La justicia sigue siendo una cuenta pendiente para las mujeres en el mundo. Esa fue la conclusión a la que llegó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de haber sesionado en Nueva York. El encuentro, realizado en marzo, dejó en evidencia que en ningún país se ha logrado una igualdad de género plena e incluso que hay naciones donde las leyes y la jurisprudencia son la principal barrera para garantizar los derechos de las mujeres.

Algunas legislaciones, por ejemplo, siguen limitando la equidad de género en ámbitos laborales o de derechos civiles, como la participación política de las mujeres. Otras naciones, como Colombia, “siguen teniendo 12 normas que deben armonizarse para buscar la igualdad con las mujeres”.

Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, señala que “cuando se niega la justicia a las mujeres y niñas, el daño va mucho más allá de un caso concreto” pues, según dice, la confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita”

Cifras dispares

La Comisión detalló algunas cifras que demuestran la magnitud del problema. Por ejemplo, en el 54 % de los países la violencia sexual sigue teniendo vacíos legales, pues si bien se comete en contra de su voluntad, los sistemas legales no lo catalogan como un delito ni procesan judicialmente a los responsables.

También aparecen otras violencias que se perpetúan por su ausencia en los códigos normativos de los países. Ese es el caso del matrimonio infantil, donde el 72 % de los países no cuentan con prohibiciones o jurisprudencia para regular un fenómeno que obliga a niñas menores de 18 años a casarse, en la mayoría de los casos, con hombres que duplican o triplican su edad.

Otro caso importante que resalta el informe es el de las brechas salariales, donde casi la mitad de los países aún no han discutido leyes que garanticen sueldos equitativos a mujeres que tienen los mismos títulos académicos y desempeñan funciones idénticas a las de los hombres.

“Ningún país ha logrado igualdad jurídica para sus mujeres. La implementación de los marcos jurídicos sigue rezagada, ya que los recursos y las normas no logran seguir el ritmo. Incluso cuando se consigue la igualdad ante la ley, la justicia sigue fuera del alcance de muchas mujeres y niñas”, reza el informe de la Comisión.

Los tiempos cambian

El informe también habla sobre cómo la violencia contras las mujeres ha avanzado, pero la respuesta de los estados se ha quedado estancado. Una parte del texto muestra la preocupación de la ONU sobre cómo la tecnología o el acceso a redes sociales ha contribuido a amplificar las brechas de género y, en varios territorios, ahondar las violencias.

Ese es el caso de casi el 100 % de los países que se han visto limitados en las herramientas qu pueden emplear frente a casos de acoso sexual en el ecosistema digital o qué paso deberían seguir para proteger a las mujeres de ser violentadas en razón de su género. Asimismo sucede con la captación de niñas a redes de trata de personas u hostigamientos que viven las víctimas a la hora de denunciar sus casos de violencia.

“La tecnología no es infalible, y la privacidad y la seguridad de los datos siguen siendo motivo de preocupación (...). Las herramientas tecnológicas también brindan a las mujeres la posibilidad de acceder a los sistemas de justicia sin tener que estar físicamente presentes ante el tribunal, con lo que salvan las barreras geográficas y, a menudo, las limitaciones relativas a las responsabilidades de cuidados”, describe el informe.

Progreso posible

A pesar de estas inquietudes, la ONU indica que el avance es posible, pero no automático. Para que ocurra, es necesario ir más allá del acceso formal a la justicia y asegurar que mujeres y niñas obtengan resultados reales, en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Esto implica reconocer las exclusiones históricas y las relaciones de poder que siguen marcando sus trayectorias. Las leyes, políticas y prácticas pueden abrir puertas o cerrarlas; por eso, transformarlas exige voluntad política, recursos públicos, movilización social y decisiones basadas en evidencia, siempre conectadas con la diversidad de experiencias que atraviesan sus vidas.

Y es que hay algunos casos donde los parlamentos y jefaturas de Estado alrededor del planeta han logrado avances concretos. En Colombia, por ejemplo, se logró la prohibición del matrimonio infantil tras décadas de ver cómo las niñas contraían matrimonio con adultos. El derecho al aborto, considerado como imposible hace algunas décadas, es ahora una realidad en al menos 70 países del mundo.

El informe muestra que hay avances importantes. La mayoría de países ha adoptado leyes contra la violencia doméstica y, en la última década, varios han reforzado las garantías constitucionales para proteger a mujeres y niñas. Sin embargo, estos logros conviven con una realidad incómoda: las normas, por sí solas, no logran cambiar lo que ocurre en la práctica.

¿Qué falta? Persisten barreras más profundas que siguen limitando el acceso a la justicia. La estigmatización, la tendencia a culpar a las víctimas, el miedo y las presiones sociales continúan silenciando a muchas mujeres, permitiendo que incluso violencias extremas queden impunes. A esto se suman obstáculos cotidianos como los costos, la duración de los procesos, las barreras de idioma y una desconfianza arraigada hacia las instituciones encargadas de protegerlas.

“Ha llegado la hora de actuar, de manifestarnos y exigir derechos, justicia y acción para que todas las mujeres y niñas podamos vivir seguras, hablar con libertad y vivir en igualdad”, concluye Bahous.

A sus 64 años, Rosa* empezó a perder el control de su vida. Sus derechos, un día de 2022, empezaron a desvanecerse. Tuvo que cargar el peso del cuidado de su esposo, Jorge*, un hombre que de un momento a otro mostró síntomas de trastornos mentales. La patología no se redujo a un asunto médico: cada episodio que él tenía significaba agresiones sexuales para Rosa, riesgos a su integridad y una cotidianidad cargada de temor.

Dejó su trabajo para estar pendiente de él. Los ingresos laborales se redujeron casi a cero y cuando las noches llegaban temía ser agredida carnalmente, por lo que tuvo que dormir en una habitación diferente y trabar la entrada con un armario para evitar los ataques.

Hasta que después de dos años de clamar ayuda, alguien llegó. A finales de 2024, Diana Candamil, una jueza de Manizales, decidió no perpetuar más esa violencia que vivía e hizo justicia con enfoque de género.

Al despacho de la jurista llegó una tutela en la que Rosa pedía que Sanitas EPS, al ser su entidad de salud, trasladara a Jorge a un centro psiquiátrico para garantizar su derecho a la salud. Ella argumentaba que no percibía siquiera un salario mínimo, estaba en vulnerabilidad y, si bien tenerlo en casa era un acto de cariño, ponía en riesgo su integridad como mujer y esposa. Allí explicó que Jorge, incapaz de controlar su psiquis, abusó sexualmente de ella en varias ocasiones o intentaba prenderle fuego al hogar.

Candamil determinó que la cuestión era más profunda sobre si obligar o no a la admisión de Jorge a un centro psiquiátrico. Para ella, la justicia debía solucionar un problema que todos habían pasado por alto: garantizar un acceso médico digno para Jorge podría mejorar su cuadro mental y la vida de Rosa dejaría de estar expuesta.

Por eso decidió darle la razón a Rosa y ordenó que Sanitas conformara una junta médica que hiciera todo lo posible para estabilizar al hombre y que, de ser posible, retornara a casa con un cuidado acorde a su patología.

En otras palabras, convirtió un reclamo de internación psiquiátrica en un fallo que vela por el derecho a la salud de Jorge, pero también el derecho a la vida digna y sin miedos de Rosa.

La sentencia fue premiada por la Comisión de Género de la Rama Judicial al reconocer que Candamil, en lugar de escoger el camino fácil, decidió proteger y garantizar derechos. El fallo ampara tanto a Jorge, que a todas luces sufría un cuadro mental grave, y a Rosa, que al ser mujer, de tercera edad y en vulnerabilidad económica, también requería una atención diferencial.

“Protege derechos fundamentales y elimina patrones de discriminación”, comenta la jurista de 37 años.

Carga pesada de llevar

La sentencia tuvo de todo. Al estrado llegó un caso que involucraba muchas variables, y al ser una tutela solo había 10 días hábiles para ofrecer una respuesta que resolviera las pretensiones de Rosa.

El caso no podía ser juzgado simplemente como un asunto de violencia intrafamiliar: Jorge tenía un diagnóstico clínico que determinaba que no sabía a ciencia cierta lo que hacía ni las consecuencias de sus picos de furia.

Pero tampoco se podía solamente obligar a Sanitas a admitir y costear sus gastos en un centro psiquiátrico, pues fallos de la Corte Constitucional hablan que esto solo puede hacerse en casos “excepcionalísimos” siempre y cuando haya un respaldo médico que lo sugiera.

“Dejar a Jorge en casa en ese momento era condenarla (a Rosa) a seguir viviendo en ese círculo de violencia, pues fue la desatención médica la que detonó esas conductas. La sentencia interna a Jorge en un centro, pero busca que se recupere para que convivan juntos sin derechos vulnerados”, aclara Candamil.

Y es que en el expediente se comprobó que Rosa buscó una mano amiga, pero encontró barreras y silencio. Por ejemplo, uno de los primeros diagnósticos que ofrecieron sobre su marido indicó un “retraso mental leve”, algo muy disonante con el parte real: parkinsonismo y atrofia cerebral progresiva. Sin un diagnóstico claro, decía Rosa, su esposo no tendría tratamientos adecuados.

A eso se sumó que Rosa tuvo que tutelar en tres ocasiones que se atendiera con diagnósticos y procedimientos correctos, a Jorge. Es decir, con tratamientos, medicamentos y médicos especialistas en neurología.

Incluso alegó un argumento humano: cuidar de Jorge, tarde o temprano, dejaría de ser humanamente posible. Sus ingresos no superaban los COP 600.000 mensuales y disponer todos sus días para cuidarlo también impidieron volver a tratar la hipertensión que ella sufre.

“No puede someterse a una persona que, por garantizar los derechos de un tercero, (lo) sobreponga (a) su integridad, salud e incluso su existencia (...). Aceptar sin más, que Rosa se vea confinada a sacrificar su integridad y tranquilidad se torna en una carga demasiado pesada de llevar”, reza la sentencia.

Un enfoque importante

Para la jueza, implementar la perspectiva de género, más que un asunto aleatorio, debe ser una norma cuando se habla de justicia. Y es que sin ese enfoque que se aplicó en el caso de Rosa, el caso seguiría recorriendo hospitales y juzgados en Caldas y los derechos tanto de Jorge como de Rosa seguirían vulnerados.

“No solo es una cuestión administrativa. Aquí confluyeron otros derechos vulnerados de ella, como vivir sin miedo o en condiciones dignas. La justicia y la sentencia, más que el papel, es la posibilidad de cambiar la vida de las personas”, acota Candimil.

Su fallo ahora quedará en la historia judicial de Colombia al haber hecho justicia, pero también dejar para la historia que sin importar qué tan complicado sea un problema en un estrado, siempre puede resolverse en clave de género.

*Nombres modificados por privacidad.

Tres palabras, un propósito: que los jóvenes en Colombia, con conocimiento en mano, tomen decisiones informadas que garanticen sus derechos reproductivos. De eso se trata “De Haber Sabido”, una campaña lanzada que busca que la educación sexual, más que un asunto académico, sea una herramienta para que millones de menores de edad conozcan las garantías sexuales y reproductivas que tienen.

A comienzos de 2026, la ONG Poderosas lanzó esta iniciativa que busca recorrer las aulas de las instituciones educativas enseñando a los jóvenes cómo convertir el conocimiento en derechos. La fórmula es sencilla: si hay una generación que conozca sobre su sexualidad, habrá más decisiones conscientes que eviten embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual o juventudes truncadas.

El proyecto ha llegado a más de 20.000 jóvenes, en diferentes municipios, que enfrentan barreras a la hora de gozar de sus derechos, como el de acceder a educación de calidad. Así ocurre, por ejemplo, en Barú (Bolívar), Quibdó (Chocó) y Soacha (Cundinamarca), esta última a tan solo unos minutos de la capital. En sus pedagogías se informa sobre anatomía, pero también de los derechos que legalmente se han aprobado en Colombia para decidir sobre el propio cuerpo, como el uso de anticonceptivos o la interrupción voluntaria del embarazo. Conversan también sobre diversidad sexual o incluso la pornografía y los escenarios donde un acto transgrede la frontera y se convierte en violencia sexual.

Mariana Sanz, abogada y fundadora de la ONG, comenta: “No se puede proteger lo que no se conoce. Queremos que un tabú como la sexualidad se transforme en derechos y en el poder de decidir libremente sobre los cuerpos y las vidas de la Colombia del futuro”.

El conocimiento es poder

La campaña materializa un viejo adagio que ha sido pronunciado por décadas en el argot popular: el conocimiento es poder. La iniciativa nació después de realizar estudios que indicaban que las leyes sobre educación sexual y derechos reproductivos que se debatían en el Congreso en Bogotá no llegaban a las escuelas públicas o de municipios donde acceder a una clase era realmente un privilegio.

En las pesquisas evidenciaron que Colombia, si bien está equipado con un marco legal robusto y miles de datos que hablan sobre sexualidad, aún seguían existiendo varias tareas pendientes. Por ejemplo, cifras del Ministerio de Salud indicaron que una de cada cinco mujeres entre los 15 y 19 años aseguraron haber estado embarazadas. El mismo estudio reportó que cuando hay educación, la vida sexual responsable se inicia casi tres años después (18 años) que quienes nunca recibieron asesoría alguna sobre sexualidad, aborto o métodos anticonceptivos (15 años).

A esos datos se sumaban otros escenarios más preocupantes que mutaban en derechos vulnerados. El DANE concluyó que una de cada tres niñas desconocía por completo qué hacer frente a su menstruación, mientras que casi el 45 % no sabía las causas e incluso faltaba a clases por vergüenza.

“La educación significa poder: poder de decidir sobre los cuerpos, la sexualidad y las vidas. Pero también de evitar escenarios como el embarazo adolescente, la explotación sexual o la captación de niñas a actividades donde se vulneren sus derechos sexuales”, subraya Sanz.

Así fue que empezaron a vincular a profesores, estudiantes e incluso figuras públicas para que el mensaje llegara a cuantos jóvenes pudiera. A la campaña se han sumado, por ejemplo, pesos pesados del cine, como Sara Pinzón, Emmanuel Restrepo y Adriana Arango, quienes han participado en una serie de videoclips reforzando la importancia de hablar de sexualidad y derechos.

El poder de decidir

A diferencia de otras ONG, Poderosas mide sus indicadores en una variable que ellas denominan el Índice del Poder de Decidir. Esta es una manera de determinar cómo el proyecto ha logrado impactar la vida de los jóvenes. Por ejemplo, la cifra de niñas que consideraban que la virginidad determina su valor como mujeres pasó del 14 al 19 % después de las pedagogías de la organización.

Otro caso: en Pueblo Viejo, Magdalena, solo una de cada 10 mujeres sabía qué era el aborto y las causales que otorga la ley. Luego de la campaña, la cifra ascendió hasta el 42 %.

“De haber sabido que existían derechos, las decisiones hubiesen sido diferentes. Si queremos formar ciudadanos integrales, la educación sexual debe estar presente”, subraya Sanz.

Antes que lamentar

Pero más allá de enseñar sobre normas que reposan en los pasillos del Congreso, la campaña también busca prevenir. A las oficinas de Poderosas han llegado datos que demuestran que el desconocimiento se traduce en violencias, por lo que las ha motivado a enseñar sobre consentimiento, agresiones o estereotipos de género.

En Solano (Caquetá), Bosa (localidad de Bogotá) o la subregión de Urabá las niñas escasamente conocían qué era violencia de género. Sin información y con leyes que existen, pero no se aplican, el resultado sigue quedando en veremos.

La pedagogía, comenta Maritza Marentes, directora de la ONG Valientes, es clave aquí. “El verdadero reto para una apuesta pedagógica es que el Estado, como garante de derechos, prevenga las violencias. Luego entran a jugar otros actores, como la sociedad civil o la familia”, asegura Marentes.

Por ahora parece muy pronto para hablar de un cambio cultural en el que la educación sexual sea la regla en las aulas de clase colombianas. Pero Sanz asegura que paso a paso, derecho a derecho, podrán contribuir a un país más informado. “Estamos seguras de que en unos años veremos cómo los derechos sí se garantizaron y los cuerpos y sexualidades se respetaron. Que habrá un país donde cada vez menos escuchemos ‘de haber sabido’”, concluye.

Adriana Tisoy aún recuerda cómo hace dos semanas hizo historia para la comunidad inga, del sur de Putumayo. Primero, porque al recibir un reconocimiento en el premio Mujer Cafam 2026 supo que ese galardón confirma que es posible apostarles a la cultura y a la paz sin fallar en el intento. Y segundo, porque se sentía orgullosa de ser, con apenas 25 años, una de las nuevas caras visibles que trabajan para que su pueblo y los conocimientos ancestrales sigan manteniéndose en el tiempo.

Esta es la historia de una lideresa que busca que la cultura inga sobreviva después de décadas de guerra. Su apuesta se sostiene en tres caminos: el tejido, las artesanías y la recuperación de la memoria histórica.

Aunque lleva pocos años en su camino como vocera de su pueblo, Adriana ya ha logrado que esos saberes salgan del territorio. En 2008, cuando era tan solo una niña, vio con alegría que su mamá fue postulada como Mujer Cafam Putumayo. Dieciocho años después Adriana recibió una mención honorífica del premio, lo que equivale a un reconocimiento que la motiva a seguir trabajando por la supervivencia cultural y el desarrollo económico.

“Este es el resultado de un proceso en el que se cuida a las mujeres y en el que avanzamos juntas hacia el mismo objetivo: sembrar y, después de años, recoger la cosecha y sus frutos”, asegura.

Relevo generacional

Adriana creció escuchando las historias de sus abuelos. De ellos aprendió cuál es la importancia de cuidar el territorio, cómo el tejido se convirtió en una forma de conocimiento y cuáles eran las preocupaciones que los mayores tenían sobre su futuro.

Las razones de esas inquietudes no eran menores. Los ingas tuvieron que adaptarse a vivir en tiempos de guerra. En 2009, el Estado reconoció la gravedad de esa situación. Ese año la Corte Constitucional profirió un auto, en el que describió como “crítica” la realidad que enfrentaban a causa del conflicto armado.

Pero la guerra no era la única amenaza. Con el paso del tiempo surgía otro riesgo, menos visible, pero igual de preocupante: la pérdida de la memoria cultural.

El informe final de la Comisión de la Verdad advirtió que de los 117 pueblos indígenas que existen en el país, al menos 68 enfrentan riesgo de exterminio. Ese peligro puede ser físico, por desplazamientos o destrucción de sus territorios, pero también cultural, cuando las tradiciones y los conocimientos dejan de transmitirse entre generaciones.

Frente a ese panorama, Adriana decidió actuar. Desde hace cinco años lidera procesos comunitarios orientados a conservar las costumbres ancestrales y a mostrarle al país la importancia de los saberes indígenas.

Una de esas iniciativas es Sumaglla Manoy, un emprendimiento que comenzó como una pequeña barrera contra el olvido y que hoy ha permitido que cada año cerca de 3.000 niños y jóvenes de Putumayo se acerquen nuevamente a los conocimientos ancestrales.

El proyecto busca vincular a mujeres y jóvenes en las tareas de tejido y en procesos de cuidado del territorio para que sean ellos quienes se conviertan en la próxima generación de líderes. El trabajo ha sido tan ambicioso que Artesanías de Colombia se interesó por sus productos y, tras ir directamente a su vereda en Putumayo, la vinculó a ella y a las demás tejedoras ingas a las ferias comerciales que se hacen en el país.

La organización ha recalcado la labor incansable de Adriana por reunir los conocimientos de sus ancestros. “Adriana es una guardiana del territorio y la memoria. Su trabajo fortalece la identidad cultural, la lengua y los saberes, pero también robustece el buen vivir de las mujeres jóvenes y las familias indígenas de Putumayo”, declaró Artesanías de Colombia luego de conocer el galardón que recibió la lideresa.

Lucha contra el olvido

A las preocupaciones se sumaron otras más. El idioma empezaba a desaparecer y había pocos libros que contaran la historia inga o que incluyeran testimonios de los ancestros. A medida de que los mayores iban muriendo, también desaparecían las historias que se ransmitieron por varias generaciones en Putumayo.

Frente a ese panorama, Adriana reunió a un grupo de mujeres y las llevó a emprender otra tarea: recuperar las historias de quienes aún las conservaban. Comenzaron a visitar las casas de los sabedores y ancianos del territorio, y allí escuchaban relatos sobre la cosmovisión inga. A medida de que las escuchaban, las iban recopilando y escribiendo para evitar que se perdieran con el tiempo.

Ese trabajo de recoger la memoria de generaciones enteras tuvo frutos en 2024, cuando Adriana y varias mujeres de su familia lograron acceder a un estand en la Feria Internacional del Libro de Bogotá para presentar una colección de historias cortas dirigidas a niñas y niños, escritas en inga, kichwa (lengua nativa) y español. El proyecto se convirtió en una de las primeras iniciativas literarias que combinan la lengua de los ingas con el español para transmitir relatos propios a las nuevas generaciones.

Apuesta a futuro

Adriana insiste en que su trabajo apenas comienza. Para ella, preservar la cultura no es solo recordar el pasado, sino garantizar que las nuevas generaciones tengan herramientas para sostener el futuro de su pueblo.

En un territorio donde el conflicto amenazó durante décadas con borrar la memoria de los ingas, Adriana decidió que su camino sería el de reconstruirla con el tejido, palabra por palabra, para que no desaparezca.

“Este será nuestro legado para el futuro, que el tejido y la memoria continúen en el tiempo y, mientras eso se hace, sean otras mujeres las que sean las responsables de construir el futuro de los ingas”, concluye.

Por las calles de Medellín circula un viejo adagio desde hace décadas: el día no tiene 24 horas para todos sus habitantes. Y las mujeres, históricamente encargadas de las labores domésticas y de cuidado no remunerado, lo saben bien. Mientras que los hombres destinan solo tres horas de sus días a tareas de cuidado y mantenimiento del hogar, una mujer puede fácilmente estar entregando casi un tercio de sus días para que las familias, hijos y aseo de sus viviendas sigan en pie. Y no es una opción, es una labor que les fue delegadas por estereotipos de género.

Ese es el panorama que quiere revertir la Alcaldía de Medellín a través del nuevo Centro de Lavado Comunitario que se estrenó esta semana en el barrio Manrique. La apuesta, considerada más una política pública con enfoque de género que un espacio de oferta institucional, aspira a que al menos 60 familias puedan liberar tiempo que se destina a labores de cuidado. Para las mujeres, la iniciativa representa un beneficio extra: ganar tiempo que pueden reinvertir en su cuidado personal o en mejorar su calidad de vida.

En total, la comunidad podrá adquirir 240 horas semanales libres para sus beneficiarias que, de acuerdo con Valeria Gómez, secretaria de Mujeres de Medellín, creará un efecto dominó donde se genere empleo, cierre de brechas de género y desarrollo comunitario.

Cuidar: un derecho que se convierte en política

No es nuevo el debate sobre qué tan desiguales son las cargas de cuidado en Colombia. Desde 2017 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha ofrecido cifras sobre este escenario que en realidad es de larga data. En los registros de esa entidad aparece que tres de cada 10 mujeres están obligadas a destinar casi el 30 % de sus vidas a trabajos por los que a fin de cuentas no reciben remuneración económica.

El panorama empeora cuando se añade a la fórmula que ese “tiempo muerto” en que las mujeres no pueden producir o aportar al sustento económico del hogar también trunca sus proyectos de vida.

“Limita su inserción en otras esferas de la vida, limitando su bienestar, desarrollo de capacidades, la generación de ingresos y el acceso a la seguridad social (...) En el futuro habrá mayores retos para ellas”, reza un estudio publicado en 2020 construido entre el DANE y ONU Mujeres.

En Medellín la situación no es diferente. Las mujeres que viven en la capital antioqueña son unas de las que más tiempo de sus días destinan al cuidado de todo el país, específicamente en limpieza, aseo del hogar, preparación de alimentos o la atención de niños o personas en condición de discapacidad.

El Centro de Lavado Comunitario traduce esos estudios y cifras en una política de atención. Según informó la Alcaldía, el Centro estará compuesto de cuatro lavadoras y secadoras que las mujeres, la mayoría de ellas cabezas de hogar, podrán utilizar de forma gratuita. También está equipado de mobiliario y utensilios que servirán para facilitar los trabajos de lavado, tales como estanterías, productos de limpieza, cestas de ropa y rótulos para marcar y distinguir la ropa. El tiempo ahorrado puede ser reinvertido por las cuidadoras en ejercicios de autocuidado, atención psicosocial, acceder a trabajos remunerados o, en su defecto, a aliviar una carga que por décadas les fue asignada y no ha dejado ninguna compensación.

“Cuando hablamos de los derechos de las mujeres mencionamos muchos avances. Pero aún quedan pendientes los temas de cuidado; tenemos menos tiempo para acceder a derechos. Es como un piso pegajoso, no nos permite mover, pero tampoco avanzar”, asegura la funcionaria de la Secretaría de la Mujer.

Tiempo que vale oro

La iniciativa recibió el respaldo de actores privados para garantizar el suministro de jabón y parte del mobiliario. Además, el espacio promete consolidarse como un lugar de encuentro comunitario y de acceso a servicios institucionales como atención en salud mental, orientación jurídica y procesos de formación, con el propósito de fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres y sus familias.

Omaira Pérez, una de las cuidadoras beneficiarias, lo resume así: “Para nosotras el tiempo vale oro. Poder traer la ropa y contar aquí con apoyo para el lavado significa que puedo dedicarle más tiempo a mi familia, descansar o formarme. Nos sentimos reconocidas y acompañadas”.

Este punto se suma a la red de 11 Círculos de Cuidado que actualmente operan en Medellín, la mayoría de ellos dirigidos a garantizar derechos de mujeres y cerrar brechas de género. Según cifras del Sistema de Cuidado, a diciembre de 2025 se habían atendido 6.803 mujeres cuidadoras y más de 11.000 personas habían participado en procesos de sensibilización sobre el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado.

Más allá de disminuir el tiempo que las mujeres destinan a las tareas domésticas, el centro abre la puerta a que participen en espacios de formación, fortalecimiento de liderazgos, encuentros comunitarios y actividades de autocuidado, orientadas a promover su bienestar físico, mental y emocional.

“Esas ocho horas que las mujeres invertían en la casa en cuidados ahora se convierten en un tiempo que se transformará en derechos, sueños, proyectos de vida y bienestar. Acá ganan las mujeres, el departamento al ver mayor productividad por parte de ellas y el país, que puede importar este modelo en todo el territorio”, concluye Gómez.

Una alianza entre la empresa tecnológica Zoho Corporation y la Fundación WWB Colombia busca impulsar la digitalización de negocios liderados por mujeres en el país. El programa, que también cuenta con el acompañamiento de Agil Know-How Consultores, proyecta beneficiar a 5.000 emprendedoras en los próximos tres años mediante el acceso a herramientas tecnológicas para gestionar sus negocios.

La iniciativa comenzará con la entrega de 1.000 licencias en 2026 de Zoho Solo, una aplicación diseñada para trabajadores independientes y pequeños emprendimientos unipersonales. La plataforma integra funciones de gestión empresarial como control de clientes, administración de tareas, facturación, registro de gastos e impuestos, con el objetivo de simplificar la operación diaria de los negocios.

Las emprendedoras seleccionadas accederán a la versión completa de la herramienta sin costo durante el primer año, como parte de una estrategia que busca eliminar barreras económicas para la adopción tecnológica. Las licencias se activarán de forma individual a través de un portal exclusivo de la fundación.

En el marco del acuerdo, la Fundación WWB Colombia será responsable de convocar y seleccionar a las beneficiarias, además de facilitar los espacios y recursos necesarios para el desarrollo del programa. Por su parte, Agil Know-How Consultores acompañará la implementación técnica y el cumplimiento del cronograma.

Brecha digital de género

El programa llega en un momento clave para Colombia. En los últimos años el Estado ha reconocido que las mujeres, además de todas las demás inequidades, también enfrentan brechas de género a la hora de entrar al universo digital. Así lo reconoció, por ejemplo, el Ministerio de Educación, entidad que en 2025 explicó: “Limita a millones de mujeres en Colombia y el mundo, afecta su educación y participación en entornos digitales”.

Pero hay otros estudios que le ponen valores numéricos a esta brecha. Web Foundation, organización sin fines de lucro, muestra que las mujeres se enfrentan a una desventaja en comparación con los hombres en el entorno digital. Por ejemplo, detalla que los hombres tienen 7 % más oportunidades de participar en asuntos de relevancia nacional a través de escenarios tecnológicos; 5 % más probabilidades de éxito con emprendimientos de e-commerce o 4 % más presencia en espacios de discusiones virtuales, como blog o creación de contenidos.

“Más que herramientas digitales, esta alianza entrega oportunidades de transformación real para quienes suelen estar al margen del ecosistema tecnológico”, señaló Raju Vegesna, portavoz de Zoho.

Para la Fundación WWB Colombia, la apuesta se conecta con uno de los retos estructurales del ecosistema emprendedor en el país: el acceso desigual a tecnología y capacidades digitales. Según explicó Daniela Konietzko, presidenta de la organización, cerrar estas brechas es clave para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y ampliar sus oportunidades de crecimiento empresarial.

“Esta alianza estratégica busca eliminar barreras que limitan el crecimiento de las personas emprendedoras. La suma de esfuerzos entre las organizaciones permite dar soluciones locales con perspectiva global”, afirma Konietzko.

La iniciativa se presenta también como un modelo de innovación social que articula distintos actores. Mientras la Fundación WWB Colombia lidera el proceso de inclusión y acompañamiento de las emprendedoras, Zoho aporta la tecnología y Agil Know-How actúa como socio y asesor técnico para garantizar la implementación del programa.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, algunas de las primeras beneficiarias destacaron el impacto práctico que puede tener la herramienta en la gestión de sus negocios. “Antes llevábamos las cuentas en cuadernos o en archivos de Excel; ahora podemos administrar todo desde una sola aplicación”, comentó Patricia Arenas, una de las emprendedoras.

“Esta alianza es la culminación de una visión compartida (...) nos enorgullece ser el puente para que estas emprendedoras ingresen al mundo de oficinas digitales de vanguardia. Estamos impulsando un modelo de transformación que se consolida hoy en Colombia, a través de un proyecto pionero de inclusión digital con alcance global”, comenta Luis Martínez, fundador de Ágil Know How.

Con esta apuesta, las organizaciones buscan promover la adopción de herramientas digitales entre emprendimientos que históricamente han operado con recursos limitados, y avanzar en el cierre de brechas tecnológicas que aún afectan a miles de mujeres empresarias en el país.

Varias cosas han cambiado en la vida de Yamile Roncancio últimamente. Siempre estuvo acostumbrada a que su trabajo como litigante, que busca justicia frente a agresiones de género, le trajera represalias, críticas y una que otra vendetta. Pero esta vez fue diferente. Un caso que representa para salvaguardar los derechos de dos menores de edad en Bucaramanga abrió la caja de Pandora, y como retaliación recibió estigmas y una investigación disciplinaria en la Rama Judicial. Ahora no es solo su nombre el que entró al blanco de agresiones, sino también su título como abogada.

Pero no es un caso único. Al igual que a Roncancio, son decenas de mujeres que, de acuerdo con el Ministerio del Interior, han manifestado sentir desprotección o temor por llevar a cabo su labor de defender derechos, algunas sufriendo amenazas, pero otras viendo cómo sus familias, patrimonio o vidas son atacadas por su trabajo.

Vacío institucional

En Colombia hay al menos 50 decretos, sentencias o leyes que reposan en la sala de máquinas del Estado para atender violencias contra quienes defienden a otras mujeres. Una de las iniciativas más importantes se dio en 2018, cuando nació el Programa de Garantías para Mujeres Defensoras y Lideresas, que busca articular 33 entidades del Estado con las organizaciones para prevenir y proteger a las defensoras: desde una lideresa ambiental en territorio hasta una litigante amenazada en una ciudad principal. Pero su avance ha sido “desalentador”, según Jennifer Cordón, coordinadora en Sisma Mujer.

“La articulación interinstitucional y el desconocimiento de la norma han minado el objetivo de garantizar una protección real”, comenta.

Mientras los intentos plasmados en un papel intentan materializarse, hay quienes siguen sintiendo inseguridad por llevar a cabo su labor de proteger a mujeres. Así lo explica Juliet Gómez, cofundadora de la Coletiva Justicia Mujer, quien ha sentido temor por representar judicialmente a víctimas de violencias de género, y considera que su trabajo atrae riesgos.

“Colombia es el país más peligroso para defender los derechos humanos. Cerca del 30 % de esas agresiones fueron contra mujeres, y el 75 % de las mujeres que defienden no encuentran respuesta efectiva ante las denuncias”, explica Gómez.

La Defensoría del Pueblo ha detallado que las mujeres defensoras enfrentan un doble riesgo a la hora de reclamar derechos. Primero, por hacer frente a violencias estructurales, y segundo, por el hecho de ellas mismas ser mujeres y no relegarse al ámbito doméstico. La entidad incluso ha hallado que las repercusiones contra ellas se manifiestan de varias formas: amenazas y agresiones, pero también delitos de alto impacto, como violencia sexual, desplazamientos o asesinatos.

También hay casos como el de Martha Polanco, defensora de familia del ICBF en Santander de Quilichao (Cauca), que en una audiencia de conciliación escuchó cómo el abogado de la contraparte mencionó: “Doctora, usted me excita”.

“En un Estado social de derecho nos debe defender el Estado. Pero en la práctica nos cuidamos solas. Implica convertirnos en personas incómodas, y aún se castiga a las mujeres por denunciar y liderar, pero también por asumir un lugar público que históricamente se nos ha querido negar”, afirma Claudia Quintero, directora de la Fundación Empodérame, quien en los últimos 12 años ha llevado la defensa de víctimas. Asimismo, ha tenido que convivir con las amenazas por ser mujer o por su color de piel.

En la soledad

La mezcla de defender derechos y convivir con las amenazas ha creado un coctel que Sara Jaramillo, jurista que litiga en Medellín contra la trata de personas, define como “una pelea con las uñas”.

“Hacemos esto porque amamos la defensa de derechos, pero lo hacemos desde una posición de mucha soledad. Lo único que buscamos es que defender no implique una sentencia”, asegura. “Hay una apatía social combinada con misoginia que nos obliga a enfrentar las consecuencias, y ser medidas con un doble rasero. La solidaridad es la única defensa que tenemos”.

El trabajo continúa a pesar de la sensación de miedo. Roncancio, quien también ha sido apoderada de las víctimas de feminicidio y ha logrado 50 sentencias condenatorias, asegura que buscar justicia es un proceso costoso y de largo aliento que debe llevarse hasta las últimas instancias, pues de otra forma se estaría fallando a mujeres que depositan su esperanza de encontrar alguna reparación o verdad.

Incluso recuerda que defender a otras mujeres implica más costos que beneficios. Ella, por ejemplo, cambia constantemente su domicilio para estar más cerca de las víctimas y rebusca los recursos para que su fundación, Justicia para Todas, siga funcionando.

“Hay jornadas que pueden ser de 15 horas diarias. Y no lo vemos como un sacrificio. No creo que Colombia valore lo suficiente a las defensoras de derechos”, asegura Roncancio.

Causas tristes, no perdidas

Todas las entrevistadas coinciden en que si pudieran volver al pasado, elegirían exactamente el mismo camino de defender a otras mujeres. Este diario intentó conocer el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Justicia para revertir la situación de violencia, pero al cierre de esta nota no encontró respuesta.

El trabajo de estas mujeres, comentan, no es una vocación que pueda ser olvidada y, a pesar de los riesgos, tiene historias para aplaudir. Cada lucha que emprenden significa una familia que vio restablecidos sus derechos o una mujer que encontró protección. “A mí me salvaron las mujeres, y lo siguen haciendo. Cuando el miedo o el cansancio amenazan con desbordarlo todo, allí están. Entre mujeres podemos construir protección, conciencia y resistencia”, concluye Quintero.

Luego de una jornada agitada y llena de sorpresas electorales ya se sabe cómo quedará el mapa político de Colombia en los próximos cuatro años. Pero a los nombres y el número de curules ganados por cada partido, se suman algunas interrogantes sobre cuál será la fórmula que utilizará el Congreso para darle continuidad al cierre de brechas de género.

La tarea no es menor, pues históricamente ha sido el Congreso el que debate algunos de los asuntos que afectan a millones de mujeres. Cuatro años después de una mayoría progresista, es posible seguir por la senda de garantizar más derechos y superar barreras en busca de la igualdad.

En el siglo XIX, por ejemplo, fue el Legislativo el encargado de derogar códigos penales que imponían penas de hasta 10 años de cárcel a las mujeres que violaran la “obediencia como obligación conyugal”.

En el último cuatrienio, fue el Congreso también el que saldó deudas históricas con mujeres al discutir y aprobar leyes de avanzada, como la norma que prohibió el matrimonio infantil o también reconoció a las mujeres buscadoras de desaparecidos forzados como sujetos de especial protección constitucional.

Proyectarse a futuro

A finales de febrero, ONU Mujeres publicó un informe en el que evaluó cómo puede contribuir el Legislativo para garantizar mayor igualdad de género en el país. El estudio estuvo compuesto de análisis de 117 normas que se contradicen con los movimientos feministas y en algunas ocasiones siguen discriminando a las mujeres.

El resultado: aún hay varios peldaños pendientes por escalar para que el Congreso salde una deuda con las mujeres colombianas, especialmente en ámbitos laborales, salariales, de participación política o de acceso a su salud sexual y reproductiva.

Además de examinar algunos acápites que resultan “discriminatorios”, este organismo de Naciones Unidas sugiere cómo se puede avanzar en términos legislativos para subsanar esos errores, artículos o leyes completas que afectan la vida de las mujeres.

Allí aparece la sugerencia de modificar la Ley 294, que actualmente permite que una mujer violencia de agresiones sea confrontada con su agresor; o la norma 1900 de 2018, en la que se habla explícitamente hacia los “jefes de familia” y, además de excluyente, se convierte en una barrera para que las mujeres tengan propiedad jurídica de la tierra.

“Tuvo que pasar más de un siglo para que Colombia avanzara en la eliminación y modificación de disposiciones normativas discriminatorias (...) Es por esos avances legislativos que actualmente pueden administrar sus bienes, elegir su apellido, trabajar sin autorización previa de su marido, entre otras limitaciones que fueron impuestas en el pasado”, menciona el informe de ONU Mujeres.

Hallazgos con enfoque de género

La investigación reveló que el Congreso debe tomar acciones urgentes en la discusión y modificación de normas que, a hoy, son las más urgentes para resolver problemas que vienen de años atrás.

Algunas consisten en la aprobación de proyectos de ley que han quedado relegados a un segundo plano en la agenda de Senado y Cámara, como lo es la prohibición de la mutilación genital femenina.

Otras versan sobre reunir las voluntades políticas de los más de 200 legisladores para suscribir a Colombia en tratados internacionales que lo comprometen y vinculan a seguir eliminando violencias de género, como es el caso de la Convención sobre el Consentimiento, Edad Mínima y Registro del Matrimonio, que obliga a que todos sus firmantes garanticen que ningún vínculo marital se realice sin la potestad de ambas partes y, además, ponga límites para que todas las uniones queden registradas ante el Estado.

Específicamente, ONU Mujeres detalla que son nueve proyectos, 12 modificaciones a las leyes y la ratificación de tres tratados internacionales para “armonizar el marco legal interno del país (...) con búsqueda de igualdad de las mujeres”.

Hay varios ejemplos que ilustran los pendientes que señala el informe. Ese es el caso de un proyecto que aún falta por transitar en los pasillos del Congreso para ofrecer una solución legislativa y de atención estatal al cuidado no remunerado, que, además de ser desproporcional y recaer en el lado de las mujeres, trunca sus proyectos de vida y las priva de generar ingresos propios y autonomía financiera.

También hay recomendaciones para modificar e implementar medidas afirmativas en el Código de Trabajo, ya que está comprobado según las cifras de la Coalición Internacional por la Igualdad Salarial que sigue habiendo una brecha de 6,6 % menos de ingresos entre mujeres y hombres en cargos idénticos.

Además, ONU Mujeres consultó fuentes oficiales, como los diferentes diagnósticos que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tratados internacionales y sentencias que han marcado jurisprudencia en pro de las luchas feministas.

Lucha compartida

ONU Mujeres reconoce que la tarea no es únicamente del Congreso, pues luego de debatir, aprobar y expedir cualquier norma, es tarea del Ejecutivo, es decir del Gobierno de turno, alcaldías y gobernaciones que las normas se cumplan realmente y que lo que se discuta en Bogotá logre impactar realmente en los territorios.

Ahora es deber no solo de los partidos políticos, sino de sus representantes en cada uno de los escaños, definir si el próximo Congreso será uno que continúe con décadas de avances en favor de las mujeres o si, por el contrario, priorizará otras agendas al interior del Capitolio.

“El poder transformador del derecho para la vida de las mujeres depende no sólo de depurar las normas sino también de concebir normas más conscientes de sus realidades y necesidades, así como de que sean interpretadas y aplicadas con perspectiva de género en el caso a caso”, concluye el informe.

Pase lo que pase en las urnas este domingo, Colombia seguirá teniendo un saldo pendiente con las mujeres que aspiran al poder, al menos durante cuatro años más. Este 8 de marzo millones de colombianos se movilizan a las mesas de votaciones para definir quiénes tomarán las riendas políticas del país. Pero hay un problema que si bien no es nuevo, tampoco ha mostrado señales de mejoría: la paridad participativa de género.

El Espectador conoció los registros electorales de la Misión de Observación Electoral que analizan la variación entre cuántas mujeres aspiraron al Congreso en las elecciones pasadas y cómo esa cifra, cuatro años después, se ha mantenido prácticamente igual.

El resultado: aunque hay más candidatas con posibilidades de llegar al poder legislativo, la relación desigual frente a los hombres continúa, siendo ellas tan solo un 40 % de los nombres que aparecerán este domingo en los tarjetones electorales.

El estudio de la MOE explica que en este ciclo para el período 2026-2030 hay 1.303 mujeres candidatas, ya sea para aspirar a asientos en el Senado o a circunscripciones especiales, como las de paz o de representación étnica en la Cámara de Representantes. Esta cifra es engañosa. Aunque hay 187 candidatas más con respecto a las elecciones 2022 -2026 (1.116), significa que aún no hay paridad a la hora de aspirar al poder, pues los hombres ocuparán seis de cada 10 candidaturas para llegar al Congreso. Con calculadora en mano, esto traduce que, en cuatro años, tan solo habrá un 1,1 % más de paridad con respecto al cuatrienio anterior.

“Si bien la aplicación de normas como la cuota de género ha permitido que poco a poco se incluyan más mujeres candidatas, todavía estamos lejos de un panorama en que las mujeres en candidatura representen al menos la mitad de las personas inscritas”, subraya Danilo Sepúlveda, coordinador de igualdad y diversidad de la MOE.

Poder incompleto

El estudio de la MOE puso la lupa sobre todos los espacios de poder que se disputarán este domingo, sea para Senado, Cámara o instancias especiales que si bien son reducidas, también deberían contribuir a reducir las brechas de género, como por ejemplo las curules indígenas, la circunscripción de colombianos en el exterior o los escaños de paz.

Pero al evaluar lista por lista, los resultados continúan evidenciando un avance tímido. De ocho circunscripciones que se votan este 8 de marzo, solo una muestra una mayor paridad participativa de género, como lo es la candidatura indígena que aspira al Senado y tiene un 20,5 % más de mujeres respecto a las elecciones pasadas. Las demás vacantes muestran avances numéricos, pero no significativos para lograr igualdad: solo 2,5 % más de mujeres afrodescendientes son candidatas para la Cámara Baja y tan solo 1,2 % más aspirantes tienen opciones de llegar al Senado de la República.

También cabe mencionar la única curul donde la paridad de género se garantiza, como lo es la circunscripción de paz, también conocida como CITREP. En esa candidatura hay 122 hombres y 120 mujeres que buscan representar a las víctimas del conflicto en escenarios parlamentarios.

Incluso hay retrocesos, como sucede en la curul internacional, donde en lugar de cerrar brechas con respecto al período 2022 -2026, hubo regresión. De acuerdo con la MOE, esa circunscripción, que en los comicios pasados mostró paridad de género con un 50/50, solo permitirá que cuatro de cada 10 candidatos sean mujeres para representar a los colombianos en el extranjero.

“Las mujeres y las niñas nunca han estado más cerca de la igualdad, ni tampoco más cerca de perderla”. Así describe ONU Mujeres la realidad en la que el mundo está inmerso hoy. Flagelos como la violencia doméstica las siguen afectando de forma desproporcionada, mientras que las guerras y políticas regresivas o represivas limitan aún más la garantía de sus derechos (puede ver algunos indicadores en la infografía adjunta).

Aunque países como Colombia han adoptado marcos legislativos que las protegen, a escala global la misma entidad calcula que las mujeres y las niñas solo disfrutan el 64 % de los derechos legales que tienen sus pares hombres.

En este contexto, el acceso a la justicia, que enfrenta sus propias amenazas, es fundamental para hacer valer los derechos que se han conquistado. “Las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización o se ven privadas de apoyo jurídico. La igualdad nunca llega”, afirma la Organización a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Impacto Mujer, que cumple cinco años en 2026, se suma a la causa por la justicia. Este mes dedicaremos publicaciones para resaltar la necesidad de justicia para todas las personas y la urgencia particular para las mujeres, así como la labor de quienes las defienden.

Durante el año destacaremos distintos tipos de luchas: en abril, por ejemplo, nos enfocaremos por las personas y las iniciativas que trabajan por los niños y las niñas. En un año electoral, destacaremos también los esfuerzos por la participación política de las mujeres. La crisis climática nos invita, de igual manera, a resaltar la labor de quienes cuidan el planeta, mientras que insistimos en nuestro propósito de exaltar a las mujeres en toda su diversidad: las que lideran, las que cuidan, las que reivindican, desde el campo o la ciudad.

La Fundación WWB Colombia anunció esta semana la apertura de una convocatoria que busca financiar proyectos realizados y enfocados en las mujeres del Pacífico Colombiano. Se trata de Hilando Conocimiento: un fondo de al menos COP 338 millones que impulsará proyectos que estudien la vida, contextos y oportunidades a los que se enfrentan miles de mujeres en los departamentos de esta región.

“El propósito de esta nueva convocatoria es el de contribuir al conocimiento de las realidades que enfrentan las mujeres en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca”, explica WWB Colombia.

La convocatoria está dirigida a estudiantes colombianos y extranjeros que necesiten recursos para el trabajo de campo de sus investigaciones, siempre que estas se desarrollen en Chocó, Valle del Cauca, Cauca o Nariño y estén sustentadas en metodologías participativas y muestren las realidades de miles de mujeres en estos territorios.

En 2025, por ejemplo, WWB Colombia lanzó un museo en el que se recogen algunas de estas investigaciones de manera virtual. El espacio ha funcionado para dar visibilidad a algunas historias dignas de exaltar en Chocó y Valle del Cauca, pero también funcionan como un análisis académico para entender por qué algunas otras mujeres en estos territorios del Pacífico continúan enfrentando brechas basadas en género, como lo es la desigualdad laboral o el difícil acceso a espacios de autocuidado.

En su décima edición, el Fondo destinará COP 338 millones para financiar trabajos de grado de maestría y doctorado enfocados en género, inclusión financiera, emprendimiento, economía del cuidado, salud sexual y reproductiva y población en situación de vulnerabilidad. La apuesta es clara: respaldar investigaciones que dialoguen con las realidades del Pacífico colombiano y aporten a cerrar brechas históricas.

Desde su creación, el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia ha promovido la producción y circulación como herramienta para comprender y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres en esta región del país. A 2025, ha financiado 141 investigaciones, con una inversión superior a los COP 8.000 millones.

Soraya Husain, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia, subraya que el alcance del programa trasciende el apoyo económico. Respaldar la investigación en el Pacífico, dice, implica reconocer su riqueza social y cultural, así como las problemáticas estructurales que enfrenta. La meta es fortalecer el talento investigador y fomentar proyectos diseñados con mujeres y comunidades, de modo que el conocimiento producido tenga efectos concretos en el territorio.

Quienes han sido beneficiarias en versiones anteriores coinciden en que el Fondo ha permitido visibilizar dinámicas poco documentadas. Karen Domínguez, investigadora doctoral de la Universidad de Cambridge, y cuya tesis examina la economía política del cuidado en el emprendimiento del cabello afro, destaca que el financiamiento facilitó la consolidación de alianzas con organizaciones de base. Contar con un equipo remunerado y con recursos suficientes para el trabajo de campo, señala, fue determinante para redistribuir el valor del conocimiento y cuestionar jerarquías tradicionales en la producción científica.

En la misma línea, Diana Vernot, investigadora y profesora de la Universidad de La Sabana, participante del estudio “Mujeres, migración, informalidad y cocina en la Comuna 11 de Cali”, resalta la importancia del enfoque de género. Investigar con esta perspectiva, afirma, permite analizar críticamente los mecanismos que reproducen desigualdades y, al mismo tiempo, reconocer saberes y prácticas que sostienen sistemas económicos y sociales. Comprender esas dinámicas es clave para diseñar estrategias de transformación con sustento empírico.

La convocatoria estará abierta del 23 de febrero al 31 de mayo de 2026. Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 67 millones de pesos, monto que incluye incentivos para las personas de las comunidades que participen de manera directa en el proceso investigativo.

Con diez ediciones y 141 investigaciones financiadas, el Fondo se consolida como una herramienta para fortalecer el conocimiento situado y aportar a procesos de transformación social en el Pacífico colombiano.

Si desea conocer más información sobre los plazos, requisitos y otros detalles puede hacerlo a través de este enlace.

Una directriz de siete páginas emitida por la Procuraduría podría marcar un antes y un después para las mujeres que deseen formar parte de procesos electorales en Colombia. Este mes, el Ministerio Público expidió la Directiva 004: un documento que insta a prevenir la violencia política de mujeres que aspiran al Senado o a ocupar la Casa de Nariño a partir de este año.

La Directiva forma parte de un paquete de medidas ambicioso que la Procuraduría ha expedido en los últimos meses para lograr que, además de que Colombia viva unos comicios justos y transparentes, las mujeres tengan todas las garantías a la hora de entrar en la carrera electoral sin ser violentadas en razón de su género.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, aseguró que la Directiva, que pertenece a la estrategia Paz Electoral, tiene el propósito de reunir esfuerzos institucionales para prevenir que las mujeres candidatas sean objeto de agresiones motivadas por estereotipos de género. Además, recalca que la medida, más que un componente preventivo, facilita nuevos canales de denuncia para que quien incurra en estas prácticas, que a todas luces es un delito en la legislación colombiana, reciba sanciones ejemplarizantes.

En 2025, Colombia logró un hito histórico al conseguir la aprobación por parte del Congreso de la Ley 2453, una normativa que endurecía las penalidades a quien cometiera violencia política, tanto para candidatas como para funcionarias públicas ya posesionadas en sus cargos. La ley rompía décadas de impunidad contras alcaldesas, concejalas o lideresas sociales en cargos de poder que, aun demostrando que eran atacadas en razón de su género, no tenían los medios judiciales para lograr justicia, pues esta práctica no era considerada como una falta en el seno del Estado.

La Directiva es considerada, tanto por funcionarias públicas como por la ciudadanía, como una medida fundamental para garantizar aún más la equidad de género tanto en las elecciones al legislativo, que se desarrollarán el próximo 8 de marzo, así como para las votaciones a la Presidencia, en mayo de 2026.

“Todas las personas tienen el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pueden tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares (...) Estos derechos políticos (de las mujeres) deben realizarse en condiciones de igualdad y paridad al ser grupos históricamente discriminados”, reza la Directiva.

Hoja de ruta

La Directiva reconoce que en el pasado los derechos políticos de las mujeres han sido transgredidos y que el Estado ha avanzado con legislación, decretos y políticas públicas para evitar que se siga repitiendo.

Por eso, comenta la Procuraduría, para sumar un nuevo esfuerzo a combatir la violencia machista en política se ordena sensibilizar a cerca de 10.500 funcionarios con capacitación en enfoque de género y en actividades pedagógicas que les permitan identificar y saber qué hacer cuando se presentan ante este tipo de violencias.

La Directiva se emite “con el objetivo de garantizarles a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos políticos, en un ambiente libre de violencia en todos y cada uno de los espacios que comprenden la vida política”, reza el documento.

En la directriz, que llegó a los 32 departamentos donde hay oficinas territoriales de la Procuraduría, se añade un nuevo canal de denuncia en el cual tanto funcionarios como ciudadanos podrán denunciar y hacer seguimiento a hechos relacionados con agresiones contra las mujeres en el universo político. El canal, que en principio funcionará por vía telefónica, estará abierto todos los días hábiles y recibirá las llamadas para, dado el caso, iniciar investigaciones que podrían desencadenar sanciones administrativas, civiles o incluso penales.

El canal también funcionará vía internet y escrita, escenarios en los que se podrá ofrecer más información, documentación y pruebas sobre los presuntos delitos en razón del género cometidos contra mujeres en política.

El siguiente paso

La Directiva de la Procuraduría va un escalón más allá de la simple denuncia. De acuerdo con el documento, todos los casos reportados deben ser registrados en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), que es una base de datos que recopila todas las entradas y detalles de casos asociados con estos delitos cometidos contra mujeres.

El registro de los datos en Uriel significa un esfuerzo para que Colombia tenga en una sola plataforma cifras reales, actualizadas y detalladas sobre los contextos de violencia que viven sus mujeres en la arena política. Pero el resultado es mayor: reunir los registros podría permitir que, a futuro, el país y los gobernantes puedan utilizar esa información para crear políticas públicas más robustas que le hagan frente a la violencia política contra las mujeres.

En la Directiva aparecen otras órdenes vinculantes no menos importantes, como por ejemplo, remitir las denuncias a las entidades encargadas en caso de que la Procuraduría no tenga competencia sobre algún caso denunciado o también desplegar a sus funcionarios en los comicios para garantizar que los derechos electorales de las mujeres se garanticen.

“Se exhorta a todas y todos los servidores del Ministerio Público a que velen por defender el ejercicio de los derechos políticos y humanos de las mujeres libres de violencia”, concluye la Directiva.

Tras más de medio siglo de existencia, ¿cuál se podría decir que es el legado de las cajas de compensación en el país?

Las asignaciones familiares tienen como derrotero generar bienestar en las familias de los trabajadores. Desde sus inicios se pensó que el salario del trabajador no era suficiente para llevar ciertas condiciones o posibilidades a las familias. Hago hincapié en el bienestar porque es una serie de mínimos a los cuales todas las familias quieren acceder: la posibilidad de tener una vivienda, acceso a una educación de calidad, a un empleo digno, a un crédito y a actividades culturales y recreativas que en condiciones normales no tendrían.

Cuando hablo de bienestar estoy hablando de una amalgama de condiciones mínimas que hacen que te puedas desarrollar en dignidad. La palabra “dignidad” para nosotros es muy importante porque es la posibilidad de partir de un mismo punto con ciertas posibilidades y a partir de ese punto que tú te puedas desarrollar y elegir libremente lo que quieres hacer.

Dentro de la sombrilla de la protección social, muchos países han incorporado la compensación familiar dentro de sus esquemas de protección social con la diferencia de que en muchos de esos Estados el aporte o quien financia esas asignaciones familiares es el Estado, en Colombia lo financia el empleador.

¿Se podría decir entonces que la labor de las cajas de compensación ayuda a avanzar en materia de derechos?

Claro que sí. Cuando estás en el partidor con una serie de mínimos, estás hablando de la posibilidad de que puedas desarrollar o ejercer con algunas posibilidades esos derechos mínimos. Y el más importante de esos derechos es, además de la dignidad, la libertad, porque esos mínimos te dan la posibilidad de elegir. En condiciones de pobreza extrema, la capacidad de elegir es muy reducida, casi nula.

En Colombia el 69 % de nuestros afiliados, trabajadores formales, son personas que ganan 1,5 salarios mínimos. Entonces, tampoco uno puede pensar que cuando una persona tiene un trabajo formal ya salió de las condiciones de pobreza.

En este mundo, tenemos a los trabajadores formales y a los informales, que hoy en día llegan a 13 millones de personas. Y esas personas informales no tienen la posibilidad de acceder a una pensión. Sin embargo, tienen acceso a una serie de subsidios cruzados, que en muchos casos es lo que hace que se mantengan en la informalidad, y se llama informalidad voluntaria. Pero si logramos convencer a esos informales voluntarios de que yendo a la formalidad también tendrán ayudas, como las que ofrece el subsidio familiar, esta sería una herramienta positiva para generar ese traslado de la informalidad a la formalidad.

¿Qué podríamos decir del rol de las cajas de compensación para avanzar en materia de igualdad de género?

Cuando uno mira la población que no está económicamente activa, que son más o menos 14 millones de personas, 6,9 millones son mujeres. Estas mujeres están atascadas en el cuidado. Y eso nos tiene que hacer un llamado para entender que es necesario establecer un serio sistema nacional de cuidado para que puedan salir de ese oficio y puedan incorporarse al mercado laboral y todas sus ventajas.

Entonces, aquí está el sistema de compensación para poder ayudar en ese segmento: pueden dejar a nuestro cuidado a los niños, las personas con discapacidad o los adultos mayores. Es una de las partes más importantes que tiene el sistema de compensación frente a esas mujeres que están ancladas en el cuidado.

Pero también es hora de decirles a las mujeres que están ancladas en el cuidado que también pueden capacitarse e integrarse al mercado laboral: las cajas también están cumpliendo un rol muy importante desde la formación para el trabajo.

Cuando las cajas inician hace casi 80 años su funcionamiento, estaban pensando en familias que estaban llenas de hijos, pero hoy en día, como ha aumentado la expectativa de vida y ha disminuido tasa de natalidad, ya no nos tenemos que enfocar tanto en los niños, sino que empezamos a enfocarnos más en el cuidado del adulto mayor.

En el mercado laboral, nuestras afiliadas hoy en día son el 46 %, y hoy quienes más reciben subsidios de vivienda del sistema de compensación son las mujeres: el 60 %. Cuando llegué al sistema de compensación el acceso de mujeres cabeza de familia a esos subsidios de vivienda era muy bajo, y creo que nos hemos movido mucho desde el gremio y desde las mismas cajas para tratar que esas mujeres tengan más acceso a subsidios.

¿Qué servicios de cuidado prestan las cajas?

Ya tenemos centros especializados en personas mayores, con discapacidad o de niños. Muchas cajas están construyendo y dedicando esfuerzos a esto. Aquí en Bogotá las cajas han hecho una tarea muy importante para proporcionar centros destinados directamente a esta población. Eso permite que una persona que está dedicada al cuidado pueda hacer que la persona que está bajo su cuidado pueda ir a uno de estos centros todo el día. Aquí no hay un sistema nacional de cuidado como en otros países del mundo, como España, donde esas personas mayores o con una enfermedad o discapacidad pueden estar mientras las personas, las mujeres principalmente, trabajan o se educan. Las cajas estamos desarrollando todos estos centros para que eso pueda ocurrir.

Y más allá de los subsidios de vivienda, que de pronto es el más visible, ahorita que empieza la temporada escolar todas las cajas ofrecen subsidios para que los niños puedan tener sus útiles escolares o sus uniformes. Incluso los colegios de las cajas para esas categorías A, donde tenemos al 46 % de las mamás, pues les ayudan a estas mujeres con los kits escolares o con la posibilidad de tener becas en los colegios o en los jardines de las cajas de compensación o que operan las cajas. Ayudamos mucho en el tema de jornada escolar complementaria, que es también una ayuda muy grande para las mamás, porque es la forma en que los niños estén desarrollando aptitudes lectoras, de idiomas, deportivas o artísticas y que alejan a los niños de otras actividades que pueden ser no tan buenas para su desarrollo.

¿Qué cambios cree que ha podido imprimirle al gremio desde que está en este papel?

El tema es cómo visibilizar, y sí ha sido un propósito del gremio, beneficios para las mujeres cabeza de familia, porque a pesar de que el subsidio o la asignación se crea para beneficiar al conjunto de la familia, lo que no se nos puede olvidar es que muchas de esas familias están comandadas por una mujer. Decir que el 46 % de nuestras beneficiarias son mujeres es, de hecho, muy importante, si tienes en cuenta que en el mercado laboral hay más vinculación masculina que femenina. ¿Dónde estamos poniendo el objetivo? En el cuidado, en cómo vamos a traer a esas mujeres, porque, cuando tú ingresas al mercado laboral, puedes desarrollar todo tu potencial. Pero también hay mujeres que se quieren quedar en el cuidado, y el sistema de compensación lo que está haciendo es tomar a esas mujeres y capacitándolas, porque no es lo mismo cuidar a un niño que a una persona con discapacidad o que una persona mayor. El cuidado también requiere capacitación.

Desde el gremio, hablamos con el Ministerio de Trabajo para que esas beneficiarias que se dedican al trabajo de cuidado puedan recibir cuotas monetarias.

Si bien los servicios de las cajas están dirigidos a todas las personas, creo que el esfuerzo sí ha sido muy importante en relación con las mujeres. Tenemos cajas con beneficios maravillosos para madres gestantes, trabajando en algo muy interesante que se llama micronutrientes: cómo llegar a esas madres con esos micronutrientes que necesitan dentro de los primeros meses de desarrollo.

Por ejemplo, Compensar tiene una campaña muy interesante en la que esos subsidios para madres gestantes se destinan principalmente a la nutrición. Y luego, cuando el bebé nace, todo ese subsidio pasa a ese bebé en sus primeros meses.

Para nadie es un secreto que este sector, como muchos otros de la economía, ha estado tradicionalmente liderado por hombres. ¿Todos estos cambios o innovaciones en cuanto a género es algo que se ha dado orgánicamente dentro de las cajas de compensación o cómo han llegado a estos replanteamientos?

Tiene razón: la gran mayoría de directores de cajas son hombres. Hoy tenemos 42 cajas de compensación familiar, 26 están afiliadas a Asocajas, las más grandes y las medianas, sobre todo, y en la junta solamente tenemos a tres mujeres. Entonces, ¿a qué le atribuyo esto? A que el sistema, al estar orientado a la familia, siempre ha puesto en el centro a la mujer, independientemente de que el director sea hombre.

Cuando usted dice orgánicamente, sí, orgánicamente se llega a que este sea un apoyo para el trabajador, pero sobre todo para la mujer trabajadora y su grupo familiar. Pero también creo que hay una corriente externa que se mueve hacia la protección para la mujer y también hay un grupo de directores que son visionarios.

Las cajas son autónomas en la creación de esos subsidios y esos servicios, y Comfama, por ejemplo, creó un subsidio a la menstruación. Y en principio todos los compañeros dicen: “¿Esto qué es?, ¿por qué?”. Pues porque se da cuenta de que muchas niñas dejan de asistir a los colegios, que hay una deserción escolar, porque esas niñas no tenían para comprar sus compresas higiénicas. Y cuando este director expone en junta los grandes beneficios que tiene ese subsidio, muchas otras cajas dicen: “Bueno, ¿y nosotros por qué no lo hacemos?”. Entonces, sí hay visión dentro de los directores y desarrollo de muchos temas que son, desde mi punto de vista, revolucionarios.

Usted particularmente tiene una trayectoria en temas jurídicos y de derechos, desde las cortes. ¿Cómo considera que lo que pudo aprender o hacer en ese otro campo le ha servido para su rol actual?

Para mí llegar a este sector social ha sido muy revelador. Estuve en la Corte Constitucional, y todo lo que se hacía allí era en clave de derechos: cómo garantizar efectivamente los derechos. El tema es que muchas veces esos reconocimientos se quedan a veces en el papel. Cuando hay una restricción a que se penalice el aborto, es un tema pionero, importantísimo, pero de pronto cuando vas a las clínicas, a los hospitales, instrumentalizar esas decisiones es otro mundo, otra cosa.

En el sistema de compensación tú puedes hacer mucho para que esas decisiones que toman los jueces constitucionales se hagan realidad. Por ejemplo, cuando llegué aquí los subsidios de vivienda no se otorgaban a parejas del mismo sexo. Y ese fue un tema que nos propusimos desde el gremio para tratar con el Ministerio de Vivienda, para decirle que creemos que deben recibir un subsidio de vivienda, y lo logramos. Lo mismo con los hogares unipersonales.

¿Cómo cree que en los últimos años se ha avanzado también en materia de igualdad de género entre las personas en posiciones de liderazgo?

Se han abierto muchas puertas y se han roto muchos techos de cristal, y no gracias a estas actuales líderes, sino al camino que han abierto muchas mujeres a través de estos últimos años. Pero también me he encontrado con que a veces los sesgos de género ni siquiera son conscientes, sino que forman parte de una manera de hacer las cosas, que culturalmente han estado ahí presentes, y que es necesario hacerlas evidentes para que esos liderazgos sigan floreciendo.

¿Por qué piden que en los cargos directivos el 30 % sean mujeres? ¿Por qué tiene que haber una norma que lo establezca? Al principio yo decía: “No debería existir una norma, debería ser orgánico”, pero no. Culturalmente no funcionamos así. Necesitamos a veces que nos lo recuerden en una norma, porque solamente cuando se hace explícito las culturas van cambiando. Y creo que lo estamos logrando, pero todavía nos falta. Yo decía que yo no era feminista, pero creo que todas las mujeres tenemos de alguna manera que ser feministas: cómo culturalmente vamos transformando sesgos que nos impiden hacer cosas y hacerlos evidentes.

Para nadie es un secreto tampoco que el feminismo ha entrado en una especie de crisis porque es evidente que las mujeres salieron a la esfera pública, pero los hombres no entraron en la misma medida a los trabajos del hogar, al cuidado, y eso hace que las mujeres tengan dos o tres jornadas laborales, al tiempo que los hombres sienten que han perdido privilegios en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad, y particularmente qué pueden hacer las cajas, para realmente “equilibrar la cancha” y que los beneficios de la igualdad de género sean evidentes para todos?

Entendiendo que el liderazgo no es solo del que está arriba, sino que hay muchos liderazgos desde la base de la pirámide, que hay que estimular, la pregunta es cómo desarrollar eso sin importar si es hombre o mujer, pero en igualdad de condiciones, y eso solo se logra a través de la educación. Y no solamente la educación del colegio o las instituciones educativas, sino desde de la casa. Cuando yo como mamá digo: “Esta actividad la haces tú porque eres la niña y esta actividad la haces tú porque eres el niño”... Hoy las mamás que entienden la importancia del feminismo también tienen que tratar de inocularlo en sus hijos, no solo en sus niñas, sino en sus niños. Las labores de la casa y del cuidado son de todos, compartidas. Son cosas que incluso los jóvenes hoy tienen que ir hablando en sus relaciones de pareja: ¿de qué te encargas tú, de qué me encargo yo y cómo compartimos esta responsabilidad?

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Un proyecto en que las mujeres fueron creadoras, curadoras y protagonistas llegó a Bogotá este viernes. Se trata de Igualitarias, una apuesta entre 10 organizaciones de mujeres en las que a través de muestras fotográficas y audiovisuales, estas lideresas muestran cómo transformaron sus territorios y siguen cosechando oportunidades para las generaciones venideras.

El proyecto, además de exaltar las luchas de las mujeres, significa una vitrina para que ellas, ubicadas en los departamentos de La Guajira, Tolima, Meta y Antioquia, continúen visibilizando la importancia de defender los derechos de otras mujeres y que más colombianos conozcan su activismo.

En la galería está la historia, por mencionar un caso, de la Colectiva Justicia Mujer: una organización que por casi una década se ha dedicado a litigar casos en que los derechos de madres, hijas o víctimas de violencia de género han sido transgredidos. La Colectiva, que nació y opera en Antioquia y algunos de sus municipios más remotos, hace incidencia para que la justicia llegue a mujeres a través de tutelas, demandas y batallas en los estrados judiciales.

“La justicia, aunque relacionada, es un valor aparte del derecho. Nuestra lucha ha consistido en demostrar que es posible resistir a pesar de la hostilidad. Somos el país más peligroso para defensoras de derechos, pero con litigio, incidencia y asistencia, cuidamos a otras mujeres para lograr que un país que ha sido esquivo con las mujeres pueda cambiar y garantizar justicia para todas”, comenta Julieth Gómez, abogada y fundadora de la organización.

Apoyo internacional

El proyecto fue apoyado por la Embajada de Francia en Colombia y ONU Mujeres, quienes, además de acompañar estos proyectos de defensa de derechos e igualdad de género, han sido las guías para que las 10 organizaciones continúen con sus iniciativas en el tiempo y sigan transformando los territorios.

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, asegura que ha valido la pena el apoyo incondicional a estas mujeres. Según el diplomático, la iniciativa ha dejado al menos 3.000 beneficiarias en 29 municipios de Colombia y promete seguir expandiendo la defensa de derechos en el resto del país.

“Entre 2024 y 2026 Igualitarias ha buscado mejorar las condiciones de vida de niñas y mujeres en estos departamentos. Estas organizaciones representan la diversidad, el fortalecimiento de derechos sexuales y el impulso de la autonomía económica de mujeres rurales y sobrevivientes de violencia. Todos muestran cómo la igualdad se construye desde la sostenibilidad”, comenta Itté.

Otro de los proyectos que se pueden apreciar en Igualitarias es el Cuarto Mosquetero, una iniciativa creada hace 11 años por un grupo de mujeres que crecieron en los linderos de Villavicencio, Meta. A lo largo de una década Alejandra Mayorga, fundadora del colectivo, ha recorrido el Orinoco, los Llanos y la Amazonía para enseñar a niñas y mujeres el potencial que la comunicación y el periodismo pueden tener en los territorios para contar nuevas narrativas y visibilizar las historias de vida.

“Empezamos unas pocas mujeres y hoy somos centenares que le apostamos a la igualdad, las oportunidades y las nuevas narrativas. Es muy valioso que se aplauda nuestro trabajo, porque significa que 11 años de trabajo con otras mujeres, además de haber tenido propósito, seguirá impactando en el futuro de niñas y jóvenes en Meta y la Orinoquía”, comenta Mayorga.

En la galería también se encontrarán historias de mujeres de Tolima, como el caso de Hermelinda Guayoindo, una campesina en la zona de páramo del departamento que ha dedicado 20 de sus 41 años a enseñar sobre derechos sexuales y reproductivos a las niñas de los municipios rurales. También está la historia de vida de Lucy Mercado, una lideresa de La Guajira, a pocos minutos de la frontera con Venezuela, que recorre el desierto para monitorear niñas que pueden estar expuestas a violencias de género. Lucy, directora de la Fundación Luciérnagas de Colombia, se ha empeñado en los últimos cinco años en garantizar que las niñas no contraigan matrimonio con hombres que, usualmente, superan en 10 o 20 años su edad.

“Esta galería garantiza que las mujeres tengan un espacio para mostrarle al país las experiencias que han desarrollado para transformar los territorios y conseguir derechos”, afirma Diana Espinosa, representante adjunta de ONU Mujeres.

La exposición está ubicada en la Alianza Francesa, en el barrio Chicó, al norte de Bogotá. Según la Embajada, cualquier persona puede ingresar a conocer la galería, que estará disponible hasta el 13 de marzo.

¿Qué hace la Fundación Grupo Argos?


La Fundación Grupo Argos es el vehículo social y ambiental voluntario del Grupo Empresarial Argos. Es una fundación que recoge las capacidades, los recursos humanos y las experiencias de todo el grupo empresarial para desarrollar una labor social y ambiental en los territorios, especialmente aquellos de influencia de las compañías del grupo, pero también llegamos a muchas comunidades cuando nos llaman y nos necesitan, y vemos que podemos agregar un valor.


El propósito de la fundación está centrado en el desarrollo de comunidades sostenibles, resilientes y en armonía con la naturaleza. Ese propósito se traduce en tres líneas: una que es todo el tema de agua y biodiversidad. Trabajamos por la protección y conservación de ecosistemas estratégicos en Colombia.


Trabajamos en una línea de valor social, para el desarrollo de capacidades y oportunidades para las comunidades. Buscamos que se logre todo un tema de educación, de mejoramiento de las capacidades de los jóvenes en educación superior, conexión con la empleabilidad y todo un trabajo de conexión con emprendimientos y oportunidades.


Hay una tercera línea: hábitat o infraestructura sostenible, que está muy enmarcada en acompañar los temas de infraestructura básica de las comunidades, que son necesarios para su desarrollo y bienestar.


¿Por qué a un grupo empresarial le interesa este tipo de labor?


Diría que no es ni siquiera la fundación o la responsabilidad social, sino diría que es el concepto más holístico de la sostenibilidad. Hoy las compañías deben tener en su ADN estos valores y pilares de sostenibilidad, que son el balance económico, social y ambiental, bajo un modelo de gobierno ético y transparente, lo que es fundamental para que se dé de la manera correcta.


Las compañías no están solo para generar utilidades, sino para generar trascendencia en la sociedad. Uno de los pilares del Grupo Argos es precisamente esa trascendencia. Nuestro propósito superior dice: “Transformar la vida de millones de personas a través de lo que hacemos”. Eso nos ha llevado a que seamos una compañía que lleva 90 años, por una visión compartida con los grupos de interés.


¿Cómo se sostiene la fundación?

Por un lado, la fundación tiene su propio endowment [dotación financiera]. Eso le permite a través de los dividendos d las acciones que tenemos de diferentes compañías tener un presupuesto muy importante para la realización de los proyectos de la fundación. Cada una de las empresas, a través de su asamblea de accionistas determina cada año el monto de inversión que le va a donar a la fundación.

Además, nunca trabajamos solos. Para nosotros es muy importante trabajar con aliados públicos, privados, academia para poder escalar los impactos con los recursos que tenemos.

¿Tienen alguna línea diferencial en cuanto a igualdad de género?


Es transversal, pero para nosotros sí es muy importante destacar esos liderazgos, y darles esa fortaleza a sus capacidades. Por ejemplo, en nuestro programa de becas para educación, la mayor cantidad de personas que se postulan son mujeres jóvenes, casi el 60 %.


En las organizaciones sociales en los territorios la mayoría son mujeres liderando estos procesos, pero además tenemos un programa orientado a las mujeres en el tema de emprendimiento. Se llama “Emprender Mujer”, que ha logrado llegar a más de 600 emprendedoras. Hoy en Colombia la brecha entre hombres y mujeres para crear empresas es bastante amplia, pero también los emprendimientos que quedan en el “valle de la muerte” son en su mayoría de mujeres. En este programa estamos con varios aliados impulsando a las mujeres a tener mayor autoestima, pues muchas veces pasa por ahí, a entender cómo lograr el balance entre tener un hogar y ser una emprendedora. Las mujeres en general tomamos menos riesgos en términos de inversión porque cuidamos mucho la economía familiar. Entonces, también las acompañamos a ver hasta dónde se pueden tomar esos riesgos, cómo hacerlo, de una manera en la que se sientan tranquilas.


¿Cómo se conecta la comunidad con ese tipo de oferta institucional? ¿Por medio de convocatorias?

Hacemos convocatorias para el tema de educación en ciertos periodos del año a través de nuestra página web. Lo mismo con el programa Emprender Mujer. Las emprendedoras deben haber tenido ya una unidad de negocio impulsada mínimo uno o dos años. No tiene que estar formalizada necesariamente, pero sí tener un proceso de negocio avanzado.

En responsabilidad social muchas veces sucede que llega la oferta, pero falta apropiación y capacidad instalada. Sobre todo en infraestructura, ¿cómo se aseguran de que no queden reducidos a elefantes blancos?


Desde el principio, cuando hablamos de infraestructura o de cualquiera de estos programas, acordamos con la comunidad cómo sueñan esa construcción o esa infraestructura, sea un colegio, una cancha, un parque o lo que vayamos a hacer.


Tenemos una metodología que se llama “Sueños que transforman”, y a través de ella la comunidad se va sintiendo parte, nos va contando cómo visualiza el espacio. Luego en el proceso constructivo trabajamos de la mano de la comunidad, que participa con mano de obra y en los procesos, y luego hacemos un proceso de apropiación, donde integramos, por ejemplo, comités de veeduría o de convivencia, para dar seguimiento a las obras.


En uno de los parques que entregamos el año pasado, el Parque Alegría, en la comunidad de Nueva Colonia, pusimos unas casetas para que la comunidad pudiera vender los productos de sus emprendimientos. La misma comunidad decide, por ejemplo, cuánto de lo que va a ganar ese emprendedor debería aportar a una bolsa que se va haciendo para el mantenimiento si, por ejemplo, se daña un columpio. Cada caso es distinto. Y también buscamos que la administración municipal, las alcaldías, las gobernaciones, en general la institucionalidad, también tengan un rol.

En La Guajira hicimos un proyecto que se llama Miiroku. Llegamos a esa comunidad por una lideresa que se acercó a nuestra organización, junto a una empresaria, a decirnos que tenían una situación muy compleja en sus viviendas porque eran muy precarias. La lideresa nos invitó a que le donáramos cemento, pero no hacemos eso, porque donar cemento sin saber para dónde va o si habrá sostenibilidad: si se cae alguna vivienda, pues es nuestro cemento, ¿cierto? Entonces, nos invitó a visitar a su comunidad en la Alta Guajira, que tiene alrededor de 290 personas. Luego de dos años de trabajo entregamos 30 viviendas.


En el proceso ella, como gobernadora de su comunidad, que era de las pocas personas allí que hablaban español, les traducía todo. Elaboramos las casas primero en plastilina para saber cómo era una casa wayuu, cómo la concebían. Creo que fue fundamental el trabajo de Conchita Iguarán, una maestra artesana wayuu muy importante que llevó a su comunidad a que tuviera un desarrollo integral, sostenible.

La inversión para el desarrollo ha estado en muchas dificultades durante el último año por el cierre de agencias y recortes en los recursos de cooperación. ¿De qué manera los ha impactado o a su entorno de aliados?


A diferencia de muchas organizaciones sociales que dependían mucho de esa cooperación, no tuvimos un impacto alto. Es interesante que el sector se empieza a reinventar, a buscar estrategias de colaboración distintas, pues fortalecerse como organización para ser sostenible es muy importante. El asistencialismo que había de la cooperación no era tan bueno; se esperaba que siempre viniera de afuera. Muchas veces en estas agencias de cooperación no se entiende muy bien la realidad de los territorios y los tiempos de las comunidades. No existe una receta, tiene que haber un proceso. Para hacer las viviendas de La Guajira nos demoramos dos años. No es llegar, poner y cortar la cinta. Eso no funciona así, porque los procesos no se vuelven sostenibles. Es beneficioso repensarnos como sector, buscar otras maneras y respetar los tiempos de las comunidades y de cada proceso.

Todos los esfuerzos y manos suman a la hora de combatir la explotación sexual y comercial de miles de personas, principalmente niñas y mujeres. Esta semana se firmó en Bogotá una alianza que pretende coordinar recursos, conocimientos y dinero para hacerle frente a la trata de personas. El acuerdo es un protocolo entre el Ministerio de Interior, la aerolínea Latam y Valientes, una ONG que ha dedicado años de trabajo a la protección integral de los menores de edad en Colombia para combatir la trata de personas.

El acuerdo distribuye tareas para que el Ministerio, principal responsable de políticas públicas y garantía de derechos, junte recursos económicos y humanos con Valientes, que cuenta con una larga trayectoria en la protección de menores de edad, para prevenir que cientos de niñas y mujeres sean captadas y transportadas a otros países con fines de explotación sexual y comercial. Latam, por su parte, ofrecerá los medios de transporte necesarios para retornar de forma digna y segura a docenas de mujeres que sobrevivieron a este delito en otros países.

La firma representa no solo un logro de coordinación, pues junta al Estado, al sector privado y organizaciones de la sociedad civil para atacar un problema que, según está comprobado en las bases de datos oficiales, ha dejado más de 2.200 víctimas en Colombia durante el último año.

“Este es un acto de corresponsabilidad. La trata de personas opera en red, y la única respuesta efectiva es trabajar en red. Este delito se camufla: no siempre se ve a simple vista; por eso debemos ser cada vez más innovadores, más rigurosos y más articulados en la prevención, la detección y la atención”, comenta Danitza Marentes, directora de Valientes.

Hay algunos datos que permiten entender lo importante de la alianza. En 2024, Naciones Unidas publicó un informe en el que registró que al menos 141 países del mundo cuentan con registros y víctimas de explotación sexual. Aunque la misma ONU reconoció lo difícil de calcular un número certero de sobrevivientes, asegura que hay cerca de 50 millones de personas en todo el mundo que cuentan con un riesgo potencial de ser captadas y explotadas sexualmente, dejando un promedio de USD 150.000 millones de ganancias ilícitas. Esto es casi el total de la población de países como Colombia, Uganda o Corea del Sur expuestas a ser obligadas a explotar sus cuerpos sexualmente con fines económicos.

Solo en Bogotá, por ejemplo, hay casi 7.000 víctimas de estos crímenes, la mayoría de ellas mujeres adolescentes que fueron captadas, engañadas y sometidas por meses a trabajos sexuales forzados. Los datos de Valientes explican que un gran porcentaje de quienes son víctimas de explotación sexual son sometidos a delitos relacionados con pornografía, prostitución forzada o proxenetismo.

Marentes asegura que el crimen organizado ha evolucionado más rápidamente que las formas de proteger los derechos de miles de niñas y mujeres. Por eso aplaude este acuerdo, pues representa un obstáculo más para que las redes transnacionales de trata de personas logren su cometido y continúen con el ciclo de derechos violentados.

Ante eso, comenta: “La articulación tiene un énfasis especial en la restitución de derechos de los menores de edad y en fortalecer la respuesta institucional de Colombia. También es un esfuerzo para proteger la libertad, la dignidad y los derechos de quienes han sido afectados por este delito”.

Combate aéreo

Uno de los ejes de la alianza es la llegada de Latam como protagonista clave para ofrecer respuestas cuando el Estado o la sociedad civil no tienen los medios o los recursos para hacerlo. A través de la estrategia de Avión Solidario, que utiliza las aeronaves de la compañía con fines humanitarios, se ha logrado retornar al menos a 34 personas que han sufrido de trata de personas y explotación sexual.

Érika Zarante, CEO de Latam en Colombia, asegura que se ha capacitado a la tripulación para detectar y denunciar posibles casos de captación de personas que busquen sacar a las víctimas de sus respectivos países por vía aérea.

“Esta es una herramienta que nos permite poner nuestra capacidad operativa al servicio de alianzas estratégicas para prevenir la trata de personas”, comenta.

Este miércoles 11 de febrero se conmemora una vez más el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, una fecha establecida en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se busca que los Estados y las organizaciones de la sociedad civil fomenten la inclusión de las mujeres en el universo científico.

Esta fecha es una oportunidad para aplaudir a aquellas mujeres que han logrado romper techos de cristal y posicionarse en mundos históricamente dominados y manejados por hombres. Pero por otro lado, funciona como un nuevo llamado de atención para que la igualdad de género, también en el ecosistema de los científicos y las investigaciones, se convierta en realidad.

Cada año hay nuevos compromisos, “jalones de orejas” y logros a destacar. Este 2026, sin embargo, el llamado de atención versa sobre la aún baja presencia de mujeres en el mundo científico.

A propósito de esta fecha, la Fundación WWB Colombia publicó un informe en el que constata que las mujeres aún siguen encontrando varios tropiezos para acceder y destacarse en la ciencia colombiana. La organización, que por décadas ha garantizado la igualdad de género y la autonomía financiera de las mujeres, asegura que solo el 38 % de la investigación científica de Colombia está encabezada por una mujer.

Esta cifra, asegura la WWB Colombia, es un rezago que perjudica tanto a las niñas y mujeres que aspiran entrar a ese mundo, como a Colombia entera, pues la desigualdad desencadena en menos oportunidades de que mujeres capaces y habilidosas lideren la ciencia y, por supuesto, logren cambios basados en evidencia en el país.

“La investigación liderada por mujeres amplía el talento calificado, visibiliza barreras socioeconómicas que suelen pasar inadvertidas y genera soluciones con impacto en las condiciones económicas y sociales de otras mujeres (...) Pero la ciencia sigue siendo un terreno muy desigual para las mujeres”, explica Soraya Husaín Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

El informe está basado en evidencia proporcionada directamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que los datos reflejan la subrepresentación de mujeres a nivel nacional en aulas científicas.

Pero también hay otros registros dicientes sobre lo que WWB Colombia llama barreras de género. Por ejemplo, el informe detalla que solo tres de cada 10 personas que lideran investigación científica son mujeres.

Según Hussein, numerosas políticas y programas se han formulado desde oficinas, sin entender las realidades que enfrentan las mujeres negras, indígenas y rurales. Investigar directamente en los territorios, acota, permite obtener la evidencia necesaria para diseñar políticas públicas e intervenciones adecuadas, además de contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la consolidación de la paz. “Sin investigación, cualquier iniciativa puede terminar perpetuando daños en vez de reducir las desigualdades”, asegura.

Otras investigadoras de WWB Colombia comentan que una mayor presencia de mujeres en ámbitos científicos, además de ofrecer representatividad a millones de otras mujeres, también aportan elementos claves en los equipos de investigación, análisis y evidencia.

“La investigación es un proceso vivo, que conjuga pensamiento científico y poético. Investigamos desde el detalle, la emoción y el contacto con las comunidades para comprender la vida en su complejidad y aportar al mejoramiento de sus condiciones”, subraya Florencia Mora, investigadora de la Fundación que ha tenido a su cargo proyectos que estudian los saberes y oficios ancestrales de las mujeres en Valle del Cauca.

¿Vacío u oportunidad?

Desdde WWB Colombia aseguran que estas brechas se cierran no solo con inversión social, sino con políticas de paridad de género que impacten realmente la vida de las niñas y las mujeres. Por mencionar un caso, la organización ha destinado al menos COP $8.000 millones para financiar la investigación científica de 141 proyectos.

Más del 70 % de estas iniciativas, además de ser lideradas por mujeres, han incorporado el enfoque de género a la investigación científica y, comenta Hussein, han funcionado como plataforma para incluir y escuchar a niñas y mujeres que tradicionalmente no pueden alcanzar estos espacios científicos y de decisión.

Otra de las apuestas de WWB Colombia es precisamente un museo virtual ideado por mujeres en la que se narran las historias de mujeres en el pacífico colombiano donde se exploran las costumbres, gastronomía y maneras en que ellas mismas, a través de círculos de cuidado, han combatido las brechas y violencia de género.

“En un país atravesado por profundas desigualdades, apoyar la investigación liderada por mujeres implica producir mejor evidencia, diseñar políticas públicas más pertinentes y fortalecer la autonomía económica y social en los territorios”, concluye Hussein.