a la publicación de la directriz de la OMS. De acuerdo con la Organización, al menos 164 millones de mujeres alrededor del mundo no pueden retrasar o evitar un embarazo porque no cuentan con ningún método, sea por razones sociales o económicas.

La falta de acceso para las mujeres, y de pocas opciones para los hombres, tiene secuelas que van más allá de la sexualidad. En otro documento, la OMS recalca que casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados, precisamente por falta de información clara o métodos de anticoncepción; y el 60 % de estos terminan en abortos o intervenciones médicas clandestinas, que lo único que hacen es poner en riesgo la vida de las mujeres o los neonatos.

Pero quienes tienen forma de acceder a esos métodos también encuentran otra barrera: la cultural. La ONG estadounidense Male Contraceptive asegura que el peso de la planificación familiar ha recaído históricamente en las mujeres, siendo ellas quienes deben costear los productos o someterse a procedimientos médicos y las secuelas hormonales o sociales que se deriven, por ejemplo, de la ingesta de píldoras que alteran el ciclo menstrual, que incluso han sido vinculadas con síntomas psicológicos como la depresión.

Los números igual reflejan esa desigualdad. En el mercado hay más de 15 métodos (entre inyecciones, dispositivos o pastillas) de planificación diseñados para mujeres, mientras que para los hombres la investigación solo ha encontrado el condón y la vasectomía.

“Incluso con esas opciones limitadas, cerca del 30 % de las parejas recurren a un método masculino”, acota la OMS.
El propósito de la Organización de la Salud es que en un futuro próximo esa barrera se cierre y que planificar tenga una perspectiva de género en que ninguno cargue mayores pesos que el otro.

La directriz hace énfasis en que los métodos, además de accesibles, económica y geográficamente, deberían ser reversibles, pues en la evidencia de la OMS reposan estudios en que el 75 % de las parejas estarían dispuestas a usar más anticonceptivos masculinos en caso de haberlos y que un alto porcentaje se inclina, o no, dependiendo de si uno de esos métodos es temporal o si implica cambios físicos u hormonales. En Colombia, por ejemplo, Profamilia recorrió 12 regiones del país y encontró que el 82,2 % de las parejas están dispuestas a incursionar con métodos diseñados para hombres.

“Existe una responsabilidad social (...). Contar con una opción segura y eficaz aliviaría la presión y supondría un gran avance para la ciencia, la sexualidad y la sociedad”, explicó Male Contraceptive.

Experimento pendiente

La directriz, aunque ha sido considerada como un intento de utilizar la ciencia y la tecnología para la igualdad de género, aún está lejos de resultados reales. La OMS recalca que las fases preliminares de investigación de nuevos productos anticonceptivos masculinos pueden tardar entre cinco y 10 años para estar disponibles para el público. Algunos otros, ya más avanzados en 50 años de experimentos, no tienen un aval por parte de la OMS, tanto por su eficiencia como por qué tan seguro es utilizarlos.

Pero fuera de los laboratorios y los pasillos de la OMS deben surtirse otras discusiones que versan más sobre la autonomía o la cultura que sobre lo científico. Nuevos métodos para los hombres podrían distribuir la responsabilidad y que un embarazo (o evitarlo) no sea tarea únicamente de las mujeres.

Marta Royo, directora de Profamilia en Colombia, considera que la directriz de la OMS es un gran avance en el mundo médico, pero aún hay varios ecosistemas que necesitan ser permeados por esa transformación.

Uno de los más importantes, comenta, es la educación sexual y eliminar estereotipos en torno a la maternidad, la crianza o la planificación: “Que gran parte de que las mujeres siempre hayamos tenido que cargar con la responsabilidad de quedar, o no, en embarazo es porque a los hombres no se les enseña cómo prevenirlo o las implicaciones”.

Así, debe haber cambios en la cultura, “al cuestionar ideas que ven incompatible la anticoncepción con la masculinidad” o el sistema de salud, donde “se debe incorporar al hombre en discusiones que también tienen que ver con ellos”. Y concluye: “Compartir la responsabilidad no significa quitar autonomía, sino que cada persona decida libremente sobre su cuerpo”.

Hay un sueño que puede cumplirse con pedagogía e información clara: el americano. Durante el último año, un colombiano ha dedicado horas de reportería a entender cómo contarles a miles de migrantes en Estados Unidos aquello que suele aparecer escondido detrás de formularios, términos jurídicos y decisiones administrativas.

Su nombre es Felipe Aguilera, periodista y migrante de 45 años que nació en el departamento de Meta y hoy desarrolla su proyecto de vida en Nueva York. Durante cerca de una década estuvo vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y al Consulado en Nueva York, donde conoció de cerca las preguntas de quienes llegaban a Estados Unidos buscando una oportunidad y terminaban necesitando algo más que una visa, un empleo o un lugar donde vivir.

Con el tiempo, esa experiencia terminó convirtiéndose en reportería. Aguilera empezó a reunir historias, consultar a expertos y conversar con otros colombianos para construir un espacio desde el que pudiera explicar la migración desde un lugar distinto: el de quienes tienen que vivirla. Su apuesta consiste en informar y ofrecer la mayor cantidad de detalles posibles a quienes piensan en emprender el sueño americano o servir como apoyo y guía a colombianos que ya se encuentran en Estados Unidos y buscan consejos para subsistir allí.

Voces que migran

Así nació su pódcast “Las nuevas reglas del sueño americano”, en el que cada capítulo, que dura en promedio 30 minutos, intenta responder una pregunta distinta sobre lo que significa migrar a Estados Unidos. Por allí han pasado colombianos que cuentan cómo construyeron una vida lejos del país, expertos que explican asuntos legales y personas que narran cómo encontraron en la migración una oportunidad, pero también una serie de dificultades que pocas veces aparecen en las fotografías.

Uno de esos relatos es el de Alexandra Aristizábal, una colombiana que “migró por amor” hacia Nueva York y que hoy dirige el Festival Independencia Orgullo Colombiano, un evento anual que reúne a la diáspora alrededor de una celebración de la independencia del país.

El proyecto, dirigido y producido por él, ya concluyó su primera temporada, conformada por 12 capítulos en los que dialogó con Aristizábal y otra docena de invitados, como una chef que migró desde Barranquilla y hoy es dueña de su propio restaurante. Historias como esas, dice Aguilera, cuentan la migración más allá del momento de salida.

El pódcast ha explorado también la importancia de las redes de apoyo a la hora de migrar, así como estar preparado para urgencias, con acceso al sistema de salud o financiero. También hay historias que reflejan lo duro que fue el cambio cultural y el duelo migratorio, que para muchos es el primer paso antes de que el sueño americano se materialice.

Ese es el caso de Andrés Agredo, un colombiano que a los 23 años emigró a EE. UU., y en su estancia tuvo que lavar botellas y rebuscar ingresos para costear su vida allí. Después de 30 años de su llegada maneja las riendas de una reconocida joyería en el país, y contó su historia en el pódcast.
“Emigrar es duro, pero quedarse sin echar raíces es más duro todavía”, explica Aguilera.

Pedagogía por “streaming”

Uno de los principales problemas en los asuntos migratorios que detectó Aguilera fue el desconocimiento, especialmente del mundo administrativo y judicial para obtener visados, amparos constitucionales o papeleo de regularización. Por eso, una parte del pódcast está dedicada a traducir esas experiencias. Aguilera conversa con abogados y especialistas para explicar cuáles son los mínimos legales que una persona debería conocer antes de tomar decisiones sobre su permanencia en Estados Unidos. El objetivo no es convertir el programa en una oficina jurídica, sino acercar información que muchas veces resulta difícil de entender para alguien que acaba de llegar.

Ese trabajo ocurre además en un momento particularmente complejo para los migrantes. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la política migratoria estadounidense ha estado marcada por un endurecimiento de los controles, un aumento de las operaciones de detención y deportación, y cambios que han generado incertidumbre entre comunidades migrantes.

Las decisiones de Washington terminan teniendo una traducción cotidiana. Una persona puede preguntarse qué ocurrirá con su empleo, si podrá renovar un permiso, dónde está un familiar detenido o qué consecuencias puede tener un trámite que desconocía. La distancia entre una política migratoria y la vida de una familia puede reducirse, en ocasiones, a un documento o a una fecha. Para Aguilera, contar la migración también significa explicar lo que ocurre después de cruzar la frontera.

En mayo de este año entrevistó a Alejandra Prado, una creadora de contenido que utiliza sus redes sociales para hablar con colombianos en Estados Unidos sobre ahorro, economía personal, productos bancarios y estabilidad financiera. La conversación llevó el relato migratorio hacia un terreno que suele quedar por fuera de las discusiones sobre movilidad humana: aprender a vivir económicamente en el país de llegada.

“Estamos en tiempos de mucha incertidumbre e información, y aún no se cuenta que migrar es un proceso difícil y con errores de cálculos que frustran los sueños de quienes migran”, concluye.

Toda la primera temporada del proyecto se puede escuchar en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts o YouTube y puede conocerlo a través de este enlace.

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En Mompox el tiempo parece tener otra velocidad. El río Magdalena bordea la ciudad, las calles conservan buena parte de la arquitectura que le valió el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad y las iglesias siguen marcando el paisaje urbano. Pero durante más de dos décadas hubo algo que dejó de acompañar la vida cotidiana: el sonido de sus grandes relojes. Las campanas de relojes con siglos de antigüedad marcaban la llegada de un nuevo día, el inicio de la eucaristía en las iglesias, e incluso se utilizaba como alerta en tiempos de guerra o cuando alguien icónico fallecía. Pero de un momento a otro, esa señal dejó de escucharse.

Ese silencio comenzó a cambiar en marzo de 2026, cuando el maestro relojero alemán Tobías Vogler llegó a Santa Cruz de Mompox para intervenir los mecanismos de los relojes de la Alcaldía y de las iglesias de Santa Bárbara y San Francisco. Su llegada hace parte del programa Senior Expert Contact (SEC), impulsado por Swisscontact con respaldo de la cooperación suiza, que lleva conocimiento técnico especializado a territorios donde determinados oficios y capacidades son difíciles de encontrar.

El primer resultado ya está en funcionamiento. El reloj de la Alcaldía fue restaurado en tres semanas, después de una intervención que tuvo un costo cercano a los COP 5 millones. El trabajo permitió además revisar los mecanismos de los relojes de Santa Bárbara y San Francisco, cuyo estado requiere nuevas inversiones antes de que puedan volver a funcionar.

La diferencia es importante. Mompox todavía no recupera por completo el paisaje sonoro que tuvo durante generaciones, pero ya dio el primer paso para hacerlo.

El problema del tiempo

Restaurar estos relojes no solo consiste en limpiar sus piezas, lubricar los engranajes y ponerlos nuevamente en marcha. Tiene docenas de vericuetos técnicos, de ingeniería y en Mompox, incluso el clima hace parte del problema.

La temperatura promedio ronda los 29 grados centígrados y el calor puede provocar la dilatación de los metales de los mecanismos. En un reloj de estas características, pequeñas variaciones pueden terminar afectando la precisión. Por eso Vogler debe revisar cada pieza, calibrar el mecanismo y alinear las pesas con precisión para conseguir que el reloj marque los intervalos de tiempo de manera exacta.

El reto tiene algo de paradójico: para que un mecanismo construido hace décadas o incluso siglos pueda volver a medir el tiempo con precisión, primero debe ser adaptado a las condiciones del lugar donde ha permanecido durante generaciones.

Por eso el proceso también es una transferencia de conocimiento. Junto al maestro relojero trabajan personas del territorio, entre ellas Luis Echavez, aprendiz del SENA, además de actores vinculados con la Escuela Taller El Boga y otras instituciones locales. Cada uno aportó un grano de arena para recuperar el sonido del tiempo: la Escuela echó a andar el proyecto y ofreció hospedaje al relojero alemán y hasta hubo protagonistas que, ansiosos de volver a ver las campanas agitándose al mediodía momposino, ofrecieron lo que tenían en sus locales, como lo hizo una vecina de la comunidad que prestó su ferretería y herramientas para la reparación.

La apuesta de Swisscontact es que la llegada de un experto extranjero no termine cuando este abandone Mompox. El conocimiento debe quedarse. De allí que el proceso combine la intervención de las piezas con la formación de quienes podrán encargarse de su mantenimiento en el futuro.

En esa tarea participan la Alcaldía, las secretarías de Turismo y Cultura y de Planeación e Infraestructura, las parroquias, la Escuela Taller El Boga, la Escuela Normal Superior y otros actores del municipio. La restauración de los dos relojes que todavía permanecen detenidos dependerá, precisamente, de que esa articulación consiga los recursos necesarios.

El sonido de la historia

El valor de estos relojes no está únicamente en su antigüedad. También está en lo que representaron para quienes crecieron escuchándolos. Durante años, sus campanadas fueron una referencia para la vida cotidiana de Mompox. Marcaban las horas desde las torres y formaban parte de un paisaje que podía reconocerse sin necesidad de mirar un reloj. Recuperarlos significa, por eso, restaurar una pieza de la arquitectura, pero también una parte de la memoria sonora de la ciudad.

Ahora, explica SwissContact, ese sonido quiere atraer turismo, desarrollo comunitario y réditos a futuro para Mompox. Mompox ya tiene una actividad turística que se sostiene en buena medida sobre su patrimonio religioso, arquitectónico y cultural. El municipio hace parte de los diez destinos religiosos priorizados por el Gobierno Nacional y ha registrado niveles de ocupación hotelera de hasta el 100 % durante algunas temporadas.

El Festijazz 2025 mostró, además, cuánto puede mover la cultura alrededor de la economía local. El evento generó un impacto estimado de COP 15.329 millones, según la medición realizada por cámaras de comercio y universidades. De ese monto, el 58 %, cerca de COP 8.932 millones, correspondió a alojamiento y servicios de comida.

La recuperación de los relojes entra ahora en ese mismo escenario, aunque desde otro lugar. La idea es que el visitante no llegue solamente a mirar las fachadas, las iglesias o las calles del centro histórico, sino que pueda relacionarse con las historias y los sonidos que hacen particular al municipio.

Por eso la Fundación Bancolombia se vinculó al proceso para acompañar el diseño de una nueva experiencia turística basada en el valor del tiempo, la historia y la identidad de Mompox. El propósito es construirla junto con actores de los sectores turístico, cultural y creativo del municipio, de manera que el patrimonio pueda convertirse también en una oportunidad para fortalecer la economía local.

La apuesta todavía está en construcción, pero también lo está la restauración: el reloj de la Alcaldía ya volvió a funcionar, pero Santa Bárbara y San Francisco todavía esperan por los recursos que permitan recuperar sus mecanismos. Hasta que eso ocurra, el sonido de Mompox seguirá incompleto.

Sin embargo, después de más de 20 años de silencio, el primer reloj ya volvió a marcar el paso de las horas y con él regresa algo que parecía haberse perdido entre las torres y las calles de la ciudad: la posibilidad de que Mompox vuelva a escuchar el tiempo.

La vida de 850 familias venezolanas ha dado un paso más hacia la integración en Colombia. Hace exactamente dos años, gracias al apoyo del sector privado, un proyecto comenzó en este país para propender que la vida de centenares de migrantes venezolanos y comunidades de acogida estuviera marcada, más que por escenarios de vulnerabilidad, por derechos garantizados. Desde el principio se propuso una fórmula de avanzada que conecta la asistencia humanitaria y el desarrollo: además de los auxilios humanitarios, la iniciativa ayudaría a estas personas a incluirse al sistema financiero, de salud y les apoyaría para tener una vivienda digna que mejorara sus condiciones de vida.

Su nombre es Vincula, una iniciativa que 24 meses después de su inicio ha logrado que cerca de 3.400 personas migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida hoy aseguran estar más cerca de un ecosistema de derechos e integración.

El proyecto liderado por la Organización Internacional para las Migraciones y apoyado por Citi Foundation, ha invertido recursos -humanos y económicos- para propender porque el máximo número de familias migrantes y de comunidades vulnerables pueda acceder, algunos por primera vez en su estancia en Colombia, a una cuenta bancaria, educación financiera, acceso a crédito, una vivienda digna o un acceso al sistema de salud, que en el pasado parecía imposible.

Vincula, además, hace parte de una amplia baraja de 50 proyectos que fueron financiados con USD 25 millones para promover soluciones y desarrollo en varias latitudes del mundo como parte del Desafío global de innovación de Citi Foundation. En este escenario en particular, la iniciativa abre ventanas de integración a las familias migrantes y comunidades de acogida y también impacta la realidad de Medellín y Cúcuta.

El proyecto, comentan sus directivos, ha demostrado que incluso un fenómeno migratorio de gran magnitud como el venezolano, que ha movilizado a más de ocho millones de personas, de las cuales cerca del 35 % se encuentran en Colombia, puede atenderse de manera humana, con un enfoque de integración y de forma ordenada. Además, direcciona el paradigma de la cooperación internacional hacia un modelo basado en la horizontalidad, la reciprocidad y las alianzas estratégicas, teniendo en cuenta que una vez termine el flujo de recursos internacionales, permita que sus beneficiarios puedan continuar lo que aprendieron en el futuro sin necesidad de recursos o esfuerzos adicionales.

“Es una suma de esfuerzos con el sector privado donde consolidamos la migración como una herramienta de inclusión y desarrollo humano. La transición de asistencia humanitaria de emergencia hacia modelos de soluciones sostenibles sí es posible y muestra que Colombia es un referente regional en la gestión humana de la migración”, subraya Uriel Canales, jefe de misión encargado de la OIM en Colombia.

El valor de integrar

El proyecto fue pensado desde sus cimientos como una plataforma que elevara las posibilidades de vida digna y oportunidades a migrantes venezolanos y comunidades de acogida. Por esa razón se escogió que Cúcuta y Medellín, dos de las ciudades con mayor concentración de la diáspora venezolana después de Bogotá, fuesen escenario de las acciones.

Vincula se dividió en tres caminos que facilitan el acceso a servicios y mecanismos que suelen determinar qué tan estable puede ser la vida de una familia: salud, vivienda, ahorro, crédito y seguridad social.

Por supuesto, una de las principales preocupaciones para un migrante en Colombia es su estatus migratorio y regularidad. De los 2,8 millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia -según Migración Colombia a la fecha-, 1,9 millones tienen estatus regular con Permiso por Protección Temporal (PPT); 319.000 se encuentran en proceso de regularización y 528.000 venezolanos están en irregularidad. La regularización es considerada la llave de acceso a mínimos básicos o derechos fundamentales.

Pero Vincula propuso ir un paso más allá para aquellos migrantes que aún con un estatus regular, encontraban trabas para acceder a servicios de salud, estabilidad financiera o incluso posibilidades de una casa digna para albergar su proyecto de vida y su familia. Las cifras muestran el impacto de la iniciativa:  un total de 3.393 migrantes pertenecientes a 850 familias hoy tienen insumos y conocimientos para incluirse mejor y acceder a servicios básicos.

Jimena Botero, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Citi Foundation subraya la importancia de la iniciativa: “Valoramos haber apoyado una iniciativa que buscó fortalecer la autonomía de las personas migrantes y su integración. Creemos en impulsar oportunidades que permitan a más personas construir un futuro con mayor estabilidad. Tener acceso a salud, una vivienda segura y herramientas para manejar mejor el dinero puede hacer una diferencia real en la vida de una familia”.

Pilares de inclusión

La primera vertiente de Vincula se enfoca en la estabilidad socioeconómica de las personas migrantes en Colombia. En este marco, la iniciativa brindó apoyo económico a 150 familias mediante la cobertura parcial o total de costos de arrendamiento, contribuyendo a aliviar cargas financieras y reducir situaciones de endeudamiento. Los recursos liberados a través de este apoyo tuvieron un impacto significativo en la calidad de vida de los hogares y en el fortalecimiento de sus capacidades, ya que permitieron consolidar emprendimientos, mejorar las condiciones de vivienda, garantizar el pago oportuno del alquiler y sostener medios de vida. Asimismo, el proceso fomentó una mayor disciplina financiera, fortaleciendo prácticas de ahorro, planificación y gestión responsable de los recursos del hogar.

La segunda dimensión del proyecto se centró en la integración económica de los migrantes y comunidades de acogida al sistema financiero. Para quienes vienen del extranjero y para muchas poblaciones vulnerables del país, acceder a productos financieros y construir un historial crediticio puede convertirse en una barrera para desarrollar un proyecto económico en Colombia.

Por eso Vincula realizó talleres y pedagogía de economía familiar y educación financiera para que ellos mismos decidieran cómo incursionar en el ecosistema económico. Los talleres estuvieron acompañados también con sesiones que recalcaban la importancia de planes de ahorro individuales y comunitarios que permitieron que las arcas de 372 integrantes de familias venezolana y comunidad de acogida pasaran de tener cero pesos a un ahorro en promedio de COP 122.000 que puede traducirse en alimento, costear alguna urgencia o mitigar cualquier gasto imprevisto.

La tercera, pero no la menos importante, tiene que ver con que las familias migrantes pudieran acceder al sistema de salud y ejercer plenamente sus derechos, mediante estrategias de orientación, acompañamiento y articulación con actores institucionales y comunitarios.  El proyecto acompañó familia a familia a un tránsito hacia su afiliación en el SISBEN y en casos puntuales, ayudó a que regularizaran su situación migratoria. Esto les permitió acceder a servicios de salud, incluyendo consultas especializadas, procedimientos médicos y atención integral. En esta última línea, el proyecto benefició a 2.210 personas contribuyendo al cierre de brechas en el acceso a servicios de salud y programas de asistencia social, regularizadas y con un documento que garantizará su atención en salud u orientación en otros servicios sociales.

Beneficio conjunto

Algunos beneficiarios de Vincula señalan que el proyecto significó una oportunidad real de integrarse en Colombia y, además, consolidar sus proyectos de vida. Ese es el caso de Crismargareth, una madre que accedió a las capacitaciones financieras y que comenta cómo le abrieron un abanico de posibilidades en el futuro económico de su familia.

“El proyecto me permitió sentirme más independiente: me ayudó a consolidar un plan de ahorros claros, proyectarme a un futuro concreto y terminar mi carrera universitaria”, acota Crismargareth.

Henry, un carpintero venezolano asentado en Cúcuta, coincide en que Vincula le enseñó herramientas para que él mismo pudiera luchar por su integración y subsistencia en Colombia. “Antes no tenía conocimiento sobre los bancos o de cómo cotizar un mueble. Ahora se hacer una cotización y generar un plan de ahorro que, gracias al fortalecimiento, me permitió comprar una máquina para mi negocio”, comenta el emprendedor radicado en la capital de Norte de Santander.

Pero Canales señala que todas estas historias de familias impactadas también generan un impacto positivo en la manera en que se atiende la migración e incluso en la economía de Colombia. El jefe de la misión a.i. de la OIM recalca que hay estudios comprobados en los que se demuestra, con cifras en mano, cómo la migración aporta al desarrollo y a la economía, como el informe de 2022 que concluyó que la diáspora venezolana aportó cerca de USD 529 millones a las arcas colombianas.

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Alfonsina* ya perdió la cuenta de los días que lleva confinada en su hogar, en una pequeña choza de madera en Catatumbo, Norte de Santander. Sabe que la orden de los comandantes llegó en marzo de 2025, y no había margen de negociación. A toda la población, de un momento a otro, le fue prohibido movilizarse por sus tierras, transitar de un corregimiento a otro y, en su caso, tenía que apelar a argumentos y súplicas para que el grupo armado ilegal que controla el territorio le diera permiso de asistir al casco urbano a atender lo que ella sospecha que es un cuadro profundo de deterioro psicológico.

Vivir con miedo y en cuatro paredes de tabla, dice, a veces le altera su relación con el tiempo, el espacio y el futuro. De su trabajo, el que sea que consiga en el rebusque y el estado de sitio, dependen dos hijos, uno de ocho años y otro joven que, a sus 15, no entiende bien por qué caminar o ir a la escuela se puede convertir en una cuestión de vida o muerte. “Uno aquí solo espera a que lleguen a matarlo a uno”, afirma a El Espectador, luego de enumerar una larga lista de derechos que como mujer, madre y cabeza de hogar ha visto vulnerados mientras está confinada.

En los últimos 10 años, al menos 780.000 colombianos han sido sometidos a confinamientos en medio de la guerra que se vive en sus territorios. Aunque los daños afectan sin distinción a todos los habitantes de las poblaciones, hay voces que insisten en que el fenómeno debe leerse en clave de género e identificar cómo una sentencia a encierro también causa daños diferenciales a las mujeres. Una de ellas es la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló a El Espectador que usualmente las mujeres confinadas en medio del conflicto sufren amenazas particulares, como posibles violencias de género o agresiones sexuales en un intento de controlar tanto los territorios como sus cuerpos.

Las cifras sobre las mujeres afectadas en el confinamiento son, más que incompletas, prácticamente inexistentes. La base de datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés) es considerada como la más robusta y minuciosa. Pero aun siendo el mejor insumo estadístico, está lejos de ofrecer un panorama completo a través de los datos: los registros de OCHA, que reúnen más de 900 casos de confinamientos, solo han distinguido en 23 ocasiones cuántas mujeres o niñas fueron afectadas.
Del total de registros, menos del 3 % han tenido enfoque de género y, en otras palabras, no distingue cuántas mujeres, tanto jóvenes, como en embarazo o en necesidades de salud obstétrica, fueron afectadas.

Sin cifras exactas, explica Marín, no solo se desconoce el panorama del confinamiento en su totalidad, sino que la respuesta también es “tardía y limitada”: “Un dato nos dice cuántas personas están confinadas, pero no cómo está viviendo ese confinamiento. En mujeres y niñas, las restricciones a la movilidad pueden coexistir con formas de control social, violencias basadas en género y agresiones sexuales. Hemos documentado estos casos y también situaciones concretas en que mujeres con emergencias en salud no han podido ser evacuadas debido al confinamiento”.

Control total

El problema no es únicamente sobre las cifras y los vacíos que hay en los registros del confinamiento, sino en las afectaciones de las vidas de las mujeres que viven esto.

Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional, explica que el confinamiento vulnera una serie de derechos para quienes lo experimentan: impacta todas las esferas de la vida de una mujer, una familia o una comunidad que es obligada a encerrarse.

“No existe una lista cerrada de derechos fundamentales que puedan verse afectados en el confinamiento, porque sus consecuencias pueden extenderse a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana (...). Incluso pueden comprometer derechos colectivos, como la identidad cultural, la autonomía y puede poner en riesgo la supervivencia de las comunidades, si se habla de pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes”, asegura la togada del tribunal constitucional.

Sentencias de la Corte y alertas tempranas de la Defensoría han detallado el control territorial que viven las mujeres en sus hogares. Un fallo proferido en 1996 indagó cómo un confinamiento a manos de un bloque paramilitar en Chocó ocasionó, además de la pérdida de los medios de vida de toda la comunidad, el silencio de mujeres que intentaron alzar la voz para revertir la situación de encierros y amenazas.

Autorización para parir

Liceth Quiñones, directora de Asoparupa, el colectivo de parteras afro más antiguo de Colombia, considera que el confinamiento tiene daños diferenciales para atender algo “tan sagrado como dar vida”. “Nuestras sabedoras han sido imposibilitadas de acceder a territorios bajo el control de grupos armados, lo que pone en riesgo hacer el control periódico de un embarazo o atender un parto. Esta situación es aún más complicada si se piensa que ellas viven en comunidades rurales lejanas, donde salir a un puesto de salud no es una opción, pero nuestra llegada para ayudar a traer una nueva vida tampoco lo es”, comenta Quiñones.

Los departamentos donde más confinamientos se registran son, precisamente, donde a juicio de Quiñones más necesidades en salud sexual y reproductiva se necesitan. Por casi 40 años, las parteras de Asoparupa han recorrido el Pacífico para garantizar los derechos obstétricos. Así lo hicieron cuando las mujeres se desplazaban de sus hogares a la ciudad más cercana o cuando alguna madre a punto de dar a luz se acercaba a su sede en Buenaventura. Pero la entrada a territorios confinados en Chocó, Cauca, Nariño o Valle del Cauca por parte de las integrantes del colectivo de parteras pone en riesgo la vida tanto de las mujeres como de los niños a punto de nacer, y el futuro de las comunidades.

Para Alfonsina, el confinamiento empezó con una orden que le prohibió caminar por su territorio. Con el paso de los meses, esa prohibición alcanzó también su posibilidad de trabajar, cuidar a sus hijos, acceder a atención y decidir sobre su propia vida.

*Nombre modificado por seguridad.

Al comienzo la sopa solo alcanzaba para unos cuantos niños. La cocina, mal dotada, albergaba sazón y buenas intenciones, pero trastes incompletos y despensas vacías solo permitían llenar de alimento unos 30 estómagos. Niayeska Rodríguez acababa de llegar de Venezuela, el país que la vio nacer y crecer, pero en el que debido a la crisis humanitaria compleja el hambre se disparó. Llegaron las “vacas flacas” para ella y sus connacionales, según recuerda. También había experimentado tiempos recios en suelo colombiano: como mujer migrante, no consiguió oportunidades de empleos formales y sus dos hijas dependían directamente de ella. Aún sin ingresos y chances de autonomía financiera, decidió que ayudaría a los otros antes que a ella.

Se propuso que Puerto Carreño, la ciudad que la recibió, nunca más vería a un niño con hambre o enviado a la cama con mordiscos en el vientre. Eso fue hace ocho años. Hoy, Naiyeska dirige el Comedor Comunitario Hogar de la Misericordia, una fundación que da alimento al menos a 300 niños a la semana y que también ha abierto sus puertas para adoptar niños que no tenían un hogar.
El comedor se inició con un fogón artesanal que alimentaba de calor una olla postrada en una banqueta hecha a mano. “Ni mesones teníamos, pero sí voluntad por mis niños”, recuerda.

Su familia, más allá de hijas y parientes que están pendientes de ella, ahora son los niños: algunos que llegaron sin saber cómo al comedor comunitario y otros que, después de tanto andar por las calles de Puerto Carreño, optaron por quedarse con Naiyeska, pues ella les ofrecía amor, refugio y comida, tres cosas que estaban ausentes en sus vidas.
Su trabajo ha sido reconocido tanto por organizaciones sociales como por las autoridades locales de Vichada, quienes aplauden el aporte que esta mujer hizo al afrontar su duelo migratorio, la travesía de cruzar una frontera y, una vez en su destino, crear una organización que le apuesta al futuro y dignidad de los menores de edad en Vichada.
Incluso, en 2026 fue finalista de los Premios Mujer Cafam al ser considerada como “una mujer clave que brinda alimentación, cuidado y protección a población vulnerable y migrante (...) Naiyeska es un ejemplo de servir para sostener la vida” en Vichada.

Un futuro para los niños

Durante todo el año, Naiyeska mueve sus influencias para mejorar la situación de los niños que la visitan y reciben comida en su fundación. Recorre calles y comercios en busca de donaciones económicas o en especie, hace alianzas para que los niños, además de un plato de comida, puedan divertirse en el hogar y desde febrero empieza las pesquisas de padrinos que puedan darles “regalitos” a los niños en Navidad. Al cierre de esta edición, comenta con preocupación que una de sus grandes angustias es que “el niño Dios no llegue a tiempo al Vichada este año (...) Todos merecen crecer felices y con afecto”.

Así consiguió que una carnicería de Puerto Carreño le done periódicamente los huesos que les dan sabor a las sopas del fin de semana o que un lote desvalido en el centro de la ciudad fuera comprado y equipado para recibir semanalmente a los pequeños. También le apostó a su persuasión para conseguir un televisor y darles la oportunidad a los niños de ver, por primera vez en sus vidas, una película. Con insistencia, una agencia de EE. UU. le donó USD 300 mensuales para costear los insumos que se transformarán en comida preparada para “sus muchachos”.

A los pasillos del comedor comunitario y ahora fundación de paso, Naiyeska ha recibido en su mayoría a niños indígenas de poblaciones cercanas a Puerto Carreño, pequeños oriundos de la capital del Vichada e incluso ha duplicado esfuerzos para que la comida y la caridad alcance para unos cuantos migrantes que vienen de Venezuela o se asientan temporalmente en el municipio mientras continúan con su tránsito.

“De tanta necesidad que tuve aquí en Colombia, con mis dos hijas viviendo en arriendo o con lo poquito que lográbamos al día, creé este proyecto que hoy los apoya. Hoy somos una familia y hacemos lo necesario, sea barrer, oficios domésticos o desbastar lotes para que la comida siga semana tras semana para ellos”, comenta Naiyeska.

Alimentando el futuro

En todos sus años de cocinera y trabajadora social en Puerto Carreño, poco tiempo le ha quedado a Naiyeska para ocuparse de sí misma. La venezolana dice que su patrimonio, más que crecer, se ha visto reducido poco a poco, pues también recurre a ahorros y recursos propios para atender a los niños. Con esfuerzo pudo regularizar su estatus migratorio y obtener el Permiso Temporal de Permanencia, aunque se reafirma en que, aún sin ese documento, seguiría trabajando por los niños de Vichada.

“La mayor satisfacción en esta labor no es material. Funcionamos como podemos y con lo que tenemos. Pero la verdadera alegría se ve con los niños. Un plato de comida es más que alimento, es la oportunidad para darles futuro y cumplir mi sueño de verlos a todos estudiados, con posibilidades en el largo plazo y que sean alguien importante en sus vidas”, comenta Naiyeska.

Hace unos años hizo un negocio con los jóvenes: si querían seguir llegando al comedor, debían cumplir la condición de ir a estudiar a la escuela más cercana. Ellos aceptaron, y llevados de la mano de Naiyeska, encontraron cupo en colegios del casco urbano de Puerto Carreño.

En sus planes hay un sueño aún más ambicioso que ha venido edificando poco a poco: Naiyeska quisiera que ningún niño de Vichada o Puerto Carreño sufriera de hambre o su niñez estuviese condenada a la vulnerabilidad. Por ahora, cree que lo está cumpliendo.

“Un solo plato de comida y un abrazo de afecto contribuye a la educación y el futuro de la niñez en el departamento. Quisiera un albergue más grande y que más personas se sumaran a la causa para que, no tan lejos, todos los niños pudieran encontrar comida y futuro en este comedor”, concluye Naiyeska.

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A mediados de 2026 se publicó un libro que versa sobre religión, el papel de las mujeres en sus familias y cómo el éxito de ellas en sus diferentes ámbitos de vida no está vedado a un único espacio. Este diario habló con Alexandra Gómez, su autora, quien por más de 30 años se ha dedicado principalmente a trabajos como profesional en comunicaciones, pero quien ha extrapolado sus conocimientos a empoderar a otras mujeres o dirigir junto a su esposo una fundación benéfica que atiende a niños con patologías de drogadicción. Entrevista.

¿Qué significa para usted que una mujer esté realmente empoderada?

Para mí, el empoderamiento empieza cuando una mujer reconoce quién es, cuáles son sus capacidades y qué propósito quiere desarrollar con su vida. No tiene que demostrar que puede hacerlo todo ni competir con los hombres para sentirse valiosa. Una mujer empoderada puede reconocer sus fortalezas, pero también sus límites y las áreas en las que necesita crecer. El verdadero desarrollo ocurre cuando puede tomar decisiones desde el conocimiento de sí misma y desde la libertad, no desde la necesidad de responder a las expectativas de los demás.

¿Por qué considera que una mujer necesita desarrollarse en distintas dimensiones y no solo en la profesional?

Durante mucho tiempo asociamos el éxito femenino con alcanzar posiciones, tener independencia económica o construir una carrera. Todo eso es importante, pero una mujer puede conseguir grandes logros profesionales y sentirse insatisfecha en otras áreas de su vida. Por eso hablo de una mujer integral. Para mí, el desarrollo también involucra la dimensión emocional, familiar, espiritual, social y personal. La idea de "Mujer 360" nació precisamente de entender que ninguna de esas dimensiones debería quedar abandonada.

Uno de los conceptos de los que habla en el libro es el de “Mujer 360”. ¿Cómo nació y qué significa?

Nació de entender que una mujer no tiene que escoger entre su fe, su familia y sus capacidades. Durante mucho tiempo vi a mujeres muy exitosas profesionalmente que habían dejado de lado otras áreas de su vida, y también algunas comprometidas con la iglesia que habían abandonado sus talentos. Para mí, una "Mujer 360" es aquella que busca crecer espiritualmente, fortalecer su matrimonio, cuidar a su familia, desarrollar sus capacidades, servir a otros y vivir con propósito. Somos seres integrales, y esas dimensiones pueden convivir cuando Dios ocupa el centro.

¿Cómo se puede hablar de empoderamiento femenino sin convertirlo en una exigencia para que las mujeres puedan con todo?

Ese es uno de los grandes riesgos. A ellas se les ha enseñado durante mucho tiempo que deben ser excelentes profesionales, madres, esposas, amigas, cuidadoras y, además, mantener una vida espiritual y personal equilibrada. Si hablamos de empoderamiento de esa manera, terminamos agregando otra carga. Una mujer integral también sabe decir que necesita ayuda, delegar y reconocer que no puede ocuparse de todo. Parte del crecimiento consiste precisamente en dejar de asumir responsabilidades que corresponden a otras personas.

¿Por qué cree que algunas mujeres sienten que deben elegir entre su vida profesional y su vida familiar?

Creo que durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar en términos de elección: si una mujer quiere ser exitosa profesionalmente, necesariamente tendrá que sacrificar su familia, y si quiere dedicarse a su familia, tendrá que renunciar a otras aspiraciones. Mi experiencia me ha mostrado que la realidad puede ser mucho más amplia. Hay momentos en los que una dimensión necesita más atención que otra, pero eso no significa que una mujer tenga que renunciar definitivamente a una parte de sí misma. La clave está en reconocer las distintas etapas de la vida y tomar decisiones conscientes.

La de Nieve Malavé es una tragedia que emerge con el terremoto que estremeció el occidente colombiano la mañana del pasado 10 de agosto. Retumbó a más de 2.289 kilómetros del epicentro, en una zona rural del extremo costero oriental de Venezuela.

“Por favor los estoy buscando a ellos, yo estoy en Venezuela. Si alguien me puede dar información o alguien que los conozca, ellos son mis hijos”.

Era parte del mensaje de la mujer de 29 años, preguntando por Santiago y Samuel (11 años y 9 años) en redes sociales, cuando supo de la devastación que generó el terremoto en el país vecino.

Su angustia se elevó aún más tras ser víctima del arrebato bajo engaño de sus niños hace cuatro años por parte de la abuela paterna, quien se los llevó escondidos hacia Colombia para entregarlos al padre en Risaralda, uno de los departamentos más devastados por el terremoto.

“Por favor, si alguien sabe o los conoce, por favor, están en Pereira”, insistía.

Tras días de incertidumbre un escueto mensaje le confirmaba que los niños estaban con vida. El celular del padre biológico es el único dispositivo por el que escasamente pueden hablar con ella. Él vigila y limita estrictamente las conversaciones. 

Al historial de violencia machista del que Nieve fue víctima por parte de Oscar Antomarchi Piñero, incluso estando en embarazo, se suma la violencia vicaria que éste ha ejercido contra ella.  

Aunque la Cancillería venezolana inició la solicitud de restitución internacional de los niños, las autoridades colombianas hacen caso omiso, ejerciendo prácticas revictimizantes contra la madre, tanto desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como desde el sistema de justica, favoreciendo al hombre quien se valió de “procesos legales” para seguir castigandola tras la separación. El de Nieve no es el primer caso de este tipo que documenta Laboratorio Migrante.

La magnitud del terremoto, que se extendió a 16 de los 32 departamentos de Colombia recayó con más fuerza sobre cinco de ellos, en la región Pacífico y centro occidente del país: Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas. A un mes de la tragedia casi 500 municipios quedaron con afectaciones.

El impacto humanitario deja 331 personas muertas, 4.505 heridas, 356 rescatadas, 259 cuerpos recuperados y 111 personas continúan desaparecidas. Entre las 466.000 personas afectadas en todo el territorio nacional, se incluyen miembros de comunidades étnicas: pueblos afrocolombianos, indígenas y migrantes venezolanos, aunque estos últimos no aparecen tácitamente en reportes oficiales. 

La enorme cantidad de energía liberada tras el movimiento telúrico y su capacidad destructiva ha sido descrita por el Servicio Geológico Colombiano como el “equivalente a unas 125 a 130 bombas de Hiroshima”, en alusión al bombardeo atómico de EE.UU. contra Japón en agosto de 1945.

Son centenares las infraestructuras averiadas, destruidas y a punto de colapso, que incluyen centros de salud, educativos y comunitarios, viviendas, acueductos, carreteras, aeropuertos, etc.

Aunque el regreso a las aulas ha sido progresivo, el ministerio de Educación informó que la tragedia impactó casi un millón de matrículas de niñas, niños y adolescentes, una vez que se reportaron afectaciones en 387 municipios: 3.872 centros escolares sufrieron daños (64,3 % en la ruralidad). Sin embargo, la plataforma 3iS de análisis de datos eleva a 4.313 las instituciones educativas afectadas.

El de Jatniel Hernández (13 años), está entre los cientos de colegios afectados en el país, La mañana del 10 de agosto quedó registrado en redes sociales cómo su colegio ubicado en la ciudad de Pereira (Risaralda) se tambaleaba y se iba desplomando parte de la estructura, mientras alumnos y profesores corrían para salvar sus vidas. 

Jatniel, hace parte de una familia migrante venezolana oriunda de Cumaná, estado Sucre (oriente), que buscó refugio hace nueve años en Colombia. El trauma vivido lo ha dejado con fuertes afectaciones del sueño y se mantiene desescolarizado.

“Caían muchas cosas en medio del terremoto, estaba como ciega entre tanto caos y polvo. Salí corriendo por mi hijo, decían que su colegio se había venido abajo”, nos dice Ormelys Mayz, madre del adolescente, quien logró salvar su vida segundos antes del desplome del restaurante donde trabajaba. 

Su esposo e hijos mayores también quedaron sin empleo. Han estado itinerantes, pernoctado durante varias semanas en lugares distintos y cerca de la edificación de varios pisos en la que residían junto a otras tres familias migrantes en el sector de Boston, una estructura que quedó inhabitable. Se turnan para cuidar sus enseres. 

Luis Fernando (19), uno de los hijos de Ormelyz también se sumó a las labores de rescate entre vecinos. Los devastadores terremotos ocurridos en junio en Venezuela les remueven como familia dolores que retumban en su hogar y en la ciudad que los ha acogido durante años. 

El miedo, el dolor, la rabia y no tener redes de apoyo familiares hacen más hondo atravesar el duelo. El trauma los ha afectado profundamente, aunado a la escasez de empleo y los montos de los alquileres que se han disparado. 

 “Nuestra única alternativa por ahora es irnos a Venezuela, no quiero estar más de un lado a otro, es tan difícil esto”, nos dice Orme, como le dicen cariñosamente en su familia a esta madre de 45 años.

Ni el gobierno ni las agencias de cooperación internacional asoman opciones de rutas humanitarias de retorno voluntario para cruzar Colombia y atravesar Venezuela para llegar a Sucre, su estado natal. 

Los costos en transporte comercial son imposibles de asumir para los ocho integrantes de esta familia, dentro de los que se cuentan dos niños, una joven embarazada y una adulta mayor insulinodependiente. 

Por si fuera poco lo vivido, se suma otro miedo: una parte de los integrantes del núcleo familiar no cuenta con regularización migratoria. Algunos llegaron después del cierre del Permiso por Protección Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia, que el saliente gobierno de Gustavo Petro decidió no reabrir después de 2023. En medio de la devastación sísmica la zozobra y la incertidumbre pesan más. 

La salud mental de los migrantes en los departamentos más devastados

Cuando apenas habían transcurrido dos semanas del terremoto y el país hacía esfuerzos en conocer la dimensión y devastación de la tragedia, el presidente de la República, Abelardo de Espriella, ordenaba operativos para deportar migrantes en situación irregular y extranjeros incursos en delitos.   

La condición migratoria irregular, una infracción de tipo administrativo, la equiparaba con quienes entran a Colombia a cometer delitos e instauraba un discurso que retrata a los migrantes como una amenaza a la seguridad del país. Las conversaciones digitales en redes no tardaron en elevar el tono xenofóbico detonado desde el poder ejecutivo. 

Colombia sigue siendo el principal país de acogida del éxodo venezolano en el mundo, con 2.8 millones de refugiados y migrantes venezolanos, además de casi otro millón de colombianos retornados forzados desde Venezuela que se habían establecido en décadas anteriores y volvieron junto a sus segundas o terceras generaciones. 

En paralelo, la crisis humanitaria agudizada por las dinámicas que impone el conflicto armado interno mantiene a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por la violencia (7.2 millones personas), incluyendo también a personas migrantes y refugiadas.

Los cinco departamentos más golpeados por el terremoto en Colombia concentran 293.064 migrantes venezolanos, entre los cuales un poco más de 74.000 están en situación migratoria irregular, frente a los casi 800 mil que a nivel nacional están en esa misma condición. 

“Esto es muy duro, para los colombianos y migrantes que estamos en el Pacífico. Es lamentable comenzar de cero, las familias tuvieron pérdida total. Psicológicamente hablando, todos estamos muy afectados. Mucha de esta población tuvo pérdidas humanas en Venezuela, lo que hace muchísimo más duro la vivencia de un terremoto en Colombia ”, dice Carmen Hernández, una caraqueña con casi nueve años en Colombia y que ejerce liderazgo social en la Asociación de Migrantes Venezolanos en el Chocó.

“La vulnerabilidad de nuestra población es mucho más grande, no tienen familiares acá. Ha sido una de las etapas más duras que estamos viviendo en la migración en este momento con el tema del terremoto, el 90 % está en condición migratoria irregular.”, nos dice esta lideresa. 

Los no regularizados, que perdieron fuentes de empleo, también quedan al margen de los alivios estatales para vivienda. 

“Estamos en un momento no solo de estrés por lo vivido, en albergues y se ha generado mucha angustia entre la población que no está regularizada, pero también la que está regularizada”, advierte Carmen tras el anuncio presidencial. 
A unos 250 kilómetros de allí, desde Pereira, nos habla Luz Polo, actualmente la única mujer colombo-venezolana que ocupa una curul de poder en toda Colombia como diputada de Risaralda, departamento con gravísimas devastaciones y donde residen más de 45.000 migrantes venezolanos. 

“El terremoto afectó a todos, sin distingo de nacionalidad, en el caso de los venezolanos están quienes se les cayó la casa, muchos que debían cobrar sus salarios, quedaron sin empleo y además damnificados. Unos fueron a refugios, otros durmiendo en carpas en el andén donde está su casa inhabitable ¿Por qué? Porque sus pertenencias quedaron allí”, explica Polo al tiempo que rechaza el anuncio que tiende a criminalizar a los migrantes sin regularización. 

“No era el momento. Vemos muy mal el hecho de que el presidente Abelardo haya mezclado migrantes irregulares con migrantes que delinquen. El delito no tiene nacionalidad, delito es delito y ser irregular no es un delito, es una condición de un individuo que está bajo unas medidas de protección internacional, porque se han trasladado de una frontera a otra porque sus derechos humanos fueron vulnerados en su país de origen.”, remata la diputada Polo.

"¿Y ahora qué hacemos?"

Con una Embajada y siete consulados de Venezuela en territorio colombiano, la respuesta ha sido tardía y prácticamente inexistente para sus connacionales.  A través de Instagram la embajada en Bogotá publicó un código QR con “números de atención y enlace para reportar las incidencias del terremoto”. 

A los pocos días el enlace quedó inactivo y los comentarios están cerrados en sus redes. Las autoridades no respondieron las reiteradas peticiones formuladas por nuestro equipo.

Durante el primer mes tras el terremoto, los migrantes y refugiados han apelado a grupos de venezolanos en redes sociales desde el mismo día del terremoto en distintos departamentos en Colombia: buscaban a familiares desaparecidos desde Venezuela y terceros países, piden consejos de qué hacer, anuncian la venta de algunos enseres, preguntan lugares de albergues o dónde conseguir nuevos arriendos. 

La Oficina para Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) ha pedido “reforzar rutas de protección y espacios seguros para la niñez, e incorporar un enfoque diferencial que responda a las necesidades de población migrante, gestantes, lactantes y otros grupos vulnerables”.

Una parte del grupo familiar de Orme ha logrado reunir dinero. Se regresa a Venezuela en una larga travesía. Su hijo mayor, esposa, nietos y sobrina vuelven anhelando una reunificación postergada, vuelven a una nación que contabiliza más de una década sostenida bajo Emergencia Humanitaria Compleja. 

El país, lejos de las promesas de reactivación económica y en medio de un entorno represivo, experimenta el agravamiento en las condiciones de vida, intensificado tras el doblete sísmico del 24 de junio del año en curso, bajo extensos cortes de energía eléctrica, agua, provisión de gas, colapso del sistema de salud  y el inicio de un nuevo año escolar en condiciones muy precarias.  

“Má´yo te quiero más. Yo te extraño mucho má. Acá estoy pensando en usted”. Nieve oye una y otra vez los audios de sus niños que le preguntan cuándo y dónde se verán. Su fe inquebrantable de madre espera que se haga justicia, conseguir un acompañamiento jurídico y que las autoridades de Venezuela y Colombia la oigan. “Yo solo quiero que me devuelvan a mis hijos”.

*Consulte el reportaje completo a través de este enlace de Laboratorio Migrante.

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Ayesha asiste a una escuela secreta seis días a la semana, principalmente para seguir viendo a personas fuera de su casa. Es la única manera de evitar el aislamiento total bajo el régimen talibán, dice. Es la única manera de sentirse viva. “Sin esa conexión”, dijo, “no sé qué me pasaría”.

Ahora con 18 años, Ayesha alguna vez soñó con estudiar psicología en la universidad. Los talibanes acabaron con ese sueño cuando prohibieron la educación formal para las niñas más allá del sexto grado en 2022.

Pero Ayesha ha estado desafiando las reglas de los talibanes durante años, sentándose en un aula escondida detrás de los pasillos de una escuela primaria. Miles de programas de este tipo operan en todo el país bajo el radar de los talibanes.

Las escuelas clandestinas alguna vez fueron vistas como una solución provisional, una manera de que las niñas continuaran con su educación hasta que los talibanes se hubieran ido. Pero cinco años después del regreso de los talibanes al poder, casi 2,5 millones de niñas afganas han quedado excluidas de la escuela secundaria.

Pueden ir a escuelas religiosas o estudiar en casa con instrucción privada. Pero en todo el país, las niñas se arriesgan a ser arrestadas yendo a la escuela en secreto. Otras reprueban el sexto grado a propósito, para permanecer en sus aulas el mayor tiempo posible.

En una mañana reciente, trabajó en lecciones de ciencias de la computación y Duolingo en un aula clandestina de grado 11. En los pasillos a oscuras de la escuela, las estudiantes caminaban en silencio junto a coloridas presentaciones sobre el cuerpo humano y el sistema solar. Decenas más estudiaban en la biblioteca del sótano.

Laila y cientos de otras niñas toman clases presenciales de día y en línea de noche con tutores voluntarios de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta los Países Bajos y Hong Kong, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria en una red global de apoyo entre pares.

Incluso dos años después de haberse inscrito, Laila enfrenta visitas sorpresa de su hermano menor, quien le dice que ha deshonrado a la familia al ser “tan libre”. Su padre es de mente más abierta pero teme los chismes si un familiar o vecino se entera, dijo Laila.

Laila ahora habla cuatro idiomas con fluidez, incluyendo el inglés, y está aprendiendo coreano. Si puede salir del país después de graduarse, dijo que estudiará diseño gráfico en Canadá o Corea del Sur.

“Quiero compartir estas oportunidades con otras niñas de mi provincia, pero no puedo”, dijo Laila.

Durante su primer régimen, entre 1996 y 2001, los talibanes prohibieron tanto la educación primaria como secundaria para las niñas, argumentando que las escuelas laicas eran contrarias a su visión de línea dura del islam. Dijeron que era una medida temporal, hasta que pudieran establecer un sistema educativo más compatible, pero nunca lo hicieron.

Después de volver al poder en 2021, hicieron afirmaciones similares sobre el sistema de escuelas públicas que se expandió durante la ocupación estadounidense de 20 años, y aún mantienen que la prohibición es temporal.

“Esperamos que algún día las escuelas para niñas vuelvan a abrir”, dijo el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, en una entrevista a principios de este año. “Esta situación también afecta profundamente a muchos funcionarios del Emirato Islámico que tienen hijas”, agregó, refiriéndose al nombre que los talibanes le han dado a Afganistán.

Pero a cinco años de su segundo régimen, la prohibición temporal parece una vez más permanente.

La prohibición proviene directamente de Kandahar, la sede de poder del grupo en el sur y hogar de su reservado líder, el jeque Haibatullah Akhundzada. Muchos funcionarios talibanes dicen en privado que debería levantarse, pero nadie desafía la orden de su líder.

En la práctica, muchos talibanes se hacen de la vista gorda ante las escuelas que operan en secreto. El director de una escuela secreta, donde algunas niñas pagan cuotas si sus familias pueden, dijo que había inscrito gratis a los hijos de oficiales de inteligencia talibanes para mantener una relación cordial.

Conocen bien la escuela de Laila: la policía y los oficiales de inteligencia talibanes la visitan semanalmente para asegurarse de que las estudiantes usen sus hiyabs correctamente y no se mezclen con los niños, quienes asisten a la misma escuela de forma legal.

Pero pueden ordenar el cierre de la escuela en cualquier momento. Todas las escuelas en Afganistán, incluso las escuelas religiosas, que están permitidas para las niñas mayores, enfrentan una serie de reglas e inspecciones frecuentes, a veces sorpresa.

Cuando ven acercarse a los talibanes, los guardias de la escuela de Laila advierten a los maestros y al director por walkie-talkies y luego hacen sonar una campana distintiva para alertar a las estudiantes.

Najib, el director de la escuela, dijo que cuando les pidió a unos oficiales talibanes desconocidos que le mostraran su identificación en una visita reciente, uno gritó: “Mi identificación es mi arma”.

“Y mi arma es mi bolígrafo”, dijo Najib que respondió. Citó versículos coránicos sobre el imperativo de educar a todos los niños, y eso pareció satisfacerlos. Los talibanes se fueron.

Reprobar para tener éxito

Muchas niñas afganas más jóvenes intentan retrasar el mayor tiempo posible lo que Ayesha y Laila están viviendo.

En diciembre, Somaya, de 12 años, presentó sus exámenes finales de sexto grado, pero se saltó las pruebas de lengua dari, estudios sociales y estudios coránicos, con la esperanza de reprobar y repetir su último año.

“Me encanta ir a la escuela”, dijo. “Simplemente quería quedarme”.

Semanas después, el maestro de Somaya le dijo que podía volver. Solo había lugar para ella en el grado 4, por lo que a veces ayuda a enseñar ya que conoce el plan de estudios.

Fatima, de 12 años, estudiante de otra escuela, rompió sus exámenes finales de sexto grado el año pasado, con la esperanza de que sus maestros la reprobaran y le permitieran repetir el grado. Pero de todos modos aprobaron a Fatima, dijo.

Mientras Fatima hablaba en voz baja en la sala de estar de su familia en Kabul, su padre, Azizullah, lloró y salió de la habitación.

“Lloro cuando pienso en la frecuencia con la que dice que quiere ser doctora, y en cómo ahora todo ha terminado”, dijo Azizullah.

Pero Fatima se recuperó. Semanas después, aprobó un examen de ingreso para una escuela clandestina.

Tasnim, una maestra de primaria, dijo que deja de ira las fiestas de despedida de sus alumnas de sexto grado porque no soporta verlas llorar. Ya no sabe qué responderles cuando le preguntan: “¿Para qué sirvió todo esto?”.

Cuando su propia hija, Kowsar, terminó sexto, Tasnim convenció a una colega para que la aceptara en su clase y así pudiera repetir el grado ocupando el lugar de una alumna ausente.

El certificado de graduación de su hija dice: “Exitosamente ascendida a séptimo grado”.

“Tratamos de hacerlos felices”, dijo Tasnim. “Pero no existe el séptimo grado”.

Soñando con los talibanes

Las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas son la razón principal por la que el mundo ha rechazado a los talibanes, pero estos han promovido las escuelas religiosas, o madrasas, como alternativa. Las niñas en esas escuelas deben usar vestimentas negras que las cubren de la cabeza a los pies, y se les permite estudiar ciencias e inglés, además de materias religiosas.

Zala, una alumna de sexto grado, planea inscribirse en una escuela religiosa después de terminar la primaria. “Al menos todavía tenemos la oportunidad de seguir estudiando”, dijo.

Otras alumnas dicen que las madrasas son un sustituto deficiente. Las clases consideradas menos importantes que las religiosas —física, química y matemáticas— se combinan en una sola. Y a las niñas no se les permite seguir el plan de estudios más avanzado pensado para los niños.

Sí, la cruzada de Donald Trump contra la migración es una operación sin precedentes. El republicano ha apelado a todo tipo de estrategias, incluyendo algunas constitucionalmente rebatibles, para intentar cumplir su meta de expulsar a 11 millones de personas que en su discurso hacen parte de “lo peor de lo peor”. Niños han sido separados de sus padres, las demandas de arrestos arbitrarios se han multiplicado por 35 comparadas a hace unos años y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con el nada alentador récord de cómo cada 8,6 días, en promedio, una persona en su custodia pierde la vida.
El gabinete Trump incluso ha desempolvado algunas legislaciones para su propósito: en junio compulsó copias para iniciar el primer juicio en la historia del país en el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC), e invocó la Ley de Aliens Extranjeros, una norma creada en 1798 diseñada para expulsar personas en tiempos de guerra.
Pero esta avanzada contra la migración se inició mucho antes de que Trump recibiera por segunda ocasión las llaves de la Casa Blanca. Tan solo nueve días después de la caída de las Torres Gemelas, el entonces presidente George Bush inició la construcción de una estructura federal que dejaría de ver la movilidad humana como un asunto de derechos o meramente civil para convertirlo en una amenaza que debía ser combatida con fuerza y seguridad.
Así lo explica Wilbert Cooper, periodista estadounidense que detalló en The Marshall Project cómo el 11-S generó una bola de nieve que terminó por cambiar la seguridad nacional, los controles aeroportuarios, y también la manera en que Washington entendía y manejaba la migración.
“Los atentados transformaron innumerables aspectos de la vida de EE. UU. Uno de ellos fue la migración con una perspectiva policial: el enfoque pasó de la aplicación de la ley civil a centrarse en la lucha antiterrorista y la seguridad nacional”, comenta Cooper.

Reorganización estructural

El cambio empezó a cocinarse cuando comisiones independientes detectaron que varios de los 19 terroristas que secuestraron los cuatro aviones del atentado habían obtenido visados legales para estudio y turismo. En aquel momento, la autoridad encargada de los asuntos migratorios era la Agencia de Immigración y Naturalización (INS). A su cargo tenía hombres que, en cumplimiento de su función, patrullaban las fronteras y se encargaban de tramitar ciudadanías o deportar personas indocumentadas.
Pero Allison Wolf, investigadora de asuntos migratorios de la Universidad de Los Andes, considera que el atentado perpetrado en Nueva York y Washington a manos de Al-Qaeda aceleró una transición “securitista” de la migración. Wolf destaca que en 1996, un lustro antes de la caída del World Trade Center, el Congreso y Bill Clinton lograron la aprobación de la Ley IIRIRA: una norma que amplió la baraja para que EE. UU. pudiese deportar personas extranjeras y endurecía los castigos a quienes violaran las reglas del juego migratorio. “Todo el proceso se aceleró después del 11-S”, explica Wolf.
Menos de un año después del ataque, el gobierno Bush disolvió el INS y dio nacimiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hoy conocido por ser la cabeza que tiene a su cargo ICE y otras dos entidades (USCIS y CPB), que tanto su gabinete como presidentes posteriores han utilizado para deportar y perseguir migrantes. Cooper aclara que el enfoque de seguridad que heredó la migración en EE. UU. permeó tanto a mandatos republicanos como demócratas. Es decir, concebir la migración como una amenaza ha trascendido desde Bill Clinton o Joe Biden hasta Barack Obama, quien durante su gobierno apeló a la mirada de seguridad para crear los NSEERS: un sistema que obligaba a monitorear a hombres de 25 países de África y Oriente Medio para conocer su ubicación en aras de “proteger la seguridad”.
La medida fue considerada una “discriminación ineficaz” por la ONU y dejó un balance de 14.000 deportados, ninguno de ellos terrorista.

El peso del dato

Las cifras de cómo la migración se convirtió en un asunto prioritario y de seguridad en suelo estadounidense respaldan la voz de Cooper o Wolf. El presupuesto del INS para el año 2000 era de apenas USD 4.300.000 millones; para 2026, esa cifra es casi 20 veces superior. Las deportaciones también son un sintoma de ello: en la década antes del 11-S, EE. UU. apenas expulsó a 1,6 millones de personas. Hoy, Trump deporta, en promedio, a 1.090 extranjeros al día.
“Nombrar como ‘seguridad’ a estas agencias ha convertido a la población migrante en una amenaza (...). Se convirtieron en policías nacionales que buscan migrantes ‘criminales’, lo que es justificado como necesario para proteger a la ciudadanía”, aclara Wolf.

Exportando el modelo

Wolf considera que el enfoque se ha exportado a otros países, con o sin su voluntad. Un ejemplo de ello son las deportaciones a terceros países, especialmente africanos, que ha emprendido Trump. ¿Las consecuencias? El centro DeJusticia comenta que perjudicó a países de tránsito, como Colombia, donde miles de personas quedaron estancadas sin una respuesta.
Wolf insiste en que el modelo de seguridad se ha ido perfeccionando, pero ha erosionado los derechos humanos de la movilidad humana: “EE. UU. expandió sus fronteras con presencia, dinero y tencología para reforzar la retórica de la seguridad como antídoto de la migración. Da el mensaje de que otros países deben prevenir que ‘gente mala’ salga de sus países para atacar a otros”.

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