El hombre aún conserva el retazo de periódico que contaba la desaparición de su hermano. Es un papel arrugado, con las hojas ya desteñidas por el tiempo y el polvo; pero que renuevan la ilusión de encontrar a su hermano, un allegado que está ausente desde 2004 en el Caribe colombiano.

Su nombre es Juan Bautista, un hombre moreno y callado que dedicó su vida a custodiar el cementerio y aguardar por el momento de reencontrarse con su familiar.

Desde hace décadas recorre las bóvedas y los pasillos del cementerio Colombo-Árabe de Maicao, en La Guajira, pensando que a la par que dignifica el descanso eterno de quienes fueron enterrados allí, quizá se acerque al momento en que volverá a ver a su hermano.

Los días de Juan pasan prácticamente sin modificaciones o cambios de rutina. De domingo a domingo recorre los pasillos del camposanto cumpliendo su labor de dragonear el espacio. Mantiene limpio el mármol de las tumbas; hace uno que otro arreglo para que las lápidas estén impecables y, al final del día, aguarda por su hermano.

A veces el viento del desierto levanta la arena y la hace colarse entre las cruces y los mausoleos blancos del cementerio. Juan entonces se detiene unos segundos, mira el horizonte seco de Maicao y vuelve a caminar. Lleva tantos años recorriendo el mismo lugar que conoce cada tumba como si fuera parte de su propia familia. Sabe cuáles reciben flores cada semana, cuáles permanecen abandonadas y cuáles guardan historias que nadie volvió a contar.

Pero entre todos los muertos que custodia hay uno que todavía no aparece. Su hermano, Donny, desapareció hace más de dos décadas en medio de las dinámicas violentas que atravesaron distintas zonas del Caribe colombiano. Desde entonces, la vida de Juan quedó suspendida entre dos tiempos: el de los vivos que continúan y el de quienes siguen esperando respuestas. Como Donny, hay al menos 591 personas que siguen siendo buscadas en la Alta y Media Guajira, según registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Esperanza latente

Por eso guarda el periódico. Porque en esa hoja amarillenta quedó congelado el último momento en que la desaparición de su hermano fue noticia. Después vinieron los años de silencio, las búsquedas improvisadas, las preguntas sin respuesta y las puertas cerradas.

En Maicao, una tierra marcada históricamente por el tránsito fronterizo, la migración y el conflicto armado, las desapariciones terminaron convirtiéndose en heridas silenciosas. Muchas familias aprendieron a convivir con la incertidumbre: no saber si llorar a sus familiares como muertos o seguir esperándolos como vivos. Juan fue una de ellas.

Con el tiempo, el cementerio dejó de ser solamente su lugar de trabajo. También se convirtió en una forma de permanecer cerca de aquello que busca. Mientras limpia tumbas y acomoda lápidas, imagina que algún día alguien llegará con una noticia sobre Donny. O que quizá, entre los cuerpos sin identificar que alguna vez pasaron por La Guajira, aparezca finalmente una pista que le permita despedirse.

La esperanza volvió a encenderse cuando funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas llegaron hasta el territorio para adelantar procesos humanitarios y recopilar testimonios de familias buscadoras. Juan decidió hablar. Contó lo que sabía, entregó información, recordó fechas y volvió a narrar una historia que durante años cargó casi en silencio.

Desde entonces participa en jornadas de búsqueda y toma de muestras genéticas con una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor, porque cada diligencia le recuerda la ausencia de su hermano. Alivio, porque después de tantos años alguien finalmente escucha.

En el cementerio Colombo-Árabe todos conocen a Juan. Lo ven caminar despacio entre las bóvedas bajo el sol intenso de La Guajira, siempre con una escoba, una llave o un balde en las manos. Algunos creen que cuida muertos. Pero quienes lo conocen de cerca saben que, en realidad, también custodia memorias.

Y mientras el tiempo sigue pasando sobre las tumbas de mármol caliente, Juan continúa haciendo lo mismo que ha hecho durante años: abrir las puertas del cementerio cada mañana, limpiar el polvo que deja el desierto y esperar. Porque incluso después de dos décadas, todavía conserva la ilusión de encontrar a su hermano para darle una última despedida.

De acuerdo con cifras de la UBPD, en Colombia hay al menos 136.010 personas desaparecidas que siguen siendo buscados por sus familiares.

“La corrupción facilita el crimen organizado, habilita el tráfico de armas y debilita la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos”. Con esa frase, Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), resumió buena parte del corazón del proyecto denominado Prevención y Lucha contra la Corrupción en el Sector Defensa de Colombia, que tuvo su lanzamiento este 12 de mayo en Bogotá.

La iniciativa, centrada en el sector defensa e implementada por la UNODC, se extenderá durante tres años. Su objetivo es fortalecer capacidades institucionales para anticipar y mitigar riesgos asociados a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y desvío de armas, explosivos y tecnologías sensibles en beneficio del crimen organizado, en un contexto en el que la relación entre estos delitos ha adquirido una creciente relevancia para la seguridad.

Cuando hay corrupción, “no ocurre solo una irregularidad administrativa, ocurre algo mucho más grave, una expansión operativa del crimen organizado”, explicó el representante regional de UNODC. Para él, el reto no está en las normas: “Aquí en Colombia tenemos una de las legislaciones más robustas al respecto. Las reglas existen. El verdadero desafío es cómo implementamos esas reglas y sobre todo desde qué enfoque. Hoy es indispensable pasar de la reacción a la prevención estructural sistémica”.

Durante su intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insistió en que la integridad es una condición fundamental para el funcionamiento del sector de seguridad. “Fortalecer la integridad es fortalecer la seguridad. Y fortalecer la seguridad es fortalecer el Estado colombiano”, afirmó. La iniciativa, dijo, se constituye como un hito en el sector porque fortalece y profundiza el abordaje de fenómenos como el lavado de activos y la corrupción desde una perspectiva preventiva e integral.

El jefe de esa cartera fue enfático en que el proyecto no es el punto de partida de la respuesta a una crisis, sino un paso dentro de una marcha que ya comenzó. Según expuso, el sector defensa alcanzó un 83 % en el Índice Anticorrupción, creó una Junta de Prevención y Lucha contra la Corrupción y ha tramitado más de 400 peticiones, quejas y reclamos relacionadas con presuntos hechos de corrupción. “Este proyecto no sustituye nuestras capacidades, las fortalece”, afirmó.

La iniciativa también busca reforzar la dimensión regional de la lucha contra la corrupción. Así lo señaló la embajadora del Reino de los Países Bajos, Reina Buijs, quien subrayó que el proyecto envía un mensaje en dos direcciones: hacia las organizaciones criminales transnacionales les deja claro que los Estados de la región están determinados a cerrar las brechas que el crimen organizado intenta aprovechar para expandirse, y a la ciudadanía le transmite un mensaje de confianza en las instituciones.

El respaldo internacional a la estrategia

La decisión de impulsar una iniciativa de este alcance para su fortalecimiento institucional fue reconocida en distintos momentos del lanzamiento del plan.

“El proyecto nace de una convicción compartida entre nuestros dos países: que la seguridad sostenible no se logra únicamente con capacidades militares, se logra también con instituciones sólidas, con contratación pública honesta, con normas éticas que no queden en papel, sino que vivan en la conducta diaria de cada funcionario, de cada servidor público. Colombia ha recorrido un camino extraordinario. Las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa han demostrado una capacidad de transformación que pocos países en el mundo han logrado en tan corto tiempo”, afirmó la embajadora Buijis.

Ese esfuerzo conjunto con el apoyo de la cooperación internacional también fue valorado por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien destacó el trabajo articulado de quienes impulsan el proyecto y reiteró la idea de que la lucha contra la corrupción “no arranca desde la persecución penal, sino desde la prevención”.

Según indicó, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa ya articulan esfuerzos a través de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), en temas relacionados con la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y este proyecto es una pieza que encaja con esa agenda. “Entendemos que es en buena parte el motor que está generando tanta violencia en el país y necesitamos unir esfuerzos para detener ese motor. Cuenten con nosotros”, dijo.

El interés en el proyecto no llegó solo desde la Fiscalía. Durante el lanzamiento, el Consejo Superior de la Judicatura también expresó su respaldo y pidió poder aprender de una de las iniciativas que más le llamó la atención: la elaboración del mapa de riesgos territoriales de corrupción. “Tanto a las fuerzas militares y de Policía, a la Fiscalía como a la misma judicatura nos interesa mucho tener un mapa que nos permita detectar estos riesgos territoriales en Colombia. En nombre del consejo, se pone a disposición todas nuestras capacidades, todos nuestros recurso”, dijo el magistrado Jorge Vallejo.

“Este proyecto representa una apuesta estratégica, basada en evidencia y orientada a resultados concretos”

Andrea Agudelo, coordinadora regional del Área de Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC, presentó durante el evento la hoja de ruta del proyecto, estructurada en cinco líneas estratégicas: la implementación de un sistema integral de prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; el fortalecimiento de los controles frente al desvío de armas, explosivos y tecnologías sensibles como drones; la gestión territorial de riesgos en puertos, aeropuertos y fronteras mediante análisis contextual y alertas tempranas; el fortalecimiento de la contratación pública a través de herramientas de trazabilidad, debida diligencia y tecnologías avanzadas; y la promoción del liderazgo ético y la gestión de conflictos de interés en el sector defensa.

Según explicó Agudelo, el propósito es que la información y los análisis que produzca el proyecto se traduzcan en acción institucional efectiva, a partir de capacidades especializadas de detección, monitoreo y toma de decisiones para fortalecer la capacidad de respuesta institucional del Estado frente a estos fenómenos.

La apuesta, coinciden las entidades involucradas, es avanzar hacia un modelo de gestión preventiva basado en riesgos, análisis estratégico y articulación institucional, que permita fortalecer los mecanismos de control, anticipar vulnerabilidades y reducir los márgenes de acción de las redes criminales y las economías ilícitas.

Es contradictorio: cada vez más personas en la región desean empacar sus maletas, cruzar la frontera y, una vez en su destino, iniciar una nueva vida lejos de los riesgos de su tierra natal. Pero a veces tropiezan con discursos de odio y, en más de una ocasión, terminan trastabillando con Estados que no han sabido integrar la movilidad humana en sus planes de gobierno o, por el contrario, utilizan la agenda antimigratoria como su principal combustible electoral.

Hace unos días el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe donde examina la salud de las democracias y sus tendencias en Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto, evaluó la migración, que se ha triplicado en las últimas dos décadas en la región y ha modificado la realidad de varios países de la región, como Colombia con la diáspora venezolana o Estados Unidos con la cruzada contra la migración de Donald Trump.

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Pero el informe revela una verdadera paradoja: aunque el 51 % de las personas en el continente desean salir de su país en búsqueda de nuevas oportunidades o mayor seguridad, siguen llegando a destinos donde la xenofobia, los prejuicios o las fallas de los Estados receptores dificultan su integración.

Así lo indican los datos del PNUD, que asegura que la mitad de los ciudadanos latinos y caribeños creen que “la llegada de inmigrantes a su país los perjudica” y que, además, la retórica de “ellos, los migrantes, contra nosotros, los oriundos” sigue presente en la región.

Leyendo entre líneas, el informe es un llamado de atención a los Estados de comprender cómo la recepción de miles de personas, más que un riesgo o peligro, representa una oportunidad de crecimiento. Y es que está más que demostrado que la llegada masiva de migrantes a un país, independientemente de su nivel educativo o edad, suma más de lo que resta, pues implica nueva llegada de fuerza laboral, talento humano y personas que, regularizadas o no, ayudarán a mover los eslabones de la economía.

“Existe una presión social por políticas migratorias restrictivas que no emana únicamente de temores frente a los recién llegados. Con frecuencia, emerge también de prejuicios culturales y una arraigada percepción de amenaza contra la identidad de los valores nacionales”, se lee en el documento.

Fronteras físicas y simbólicas

El sondeo del PNUD hace alusión a que las fronteras y los límites geográficos no son las únicas barreras que deben superar los 17 millones de personas que se mueven entre los países de Latinoamérica y el Caribe. También están las murallas simbólicas y sociales. Las cifras del informe revelan que la mitad de los habitantes de la región consideran que la migración es “perjudicial para su realidad”, y tan solo dos de cada 10 habitantes de Latinoamérica y el Caribe coinciden en que la llegada transfronteriza de una persona a su país tiene beneficios y aporta al desarrollo social y económico de sus naciones.

Ejemplos sobran. El más reciente es Chile, hoy bajo las riendas de José Antonio Kast y su promesa de sacar más de 300.000 migrantes del país y la construcción de zanjas en las lindes del país para impedir nuevas entradas. O Estados Unidos, que atestiguó durante meses cómo Donald Trump atacó, con vías policiales, judiciales y administrativas, la llegada de los migrantes.

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De acuerdo con el PNUD, casi todos los países de la región muestran altos niveles de rechazo contra la migración. Perú lidera el nada alentador ranquin con el 80 % de sus encuestados asegurando que un migrante trae inseguridad y menos oportunidades laborales para los peruanos. Lo siguen Ecuador (80 %), Panamá (77 %) y Colombia, principal destino del éxodo venezolano, pero donde el 76 % de sus habitantes aún mantienen prejuicios contra la migración del vecino país.

Distintos destinos

El estudio explica que panoramas similares al de Venezuela, donde hubo una crisis humanitaria auspiciada por el chavismo, no son la única explicación para que millones de personas migren. Y aquí hay otra paradoja: el PNUD asegura que nunca en la historia de Latinoamérica y el Caribe hubo una estabilidad democrática como la que se vive hoy, pero, contradictoriamente, no se traduce en estabilidad o vocación de permanencia.

Para Andrés Besserer, doctorando en ciencias políticas y experto en migración, el informe es una señal de advertencia donde las causas de la migración no recaen únicamente en causas políticas o de pobreza, sino que también influyen la desigualdad, el miedo en sus países o la falta de oportunidades en el futuro.

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“Son tendencias que echaron a andar hace bastante tiempo (…) los países receptores no cuentan con políticas migratorias, y eso empeora, tanto las oportunidades que conlleva la migración, pero también el presente de quienes ya migraron y buscan mínimos y servicios básicos”, comenta el académico mexicano.

Pero a las causas resaltadas por el PNUD se suman la inseguridad, la violencia, el hambre o el cambio climático, que cada vez más desplaza a familias en parajes rurales a causa de sequías, inundaciones o huracanes.

Democracia bajo presión

El PNUD asevera que el fenómeno migratorio marcará el futuro de la región: sea como motor de crecimiento o como principal fisura de las democracias. Pero Besserer considera que el pronóstico va mucho más allá de la migración: “Tiene que ver con desatención estatal y demuestra que, entre más permanezca ese escenario, más movilidad humana va a haber. Es un panorama del futuro donde hay más intención de salir, pero menos lugares preparados para llegar”.

Por más de 25 años la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf) ha trabajado en Colombia con proyectos relacionados con garantía de derechos, gobernanza, fortalecimiento institucional y lucha contra la pobreza.

En varias regiones apartadas del país, donde históricamente la presencia del Estado ha sido limitada, algunas comunidades comenzaron a acceder por primera vez a condiciones básicas, como agua potable, seguridad alimentaria, vías terciarias y proyectos productivos sostenibles, gracias a la Fundación.

En diálogo con este diario, la directora ejecutiva de la Padf, Katie Taylor, explicó cómo la organización ha tenido que replantear sus estrategias en medio de un escenario internacional cada vez más complejo para la cooperación. Los recortes presupuestales de agencias y gobiernos donantes, sumados a nuevas crisis humanitarias y conflictos, han reducido los recursos disponibles para programas sociales y de desarrollo en América Latina.

Ante ese panorama, la Padf decidió modificar su enfoque. Según Taylor, la cooperación internacional ya no puede limitarse únicamente a financiar proyectos temporales, sino que debe enfocarse en dejar capacidades instaladas en los territorios para que las comunidades puedan sostener sus procesos de transformación. Hoy son al menos 39 proyectos los que la organización ejecuta en más de 400 municipios.

“La cooperación hoy tiene que ser más estratégica. Ya no se trata solamente de ejecutar recursos, sino de ayudar a que las comunidades desarrollen herramientas para resolver problemas de manera autónoma”, señaló la directora de la organización.

Transformando el territorio

Y es que en 2025, pese a las “vacas flacas” de la cooperación internacional, la Padf asegura haber atendido a cerca de 760.000 personas en condición de vulnerabilidad que, gracias a esos programas, lograron mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidades.

Ese cambio de visión coincide con varias de las apuestas que la Padf consolidó durante los últimos años en Colombia. El informe anual más reciente de la Fundación muestra que buena parte de sus proyectos se concentraron en desarrollo rural, prevención de violencias, fortalecimiento comunitario y generación de oportunidades económicas en zonas golpeadas por el conflicto armado y la pobreza multidimensional.

Uno de los programas más visibles se desarrolló en Tumaco, Nariño, donde miles de familias campesinas recibieron acompañamiento para promover el desarrollo agrícola sostenible y dejar atrás el aumento de cultivos ilícitos.

Este tipo de iniciativas no solo buscan reducir la dependencia de economías ilícitas, sino también atacar las causas estructurales de la violencia rural. La apuesta, explica Taylor, consiste en ofrecer alternativas reales de ingreso y sostenibilidad económica en regiones donde durante décadas la coca fue prácticamente la única fuente de subsistencia.

Nueva oportunidad

El informe de la organización también evidencia que la violencia basada en género se convirtió en uno de los principales ejes transversales de intervención. En cuentas de la Fundación, hay al menos 100 redes comunitarias consolidadas que previenen violencias basadas en género y que benefician a mujeres rurales, comunidades afrodescendientes, población indígena y migrantes venezolanos, especialmente en temas de empleabilidad, liderazgo y prevención de violencias.

A futuro

Taylor considera que Colombia enfrenta una paradoja: mientras las necesidades sociales y humanitarias siguen creciendo, los recursos internacionales disponibles para atenderlas son cada vez menores. Sin embargo, cree que esa misma presión ha obligado a replantear modelos tradicionales de cooperación y a buscar soluciones. Una especie de “ver el vaso medio lleno”.

Parte de esa estrategia consiste en fortalecer capacidades locales para que los proyectos sobrevivan más allá de los ciclos de financiación internacional. Programas de formación docente, liderazgo comunitario, emprendimiento y fortalecimiento institucional fueron implementados en distintos departamentos bajo la lógica de que las comunidades puedan apropiarse de los procesos.

“Colombia está transformando muchos de sus problemas en soluciones que pueden servirle al mundo (...). La experiencia de las comunidades rurales, de las mujeres lideresas, de los jóvenes y de las organizaciones locales demuestra que incluso en contextos complejos es posible construir desarrollo cuando existen oportunidades”, concluye Taylor.

El poder no tiene por qué heredarse o negociarse: es posible ganarlo a pulso. Esa es la idea que defiende Sixta Zúñiga, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Ella es la cabeza de un organismo autónomo en el Estado que marca la pauta para que la función pública, más allá del clientelismo o favores personales, sea ocupada con méritos.

Hace tres años se convirtió en una de las pocas mujeres en llegar a la dirigencia de esa entidad con varias tareas. La primera, procurar que los más de 1,3 millones de servidores públicos que hacen parte del organigrama estatal sean las personas más capacitadas del país. Y una tarea quizá igual de importante: mostrarles a las niñas que los techos de cristal también pueden romperse en espacios de función pública que fueron ocupados por hombres.

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Su trabajo consiste, en pocas palabras, en ajustar las reglas de juego para que los cargos públicos, sean en ministerios, gobernaciones o agencias locales, estén comandadas por las personas más capaces y que entiendan cómo desde sus diferentes investiduras pueden contribuir al desarrollo en Colombia. ¿Cómo funciona? Las entidades anuncian que hay vacantes laborales y la Zúñiga y su equipo se encargan de las convocatorias, pruebas y posterior selección para que las personas elegidas sean realmente las más idóneas para el cargo. Así funciona, por ejemplo, con la DIAN, los ministerios, hospitales públicos o entidades técnicas del Estado.

A sus nueve años tuvo que salir de Uribia para buscar un currículo educativo que se ajustara a sus pretensiones. Ya graduada como bachiller, se enfiló en el derecho administrativo, el cual completó en pregrado y diferentes especializaciones. Tras pasar por cargos como la Alcaldía de Uribia y el Ministerio de Defensa, fue elegida por unanimidad por la Sala Plena de la Comisión para manejar las riendas meritocráticas en la función pública.

Hoy Sixta es una de las primeras mujeres de Uribia en salir de su territorio, profesionalizarse y llegar a un alto cargo del Estado que, precisamente, les abre camino a las otras niñas del territorio cuyos perfiles (de vivir en periferias y tener escasas oportunidades de volverse profesionales) seguirían rezagadas del empleo público. Incluso fue premiada por la Gobernación de ese departamento con la Medalla Mujer Guajira, un galardón que aplaude cómo Zúñiga se convirtió en referente de miles de mujeres. Hace unas semanas, incluso, llegó a Nueva York, sede de la ONU, para hacer una ponencia sobre cómo la meritocracia puede devolver devolver la confianza y legitimidad a una función pública erosionada por las “palancas” y mala gestión.

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“Sin servidores públicos idóneos no es posible garantizar servicios adecuados. Debemos generar confianza ciudadana haciéndolo más representativo, pero también con base en el mérito”, comenta Zúñiga.

El mérito de llegar

Zúñiga sabe que hablar de mérito también implica mencionar las oportunidades; incluso la desigualdad. Durante décadas se ha puesto la meritocracia en tela de juicio porque no todos parten del mismo lugar, ni cuentan con las mismas oportunidades ni lo hacen en los mismos contextos. Pero defenderla, comenta, puede hacer un Estado más incluyente y eficaz.

Michael Sandel, filósofo político de la Universidad de Harvard (EE. UU.), cree que es un “ideal atractivo”: en la teoría, promete oportunidades iguales para todos en una sociedad. Pero ahí aparecen los problemas. El trayecto no es el mismo para una mujer que nace en Uribia, uno de los municipios con más pobreza multidimensional del país, a la historia de un hombre que crece en alguna ciudad principal.

“Crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás (...) aún cuando las oportunidades en realidad no son iguales”, comenta Sandel.

Su trabajo se ha exportado a otros sectores sociales, como a las personas con discapacidad. Gracias a su trabajo abrieron 400 vacantes para una población históricamente excluida del empleo formal y del acceso al servicio público. Incluso ha llegado a espacios de poder como el Congreso para convencer a los legisladores de discutir normas que incentiven las acciones afirmativa. Su fórmula se explica así: si los cargos públicos son producto del mérito, entonces el Estado se volverá más representativo y generará más confianza.

Equidad en tierras desiguales

Para Zúñiga aún quedan tareas pendientes. Una es mostrar que el Estado sí puede ser manejado por personas idóneas y romper el paradigma de que esas plazas públicas se heredan o solo se ocupan gracias a favores políticos.

Pero hay otra tarea que, considera, es más importante: construir equidad a través de oportunidades y acciones afirmativas que, en unos años, permitirán que más personas de parajes lejanos, como ella, puedan manejar las riendas del Estado y romper décadas de desigualdad. El reto no es menor: Colombia es uno de los cinco países más desiguales del mundo, según la ONU, y puede tardar generaciones enteras en solucionar ese desafío.

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“Cuando hay reglas claras y transparencia se contribuye a un valor mucho más alto que el empleo: la confianza ciudadana. Es solo el inicio de una apuesta para cubrir necesidades, pero también para manejar de la mejor manera a nuestro país”, concluye Zúñiga.

Todos en todas partes y al mismo tiempo. Esa sería una forma de explicar lo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pronostica para Colombia en los próximos años en términos de movilidad humana. Un informe de diagnóstico publicado en días pasados por este organismo indica que el país, al igual que otras naciones de Latinoamérica y el Caribe, están viviendo nuevas tendencias migratorias y que sus gobiernos, independientemente de su postura política frente a la migración, deben ajustarse a ella antes de que el panorama los supere.

En pocas palabras, la OIM señala que la migración no se reducirá a una única causa o dirección, y atenderla tampoco será cuestión de una sola solución.

El estudio explica que Colombia, principal receptor de la diáspora venezolana, ha evolucionado a un escenario donde además de acoger a quienes huyeron del chavismo, también está viendo otras movidas migratorias dentro de su territorio. Por ejemplo, el retorno de miles de personas expulsadas por Estados Unidos, Chile y Perú, o las centenares de familias que se mueven dentro de las fronteras motivadas por la guerra, la crisis climática o nuevas tendencias económicas.

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Incluso en el caso venezolano, el panorama es mucho más complejo que una diáspora. La caída de Nicolás Maduro ha aumentado las posibilidades de retorno a mediano plazo para millones de venezolanos que condicionaban su retorno a cambios políticos y mejores condiciones económicas, según documentó el Observatorio de la Diáspora.

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La migración, explica la OIM, no es la misma que hace 10 años. Por ende las respuestas sociales y estatales para suplir mínimos básicos a estas personas también debe adaptarse a los nuevos tiempos.

Catalina Arenas-Ortiz, experta y consultora en temas migratorios, considera que el estudio de OIM es un pronóstico no muy lejano de una realidad que ya se vive en Colombia con migrantes por causas laborales, pero también quienes abandonan sus hogares por la guerra o el cambio climático.

“Es un recordatorio incómodo de ver una movilidad humana compleja y que los flujos migratorios son mixtos. No es que sean temas que se avecinan, es que ya están presentes y Colombia debe sacar la cabeza de la diáspora venezolana, que claro que es importante, pero no es la única causal de migración o preocupación”, comenta.

La experta resalta que el informe no se queda únicamente en pronóstico: también refleja alertas que se están viviendo, como migraciones inseguras que ponen en riesgo la integridad de quienes se movilizan o trancas estatales para regularizar a las personas que buscan un nuevo rumbo.

Nuevo panorama

El estudio, más que predecir el futuro, da claves para que la institucionalidad y los actores políticos sepan qué se avecina y estructuren proyectos que atiendan los fenómenos migratorios. Solo en 2024, la OIM registró 74,7 millones de personas transitando constantemente Latinoamérica y el Caribe, lo que da señas de la magnitud de lo que se vive en Colombia, pero también en el resto de los países del continente.

De no entender las causas y prepararse para atenderlas, el Estado y sus territorios podrían verse sobrepasados, justo como sucedió en el Catatumbo, Norte de Santander, a inicios de 2025, cuando los combates armados entre grupos ilegales desplazaron a 100.000 personas y obligaron al Ejecutivo a decretar una conmoción interior para poder solventar la situación.

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“La migración no se puede predecir, pero sí anticipar. Se piensan escenarios en lugar de hacer predicciones que de ser aplicadas garantizarán una gobernanza migratoria eficaz”, comenta la OIM en el informe.

La organización explica que la migración recae más allá de la llegada de ciudadanos de otros países a territorio colombiano. En su lugar, propone el estudio, se deben valorar otros factores como el desplazamiento interno que ha causado la guerra y que en cifras de la Unidad de Víctimas ha dejado un saldo de ocho millones de exiliados de sus territorios; o causas climáticas que también hacen inviable la vida en algunos parajes y obliga a las comunidades a migrar, como los efectos que causó el frente frío a inicios de 2026 y que terminaron damnificando a 90.000 familias, que en su mayoría tuvieron que huir de las inundaciones y los ríos desbordados.

Otro ejemplo es el del Urabá y el Tapón del Darién. Hace tres años, municipios como Acandí o Necoclí estaban al borde del colapso por miles de migrantes que tenían que transitar por allí en su camino hacia Norteamérica. Ahora la tendencia es distinta: el flujo migratorio se redujo en un 94 % y los retos que esa subregión debe enfrentar es el retorno de miles de personas que desistieron de sus planes de caminar continente arriba hasta llegar a Estados Unidos, y reestructurar un modelo económico que, en ese entonces, se edificó alrededor de la movilidad humana.

También está el caso de la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. En este sector, la minería ilegal y el tráfico de oro y mercurio han causado que las comunidades indígenas que históricamente han transitado por la selva sean desplazadas y, lejos de sus resguardos, lleguen a ciudades principales como Leticia o Tabatinga, ambas sin la capacidad, presupuesto o la experiencia de recibir grandes oleadas de migrantes en sus calles.

Tarea conjunta

El informe alienta a ver el panorama como el “vaso medio lleno”. De acuerdo con el diagnóstico, si bien es desafiante el escenario que se avecina tanto dentro como en los límites colombianos, hay posibilidades de ofrecer respuestas eficaces y, más importante aún, salvaguardar derechos que se vulneran cuando se efectúan las migraciones.

Para la OIM, la responsabilidad debe estar distribuida entre los Estados, la sociedad civil y la academia para ofrecer aportes y lograr que la migración, además de ser un derecho humano, también se dé en condiciones dignas. Arenas-Ortiz, por su parte, asegura que el pronóstico no es más que un llamado de atención: “No estamos generando lecciones aprendidas del pasado y debemos entender que las personas nunca dejarán de moverse. Eso debería estar en la agenda principal de cualquier gobierno, sea nacional, local o departamental”.

Colombia acaba de comprometerse con un relevo generacional libre de violencia para las mujeres en política. En Bogotá se suscribió la Red Intergeneracional de Mandatarias: un espacio en el que mujeres gobernantes juntarán su voz para impedir que las agresiones por razón de género se perpetúen en espacios de toma de decisiones.

La Red se constituye en un contexto en que el 80 % de las mujeres que llegan a un despacho de poder son violentadas y su participación, aunque ha aumentado en las últimas décadas, sigue sin ser paritaria tanto en los gobiernos locales como en el Congreso, donde solo tres de cada 10 escaños legislativos tendrán representación femenina para el período 2026-2030.

La Red fue lanzada por ONU Mujeres, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y gobernaciones locales que hoy están siendo manejadas por mujeres, como la de Tolima, en cabeza de Adriana Matiz; Meta, en manos de Rafaela Cortés, y Valle del Cauca, dirigida por Dilian Francisca Toro.

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Esta Red busca un futuro no muy lejano en que cada vez más mujeres logren llegar a manejar las tiendas políticas de sus territorios y hacerlo en condiciones seguras y ajenas a espacios de violencia política. El objetivo es ambicioso si se habla numéricamente: solo seis de 32 gobernaciones están ocupadas por mujeres, y en otros cargos, como las 1.102 alcaldías, apenas 103 son mujeres. Pero también es un reto en términos estructurales: la Misión de Observación Electoral ha registrado al menos 436 casos de violencia política, un promedio de una cada día durante el último año de elecciones presidenciales.

Matiz, primera mujer en llegar a la Gobernación de Tolima, aplaudió este espacio como un punto disruptivo. “Ninguna mujer debe elegir entre el miedo o participar en política. La violencia política afecta desde antes de las candidaturas hasta después de finalizar el período”, comenta la mandataria.

Cambiar la realidad

La Red pone de manifiesto que el mundo político, ya de por sí de difícil acceso para las mujeres, también crea escenarios que permiten violencias, amenazas o agresiones sexuales en contra de las mandatarias, tanto en ciudades principales como en municipios medianos y pequeños. Este flagelo está más que documentado. ONU Mujeres publicó a finales de 2025 un sondeo realizado con 3.000 mujeres que ocupan la función pública como alcaldesas, congresistas o gobernadoras.

El resultado fue desesperanzador: el informe indica que las agresiones se dieron contra mujeres de todos los partidos políticos y representantes de todas las regiones de Colombia. Además, las violencias fueron cometidas por todo tipo de personas, como civiles, servidores públicos, grupos armados o miembros de sus mismos partidos políticos.

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Pero más allá de la cifra, esa agresión tiene consecuencias en el futuro y la democracia del país: ONU Mujeres encontró que el 75 % de las mujeres víctimas de estas violencias no están dispuestas a buscar un cargo de poder en el futuro, precisamente por esas violencias que también atentan contra su dignidad o sus familias.

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, hay al menos 150 leyes proferidas desde 1991 que tratan sobre protección y dignidad de las mujeres. Aunque aún faltan herramientas, como esta Red, para que esas normas pasen de debates virtuales en Bogotá a la realidad de las mujeres en sus respectivas regiones.

Nuevas generaciones

La Red es vista, entonces, como un plan de largo aliento para que en el futuro las mujeres más jóvenes recorran el camino que otras mandatarias de larga data abrieron para ellas en el Congreso o en las asambleas departamentales. En los últimos 30 años las mujeres han logrado que su voz, apenas incipiente en muchos espacios de toma de decisiones, sea considerada como un eje fundamental en los debates políticos en todo el país.

En resumen, el proyecto busca que las mujeres que más años llevan sorteando los pasillos de la política les enseñen a las nuevas generaciones cómo seguir ese camino y qué tareas quedan pendientes para lograr un espectro político realmente libre de violencia, como la implementación de leyes puntuales, la discusión de nuevas legislaciones o modificar de raíz algunas prácticas violentas que se dan en los centros de poder.

Por ejemplo, en la Red está Dilian Francisca Toro, una de las primeras mujeres en destacar en el plano político de Colombia, expresidenta del Congreso y hoy gobernadora de Valle del Cauca. Toro ha insistido por décadas en la paridad de género, el cumplimiento de leyes relacionadas con el bienestar y dignidad de las mujeres y ahora, como máxima figura política de su departamento, se dice dispuesta a enseñar a las diputadas o edilesas más jóvenes cómo entrar al mundo político y convertirse en ejemplo de representación femenina.

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“Todas las mujeres luchamos todos los días por las demás. Hemos vivido en carne propia la violencia contra nosotras, y esta Red es una alternativa para que sigamos estando en estos espacios que tanto nos ha costado alcanzar”, dice la gobernadora.

La Red también será una plataforma de denuncia de violencias políticas que buscará visibilizar estas agresiones y darles voz a mujeres de territorio que padecen constantemente los estereotipos de género, pero que debido a las barreras geográficas no son escuchadas por el Estado cuando denuncian sus casos.

Kristin Wesemann, directora de la KAS y una de las artífices de esta Red, comentó que el proyecto creará un futuro cercano más seguro para miles de niñas que hoy quieren incursionar en política, pero que debido a estas violencias dan un paso hacia atrás.

“La política no es un mundo fácil. Pero cuando atacan a una de nosotras, significa un ataque contra todas. Con esta Red tendremos una nueva plataforma para visibilizar lo que sucede y seguir demostrando que es inaceptable cualquier violencia por querer cambiar la realidad del país a través de la política”, concluye Wesemann.

Todo está listo para que la capital bogotana hospede a algunos de los pensadores económicos más influyentes de las últimas décadas. Entre el 2 y el 4 de mayo, Bogotá será la sede del encuentro internacional Economía para la Vida: un evento que juntará a líderes políticos, pensadores del mundo económico y académicos que discutirán cómo la economía, considerada como el principal motor de crecimiento de cualquier Nación, puede perfeccionar algunos de sus engranajes de cara al futuro.

Según conoció El Espectador, el evento contará con la participación y voces de personas oriundas de América Latina y Centroamérica, que tendrán la tarea de hacer un paneo de cómo la economía puede fungir como aliado para erradicar desigualdades y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo y autonomía a las naciones y sus habitantes.

Pero otras nacionalidades también estarán presentes. En el itinerario aparecen nombres que viajarán desde Europa, África y Asia a la capital bogotana para contar, desde sus respectivos contextos, cómo se puede lograr una economía para la vida.

El debate de nuevos modelos económicos no es nuevo, pero tampoco muy explorado. El mundo cambió en 2025, cuando la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional (Usaid) fue cerrada en cuestión de horas por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

Su clausura, según documentaron ONG alrededor de todo el mundo, causó un efecto dominó financiero que hizo replantearse a los gobiernos y a las organizaciones nuevas formas de continuar con sus objetivos de defender derechos y alcanzar autonomía financiera sin necesidad de depender de cooperación o de terceros.

Colombia no fue ajena a este escenario. El país sufrió las consecuencias de un recorte económico que se tasó, en aquel momento, en USD 389 millones y dejó huérfanos centenares de iniciativas de igualdad de género, garantía de derechos, gobernanza o acceso a la justicia en el país. Otros países como Haití, Honduras, Guatemala o Venezuela sufrieron la misma suerte.

El motivo del encuentro, prácticamente, es explorar nuevos escenarios en tiempos inciertos. Algunos de sus asistentes han dedicado décadas de trabajo e investigación a indagar cómo la economía puede tener aristas distintas y maximizar los beneficios para las personas.

Ese es el caso de Alicia Bárcenas, académica mexicana que ha alzado su voz para que las tendencias económicas deben incorporar la acción climática, una transición energética justa y la protección de la biodiversidad. Jayati Ghosh, economista hindú que tiene una cátedra en Massachusetts, EE. UU., ofrecerá sus 35 años de experiencia sobre cómo el desarrollo económico puede aportar al cierre de brechas de desigualdad, empleabilidad o género. La asiática, por ejemplo, ha sido crítica en la intervención estatal en un modelo que es sostenido por los ciudadanos o con aspectos más globales, como la deuda.

“Esta agenda de eventos busca crear un espacio de alto nivel para el diálogo, el debate y la colaboración entre las y los economistas más reconocidos del mundo, junto con académicos, activistas y profesionales de las ciencias sociales, comprometidos con la transformación económica de América Latina y el Sur Global”, reza la invitación al evento.

Los nombres de una charla pendiente

El encuentro se realizará paralelamente en dos sedes. La primera será el Palacio de San Carlos, histórico edificio que por décadas ha sido la base de operaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y que en esta ocasión fungirá como espacio para compartir ideas e indagar nuevos futuros económicos.

El segundo escenario será el Ágora: el icónico edificio en la Avenida Caracas con Calle 26 donde pensadores de varias nacionalidades también mantendrán paneles, discusiones a profundidad e idealmente, llegar a consenso sobre qué caminos recorrer para alcanzar un mayor desarrollo económico.

Al grupo de expertos se integrarán figuras académicas de amplio reconocimiento como David Harvey (EE. UU.), referente de la geografía crítica; Andrés Arauz (Ecuador), especializado en soberanía monetaria; y Fadhel Kaboub (Túnez), experto en transición ecológica en el Sur Global.

El panorama internacional se amplía con las miradas de analistas como Adriana Abdenur (Brasil), Alberto Garzón (España), Guillaume Long (Ecuador), José Miguel Ahumada (Chile) y Kohei Saito (Japón). A ellos se suman investigadores de trayectoria como Luis Godoy (México), Martin Abeles (Argentina/CEPAL), Marco Antonio Rocha (Brasil), Mónica Bruckmann (Perú), René Ramírez (Ecuador), Rixi Moncada (Honduras) y Pedro Rossi (Brasil).

La convergencia de estas voces posiciona a Colombia como un punto de articulación entre distintas corrientes del pensamiento económico a escala global, impulsando un intercambio directo entre el Sur Global y el Norte.

Si desea conocer la programación, puede consultarla a través de este enlace.

Hablar de tecnología y equidad de género al mismo tiempo es posible. Esa es la tesis que Ximena Duque ha defendido durante los últimos seis años. En 2020, esta caleña graduada en economía llegó a Fedesoft, un gremio de tecnologías de la información (TI) dominado por hombres. Media década después Duque es la cabeza visible de una industria que reúne las 500 empresas tecnológicas más importantes de Colombia y, a la par, alza su voz para que el futuro digital sea comandado por mujeres.

Desde su despacho en Fedesoft ha logrado incluir en el código de programación una agenda de mujer e inclusión. Su voz también ha llegado a altos espacios de incidencia, como el Congreso o la Presidencia de la República, donde ha insistido en la necesidad no solo de garantizar oportunidades e incentivos a las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por su acrónimo en inglés), sino también proyecta que cada centavo invertido en tecnología será multiplicado en el futuro para cambiar la realidad de millones de colombianos.

Y es que datos de ONU Mujeres han señalado que la poca presencia de las mujeres en los ecosistemas digitales no radica en sus capacidades, sino en las pocas oportunidades que tienen para conquistar esos espacios. Por ejemplo, el organismo detalla que, a causa de estereotipos de género, solo el 30 % de las mujeres llegan a estudiar carreras como tecnología o ingeniería. El panorama, ya alertado por Duque, se vuelve más complejo si se tiene en cuenta que, en el futuro, el 75 % de las plazas laborales en el mundo estarán relacionadas con áreas STEM y, de no cerrar esta brecha, podrían quedar excluidas nuevamente del mundo digital.

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“Invertir en software y en las niñas es una inversión a futuro. Colombia no puede estar desarticulada de una conversación de tecnología, pero también de género e inclusión”, dice Duque.

Una barrera menos

Ella fue la primera de su familia en llegar a la universidad. Sus allegados, oriundos de Río Frío, en Valle del Cauca, jamás pasaron por las aulas académicas. Primero se graduó en economía, y tras haber ganado algunas becas internacionales, se recibió como magíster en asuntos internacionales. Allí, junto con mujeres estudiantes de varias nacionalidades, se dio cuenta, comenta, de que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Así lo demuestra un informe de la desarrolladora de software Rootstack: las mujeres ocupan apenas una tercera parte de la planta laboral de la industria de TI, pero solo el 11 % de ellas llegan a cargos ejecutivos de corporaciones tecnológicas.

Así que decidió que su gestión trataría de romper los imaginarios que tienen las niñas en edades tempranas y mostrarles que la tecnología es un camino posible para ellas. Así lo hizo con el Concurso Nacional de Programación, un certamen que reúne a jóvenes de colegios públicos y privados (siendo las niñas el 40 % de las participantes) para que, a través de la tecnología, ofrezcan soluciones digitales a problemas de la vida real, como el análisis de datos, la prevención de violencias de género o el uso de los dispositivos electrónicos para mejorar la calidad de vida de las personas.

En 2025, por ejemplo, unos jóvenes de Bogotá lograron consagrarse en el podio del concurso al diseñar TeCuidApp: un aplicativo que utiliza información pública y orienta sobre qué lugares son seguros para prevenir agresiones de género. La app, premiada por Duque y Fedesoft, fue aplaudida por “convertirse en un aliado para la seguridad de mujeres y niñas”.

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La incursión por motivar a miles de niñas a llegar a espacios tech diagnosticó un nuevo síntoma de las brechas de género. Duque y su equipo examinaron datos del Ministerio de las TIC y descubrieron que hay un cuello de botella en donde la presencia de las mujeres, a medida de que avanza el escalafón académico, se va reduciendo. El 26 % de ellas cursan estudios técnicos; el 27 %, tecnológicos, y solo el 17 % se matriculan y terminan un programa universitario relacionado con tecnología.

“En el mercado laboral esta cifra es aún más crítica: dos de cada 10 plazas de talento TI pertenecen a mujeres (...). Si no logramos que más mujeres transiten a estas carreras, Colombia estaría limitando su capacidad de innovación y crecimiento, pues el software podría representar el 5 % del PIB en un futuro”, pronostica Duque.

Con miras al futuro

Los reclamos de inclusión de Duque también han sido escuchados en espacios de incidencia política. Hace unas semanas su equipo formuló un pliego de 14 recomendaciones a los candidatos presidenciales para sugerirles que, independientemente de su orilla política, la tecnología y la igualdad de género en este universo deben ser un objetivo principal.

Su argumento recae en que actualmente la industria tech representa el 3,6 % del PIB en el país y genera casi medio millón de empleos formales. Pero con un Estado que apoye las iniciativas y, aún más importante, la llegada de las mujeres a esos espacios, esta cifra podría elevarse hasta el 5 % del Producto Interno Bruto y generar aún más plazas laborales.

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“Colombia aún tiene pendiente hablar de forma conjunta entre género y tecnología. No son temas desconectados: la tecnología es un habilitador de bienestar para las mujeres y nosotros estamos dispuestos a seguir recorriendo ese camino”, comenta Duque.

Aunque todavía hay varios pendientes para lograr una paridad total, Duque asegura que seguirá tocando puertas para que Colombia, en un futuro, sea un país competitivo en lo digital, pero más equitativo con las mujeres que quieren llegar a este espacio. Por ahora la tarea es seguir motivando a niñas para que vean que mujeres como Duque están haciendo historia en un mundo que siempre fue vedado para ellas.

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“La industria necesita no solo género, sino también inclusión. En la medida en que la industria tenga más voces, podrá innovar mucho más fácil y crear un país igualitario”, concluye.

Esta semana, la Universidad del Bosque, en Bogotá, fue sede de “Territorios Imaginados”: un evento que reúne sector público, privado, cooperación internacional y academia para mostrar que nunca es tarde para aprender algunas habilidades que puedan cambiar las realidades.

El modelo ofrece espacios de aprendizaje a personas que nunca tuvieron la oportunidad de cursar estudios formales en un aula de clase o también a quienes las barreras geográficas o económicas impidieron especializarse en alguna actividad específica.

En el programa aparecen, por ejemplo, mujeres de la tercera edad que debido a las barreras de género de hace cinco o seis décadas, no pudieron matricularse jamás en una carrera de pregrado, o jóvenes de parajes rurales que no conocían lo que era realmente aprender una habilidad y conocimientos técnicos que les permitieran mejorar su calidad de vida, como tareas de cuidado.

El modelo, que fue traído por DVV International, ya ha sido importado en ciudades como Bogotá, Buenaventura o Corinto, en el corazón del Cauca.

Para Laura Alarcón, directora de DVV International, el modelo busca crear redes de aprendizaje a lo largo de Colombia para que quienes han estado al margen de la educación formal puedan tener una segunda oportunidad de aprender.

“La educación también es un derecho humano que debe ser garantizado a todas las personas de un país y una sociedad. El programa, que se compone de iniciativas, actividades y ofertas, mezcla educación formal, no formal e informal para contribuir a la garantía de ese derecho”, comenta.

El poder de lo empírico

No son pocas las historias en Colombia de adultos que, ya a su tercera edad, comentan que no pudieron acceder a una universidad o, en el peor de los casos, cursar los currículos de un colegio. También hay escenarios de personas completamente analfabetas que no pueden entrar al mundo académico debido a sus limitaciones. Por eso llega este programa: junta conocimientos de diferentes comunidades para reunirlas en un espacio y transmitirlas a cualquier persona que desee aprender algo nuevo.

“La educación formal no es la única educación. Esto es una apuesta, también acogida por la Unesco, donde todos los aprendizajes se reconocen, pero se complementan entre sí”, comenta Alaracón.

En el proyecto hay, por ejemplo, comunidades étnicas que enseñan algunos de sus saberes ancestrales sobre medicina, memoria o resiliencia y que nunca han pasado por un filtro académico pero aún así siguen siendo conocimientos fundamentales. Allí aparecen enseñanzas sobre cómo entender la naturaleza o de qué forma cientos de grupos indígenas o afro conviven con sus territorios en armonía.

En Corinto, Cauca, 106 personas, entre indígenas y campesinos, fueron beneficiarios y se graduaron de un programa que certificó que si bien no cursaron en aulas académicas, sí conocen cómo ser resilientes y enfrentarse a escenarios de conflicto armado y construcción de paz. La cohorte, graduada en alianza con la Universidad Pedagógica, reconoce que durante años esta comunidad caucana ha mostrado resultados para enfrentarse al narcotráfico y la guerra y en algún momento podrían enseñarle a otras poblaciones cómo hacerlo.

“El aprendizaje a lo largo de la vida se ha consolidado como un pilar para recomponer el tejido social y robustecer las comunidades desde los territorios, al tiempo que abre caminos de nuevas oportunidades. En ese sentido, pretende destacar su papel como impulsor de transformación social y subrayar la urgencia de posicionarlo como una prioridad en la agenda educativa del país”, acota Alarcón.

Exportando saberes

El modelo educativo que impulsa DVV International en Colombia se basa en el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, entendido como un proceso continuo que trasciende el aula y se construye en la vida cotidiana, el trabajo y la participación comunitaria. Su funcionamiento articula distintos niveles de acción: desde la incidencia en políticas públicas (macro), pasando por el fortalecimiento de redes y actores locales (meso), hasta la implementación directa de procesos educativos en territorios (micro).

En la práctica, esto se traduce en el apoyo técnico y financiero a iniciativas de educación formal, no formal e informal, con énfasis en poblaciones históricamente excluidas. El modelo prioriza metodologías participativas, el reconocimiento de saberes locales y la adaptación a contextos específicos, como zonas rurales, comunidades étnicas o entornos afectados por el conflicto.

La posibilidad de exportar estos conocimientos a otros territorios radica en su carácter replicable y en la construcción de capacidades locales. Más que intervenir de manera aislada, el modelo busca dejar instaladas metodologías, herramientas pedagógicas y redes de trabajo que puedan sostenerse en el tiempo.

A través de la formación de formadores, el fortalecimiento de alianzas multisectoriales y la creación de centros de aprendizaje comunitario, las experiencias exitosas se sistematizan y se convierten en referentes para otras regiones del país. Así, el aprendizaje no solo transforma comunidades específicas, sino que se proyecta como un ecosistema que puede adaptarse en distintos contextos de Colombia.

Así sucedió en algunas ciudades principales. Hay casos de éxito de jóvenes que han adquirido conocimientos sobre nuevas masculinidades y, gracias al aprendizaje, ahora hacen parte activa del cuidado del hogar y distribuyen la carga de cuidado entre hombres y mujeres.

En Bogotá, por mencionar otro caso, está la historia de una mujer que a su tercera edad cursa séptimo semestre de Trabajo Social: un sueño que jamás pudo materializar debido a las barreras económicas y estereotipos de género que reforzaban que “las mujeres deben estar en el hogar”.

“Juntamos a distintos, los ponemos a hablar, dialogar y llegar a acuerdos. Están construyendo futuros posibles en futuros imaginados; es decir, recoger experiencias diferentes pero que eventualmente lo que hablan repercuta en la agenda pública y sus realidades”, dice Alarcón.

En YaEstoyOnline.co, la plataforma de formación de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el 73 % de las personas capacitadas, pertenecientes a más de 46.000 comercios registrados, son mujeres. Una cifra que no es casualidad: cuando las mujeres acceden a herramientas digitales, no solo transforman sus negocios, sino las economías de sus familias y comunidades, desarrollando habilidades tecnológicas que las posicionan como referentes en entornos digitales y de innovación. Sin embargo, aunque alrededor del 65 % de las empresas en Colombia son lideradas por mujeres, muchas aún enfrentan barreras para acceder a tecnologías, formación tecnológica o financiamiento que les permitan escalar sus negocios.

El comercio electrónico representa cerca del 13 % del consumo total del país y se concentra en segmentos con mayor acceso a tecnología y conectividad, por lo que el verdadero desafío está en ampliar el alcance del comercio digital a la base de la pirámide.

Cerrar esta brecha es clave no solo desde una perspectiva de equidad, sino también de competitividad económica enfocada a la economía del cuidado. La digitalización ofrece ventajas estructurales para muchas emprendedoras. Permite desarrollar actividades productivas con mayor flexibilidad, algo relevante en una sociedad donde las responsabilidades de cuidado siguen recayendo en gran medida sobre ellas. Además, el comercio electrónico también funciona como una ruta de crecimiento progresivo: muchas emprendedoras empiezan vendiendo en redes sociales, luego migran a marketplaces que integran pagos y logística, y finalmente desarrollan sus propias tiendas digitales.

Este proceso requiere un ecosistema que articule empresas, plataformas tecnológicas, entidades financieras, instituciones educativas y políticas públicas. Desde el sector privado se han impulsado iniciativas para facilitar ese camino. Programas de capacitación digital, plataformas de formación empresarial y eventos de activación comercial han permitido que miles de pequeñas empresas, muchas lideradas por emprendedoras, accedan por primera vez a herramientas de comercio electrónico y nuevos mercados.

Aún persisten brechas en acceso a posiciones de liderazgo, diferencias salariales y estereotipos sobre el rol de las mujeres en sectores como la tecnología. Superarlas implica promover políticas empresariales de equidad, fortalecer programas de mentoría y formación, y trabajar desde etapas tempranas para incentivar la participación femenina en áreas STEM, cada vez más determinantes para el futuro del trabajo, visibilizando a líderes en eCommerce y tecnología como referentes que inspiran a niñas y jóvenes a proyectarse en estas industrias.

Entender el comercio electrónico, más allá de su noción de canal, como articulador del desarrollo, abre una oportunidad económica y social histórica. Si más mujeres acceden a las herramientas, habilidades y redes necesarias para participar plenamente en la economía digital, no solo estaremos cerrando brechas sociales. Impulsar la participación femenina en la economía digital no es solo una agenda de inclusión: es una de las decisiones económicas más inteligentes y estratégicas que puede tomar el país.

*María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Hace unos días, María Corina Machado convocó a 11.000 personas en Madrid. Allí aseguró que el retorno a Venezuela, más que un anhelo, será una realidad cercana. Pero lo cierto es que ese mensaje cargado de esperanza, aunque ilusione con reparar los ocho millones de vidas que se fracturaron huyendo del chavismo, está lejos de materializarse.

Expertos en la diáspora comentan que si bien retornar es un deseo generalizado en los venezolanos, aún faltan condiciones para que familias que llevan una década, o más, en el exilio consideren volver a un país que completa 27 años de dominio chavista.

Así lo demuestra el último estudio del Observatorio de la Diáspora: según sus datos, 9,2 millones de venezolanos han salido de su tierra para asentarse en 91 países alrededor del mundo, siendo Latinoamérica y el Caribe los principales receptores, seguidos de Europa, Canadá y otras latitudes. La respuesta a esto es generalizada: el anhelo del migrante es volver, pero no bajo el panorama actual que hoy vive Venezuela.

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El estudio encuestó a 1.266 personas en 55 de esas naciones que manifiestan, en el 40 % de las respuestas, una voluntad de regresar, pero solo si hay cambios significativos que les garanticen un proyecto de vida estable y acceso a mínimos básicos. En el caso de los exiliados políticos también se requiere la seguridad jurídica de no ser arrestados recién pisen suelo venezolano, donde aún siguen vigentes una treintena de leyes que criminalizan disentir del régimen chavista o exigir derechos humanos.

La encuesta también muestra que hay quienes, pase lo que pase, no están dispuestos a volver: el 23,7 % de las respuestas señalan que permanecerían en sus países de acogida, sea por un nuevo arraigo familiar que construyeron allí o porque ven muy lejano que florezca nuevamente un país que está sumido en una crisis política pero también social y económica, como lo catalogan organismos humanitarios alrededor del mundo.

Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio, comenta: “Venezuela lleva casi tres décadas afianzando un modelo que causó la migración forzada del 30 % de la población. El retorno está condicionado a esas mismas variables que obligaron la salida muestren síntomas de mejora, como la salud, electricidad, empleo o libertades básicas”.

El costo de volver

Uno de los principales argumentos por los que la diáspora se muestra reticente a volver, dice el estudio, son las variables económicas. El 84 % de los encuestados envía remesas para sostener a familiares que permanecieron en el país. Pero la totalidad de los entrevistados reconoce que en 27 años de chavismo el ecosistema financiero se volvió un ambiente hostil para la inversión extranjera y también para sostener cualquier modelo de vida; hoy un profesor universitario de alto nivel percibe un sueldo de USD 12, mientras que el salario mínimo ronda los USD 0,30 centavos.

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La infraestructura petrolera, que antaño sostuvo las arcas nacionales produciendo tres millones de barriles en la década de los 90, hoy difícilmente extrae un millón diario. El descenso empeora con diagnósticos ofrecidos por Oxford Economics, que reveló que, aparte de la caída en la producción de hidrocarburos, Venezuela tiene una deuda equivalente al 193 % de su PIB. Los daños, comenta el estudio, se prolongarán al menos con una “tendencia insostenible” hasta 2037. A ese dato hay que añadir predicciones, como la hecha en 2024 por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, donde se estimaba que nueve de cada 10 venezolanos que permanecieron en sus tierras vivían en condiciones de pobreza, o que la tercera edad recibe una pensión de USD 1,3.

“El 84 % de los encuestados percibe que su calidad de vida en el país de acogida es buena, y miles de familias se plantean si volver a emprender una nueva migración, esta vez de vuelta a Venezuela, y llegar a un lugar donde no hay mínimos básicos de supervivencia. Las personas no vuelven cuando quieren, sino cuando pueden sostener la vida que tuvieron antes”, comenta Páez.

Retorno condicionado

La decisión de retornar también pone en la balanza si los venezolanos, hoy viviendo en países democráticos y con libertades aseguradas, están dispuestos a retornar a un país que si bien ha tenido algunos cambios este año, sigue en un limbo incierto.

La encuesta del Observatorio revela que la seguridad es el primer aspecto a mejorar para retornar a Venezuela (75,1 %), seguida del acceso y funcionamiento de servicios públicos (69,5 %) o empleo digno (57,1 %).

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María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, comenta que el retorno de millones de personas debe leerse en términos estructurales: un factor político que detonó a su paso otros ámbitos de la vida pública, como la democracia, o el ecosistema social.

“Las causas de expulsión migratoria tienen que convertirse en factores de atracción (...) es un proceso demorado de varios años. Es una migración en que las personas buscan salir de la pobreza multidimensional, mejores servicios públicos, educativos, médicos. Estas situaciones tendrían que cambiar y para que se den, requieren un cambio de dirección política y administrativa, lo cual no es fácil en el corto plazo”, concluye Robayo.

Al parecer, no pertenecemos. La mayoría de nosotras tenemos familiares o docentes involucrados en el sector, pero son hombres, miembros de otra realidad.

Una niña construye lo que cree posible a partir de lo que ve cerca. Si no ve mujeres en tecnología, en ciberseguridad, en roles operativos o de liderazgo técnico, con un casco puesto o en una investigación activa, ese camino simplemente no parece como una opción. No porque no le interese, sino porque no está en su mapa, como si fuera otra realidad.

A mí me pasó algo similar. Entré a este mundo porque me llamaba la atención hacer algo distinto, algo que no fuera lo esperado. Pero ya estando ahí, el reto cambió hacia entender si realmente pertenecía.

Durante mucho tiempo sentí que tenía que adaptarme, cambiar mi manera de hablar, comportarme de forma ajena a lo que soy e incluso pensar distinto para encajar en un entorno que no estaba diseñado para una mujer. Con el tiempo entendí que ese era un error; no se trataba de encajar, sino de aportar desde lo que eres.

Y cada vez que encontré una mujer en uno de estos roles me ayudó a reafirmar que sí iba por el camino correcto desde lo que soy. En ese momento descubrí algo clave, lo que muchas veces se percibe como “diferente” en las mujeres es, en realidad, una ventaja.

La empatía, por ejemplo, no es una habilidad blanda desapercibida y menos en un entorno como en el de la ciberseguridad, donde las decisiones deben tomarse con rapidez y con información incompleta. Allí es donde entender a tu equipo, generar confianza y comunicar con claridad marca la diferencia.

Pero estas habilidades no se desarrollan si, desde el inicio, te enseñan a dudar de ellas o de tu criterio.

Algo que cambiaría en cómo estamos formando a niñas interesadas en tecnología es justamente eso: enseñarles a cuestionar más y a confiar más en sus propias decisiones. Muchas veces tienen la respuesta, pero buscan validación antes de decirla; y en ese proceso, pierden espacio.

También es importante dejar de reforzar la idea de que para entrar a este mundo hay que saberlo todo. Eso no es cierto, de hecho, nadie lo sabe todo. La tecnología cambia todos los días y lo que realmente importa no es cuánto sabes hoy, sino qué tan rápido puedes aprender, adaptarte y trabajar con otros. Porque, si algo he aprendido, es que este no es un trabajo individual, sino indiscutiblemente en equipo.

En un SOC (Security Operations Center), por ejemplo, operamos 24/7. Las decisiones no las toma una sola persona, se construyen entre varias. Y ahí es donde la confianza, la comunicación y la curiosidad se vuelven clave. Las mejores personas que he visto en este campo no son las que más saben, sino las que más preguntan, las que más investigan y las que más comparten.

Por eso, cuando hablamos de impulsar a más niñas en STEM, debemos ir más allá de la idea de abrir espacios y enfocarnos en hacer visibles los caminos, mostrar que sí hay mujeres ahí, que sí se puede y que no hay una sola forma de hacerlo. Estamos ahí para acompañarlas y convertirnos en referentes cercanos, que puedan ver a alguien y pensar: “Yo también puedo llegar ahí”.

Porque, al final, el cambio no empieza cuando una niña elige estudiar tecnología; empieza mucho antes, cuando esa posibilidad aparece por primera vez en su cabeza. Y eso, muchas veces, depende de lo que alcanza a ver.

La Procuraduría General de la Nación vuelve a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 con una apuesta para tener mayor interacción con el público y una agenda que combina debate institucional con divulgación pedagógica.

Desde Corferias, la entidad busca reposicionarse como un actor cercano a la ciudadanía, no solo en su rol disciplinario, sino también como promotora de conversación pública sobre temas clave del país.

La Procuraduría tendrá presencia en dos frentes. Por un lado, un stand en el segundo piso del Pabellón Colombia, centrado en explicar su misión, funciones y alcance institucional.

Por otro, un espacio interactivo en la Plaza de las Banderas, diseñado para públicos más amplios —incluidos niños y jóvenes— con experiencias dinámicas que apuntan a hacer más accesible el trabajo del Ministerio Público.

La agenda académica incluye conversatorios que tocan asuntos sensibles del debate nacional. Uno de ellos abordará la independencia del Banco de la República -en plena coyuntura con los roces que han tenido esa institución y el Gobierno-, con voces como Alejandro Linares Cantillo, expresidente de la Corte Constitucional, y Fernando Cepeda Ulloa, exministro del Interior.

Esa charla estará a cargo de Jorge Valencia Jaramillo, creador de la Feria del Libro y ex Ministro de Estado.

Otro espacio se centrará en la indebida participación en política, liderado por el viceprocurador Julián Fernández, un tema especialmente relevante en la antesala electoral.

La fecha será 24 de abril a la 1:00 p.m. en el Pabellón Colombia

La agenda también incluye una discusión sobre derechos de los migrantes, a cargo de Néstor Osuna, en un contexto regional marcado por flujos migratorios crecientes.

Este conversatorio será el 28 de abril a las 2:30 p.m. en el Pabellón Colombia.

Libros, charlas y formatos digitales

Durante los 14 días de feria, la entidad presentará publicaciones sobre sus ejes misionales y coyunturas nacionales, complementadas con charlas tipo TED en su stand principal.

Además, la Procuraduría aprovechará la feria para fortalecer sus canales de comunicación: grabará episodios de La Procu TV y del pódcast Las Mujeres Resuenan, en una estrategia que apunta a diversificar formatos y ampliar su alcance.

Esta semana se inició uno de los eventos culturales más grandes de toda Latinoamérica: la Feria del Libro de Bogotá. El espacio, que se desarrollará hasta el 4 de mayo y contará con 2.300 actividades. Este será también un escenario para dar lugar a docenas de mujeres que, desde la escritura, han encontrado una forma de narrar el mundo desde sus propias experiencias y reclamar el lugar para sus historias, por años invisibilizadas.

En esta edición, las mujeres se tomarán la palabra. La FILBo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, se articula alrededor del lema “Escucharnos es leernos”: una invitación a detenerse, reflexionar y abrir espacios al diálogo. Allí las escritoras tomarán un rol central y sus obras cuentan historias, pero también interpelan, denuncian y reconstruyen realidades marcadas por la desigualdad, la violencia y la memoria.

Una de esas voces es la mexicana Dahlia de la Cerda, que a sus 41 años escribe literatura que explora el racismo, el clasismo y la transfobia. En libros como Perras de reserva y Medea me cantó un corrido, sus personajes, usualmente mujeres que habitan contextos hostiles, enfrentan la violencia e indagan fórmulas para derrumbar esas estructuras que las han marcado a lo largo de su vida.

Desde Argentina, Claudia Piñeiro aportará una mirada crítica sobre los roles de género y las presiones sociales que ha vivido en carne propia. Novelas como Las viudas de los jueves, Tuya y Elena sabe la han consolidado como una de las autoras más influyentes de la región, con reconocimientos como el Premio Clarín de Novela y el Sor Juana Inés de la Cruz.

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En esa misma línea aparece Alejandra Kamiya, también argentina, cuya escritura construye relatos contenidos y evocadores. En títulos como Los árboles caídos también son el bosque y La paciencia del agua sobre cada piedra, explora la relación entre los personajes, la naturaleza y la conciencia de la muerte, con una sensibilidad que remite a la brevedad del haikú.

La programación también abre espacio a la literatura infantil y juvenil con autoras como la española Miriam Tirado, quien ha centrado su trabajo en la crianza consciente. En libros como El hilo invisible, Removidas y Rabietas, aborda temas como el duelo, la ansiedad y la depresión desde una mirada pedagógica.

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Pero también habrá líneas literarias con origen colombiano. Ese es el caso de Mary Grueso, una mujer negra del Pacífico que ha dedicado toda su vida a exaltar las costumbres afrocolombianas de su tierra natal, Guapi, en el Cauca. Su obra recoge la tradición oral, la identidad y la memoria del Pacífico en libros como El mar y tú, Negra soy y La muñeca negra. Su trayectoria la llevó a convertirse en la primera mujer afrodescendiente en integrar la Academia Colombiana de la Lengua.

La FILBo también contará con la presencia de la española Júlia Salander, quien enfoca sus obras en visibilizar las desigualdades de género entre jóvenes con títulos como Tu argumentario feminista en datos y Fuego al machismo moderno. También estará la poeta colombiana Andrea Cote, ganadora del Premio Casa de América de Poesía Americana 2024 por Querida Beth y cuya escritura explora el paisaje, la violencia y la memoria; y Diana Obando, connacional colombiana que dedica su literatura a la memoria.

Espacios emergentes

El Espectador también hará parte de esta conversación. El viernes 20 de abril habrá un panel que debatirá sobre los espacios de las mujeres en la actual campaña presidencial. El conversatorio estará liderado por las periodistas María José Barrios y Luna Mejía, quienes dialogarán con Clara López, candidata del Pacto Histórico y María Fernanda Cabal (Centro Democrático) sobre las brechas en la arena política que están pendientes de romperse.

El sábado 21, Élber Gutiérrez, productor general de este diario, liderará una conversación con María Carolina Hoyos Turbay, hermana del asesinado Miguel Uribe Turbay y quien aprovechará el espacio para presentar su obra Felicidad imperfecta.

Toda la programación de los 23 pabellones se podrá consultar a través de este enlace.

Cuando aún era una niña, Lucy Mercado se prometió que ninguna joven en La Guajira volvería a vivir una violencia como la que ella vivió. No era tarea fácil: en el desierto de Maicao era habitual ver a menores de edad embarazadas y con derechos violentados. Lo más triste de todo, recuerda, era el municipio que normalizaba esas conductas.

Ahora la historia es otra. A sus 36 años dirige Luciérnagas, una fundación que recorre esos mismos paisajes desérticos para educar a las comunidades, especialmente las wayuus, y evitar que sus niñas sean absorbidas en historias de violencias.

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La fundación, nacida hace poco menos de cinco años, se ha valido del diálogo y la pedagogía con estas comunidades indígenas para enseñarles que esas “tradiciones” no están escritas sobre piedra y pueden ser modificadas. Su trabajo ha cambiado la vida de 1.600 mujeres, incluyendo a migrantes que atraviesan la frontera con Venezuela, para que por primera vez en generaciones sean mujeres autónomas, libres de agresiones y con futuros donde ellas decidan por sí mismas.

Buscar agua en el desierto

El trabajo de Lucy ha sido de todo menos sencillo. Aparte de las 200.000 personas que viven en el casco urbano, Maicao tiene todo un laberinto de trochas y caminos que conducen a las comunidades wayuus. Así que Mercado madruga cada mañana, se pone un chaleco amarillo que la identifica como lideresa de la Fundación Luciérnagas, y emprende su recorrido por el desierto para intentar llegar a la máxima cantidad de caseríos indígenas. Hay días en que el sol es inclemente, pues la temperatura supera los 30 grados. Y otras ocasiones debe enfrentarse a peajes ilegales o paros indígenas, pero nada la detiene.

Cuando llega, viene el reto principal. Hablar con las mayoras, palabreros y los líderes de cada comunidad para enseñarles que las mujeres también tienen derechos y que no es normal que una niña a sus 15 años ya tenga esposo y un par de hijos pequeños.

Las comunidades indígenas, incluidas las wayuus, han normalizado por décadas este tipo de conductas. El matrimonio infantil, por ejemplo, tiene casos registrados al menos desde 1887 y la “dote”, conocida como el valor en especie (dinero, animales o collares) que el novio desembolsa para contraer matrimonio con la prometida, ha existido siempre en esa comunidad. Y aunque es una tradición que busca honrar las uniones, vulnera uno de los principios básicos de los derechos sexuales: el consentimiento de las niñas.

“Esto consiste en romper ciclos de violencia que han existido siempre, de generación en generación. Es parte del crecimiento como sociedad. Enseñar también es prevenir, incluso a quienes no tuvieron oportunidad de estudiar, tuvieron embarazos tempranos y vivieron violencias”, señala.

En sus visitas lleva insumos de higiene básica, como copas menstruales o toallas higiénicas: artículos casi inexistentes que, a falta de agua potable, son todo un lujo para garantizar la salud menstrual de las niñas.

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El trabajo de Lucy igual ha llegado hasta La Pista, un suburbio en a orillas del antiguo aeropuerto de Maicao, donde han llegado a contabilizar 35.000 personas en condición de pobreza extrema y sus mujeres con derechos violentados.

“La Guajira merece escenarios grandes para sus mujeres. Nosotras llegamos para compartir nuestro conocimiento, no a imponer. El pueblo wayuu se ha visto muy olvidado y a veces solo necesitan conocer las nuevas leyes o qué vulnera los derechos de sus mujeres. Es un cambio cultural que se logra poco a poco”, explica la lideresa, quien es especialista en desarrollo de la niñez.

Transformando el territorio

El trabajo de Lucy ha trascendido las fronteras de La Guajira. Hay docenas de niñas que, al vivir al otro lado de Paraguachón, que es el paso fronterizo con Venezuela, se llevan los conocimientos para prevenir violencias a sus tierras. Al efecto dominó se suma que Lucy ha viajado a Riohacha, Barranquilla e incluso Bogotá para contar cómo es su día a día recorriendo el desierto y qué resultados ha conseguido.

El proyecto ha sido exportado a algunos colegios de Maicao, así como lideró la creación de un foro de nuevas masculinidades para que los hombres entiendan conductas violentas y sean parte del cambio cultural que proponen desde Luciérnagas.

En 2022, ONU Mujeres seleccionó Luciérnagas como uno de los proyectos que transforman el territorio en Colombia. La iniciativa de Lucy, escogida junto con otras nueve apuestas de igualdad de género, fue beneficiada con dinero y con capacidades técnicas para continuar con el trabajo “de transformar el territorio y conseguir derechos para las mujeres”, como dijo en aquel entonces Diana Espinosa, representante adjunta de ese organismo.

El proyecto ha tomado tal popularidad, que cuando no hay un financiador directo para costear los trayectos por el desierto, las mismas mujeres que fueron beneficiadas por Luciérnagas se suman como voluntarias para seguir avanzando en la prevención.

El Ministerio del Interior también ha aplaudido la lucha que Lucy, y las otras cinco integrantes de Luciérnagas han librado en un territorio donde, comenta, ni el Estado ni sus instituciones llegan a garantizar mínimos básicos.

Esa cartera seleccionó a la fundación para recibir una inversión económica y, además de enseñar sobre derechos, auxiliar a las mujeres que sufrieron violencias sexuales para que sanen sus heridas y en un futuro se conviertan en lideresas.

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A pesar del poco tiempo que Luciérnagas ha funcionado, Lucy cree que ha valido la pena invertir todos sus ahorros y tiempo en el proyecto. En cuestión de unos años quisiera ver la fundación recorriendo todo el departamento de La Guajira para cumplir su sueño: que ninguna otra niña viva los escenarios de violencia que ella vivió de adolescente.

“Cada momento vale cuando cambiamos ciclos de violencia que se han prolongado por generaciones contras las niñas”, finaliza Lucy.

Desde hace meses, el Colegio Buckingham ha venido ultimando detalles para implementar este modelo en su preescolar. Los resultados prometen ser esperanzadores. Los niños pueden desarrollar aún más habilidades que en otras fórmulas pedagógicas y, como aliciente, se utiliza el juego no como un espacio de ocio, sino como una forma de aprendizaje y formación. Y es que en los últimos años esta receta ha sido implementada en al menos 20 países e impactado a más de 10.000 niños que hoy cursan sus estudios sin presiones y con mayores chances de alcanzar su autonomía. El modelo le apunta a que la educación sea sinónimo de felicidad y de niños capaces de enfrentar los desafíos afuera de la escuela.

“En los primeros años de la infancia el juego desarrolla el mayor potencial. Pero no se incorporó a los currículos y se pensó como un espacio aparte. Este modelo lo entiende como una herramienta principal, para aprender y formar seres humanos”, comenta Juliana Salazar, rectora del Colegio Buckingham.

Un nuevo paradigma

El modelo finlandés plantea cambiar varios conceptos que han sido la norma a la hora de hablar de educación. El primero de ellos es la figura de un profesor que ostenta autoridad y dicta los caminos que cada estudiante debe seguir. En su lugar, el maestro escucha a los alumnos, y en una jerarquía horizontal los ayuda a explorar su curiosidad. No hay calificaciones ni estándares académicos que ejerzan presión sobre los procesos; sino un guía, en todo el sentido de la palabra, que educará a los jóvenes tanto en aspectos curriculares como en su formación como personas.

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Sandra Durán, magíster en Educación y profesora de la Universidad Pedagógica, considera que más allá de los cambios urge empezar a hablar de nuevas formas de pedagogía que se ajusten a los “nuevos tiempos”. “No podemos dejar atrás los pilares de la educación de lado: el arte, la exploración, el juego son fundamentales para entender quiénes son los niños, pero también para orientarlos fortalecidos en un mundo cada vez más competitivo”, recalca.

Pero aquí surge otro gran reto: la arquitectura de las aulas. Los espacios siempre han sido escenarios milimétricos con pupitres que, si bien han cumplido su función, no permiten explorar a cabalidad la curiosidad de los niños y los priva de otros espacios. HEI plantea salones donde haya conexión con la naturaleza, prevalezcan los colores y la autonomía sea la principal regla de cada clase.

El juego también hace parte del cambio. Mientras que miles de instituciones educativas separan la malla curricular, el modelo finlandés lo incorpora en un eje para que aprendan.

¿Cómo funciona? Salazar explica que el juego permite aprender habilidades lingüísticas, matemáticas, éticas, ciudadanas y emocionales, porque simula experiencias reales como compras en un mercado, votaciones democráticas y otras actividades que a fin de cuentas prepara a los estudiantes para la vida fuera de los colegios.

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Lasse Lipponen, doctor en Educación y uno de los artífices de HEI, aseguró a El Espectador que este modelo cambia el paradigma, pues “convierte el juego en una competencia fundamental del desarrollo”. “La educación es la mejor inversión que cualquier sociedad puede hacer. Inclinarse por el juego y la autonomía es un paso fundamental para niños que tienen la posibilidad de imaginar nuevos futuros en un mundo y presente tan incierto”, comenta el experto.

Fórmula comprobada

El modelo finlandés que se estrenará esta semana ha sido testeado en varias latitudes del mundo con buenos resultados, como por ejemplo Canadá, Argentina, Japón, Corea del Sur o China. Heikki Vartia, otro de los artífices del programa, comenta que esta nueva fórmula, por supuesto, tiene retos como la cultura de los países, colegios públicos que no tienen la infraestructura, capacidad o el presupuesto para implementarlo, pero al final se ven las ganancias de invertirle a la educación. De acuerdo con sus cálculos, cada centavo destinado a la educación y a este modelo puede multiplicar siete veces su valor.

Y es que Finlandia, que ha incorporado HEI en sus aulas, es un referente en educación. Así lo demuestran las pruebas PISA, donde el país nórdico ha encabezado los mejores resultados durante la última década entre un escalafón de casi 90 sistemas educativos del mundo. A los promedios de esos exámenes se suma una generación de jóvenes que, más allá de las calificaciones, tendrán fortalezas como la autonomía o entender los problemas y buscarles soluciones. Pero también 10.000 profesores, colombianos entre ellos, que podrán darle continuidad al proceso para las cohortes venideras.

“Los niños dan la pauta para aprender. Con esto buscamos que ellos elijan lo que ellos quieran ser. No hay un solo camino para el éxito. Las herramientas son las que les van a permitir decidir hasta dónde quieren llegar y cuál es su definición de éxito”, dice Salazar.

El gran reto ahora es que HEI se exporte a otros colegios de Colombia, tanto en Bogotá como en otras ciudades, y que a la hora de aplicarlo no se distinga entre educación pública y privada. La pregunta no es si funcionará, pues está más que comprobado que sí, sino cuándo y cómo se podrán traducir esos resultados en jóvenes con más oportunidades y capacidades para el futuro del país.

“Aprender a conocerse y aprender a decidir hace seres humanos felices”, concluye Salazar.

En medio de la conversación global que cada abril pone el foco sobre el emprendimiento como motor de desarrollo, Colombia se consolida como uno de los países más dinámicos de la región. Sin embargo, ese crecimiento convive con brechas estructurales que siguen limitando el potencial de millones de micronegocios, especialmente los liderados por mujeres.

A escala global, más de 580 millones de personas han optado por emprender, casi la mitad de ellas mujeres, según el Monitoreo Global de Emprendimiento. En Colombia, esa tendencia se traduce en un tejido empresarial donde las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 98 % de las unidades productivas y generan alrededor del 80 % del empleo, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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En la base de ese sistema están los micronegocios. Datos del DANE muestran que en el país existen cerca de 2,5 millones en las principales ciudades, los cuales generan más de 3,1 millones de empleos. En total, estas unidades productivas sostienen a millones de hogares y son, en muchos casos, la principal fuente de ingresos.

No obstante, su capacidad de crecimiento está condicionada por múltiples factores. La Nota Estadística Análisis con perspectiva de género de los micronegocios en Colombia: trabajo de cuidado no remunerado y pobreza, elaborada por el DANE y la Fundación WWB Colombia, evidencia que las desigualdades de género siguen siendo un obstáculo central.

Y es que Colombia, junto con Ecuador, China o Tailandia, hace parte de la lista de los países donde las mujeres emprenden más que los hombres. Así lo diagnosticó el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2024. Pero esa ventaja competitiva que se ve en el ecosistema económico de Colombia encuentra tropiezos con las brechas de género.

“A pesar de enfrentar barreras significativas como la carga del cuidado no remunerado y la brecha de ingresos, las mujeres siguen siendo agentes de transformación en la economía local y nacional”, explica la Fundación WWB.

Las cifras muestran una brecha persistente en el desempeño económico. Mientras los hombres reportan ventas mensuales promedio superiores a los COP 3,3 millones, las mujeres alcanzan poco más de COP 2 millones, una diferencia cercana al 40 %. Además, una proporción mayor de mujeres emprende por necesidad, para complementar ingresos del hogar, lo que refleja condiciones más precarias de partida.

Más allá de los ingresos, la desigualdad se explica en gran medida por la distribución del tiempo. El 97,3 % de las mujeres microempresarias realiza trabajo de cuidado no remunerado y dedica, en promedio, cinco horas más al día a estas tareas que los hombres. Esta carga reduce su disponibilidad para actividades clave del negocio, como la gestión, la innovación o la búsqueda de nuevos mercados.

“Cerrar estas brechas requiere avanzar en políticas públicas que promuevan la equidad de género y tengan en cuenta los sistemas de cuidado, Además, que fortalezcan las capacidades empresariales y personales de las emprendedoras”, explica Johana Urrutia, directora de Programas de la Fundación WWB Colombia.

Las consecuencias son visibles en los niveles de formalización y protección social. Solo el 8,8% de los micronegocios liderados por mujeres cotiza a salud o pensión, frente a un 12,6 % en el caso de los hombres, lo que evidencia rezagos en el acceso a sistemas de seguridad social y estabilidad económica.

Urrutia precisa, además, que a este panorama se suman barreras estructurales como la dificultad para obtener crédito formal, junto con la baja inclusión financiera, restringe las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos, particularmente en el caso de las mujeres.

La voz de las emprendedoras

Estas brechas no son homogéneas en todo el país. En la ruralidad, por ejemplo, se profundizan. Las mujeres que emprenden en zonas rurales enfrentan mayores restricciones para acceder a crédito, menor conectividad, menos redes de apoyo y mayores cargas de cuidado, lo que dificulta la consolidación de sus negocios.

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Las cifras encuentran eco en las experiencias de las emprendedoras. Para María del Carmen Ararat, emprendedora con un negocio familiar de crianza de patos en Valle del Cauca, el principal obstáculo sigue siendo el acceso a recursos y la complejidad de los trámites. “Hay muchas trabas (...) y los pequeños empresarios tiramos la toalla y decimos que es mejor no montar empresa”, comenta.

En otros casos, el reto pasa por sostener el equilibrio entre el negocio y la vida personal. “El mayor desafío ha sido lograr el equilibrio entre la familia y emprender. Poder alcanzar ese punto en el que el negocio también genere una remuneración digna”, señala Nataly Ibargüen, propietaria de Quilombo, una iniciativa gastronómica de comida del Pacífico que tiene su sede en Valle del Cauca.

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También está el desafío de hacerse visible en el mercado. “¿Cómo les digo yo a las personas que existo y que tengo un producto que necesitan?”, se pregunta Derly Viera, cabeza de Jiret, un negocio de alimentos. La emprendedora, que se ha mantenido por años frente a su comercio, recalca las dificultades para acceder a clientes y posicionarse.

En conjunto, los datos muestran que, más allá del crecimiento en el número de emprendimientos, persisten limitaciones estructurales relacionadas con ingresos, tiempo disponible, acceso a financiamiento y niveles de formalización, factores que inciden directamente en la sostenibilidad de los micronegocios en el país.

Las historias de vida de 25 mujeres serán premiadas por la Gobernación de Antioquia. Esta semana, el ente departamental anunció el inicio de la convocatoria Antioqueña de Oro 2026: un galardón que aplaude la trayectoria de mujeres que han luchado por la equidad, el bienestar y el desarrollo de sus comunidades a lo largo del departamento.

El premio históricamente ha reconocido a mujeres tanto de las ciudades principales, como Medellín, así como de pequeños parajes rurales donde su protagonismo y activismo han sido notables, como el Urabá o lideresas de comunidades afro o indígenas que han preservado la cultura.

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El premio no solo es simbólico: de acuerdo con la Gobernación, cada una de las ganadoras recibirá una compensación económica de COP 10 millones para continuar con su labor de luchar por la equidad de género y seguir con sus proyectos de desarrollo comunitario.

El año pasado, por ejemplo, la Gobernación de Antioquia entregó un reconocimiento a Inés Morelo, una mujer que a sus 97 años sigue recorriendo las fronteras de Chigorodó para resguardar la cultura y las tradiciones del territorio.

Pero este año, a diferencia de las ediciones anteriores, se ampliarán los cupos de 20 a 25 mujeres notables que destaquen en ámbitos como la ciencia, la cultura, el cuidado del medio ambiente. También habrá una categoría para mujeres jóvenes que desde pequeñas lideran procesos de cambio en sus municipios o corregimientos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un enfoque diferencial e inclusivo. Este año contaremos con la participación y exaltación de mujeres afrodescendientes, indígenas y con discapacidad, como una acción concreta para cerrar brechas y garantizar que todas las voces y trayectorias sean reconocidas. Las mujeres seleccionadas además del galardón honorífico recibirán un estímulo económico de para fortalecer sus proyectos, emprendimientos o procesos comunitarios, y continuar impactando positivamente sus comunidades”, cuenta Carolina Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia.

Sobre el premio

La convocatoria está abierta para prácticamente cualquier mujer en Antioquia que haya apostado por el bienestar comunitario en los últimos años. La Gobernación explica que hay algunos requisitos para la postulación, como, por ejemplo, haber residido en el departamento durante los últimos cinco años y ser antioqueña de nacimiento. Pero hay algunas otras exigencias: las interesadas en participar deben anexar videos que muestren de qué trata su proyecto y explicar cómo ese trabajo, que en algunas ocasiones se ha mantenido por décadas, beneficia a docenas de personas.

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En 2025, por mencionar un caso, hubo 357 mujeres postuladas al premio, lo que representó un 25 % más de mujeres que contaron su historia y sus proyectos frente a la edición anterior. El 90 % de esas candidaturas eran de mujeres de estratos 1, 2 y 3 que insistían en la importancia de visibilizar su trabajo en algunos sectores vulnerables y con menos oportunidades de Antioquia.

Ese fue el caso de Carolina Arbelaez, una gestora social de Segovia que en 2025 recibió el premio por haber liderado un proyecto educativo que impulsa el crecimiento de las mujeres en un municipio que enfrenta barreras estructurales a causa del bajo presupuesto e inversión social.

En la premiación pasada, dos mujeres de Karmata Rúa, un resguardo indígena embera chamí fueron aplaudidas por haber liderado procesos educativos en el resguardo, lo que demostró cómo el trabajo de una sola persona puede crear beneficios para toda una comunidad.

El premio tiene varias categorías que se ajustan a los distintos campos de trabajo que las antioqueñas han mantenido, como ambiente, arte, tecnología, deporte, educación, lucha por la paz o asuntos sociales y políticos.

“Estará abierta tanto para mujeres que deseen postularse directamente como para personas u organizaciones que quieran postular a una mujer cuya trayectoria y liderazgo merezcan ser reconocidos”, explica la Gobernación.

La convocatoria estará abierta hasta el 26 de abril. Quienes estén interesadas pueden conocer más información a través de este enlace o contactarse directamente con la Gobernación de Antioquia a través de la línea 3124926731 o el correo electrónico mujeres@antioquia.gov.co.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir creciendo, reconociendo y potenciando el liderazgo de las mujeres que día a día transforman el departamento”, concluye la Gobernación.

Lo último que hizo Carlos* fue bendecir a todos sus hijos mientras estaba siendo golpeado y llevado a rastras por hombres del ELN. Ellos habían entraron a la finca donde trabajaba y vivía con su familia venezolana en Tibú (Norte de Santander), tras haber huido en 2022 de su país de origen. La desaparición de este padre ocurre luego del secuestro temporal y del canje por sus hijos de 9 y 11 años en medio de la ola de reclutamiento infantil en esta región. Horas más tarde, los niños fueron testigo de una masacre en la finca y obligados a desplazarse por el grupo armado. Carolina, la madre, no pudo hacer nada para evitar la tragedia, solo encomendarse a la misericordia de Dios. Nunca volvió a ver a su esposo.

Ese es el tipo de historias que Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández documentan en Laboratorio Migrante, un pequeño medio de comunicación que visibiliza algunos de los problemas más ocultos de la diáspora venezolana.

Desde hace un año, las dos periodistas colombo-venezolanas recorren territorios de frontera para mostrar realidades que no hacen parte de la agenda visible, como el reclutamiento a niños migrantes, la xenofobia en las aulas de clase o cómo mujeres son captadas para redes internacionales de trata de personas. Su proyecto empieza a coger fuerza e incluso ha ganado algunos galardones, como el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (IPYS) o el reconocimiento Sofía Imber, otorgado tras publicar una investigación que reveló que de casi un centenar de mujeres víctimas de violencia y explotación sexual, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, el 65 % de ellas eran de origen venezolano.

“Colombia necesita voces que hablen de la migración, no solo desde círculos institucionales, sino de la vida de las personas. Hacer estas historias les pone un rostro a quienes han sido víctimas mientras migran y ofrece alguna solución a los vacíos que han permitido que niños y mujeres sean victimizados”, comenta Jiménez, quien reporta el proceso político en Venezuela y a causa de la censura impartida desde Miraflores tuvo que buscar nuevos horizontes.

El dato humano

Jiménez y Hernández siempre se interesaron por el lado desconocido de la migración: historias que van más allá de las cifras oficiales de cuántas personas ingresan a un país o los instrumentos legales que toman esos gobiernos para regularizarlas o integrarlas. Así lo hicieron antes del cataclismo social que detonó Nicolás Maduro, cuando la salida de sus compatriotas apenas era el inicio de lo que sería una crisis humanitaria muy compleja. También cuando millones habían traspasado la frontera y, lejos de encontrar estabilidad, se toparon con trabas para iniciar una nueva vida. Ellas, desde Norte de Santander o Táchira, hicieron presencia para atestiguar ese momento.

Aunque son un equipo pequeño (completado con el diseñador Ernesto Cáceres), ambas hacen hasta lo imposible para recaudar fondos y seguir investigando. Algunas veces vinculan voluntarias a la planta, o en otras ocasiones se postulan a becas y auxilios económicos que les permitan seguir visibilizando la diáspora.

En sus portafolios hay publicaciones que datan desde hace unos ocho años y que indagan cómo la migración venezolana, más que un asunto de movilidad humana, debe ser un tema de derechos. Un ejemplo es el de las “cédulas canceladas”: un episodio en el que los documentos de identidad de 43.000 colombo-venezolanos o sus descendientes colombianos fueron borrados de las bases de datos de la Registraduría.

Otro caso es el de la xenofobia en las aulas escolares: historias de cerca de 140 niños migrantes* que por la discriminación en sus colegios sufrieron secuelas psicológicas y dejan en evidencia la falta de directivas por de prevención y un posible subregistro por parte del Estado colombiano.

Lejos de casa

Fue la censura y la falta de información clara lo que motivó a Jiménez y Hernández a fundar Laboratorio Migrante. No solo porque en Venezuela el silencio fuera una norma impuesta desde Caracas, sino porque en Colombia, aunque se acogió a casi tres millones de migrantes, estos “siguen siendo invisibilizados ante la institucionalidad”. “Los venezolanos en el mundo están en un limbo. No venimos a salvar a nadie, solo a mostrar sus historias”, dicen las reporteras.

En su medio de comunicación han publicado historias que nadie antes había mencionado, como la crónica de un Estado colombiano que no sabe a ciencia cierta cuántos venezolanos víctimas del conflicto* hay en su jurisdicción; los datos, a medida que se indagan en las diferentes entidades, cada vez son más opacos. Gracias a ese tipo de investigaciones encontraron que la Unidad de Víctimas, responsable de la reparación y el reconocimiento de cualquier persona que haya sufrido las secuelas de la guerra, no sabe cuántos venezolanos han sido asesinados, reclutados o desplazados en el conflicto. Sin ese dato, ni el Estado puede ofrecer reparación, ni esas personas pueden acceder a beneficios económicos o indemnizaciones por los derechos que les fueron vulnerados.

“La diáspora venezolana y Colombia como tal necesitan voces que hablen de la migración, no desde una perspectiva de víctimas, sino con conversaciones que muestren lo que han tenido que vivir. Cada tragedia merece ser documentada para construir un futuro de verdad y justicia”, subraya Hernández.

Tela por cortar

Aún faltan muchas historias sobre migración para contar. En el tintero, cuenta Jiménez, está pendiente hablar sobre derechos, acceso a la salud o de niños venezolanos que quedaron en estado de orfandad. Para ambas, narrar la diáspora con un enfoque humano servirá en el futuro para saber qué sucedió exactamente, pero, sobre todo, para que las fallas y la violencia no se repitan.

*Nota: Se modificaron datos de la publicación original, como el de 11.000 niños migrantes víctimas de xenofobia, al ser imprecisos y mucho más elevados al oficial: 140.