Hace unos días, las mejillas que tantas sonrisas dibujaron en el rostro de Rosmilda Quiñones se transformaron en un cauce de lágrimas. Estaba frustrada y con cierta pesadumbre. En los más de 40 años que lleva ayudando a las parturientas, como les llama a las mujeres a punto de dar a luz, creía haberlo visto todo. Ayudó a traer vida en tiempos de guerra en Buenaventura y el Pacífico, destinó su casa y patrimonio para que las madres gestantes llegaran de corregimientos lejanos y se alojaran allí para un parto digno o, como lo cuenta con satisfacción, organizó un escuadrón de sabedoras para garantizar derechos sexuales y reproductivos.

Pero el terremoto del pasado 10 de agosto zarandeó esos buenos recuerdos. Durante los últimos dos meses, Mamá Minda, como la conocen en Buenaventura y otras parteras de la ciudad, han venido alertando que su trabajo de ayudar a preservar la vida está en serio riesgo. La sede de Asoparupa, considerada como una de las asociaciones de parteras tradicionales más grandes de Colombia, corre peligro de un colapso. Y los hogares de sus integrantes, donde las madres gestantes han arribado para recibir controles, recoger la memoria ancestral o enseñar la partería a las nuevas generaciones, hoy son refugios comunitarios, en algunos casos, o escombros desperdigados en las calles, en otros. Al menos 10 de ellas no pueden volver a sus hogares, sea porque la estructura anuncia una caída inminente o ya cedió y pescan enseres entre los escombros.

La casa Asoparupa, de tres plantas y en forma de “L”, hoy tiene vetado el acceso al menos a dos de los niveles donde se cultivan plantas tradicionales, y las habitaciones que en cuatro décadas sirvieron para alojar a las embarazadas y sus neonatos tampoco están disponibles. “Hasta la parte de atrás, donde tenemos el trapiche y el alambique para producir el viche, está inutilizado”, dice Liceth Quiñones, hija de Mamá Minda y representante legal de Asoparupa.

No hay ahorros para costear otra casa, mantener la operación y tampoco ha habido apoyo institucional para su reconstrucción, solo unos cuantos ingenieros y voluntarios que acudieron a la sede de Asoparupa para brindar una aparente calma. “La partería en Buenaventura está en peligro: no es solo una actividad, es un patrimonio ancestral que corre riesgo de desaparecer si nada cambia, tanto en la mitigación de los daños del terremoto como en las condiciones de vida de las parteras”, comenta Quiñones.

Historia en riesgo

No se trata solo de una casa. En los pasillos de la casa de Mamá Minda reposan pinturas y murales que representan la partería como un conocimiento ancestral que se ha preservado de la mano de ellas durante décadas, si no siglos.
Una de las paredes tiene grabadas las siluetas de las manos de cada uno de los recién nacidos que han llegado a la vida en la Asociación, acompañado por las fechas en que fueron atendidos. También archivos que datan desde la década de los 70 sobre cómo garantizar el derecho a la salud cuando el Estado no llega o las recetas de bebidas ancestrales, como el milpesos o la preparación del chontaduro para atender la primera infancia, mitigar las posibles amenazas de abortos espontáneos o aliviar asuntos más cotidianos, como picaduras de culebras o enfermedades que ellas bautizaron como el ojo, el espanto o el mal aire.

Quiñones describe la situación con preocupación: “El terremoto nos movió a todos y nosotras seguimos moviéndonos para proteger la memoria viva. Si la estructura colapsa, no se pierde solo una casa, sino la memoria de los niños y un patrimonio”.

Tarea pendiente

Las parteras han atendido gratuitamente a las madres y otros miembros de la comunidad ante la ausencia del Estado o la dificultad de acceder a un control perinatal. En corregimientos y veredas lejanas, han sido ellas quienes con sus propios recursos y voluntades han llegado a las casas de las madres para hacer una sobadura, dictar un diagnóstico o, en casos urgentes, atender el parto allí, aun cuando no tienen implementos médicos, electricidad o agua potable. Incluso recuerdan que han sido ellas quienes conservan la vida en medio de los recrudecimientos de la violencia, como ha sucedido en la última década con los territorios confinados y que, por obvias razones, las mujeres embarazadas o niñas que quieren atender su salud reproductiva no pueden salir de los linderos establecidos por actores armados.

El DANE incluso ha ofrecido cifras sobre la importancia de la partería en el país: en 2023, poco más de 36.000 niños nacieron gracias a la labor de estas mujeres que recorren las costas del Pacífico. Pero otras instancias y organizaciones también han recalcado su importancia. Ese mismo año, la Unesco reconoció la partería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y recalcó que “miles de niñas y niños en condiciones extremas y diversas han llegado a este mundo de forma segura gracias a ellas”.

Precisamente por su protagonismo en territorios del Pacífico, la Corte Constitucional exhortó en 2022 al Ministerio de Salud a vincular a todas las parteras al Sistema de Seguridad Social y reconocerlas como personal de la salud, y al Congreso legislar para dignificar su labor, pero hasta el momento ninguna de las dos tareas se han realizado.

La cartera de Salud no ha realizado el registro y, según comenta Quiñones, el nuevo Gobierno no ha mostrado señales de acercamiento con ninguna de las parteras bonaverenses y el Legislativo, aunque ya radicó un proyecto de ley que promete caracterizarlas y ofrecerles educación, vivienda o subsidios que no han encontrado en décadas de partería.
“Somos guardianas de la vida, y desde aquí hemos también ayudado a salvaguardar un patrimonio de la humanidad. El terremoto y sus daños solo simbolizan la situación a la que nos enfrentamos: toda una vida de trabajos no remunerados, necesidades y mujeres que a sus 70 u 80 años solo reciben un ‘Mi Dios se lo pague’. La labor está en riesgo”, dice Quiñones.

Las mujeres rurales representan más de una cuarta parte de la población mundial y cumplen un papel fundamental en la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales y el sostenimiento de las economías locales. Aunque constituyen cerca del 40 % de la fuerza laboral agrícola global, poseen apenas el 15 % de las tierras agrícolas. Esta desigualdad limita sus posibilidades de acceder a ingresos, financiación, tecnología y recursos para fortalecer sus actividades productivas.

En Colombia, donde más de cinco millones de mujeres se reconocen como campesinas, las investigaciones de la Fundación WWB Colombia muestran cómo estas brechas afectan su autonomía económica y sus condiciones de vida. En el Pacífico, algunas lideresas rurales asumen jornadas de hasta 14 horas diarias al combinar el trabajo doméstico, el cuidado comunitario y la defensa de sus territorios. En la ruralidad del Valle del Cauca, por su parte, apenas cuatro de cada diez mujeres participantes en un estudio afirmaron que decidían individualmente sobre los gastos del hogar, frente a siete de cada 10 hombres.

“Las mujeres rurales tienen un papel fundamental en la economía, la seguridad alimentaria y la protección de los territorios. Sin embargo, nuestras investigaciones muestran una contradicción profunda: mientras su trabajo sostiene buena parte de la vida productiva y comunitaria, siguen enfrentando barreras para acceder a la tierra, generar ingresos y decidir sobre sus propios recursos. Esta realidad exige que las políticas públicas y las oportunidades económicas reconozcan sus aportes, sus conocimientos y las condiciones particulares en las que viven. Avanzar en su autonomía económica es también avanzar en el desarrollo de sus comunidades y del país”, señala Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

Esta visión cobra especial relevancia el 15 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Naciones Unidas recuerda que, pese a su contribución a la producción agrícola y la seguridad alimentaria, las mujeres campesinas continúan enfrentando un acceso desigual a la tierra, el crédito, los insumos agrícolas y los mercados. En su declaración de 2026, ONU Mujeres vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres rurales y avanzar hacia condiciones de igualdad que reconozcan su contribución económica, social y ambiental.

El cuidado: una jornada que se extiende más allá del hogar

Uno de los principales obstáculos para la autonomía económica de las mujeres rurales es la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024-2025 del DANE revela que el 93,4 % de las mujeres rurales participa en actividades de trabajo no remunerado, frente al 60,8 % de los hombres.

Esta diferencia también se refleja en las horas dedicadas a estas labores. La Radiografía del cuidado en la región Pacífico, elaborada por la Fundación WWB Colombia, señala que en las zonas rurales y dispersas de esta región las mujeres destinan alrededor de ocho horas y 35 minutos diarios al cuidado, mientras los hombres dedican cerca de tres horas.

Las responsabilidades aumentan cuando se trata de lideresas comunitarias, mujeres indígenas, afrodescendientes y defensoras ambientales que, además de cuidar a sus familias, participan en actividades de protección del territorio, conservación de los ecosistemas y sostenimiento de redes comunitarias.

En tanto, el informe Género y medio ambiente en la región Pacífico identifica esta triple carga y sus consecuencias sobre la salud, el descanso y las oportunidades económicas de las mujeres. En territorios donde existen dificultades de conectividad, transporte y acceso a servicios básicos como agua potable y energía, las tareas cotidianas demandan todavía más tiempo. A estas condiciones se suman, en algunas zonas, los efectos del conflicto armado y las economías ilegales.

Tener una cuenta bancaria no significa tener autonomía económica

El acceso a productos financieros representa apenas una parte de la inclusión económica, como lo evidencian los hallazgos del estudio Inclusión financiera de las mujeres en la ruralidad del Valle del Cauca. Entre las entrevistadas, del 100 % que había abierto una cuenta de ahorros lo hizo por motivos laborales y la utilizaba principalmente para realizar transacciones y recibir pagos. En el 70 % de sus negocios, el efectivo era el único medio de pago.

El análisis también identificó desigualdades en la capacidad de decisión sobre los recursos familiares: cuatro de cada diez mujeres decidían individualmente sobre los gastos del hogar, frente a siete de cada diez hombres.

La falta de propiedad sobre bienes constituye otra barrera. En los territorios estudiados, apenas el 20 % de las mujeres tenía una vivienda a su nombre, frente al 31 % de los hombres. En cuanto a medios de transporte, solo el 10 % de las mujeres figuraba como propietaria (motos), mientras que entre los hombres la proporción alcanzaba el 31 %.

Estas diferencias afectan las posibilidades de acceder a créditos que exigen garantías patrimoniales y restringen las oportunidades de inversión en actividades productivas.

“Para cerrar estas brechas es necesario garantizar que las mujeres tengan poder de decisión y control sobre sus recursos. La inclusión financiera debe contemplar las particularidades de los territorios, las actividades económicas y las condiciones de vida de las mujeres. Se requieren herramientas que les permitan acceder a productos financieros, utilizarlos de manera autónoma y permanecer en el sistema”, explica Alejandra Galeano, politóloga del equipo de Investigación de Fundación WWB Colombia.

Menos oportunidades laborales y una brecha persistente en los ingresos

Las desigualdades documentadas en los territorios también se reflejan en las estadísticas nacionales de empleo. De acuerdo con el DANE, entre mayo y julio de 2026, la tasa de ocupación de las mujeres campesinas fue del 39,6 %, frente al 76,4 % de los hombres. El desempleo femenino alcanzó el 10,5 %, más del doble del registrado entre los hombres campesinos, que fue del 4,3 %.

En el documento Recomendaciones estratégicas para la inclusión, la equidad y el desarrollo, la Fundación WWB Colombia analiza estas brechas y sus consecuencias sobre la autonomía económica. El análisis recoge que, en 2020, la informalidad entre las mujeres rurales ocupadas alcanzaba el 87,1 %. Estas diferencias reducen las posibilidades de ahorro, inversión y protección económica ante situaciones de crisis.

La desigualdad en la propiedad de la tierra condiciona las oportunidades económicas de las mujeres rurales. Según cifras divulgadas por la Defensoría del Pueblo, el 63,7 % de los predios rurales con un único propietario pertenece a hombres y el 36,3 % a mujeres. Además, datos de 2019 muestran que el 72,1 % de los predios de propiedad femenina correspondía a minifundios de menos de tres hectáreas.

La brecha también se manifiesta en el acceso a la financiación agropecuaria. Durante 2025, las mujeres concentraron el 34,49 % de las operaciones de crédito del sector, pero recibieron apenas el 5,43 % del monto total desembolsado. Entre las mujeres rurales de menores ingresos, la participación en estos recursos fue del 3,58 %, según cifras de la Defensoría.

El estudio Género y medio ambiente en la región Pacífico, de la Fundación WWB Colombia, ayuda a comprender las raíces de esta desigualdad: las prácticas tradicionales de herencia y titularidad suelen favorecer a los hombres como propietarios y productores principales, mientras el trabajo agrícola de las mujeres es considerado una ayuda familiar.

Esta falta de reconocimiento afecta sus posibilidades de acceder a garantías bancarias, desarrollar proyectos productivos y participar en las decisiones sobre el territorio.

Cuatro prioridades para avanzar en la autonomía económica

Colombia cuenta con la Ley 2462 de 2025, conocida como Ley de la Mujer Rural, Campesina y de la Pesca, que establece medidas para promover la igualdad de oportunidades, fortalecer el acceso a la oferta institucional y mejorar las condiciones de financiación. Su implementación representa una oportunidad para responder a las desigualdades que persisten en los territorios.

A partir de sus estudios, la Fundación WWB Colombia plantea cuatro prioridades:

• Reconocer la diversidad de las mujeres rurales: Las políticas y los programas deben considerar las realidades de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, respetar sus planes de vida y adaptar sus metodologías a las características culturales, económicas y sociales de cada territorio.

• Promover el acceso y la titularidad de la tierra: Es fundamental superar los sesgos de género que históricamente han favorecido a los hombres en los procesos de herencia y propiedad, y ampliar las oportunidades de las mujeres para disponer de activos productivos.

• Garantizar una inclusión financiera con autonomía: Los servicios financieros deben reconocer las particularidades de las economías rurales y facilitar que las mujeres tengan capacidad de decisión sobre sus recursos, con acompañamiento que favorezca su permanencia en el sistema.

• Reducir y redistribuir las cargas de cuidado: Los programas de emprendimiento, formación e inclusión económica deben incorporar soluciones que permitan reorganizar el tiempo dedicado al cuidado, teniendo en cuenta las limitaciones de infraestructura y servicios que enfrentan las mujeres en sus territorios.

“Es necesario reconocer que no existe una sola mujer rural. Las iniciativas deben responder a las realidades de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, sus planes de vida y sus formas de organización. También es fundamental incorporar estrategias para reducir las cargas de cuidado, porque cualquier oportunidad económica que desconozca estas responsabilidades puede terminar aumentando las jornadas de trabajo y dificultando la participación de las mujeres”, concluye Alejandra Galeano.

A Deiver Henao le preocupaba no poder asistir a un concurso de ortografía para el que se había venido preparando: primero ganó la competencia en su escuela y luego quedó en tercer lugar en las regionales. Eso le dio un cupo para el concurso estatal de Nuevo México, por celebrarse en mayo. Pero había un problema: Henao, de nueve años y padres colombianos, estaba detenido en el centro de procesamiento de migrantes de Dilley (Texas) desde principios de marzo de este año.

Su caso salió a la luz pública luego de que la estrella infantil conocida como Ms. Rachel hablara con él por videollamada. Si nunca ha oído hablar de ella, quizá le interese saber que en Youtube cuenta con más de 21 millones de suscriptores, una cantidad casi igual al número de habitantes de un país como Ecuador. El caso de Deiver, pero también el de Gael, otro niño colombiano, con retraso en su desarrollo y problemas de salud, detenido en Dilley, naturalmente se hizo viral. Ambos, según registró la prensa, fueron liberados. “Deiver podrá asistir a su concurso de ortografía en Nuevo México”, informó Univisión el 25 de marzo pasado.

Ms. Rachel, cuyo nombre real es Rachel Griffin Accurso, una educadora de profesión y nombrada Mujer del Año 2025 por la revista Glamour, puso sus ojos sobre el centro de Dilley a raíz del sonado caso de Liam Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años que llevaba un gorro de conejo azul y una mochila de Spider-Man cuando fue detenido en enero de 2026. Desde entonces, la defensa de los niños migrantes se sumó a las muchas causas que tiene la “influencer”, de 43 años, quien también ha sido nominada a los premios Emmy.

Su programa, “Ms. Rachel”, está disponible en Netflix y la temporada 3 fue recientemente publicada con una particularidad: tiene audio en español. La voz del doblaje es casi tan aguda como la voz de la verdadera Rachel, una característica que como ella misma ha contado le causó “bullying” en su adolescencia, pero que hoy considera una gran herramienta para empatizar con su público, los niños.

Su contenido ha sido un fenómeno, más que entre los niños, entre los padres. Muchos han encontrado en su propuesta una alternativa aceptable en tiempos en que todos los pediatras recomiendan mantener alejados de las pantallas a los más chiquitos. Es una época en la que también hay que trabajar (o teletrabajar) y mantener entretenidos y seguros a los niños, así que el contenido pausado y educativo de Ms. Rachel parece una solución potable. Sus videos, que enseñan los números, el abecedario y hasta cómo empezar a usar el baño o comunicarse en lengua de señas, despegaron durante la pandemia, como muchos en Youtube.

Desde que era pequeña, tuvo claro que quería trabajar ayudando a los niños. Con maestría en educación musical de la Universidad de Nueva York, en 2019 se aventuró a lanzar su canal de Youtube. Lo hizo después de que a su hijo mayor, nacido en 2018, le diagnosticaran un retraso en el habla. “Yo estaba buscando algo para él, que fuera de ritmo lento y simplemente dijera las palabras lentamente, como ‘cochecito’ y ‘leche’, y cuando no pude encontrarlo, pensé ‘Tal vez podríamos crear lo que estamos buscando’”, dijo en una entrevista con “Wired”. En el proyecto la ha acompañado su esposo, Mr. Aaron, quien también aparece en el programa.

Por eso para ella tiene sentido su doble función como educadora y activista. No solo ha videollamado a los niños migrantes, también los ha visitado y ha llevado sus cartas hasta el Capitolio en Washington D. C. Su convicción: ningún niño debería estar detenido, lejos de su escuela ni de sus amigos, tampoco pasando hambre o padeciendo las consecuencias de un cuidado precario. Por ello, también ha sido abanderada de causas como la paz en Haití, la República Democrática del Congo o la Franja de Gaza, lo que incluso le ha valido acusaciones de antisemita.

Rachel también aboga por la salud mental. Ella misma ha hablado de su necesidad de ir a terapia para tratar su trastorno obsesivo-compulsivo. Lo ha hecho con su característico atuendo: un overol de “jean” (una prenda llena de bolsillos, a diferencia de los típicos e inconvenientes pantalones para mujer) y una balaca de su color favorito, el rosado, que empezó a usar en sus días de posparto cuando no tenía tiempo ni ganas para lavarse el pelo. “Los sentimientos grandes están bien”, dice ella al reconocer que también se enoja.

Razones no le faltan. Tras la indignación que desató la detención del pequeño Liam hace casi un año, vinieron más arrestos de menores de edad. “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más del doble de niños este año hasta julio que en el mismo período del 2025. En este segundo mandato del presidente Donald Trump, el ICE ha arrestado a más de 8.500 menores”, dicen las contundentes cifras citadas por el diario español “El País”. “Muchos de ellos han sido retenidos en lugares donde ni sus abogados ni sus familiares lograban encontrarlos, como hoteles y salas de detención en edificios de oficinas”. Sin olvidar la comida en mal estado o la luz blanca brillante que no se apaga ni para dormir de las que se quejaba Deiver. Con este panorama, Ms. Rachel, sin duda, tendrá mucho más de qué hablar.

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Carolina Ramírez no conoce eufemismos más dañinos para los derechos y la dignidad de las mujeres como los que hablan de la menstruación en Colombia. Algunos, en tono de burla, relacionan el período con suciedad o impureza y obligan a las niñas, algunas desde sus 10 años, a destinar una semana cada mes al aislamiento y la vergüenza. Otros, con un dejo de misoginia, convierten a jóvenes que apenas están atravesando la pubertad en “mujeres listas para parir” y perfilarlas como serias candidatas a convertirse en esposas, parejas sexuales o, en comunidades indígenas, maduras para ser sometidas a la mutilación genital.

Desde 2014, Ramírez y su organización, Princesas Menstruantes, recorren Colombia y países de Latinoamérica y África para mostrar cómo la menstruación, aunque es un proceso biológico y natural de cualquier mujer en el mundo, ha sido durante años una puerta de entrada a las violencias: una muy difícil de cerrar.

La iniciativa busca educar sobre la menstruación a hombres y mujeres, y visibilizar que detrás de cada período puede haber necesidades insatisfechas, tabúes y una baraja de conductas violentas hacia las mujeres.

En su travesía han encontrado vulneraciones de todo tipo. Desde niñas y mujeres que a falta de saneamiento básico deben menstruar en condiciones indignas, sin agua o elementos sanitarios y mujeres privadas de la libertad castigadas sin toallas para atender su salud dentro de los pabellones, hasta comunidades que cuando detectan la primera regla en una mujer la obligan a atender labores de cuidado o a iniciar una vida sexual.

“Ha estado cargada de imaginarios sociales, culturales y tabúes que contribuyen a la sexualización de las niñas. Esto se convierte en un factor de riesgo que exige a las infancias que se comporten como adultos”, explica Ramírez.
El fenómeno más repetido, comenta Ramírez, es la sexualización de niñas desde los ocho o 10 años: “Culturalmente se piensa que la menstruación es el tránsito hacia una adultez en que ellas ya tendrán relaciones sexuales e hijos, pero siguen siendo niñas y adolescentes bajo una lógica que las persigue hasta su adultez”.

Pero hay otros escenarios. “Hay ejemplos dolorosos, como matrimonios forzados entre niñas y hombres adultos, la mutilación genital femenina o también casos como la disminución de la participación social, ausentismo escolar, violencia sexual o la medicalización, donde desde los 10 años por menstruar se les debe poner un implante subdérmico de planificación sexual”.

Datos de un estigma

En 2022, el DANE publicó una investigación que detallaba que cerca de un tercio de la población (17,5 millones de mujeres) está en “edad de menstruar”. Más allá de las cifras, el Departamento mostró cómo el tabú y pocas opciones afectan la vida de las mujeres: 45.000 tuvieron que utilizar servilletas, calcetines o costuras artesanales para detener el sangrado, mientras que 17.000, por falta de insumos, dinero o conocimiento, no usaron ningún producto.

El informe recoge datos más cercanos a la cotidianidad, como la cifra que indica que casi dos millones de mujeres deben suspender o modificar sus vidas cotidianas por síntomas relacionados con la menstruación. En el Pacífico, por ejemplo, la investigación revela que una de las principales causales de ausentismo escolar, más allá del conflicto o las barreras geográficas, es la menstruación y la vergüenza de asistir a escuelas que no garantizan mínimos sanitarios o espacios seguros.

En aulas y casas

Hay otras iniciativas que también caminan por Colombia buscando un cambio cultural. Ese es el caso de Isis Tíjaro, fundadora del Colectivo Derechos Menstruales y quien asegura que la transformación debe incluir a los hombres y un componente educativo. “Los derechos que circundan la menstruación hay que abordarlos desde un ámbito de salud pública y educativa, no solo desde la perspectiva de la ginecología. Si quiero lograr un cambio, debo hablarle a la otra mitad de la población, que son los hombres, y enseñarles que no podemos convertir a las niñas en un blanco de violencias después de su primera menstruación”, asegura.

En los 20 años que lleva trabajando en Colombia ha vinculado, por ejemplo, a los eslabones más altos del sistema educativo de los colegios en los que trabaja para que el estigma y las violencias sean erradicadas y mitigadas desde arriba. En cuanto a los niños y pequeños, reliza pedagogía e incluso les enseña, “en su propio territorio”, cuáles son los ciclos biológicos particulares de los hombres y por qué son normales en su crecimiento.

La menstruación, en otras palabras, no debe ser jalada hacia los extremos: no es señal automática del inicio de una vida sexual activa, pero tampoco es un hecho insignificante, sino una muestra de que las niñas cursan sus ciclos biológicos con buena salud.

Tíjaro asegura que Colombia es un referente regional en la garantía de los derechos menstruales, hormonales y ovulatorios, pero aún falta camino por pavimentar para lograr una transformación que deje de exponer a las niñas a vidas llenas de estigmas y violencias.

A Lublanc Prieto le dieron cinco días para salir del país. Era una orden categórica resumida en un oficio de Migración Colombia: no importaba que fuera refugiada, que su salud dependiera de una inyección de insulina cada pocas horas o que si volvía a Venezuela su vida corriera riesgo en manos del chavismo y sus alfiles. Aun así peleó. Buscó quién la escuchara y, cuando la Defensoría del Pueblo intercedió por ella y logró que el Estado le permitiera su estadía, juró dedicar el resto de sus días a defender los derechos que a ella y a miles de integrantes de la diáspora venezolana se les vulnera en suelo colombiano.

Eso fue hace más de 10 años. Hoy Lublanc dirige Refugiados Unidos, una ONG que destinaba sus quehaceres en atender venezolanos que ven impedida su garantía de derechos e incluso casos más graves que han llegado a estrados judiciales, relacionados con delitos como trata de personas y explotación, o vulneraciones sistemáticas contra la migración. La fundación ha logrado la atención urgente, jurídica o de integración de casi 25.000 personas y, de acuerdo con las cuentas de Prieto, han logrado aterrizar en 90 municipios de 13 departamentos, algunos con grandes flujos y necesidades migratorias.

Por ejemplo, la fundación litigó una tutela de una mujer trans, trabajadora sexual y perseguida por el chavismo que, aun alegando que era refugiada, fue deportada a Venezuela. La querella terminó resuelta en un despacho de la Corte Constitucional que, además de ordenar la permanencia de la mujer, ordenó un protocolo diferencial de género a la Cancillería.

La fundación, ubicada en una pequeña casa al norte de Bogotá, se ha convertido en una mano amiga para miles de migrantes, tanto venezolanos como de otra nacionalidad, que los buscan para que sus derechos fundamentales sean respetados y que su tránsito a Colombia, ya complejo y en la mayoría de los casos en situaciones de vulnerabilidad, pueda hacerse con dignidad.

“Ver que devolvimos la sonrisa y tranquilidad a un venezolano, un desplazado o un refugiado es una de las mayores satisfacciones que tenemos; el mayor trofeo conseguido por estas tres mujeres”, comenta Sorangel Gainza, otra de las directoras de Refugiados Unidos.

Derecho a defender derechos

Prieto es la cabeza más visible, pero la fundación también es manejada por otras dos mujeres venezolanas que en su proceso migratorio sufrieron vejámenes. Una de ellas es Sorangel Gainza, migrante que llegó en tiempos de pandemia a Colombia y fue sometida a trabajos mal remunerados y situaciones que ella describe como trata de personas.

Elizabeth Arenas completa el equipo. Es una profesional que desde que salió de su país recoge recursos o cualquier ayuda humanitaria en cualquier lugar en donde esté residiendo para poder enviar de vuelta a casa. Actualmente, camina las calles de Países Bajos y toca puertas en fondos de cooperación para continuar con la tarea de financiar Refugiados Unidos y aliviar el sufrimiento de la diáspora en sus países de destino. En total, la fundación tiene cerca de 70 empleados, entre colombianos y venezolanos, que desde el derecho, el trabajo social y la psicología ayudan a garantizar la estadía digna de los migrantes. Hace dos meses, cuando el presidente Abelardo de la Espriella habló de “perseguir la migración ilegal”, Prieto ordenó a todo el personal hacer brigadas jurídicas para resolver dudas sobre el estatus irregular o, de ser necesario, iniciar procesos jurídicos para que las familias venezolanas pudieran sentir un viso de calma.

Modelo integral

El trabajo de las tres mujeres ha tenido varias escalas de impacto. Las más inmediatas tienen que ver con salvar del hambre o la pobreza extrema a miles de venezolanos en Colombia que aún cuentan con muchas necesidades insatisfechas.

En un segundo nivel, han intentado utilizar la legislación y los estrados judiciales como la mejor herramienta para garantizar derechos, como la educación, la salud, la dignidad o, con frecuencia, el derecho a no ser devuelto a Venezuela, donde sus vidas aún corren peligro.

Así es como constantemente sirven a la Corte Constitucional como “amigos de la Corte”, una figura en que Refugiados Unidos ha brindado su opinión, argumentos técnicos y jurídicos para resolver un caso, en este escenario, relacionado con migración. De esta manera, han logrado litigar casos que han creado precedentes judiciales en términos de migración.

“Quisimos ir más profundo del asistencialismo y mostrarles a Colombia y el mundo que tres mujeres refugiadas pueden causar un impacto. Nuestra causa es y será siempre defender los derechos que nosotras vimos violentados en el pasado”, dice Prieto.

Pero el modelo se ha exportado. La Organización de Naciones Unidas incluyó la Fundación en el Consejo Asesor de Personas Apátridas y Desplazadas, y agencias internacionales como Acnur ahora incluye los conceptos técnicos y jurídicos de Refugiados Unidos en discusiones sobre cómo atender otras crisis migratorias y humanitarias, como la de Uganda o flujos que se dan en Latinoamérica.

Las fundadoras de Refugiados Unidos aún tienen dos sueños. El primero, tener una casa propia bien distribuida en la que puedan acoger a la mayor cantidad de migrantes con derechos vulnerados. La segunda, crecer lo máximo posible para que ningún otro migrante, ni venezolano ni de otra nacionalidad, viva lo que ellas y las personas que han atendido tuvieron que sufrir.

“Este es un hijo que se nos creció. Ahora debemos darle continuidad y empoderar otras organizaciones para que la migración sea digna, con derechos y con un enfoque humano”, concluyen.

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La publicación de un documento de 40 páginas podría cambiar la carga histórica que han tenido las mujeres en la planificación familiar. A finales de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió una directriz en la que recomienda abiertamente a los laboratorios clínicos desarrollar y lanzar al mercado nuevos métodos anticonceptivos para hombres.

El documento habla, con cifras y estudios, cómo la planificación no debe recaer únicamente en las mujeres e impulsa a que en el menor tiempo posible la ciencia encuentre nuevas formas para que los hombres, así como tienen una responsabilidad compartida en el sexo, puedan hacerlo en la planificación y en el retraso de un embarazo.
Por supuesto, la OMS se fundamenta en marcos científicos y cimientos clínicos para recomendar a los laboratorios que incursionen en más y mejores formas de planificación masculina. Más allá de eso, la decisión tiene un peso importante para avanzar hacia la igualdad de género.

“La disponibilidad de más opciones (anticonceptivas) para los hombres aumentaría la proporción de parejas que recurren a métodos masculinos y mejoraría la igualdad de género”, aseguró James Kiarie, jefe de la Unidad de Anticoncepción del Departamento de Salud Sexual de la OMS.

Cuestión de opciones

Hay algunos datos que le dan la razón a la publicación de la directriz de la OMS. De acuerdo con la Organización, al menos 164 millones de mujeres alrededor del mundo no pueden retrasar o evitar un embarazo porque no cuentan con ningún método, sea por razones sociales o económicas.

La falta de acceso para las mujeres, y de pocas opciones para los hombres, tiene secuelas que van más allá de la sexualidad. En otro documento, la OMS recalca que casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados, precisamente por falta de información clara o métodos de anticoncepción; y el 60 % de estos terminan en abortos o intervenciones médicas clandestinas, que lo único que hacen es poner en riesgo la vida de las mujeres o los neonatos.

Pero quienes tienen forma de acceder a esos métodos también encuentran otra barrera: la cultural. La ONG estadounidense Male Contraceptive asegura que el peso de la planificación familiar ha recaído históricamente en las mujeres, siendo ellas quienes deben costear los productos o someterse a procedimientos médicos y las secuelas hormonales o sociales que se deriven, por ejemplo, de la ingesta de píldoras que alteran el ciclo menstrual, que incluso han sido vinculadas con síntomas psicológicos como la depresión.

Los números igual reflejan esa desigualdad. En el mercado hay más de 15 métodos (entre inyecciones, dispositivos o pastillas) de planificación diseñados para mujeres, mientras que para los hombres la investigación solo ha encontrado el condón y la vasectomía.

“Incluso con esas opciones limitadas, cerca del 30 % de las parejas recurren a un método masculino”, acota la OMS.
El propósito de la Organización de la Salud es que en un futuro próximo esa barrera se cierre y que planificar tenga una perspectiva de género en que ninguno cargue mayores pesos que el otro.

La directriz hace énfasis en que los métodos, además de accesibles, económica y geográficamente, deberían ser reversibles, pues en la evidencia de la OMS reposan estudios en que el 75 % de las parejas estarían dispuestas a usar más anticonceptivos masculinos en caso de haberlos y que un alto porcentaje se inclina, o no, dependiendo de si uno de esos métodos es temporal o si implica cambios físicos u hormonales. En Colombia, por ejemplo, Profamilia recorrió 12 regiones del país y encontró que el 82,2 % de las parejas están dispuestas a incursionar con métodos diseñados para hombres.

“Existe una responsabilidad social (...). Contar con una opción segura y eficaz aliviaría la presión y supondría un gran avance para la ciencia, la sexualidad y la sociedad”, explicó Male Contraceptive.

Experimento pendiente

La directriz, aunque ha sido considerada como un intento de utilizar la ciencia y la tecnología para la igualdad de género, aún está lejos de resultados reales. La OMS recalca que las fases preliminares de investigación de nuevos productos anticonceptivos masculinos pueden tardar entre cinco y 10 años para estar disponibles para el público. Algunos otros, ya más avanzados en 50 años de experimentos, no tienen un aval por parte de la OMS, tanto por su eficiencia como por qué tan seguro es utilizarlos.

Pero fuera de los laboratorios y los pasillos de la OMS deben surtirse otras discusiones que versan más sobre la autonomía o la cultura que sobre lo científico. Nuevos métodos para los hombres podrían distribuir la responsabilidad y que un embarazo (o evitarlo) no sea tarea únicamente de las mujeres.

Marta Royo, directora de Profamilia en Colombia, considera que la directriz de la OMS es un gran avance en el mundo médico, pero aún hay varios ecosistemas que necesitan ser permeados por esa transformación.

Uno de los más importantes, comenta, es la educación sexual y eliminar estereotipos en torno a la maternidad, la crianza o la planificación: “Que gran parte de que las mujeres siempre hayamos tenido que cargar con la responsabilidad de quedar, o no, en embarazo es porque a los hombres no se les enseña cómo prevenirlo o las implicaciones”.

Así, debe haber cambios en la cultura, “al cuestionar ideas que ven incompatible la anticoncepción con la masculinidad” o el sistema de salud, donde “se debe incorporar al hombre en discusiones que también tienen que ver con ellos”. Y concluye: “Compartir la responsabilidad no significa quitar autonomía, sino que cada persona decida libremente sobre su cuerpo”.

Alfonsina* ya perdió la cuenta de los días que lleva confinada en su hogar, en una pequeña choza de madera en Catatumbo, Norte de Santander. Sabe que la orden de los comandantes llegó en marzo de 2025, y no había margen de negociación. A toda la población, de un momento a otro, le fue prohibido movilizarse por sus tierras, transitar de un corregimiento a otro y, en su caso, tenía que apelar a argumentos y súplicas para que el grupo armado ilegal que controla el territorio le diera permiso de asistir al casco urbano a atender lo que ella sospecha que es un cuadro profundo de deterioro psicológico.

Vivir con miedo y en cuatro paredes de tabla, dice, a veces le altera su relación con el tiempo, el espacio y el futuro. De su trabajo, el que sea que consiga en el rebusque y el estado de sitio, dependen dos hijos, uno de ocho años y otro joven que, a sus 15, no entiende bien por qué caminar o ir a la escuela se puede convertir en una cuestión de vida o muerte. “Uno aquí solo espera a que lleguen a matarlo a uno”, afirma a El Espectador, luego de enumerar una larga lista de derechos que como mujer, madre y cabeza de hogar ha visto vulnerados mientras está confinada.

En los últimos 10 años, al menos 780.000 colombianos han sido sometidos a confinamientos en medio de la guerra que se vive en sus territorios. Aunque los daños afectan sin distinción a todos los habitantes de las poblaciones, hay voces que insisten en que el fenómeno debe leerse en clave de género e identificar cómo una sentencia a encierro también causa daños diferenciales a las mujeres. Una de ellas es la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló a El Espectador que usualmente las mujeres confinadas en medio del conflicto sufren amenazas particulares, como posibles violencias de género o agresiones sexuales en un intento de controlar tanto los territorios como sus cuerpos.

Las cifras sobre las mujeres afectadas en el confinamiento son, más que incompletas, prácticamente inexistentes. La base de datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés) es considerada como la más robusta y minuciosa. Pero aun siendo el mejor insumo estadístico, está lejos de ofrecer un panorama completo a través de los datos: los registros de OCHA, que reúnen más de 900 casos de confinamientos, solo han distinguido en 23 ocasiones cuántas mujeres o niñas fueron afectadas.
Del total de registros, menos del 3 % han tenido enfoque de género y, en otras palabras, no distingue cuántas mujeres, tanto jóvenes, como en embarazo o en necesidades de salud obstétrica, fueron afectadas.

Sin cifras exactas, explica Marín, no solo se desconoce el panorama del confinamiento en su totalidad, sino que la respuesta también es “tardía y limitada”: “Un dato nos dice cuántas personas están confinadas, pero no cómo está viviendo ese confinamiento. En mujeres y niñas, las restricciones a la movilidad pueden coexistir con formas de control social, violencias basadas en género y agresiones sexuales. Hemos documentado estos casos y también situaciones concretas en que mujeres con emergencias en salud no han podido ser evacuadas debido al confinamiento”.

Control total

El problema no es únicamente sobre las cifras y los vacíos que hay en los registros del confinamiento, sino en las afectaciones de las vidas de las mujeres que viven esto.

Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional, explica que el confinamiento vulnera una serie de derechos para quienes lo experimentan: impacta todas las esferas de la vida de una mujer, una familia o una comunidad que es obligada a encerrarse.

“No existe una lista cerrada de derechos fundamentales que puedan verse afectados en el confinamiento, porque sus consecuencias pueden extenderse a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana (...). Incluso pueden comprometer derechos colectivos, como la identidad cultural, la autonomía y puede poner en riesgo la supervivencia de las comunidades, si se habla de pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes”, asegura la togada del tribunal constitucional.

Sentencias de la Corte y alertas tempranas de la Defensoría han detallado el control territorial que viven las mujeres en sus hogares. Un fallo proferido en 1996 indagó cómo un confinamiento a manos de un bloque paramilitar en Chocó ocasionó, además de la pérdida de los medios de vida de toda la comunidad, el silencio de mujeres que intentaron alzar la voz para revertir la situación de encierros y amenazas.

Autorización para parir

Liceth Quiñones, directora de Asoparupa, el colectivo de parteras afro más antiguo de Colombia, considera que el confinamiento tiene daños diferenciales para atender algo “tan sagrado como dar vida”. “Nuestras sabedoras han sido imposibilitadas de acceder a territorios bajo el control de grupos armados, lo que pone en riesgo hacer el control periódico de un embarazo o atender un parto. Esta situación es aún más complicada si se piensa que ellas viven en comunidades rurales lejanas, donde salir a un puesto de salud no es una opción, pero nuestra llegada para ayudar a traer una nueva vida tampoco lo es”, comenta Quiñones.

Los departamentos donde más confinamientos se registran son, precisamente, donde a juicio de Quiñones más necesidades en salud sexual y reproductiva se necesitan. Por casi 40 años, las parteras de Asoparupa han recorrido el Pacífico para garantizar los derechos obstétricos. Así lo hicieron cuando las mujeres se desplazaban de sus hogares a la ciudad más cercana o cuando alguna madre a punto de dar a luz se acercaba a su sede en Buenaventura. Pero la entrada a territorios confinados en Chocó, Cauca, Nariño o Valle del Cauca por parte de las integrantes del colectivo de parteras pone en riesgo la vida tanto de las mujeres como de los niños a punto de nacer, y el futuro de las comunidades.

Para Alfonsina, el confinamiento empezó con una orden que le prohibió caminar por su territorio. Con el paso de los meses, esa prohibición alcanzó también su posibilidad de trabajar, cuidar a sus hijos, acceder a atención y decidir sobre su propia vida.

*Nombre modificado por seguridad.

Al comienzo la sopa solo alcanzaba para unos cuantos niños. La cocina, mal dotada, albergaba sazón y buenas intenciones, pero trastes incompletos y despensas vacías solo permitían llenar de alimento unos 30 estómagos. Niayeska Rodríguez acababa de llegar de Venezuela, el país que la vio nacer y crecer, pero en el que debido a la crisis humanitaria compleja el hambre se disparó. Llegaron las “vacas flacas” para ella y sus connacionales, según recuerda. También había experimentado tiempos recios en suelo colombiano: como mujer migrante, no consiguió oportunidades de empleos formales y sus dos hijas dependían directamente de ella. Aún sin ingresos y chances de autonomía financiera, decidió que ayudaría a los otros antes que a ella.

Se propuso que Puerto Carreño, la ciudad que la recibió, nunca más vería a un niño con hambre o enviado a la cama con mordiscos en el vientre. Eso fue hace ocho años. Hoy, Naiyeska dirige el Comedor Comunitario Hogar de la Misericordia, una fundación que da alimento al menos a 300 niños a la semana y que también ha abierto sus puertas para adoptar niños que no tenían un hogar.
El comedor se inició con un fogón artesanal que alimentaba de calor una olla postrada en una banqueta hecha a mano. “Ni mesones teníamos, pero sí voluntad por mis niños”, recuerda.

Su familia, más allá de hijas y parientes que están pendientes de ella, ahora son los niños: algunos que llegaron sin saber cómo al comedor comunitario y otros que, después de tanto andar por las calles de Puerto Carreño, optaron por quedarse con Naiyeska, pues ella les ofrecía amor, refugio y comida, tres cosas que estaban ausentes en sus vidas.
Su trabajo ha sido reconocido tanto por organizaciones sociales como por las autoridades locales de Vichada, quienes aplauden el aporte que esta mujer hizo al afrontar su duelo migratorio, la travesía de cruzar una frontera y, una vez en su destino, crear una organización que le apuesta al futuro y dignidad de los menores de edad en Vichada.
Incluso, en 2026 fue finalista de los Premios Mujer Cafam al ser considerada como “una mujer clave que brinda alimentación, cuidado y protección a población vulnerable y migrante (...) Naiyeska es un ejemplo de servir para sostener la vida” en Vichada.

Un futuro para los niños

Durante todo el año, Naiyeska mueve sus influencias para mejorar la situación de los niños que la visitan y reciben comida en su fundación. Recorre calles y comercios en busca de donaciones económicas o en especie, hace alianzas para que los niños, además de un plato de comida, puedan divertirse en el hogar y desde febrero empieza las pesquisas de padrinos que puedan darles “regalitos” a los niños en Navidad. Al cierre de esta edición, comenta con preocupación que una de sus grandes angustias es que “el niño Dios no llegue a tiempo al Vichada este año (...) Todos merecen crecer felices y con afecto”.

Así consiguió que una carnicería de Puerto Carreño le done periódicamente los huesos que les dan sabor a las sopas del fin de semana o que un lote desvalido en el centro de la ciudad fuera comprado y equipado para recibir semanalmente a los pequeños. También le apostó a su persuasión para conseguir un televisor y darles la oportunidad a los niños de ver, por primera vez en sus vidas, una película. Con insistencia, una agencia de EE. UU. le donó USD 300 mensuales para costear los insumos que se transformarán en comida preparada para “sus muchachos”.

A los pasillos del comedor comunitario y ahora fundación de paso, Naiyeska ha recibido en su mayoría a niños indígenas de poblaciones cercanas a Puerto Carreño, pequeños oriundos de la capital del Vichada e incluso ha duplicado esfuerzos para que la comida y la caridad alcance para unos cuantos migrantes que vienen de Venezuela o se asientan temporalmente en el municipio mientras continúan con su tránsito.

“De tanta necesidad que tuve aquí en Colombia, con mis dos hijas viviendo en arriendo o con lo poquito que lográbamos al día, creé este proyecto que hoy los apoya. Hoy somos una familia y hacemos lo necesario, sea barrer, oficios domésticos o desbastar lotes para que la comida siga semana tras semana para ellos”, comenta Naiyeska.

Alimentando el futuro

En todos sus años de cocinera y trabajadora social en Puerto Carreño, poco tiempo le ha quedado a Naiyeska para ocuparse de sí misma. La venezolana dice que su patrimonio, más que crecer, se ha visto reducido poco a poco, pues también recurre a ahorros y recursos propios para atender a los niños. Con esfuerzo pudo regularizar su estatus migratorio y obtener el Permiso Temporal de Permanencia, aunque se reafirma en que, aún sin ese documento, seguiría trabajando por los niños de Vichada.

“La mayor satisfacción en esta labor no es material. Funcionamos como podemos y con lo que tenemos. Pero la verdadera alegría se ve con los niños. Un plato de comida es más que alimento, es la oportunidad para darles futuro y cumplir mi sueño de verlos a todos estudiados, con posibilidades en el largo plazo y que sean alguien importante en sus vidas”, comenta Naiyeska.

Hace unos años hizo un negocio con los jóvenes: si querían seguir llegando al comedor, debían cumplir la condición de ir a estudiar a la escuela más cercana. Ellos aceptaron, y llevados de la mano de Naiyeska, encontraron cupo en colegios del casco urbano de Puerto Carreño.

En sus planes hay un sueño aún más ambicioso que ha venido edificando poco a poco: Naiyeska quisiera que ningún niño de Vichada o Puerto Carreño sufriera de hambre o su niñez estuviese condenada a la vulnerabilidad. Por ahora, cree que lo está cumpliendo.

“Un solo plato de comida y un abrazo de afecto contribuye a la educación y el futuro de la niñez en el departamento. Quisiera un albergue más grande y que más personas se sumaran a la causa para que, no tan lejos, todos los niños pudieran encontrar comida y futuro en este comedor”, concluye Naiyeska.

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A mediados de 2026 se publicó un libro que versa sobre religión, el papel de las mujeres en sus familias y cómo el éxito de ellas en sus diferentes ámbitos de vida no está vedado a un único espacio. Este diario habló con Alexandra Gómez, su autora, quien por más de 30 años se ha dedicado principalmente a trabajos como profesional en comunicaciones, pero quien ha extrapolado sus conocimientos a empoderar a otras mujeres o dirigir junto a su esposo una fundación benéfica que atiende a niños con patologías de drogadicción. Entrevista.

¿Qué significa para usted que una mujer esté realmente empoderada?

Para mí, el empoderamiento empieza cuando una mujer reconoce quién es, cuáles son sus capacidades y qué propósito quiere desarrollar con su vida. No tiene que demostrar que puede hacerlo todo ni competir con los hombres para sentirse valiosa. Una mujer empoderada puede reconocer sus fortalezas, pero también sus límites y las áreas en las que necesita crecer. El verdadero desarrollo ocurre cuando puede tomar decisiones desde el conocimiento de sí misma y desde la libertad, no desde la necesidad de responder a las expectativas de los demás.

¿Por qué considera que una mujer necesita desarrollarse en distintas dimensiones y no solo en la profesional?

Durante mucho tiempo asociamos el éxito femenino con alcanzar posiciones, tener independencia económica o construir una carrera. Todo eso es importante, pero una mujer puede conseguir grandes logros profesionales y sentirse insatisfecha en otras áreas de su vida. Por eso hablo de una mujer integral. Para mí, el desarrollo también involucra la dimensión emocional, familiar, espiritual, social y personal. La idea de "Mujer 360" nació precisamente de entender que ninguna de esas dimensiones debería quedar abandonada.

Uno de los conceptos de los que habla en el libro es el de “Mujer 360”. ¿Cómo nació y qué significa?

Nació de entender que una mujer no tiene que escoger entre su fe, su familia y sus capacidades. Durante mucho tiempo vi a mujeres muy exitosas profesionalmente que habían dejado de lado otras áreas de su vida, y también algunas comprometidas con la iglesia que habían abandonado sus talentos. Para mí, una "Mujer 360" es aquella que busca crecer espiritualmente, fortalecer su matrimonio, cuidar a su familia, desarrollar sus capacidades, servir a otros y vivir con propósito. Somos seres integrales, y esas dimensiones pueden convivir cuando Dios ocupa el centro.

¿Cómo se puede hablar de empoderamiento femenino sin convertirlo en una exigencia para que las mujeres puedan con todo?

Ese es uno de los grandes riesgos. A ellas se les ha enseñado durante mucho tiempo que deben ser excelentes profesionales, madres, esposas, amigas, cuidadoras y, además, mantener una vida espiritual y personal equilibrada. Si hablamos de empoderamiento de esa manera, terminamos agregando otra carga. Una mujer integral también sabe decir que necesita ayuda, delegar y reconocer que no puede ocuparse de todo. Parte del crecimiento consiste precisamente en dejar de asumir responsabilidades que corresponden a otras personas.

¿Por qué cree que algunas mujeres sienten que deben elegir entre su vida profesional y su vida familiar?

Creo que durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar en términos de elección: si una mujer quiere ser exitosa profesionalmente, necesariamente tendrá que sacrificar su familia, y si quiere dedicarse a su familia, tendrá que renunciar a otras aspiraciones. Mi experiencia me ha mostrado que la realidad puede ser mucho más amplia. Hay momentos en los que una dimensión necesita más atención que otra, pero eso no significa que una mujer tenga que renunciar definitivamente a una parte de sí misma. La clave está en reconocer las distintas etapas de la vida y tomar decisiones conscientes.

Ayesha asiste a una escuela secreta seis días a la semana, principalmente para seguir viendo a personas fuera de su casa. Es la única manera de evitar el aislamiento total bajo el régimen talibán, dice. Es la única manera de sentirse viva. “Sin esa conexión”, dijo, “no sé qué me pasaría”.

Ahora con 18 años, Ayesha alguna vez soñó con estudiar psicología en la universidad. Los talibanes acabaron con ese sueño cuando prohibieron la educación formal para las niñas más allá del sexto grado en 2022.

Pero Ayesha ha estado desafiando las reglas de los talibanes durante años, sentándose en un aula escondida detrás de los pasillos de una escuela primaria. Miles de programas de este tipo operan en todo el país bajo el radar de los talibanes.

Las escuelas clandestinas alguna vez fueron vistas como una solución provisional, una manera de que las niñas continuaran con su educación hasta que los talibanes se hubieran ido. Pero cinco años después del regreso de los talibanes al poder, casi 2,5 millones de niñas afganas han quedado excluidas de la escuela secundaria.

Pueden ir a escuelas religiosas o estudiar en casa con instrucción privada. Pero en todo el país, las niñas se arriesgan a ser arrestadas yendo a la escuela en secreto. Otras reprueban el sexto grado a propósito, para permanecer en sus aulas el mayor tiempo posible.

En una mañana reciente, trabajó en lecciones de ciencias de la computación y Duolingo en un aula clandestina de grado 11. En los pasillos a oscuras de la escuela, las estudiantes caminaban en silencio junto a coloridas presentaciones sobre el cuerpo humano y el sistema solar. Decenas más estudiaban en la biblioteca del sótano.

Laila y cientos de otras niñas toman clases presenciales de día y en línea de noche con tutores voluntarios de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta los Países Bajos y Hong Kong, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria en una red global de apoyo entre pares.

Incluso dos años después de haberse inscrito, Laila enfrenta visitas sorpresa de su hermano menor, quien le dice que ha deshonrado a la familia al ser “tan libre”. Su padre es de mente más abierta pero teme los chismes si un familiar o vecino se entera, dijo Laila.

Laila ahora habla cuatro idiomas con fluidez, incluyendo el inglés, y está aprendiendo coreano. Si puede salir del país después de graduarse, dijo que estudiará diseño gráfico en Canadá o Corea del Sur.

“Quiero compartir estas oportunidades con otras niñas de mi provincia, pero no puedo”, dijo Laila.

Durante su primer régimen, entre 1996 y 2001, los talibanes prohibieron tanto la educación primaria como secundaria para las niñas, argumentando que las escuelas laicas eran contrarias a su visión de línea dura del islam. Dijeron que era una medida temporal, hasta que pudieran establecer un sistema educativo más compatible, pero nunca lo hicieron.

Después de volver al poder en 2021, hicieron afirmaciones similares sobre el sistema de escuelas públicas que se expandió durante la ocupación estadounidense de 20 años, y aún mantienen que la prohibición es temporal.

“Esperamos que algún día las escuelas para niñas vuelvan a abrir”, dijo el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, en una entrevista a principios de este año. “Esta situación también afecta profundamente a muchos funcionarios del Emirato Islámico que tienen hijas”, agregó, refiriéndose al nombre que los talibanes le han dado a Afganistán.

Pero a cinco años de su segundo régimen, la prohibición temporal parece una vez más permanente.

La prohibición proviene directamente de Kandahar, la sede de poder del grupo en el sur y hogar de su reservado líder, el jeque Haibatullah Akhundzada. Muchos funcionarios talibanes dicen en privado que debería levantarse, pero nadie desafía la orden de su líder.

En la práctica, muchos talibanes se hacen de la vista gorda ante las escuelas que operan en secreto. El director de una escuela secreta, donde algunas niñas pagan cuotas si sus familias pueden, dijo que había inscrito gratis a los hijos de oficiales de inteligencia talibanes para mantener una relación cordial.

Conocen bien la escuela de Laila: la policía y los oficiales de inteligencia talibanes la visitan semanalmente para asegurarse de que las estudiantes usen sus hiyabs correctamente y no se mezclen con los niños, quienes asisten a la misma escuela de forma legal.

Pero pueden ordenar el cierre de la escuela en cualquier momento. Todas las escuelas en Afganistán, incluso las escuelas religiosas, que están permitidas para las niñas mayores, enfrentan una serie de reglas e inspecciones frecuentes, a veces sorpresa.

Cuando ven acercarse a los talibanes, los guardias de la escuela de Laila advierten a los maestros y al director por walkie-talkies y luego hacen sonar una campana distintiva para alertar a las estudiantes.

Najib, el director de la escuela, dijo que cuando les pidió a unos oficiales talibanes desconocidos que le mostraran su identificación en una visita reciente, uno gritó: “Mi identificación es mi arma”.

“Y mi arma es mi bolígrafo”, dijo Najib que respondió. Citó versículos coránicos sobre el imperativo de educar a todos los niños, y eso pareció satisfacerlos. Los talibanes se fueron.

Reprobar para tener éxito

Muchas niñas afganas más jóvenes intentan retrasar el mayor tiempo posible lo que Ayesha y Laila están viviendo.

En diciembre, Somaya, de 12 años, presentó sus exámenes finales de sexto grado, pero se saltó las pruebas de lengua dari, estudios sociales y estudios coránicos, con la esperanza de reprobar y repetir su último año.

“Me encanta ir a la escuela”, dijo. “Simplemente quería quedarme”.

Semanas después, el maestro de Somaya le dijo que podía volver. Solo había lugar para ella en el grado 4, por lo que a veces ayuda a enseñar ya que conoce el plan de estudios.

Fatima, de 12 años, estudiante de otra escuela, rompió sus exámenes finales de sexto grado el año pasado, con la esperanza de que sus maestros la reprobaran y le permitieran repetir el grado. Pero de todos modos aprobaron a Fatima, dijo.

Mientras Fatima hablaba en voz baja en la sala de estar de su familia en Kabul, su padre, Azizullah, lloró y salió de la habitación.

“Lloro cuando pienso en la frecuencia con la que dice que quiere ser doctora, y en cómo ahora todo ha terminado”, dijo Azizullah.

Pero Fatima se recuperó. Semanas después, aprobó un examen de ingreso para una escuela clandestina.

Tasnim, una maestra de primaria, dijo que deja de ira las fiestas de despedida de sus alumnas de sexto grado porque no soporta verlas llorar. Ya no sabe qué responderles cuando le preguntan: “¿Para qué sirvió todo esto?”.

Cuando su propia hija, Kowsar, terminó sexto, Tasnim convenció a una colega para que la aceptara en su clase y así pudiera repetir el grado ocupando el lugar de una alumna ausente.

El certificado de graduación de su hija dice: “Exitosamente ascendida a séptimo grado”.

“Tratamos de hacerlos felices”, dijo Tasnim. “Pero no existe el séptimo grado”.

Soñando con los talibanes

Las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas son la razón principal por la que el mundo ha rechazado a los talibanes, pero estos han promovido las escuelas religiosas, o madrasas, como alternativa. Las niñas en esas escuelas deben usar vestimentas negras que las cubren de la cabeza a los pies, y se les permite estudiar ciencias e inglés, además de materias religiosas.

Zala, una alumna de sexto grado, planea inscribirse en una escuela religiosa después de terminar la primaria. “Al menos todavía tenemos la oportunidad de seguir estudiando”, dijo.

Otras alumnas dicen que las madrasas son un sustituto deficiente. Las clases consideradas menos importantes que las religiosas —física, química y matemáticas— se combinan en una sola. Y a las niñas no se les permite seguir el plan de estudios más avanzado pensado para los niños.

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Lindsay Clancy pidió ayuda muchas veces. Así lo sostuvo su defensa en un estrado judicial de Massachusetts, Estados Unidos. En 2023, tras presuntamente quitarles la vida a sus tres hijos menores de edad, abrió la ventana y se lanzó al vacío.
Por supuesto, fue imputada con cargos penales. El juicio fue declarado nulo la semana pasada, luego de que un jurado no lograra llegar a un veredicto sobre si es una criminal o una paciente psiquiátrica. El caso, no obstante, puso sobre la mesa las fallas que pueden enfrentar las mujeres en una emergencia médica, como la psicosis posparto, mucho más rara y grave que la depresión posparto.
Para “Psychiatric Times”, un diario estadounidense especializado en salud mental, el caso Clancy ha servido para visibilizar la salud mental de las madres, pero no ha explorado todas las aristas para que un escenario así no se repita. Incluso ha consultado voces que comentan que la salud mental no se limita únicamente a un episodio, sino a una línea del tiempo donde la crianza, el parto o la lactancia pueden desencadenar algunos cuadros como depresión o ansiedad, sumado a sentimientos de culpa o miedo.
“A menudo nos enfocamos en historias de salud mental cuando la violencia está involucrada. Si el mensaje solo se centra en el riesgo, y no en la identificación de las causas y su tratamiento, crecerá el temor que las mujeres que lo viven no busquen tratamiento o hablen de ello debido al estigma y el miedo”, explica.

Zonas grises

El caso Clancy es extremo y excepcional. Precisamente por eso, expertas consultadas por El Espectador comentan que no debería utilizarse para representar a las miles de mujeres que atraviesan diagnósticos de salud mental durante el embarazo y el posparto. En Estados Unidos la opinión pública se ha dividido en dos bandos diametralmente opuestos frente al caso Clancy. Están quienes (como la Fiscalía) alegan que era consciente de sus acciones y debe responder por sus actos. Incluso han traído a colación un caso casi idéntico, el de Timothy Jones Jr.: un hombre que en 2014 fue condenado a pena de muerte por estrangular a sus cinco hijos y que apeló a un argumento de salud mental por sus conductas.
En el otro bando hay mayoritariamente mujeres y madres que, aunque no piden la absolución de Clancy, demandan que el juicio tenga en cuenta las cargas de maternar, criar y sostener a una familia. Este grupo asegura sentirse identificado con algunos aspectos de su historia: son madres que viven cargas emocionales y que, en lugar de destinar tiempo a su propia salud mental, deben priorizar el hogar y el cuidado de los bebés. A esto se suman cambios físicos y hormonales del embarazo y cargas sociales asociadas a la maternidad.
Luz Buitrago, psicóloga y directora de la especialización de psicología clínica de la Universidad de El Bosque, explica que la maternidad no se reduce a un período específico en el calendario y, más bien, debe atenderse como una secuencia de meses y años en que las madres también pueden experimentar cargas, duelos o sensaciones que afectan su vida.
“La madre tiene necesidades propias, no solo los bebés. Una crianza real está muy lejos de ser perfecta, hay equivocaciones, impotencia, cansancio, dudas, falta de tiempo y se han mantenido en silencio durante años”, comenta Buitrago.

Cargas pesadas

Al debate han llegado voces que argumentan que el peso de la maternidad no debe recaer únicamente en la madre, sino distribuirse con la pareja y las redes de apoyo.
Pero Carolina Jiménez, psicóloga y vocera de la Fundación Salomé Nieto, que atiende familias de niños neurotípicos, comenta que hay realidades invisibles que no se están atendiendo, ni desde la medicina o las políticas públicas.
En Colombia, por ejemplo, el DANE ha revelado esta realidad. La Encuesta de Uso del Tiempo reveló que el cuidado no remunerado es una tarea impuesta socialmente por el género y que obliga a las mujeres a emplear el 30 % de sus vidas a tareas como la crianza o la maternidad. El sondeo, titulado “Las cifras de la desigualdad”, no distingue a las madres de otras mujeres sin hijos que también están supeditadas al cuidado. Pero Jiménez comenta que maternar multiplica ese cuidado y, a la par, deja olvidados otros aspectos que sostienen la salud mental de las madres, como las redes de apoyo, el manejo de emociones o incluso otras más elementales, como actividades que son imposibles de hacer con un bebé. “No puedo asegurar bienestar a otra personas si como mamá no estoy bien. Experimentamos vacíos demasiado grandes y responsabilidades sociales desde antes del embarazo hasta después del parto”, dice Jiménez.

Guardar la proporción

Tanto Buitrago como Jiménez explican que el caso no puede convertirse en una representación de la maternidad ni de las mujeres que atraviesan problemas de salud mental después de tener un hijo. La violencia que rodeó su historia es excepcional y, precisamente por eso, obliga a separar los homicidios de una discusión más amplia: ¿qué ocurre con las madres que sufren, que se sienten desbordadas, que no duermen, que cargan con culpa o que necesitan atención?
Incluso hay ejemplos de cómo organizaciones de mujeres se juntan para atender, entre ellas, su salud mental y otros flancos que dejan desprotegidos sus derechos. Ese es el caso de la Fundación Milagros, un grupo de mujeres en Barranquilla que ha atendido más de 800 madres jóvenes y cabezas de hogar donde son escuchadas y tramitan sus emociones antes de desencadenar cuadros psicológicos.
La pregunta no es únicamente qué pasó con Clancy cuando ocurrió la tragedia, sino qué tan preparados están las familias, el sistema de salud y las políticas públicas para reconocer y atender el deterioro de la salud mental materna antes de que una situación llegue a convertirse en una emergencia.
Si usted está teniendo ideación suicida o en general quisiera hablar con un profesional, “Porque Quiero Estar Bien” da atención de urgencias gratuita a través de su página. En Bogotá puede llamar a la línea 106 y aquí hay un directorio de todas las líneas de apoyo en el país: https://bit.ly/3UFBF7N

Durante décadas, el debate sobre género y agua se ha centrado, con razón, en las mujeres y las niñas como usuarias del agua. El acceso al agua potable y al saneamiento ha sido una prioridad de la agenda internacional y un componente esencial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Sin embargo, hay una dimensión que sigue estando ausente en este debate: las mujeres como profesionales del sector del agua.

Miles de mujeres hoy son ingenieras, hidrólogas, científicas, emprendedoras, líderes comunitarias y responsables de políticas públicas. Negocian acuerdos sobre aguas transfronterizas, dirigen organismos operadores, desarrollan nuevas tecnologías y diseñan políticas para una gestión del agua más justa y sostenible.

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Y, sin embargo, persiste una profunda contradicción. Aunque las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en la investigación, la gestión y la gobernanza del agua, estas continúan estando significativamente subrepresentadas en los puestos técnicos, de liderazgo y de toma de decisiones. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026, de la Unesco, señala que, a nivel mundial, menos del 20 % del personal de los organismos operadores de agua está compuesto por mujeres y que entre 2018 y 2019 ellas representaban apenas el 17,7 % de esta fuerza laboral.

Al mismo tiempo, dos de cada tres países necesitan aumentar en al menos un 75 % su fuerza laboral en agua, saneamiento e higiene, y el 40 % reconoce no contar con la capacidad suficiente para gestionar los crecientes conflictos entre los diferentes usos del agua. En otras palabras, el sector necesita con urgencia a más profesionales, pero sigue desaprovechando una parte importante del talento disponible.

Esto no es únicamente una cuestión de igualdad, sino una cuestión de gobernanza, innovación y resiliencia institucional. El cambio climático, el crecimiento urbano, el envejecimiento de la infraestructura y la transformación digital exigen organizaciones capaces de atraer y retener al mejor talento disponible. No obstante, todavía sabemos muy poco sobre las trayectorias profesionales de las mujeres en el sector.

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¿Por qué siguen estando subrepresentadas en puestos directivos? ¿Qué políticas laborales favorecen realmente su desarrollo profesional? ¿Cómo influye una mayor diversidad en la calidad de las decisiones y en el desempeño de las instituciones responsables de la gestión del agua? ¿Qué barreras institucionales, culturales y organizacionales siguen limitando su desarrollo profesional?

Aún existen pocos datos comparables sobre contratación, promoción, liderazgo, remuneración o cultura organizacional en el sector hídrico. Sin evidencia, resulta difícil diseñar políticas públicas e institucionales que permitan aprovechar plenamente el talento disponible.

Las asociaciones profesionales también pueden contribuir a cerrar esta brecha de conocimiento. Redes como Women in Water & Sanitation Network (WWSN) demuestran el valor de conectar a mujeres profesionales mediante programas de mentoría, liderazgo e intercambio de experiencias. Del mismo modo, la Red de Politólogas ha contribuido a visibilizar a mujeres expertas y promover una participación más equitativa en los espacios de decisión.

Las consecuencias de esta brecha van mucho más allá de la igualdad de género. Al no atraer, retener y promover a un mayor número de mujeres, el sector del agua está perdiendo una oportunidad para fortalecer su fuerza laboral precisamente cuando más la necesita. Es una pérdida para las profesionales, pero también para las instituciones, las comunidades, los países y, en última instancia, para la seguridad hídrica mundial.

Las mujeres continúan estando subrepresentadas no solo en el sector privado, sino también en las instituciones públicas, el liderazgo científico, los espacios de decisión política y las conferencias internacionales. Su escasa presencia limita la diversidad de perspectivas necesaria para afrontar desafíos cada vez más complejos relacionados con el agua.

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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026 representa una oportunidad para cambiar esta realidad. Además de debatir sobre financiamiento, resiliencia y gobernanza, debería impulsar una agenda internacional de investigación sobre las mujeres en la fuerza laboral del agua e incorporar esta dimensión en los futuros procesos de seguimiento de la gobernanza hídrica. Comprender quiénes trabajan en el sector, qué obstáculos enfrentan y qué condiciones favorecen su liderazgo permitirá diseñar mejores políticas laborales y fortalecer las instituciones responsables de garantizar la seguridad hídrica.

Cerrar la brecha de género en la fuerza laboral del agua no es únicamente una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para construir instituciones más sólidas, innovadoras y capaces de responder a los crecientes desafíos hídricos del siglo XXI.

El futuro del agua no dependerá únicamente de la infraestructura, la financiación o la tecnología, sino también de nuestra capacidad para reconocer, retener e impulsar el talento de las mujeres que ya están construyendo ese futuro.

Cuando Lidia Falcón decidió fundar el Partido Feminista de España en 1979, llevaba consigo una experiencia que difícilmente podía separarse de su manera de entender el poder. Había sido presa política durante el franquismo, torturada por sus ideas y había conocido de cerca las formas en que una estructura política puede convertir la vida de las mujeres en un asunto secundario. Años después explicaría que había sido detenida, vigilada, silenciada e insultada, además de haber defendido a mujeres víctimas de violencia cuando esa realidad apenas encontraba espacio en el debate público.

Su conclusión fue política: si las mujeres querían transformar las relaciones de poder, necesitaban disputar el poder organizado. Ella sostuvo que los partidos tradicionales tendían a defender intereses sociales determinados y que las mujeres necesitaban una organización capaz de defender los suyos desde una perspectiva propia. El partido fue constituido en Barcelona en 1979 y legalizado en 1981, en plena transición española hacia la democracia. Cuatro décadas después, la organización continúa reivindicándose como partido político feminista, aunque su trayectoria electoral haya sido limitada.

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En Reino Unido, Catherine Mayer y Sandi Toksvig impulsaron en 2015 el Women’s Equality Party después de discutir públicamente la ausencia de las mujeres y sus necesidades en la política. La iniciativa nació en Londres y llegó a disputar elecciones locales, europeas y nacionales, colocando en la agenda asuntos como la representación, la igualdad salarial, los cuidados y la violencia contra las mujeres. En 2024 sus integrantes decidieron disolver el partido después de casi una década, argumentando dificultades financieras y un contexto político cada vez más polarizado. Sin embargo, demostraron que una formación pequeña podía conseguir que partidos mucho mayores incorporasen asuntos que antes ignoraban.

Suecia ha tenido su Feministiskt initiativ, creado en 2005 por Gudrun Schyman y otras activistas provenientes de la política tradicional, precisamente a partir de la insatisfacción con la respuesta de los partidos existentes frente a la igualdad. La organización llegó a obtener representación en el Parlamento Europeo y continúa presentándose como partido y movimiento feminista.

América Latina también tiene una historia propia que conviene recordar. En Panamá, mucho antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto, Clara González y otras mujeres organizaron en 1923 el Partido Nacional Feminista. Su objetivo incluía conquistar el sufragio, pero también ampliar los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de las mujeres y conseguir su presencia en los espacios donde se tomaban decisiones. Aquel partido desapareció hace décadas, pero su existencia demuestra que la idea de organizar políticamente a las mujeres no es una importación reciente ni una extravagancia contemporánea, sino que forma parte de nuestra propia historia democrática.

México también ofrece antecedentes que alimentan esta conversación. En 1929 surgió el Partido Feminista Revolucionario, mientras que décadas después aparecieron organizaciones como la Diversa Agrupación Política Feminista, reconocida en 1999 como Agrupación Política Nacional. En 2021, un grupo de diputadas de distintas fuerzas, reunidas bajo el nombre Rebeldes con Causa, volvió a plantear la posibilidad de crear un partido de mujeres, al considerar insuficiente la representación alcanzada dentro de las estructuras existentes.

Cuestión de diálogo

Esta es una discusión que vuelve a cobrar relevancia ante el retroceso democrático y las resistencias que todavía encuentran las mujeres cuando disputan espacios de poder.

La cuestión merece ser retomada precisamente porque hemos avanzado mucho y, al mismo tiempo, seguimos encontrando límites estructurales. Las mujeres ocupan más cargos públicos que hace algunas décadas, existen leyes de paridad en varios países y prácticamente todos los partidos importantes han incorporado alguna referencia a la igualdad. Sin embargo, las decisiones sobre economía, seguridad, cuidados, empleo, tecnología, fiscalidad, salud o infraestructura continúan tomándose desde estructuras donde las experiencias de las mujeres no siempre tienen el mismo peso político.

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La discusión adquiere todavía más urgencia en medio de la ola autoritaria que atraviesa el continente americano, donde el debilitamiento de las instituciones, la concentración del poder y el avance de discursos abiertamente hostiles a los derechos de las mujeres están alterando las reglas del juego democrático. En este escenario, construir partidos feministas puede convertirse en una forma de defensa activa de la democracia, entendidos como organizaciones capaces de disputar el poder electoralmente, defender la autonomía de las instituciones, incorporar la perspectiva de las mujeres en las decisiones económicas y sociales y hacer frente a los intentos de convertir nuestros derechos en moneda de cambio político.

Cuando la democracia se vuelve más frágil, la representación política de quienes históricamente han tenido menos poder adquiere un valor estratégico. Un partido feminista tendría, además, la oportunidad de articular una agenda democrática que vincule igualdad, libertad, derechos humanos y calidad institucional, colocando la vida de las mujeres en el centro de las políticas públicas y de la defensa del Estado de derecho.

Discusión de larga data

La experiencia internacional muestra que crear un partido feminista tampoco garantiza por sí sola el éxito electoral. Algunos han desaparecido, otros han conseguido representación limitada y otros han influido más en la agenda pública que en el número de escaños.

Pero precisamente allí puede estar parte de su valor. La política no cambia únicamente cuando un partido gana una elección; también cambia cuando consigue modificar aquello que los demás partidos consideran importante. Lo que está pendiente es decidir si ha llegado el momento de convertir esa experiencia dispersa en una alternativa electoral propia.

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América Latina tiene millones de mujeres con experiencia profesional, comunitaria, empresarial, académica, sindical, social y política. Tiene también una larga tradición de organización feminista. Quizás el desafío de la próxima etapa no sea conseguir que las mujeres encuentren un lugar dentro de los partidos existentes, sino atreverse a construir espacios políticos capaces de cambiar las reglas con las que esos partidos funcionan.

La historia de Clara González, Lidia Falcón, Gudrun Schyman y tantas otras mujeres muestra que la política feminista ha sabido imaginar instituciones antes de que parecieran posibles.

Hace ocho largos años, Meg Quinn optó por no compartir los detalles de una decisión importante.

Tenía 37 años y acababa de salir de una larga relación cuando empezó a entrar en pánico. ¿Se le estaba acabando el tiempo para tener hijos? Sintiéndose impotente, decidió hacer algo que era caro, pero que podría aumentar la posibilidad de ser madre. Congeló sus óvulos.

“Me costaba hablar al respecto”, dijo Quinn, creadora de contenido gastronómico que ahora tiene 45 años, el lunes en una entrevista desde su casa en Los Ángeles. “Había tantas maneras distintas de cómo podría salir. Por ejemplo, podrías gastarte todo ese dinero y al final que no sirviera para nada”.

Así que cuando la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York de 36 años, anunció el pasado fin de semana que iba a congelar sus óvulos —luego publicó un vídeo en Instagram en el que se inyectaba un medicamento justo antes de una entrevista en televisión—, Quinn quedó impresionada por la audacia de sus acciones.

“Me encanta que lo haga público”, expresó. “Entre mujeres, en cuanto más compartamos, mejor nos va”. Añadió: “Es duro para las mujeres. Tenemos que hacer todas estas cosas y bueno, ningún hombre tiene que hacerlas”.

Alrededor de 2012, la congelación de óvulos para preservar la fertilidad se consideraba una intervención experimental para casos urgentes, como el de las pacientes con cáncer cuya fertilidad se ve comprometida por el tratamiento.

Hoy en día, a medida que miles de mujeres más se someten al proceso, por fin se está hablando abiertamente del tema. Al igual que el cáncer de mama, la menopausia y la menstruación, la congelación de óvulos se ha convertido en otro tema más de salud femenina en el que el debate abierto se considera una forma de empoderamiento. La misma Ocasio-Cortez dijo que le parecía “increíble inyectarse en la sala de espera” de un estudio de televisión.

Sin embargo, esa revelación tan personal también llevaba una connotación política, ya que vinculó la decisión de congelar sus óvulos con los debates sobre la libertad reproductiva. “Curiosamente, compartir esta información conlleva un riesgo o un impuesto político”, afirmó y añadió que quería “mostrar más ejemplos de mujeres que llevan una vida plena en todos los sentidos y en cada decisión”.

En efecto, el anuncio también provocó preocupación por el mensaje médico que estaba dando y un rechazo rotundo a sus decisiones.

Aunque algunas personas se refieren a la congelación de óvulos como una “póliza de seguro”, los médicos señalan que no siempre es un proceso sencillo y que rara vez garantiza la fertilidad más adelante. Los comentaristas conservadores, especialmente los que denuncian la caída de la tasa de natalidad en el país, afirmaron que la fecundación in vitro y otras tecnologías reproductivas dan a las mujeres la falsa impresión de que se pueden esperar para tener hijos.

Allie Beth Stuckey, la famosa escritora y comentarista conservadora, publicó: “Está idealizando la mentira de que las mujeres pueden tenerlo todo. No se puede. La biología es una realidad y la forma en que organizas tu vida determina tu futuro”.

Independientemente de los riesgos o de la política, la tasa de congelación de óvulos se ha disparado: entre 2014 y 2024, el número de ciclos de congelación de óvulos pasó de 6090 a 38.930, según Jennifer Eaton, presidenta de la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida.

Muchas mujeres ven la congelación de óvulos como un reflejo de esta época, mientras buscan formas de compaginar sus estudios, carreras profesionales y relaciones personales. En entrevistas, la describieron como una decisión personal que puede ser tanto empoderadora como defensiva, por si la esperanza de encontrar una pareja adecuada no se materializa.

La congelación de óvulos parece algo natural, afirmó Karina Martin de 34 años y residente en Sacramento, California. Se sometió al procedimiento hace dos años, antes de comenzar sus estudios para ser asistente médica. Comentó que en un principio pensó que estaría lista para utilizar los óvulos en unos cinco años. Si tiene que tener un hijo sola, lo hará, afirmó.

Ella empatiza con la decisión de Ocasio-Cortez de mantener abiertas sus opciones. “Es una mujer trabajadora que ha dado prioridad a su carrera”, afirma. “Es una decisión muy inteligente y no creo que tenga nada que ver con la política”.

Avni Barman, directora ejecutiva de la empresa de comunicación Gen She, congeló sus óvulos el año pasado, a pesar de que mantenía una relación seria y no esperaba necesitarlos.

Barman, de 29 años, publicó vídeos del proceso con la esperanza de demostrar que no es difícil, especialmente para las mujeres más jóvenes. “Me siento muy empoderada”, afirmó, porque tomé el control de algo que no quería dejar al azar.

En sus vídeos, explicó que el precio de congelar sus óvulos en la ciudad de Nueva York fue de unos 7000 dólares y que pudo encajar fácilmente el procedimiento en su ajetreada agenda, que incluía una conferencia y una cena con inversionistas.

“Soy amiga de muchas fundadoras exitosas que ganan siete, ocho o nueve cifras; todas lo hacen”, afirmó Barman en una entrevista. “Para ellas, es como comprarse una bolsa de diseñador —congelar los óvulos cuesta lo mismo— y esa es más o menos la mentalidad que existe al respecto”.

Sin embargo, los médicos y los expertos afirman que el proceso no suele ser tan sencillo. La congelación de óvulos y otros tratamientos de fertilidad pueden resultar tan estresantes como los tratamientos contra el cáncer, según Rena Gower, terapeuta especializada en fertilidad con sede en Manhattan.

La mujer debe inyectarse una combinación de medicamentos hormonales en el abdomen durante un periodo de entre ocho y doce días. A continuación, un médico extrae los óvulos mediante una aguja que se introduce a través de la pared vaginal mientras la paciente está sedada.

Los óvulos maduros se congelan rápidamente en nitrógeno líquido, lo que permite conservarlos durante muchos años. Se trata, en esencia, del primer paso de la fecundación in vitro, que consiste en descongelar los óvulos, fecundarlos en un laboratorio y crear embriones.

Muchos especialistas en infertilidad afirmaron que esperan que la transparencia de Ocasio-Cortez dé lugar a un debate más amplio y claro sobre el apoyo al deseo de las mujeres de tener hijos.

En la actualidad, la fertilidad es un tema poco comprendido, según señalaron. “He tenido pacientes de 48 años que acuden a mí y yo estoy lista para empezar a hablar sobre la menopausia, pero ellas están listas para hablar de fertilidad”, afirmó Audrey Buxbaum, ginecóloga de Downtown Women en la ciudad de Nueva York.

Gower, la terapeuta especializada en fertilidad, señaló que se ha encontrado con muchas mujeres que tienen miedo de contarle a alguien que habían congelado sus óvulos.

A veces, las mujeres se sienten obligadas a mantenerlo en secreto por sus familias, que consideran que es moralmente incorrecto, expresó. O sienten culpa o vergüenza porque piensan que su cuerpo podría verse como defectuoso o porque sus relaciones sentimentales no están funcionando.

A algunas mujeres les preocupa que la maternidad —incluso la mera perspectiva de ella— pueda afectar negativamente a sus trabajos.

Quinn, la creadora de contenidos a quien le sorprendió la franqueza de Ocasio-Cortez, dijo que la congelación de sus óvulos la dejó tan agotada que se sintió entumecida.

Recurrió a sus ahorros para pagar unos 16.000 dólares por el ciclo inicial, que solo produjo siete de los 18 óvulos congelados que su médico esperaba.

Quedó devastada. El médico le sugirió que completara uno o dos ciclos más, pero no podía soportar ni siquiera la idea, ni emocional ni económicamente.

Dos años más tarde, en 2020, conoció a su pareja, Greg Gomes. El 14 de febrero de 2023, cuando Quinn tenía 42 años, un médico le implantó el embrión que se convirtió en su hija, Rory.

El día de San Valentín de este año, Quinn se sintió lo suficientemente valiente como para publicar en las redes sociales los detalles de su camino hacia la maternidad y las lecciones que había aprendido. Quería dar esperanza a la gente “porque hay tantas incógnitas antes de llegar a este punto”.

El título era: “Congelé mis óvulos a los 37 años”.

“Me siento más segura para hablar de ello”, afirmó, “ahora que todo salió bien”.

Ana Lucía* no tenía moretones ni piel lacerada para demostrarle a la justicia que había sido víctima de violencia de género; pero sí tenía heridas psicológicas que se prolongaron por varios meses. En 2020 tomó una decisión muy difícil: terminar una relación; lo que temía que la dejara aún más vulnerable. No tenía ingresos formales, su pareja intentó convencerla de que no podía valerse por sí sola y, para agravar aún más el panorama, tenía que responder por las necesidades de un bebé que dependía de ella.

Pero acabó su relación y buscó refugio en un estrado judicial para mostrar que la violencia psicológica, aunque sin marcas físicas, también tiene secuelas en la vida de las mujeres.

En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia SP-123: un fallo que además de darles validez a las denuncias de Ana Lucía, ratificó la condena a seis años de cárcel contra su agresor por haber sido responsable de una “violencia invisible” que se ejerció bajo una “reprochable pauta cultural de sometimiento y discriminación” hacia las mujeres por “considerarlas inferiores”.

El fallo condena al hombre por “violencia intrafamiliar agravada” al precisar que agredir a una mujer, sea con golpes, insultos o chantajes, constituye una violencia igual de reprochable en todos los escenarios y debe castigarse. Además, reconoce que no solo Ana Lucía, sino todo el núcleo familiar fue desequilibrado a causa de los constantes ataques contra la integridad psicológica de la mujer.

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“Basta el acto de maltratar para lesionar el bien jurídico. La ausencia de pluralidad (varias) agresiones físicas o psicológicas no impide la configuración del ilícito”, señala la sentencia.

Choque de palabras

La sentencia del máximo tribunal se suma a la reducida baraja de fallos judiciales que estudian y sancionan las agresiones psicológicas y económicas contra las mujeres. Como en cualquier pleito penal, la presunción de inocencia solo puede derribarse con pruebas físicas o testimonios que permitan determinar que un delito sí se cometió.

Pero en este caso, Ana Lucía solo tenía su palabra, la de algunos testigos y los recuerdos de 12 meses de insultos y humillaciones que vivió. En el juicio contó en repetidas ocasiones cómo, además de golpizas, fue sometida a frases que la hicieron sentir inferior solo por ser mujer.

Al estrado llevó a vecinos y familiares que dieron fe de cómo el hombre atentaba físicamente contra ella. También, capítulos de la relación en que escuchaban que se refería a ella como “prepago” y ejercía chantajes psicológicos cuando mencionaba que “sin mí, estaría viviendo debajo de un puente”.

El menosprecio también llegó a otros escenarios en la vida de esta mujer. Ana Lucía no tenía trabajo ni ingresos estables y él, aprovechándose de su dependencia, se mofaba de ella por ser una “bachiller sin Icfes” y aseguraba: “Le puedo quitar a la niña cuando yo quiera; tiene todas las de perder”.

La defensa del agresor, en lugar de referirse a la violencia, intentó restar credibilidad a Ana Lucía con opiniones y conceptos que nada tenían que ver con la agresión. Por ejemplo, mencionó que era una “mamá descuidada” y sugirió que la relación, en lugar de haber terminado por una secuela de humillaciones y violencias que a todas luces ya eran un delito, finalizó porque ella fue infiel.

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Pero la respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue determinante: la ausencia de una prueba que documentara los daños psíquicos no significaba que el relato de Ana Lucía pudiera descartarse.

Ese examen llevó a la Corte a considerar creíble el relato de Ana Lucía. Su testimonio sobre los insultos, las humillaciones y las amenazas no permaneció aislado: familiares y cercanos dieron cuenta del comportamiento del hombre cuando llegaba bajo los efectos del alcohol cerca de tres días a la semana para violentarla. Una de ellas, por ejemplo, relató que escuchaba los golpes y que Ana Lucía le pedía que no la agrediera mientras tenía a la niña en brazos.

“La violencia psicológica no siempre deja huellas visibles y no requiere prueba pericial obligatoria”, explica la sentencia.

Violencia invisible

Aunque no es la primera sentencia que reconoce la violencia psicológica, el fallo que hace justicia con Ana Lucía recuerda al mundo del derecho que este tipo de agresiones también deben ser sancionadas e incorporadas en la valoración de los jueces.

En la argumentación jurídica queda claro que paralelo a los insultos y amenazas, Ana Lucía también sufrió violencia económica, que le impedía salir de esa espiral de vulneraciones y mostrar algún disenso con el hombre que la mantenía y maltrataba al mismo tiempo.

“El maltrato psicológico se configura cuando de manera intencional se provoca dolor emocional o sufrimiento. Es una clase de violencia invisible que busca debilitar y manipular y tiene el fin de afectar su estabilidad”, explica el fallo.

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¿Qué significa esto? Para el mundo del derecho, el fallo implica una muestra de cómo la justicia, en lugar de revictimizar a las mujeres agredidas, puede escuchar sus voces como prueba principal para surtir sus procesos de violencia. Eso no quiere decir que cualquier testimonio será válido a los ojos de un juez o que el rigor judicial para determinar culpabilidad será ignorado, sino que una condena puede argumentarse en los testimonios precisamente de quién sufrió esas violencias.

Para mujeres como Ana Lucía, que han vivido con insultos y agresiones psicológicas por años, el fallo reconoce que lo que vivieron existió y, más importante aún, sí puede ser valorado y sancionado por la justicia.

* Nombre modificado por privacidad.

El séptimo arte está siendo utilizado para cambiar la vida de las mujeres en Colombia. En 2018, la Fundación WWB estrenó una estrategia de varias cápsulas documentales con el objetivo de concientizar a mujeres en Cali y Valle del Cauca sobre los caminos para salir de la violencia por razones de género.

El propósito era utilizar el cine y la pedagogía para ofrecer un salvavidas a mujeres que convivían en contextos de agresión, poca autonomía financiera que las obligaba a depender de un tercero o incluso bajo el riesgo del feminicidio.

Ocho años después, la serie ha sido proyectada en casi todas las latitudes del país en pueblos y corregimientos. En efecto, la serie de cortometrajes “Ofelia no está sola”, enseña cuáles son los derechos básicos de las mujeres y propone opciones sobre qué hacer cuando una madre, esposa o hija vive agresiones sexuales, económicas, físicas o psicológicas.

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El eslogan de la estrategia es “Ninguna mujer está sola”, aludiendo a las rutas institucionales de atención disponibles para que una mujer pueda prevenir, denunciar y que sus derechos fundamentales sean garantizados.

El proyecto se ha convertido en una iniciativa taquillera: más de 48 fundaciones, entidades públicas o empresas privadas se han sumado a su difusión y destinan recursos, conocimientos y logística para que los cortometrajes se proyecten a la mayor cantidad de mujeres y niñas posible. Incluso ha llegado a salas de cine extranjeras: “Ofelia” ya se reproduce en Argentina, Chile y Bolivia, y ha sido galardonada por ser un caso de éxito en la prevención de agresiones de género y al convertirse en un manual de derechos.

Así lo reconoció la Universidad de Cambridge, institución educativa británica que en 2023 aplaudió la estrategia por “inspirar cambios e impulsar la transformación que permite a las mujeres identificar violencias y conocer rutas de atención”.

Aprender con arte

La estrategia tiene varias líneas de acción que buscan, por un lado, enseñar sobre derechos y cómo protegerlos y, por otro, aconsejar qué hacer cuando la violencia de género se manifiesta con amenazas y riesgos a la integridad. También ofrece un directorio con indicaciones de autoridades competentes para atender, dependiendo del caso, agresiones sexuales o maltratos psicológicos, y explicando qué hace una Comisaría de Familia, considerada la primera barrera de defensa para garantizar derechos.

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En algunos municipios, el equipo de WWB llega con sus aliados a proyectar el documental, que trata sobre un personaje ficticio que ha sufrido de violencia intrafamiliar y muestra cómo esas agresiones han afectado su proyecto de vida. Al final, muestra los caminos a los que puede enfrentarse en su búsqueda de atención, protección y acceso a la justicia, y distinguir cuándo un acto es una agresión contra la mujer, así sea una práctica normalizada o “tradicional”, como sucede con muchas mujeres rurales o poblaciones indígenas, aunque también en las ciudades.

El cortometraje se ha proyectado en comunidades como El Paujil (Caquetá), Inírida (Guainía) y en las veredas de Caldas, donde centenares de mujeres campesinas adscritas a la Federación Nacional de Cafeteros se han sumado a la campaña para prevenir riesgos contra sus derechos. También ha aterrizado en zonas en las que, por su complejidad geográfica, es difícil hacer cualquier programa de incidencia o garantía de derechos, como Amazonas, Guainía, Norte de Santander y San Andrés, para completar 25 departamentos donde se está dando la conversación de defensa de derechos.

Johana Urrutia, directora de programas de WWB considera que el documental ha tenido acogida en “zonas históricamente marginadas de estrategias de prevención (...). Es una estrategia pensada para sensibilizar sobre los diferentes tipos de violencia, no solo la física o psicológica, sino también la económica, patrimonial o simbólica, y para mostrarles que existen rutas de atención”.

En 2025, Ofelia les enseñó cómo proteger sus vidas y derechos a través del cine al menos a 6.765 mujeres de 117 municipios. La mayoría de los espacios concluye reflexiones o mesas redondas donde las participantes cuentan sus experiencias previas, cómo afrontaron la violencia y resaltan cómo el cortometraje puede impactar positivamente sus vidas.

Conversación urgente

La pantalla grande también ha llegado a poblaciones con mujeres que difícilmente accedieron a estudios y, por ende, no saben a ciencia cierta qué es violencia, cómo denunciarla ni enfrentarla. Así lo cuenta Mateo Vélez, coordinador de gestión del conocimiento de la Fundación Alpina, socio activo en la difusión de “Ofelia” en las zonas rurales de Colombia, donde se aprovecha la estrategia para enseñarles a las campesinas sobre formas de autonomía y a crear proyectos de vida que les permitan salir de ciclos de vulnerabilidad.

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“Gracias a los cortometrajes, la Fundación ha impulsado discusiones sobre cómo edificar proyectos de vida libres de violencia; también brinda oportunidades para superar roles que históricamente han recaído en ellas, como el cuidado y el sostenimiento del hogar; y ayuda a que las mujeres rurales tengan voz para decidir el destino de sus veredas, familias y cosechas. Aunque les dicen las guardianas del campo, ellas son las más vulnerables frente a la desigualdad; eso también queremos cambiarlo”, dice Vélez.

La iniciativa, lejos de perder fuerza, continuará recorriendo trochas y municipios del país para revertir un escenario de agresiones contra niñas y mujeres. En 2025, la Defensoría del Pueblo documentó 113 feminicidios y poco más de 30.000 delitos sexuales y agresiones familiares.

Vélez concluye que “Ofelia” les dice a las colombianas que no están solas y que el arte y la pedagogía pueden mostrar que sí existe una vida libre de agresiones contra las mujeres.

Si desea conocer los cortometrajes puede hacerlo a través de este enlace o visitar directamente la iniciativa ´Ofelia no está sola´.

Cargar con varias décadas buscando a un ser querido desaparecido se está haciendo más pesado para las mujeres que se han dado a esa labor. Algunas sienten que el tiempo y las esperanzas de encontrarlos con vida, o en su defecto algún cuerpo al que poderle dar sepultura, se agota. Otro grupo asume que la búsqueda implicó enfermedades, empobrecimiento o secuelas irreparables, y desisten de recorrer trochas y lomas. Pero la gran mayoría de las casi 500.000 mujeres buscadoras coincide en que la elección del presidente Abelardo de la Espriella supone un nuevo reto para una búsqueda que llevan haciendo más de la mitad de sus vidas y que solo tiene como propósito encontrar a sus allegados, la verdad de los crímenes de los que fueron víctimas y garantías de no tener que volver a llorar a un familiar ausente.

El Espectador habló con algunas de las madres, esposas o hermanas que hace décadas pausaron sus vidas para emprender la búsqueda de sus desaparecidos acerca de sus expectativas para el próximo cuatrienio. La respuesta más repetida: preocupación y desazón respecto a la llegada de un presidente que, independientemente de su orilla política, no oriente los esfuerzos del Estado a cumplir demandas que han repetido por décadas y frente a diferentes mandatarios.

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El Estado (no el gobierno) tiene varios compromisos legales e internacionales con las mujeres buscadoras. En 2023, por ejemplo, el Congreso aprobó una ley que reconoce su lucha y ordena a las entidades llenar los vacíos que toda una vida de búsqueda dejaron en sus hogares, como nulo acceso a salud, ingresos dignos o educación y, por supuesto, avances en las investigaciones para determinar dónde están sus familiares y qué fue lo que realmente sucedió con ellos. También está la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos entidades que en buena parte nacieron gracias a muchas de estas mujeres y las discusiones que llevaron a La Habana y que posteriormente se tradujeron en el Acuerdo de Paz de 2016.

“La búsqueda nos ha tocado hacerla por nuestra cuenta durante años. Hemos sobrevivido la tortura, el dolor, el silencio, la violencia sexual y la desaparición de otros familiares mientras buscábamos a los ausentes independientemente del gobierno de turno. Tememos ver que los avances que tantas décadas nos costaron, como la Ley de Buscadoras o las instituciones que nos ofrecen verdad, se devuelvan al punto de partida”, dice Nancy Galárraga, buscadora de Putumayo que aún espera verdad sobre la tortura, desaparición y violencia sexual a las que fueron sometidas sus cuatro hermanas en 2001.

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De vuelta al silencio

El principal temor se extiende a que De la Espriella, que mencionó públicamente buscar tumbar la JEP “de un plumazo” o recortar “de 19 a nueve los ministerios”, se traduzca en un borrón y cuenta nueva para encontrar a sus desaparecidos, sea por falta de voluntad política como por decisiones ejecutivas que derrumben instituciones y leyes que construyeron por su propia cuenta.

Al no haber un empalme adecuado entre el gobierno Petro y el nuevo mandatario, muchas de esas apuestas que consiguieron las buscadoras pueden quedar en el limbo, dice Amparo Buzato, quien busca desde hace 23 años a su hija, Sully, por trochas y veredas de Guaviare y Meta sin ningún resultado hasta el momento.

“Ya no tenemos aliados. Siempre nos hemos hecho escuchar, y esta no será la excepción para que agachen la oreja (sic). Pero el panorama se complica cuando vemos que la búsqueda, las buscadoras y los derechos que nos quitó la desaparición no son una prioridad para el próximo gobierno”, dice.

En su programa de gobierno, compuesto principalmente por la “anticorrupción” o seguridad, De la Espriella no mencionó la reparación a las víctimas de la guerra o que desde sus directrices apoyará restablecer los derechos que las buscadoras perdieron con la desaparición de sus familiares.

La UBPD contestó a El Espectador que hasta el momento no hay fecha en el calendario para conocer cómo trabajará con el gobierno de De La Espriella para dar con el paradero de más de 136.000 desaparecidos registrados en sus bases de datos, como La Escombrera de Medellín o la intervención de cementerios. El Ministerio de Justicia (entidad que podría desaparecer bajo el recorte estatal que propone el gobierno entrante), muestra las mismas preocupaciones. Juan David Villalba, director de Justicia Transicional de esa cartera, asegura: “Al gobierno entrante le quedan cuatro herramientas listas para aplicar a resarcir el daño de la desaparición forzada. Si es responsable, debe recoger los avances y tramitarlos en respuestas. Pero los desafíos que enfrenta son muy importantes”.

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Este diario contactó a Iván Cancino, ministro de Justicia designado para el nuevo gobierno, quien nos remitió al equipo de comunicaciones del presidente electo, del que no obtuvimos respuesta.

Temor del pasado

Otras buscadoras sienten miedo de que Colombia vuelva al pasado, es decir, que vean nuevas desapariciones en el seno de sus familias o que sean violentadas mientras indagan dónde están. Ese es el caso de Cleiner Almanza, quien en los 28 años que ha recorrido los Montes de María en las pesquisas de su hermano ha sufrido violencia sexual y secuestros y, nuevamente en 2026, volvió a ser víctima de agresiones.

La defensora de derechos humanos fue atacada con alcohol hace unas semanas, al parecer por hombres del Clan del Golfo, y alerta que su agresión es un mensaje disuasorio a otras buscadoras que pone, nuevamente, la búsqueda en riesgo extremo.

“Lo único que tenemos es la ley que tanto nos costó llevar al Congreso. Tememos volver atrás no solo cuando retroceden nuestros avances, sino cuando, con la situación de seguridad en el país, vemos riesgos de ser violentadas mientras buscamos o, como me ha sucedido a mí, amenazan con desaparecer a otros familiares si seguimos buscándolos”, dice.

Para Galarraga y Almanza, solo el tiempo dirá qué vendrá en el próximo cuatrienio: un gobierno aliado con la búsqueda y la justicia que reclaman o, por el contrario, un nuevo mandato presidencial en el que ellas, a sus avanzadas edades, deberán nuevamente salir con pala y mapa en mano a intentar encontrar pistas.

“Nos mueve el amor por nuestros seres queridos y solo queremos que el próximo gobierno nos permita que el dolor de la desaparición forzada se convierta en derechos. Nada más”, concluyen.

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