Las decisiones en las ciudades no han logrado mejorar la vida de las mujeres en el campo. Este martes 2 de junio, Día Nacional del Campesino, la Defensoría publicó una nueva alerta sobre la vida desigual que millones de mujeres en parajes rurales continúan viviendo.

El comunicado explica que la institucionalidad en su conjunto (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no ha podido mitigar un escenario de pobreza, inequidad y violencia que las mujeres viven en sus parcelas rurales. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias para la igualdad de género en el campo, pero también en la soberanía alimentaria del país.

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No es un problema ajeno a las ciudades: de estas mujeres depende en gran medida el sustento de las familias campesinas y que, gracias a su trabajo, los municipios y grandes metrópolis tengan comida en sus mesas a diario. Datos del DANE han contabilizado que cerca de 5 millones de mujeres dedican sus días, patrimonio y proyectos de vida para producir el 70 % de la comida que llega a las alacenas de las ciudades.

Su trabajo se complica, dice la Defensoría, cuando viven realidades desiguales y la guerra y el desplazamiento las afecta diferencialmente a ellas. El DANE también explica que casi una de cada cuatro de estas jornaleras está en el umbral de pobreza y vulnerabilidad.

“Persisten problemáticas que afectan de manera estructural el acceso a la tierra en la ruralidad y desigualdades de género que tienen impactos diferenciados sobre poblaciones donde habitan mujeres campesinas, de la pesca y pueblos étnicos”, explica la Defensoría.

Falla estructural

Si bien la Defensoría no detalla explícitamente cuáles son los baches en los que ha caído el Estado con sus mujeres rurales, hay organizaciones y expertos que sí explican por qué después de décadas de ver el panorama, aún se sigue replicando en el campo.

Ángela María Penagos, directora de la CEPAL en Bogotá, explicó a El Espectador que la desigualdad ha colonizado casi todos los ámbitos de la vida de las mujeres rurales, desde lo económico hasta las posibilidades de lograr la autonomía financiera y salir de círculos viciosos de violencia. La principal consiste en tareas del cuidado no remunerado y que históricamente ha recaído en ellas para sostener las finas y las parcelas.

“La tradición en las zonas rurales les ha asignado unas labores que no se pagan, pero son productivas. Algunos ejemplos son el cuidado de la huerta, el manejo de las semillas, encargarse de los animales y alimentar a los peones. Si ellas no hacen estas actividades, habría que pagarle a alguien para que lo haga”, explica Penagos.

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El Congreso, por su parte, ha fallado en dilatar la discusión de la Jurisdicción Agraria: una nueva plataforma judicial que en el papel pretende agilizar los conflictos rurales que en otros estrados de la justicia pueden tardar años o incluso décadas. La discusión, de no darse antes del final de la legislatura, quedaría sepultada y tanto hombres como mujeres que subsisten del campo tendrían que esperar al Congreso 2026-2030 para que la discuta y apruebe.

La Corte Constitucional y centenares de plataformas campesinas de todo el país han reclamado la luz verde de esta Jurisdicción, pero hasta el momento el Legislativo le ha dado prioridad a otros proyectos.

Pero hay muchos más retos. La Defensoría explica que es tarea del Ejecutivo ordenar directrices que cierren brechas económicas, educativas y de participación para estas mujeres, sin importar si están en municipios rurales cercanos a las ciudades o si se ubican en inmensos predios en las regiones de Colombia.

Se debe “avanzar en la democratización del acceso a la tierra, con seguridad jurídica y ordenamiento social (...). Además de corregir las brechas del catastro multipropósito para que el patrimonio y la tierra difícilmente obtenida por el campesinado no se afecte gravemente”, subraya la Defensoría.

Cartas urgentes

En 2023, el Estado se comprometió con sus campesinos a brindarles un trato diferencial como resarcimiento por las décadas que vivieron al margen de la participación política y lo crudo que fue el conflicto con sus “paisanos”. Pero la Defensoría asegura que todas las instituciones deben articular recursos, esfuerzos y voluntad política para cumplir realmente esa promesa.

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De no tomar decisiones, y rápido, el campo podría estar en riesgo de quedar desierto y sin mujeres que entreguen sus proyectos de vida para producir comida. Por ahora, la brecha continúa: Colombia depende de sus manos para alimentarse, pero sigue sin garantizarles las mismas oportunidades para prosperar sobre la tierra que trabajan.

La Corte Constitucional despejó una inmensa zona gris para miles de madres en Colombia. Hace unas semanas, el alto tribunal puso punto final a la historia de tres mujeres que estaban en licencia de maternidad o lactancia y que fueron despedidas.

Ellas insistían en que la ley estaba de su lado. La Constitución y las normas laborales reconocen una protección especial para quienes atraviesan el embarazo y la lactancia, precisamente porque son etapas en las que perder el empleo puede traducirse en una cadena de vulnerabilidades para ellas y sus hijos. Sin embargo, sus reclamos fueron ignorados. Terminaron sin trabajo, enfrentando incertidumbre económica y recorriendo despachos judiciales en busca de una respuesta que reconociera que la maternidad no podía convertirse en una razón para perder el sustento.

El fallo es considerado histórico, porque traslada la discusión del terreno laboral al de los derechos fundamentales. Durante años, los primeros seis meses posteriores al parto, que coinciden con el período de lactancia materna exclusiva, eran el límite para buena parte de las protecciones asociadas a la maternidad. No obstante, una reforma aprobada en 2023 fortaleció la protección de la lactancia materna y abrió la puerta para que esta pueda extenderse hasta los dos años de edad del menor, siempre y cuando exista respaldo médico.

Para la Corte, ese cambio confirma que las garantías constitucionales de las madres no pueden evaluarse únicamente contando días en el calendario.

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Por eso la Corte concluyó que las garantías constitucionales que protegen a las mujeres durante el embarazo y la lactancia no desaparecen automáticamente por el solo hecho de que termine la licencia de maternidad, sino que deben evaluarse a partir de las circunstancias concretas de cada caso y del bienestar de los niños involucrados.

“La lactancia es un componente fundamental de la igualdad de género y la conciliación entre la vida laboral y familiar”, explica el fallo.

La sentencia también da un “jalón de orejas” a los empleadores por desvincular a mujeres que gozaban de protección constitucional derivada de la maternidad y la lactancia. Así que ordenó medidas para restablecer sus derechos, incluidos reintegros y reconocimientos económicos. Además, concluyó que las desvinculaciones fueron discriminatorias.

La triple vulneración

El caso más llamativo de la sentencia explica la historia de Manuela*: una madre en Cali que con su hijo en brazos se enteró de su desvinculación a través de Whatsapp. Ella alegó que, por su condición de madre lactante, seguía amparada por las garantías constitucionales de protección a la maternidad y no se explicaba por qué luego de siete años de trabajar en la Alcaldía de Cali su despido llegaba poco después del nacimiento de su hijo.

La entidad encontró refugio en el calendario. La Alcaldía argumentó que habían pasado seis meses y 11 días desde el nacimiento de su hijo y que, en consecuencia, las protecciones especiales de las que ella decía gozar ya habían expirado. Esa diferencia de 11 días terminó simbolizando una discusión sobre si la protección constitucional de la maternidad desaparece cuando vence un plazo o si exige analizar las circunstancias concretas de cada mujer y de cada niño.

Ella peleó por todos los frentes. Manuela argumentó que seguía dependiendo de su trabajo para sustentar económicamente a su hijo recién nacido y que estaba protegida bajo la figura de la “protección laboral reforzada”. Sin trabajo y con un hijo a bordo, dice la sentencia, sus probabilidades de caer en un bache de vulnerabilidades solo aumentaban. Interpuso derechos de petición, solicitó que el despido fuese revocado y escaló el caso a escenarios judiciales con tutelas, pero nadie escuchó sus reclamos. Los estrados de primera y segunda instancias le dieron la razón a la Alcaldía de Cali e incluso le sugirieron que tramitara sus diferencias por otros mecanismos, como una demanda laboral que podía tardar años en resolverse.

Carolina Tejada, abogada que acompañó todo el trámite de la tutela, explica que el fallo deja varias victorias judiciales para las madres lactantes en Colombia.

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“Manuela era una contratista, pero la sentencia deja claro que la forma laboral no puede ser utilizada para desconocer derechos; eso es un precedente no solo para miles de madres, sino mujeres que trabajan bajo prestación de servicios y que pueden pelear por sus derechos. La maternidad y la lactancia no pueden convertirse en factores de exclusión laboral”, explica.

Derechos para todos

La decisión de la Corte Constitucional no solo se limita a Manuela o a las otras mujeres que quedaron “en ceros” al ser despedidas. La sentencia también explica que estos escenarios deben tener en cuenta los derechos de los niños.

El fallo incluye la historia de una madre venezolana que fue despedida tres días después de haber informado su embarazo. El desempleo le trajo pobreza extrema, secuelas psicológicas y la pérdida en un laberinto jurídico de un país que no conocía por completo. Sin empleo, ingresos o información, dice la sentencia, no solo se afectaba su integridad, sino las posibilidades de gestar y dar a luz a un niño en condiciones dignas.

“La lactancia materna del niño no puede entenderse de manera aislada respecto de la madre: su bienestar constituye el medio indispensable para su desarrollo”, reza la sentencia.

Para Tejada, la decisión trasciende los casos que llegaron a la Corte. También les recuerda al Estado y al sector empresarial que la discriminación no es una opción y que la maternidad no puede convertirse en una desventaja laboral. Ser madre, concluye, no debería implicar perder oportunidades, ingresos o estabilidad, sino acceder a una crianza digna y una vida con derechos garantizados.

*Nombre modificado por privacidad.

De acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera de Banca de Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia, las mujeres usan más activamente sus productos financieros que los hombres en casi todos los segmentos donde logran acceder a ellos. En depósitos de bajo monto entre los 41 y 65 años, su tasa de uso activo supera la masculina en más de cinco puntos porcentuales. En crédito de consumo, son el único segmento que creció en 2024, pues más del 6,3% en monto desembolsado y del 16,1% en número de operaciones, mientras el crédito masculino caía o se estancaba. Y aun así, el sistema les presta menos, en peores condiciones y con menor frecuencia.

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Esta brecha no nace de un comportamiento de riesgo elevado ni de una relación problemática con los productos formales. Nace de que el sistema financiero construyó sus criterios de evaluación sobre variables que no representan la realidad de la mayoría de las mujeres colombianas: empleo formal estable, historial crediticio continuo, ingresos documentados y patrimonio acumulado.

Cuando esas variables faltan, ya sea porque la mujer trabaja en la informalidad, tiene ingresos variables, nunca accedió al sistema o vive en una zona rural dispersa donde apenas el 16% de las jóvenes entre 18 y 25 años usa productos de depósito, el modelo la excluye por su invisibilidad ante los datos.

Ahí es donde Finanzas Abiertas, que es el término que el marco regulatorio colombiano usa para referirse al Open Finance, cambian las reglas de juego, siendo una expansión de cómo se evalúa financieramente. El modelo permite que los datos financieros de una persona, con su consentimiento, circulen entre entidades vigiladas y terceros autorizados para construir productos más ajustados a su realidad. Eso significa que una entidad podrá acceder a datos de billeteras digitales, transacciones en plataformas de comercio electrónico, facturación electrónica o flujos de pago entre particulares.

Si una entidad puede acceder, con el consentimiento de los usuarios, a datos de billeteras digitales, transacciones en plataformas de comercio electrónico, facturación electrónica o flujos de pago entre particulares, empieza a construir una imagen de capacidad financiera que el modelo tradicional nunca pudo ver.

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Una mujer que administra el gasto del hogar con disciplina, que recibe pagos recurrentes por trabajo informal o que mantiene un pequeño negocio con flujo de caja positivo no deja rastro en el sistema convencional. En un ecosistema de datos abiertos, esa misma mujer tiene un perfil financiero legible y evaluable.

Esto también abre oportunidades concretas en microcrédito. Las mujeres ya superan a los hombres en número de desembolsos, 46 por cada mil adultas frente a 41 en hombres, precisamente en el segmento donde los criterios de evaluación son más flexibles y los datos

alternativos tienen mayor peso. Ese mismo principio debería escalar hacia productos de mayor capacidad como el crédito de consumo, vivienda, capital de trabajo, etc. El crecimiento reciente del crédito femenino muestra que cuando los criterios se flexibilizan y los datos disponibles se amplían, las mujeres califican y pagan.

Las finanzas abiertas no resuelven por sí solas la conectividad ni la inclusión financiera, pero sí amplían el universo de información disponible para evaluar a quienes están en condiciones que el modelo convencional sistemáticamente pasaba por alto.

Colombia ya tiene la regulación en marcha. Lo que falta es que las entidades entiendan que la inclusión financiera femenina no es una agenda social paralela a su negocio, y que las mujeres reconozcan que los datos que ya producen cotidianamente tienen un valor financiero que el sistema apenas está aprendiendo a leer.

La siguiente fase requiere que el sistema financiero construya la capacidad técnica y regulatoria para usar esa información como estándar de evaluación, y que lo acompañe de un mensaje claro de confianza, ya que una mujer que autoriza compartir sus datos financieros no solo está cediendo información, sino que está construyendo un expediente que el sistema convencional nunca le permitió tener. Esa posibilidad de volverse visible, y las oportunidades que se abren con ello, es precisamente lo que las finanzas abiertas ponen sobre la mesa.

*Fiskil es una compañía que provee una plataforma de infraestructura de Open Finance y Open Data, que permite a bancos, fintechs, aseguradoras y otros participantes del ecosistema conectarse y compartir datos financieros.

La imagen más icónica de Sonsón es la del “balcón más bonito de Antioquia”. Paredes crema, siete balcones jade en el tercer piso; siete en el segundo, cada uno con calados barrocos tallados por manos sonsoneñas; tres comercios en el primero, a lado y lado del gran portón central y unas chivas vivaces a menudo parqueadas al frente. Pequeñas réplicas de los balcones de esa casa se venden como souvenirs de Sonsón. Este fue, durante 56 años, el rostro del hogar de doña Soledad Henao de Restrepo, el mismo que vieron un puñado de expresidentes y líderes políticos que durante 20 años se hospedaron ahí. La señorona, que en abril cumplió 101 años, salió a votar por primera vez desde esa casa, gestó allí su carrera al concejo municipal, su lugar en la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón y levantó a su familia. ¿Su secreto para vivir más de un siglo? La casa misma.

“Yo viví en función de todo. De ir, de venir, de bajar, de subir. Imaginate que yo tenía un almacencito en la casa y me sentaba al frente a coser y entraba gente ¡y yo bajaba las escalas volada! Y la subida lo mismo”. En ese almacén “se conseguía lo más primoroso”, recuerda la periodista sonsoneña Patricia Nieto. “Las señoras conseguían pañoletas de seda, collares de ‘perlas’, porcelanas, estuches para arreglo de uñas… ella fue la primera persona que yo vi usando zapatones: botines para la lluvia que se ponían sobre los zapatos”, muy útiles en Sonsón, un pueblo en un páramo.

“Sin tener con qué”, don Ovelio Restrepo, el marido, se la compró a Roberto Quintero, quien la construyó a inicios de siglo. Recién casados, teniendo doña Soledad 28 años, se mudaron allá. “Nosotros a esa casa le hicimos mil arreglos porque son casas viejas con muchas cosas. Por ejemplo, esas casas los baños los tenían era en la cocina”, pero ellos los pusieron en las habitaciones.

Doña Soledad es cercana a mi familia materna desde hace décadas. Mi abuelo, el doctor Daniel Franco, como médico del pueblo, fue un respetado líder social y concejal durante doce períodos –entonces de dos años– entre 1962 y 1986. Él, cuenta doña Soledad, vio en ella una capacidad de liderazgo y la invitó a inscribirse en las listas del conservatismo. Fue suplente del 68 al 70 y concejal en forma entre el 74 y el 76. Pero todo esto lo supe hace poco. Conozco a Soledad desde mi infancia, como si fuera una hermana de mi abuela, doña Belén Arias de Franco, otra benefactora de la Sociedad de Mejoras Públicas. La recuerdo como una viejita que, conmigo, el niño chiquito de la casa, era alcahueta. Con una mirada cómplice y un gesto de que hablara en voz baja, me estiraba su mano con algún confite cuando íbamos de paseo por Antioquia. Hoy goza de una salud que no delata que tiene 101 años. Habla y se ríe con la misma elocuencia que, recuerdo, tenía hace 20 años. Camina con ayuda de sus cuidadores o de un bastón. Lleva su cabello corto y este parece una nube cuyas sombras internas no son grises, sino moradas: viene de una época en que las señoras canosas se aplicaban tintes azules o violeta para evitar los amarillos. Sobre el dorso aguileño de su nariz, sus gafas encajan en dos pequeños surcos que ellas mismas hicieron tras décadas de estar ahí colgadas.

Me reúno un día con ella y mi abuela a tomar el algo en su casa, en Medellín. Allí vive con su hijo menor y cuidador, Elkin Fernando, y Dido, una gata blanca.

“¡El que no es uribista es comunista!”, suele decir mi abuela. Ella, a diferencia de las pelimoradas, aceptó el tono amarillo en sus canas, que se ve más bien como dorado. De resto, tiene un porte similar al de Soledad. Es grácil y extrovertida, y viste con prendas de telas coloridas que ella misma escoge y le encomienda a su modista. La conversación transcurre entre antigüedades que configuran una declaración de principios: fotos de parientes de hace más de un siglo, cuadros y estatuillas de la Virgen María ordenadas por tamaño, una colección con 125 rosarios, muebles de madera oscura, jarrones, fruteros, ceniceros y figurillas de personajes, si no de porcelana, de cristal tallado y algo muy sonsoneño: un cuadro de la Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Cuando muchos sonsoneños se detienen en la plaza principal, ver bien conservada la casa donde vivió doña Soledad les sirve para descansar la vista tras posarla sobre lo que consideran una atrocidad arquitectónica y un recuerdo tormentoso del lado opuesto de la plaza: la Catedral. En ese espacio se erigía un templo neorrománico cuya construcción tardó 26 años y en la que buena parte de los habitantes, sin distingo de clase social, colocaron piedras y granito. Tan relevante era esa iglesia que se dibujó en el centro del escudo del pueblo. Pero un terremoto como de la ira de Dios en 1962 obligó a la demolición del edificio y, en su lugar, se construyó una nueva catedral guiada por un parámetro del Concilio Vaticano II: la noble sencillez. Ahora se eliminaba la ornamentación excesiva y pomposa, supuestamente en favor de la participación activa de los fieles. El resultado fue un edificio moderno que los fieles sonsoneños lamentan: fofo e influido por el estilo de Piet Mondrian (pintor neerlandés que se dedicó a pintar rectángulos con los colores primarios), incoherente con el resto del paisaje urbano. Ahora, hay murales conmemorativos en calles del pueblo. Y, como si fuera el retrato de un antepasado fallecido al que se venera, miles de sonsoneños cuelgan en su casa una imagen en blanco y negro de la iglesia anterior.

—Hablemos pues de la casa —les pido a las señoras tras un rato en el que repasan la actualidad de la política colombiana.

—¿Quién más fue a mi casa? ¿Importante? —hace memoria doña Soledad.

–—Pastrana! —responden al tiempo.

Eran los años 70. “Cuando quiso ir el presidente de la república a Sonsón, nadie lo quiso recibir. Estábamos en una reunión de la Sociedad de Mejoras Públicas —el brazo civil de la élite local, que impulsó la modernización del pueblo— y todo el mundo era “No, ni bamba; no, ni bamba”. Y yo dije “¡Yo lo recibo!”. ¿Cómo? “Sí, yo lo recibo. Tengo baño en la pieza”. Era la única casa que así lo tenía.

Doña Soledad admite que sus huéspedes y comitivas no siempre hacían gala de buenos modales. En la primera visita de Pastrana, asegura, un grupo de mujeres “de alta sociedad de Manizales” con sus maridos militares, llegaron a la casa una mañana sin invitación. Ella las atendió, no en la sala, que estaba arreglada para recibir esa noche al presidente, sino en el recibo. El grupo no se retiró hasta que Soledad, a la hora del almuerzo, les exigió que se fueran. La anécdota, que a ella le pareció inocua, corrió rápidamente por el pueblo y, al parecer, se interpretó como muestra del tesón de la señora para recibir invitados de alto perfil. “¡Qué mujer tan despejada! —afirma haber escuchado— Si es a nosotros que nos pasa eso, nos lleva el diablo. ¿Qué hacemos con esa gente?”. Y, desde entonces, doña Soledad se volvió una matrona, “la gran anfitriona por excelencia”.

“Por la noche ¡en mi casa! unas porcelanitas que tengo allí. No las he dado por eso. Yo bien pobre, arreglé mi sala muy linda con lo que tenía. Mis porcelanitas, las metieron debajo de una mesa, los señores, todos los adornitos me los metieron. Se sentaron en la mesa… yo no le digo qué político importante no fue esa noche, a mi casa. Entonces Luis Alfredo Ramos me dijo ‘Ay, yo le reparto el trago, Soledad, déjeme a mí’”. Ramos era veinteañero en ese momento, luego sería un destacado senador y gobernador del departamento. Por favor, no busquen por qué acabó en la cárcel.

—Claro, reparta usté el trago —prosigue—. Entonces yo le di el trago que tenía. Lo que yo tenía se los di.

—Fue muy amplia, muy atenta, eh, avemaría. A mí me parece que muy conchudos. ¿Sí o no? —interpela Belén.

Eso lleva a Soledad a recordar esta historia:

—Yo estaba en mi casa tranquila… Cuando llegó un señor y dijo “¡Doña Soledad Henao de Restrepo!”. Y yo estaba en mi pieza y salí. Dije “¿Quién es?”. “Mucho gusto en saludarla y conocerla”. “¡Ay, doctor Turbay! ¿Cómo está? Camine éntrese, súbase”… Turbay Ayala.

—¿Julio César? —pregunta mi abuela Belén.

—Julio César. Subió y me hizo visita y dijo “A la noche queda invitada para el baile. Vengo por usted”.

—Vea, qué tan querido… —dice mi abuela mientras come helado con frutas y hace sonar la cuchara cuadrada de postre sobre la porcelana.

—Oiga, por la noche fue por mí para el baile y yo salí con él. Cuando yo llegué al convite: “Que doctor Ayala, ay, aquí hay niñas que son muy de su partido, de su agrado, qué tan rico que usted las conozca y todo”... Y cogí a Mercedes Ochoa y a otras y se los embutí…

—¡Hm! —mi abuela cambia el gesto.

— ...porque yo sabía que Turbay Ayala borracho es una porquería.

—Eso es cierto, muy enamorao.

—Se sobrepasaba —interviene Elkin, hijo de Soledad—. Doña Nydia lo dijo en una entrevista que le hicieron antes de morir: “Él era coquetico”.

—Es que él era tío de ella.

Teniendo Nydia Quintero 16 años, se casó con el hermano de su mamá, que tenía 32.

—Sí, entonces dije: “¡Ni bamba conmigo! No, no, no, ni bamba”.

Belén ha contado varias veces que Turbay Ayala no podía ver una falda sin mandarle la mano. Un día, en la inauguración de alguna obra, el presidente vio un largo faldón negro moviéndose como una campana y, de repente… “¡Ay!”, exclamó el obispo.

Hay una constante en la historia: lo que para una generación es revolucionario, para la siguiente puede ser anticuado. La participación de las mujeres en política y los procesos de modernización que impulsaron las Sociedades de Mejoras Públicas son ejemplo de ello.

“Me encantaba la política. Yo me iba a llevar la gente a votar y a que votaran por los nuestros, siempre por el conservatismo”, dice.

—Cuando voté por primera vez… emocionante fue esa votada… irnos por la mañana a primera hora a votar, porque ya la mujer podía votar y teníamos ese permiso de votar y ese derecho. Eso era delicioso. Y nos fuimos a votar.

—¿Y por quién votaste?

—Mijito, yo era lo más godo del mundo entero. ¿Y quién era el candidato en ese momento? Yo creo que era Alberto Lleras Camargo… Oíme. Gozábamos tanto haciendo eso que nosotros en las elecciones hacíamos tarimas. Y en la tarima nos subíamos a hacer la propaganda y a gritar, ¿y qué les parece que a mí me temían mucho? Porque había un señor de Sonsón que era contrario a mí. Era de este partido, ¿cómo es? De la Anapo. ¿Sería la Anapo? —Sí, era la Anapo—. En todo caso, yo pelié con él. Pero así, así en la calle, me puse a peliar con él y le quité los votos y le dije que no fuera descarao.

En La Acción, el periódico de la Sociedad de Mejoras Públicas, Juan Manuel Jaramillo Villegas dice que doña Soledad se volvió “la última duquesa de Sonsón”; y su casa, su castillo. La compara con la artista y escritora Johanna Schopenhauer, la madre del filósofo, y socialité a cuya casa acudían las personalidades de la época.

—La obsesión mía fue la casa. Que la casa estuviera sumamente bien, que la casa tuviera esto… yo era obsesionada.

—Y atender muy bien a Ovelio, a sus hijos, ese caserón tan grande… —agrega Belén.

Antigüedades adornan los comercios más vistosos del pueblo. El pueblo tiene 12 museos y todos hablan de la tradición: Museo Casa de los abuelos, Museo de arte religioso, Museo Costumbrista La Jonda, Museo Fiesta del Maíz… José Manuel Ocampo, un joven de 23 años que de niño aprendió de memoria el recorrido de cada museo y ahora trabaja como coordinador de la red de museos del pueblo en el Centro de Historia, recita un adagio heredado: “Los sonsoneños padecen dos enfermedades: la nostalgia y el miedo al olvido”.

La casa de doña Soledad ahora es la sede de la escuela de música del pueblo y se puede recorrer como un museo. Al fondo del gran patio de la entrada del primer piso hay dos pianos de sofisticado diseño, pero con mínimo mantenimiento: los cubre una capa de polvo; la tapa mal puesta deja ver sus órganos internos y tienen teclas mudas. La habitación que fue la sala de la casa conserva el tapiz rojo con un patrón de coronas de laureles doradas. Los balcones hacia adentro siguen coronados con dinteles de madera oscura ornamentada. En esa sala Soledad pasó tardes de amigas, de cafés, de chismes. Ahora el tapiz está abombado y, por partes, agrietado y destapado. La tela de la cojinería de los sillones republicanos está desgastada y deja ver la esponja que lleva dentro. Junto a los sillones, ahora habitan varios tambores y una organeta. No volverá a existir igual de imponente, de elegante, de servicial, de acogedora —reza el elogio a doña Soledad en La Acción—. Las habitaciones ahora son salones de clases y salas de ensayos. Esa casa carga consigo el paso del tiempo, pero, como doña Soledad, se ve más joven de lo que es.

Había una relación simbiótica entre esta mujer y su casa. ¿Qué era lo más especial?

Responde Soledad que las flores, las que la gente admiraba en las tardes de café, y que adornaban la vida cotidiana.

—Tuve geranios bellísimos…

—¡Lindos! —añade mi abuela.

—... y Virginia Villegas estuvo en mi casa almorzando y se puso quitarles las hojitas. Al día siguiente se la trajeron para Medellín a operarla. Le dio una cosa rápida al hígado… y se murió. Y se murieron todos los geranios.

Mientras muchos sectores se preocupan en cómo se moverán las riendas económicas o las políticas de seguridad, hay quienes ponen su principal foco de atención en cómo hará el Ejecutivo, sin importar de qué lado del espectro político se ubique, en resolver necesidades de las mujeres, como combatir las agresiones basadas en género y la exclusión de espacios de decisión o del sistema financiero.

Las cifras lo explican así. De acuerdo con la Registraduría, las mujeres representan poco más del 51 % del censo electoral y exigirán antes, durante y después de los escrutinios mejores condiciones de vida y escenarios más equitativos y libres de violencia.

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“La democracia colombiana requiere voces femeninas para hacer realidad la promesa de diversidad social (...). Pero aún siguen sufriendo discriminación de género y subrepresentación en espacios políticos”, comenta Angelika Rettberg, decana e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

El arte de transformar

Algunas de las medidas necesarias dependen directamente de órdenes del despacho presidencial, como directivas para prevenir la violencia de género o implementar políticas de seguridad en los territorios que viven en guerra y que perjudican a las mujeres de formas particular, como violencia sexual o reclutamiento de niñas.

Una de las decisiones claves será el futuro del Ministerio de la Igualdad, hoy bajo revisión de la Corte Constitucional, que dejó una política pública de largo aliento para las mujeres: el Sistema Nacional de Cuidado, que pretende dignificar la vida de madres o cabezas de hogar que dedican un tercio de sus vidas a trabajos no remunerados en el hogar.

En el Congreso, por otro lado, según ONU Mujeres, se deben modificar al menos 117 leyes que siguen siendo discriminatorias o creando mundos desiguales entre hombres y mujeres. Así se logró en el pasado con leyes como la prohibición del matrimonio infantil, la ley que reconoce a las mujeres buscadoras de desaparecidos forzados como constructoras de paz o la aprobación de la licencia de maternidad para mujeres en política.

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Pero las tareas siguen. En los anaqueles legislativos aún reposan leyes que deben ser modificadas en Senado y Cámara de Representantes para seguir pavimentando el camino hacia la igualdad de género. Ese es el caso de la Ley 294, que permite que una mujer agredida en razón de su género sea confrontada con su agresor y necesita ajustes de forma y fondo para revertir esa situación. También hay normas, como la 1900 de 2018, en la que se habla explícitamente de “jefes de familia” y que, además de excluyente, es una barrera para que las mujeres tengan propiedad jurídica de la tierra, aunque el organismo de Naciones Unidas para las mujeres insiste en que debe ser reformada.

Más allá de la paridad

Lina Álvarez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, considera que la tarea del siguiente mandatario o mandataria también estará en elegir a mujeres capacitadas en los altos cargos de poder que respondan a los intereses de millones de mujeres en los eslabones más bajos de la pirámide.

Hoy, el gabinete ministerial, de 19 plazas posibles, solo tiene nueve mujeres manejando las principales carteras que deciden sobre asuntos de educación, transporte, tecnologías y cultura, incluyendo a Irene Vélez, que, aunque lleva varios meses en su cargo como ministra de Ambiente, no ha sido posesionada.

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“Tratar el tema de la participación de las mujeres en política al debate puramente electoral es reducir su agencia política. Sin duda alguna, la participación equitativa de las mujeres en el aparato estatal es fundamental, no solo en términos de justicia de género, sino de justicia social en general”, comenta Álvarez.

En todos los frentes

Tanto Rettberg como Álvarez coinciden en que lograr un país más justo con las mujeres no depende únicamente de lo que pase en los pasillos de la Casa de Nariño, pero desde allí pueden iniciarse grandes avances. A 12 días de conocer los resultados en primera vuelta por la Presidencia, Rettberg muestra interés por lo que pueda suceder con las mujeres en el Congreso, hoy solo ocupando el 29,8 % del Parlamento, quienes deberían ser la voz de más de 27,2 millones de mujeres que viven en todas las latitudes del país. Su rol será fundamental no solo para tramitar iniciativas provenientes del Ejecutivo, sino para traducir el clamor de las ciudadanas en leyes y proyectos aprobados.

Álvarez, por su parte, cree que lo que pase en el mundo político es importante, pero que la lucha por los derechos de las mujeres no debe depender de un solo frente de batalla. “Es cierto que transformar la desigualdad pasa por acceder al Estado, donde se toman decisiones, pero lo fundamental es construir equidad en todas las dimensiones de la sociedad (...) no debemos colocar todas nuestras fuerzas y demandas colectivas en ese único lugar si queremos transformar realmente la desigualdad con las mujeres”.

El poder no tiene por qué heredarse o negociarse: es posible ganarlo a pulso. Esa es la idea que defiende Sixta Zúñiga, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Ella es la cabeza de un organismo autónomo en el Estado que marca la pauta para que la función pública, más allá del clientelismo o favores personales, sea ocupada con méritos.

Hace tres años se convirtió en una de las pocas mujeres en llegar a la dirigencia de esa entidad con varias tareas. La primera, procurar que los más de 1,3 millones de servidores públicos que hacen parte del organigrama estatal sean las personas más capacitadas del país. Y una tarea quizá igual de importante: mostrarles a las niñas que los techos de cristal también pueden romperse en espacios de función pública que fueron ocupados por hombres.

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Su trabajo consiste, en pocas palabras, en ajustar las reglas de juego para que los cargos públicos, sean en ministerios, gobernaciones o agencias locales, estén comandadas por las personas más capaces y que entiendan cómo desde sus diferentes investiduras pueden contribuir al desarrollo en Colombia. ¿Cómo funciona? Las entidades anuncian que hay vacantes laborales y la Zúñiga y su equipo se encargan de las convocatorias, pruebas y posterior selección para que las personas elegidas sean realmente las más idóneas para el cargo. Así funciona, por ejemplo, con la DIAN, los ministerios, hospitales públicos o entidades técnicas del Estado.

A sus nueve años tuvo que salir de Uribia para buscar un currículo educativo que se ajustara a sus pretensiones. Ya graduada como bachiller, se enfiló en el derecho administrativo, el cual completó en pregrado y diferentes especializaciones. Tras pasar por cargos como la Alcaldía de Uribia y el Ministerio de Defensa, fue elegida por unanimidad por la Sala Plena de la Comisión para manejar las riendas meritocráticas en la función pública.

Hoy Sixta es una de las primeras mujeres de Uribia en salir de su territorio, profesionalizarse y llegar a un alto cargo del Estado que, precisamente, les abre camino a las otras niñas del territorio cuyos perfiles (de vivir en periferias y tener escasas oportunidades de volverse profesionales) seguirían rezagadas del empleo público. Incluso fue premiada por la Gobernación de ese departamento con la Medalla Mujer Guajira, un galardón que aplaude cómo Zúñiga se convirtió en referente de miles de mujeres. Hace unas semanas, incluso, llegó a Nueva York, sede de la ONU, para hacer una ponencia sobre cómo la meritocracia puede devolver devolver la confianza y legitimidad a una función pública erosionada por las “palancas” y mala gestión.

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“Sin servidores públicos idóneos no es posible garantizar servicios adecuados. Debemos generar confianza ciudadana haciéndolo más representativo, pero también con base en el mérito”, comenta Zúñiga.

El mérito de llegar

Zúñiga sabe que hablar de mérito también implica mencionar las oportunidades; incluso la desigualdad. Durante décadas se ha puesto la meritocracia en tela de juicio porque no todos parten del mismo lugar, ni cuentan con las mismas oportunidades ni lo hacen en los mismos contextos. Pero defenderla, comenta, puede hacer un Estado más incluyente y eficaz.

Michael Sandel, filósofo político de la Universidad de Harvard (EE. UU.), cree que es un “ideal atractivo”: en la teoría, promete oportunidades iguales para todos en una sociedad. Pero ahí aparecen los problemas. El trayecto no es el mismo para una mujer que nace en Uribia, uno de los municipios con más pobreza multidimensional del país, a la historia de un hombre que crece en alguna ciudad principal.

“Crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás (...) aún cuando las oportunidades en realidad no son iguales”, comenta Sandel.

Su trabajo se ha exportado a otros sectores sociales, como a las personas con discapacidad. Gracias a su trabajo abrieron 400 vacantes para una población históricamente excluida del empleo formal y del acceso al servicio público. Incluso ha llegado a espacios de poder como el Congreso para convencer a los legisladores de discutir normas que incentiven las acciones afirmativa. Su fórmula se explica así: si los cargos públicos son producto del mérito, entonces el Estado se volverá más representativo y generará más confianza.

Equidad en tierras desiguales

Para Zúñiga aún quedan tareas pendientes. Una es mostrar que el Estado sí puede ser manejado por personas idóneas y romper el paradigma de que esas plazas públicas se heredan o solo se ocupan gracias a favores políticos.

Pero hay otra tarea que, considera, es más importante: construir equidad a través de oportunidades y acciones afirmativas que, en unos años, permitirán que más personas de parajes lejanos, como ella, puedan manejar las riendas del Estado y romper décadas de desigualdad. El reto no es menor: Colombia es uno de los cinco países más desiguales del mundo, según la ONU, y puede tardar generaciones enteras en solucionar ese desafío.

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“Cuando hay reglas claras y transparencia se contribuye a un valor mucho más alto que el empleo: la confianza ciudadana. Es solo el inicio de una apuesta para cubrir necesidades, pero también para manejar de la mejor manera a nuestro país”, concluye Zúñiga.

Colombia acaba de comprometerse con un relevo generacional libre de violencia para las mujeres en política. En Bogotá se suscribió la Red Intergeneracional de Mandatarias: un espacio en el que mujeres gobernantes juntarán su voz para impedir que las agresiones por razón de género se perpetúen en espacios de toma de decisiones.

La Red se constituye en un contexto en que el 80 % de las mujeres que llegan a un despacho de poder son violentadas y su participación, aunque ha aumentado en las últimas décadas, sigue sin ser paritaria tanto en los gobiernos locales como en el Congreso, donde solo tres de cada 10 escaños legislativos tendrán representación femenina para el período 2026-2030.

La Red fue lanzada por ONU Mujeres, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y gobernaciones locales que hoy están siendo manejadas por mujeres, como la de Tolima, en cabeza de Adriana Matiz; Meta, en manos de Rafaela Cortés, y Valle del Cauca, dirigida por Dilian Francisca Toro.

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Esta Red busca un futuro no muy lejano en que cada vez más mujeres logren llegar a manejar las tiendas políticas de sus territorios y hacerlo en condiciones seguras y ajenas a espacios de violencia política. El objetivo es ambicioso si se habla numéricamente: solo seis de 32 gobernaciones están ocupadas por mujeres, y en otros cargos, como las 1.102 alcaldías, apenas 103 son mujeres. Pero también es un reto en términos estructurales: la Misión de Observación Electoral ha registrado al menos 436 casos de violencia política, un promedio de una cada día durante el último año de elecciones presidenciales.

Matiz, primera mujer en llegar a la Gobernación de Tolima, aplaudió este espacio como un punto disruptivo. “Ninguna mujer debe elegir entre el miedo o participar en política. La violencia política afecta desde antes de las candidaturas hasta después de finalizar el período”, comenta la mandataria.

Cambiar la realidad

La Red pone de manifiesto que el mundo político, ya de por sí de difícil acceso para las mujeres, también crea escenarios que permiten violencias, amenazas o agresiones sexuales en contra de las mandatarias, tanto en ciudades principales como en municipios medianos y pequeños. Este flagelo está más que documentado. ONU Mujeres publicó a finales de 2025 un sondeo realizado con 3.000 mujeres que ocupan la función pública como alcaldesas, congresistas o gobernadoras.

El resultado fue desesperanzador: el informe indica que las agresiones se dieron contra mujeres de todos los partidos políticos y representantes de todas las regiones de Colombia. Además, las violencias fueron cometidas por todo tipo de personas, como civiles, servidores públicos, grupos armados o miembros de sus mismos partidos políticos.

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Pero más allá de la cifra, esa agresión tiene consecuencias en el futuro y la democracia del país: ONU Mujeres encontró que el 75 % de las mujeres víctimas de estas violencias no están dispuestas a buscar un cargo de poder en el futuro, precisamente por esas violencias que también atentan contra su dignidad o sus familias.

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, hay al menos 150 leyes proferidas desde 1991 que tratan sobre protección y dignidad de las mujeres. Aunque aún faltan herramientas, como esta Red, para que esas normas pasen de debates virtuales en Bogotá a la realidad de las mujeres en sus respectivas regiones.

Nuevas generaciones

La Red es vista, entonces, como un plan de largo aliento para que en el futuro las mujeres más jóvenes recorran el camino que otras mandatarias de larga data abrieron para ellas en el Congreso o en las asambleas departamentales. En los últimos 30 años las mujeres han logrado que su voz, apenas incipiente en muchos espacios de toma de decisiones, sea considerada como un eje fundamental en los debates políticos en todo el país.

En resumen, el proyecto busca que las mujeres que más años llevan sorteando los pasillos de la política les enseñen a las nuevas generaciones cómo seguir ese camino y qué tareas quedan pendientes para lograr un espectro político realmente libre de violencia, como la implementación de leyes puntuales, la discusión de nuevas legislaciones o modificar de raíz algunas prácticas violentas que se dan en los centros de poder.

Por ejemplo, en la Red está Dilian Francisca Toro, una de las primeras mujeres en destacar en el plano político de Colombia, expresidenta del Congreso y hoy gobernadora de Valle del Cauca. Toro ha insistido por décadas en la paridad de género, el cumplimiento de leyes relacionadas con el bienestar y dignidad de las mujeres y ahora, como máxima figura política de su departamento, se dice dispuesta a enseñar a las diputadas o edilesas más jóvenes cómo entrar al mundo político y convertirse en ejemplo de representación femenina.

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“Todas las mujeres luchamos todos los días por las demás. Hemos vivido en carne propia la violencia contra nosotras, y esta Red es una alternativa para que sigamos estando en estos espacios que tanto nos ha costado alcanzar”, dice la gobernadora.

La Red también será una plataforma de denuncia de violencias políticas que buscará visibilizar estas agresiones y darles voz a mujeres de territorio que padecen constantemente los estereotipos de género, pero que debido a las barreras geográficas no son escuchadas por el Estado cuando denuncian sus casos.

Kristin Wesemann, directora de la KAS y una de las artífices de esta Red, comentó que el proyecto creará un futuro cercano más seguro para miles de niñas que hoy quieren incursionar en política, pero que debido a estas violencias dan un paso hacia atrás.

“La política no es un mundo fácil. Pero cuando atacan a una de nosotras, significa un ataque contra todas. Con esta Red tendremos una nueva plataforma para visibilizar lo que sucede y seguir demostrando que es inaceptable cualquier violencia por querer cambiar la realidad del país a través de la política”, concluye Wesemann.

Hablar de tecnología y equidad de género al mismo tiempo es posible. Esa es la tesis que Ximena Duque ha defendido durante los últimos seis años. En 2020, esta caleña graduada en economía llegó a Fedesoft, un gremio de tecnologías de la información (TI) dominado por hombres. Media década después Duque es la cabeza visible de una industria que reúne las 500 empresas tecnológicas más importantes de Colombia y, a la par, alza su voz para que el futuro digital sea comandado por mujeres.

Desde su despacho en Fedesoft ha logrado incluir en el código de programación una agenda de mujer e inclusión. Su voz también ha llegado a altos espacios de incidencia, como el Congreso o la Presidencia de la República, donde ha insistido en la necesidad no solo de garantizar oportunidades e incentivos a las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por su acrónimo en inglés), sino también proyecta que cada centavo invertido en tecnología será multiplicado en el futuro para cambiar la realidad de millones de colombianos.

Y es que datos de ONU Mujeres han señalado que la poca presencia de las mujeres en los ecosistemas digitales no radica en sus capacidades, sino en las pocas oportunidades que tienen para conquistar esos espacios. Por ejemplo, el organismo detalla que, a causa de estereotipos de género, solo el 30 % de las mujeres llegan a estudiar carreras como tecnología o ingeniería. El panorama, ya alertado por Duque, se vuelve más complejo si se tiene en cuenta que, en el futuro, el 75 % de las plazas laborales en el mundo estarán relacionadas con áreas STEM y, de no cerrar esta brecha, podrían quedar excluidas nuevamente del mundo digital.

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“Invertir en software y en las niñas es una inversión a futuro. Colombia no puede estar desarticulada de una conversación de tecnología, pero también de género e inclusión”, dice Duque.

Una barrera menos

Ella fue la primera de su familia en llegar a la universidad. Sus allegados, oriundos de Río Frío, en Valle del Cauca, jamás pasaron por las aulas académicas. Primero se graduó en economía, y tras haber ganado algunas becas internacionales, se recibió como magíster en asuntos internacionales. Allí, junto con mujeres estudiantes de varias nacionalidades, se dio cuenta, comenta, de que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Así lo demuestra un informe de la desarrolladora de software Rootstack: las mujeres ocupan apenas una tercera parte de la planta laboral de la industria de TI, pero solo el 11 % de ellas llegan a cargos ejecutivos de corporaciones tecnológicas.

Así que decidió que su gestión trataría de romper los imaginarios que tienen las niñas en edades tempranas y mostrarles que la tecnología es un camino posible para ellas. Así lo hizo con el Concurso Nacional de Programación, un certamen que reúne a jóvenes de colegios públicos y privados (siendo las niñas el 40 % de las participantes) para que, a través de la tecnología, ofrezcan soluciones digitales a problemas de la vida real, como el análisis de datos, la prevención de violencias de género o el uso de los dispositivos electrónicos para mejorar la calidad de vida de las personas.

En 2025, por ejemplo, unos jóvenes de Bogotá lograron consagrarse en el podio del concurso al diseñar TeCuidApp: un aplicativo que utiliza información pública y orienta sobre qué lugares son seguros para prevenir agresiones de género. La app, premiada por Duque y Fedesoft, fue aplaudida por “convertirse en un aliado para la seguridad de mujeres y niñas”.

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La incursión por motivar a miles de niñas a llegar a espacios tech diagnosticó un nuevo síntoma de las brechas de género. Duque y su equipo examinaron datos del Ministerio de las TIC y descubrieron que hay un cuello de botella en donde la presencia de las mujeres, a medida de que avanza el escalafón académico, se va reduciendo. El 26 % de ellas cursan estudios técnicos; el 27 %, tecnológicos, y solo el 17 % se matriculan y terminan un programa universitario relacionado con tecnología.

“En el mercado laboral esta cifra es aún más crítica: dos de cada 10 plazas de talento TI pertenecen a mujeres (...). Si no logramos que más mujeres transiten a estas carreras, Colombia estaría limitando su capacidad de innovación y crecimiento, pues el software podría representar el 5 % del PIB en un futuro”, pronostica Duque.

Con miras al futuro

Los reclamos de inclusión de Duque también han sido escuchados en espacios de incidencia política. Hace unas semanas su equipo formuló un pliego de 14 recomendaciones a los candidatos presidenciales para sugerirles que, independientemente de su orilla política, la tecnología y la igualdad de género en este universo deben ser un objetivo principal.

Su argumento recae en que actualmente la industria tech representa el 3,6 % del PIB en el país y genera casi medio millón de empleos formales. Pero con un Estado que apoye las iniciativas y, aún más importante, la llegada de las mujeres a esos espacios, esta cifra podría elevarse hasta el 5 % del Producto Interno Bruto y generar aún más plazas laborales.

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“Colombia aún tiene pendiente hablar de forma conjunta entre género y tecnología. No son temas desconectados: la tecnología es un habilitador de bienestar para las mujeres y nosotros estamos dispuestos a seguir recorriendo ese camino”, comenta Duque.

Aunque todavía hay varios pendientes para lograr una paridad total, Duque asegura que seguirá tocando puertas para que Colombia, en un futuro, sea un país competitivo en lo digital, pero más equitativo con las mujeres que quieren llegar a este espacio. Por ahora la tarea es seguir motivando a niñas para que vean que mujeres como Duque están haciendo historia en un mundo que siempre fue vedado para ellas.

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“La industria necesita no solo género, sino también inclusión. En la medida en que la industria tenga más voces, podrá innovar mucho más fácil y crear un país igualitario”, concluye.

En YaEstoyOnline.co, la plataforma de formación de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el 73 % de las personas capacitadas, pertenecientes a más de 46.000 comercios registrados, son mujeres. Una cifra que no es casualidad: cuando las mujeres acceden a herramientas digitales, no solo transforman sus negocios, sino las economías de sus familias y comunidades, desarrollando habilidades tecnológicas que las posicionan como referentes en entornos digitales y de innovación. Sin embargo, aunque alrededor del 65 % de las empresas en Colombia son lideradas por mujeres, muchas aún enfrentan barreras para acceder a tecnologías, formación tecnológica o financiamiento que les permitan escalar sus negocios.

El comercio electrónico representa cerca del 13 % del consumo total del país y se concentra en segmentos con mayor acceso a tecnología y conectividad, por lo que el verdadero desafío está en ampliar el alcance del comercio digital a la base de la pirámide.

Cerrar esta brecha es clave no solo desde una perspectiva de equidad, sino también de competitividad económica enfocada a la economía del cuidado. La digitalización ofrece ventajas estructurales para muchas emprendedoras. Permite desarrollar actividades productivas con mayor flexibilidad, algo relevante en una sociedad donde las responsabilidades de cuidado siguen recayendo en gran medida sobre ellas. Además, el comercio electrónico también funciona como una ruta de crecimiento progresivo: muchas emprendedoras empiezan vendiendo en redes sociales, luego migran a marketplaces que integran pagos y logística, y finalmente desarrollan sus propias tiendas digitales.

Este proceso requiere un ecosistema que articule empresas, plataformas tecnológicas, entidades financieras, instituciones educativas y políticas públicas. Desde el sector privado se han impulsado iniciativas para facilitar ese camino. Programas de capacitación digital, plataformas de formación empresarial y eventos de activación comercial han permitido que miles de pequeñas empresas, muchas lideradas por emprendedoras, accedan por primera vez a herramientas de comercio electrónico y nuevos mercados.

Aún persisten brechas en acceso a posiciones de liderazgo, diferencias salariales y estereotipos sobre el rol de las mujeres en sectores como la tecnología. Superarlas implica promover políticas empresariales de equidad, fortalecer programas de mentoría y formación, y trabajar desde etapas tempranas para incentivar la participación femenina en áreas STEM, cada vez más determinantes para el futuro del trabajo, visibilizando a líderes en eCommerce y tecnología como referentes que inspiran a niñas y jóvenes a proyectarse en estas industrias.

Entender el comercio electrónico, más allá de su noción de canal, como articulador del desarrollo, abre una oportunidad económica y social histórica. Si más mujeres acceden a las herramientas, habilidades y redes necesarias para participar plenamente en la economía digital, no solo estaremos cerrando brechas sociales. Impulsar la participación femenina en la economía digital no es solo una agenda de inclusión: es una de las decisiones económicas más inteligentes y estratégicas que puede tomar el país.

*María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Al parecer, no pertenecemos. La mayoría de nosotras tenemos familiares o docentes involucrados en el sector, pero son hombres, miembros de otra realidad.

Una niña construye lo que cree posible a partir de lo que ve cerca. Si no ve mujeres en tecnología, en ciberseguridad, en roles operativos o de liderazgo técnico, con un casco puesto o en una investigación activa, ese camino simplemente no parece como una opción. No porque no le interese, sino porque no está en su mapa, como si fuera otra realidad.

A mí me pasó algo similar. Entré a este mundo porque me llamaba la atención hacer algo distinto, algo que no fuera lo esperado. Pero ya estando ahí, el reto cambió hacia entender si realmente pertenecía.

Durante mucho tiempo sentí que tenía que adaptarme, cambiar mi manera de hablar, comportarme de forma ajena a lo que soy e incluso pensar distinto para encajar en un entorno que no estaba diseñado para una mujer. Con el tiempo entendí que ese era un error; no se trataba de encajar, sino de aportar desde lo que eres.

Y cada vez que encontré una mujer en uno de estos roles me ayudó a reafirmar que sí iba por el camino correcto desde lo que soy. En ese momento descubrí algo clave, lo que muchas veces se percibe como “diferente” en las mujeres es, en realidad, una ventaja.

La empatía, por ejemplo, no es una habilidad blanda desapercibida y menos en un entorno como en el de la ciberseguridad, donde las decisiones deben tomarse con rapidez y con información incompleta. Allí es donde entender a tu equipo, generar confianza y comunicar con claridad marca la diferencia.

Pero estas habilidades no se desarrollan si, desde el inicio, te enseñan a dudar de ellas o de tu criterio.

Algo que cambiaría en cómo estamos formando a niñas interesadas en tecnología es justamente eso: enseñarles a cuestionar más y a confiar más en sus propias decisiones. Muchas veces tienen la respuesta, pero buscan validación antes de decirla; y en ese proceso, pierden espacio.

También es importante dejar de reforzar la idea de que para entrar a este mundo hay que saberlo todo. Eso no es cierto, de hecho, nadie lo sabe todo. La tecnología cambia todos los días y lo que realmente importa no es cuánto sabes hoy, sino qué tan rápido puedes aprender, adaptarte y trabajar con otros. Porque, si algo he aprendido, es que este no es un trabajo individual, sino indiscutiblemente en equipo.

En un SOC (Security Operations Center), por ejemplo, operamos 24/7. Las decisiones no las toma una sola persona, se construyen entre varias. Y ahí es donde la confianza, la comunicación y la curiosidad se vuelven clave. Las mejores personas que he visto en este campo no son las que más saben, sino las que más preguntan, las que más investigan y las que más comparten.

Por eso, cuando hablamos de impulsar a más niñas en STEM, debemos ir más allá de la idea de abrir espacios y enfocarnos en hacer visibles los caminos, mostrar que sí hay mujeres ahí, que sí se puede y que no hay una sola forma de hacerlo. Estamos ahí para acompañarlas y convertirnos en referentes cercanos, que puedan ver a alguien y pensar: “Yo también puedo llegar ahí”.

Porque, al final, el cambio no empieza cuando una niña elige estudiar tecnología; empieza mucho antes, cuando esa posibilidad aparece por primera vez en su cabeza. Y eso, muchas veces, depende de lo que alcanza a ver.

Esta semana se inició uno de los eventos culturales más grandes de toda Latinoamérica: la Feria del Libro de Bogotá. El espacio, que se desarrollará hasta el 4 de mayo y contará con 2.300 actividades. Este será también un escenario para dar lugar a docenas de mujeres que, desde la escritura, han encontrado una forma de narrar el mundo desde sus propias experiencias y reclamar el lugar para sus historias, por años invisibilizadas.

En esta edición, las mujeres se tomarán la palabra. La FILBo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, se articula alrededor del lema “Escucharnos es leernos”: una invitación a detenerse, reflexionar y abrir espacios al diálogo. Allí las escritoras tomarán un rol central y sus obras cuentan historias, pero también interpelan, denuncian y reconstruyen realidades marcadas por la desigualdad, la violencia y la memoria.

Una de esas voces es la mexicana Dahlia de la Cerda, que a sus 41 años escribe literatura que explora el racismo, el clasismo y la transfobia. En libros como Perras de reserva y Medea me cantó un corrido, sus personajes, usualmente mujeres que habitan contextos hostiles, enfrentan la violencia e indagan fórmulas para derrumbar esas estructuras que las han marcado a lo largo de su vida.

Desde Argentina, Claudia Piñeiro aportará una mirada crítica sobre los roles de género y las presiones sociales que ha vivido en carne propia. Novelas como Las viudas de los jueves, Tuya y Elena sabe la han consolidado como una de las autoras más influyentes de la región, con reconocimientos como el Premio Clarín de Novela y el Sor Juana Inés de la Cruz.

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En esa misma línea aparece Alejandra Kamiya, también argentina, cuya escritura construye relatos contenidos y evocadores. En títulos como Los árboles caídos también son el bosque y La paciencia del agua sobre cada piedra, explora la relación entre los personajes, la naturaleza y la conciencia de la muerte, con una sensibilidad que remite a la brevedad del haikú.

La programación también abre espacio a la literatura infantil y juvenil con autoras como la española Miriam Tirado, quien ha centrado su trabajo en la crianza consciente. En libros como El hilo invisible, Removidas y Rabietas, aborda temas como el duelo, la ansiedad y la depresión desde una mirada pedagógica.

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Pero también habrá líneas literarias con origen colombiano. Ese es el caso de Mary Grueso, una mujer negra del Pacífico que ha dedicado toda su vida a exaltar las costumbres afrocolombianas de su tierra natal, Guapi, en el Cauca. Su obra recoge la tradición oral, la identidad y la memoria del Pacífico en libros como El mar y tú, Negra soy y La muñeca negra. Su trayectoria la llevó a convertirse en la primera mujer afrodescendiente en integrar la Academia Colombiana de la Lengua.

La FILBo también contará con la presencia de la española Júlia Salander, quien enfoca sus obras en visibilizar las desigualdades de género entre jóvenes con títulos como Tu argumentario feminista en datos y Fuego al machismo moderno. También estará la poeta colombiana Andrea Cote, ganadora del Premio Casa de América de Poesía Americana 2024 por Querida Beth y cuya escritura explora el paisaje, la violencia y la memoria; y Diana Obando, connacional colombiana que dedica su literatura a la memoria.

Espacios emergentes

El Espectador también hará parte de esta conversación. El viernes 20 de abril habrá un panel que debatirá sobre los espacios de las mujeres en la actual campaña presidencial. El conversatorio estará liderado por las periodistas María José Barrios y Luna Mejía, quienes dialogarán con Clara López, candidata del Pacto Histórico y María Fernanda Cabal (Centro Democrático) sobre las brechas en la arena política que están pendientes de romperse.

El sábado 21, Élber Gutiérrez, productor general de este diario, liderará una conversación con María Carolina Hoyos Turbay, hermana del asesinado Miguel Uribe Turbay y quien aprovechará el espacio para presentar su obra Felicidad imperfecta.

Toda la programación de los 23 pabellones se podrá consultar a través de este enlace.

Cuando aún era una niña, Lucy Mercado se prometió que ninguna joven en La Guajira volvería a vivir una violencia como la que ella vivió. No era tarea fácil: en el desierto de Maicao era habitual ver a menores de edad embarazadas y con derechos violentados. Lo más triste de todo, recuerda, era el municipio que normalizaba esas conductas.

Ahora la historia es otra. A sus 36 años dirige Luciérnagas, una fundación que recorre esos mismos paisajes desérticos para educar a las comunidades, especialmente las wayuus, y evitar que sus niñas sean absorbidas en historias de violencias.

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La fundación, nacida hace poco menos de cinco años, se ha valido del diálogo y la pedagogía con estas comunidades indígenas para enseñarles que esas “tradiciones” no están escritas sobre piedra y pueden ser modificadas. Su trabajo ha cambiado la vida de 1.600 mujeres, incluyendo a migrantes que atraviesan la frontera con Venezuela, para que por primera vez en generaciones sean mujeres autónomas, libres de agresiones y con futuros donde ellas decidan por sí mismas.

Buscar agua en el desierto

El trabajo de Lucy ha sido de todo menos sencillo. Aparte de las 200.000 personas que viven en el casco urbano, Maicao tiene todo un laberinto de trochas y caminos que conducen a las comunidades wayuus. Así que Mercado madruga cada mañana, se pone un chaleco amarillo que la identifica como lideresa de la Fundación Luciérnagas, y emprende su recorrido por el desierto para intentar llegar a la máxima cantidad de caseríos indígenas. Hay días en que el sol es inclemente, pues la temperatura supera los 30 grados. Y otras ocasiones debe enfrentarse a peajes ilegales o paros indígenas, pero nada la detiene.

Cuando llega, viene el reto principal. Hablar con las mayoras, palabreros y los líderes de cada comunidad para enseñarles que las mujeres también tienen derechos y que no es normal que una niña a sus 15 años ya tenga esposo y un par de hijos pequeños.

Las comunidades indígenas, incluidas las wayuus, han normalizado por décadas este tipo de conductas. El matrimonio infantil, por ejemplo, tiene casos registrados al menos desde 1887 y la “dote”, conocida como el valor en especie (dinero, animales o collares) que el novio desembolsa para contraer matrimonio con la prometida, ha existido siempre en esa comunidad. Y aunque es una tradición que busca honrar las uniones, vulnera uno de los principios básicos de los derechos sexuales: el consentimiento de las niñas.

“Esto consiste en romper ciclos de violencia que han existido siempre, de generación en generación. Es parte del crecimiento como sociedad. Enseñar también es prevenir, incluso a quienes no tuvieron oportunidad de estudiar, tuvieron embarazos tempranos y vivieron violencias”, señala.

En sus visitas lleva insumos de higiene básica, como copas menstruales o toallas higiénicas: artículos casi inexistentes que, a falta de agua potable, son todo un lujo para garantizar la salud menstrual de las niñas.

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El trabajo de Lucy igual ha llegado hasta La Pista, un suburbio en a orillas del antiguo aeropuerto de Maicao, donde han llegado a contabilizar 35.000 personas en condición de pobreza extrema y sus mujeres con derechos violentados.

“La Guajira merece escenarios grandes para sus mujeres. Nosotras llegamos para compartir nuestro conocimiento, no a imponer. El pueblo wayuu se ha visto muy olvidado y a veces solo necesitan conocer las nuevas leyes o qué vulnera los derechos de sus mujeres. Es un cambio cultural que se logra poco a poco”, explica la lideresa, quien es especialista en desarrollo de la niñez.

Transformando el territorio

El trabajo de Lucy ha trascendido las fronteras de La Guajira. Hay docenas de niñas que, al vivir al otro lado de Paraguachón, que es el paso fronterizo con Venezuela, se llevan los conocimientos para prevenir violencias a sus tierras. Al efecto dominó se suma que Lucy ha viajado a Riohacha, Barranquilla e incluso Bogotá para contar cómo es su día a día recorriendo el desierto y qué resultados ha conseguido.

El proyecto ha sido exportado a algunos colegios de Maicao, así como lideró la creación de un foro de nuevas masculinidades para que los hombres entiendan conductas violentas y sean parte del cambio cultural que proponen desde Luciérnagas.

En 2022, ONU Mujeres seleccionó Luciérnagas como uno de los proyectos que transforman el territorio en Colombia. La iniciativa de Lucy, escogida junto con otras nueve apuestas de igualdad de género, fue beneficiada con dinero y con capacidades técnicas para continuar con el trabajo “de transformar el territorio y conseguir derechos para las mujeres”, como dijo en aquel entonces Diana Espinosa, representante adjunta de ese organismo.

El proyecto ha tomado tal popularidad, que cuando no hay un financiador directo para costear los trayectos por el desierto, las mismas mujeres que fueron beneficiadas por Luciérnagas se suman como voluntarias para seguir avanzando en la prevención.

El Ministerio del Interior también ha aplaudido la lucha que Lucy, y las otras cinco integrantes de Luciérnagas han librado en un territorio donde, comenta, ni el Estado ni sus instituciones llegan a garantizar mínimos básicos.

Esa cartera seleccionó a la fundación para recibir una inversión económica y, además de enseñar sobre derechos, auxiliar a las mujeres que sufrieron violencias sexuales para que sanen sus heridas y en un futuro se conviertan en lideresas.

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A pesar del poco tiempo que Luciérnagas ha funcionado, Lucy cree que ha valido la pena invertir todos sus ahorros y tiempo en el proyecto. En cuestión de unos años quisiera ver la fundación recorriendo todo el departamento de La Guajira para cumplir su sueño: que ninguna otra niña viva los escenarios de violencia que ella vivió de adolescente.

“Cada momento vale cuando cambiamos ciclos de violencia que se han prolongado por generaciones contras las niñas”, finaliza Lucy.

En medio de la conversación global que cada abril pone el foco sobre el emprendimiento como motor de desarrollo, Colombia se consolida como uno de los países más dinámicos de la región. Sin embargo, ese crecimiento convive con brechas estructurales que siguen limitando el potencial de millones de micronegocios, especialmente los liderados por mujeres.

A escala global, más de 580 millones de personas han optado por emprender, casi la mitad de ellas mujeres, según el Monitoreo Global de Emprendimiento. En Colombia, esa tendencia se traduce en un tejido empresarial donde las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 98 % de las unidades productivas y generan alrededor del 80 % del empleo, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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En la base de ese sistema están los micronegocios. Datos del DANE muestran que en el país existen cerca de 2,5 millones en las principales ciudades, los cuales generan más de 3,1 millones de empleos. En total, estas unidades productivas sostienen a millones de hogares y son, en muchos casos, la principal fuente de ingresos.

No obstante, su capacidad de crecimiento está condicionada por múltiples factores. La Nota Estadística Análisis con perspectiva de género de los micronegocios en Colombia: trabajo de cuidado no remunerado y pobreza, elaborada por el DANE y la Fundación WWB Colombia, evidencia que las desigualdades de género siguen siendo un obstáculo central.

Y es que Colombia, junto con Ecuador, China o Tailandia, hace parte de la lista de los países donde las mujeres emprenden más que los hombres. Así lo diagnosticó el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2024. Pero esa ventaja competitiva que se ve en el ecosistema económico de Colombia encuentra tropiezos con las brechas de género.

“A pesar de enfrentar barreras significativas como la carga del cuidado no remunerado y la brecha de ingresos, las mujeres siguen siendo agentes de transformación en la economía local y nacional”, explica la Fundación WWB.

Las cifras muestran una brecha persistente en el desempeño económico. Mientras los hombres reportan ventas mensuales promedio superiores a los COP 3,3 millones, las mujeres alcanzan poco más de COP 2 millones, una diferencia cercana al 40 %. Además, una proporción mayor de mujeres emprende por necesidad, para complementar ingresos del hogar, lo que refleja condiciones más precarias de partida.

Más allá de los ingresos, la desigualdad se explica en gran medida por la distribución del tiempo. El 97,3 % de las mujeres microempresarias realiza trabajo de cuidado no remunerado y dedica, en promedio, cinco horas más al día a estas tareas que los hombres. Esta carga reduce su disponibilidad para actividades clave del negocio, como la gestión, la innovación o la búsqueda de nuevos mercados.

“Cerrar estas brechas requiere avanzar en políticas públicas que promuevan la equidad de género y tengan en cuenta los sistemas de cuidado, Además, que fortalezcan las capacidades empresariales y personales de las emprendedoras”, explica Johana Urrutia, directora de Programas de la Fundación WWB Colombia.

Las consecuencias son visibles en los niveles de formalización y protección social. Solo el 8,8% de los micronegocios liderados por mujeres cotiza a salud o pensión, frente a un 12,6 % en el caso de los hombres, lo que evidencia rezagos en el acceso a sistemas de seguridad social y estabilidad económica.

Urrutia precisa, además, que a este panorama se suman barreras estructurales como la dificultad para obtener crédito formal, junto con la baja inclusión financiera, restringe las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos, particularmente en el caso de las mujeres.

La voz de las emprendedoras

Estas brechas no son homogéneas en todo el país. En la ruralidad, por ejemplo, se profundizan. Las mujeres que emprenden en zonas rurales enfrentan mayores restricciones para acceder a crédito, menor conectividad, menos redes de apoyo y mayores cargas de cuidado, lo que dificulta la consolidación de sus negocios.

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Las cifras encuentran eco en las experiencias de las emprendedoras. Para María del Carmen Ararat, emprendedora con un negocio familiar de crianza de patos en Valle del Cauca, el principal obstáculo sigue siendo el acceso a recursos y la complejidad de los trámites. “Hay muchas trabas (...) y los pequeños empresarios tiramos la toalla y decimos que es mejor no montar empresa”, comenta.

En otros casos, el reto pasa por sostener el equilibrio entre el negocio y la vida personal. “El mayor desafío ha sido lograr el equilibrio entre la familia y emprender. Poder alcanzar ese punto en el que el negocio también genere una remuneración digna”, señala Nataly Ibargüen, propietaria de Quilombo, una iniciativa gastronómica de comida del Pacífico que tiene su sede en Valle del Cauca.

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También está el desafío de hacerse visible en el mercado. “¿Cómo les digo yo a las personas que existo y que tengo un producto que necesitan?”, se pregunta Derly Viera, cabeza de Jiret, un negocio de alimentos. La emprendedora, que se ha mantenido por años frente a su comercio, recalca las dificultades para acceder a clientes y posicionarse.

En conjunto, los datos muestran que, más allá del crecimiento en el número de emprendimientos, persisten limitaciones estructurales relacionadas con ingresos, tiempo disponible, acceso a financiamiento y niveles de formalización, factores que inciden directamente en la sostenibilidad de los micronegocios en el país.

Las historias de vida de 25 mujeres serán premiadas por la Gobernación de Antioquia. Esta semana, el ente departamental anunció el inicio de la convocatoria Antioqueña de Oro 2026: un galardón que aplaude la trayectoria de mujeres que han luchado por la equidad, el bienestar y el desarrollo de sus comunidades a lo largo del departamento.

El premio históricamente ha reconocido a mujeres tanto de las ciudades principales, como Medellín, así como de pequeños parajes rurales donde su protagonismo y activismo han sido notables, como el Urabá o lideresas de comunidades afro o indígenas que han preservado la cultura.

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El premio no solo es simbólico: de acuerdo con la Gobernación, cada una de las ganadoras recibirá una compensación económica de COP 10 millones para continuar con su labor de luchar por la equidad de género y seguir con sus proyectos de desarrollo comunitario.

El año pasado, por ejemplo, la Gobernación de Antioquia entregó un reconocimiento a Inés Morelo, una mujer que a sus 97 años sigue recorriendo las fronteras de Chigorodó para resguardar la cultura y las tradiciones del territorio.

Pero este año, a diferencia de las ediciones anteriores, se ampliarán los cupos de 20 a 25 mujeres notables que destaquen en ámbitos como la ciencia, la cultura, el cuidado del medio ambiente. También habrá una categoría para mujeres jóvenes que desde pequeñas lideran procesos de cambio en sus municipios o corregimientos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un enfoque diferencial e inclusivo. Este año contaremos con la participación y exaltación de mujeres afrodescendientes, indígenas y con discapacidad, como una acción concreta para cerrar brechas y garantizar que todas las voces y trayectorias sean reconocidas. Las mujeres seleccionadas además del galardón honorífico recibirán un estímulo económico de para fortalecer sus proyectos, emprendimientos o procesos comunitarios, y continuar impactando positivamente sus comunidades”, cuenta Carolina Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia.

Sobre el premio

La convocatoria está abierta para prácticamente cualquier mujer en Antioquia que haya apostado por el bienestar comunitario en los últimos años. La Gobernación explica que hay algunos requisitos para la postulación, como, por ejemplo, haber residido en el departamento durante los últimos cinco años y ser antioqueña de nacimiento. Pero hay algunas otras exigencias: las interesadas en participar deben anexar videos que muestren de qué trata su proyecto y explicar cómo ese trabajo, que en algunas ocasiones se ha mantenido por décadas, beneficia a docenas de personas.

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En 2025, por mencionar un caso, hubo 357 mujeres postuladas al premio, lo que representó un 25 % más de mujeres que contaron su historia y sus proyectos frente a la edición anterior. El 90 % de esas candidaturas eran de mujeres de estratos 1, 2 y 3 que insistían en la importancia de visibilizar su trabajo en algunos sectores vulnerables y con menos oportunidades de Antioquia.

Ese fue el caso de Carolina Arbelaez, una gestora social de Segovia que en 2025 recibió el premio por haber liderado un proyecto educativo que impulsa el crecimiento de las mujeres en un municipio que enfrenta barreras estructurales a causa del bajo presupuesto e inversión social.

En la premiación pasada, dos mujeres de Karmata Rúa, un resguardo indígena embera chamí fueron aplaudidas por haber liderado procesos educativos en el resguardo, lo que demostró cómo el trabajo de una sola persona puede crear beneficios para toda una comunidad.

El premio tiene varias categorías que se ajustan a los distintos campos de trabajo que las antioqueñas han mantenido, como ambiente, arte, tecnología, deporte, educación, lucha por la paz o asuntos sociales y políticos.

“Estará abierta tanto para mujeres que deseen postularse directamente como para personas u organizaciones que quieran postular a una mujer cuya trayectoria y liderazgo merezcan ser reconocidos”, explica la Gobernación.

La convocatoria estará abierta hasta el 26 de abril. Quienes estén interesadas pueden conocer más información a través de este enlace o contactarse directamente con la Gobernación de Antioquia a través de la línea 3124926731 o el correo electrónico mujeres@antioquia.gov.co.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir creciendo, reconociendo y potenciando el liderazgo de las mujeres que día a día transforman el departamento”, concluye la Gobernación.

Por segunda vez en la historia de la Copa del Mundo habrá mujeres impartiendo justicia en las canchas. Esta semana, la FIFA hizo pública la lista de las 170 personas que se encargaran de arbitrar los 104 partidos del certamen. Lo novedoso: seis mujeres hacen parte de la terna.

De las seis mujeres, dos serán juezas principales de los encuentros del Mundial; tres ocuparán labores secundarias en la sala VAR y una será la cabeza de varios partidos en la veeduría desde el videoarbitraje.

La decisión, anunciada por Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, es un esfuerzo por parte del máximo ente del fútbol de garantizar inclusión en un deporte protagonizado por hombres.

Y es que desde que nació esta competición, en Uruguay 1930, las ternas de árbitros siempre han estado compuestas por hombres. La presencia meramente masculina en estos campeonatos continuó idéntica por casi un siglo, hasta que en Catar 2022 fueron incluidas mujeres tanto en las canchas como árbitras principales, así como en las salas de revisión de videoarbitraje.

“Esto mantiene una tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, y nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino”, agregó Collina.

Hay varios cambios con respecto a las Copas del Mundo anteriores. El primero radica en el aumento de equipos, que pasará de 32 a 48 equipos y, por supuesto, necesitará de más jueces en los campos para impartir justicia. Pero el segundo radica en que estas mujeres que llega al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá no ocuparán labores secundarias, sino tareas principales que podrán definir los rumbos de los partidos.

La decisión no solo obedece a un esfuerzo de paridad en el fútbol, dice Collina. Según el emisario de la FIFA, cada una de las designaciones, tanto de hombres como mujeres, está motivada en “priorizar la calidad” en la Copa del Mundo 2026.

¿Quiénes son?

Una de las encargadas de arbitrar los encuentros será Tori Penso, proveniente de Estados Unidos y que en 2020 se convirtió en la primera mujer en manejar las riendas de un partido en la Major League Soccer, de EE. UU.

Katia García es la otra mujer que llega como protagonista: una árbitra oriunda de México que a sus 33 años ya cuenta con algunos logros en su currículo, como pitar en partidos de la Liga Mexicana. Además, es una de las primeras mujeres en vestirse de juez en el deporte de ese país y Centroamérica.

Tatiana Guzmán, nicaragüense de larga data arbitrando partidos en su país, también hará parte de la lista de 30 personas que manejarán la sala de máquinas en el VAR. Mientras que Kathryn Nesbitt y Brooke Mayo (EE. UU.) y Sandra Ramírez (México) tendrán protagonismo como árbitras asistentes, es decir, en labores de apoyo y orientación a los jueces principales.

“Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA”, subraya Collina.

La Copa del Mundo se iniciará el 11 de junio con el encuentro México vs. Sudáfrica y se prolongará por más de un mes. Hasta el momento, no se conoce qué encuentro del corresponde a cada juez, sin embargo, se espera que sean estas mujeres las que marquen una vez más la historia de los Mundiales.

Este mes se cumple una década del nacimiento de She Is: una apuesta de autonomía financiera con perspectiva de género que con el paso de los años se ha convertido en un prototipo de cómo cerrar brechas con educación y emprendimiento.

Hoy la organización ha exportado su modelo de empoderamiento a Ecuador, Panamá y otros cinco países de la región y, de acuerdo con sus cuentas, ha beneficiado a 22.000 niñas.

La fundación, aparte de cerrar desigualdades históricas, ha roto paradigmas, como graduar a mujeres en el mundo científico o convencer a la cultura empresarial de Colombia que destinar dinero a la equidad de género, más que un gasto, es una inversión.

“Transformamos esos círculos de violencia en motivantes para lograr vidas cambiadas”, subraya Leidy Martínez, directora ejecutiva de She Is.

El poder de la inspiración

La ecuación es complicada. She Is comenzó como un programa pequeño en Cajicá, orientado a unas cuantas docenas de mujeres que, a falta de ingresos propios, eran absorbidas por violencias. La fundación se propuso enseñarles capacidades productivas para salir de esos ciclos. Así quedó la receta: a mayores oportunidades de autonomía financiera, más desarrollo y menos historias de agresiones que lamentar.

A la fórmula le agregaron otros factores. Muchas de esas mujeres, al ser madres cabeza de hogar, tenían que llevar a sus hijas a los talleres. El panorama para esas jóvenes era poco prometedor: millones de mujeres que no tenían ni los medios ni los referentes para protagonizar su futuro. Fue entonces cuando decidieron volcar todos los esfuerzos en convertir los sueños de las jóvenes en oportunidades. Gracias a esa decisión, recuerda Martínez, se ha llegado a 31 de 32 departamentos en el país e incluso se han inaugurado centros de emprendimiento en zonas donde no abundan los caminos de éxito para las niñas, como Arauca, Putumayo y Atlántico. Incluso, hay 155 niñas becadas en carreras STEAM.

“Invertir en las niñas es apostar por su futuro, el de sus familias, pero también de Colombia. Trabajamos para que ellas se convirtieran en quienes manejen las riendas de su historia”, cuenta Martínez.

La fundación cuenta con varios programas que atienden vacíos en la vida de las niñas y las mujeres. Está, por ejemplo, una vertiente que ofrece educación y capacidades productivas para garantizar que el talento de miles de personas en los territorios esté acompañado de oportunidades. Otro brazo consiste en romper barreras históricas, como lo es llevar niñas de Cauca, Meta, Vaupés y Guaviare a los epicentros de ciencia, como la NASA o el Kennedy Space Center (en Florida, EE. UU.) para que en algún futuro no muy lejano sean ellas quienes lideren misiones espaciales u ocupen espacios científicos, en el pasado siempre a cargo de los hombres.

También existen líneas de trabajo orientadas a necesidades que aún no están plenamente resueltas, como el acceso efectivo a la justicia y la garantía de derechos fundamentales: desde condiciones básicas para una vida libre de violencias hasta su participación en procesos de construcción de paz.

Mano a mano

El trabajo de cerrar brechas de género también ha llegado a las juntas directivas de algunas de las empresas más poderosas en Colombia. En los informes de gestión aparecen 80 aliados, como Ecopetrol o Bancolombia, pero también sectores de la academia y organizaciones no gubernamentales que canjean conocimiento o recursos para que She Is siga andando. Así sucedió, por ejemplo, en 2024, cuando la Universidad de Harvard y el MIT firmaron un convenio para recibir colombianas en sus aulas y formarlas en matemáticas, química, física o robótica.

Hace un mes, incluso, She Is participó en la firma del decreto del presidente Petro que otorgó sustento jurídico a la Política Exterior Feminista de Colombia.

Gracias a esas alianzas, la fundación ha consolidado el She Is Global Forum: uno de los primeros espacios en Latinoamérica que muestra historias de éxito de cómo las mujeres sí pueden superar las desigualdades y llegar a altos espacios de incidencia. Al escenario, que es visto en promedio por 88.000 personas al año, han llegado abogadas y altas empresarias que rompieron techos de cristal y ahora cuentan sus historias.

“El talento está en todas partes, las oportunidades, no. Mostramos a las empresas que son inversiones que, más allá de la filantropía, tienen resultado en el futuro de las niñas y del país. En el sector privado también se puede trabajar por la igualdad”, comenta Martínez.

A futuro

Diez años después de haber iniciado el experimento, Martínez reconoce que aún quedan desafíos importantes: que los gobiernos asuman la igualdad como una prioridad real y, en el caso colombiano, sumar más aliados que permitan traducir el talento de las niñas en oportunidades.

Aun así, insiste en que el horizonte es más amplio: en los próximos años los resultados ya no se medirán en miles, sino en millones de niñas impactadas. “Lo que empezó como un proceso en Cajicá, en un futuro será el motor de cambio para saldar una deuda con las mujeres y ofrecer un futuro distinto a las niñas”, concluye.

Quizás por eso, para mí, hablar de eutanasia en Colombia no es hablar de muerte: es hablar de vida que no siempre se nos permite vivir, de las muchas veces que se vuelve imposible de sostener la vida en el país de la belleza, pero también de la lucha y compromiso que significa defender el derecho a la vida con dignidad.

Acceder a la salud en Colombia se ha convertido en un litigio permanente, volviéndonos a muchos pseudoabogados. El aumento de solicitudes de eutanasia no revela un deseo masivo de morir, sino un sistema incapaz de garantizar condiciones mínimas para vivir. El agotamiento no proviene solo de la enfermedad, sino de la burocracia, la violencia institucional y redes de cuidado desgastadas o imposibles de constituir.

Así, el derecho a una muerte digna termina revelando una verdad más profunda: que el derecho a la vida va más allá de un cuerpo funcional y significa la posibilidad real de vivir con dignidad, bienestar y sin sufrimientos evitables.

Antes de las estadísticas, debo hablar desde mi cuerpo. Soy una mujer de 35 años que, desde los cinco, ha sido territorio de intervención neurológica. Mi voz surge de alguien que se creyó el discurso resiliente de que “vivir siempre vale la pena”. Tuve la suerte de tener una madre que hizo posible lo imposible; de una familia de dos que, gracias a su amor y humanidad, nunca me dejó sola en los largos pasillos de los hospitales.

A mí me funcionó el “coaching” resiliente y la espiritualidad para encontrar la fuerza que me permitiera soportar los dolores incomprendidos de una hidrocefalia atípica. Mi vida académica fue un reto de equilibrio entre la pasión por el conocimiento y las convulsiones diarias que me acompañaron desde los 12 hasta los 21 años. Fiel a las ideas fantásticas de quien decide no creer del todo en las posibilidades e imposibilidades de los diagnósticos médicos, he podido estudiar y pasar por diferentes niveles de educación que me han permitido llegar al posgrado. Pero mis reflexiones no nacen solo de los libros o de mis 10 años recorriendo la Colombia profunda trabajando en salud mental. Hablo, principalmente, desde un cuerpo que fue adoctrinado para resistir.

Se me enseñó a imaginar futuros posibles incluso sin ver la luz, a no dejarme vencer por dolores inimaginables y a temerle a la muerte. La primera vez que me desahuciaron tenía 12 años. Pasé más de un mes en cuidados intensivos, desconectada del mundo por el dolor. Recuerdo a mi madre y mis tías despidiéndose de mí. Sin embargo, de forma inexplicable, desperté pidiendo una chocolatina. Desde ese día, el sistema médico me otorgó un título que aún hoy persigue a los cuerpos femeninos: “histérica” o, en el más respetuoso de los diagnósticos, enferma por “somatización”.

Título que debieron quitarme a los 21, cuando un neurólogo escucho las infinitas recomendaciones de mi psiquiatra particular (pagada por el fondo de empleados de donde trabajaba mi mamá) y decidió investigar mi dolor. Aquel neurólogo de la EPS, cuya humanidad es más grande que su título, me investigó durante dos años, hasta que al final logró darme la vida que soñé; pude vivir sin dolores. De cientos de profesionales que me atendieron, solo recuerdo la bondad de unos 20 de ellos. La empatía en nuestro sistema de salud es la excepción, no la regla.

Sé lo que significa que el cuerpo duela y el sistema duela más. En 2020, mi mayor temor se hizo realidad: el dolor regresó. El reencuentro con el sistema de salud fue devastador. Pasé por cambios de IPS, profesionales indolentes y una tramitología asfixiante. Mi cotidianidad era un ejercicio de equilibrar el dolor con el trabajo para poder pagar médicos particulares, mientras veía a mi madre, ya en la tercera edad, agotada y sin fuerzas para sostenerme como antes.

En 2023, tras dos tutelas y haber invertido mis ahorros en terapias que no llegaban por la EPS, me entregué al cansancio. Solicité la eutanasia. No porque quisiera morir, sino porque temía volver a sobrevivir en un cuerpo que el sistema se negaba a entender.

Por suerte, ese equipo médico sí leyó mi historia clínica y propuso un tratamiento que, un año después, ha mitigado mi dolor en un 90 %. Pero la pregunta queda en el aire: ¿qué pasa con las que no encuentran ese equipo? ¿Qué pasa con las que se quedan solas en la burocracia del dolor?

Colombia es un referente normativo en América Latina. Desde la Sentencia C-239 de 1997 hasta la despenalización para enfermedades no terminales en 2021, el marco jurídico es robusto. Sin embargo, el papel lo aguanta todo, pero la realidad clínica es distinta. Según DescLAB, los procedimientos de eutanasia pasaron de 95 en 2021 a más de 350 en 2024, un incremento que es síntoma de una crisis estructural. Según cifras de Así Vamos en Salud, las quejas ante el sistema aumentaron un 36 % en el primer semestre de 2025. En Colombia, la vida digna no se garantiza: se reclama judicialmente.

Pero la crisis no es solo administrativa; es relacional y cultural. La formación institucional actual prioriza la lógica del aguante sobre la del cuidado. Cuando la empatía se erosiona, los estereotipos ocupan su lugar. Es aquí donde emerge un factor invisible pero determinante: el sesgo de género.

Aunque las estadísticas de acceso a la muerte digna no muestran brechas abismales entre géneros, el camino para llegar a ella es radicalmente distinto. El cuerpo masculino es el estándar médico con el que se analiza y legitima el dolor.

Muchas mujeres que solicitan la eutanasia llegan después de años intentando demostrar que su dolor es real. Llegan agotadas de justificar su sufrimiento, al final de un recorrido prolongado de dolor no reconocido y desgaste institucional.

Casos como el de Martha Sepúlveda, quien al solicitar la eutanasia en 2022 fue juzgada por verse “sonriente y tranquila” demostrando cómo la apariencia se usa para invalidar el sufrimiento. O igual al caso de Ángela Flórez, quien en su última entrevista antes de acceder a la muerte asistida en noviembre del 2025, relata cómo al empezar su sintomatología el dolor fue minimizado y atribuido a su estado emocional, lo que causó un retraso crítico en su diagnóstico. También están los casos de Dayan Melissa Gaona y Jackeline Ramírez, quienes llegaron a la eutanasia como última opción tras años de diagnósticos tardíos y negación de tratamientos efectivos. Ellas demuestran cómo las mujeres suelen ser subdiagnosticadas por una cultura que traduce el dolor femenino como exageración o histeria modernizada.

El derecho a morir dignamente es un avance jurídico indiscutible. Pero si el acceso a ese derecho ocurre después de trayectorias marcadas por la deslegitimación del dolor femenino, entonces la igualdad formal no basta. Una democracia sanitaria no se mide solo por permitir la muerte asistida, sino por garantizar que nadie tenga que atravesar años de sospecha para que su sufrimiento sea reconocido.

Garantizar la vida digna y la muerte digna para las mujeres con enfermedades crónicas o terminales en Colombia implica desmontar no solo las barreras administrativas, sino también los prejuicios que aún deciden qué cuerpos son creíbles y cuáles deben seguir justificándose.

*Francisca León, paciente crónica y defensora de Derechos Humanos

No son solo los salarios desiguales o que el peso del desempleo recaiga mayoritariamente sobre ellas. Tampoco se trata únicamente de que madres, hermanas o abuelas dediquen casi un tercio de sus vidas a cuidados por los que no reciben un céntimo como remuneración. Es también todo un sistema financiero que, aunque ha pavimentado avances para lograr la equidad de género, sigue teniendo en desventaja a las mujeres y sus posibilidades de salir de la pobreza o traducir los avances en bienestar.

Si bien las mujeres han logrado subir varios peldaños para alcanzar la igualdad financiera, expertos en el mundo económico aseguran que queda toda una escalera por delante para lograr una equidad real. El Espectador habló con ellos para conocer qué falta para que, como se dice popularmente, ser mujer deje de ser tan costoso en Colombia.

“Hemos avanzado en el acceso al sistema financiero, pero la igualdad real exige cerrar brechas mucho más profundas asociadas al uso del sistema y al acceso efectivo a oportunidades (...). La diferencia no está solo en quién tiene un producto financiero, sino quién puede usar ese sistema para crecer o construir patrimonio”, comenta Isabela Fernandes, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad del Banco Itaú.

Saldo insuficiente

Los tiempos han cambiado y también las varas con las que se mide la desigualdad de género. Soraya Husain, directora de investigación de la Fundación WWB Colombia, comenta que hace décadas el foco estaba puesto en lo desigual que resultaba que mujeres que realizan las mismas labores que los hombres pero perciben un sueldo muy inferior o cómo acceder a trabajo o a ser propietaria de un bien era casi un imposible.

Pero ahora que las mujeres están en puestos de poder y forman una parte de la arquitectura económica del país, hay nuevos debates. Para Husain, que ha liderado investigaciones de inclusión financiera con enfoque de género, los ojos de la economía deberían posarse sobre cómo hacer que esas brechas que se han venido derribando (como salarios, trabajo, ahorro, crédito) se traduzcan en bienestar real para las mujeres. Es decir, que pasen del plano de las cifras y la macroeconomía a la vida de madres cabeza de hogar, emprendedoras o jóvenes que recién inician su vida financiera.

Y es que algunos de los proyectos que Husain ha liderado en la Fundación WWB indican que un símbolo de autonomía financiera radica en que las mujeres emprendan, costeen sus propios gastos y no dependan de terceros que puedan arrastrarlas a vidas de subordinación y violencia. Pero a esa fórmula le falta un factor: que los caminos pavimentados conduzcan a destinos donde cambien sus vidas, construyan capital o salgan de situaciones de pobreza.

“No es solo el sistema financiero, sino toda la estructura social la que ha ahondado las desigualdades. Las deja de lado a pesar de que son el sostén de la economía, pues sus tareas de cuidado representan el 20 % del PIB. Sin las mujeres nadie hubiese sido cuidado o podido trabajar”, asegura Husain.

Datos de pesos pesados del mundo económico muestran que hay avances; pero siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, el último Reporte de Inclusión Financiera, publicado en 2024, reveló que había una paridad parcial entre hombres (99,4 %) y mujeres (92 %) cuando se habla de acceso a productos financieros. Pero tener un producto, como asegura Husain, no es sinónimo de mayor autonomía u oportunidades. En el mismo informe queda demostrado que cuando las mujeres “buscan pista” para adquirir un crédito, se alzan nuevamente las barreras.

El documento indica que, en promedio, a las mujeres les aprueban microcréditos un 17,8 % menores que a los hombres. Y las complicaciones continúan: así tengan perfiles crediticios prácticamente idénticos, las mujeres llegan a pagar dos o tres veces más en tasas de intereses, aún cuando las mismas cifras muestran que tienen menos índice de morosidad y retrasos para pagar esos préstamos.

“Rara vez es una política explícita. Se puede explicar con algoritmos (que aprueban, o no, un crédito) que aún no entienden la realidad de la mujer y de quienes, como ellas, lideran la economía informal y asumen 2,5 veces más horas de cuidado no remunerado”, comenta Marina Mero, de uFlow, una fintech en Colombia.

Lo macro a lo micro

¿Cómo afectan esas cifras a las colombianas? Héctor Nieto, director del programa de finanzas de la Universidad El Bosque, recalca que si bien las desigualdades ofrecen un diagnóstico en términos generales, también causan daños individuales.

Un ejemplo son las consecuencias de una mujer emprendedora que depende, sí o sí, de un crédito para poder sostener o aspirar a más en su negocio. La negativa al préstamo, u otorgarle un crédito de menor valor, termina siendo un antídoto peor que la enfermedad. Así lo determinó un informe de la Fundación WWB donde señala que las brechas, usualmente sustentadas en sesgos de género relacionados a la maternidad o productividad de las mujeres, pueden conducir a las mujeres a reportes negativos o no sostener sus emprendimientos.

“Las brechas no solo limitan el acceso a productos financieros, también inciden en la autonomía económica. Definen qué decisiones se pueden tomar, en qué momento y con qué nivel de seguridad. Debemos hablar de la calidad de la inclusión a las mujeres: los montos, tipos de productos, capacidad de financiamiento o acumulación de activos. Ahí es donde todavía hay un rezago importante que define, en la práctica, cómo avanzar hacia una mayor equidad económica”, agrega Nieto.

Pero hay más indicadores que si bien muestran avances a nivel macroeconómico, en la escala individual deja saldos en rojo. Ese es el caso del dato revelado por el Consejo Privado de Competitividad, donde quedó demostrado que la maternidad sigue siendo una barrera para la inclusión en el sistema financiero. El informe menciona que, a ojos del mercado, los hijos son sinónimo de informalidad y por ende más inestabilidad para las mujeres. Según las cifras recopiladas por esa organización, tener un hijo reduce a 50 % las chances de ingresar al mundo formal y el 80 % de las mujeres que tienen más de tres hijos menores de 14 años se encuentran en la informalidad.

Hay otros dígitos que muestran el efecto dominó que causan estas disparidades. La Universidad de Los Andes señaló que a falta de salarios equitativos, las mujeres ahorran menos y se crea una bola de nieve que, en la vejez, permite que solo tres de cada 10 mujeres reciba una pensión y, en caso de lograrlo, cobren 30 % menos en sus mesadas de jubilación. Para Nieto, esto también condiciona cómo viven a lo largo de su juventud: “Se aplazan decisiones, se limitan posibilidad y se reducen opciones de adquirir vivienda, consolidar un negocio o invertir en educación. No ocurre en un solo momento, sino que se consolida a lo largo de los años”.

La tarea ahora consiste en que el mundo financiero, más que incluir a las mujeres, logre materializar esos avances en bienestar real para ellas, que hoy son más de la mitad de la población, pero cuya mayoría no se está traduciendo en empleo o formalidad. Mientras eso no pase, los pronósticos van a seguir siendo los mismos: pierden ellas, por supuesto. Pero pierde Colombia entera al dejar de lado a millones de personas que pueden contribuir al desarrollo del país.

Gloria Tobar perdió hace muchos años la cuenta de los niños que ha salvado. Pero recuerda con exactitud el día que decidió volcar su vida a cuidar a sus “criaturitas”, es decir, a niños en Nariño y Valle del Cauca que fueron absorbidos por ciclos de violencia y que, de no ser por mujeres como ella, seguirían viviendo historias de derechos vulnerados.

Fue una tarde de agosto de 1991. Ese día Gloria abrió su hogar para acoger a un niño con discapacidad con un pasado turbulento. Nunca más cerró las puertas de su casa para recibir a estos jóvenes.

Desde una pequeña casa en Ipiales ha invertido los últimos 34 años de su vida como madre de acogida: una de las miles de mujeres en Colombia que les ofrecen un hogar seguro y provisto de cariño a los niños que quedan bajo el cuidado del Estado. Las cuentas son sencillas: hay madres que pueden recibir a más de un niño vulnerable en sus hogares. Hay casos, como el de Gloria, en que ha tenido la potestad de 15 menores al mismo tiempo.

Cuidado necesario

Las madres de acogida son una especie de antídoto ante una epidemia de violencias, comenta Esteban Reyes, director de la ONG Aldeas Infantiles.

Su trabajo, al igual que el de las otras madres sustitutas, es silencioso, pero fundamental para dar un hogar a quienes nunca tuvieron la oportunidad de una familia o un entorno seguro.

En Colombia se registran en promedio 70.000 casos anuales de niños que ven sus derechos vulnerados. Algunos casos tienen soluciones, como familias que desatienden a sus hijos y que luego, con recursos y pedagogía, logran resarcir el daño.

Pero hay otros escenarios en que las agresiones físicas o las violencias sexuales dibujan un camino en que alejar a los menores es la opción más sana.

En los expedientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF ) hay folios, en donde niños de menos de un año son abandonados en basureros o menores de edad hallados en establos junto con animales. Estudios de esa misma entidad revelan que en el 85 % de los casos de violencia sexual contra niñas y niños los responsables son parientes y personas del entorno doméstico.

De los 70.000, casi 26.000 son cobijados con medidas de protección que los alejan temporal o totalmente de sus familias, pero apenas 14.000 tienen la fortuna de encontrar a una familia sustituta que los reciba. Los demás terminan en adoptabilidad o en orfanatos, donde informes del ICBF muestran que el 60 % de esos ellos sufren nuevas violencias y ven truncado su desarrollo.

Hoy las cifras estiman que hay cerca de 14.000 niños acogidos en familias sustitutas, la mayoría lideradas por mujeres, que de acuerdo con Reyes podrían ser más de 10.000.

“Ser mamá no siempre es gestar durante nueve meses. No llevan nuestra sangre, pero son hijos del alma. Hay menores que llegan al borde de la muerte a mis brazos, y gracias a nuestros cuidados se salvaron y tienen proyectos de vida”, comenta Gloria.

Cuesta arriba

Son varios los tropiezos que estas mujeres encuentran mientras crían temporalmente. El primero es una cuestión de afecto. La mayoría de los menores que llegan a familias sustitutas vienen con un pasado donde las agresiones eran la norma. “Ella nunca había escuchado un ‘te quiero’ ni podía estar cerca de una figura masculina por lo que vivió. Solo necesitan afecto y abrazos”, explica Yelinés, quien abrió su hogar en Cali para recibir a dos menores vulnerables.

El segundo, comenta Reyes, versa sobre hacer lo mejor para los niños. “Son mujeres que deben ofrecer el apego necesario para crear un hogar seguro y amoroso. Pero también deben tener el desapego al saber que se van a ir en algún momento, sea a su familia biológica o, en el peor de los casos, a una institución”, explica.

Y es que ser madre sustituta implica más retos que soluciones. Aunque dediquen sus vidas al cuidado de niños vulnerables, estas mujeres no reciben una remuneración formal, solo una mensualidad de COP 1.700.000 que costea los gastos del menor. Una vez envejecen, no tienen ni seguridad social ni ahorros necesarios de una pensión digna. Pero aun así escogen el camino del cuidado, y en más de una ocasión el de apostar su patrimonio para seguir salvando a niños.

Pero el verdadero desafío está en que esta labor se siga manteniendo en el tiempo. Para Gloria, todo se basa en el cariño y la gratificación de salvar las vidas de esos jóvenes. “No es un trabajo, pero le dedicamos toda la vida, y esa es la mejor contribución que podemos hacerles a Colombia y a los niños: sacarlos de esas historias y cuidarlos hasta que sean adultos funcionales”, concluye.

La justicia sigue siendo una cuenta pendiente para las mujeres en el mundo. Esa fue la conclusión a la que llegó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de haber sesionado en Nueva York. El encuentro, realizado en marzo, dejó en evidencia que en ningún país se ha logrado una igualdad de género plena e incluso que hay naciones donde las leyes y la jurisprudencia son la principal barrera para garantizar los derechos de las mujeres.

Algunas legislaciones, por ejemplo, siguen limitando la equidad de género en ámbitos laborales o de derechos civiles, como la participación política de las mujeres. Otras naciones, como Colombia, “siguen teniendo 12 normas que deben armonizarse para buscar la igualdad con las mujeres”.

Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, señala que “cuando se niega la justicia a las mujeres y niñas, el daño va mucho más allá de un caso concreto” pues, según dice, la confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita”

Cifras dispares

La Comisión detalló algunas cifras que demuestran la magnitud del problema. Por ejemplo, en el 54 % de los países la violencia sexual sigue teniendo vacíos legales, pues si bien se comete en contra de su voluntad, los sistemas legales no lo catalogan como un delito ni procesan judicialmente a los responsables.

También aparecen otras violencias que se perpetúan por su ausencia en los códigos normativos de los países. Ese es el caso del matrimonio infantil, donde el 72 % de los países no cuentan con prohibiciones o jurisprudencia para regular un fenómeno que obliga a niñas menores de 18 años a casarse, en la mayoría de los casos, con hombres que duplican o triplican su edad.

Otro caso importante que resalta el informe es el de las brechas salariales, donde casi la mitad de los países aún no han discutido leyes que garanticen sueldos equitativos a mujeres que tienen los mismos títulos académicos y desempeñan funciones idénticas a las de los hombres.

“Ningún país ha logrado igualdad jurídica para sus mujeres. La implementación de los marcos jurídicos sigue rezagada, ya que los recursos y las normas no logran seguir el ritmo. Incluso cuando se consigue la igualdad ante la ley, la justicia sigue fuera del alcance de muchas mujeres y niñas”, reza el informe de la Comisión.

Los tiempos cambian

El informe también habla sobre cómo la violencia contras las mujeres ha avanzado, pero la respuesta de los estados se ha quedado estancado. Una parte del texto muestra la preocupación de la ONU sobre cómo la tecnología o el acceso a redes sociales ha contribuido a amplificar las brechas de género y, en varios territorios, ahondar las violencias.

Ese es el caso de casi el 100 % de los países que se han visto limitados en las herramientas qu pueden emplear frente a casos de acoso sexual en el ecosistema digital o qué paso deberían seguir para proteger a las mujeres de ser violentadas en razón de su género. Asimismo sucede con la captación de niñas a redes de trata de personas u hostigamientos que viven las víctimas a la hora de denunciar sus casos de violencia.

“La tecnología no es infalible, y la privacidad y la seguridad de los datos siguen siendo motivo de preocupación (...). Las herramientas tecnológicas también brindan a las mujeres la posibilidad de acceder a los sistemas de justicia sin tener que estar físicamente presentes ante el tribunal, con lo que salvan las barreras geográficas y, a menudo, las limitaciones relativas a las responsabilidades de cuidados”, describe el informe.

Progreso posible

A pesar de estas inquietudes, la ONU indica que el avance es posible, pero no automático. Para que ocurra, es necesario ir más allá del acceso formal a la justicia y asegurar que mujeres y niñas obtengan resultados reales, en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Esto implica reconocer las exclusiones históricas y las relaciones de poder que siguen marcando sus trayectorias. Las leyes, políticas y prácticas pueden abrir puertas o cerrarlas; por eso, transformarlas exige voluntad política, recursos públicos, movilización social y decisiones basadas en evidencia, siempre conectadas con la diversidad de experiencias que atraviesan sus vidas.

Y es que hay algunos casos donde los parlamentos y jefaturas de Estado alrededor del planeta han logrado avances concretos. En Colombia, por ejemplo, se logró la prohibición del matrimonio infantil tras décadas de ver cómo las niñas contraían matrimonio con adultos. El derecho al aborto, considerado como imposible hace algunas décadas, es ahora una realidad en al menos 70 países del mundo.

El informe muestra que hay avances importantes. La mayoría de países ha adoptado leyes contra la violencia doméstica y, en la última década, varios han reforzado las garantías constitucionales para proteger a mujeres y niñas. Sin embargo, estos logros conviven con una realidad incómoda: las normas, por sí solas, no logran cambiar lo que ocurre en la práctica.

¿Qué falta? Persisten barreras más profundas que siguen limitando el acceso a la justicia. La estigmatización, la tendencia a culpar a las víctimas, el miedo y las presiones sociales continúan silenciando a muchas mujeres, permitiendo que incluso violencias extremas queden impunes. A esto se suman obstáculos cotidianos como los costos, la duración de los procesos, las barreras de idioma y una desconfianza arraigada hacia las instituciones encargadas de protegerlas.

“Ha llegado la hora de actuar, de manifestarnos y exigir derechos, justicia y acción para que todas las mujeres y niñas podamos vivir seguras, hablar con libertad y vivir en igualdad”, concluye Bahous.