Brasil asiste a las urnas este domingo sin saber cuál será la suerte que les depara a cerca de dos millones de extranjeros que hoy construyen sus proyectos de vida en el país. Una gran mayoría, como en el resto de Latinoamérica, son venezolanos que encontraron amparo en una de las naciones colindantes con su tierra natal, sumida en una emergencia humanitaria compleja. Otro gran porcentaje son cubanos y haitianos: dos poblaciones que ante la imposibilidad de permanecer en sus tierras buscaron en suelo continental algún refugio.

Durante meses, la campaña presidencial se ha enfocado en ahondar en las marcadas diferencias políticas e ideas de país disímiles que hay entre el hoy presidente y candidato, Luiz Inácio Lula da Silva y las de Flávio Bolsonaro, ganador en la primera vuelta. Allí han aparecido discusiones sobre cómo se manejará la economía, bajó qué directrices se guiará la política exterior de Brasil, la inseguridad o ideas incipientes de reformar el sistema judicial.

Pero poco o nada se ha hablado de una migración que hoy tiene al menos a dos millones de extranjeros viviendo en suelo brasilero y que, por supuesto, también hacen parte del andamiaje social y económico. El silencio, por decir lo menos, es alarmante para algunos expertos en movilidad humana, pues priva del debate público una discusión que no tiene que ver únicamente con fronteras, sino con derechos humanos o cómo el Estado y sus municipios federados gestionan una movilización masiva. Y es que de 12 candidatos que se lanzaron a la carrera, solo cuatro mencionaron la migración dentro de sus propuestas de gobierno. Lula, el único “sobreviviente” de esa baraja de contendientes, se refirió, aunque sin profundidad, a tratar la movilidad humana con perspectiva de derechos humanos.

Bolsonaro, por su parte, no ha realizado menciones o propuestas, pero le persigue ser el heredero político de su padre, el encarcleado Jair Bolsonaro, quien en su momento catalogó a los migrantes como “la escoria del mundo” y retiró a Brasil del Pacto Mundial de Migración.

Presente cambiante

El Migration Policy Institute (MPI), una organización dedicada a estudiar los flujos y las políticas migratorias, recalca que Brasil tiene un claro historial de conquistas migrantes que pueden ofrecer un parte de tranquilidad. En los anaqueles tanto federales como estatales hay legislación y jurisprudencia que obligan al Estado a cumplir con sus compromisos, como la Operación Acogida, que consistió de una respuesta humanitaria y de integración en la época de mayores flujos de la diáspora venezolana en el continente.

Pero hay otras voces que consideran que el silencio y la falta de debate ante la migración pueden ser una cuota muy costosa de canjear en Brasil. Rodrigo Borges Delfim, reportero del medio brasilero Migramundo, asegura que el fenómeno migratorio no se reduce únicamente a los venezolanos; en el país hay ciudadanos de al menos 175 otras nacionalidades.

Futuros posibles

Si Lula logra remontar la ventaja que su adversario político alcanzó en la primera vuelta, el panorama podría no modificarse mucho: “Reconoce a los migrantes como agentes de desarrollo en lugar de centrarse en prestarles servicios sociales”, dice el MPI.

El que pone en juego la supervivencia de ese modelo es precisamente Flávio Bolsonaro. Aunque ha mostrado un discurso mucho más matizado que su padre, podría emular algunas fórmulas latinoamericanas que convierten la migración en un fenómeno de seguridad. Así lo han hecho Chile, con José Antonio Kast, la Argentina de Javier Milei y últimamente Colombia, bajo Abelardo de La Espriella.

Matías Franchini, profesor de la Universidad del Rosario y experto en asuntos internacionales, incluso considera que la muy probable elección de Bolsonaro pone “el semáforo en amarillo o en rojo” con respecto a la relación con las instituciones democráticas. “Si gana, probablemente podrá alcanzar mayorías en el Congreso; el sistema de frenos y contrapesos podría adquirir características autoritarias, dado el historial de su padre”, dice el experto.

Su afinidad con Donald Trump y EE. UU. incluso podría añadir nuevos factores a la fórmula. De ganar, Brasil podría ser una de las 30 naciones a las que Washington envía deportados de terceros países bajo dádivas económicas, algo que ya ha sucedido con las simpatías del ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele con Trump.

Más que el rumbo político del país, las elecciones determinarán hacia qué camino se inclinarán Brasil y su modelo de acogida, admirados regionalmente. Los votos, aún sin saberlo, determinarán si el enfoque continuará siendo de derechos y dignidad o un asunto de vigilar y perseguir.

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A Deiver Henao le preocupaba no poder asistir a un concurso de ortografía para el que se había venido preparando: primero ganó la competencia en su escuela y luego quedó en tercer lugar en las regionales. Eso le dio un cupo para el concurso estatal de Nuevo México, por celebrarse en mayo. Pero había un problema: Henao, de nueve años y padres colombianos, estaba detenido en el centro de procesamiento de migrantes de Dilley (Texas) desde principios de marzo de este año.

Su caso salió a la luz pública luego de que la estrella infantil conocida como Ms. Rachel hablara con él por videollamada. Si nunca ha oído hablar de ella, quizá le interese saber que en Youtube cuenta con más de 21 millones de suscriptores, una cantidad casi igual al número de habitantes de un país como Ecuador. El caso de Deiver, pero también el de Gael, otro niño colombiano, con retraso en su desarrollo y problemas de salud, detenido en Dilley, naturalmente se hizo viral. Ambos, según registró la prensa, fueron liberados. “Deiver podrá asistir a su concurso de ortografía en Nuevo México”, informó Univisión el 25 de marzo pasado.

Ms. Rachel, cuyo nombre real es Rachel Griffin Accurso, una educadora de profesión y nombrada Mujer del Año 2025 por la revista Glamour, puso sus ojos sobre el centro de Dilley a raíz del sonado caso de Liam Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años que llevaba un gorro de conejo azul y una mochila de Spider-Man cuando fue detenido en enero de 2026. Desde entonces, la defensa de los niños migrantes se sumó a las muchas causas que tiene la “influencer”, de 43 años, quien también ha sido nominada a los premios Emmy.

Su programa, “Ms. Rachel”, está disponible en Netflix y la temporada 3 fue recientemente publicada con una particularidad: tiene audio en español. La voz del doblaje es casi tan aguda como la voz de la verdadera Rachel, una característica que como ella misma ha contado le causó “bullying” en su adolescencia, pero que hoy considera una gran herramienta para empatizar con su público, los niños.

Su contenido ha sido un fenómeno, más que entre los niños, entre los padres. Muchos han encontrado en su propuesta una alternativa aceptable en tiempos en que todos los pediatras recomiendan mantener alejados de las pantallas a los más chiquitos. Es una época en la que también hay que trabajar (o teletrabajar) y mantener entretenidos y seguros a los niños, así que el contenido pausado y educativo de Ms. Rachel parece una solución potable. Sus videos, que enseñan los números, el abecedario y hasta cómo empezar a usar el baño o comunicarse en lengua de señas, despegaron durante la pandemia, como muchos en Youtube.

Desde que era pequeña, tuvo claro que quería trabajar ayudando a los niños. Con maestría en educación musical de la Universidad de Nueva York, en 2019 se aventuró a lanzar su canal de Youtube. Lo hizo después de que a su hijo mayor, nacido en 2018, le diagnosticaran un retraso en el habla. “Yo estaba buscando algo para él, que fuera de ritmo lento y simplemente dijera las palabras lentamente, como ‘cochecito’ y ‘leche’, y cuando no pude encontrarlo, pensé ‘Tal vez podríamos crear lo que estamos buscando’”, dijo en una entrevista con “Wired”. En el proyecto la ha acompañado su esposo, Mr. Aaron, quien también aparece en el programa.

Por eso para ella tiene sentido su doble función como educadora y activista. No solo ha videollamado a los niños migrantes, también los ha visitado y ha llevado sus cartas hasta el Capitolio en Washington D. C. Su convicción: ningún niño debería estar detenido, lejos de su escuela ni de sus amigos, tampoco pasando hambre o padeciendo las consecuencias de un cuidado precario. Por ello, también ha sido abanderada de causas como la paz en Haití, la República Democrática del Congo o la Franja de Gaza, lo que incluso le ha valido acusaciones de antisemita.

Rachel también aboga por la salud mental. Ella misma ha hablado de su necesidad de ir a terapia para tratar su trastorno obsesivo-compulsivo. Lo ha hecho con su característico atuendo: un overol de “jean” (una prenda llena de bolsillos, a diferencia de los típicos e inconvenientes pantalones para mujer) y una balaca de su color favorito, el rosado, que empezó a usar en sus días de posparto cuando no tenía tiempo ni ganas para lavarse el pelo. “Los sentimientos grandes están bien”, dice ella al reconocer que también se enoja.

Razones no le faltan. Tras la indignación que desató la detención del pequeño Liam hace casi un año, vinieron más arrestos de menores de edad. “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más del doble de niños este año hasta julio que en el mismo período del 2025. En este segundo mandato del presidente Donald Trump, el ICE ha arrestado a más de 8.500 menores”, dicen las contundentes cifras citadas por el diario español “El País”. “Muchos de ellos han sido retenidos en lugares donde ni sus abogados ni sus familiares lograban encontrarlos, como hoteles y salas de detención en edificios de oficinas”. Sin olvidar la comida en mal estado o la luz blanca brillante que no se apaga ni para dormir de las que se quejaba Deiver. Con este panorama, Ms. Rachel, sin duda, tendrá mucho más de qué hablar.

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A Lublanc Prieto le dieron cinco días para salir del país. Era una orden categórica resumida en un oficio de Migración Colombia: no importaba que fuera refugiada, que su salud dependiera de una inyección de insulina cada pocas horas o que si volvía a Venezuela su vida corriera riesgo en manos del chavismo y sus alfiles. Aun así peleó. Buscó quién la escuchara y, cuando la Defensoría del Pueblo intercedió por ella y logró que el Estado le permitiera su estadía, juró dedicar el resto de sus días a defender los derechos que a ella y a miles de integrantes de la diáspora venezolana se les vulnera en suelo colombiano.

Eso fue hace más de 10 años. Hoy Lublanc dirige Refugiados Unidos, una ONG que destinaba sus quehaceres en atender venezolanos que ven impedida su garantía de derechos e incluso casos más graves que han llegado a estrados judiciales, relacionados con delitos como trata de personas y explotación, o vulneraciones sistemáticas contra la migración. La fundación ha logrado la atención urgente, jurídica o de integración de casi 25.000 personas y, de acuerdo con las cuentas de Prieto, han logrado aterrizar en 90 municipios de 13 departamentos, algunos con grandes flujos y necesidades migratorias.

Por ejemplo, la fundación litigó una tutela de una mujer trans, trabajadora sexual y perseguida por el chavismo que, aun alegando que era refugiada, fue deportada a Venezuela. La querella terminó resuelta en un despacho de la Corte Constitucional que, además de ordenar la permanencia de la mujer, ordenó un protocolo diferencial de género a la Cancillería.

La fundación, ubicada en una pequeña casa al norte de Bogotá, se ha convertido en una mano amiga para miles de migrantes, tanto venezolanos como de otra nacionalidad, que los buscan para que sus derechos fundamentales sean respetados y que su tránsito a Colombia, ya complejo y en la mayoría de los casos en situaciones de vulnerabilidad, pueda hacerse con dignidad.

“Ver que devolvimos la sonrisa y tranquilidad a un venezolano, un desplazado o un refugiado es una de las mayores satisfacciones que tenemos; el mayor trofeo conseguido por estas tres mujeres”, comenta Sorangel Gainza, otra de las directoras de Refugiados Unidos.

Derecho a defender derechos

Prieto es la cabeza más visible, pero la fundación también es manejada por otras dos mujeres venezolanas que en su proceso migratorio sufrieron vejámenes. Una de ellas es Sorangel Gainza, migrante que llegó en tiempos de pandemia a Colombia y fue sometida a trabajos mal remunerados y situaciones que ella describe como trata de personas.

Elizabeth Arenas completa el equipo. Es una profesional que desde que salió de su país recoge recursos o cualquier ayuda humanitaria en cualquier lugar en donde esté residiendo para poder enviar de vuelta a casa. Actualmente, camina las calles de Países Bajos y toca puertas en fondos de cooperación para continuar con la tarea de financiar Refugiados Unidos y aliviar el sufrimiento de la diáspora en sus países de destino. En total, la fundación tiene cerca de 70 empleados, entre colombianos y venezolanos, que desde el derecho, el trabajo social y la psicología ayudan a garantizar la estadía digna de los migrantes. Hace dos meses, cuando el presidente Abelardo de la Espriella habló de “perseguir la migración ilegal”, Prieto ordenó a todo el personal hacer brigadas jurídicas para resolver dudas sobre el estatus irregular o, de ser necesario, iniciar procesos jurídicos para que las familias venezolanas pudieran sentir un viso de calma.

Modelo integral

El trabajo de las tres mujeres ha tenido varias escalas de impacto. Las más inmediatas tienen que ver con salvar del hambre o la pobreza extrema a miles de venezolanos en Colombia que aún cuentan con muchas necesidades insatisfechas.

En un segundo nivel, han intentado utilizar la legislación y los estrados judiciales como la mejor herramienta para garantizar derechos, como la educación, la salud, la dignidad o, con frecuencia, el derecho a no ser devuelto a Venezuela, donde sus vidas aún corren peligro.

Así es como constantemente sirven a la Corte Constitucional como “amigos de la Corte”, una figura en que Refugiados Unidos ha brindado su opinión, argumentos técnicos y jurídicos para resolver un caso, en este escenario, relacionado con migración. De esta manera, han logrado litigar casos que han creado precedentes judiciales en términos de migración.

“Quisimos ir más profundo del asistencialismo y mostrarles a Colombia y el mundo que tres mujeres refugiadas pueden causar un impacto. Nuestra causa es y será siempre defender los derechos que nosotras vimos violentados en el pasado”, dice Prieto.

Pero el modelo se ha exportado. La Organización de Naciones Unidas incluyó la Fundación en el Consejo Asesor de Personas Apátridas y Desplazadas, y agencias internacionales como Acnur ahora incluye los conceptos técnicos y jurídicos de Refugiados Unidos en discusiones sobre cómo atender otras crisis migratorias y humanitarias, como la de Uganda o flujos que se dan en Latinoamérica.

Las fundadoras de Refugiados Unidos aún tienen dos sueños. El primero, tener una casa propia bien distribuida en la que puedan acoger a la mayor cantidad de migrantes con derechos vulnerados. La segunda, crecer lo máximo posible para que ningún otro migrante, ni venezolano ni de otra nacionalidad, viva lo que ellas y las personas que han atendido tuvieron que sufrir.

“Este es un hijo que se nos creció. Ahora debemos darle continuidad y empoderar otras organizaciones para que la migración sea digna, con derechos y con un enfoque humano”, concluyen.

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Hay un sueño que puede cumplirse con pedagogía e información clara: el americano. Durante el último año, un colombiano ha dedicado horas de reportería a entender cómo contarles a miles de migrantes en Estados Unidos aquello que suele aparecer escondido detrás de formularios, términos jurídicos y decisiones administrativas.

Su nombre es Felipe Aguilera, periodista y migrante de 45 años que nació en el departamento de Meta y hoy desarrolla su proyecto de vida en Nueva York. Durante cerca de una década estuvo vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y al Consulado en Nueva York, donde conoció de cerca las preguntas de quienes llegaban a Estados Unidos buscando una oportunidad y terminaban necesitando algo más que una visa, un empleo o un lugar donde vivir.

Con el tiempo, esa experiencia terminó convirtiéndose en reportería. Aguilera empezó a reunir historias, consultar a expertos y conversar con otros colombianos para construir un espacio desde el que pudiera explicar la migración desde un lugar distinto: el de quienes tienen que vivirla. Su apuesta consiste en informar y ofrecer la mayor cantidad de detalles posibles a quienes piensan en emprender el sueño americano o servir como apoyo y guía a colombianos que ya se encuentran en Estados Unidos y buscan consejos para subsistir allí.

Voces que migran

Así nació su pódcast “Las nuevas reglas del sueño americano”, en el que cada capítulo, que dura en promedio 30 minutos, intenta responder una pregunta distinta sobre lo que significa migrar a Estados Unidos. Por allí han pasado colombianos que cuentan cómo construyeron una vida lejos del país, expertos que explican asuntos legales y personas que narran cómo encontraron en la migración una oportunidad, pero también una serie de dificultades que pocas veces aparecen en las fotografías.

Uno de esos relatos es el de Alexandra Aristizábal, una colombiana que “migró por amor” hacia Nueva York y que hoy dirige el Festival Independencia Orgullo Colombiano, un evento anual que reúne a la diáspora alrededor de una celebración de la independencia del país.

El proyecto, dirigido y producido por él, ya concluyó su primera temporada, conformada por 12 capítulos en los que dialogó con Aristizábal y otra docena de invitados, como una chef que migró desde Barranquilla y hoy es dueña de su propio restaurante. Historias como esas, dice Aguilera, cuentan la migración más allá del momento de salida.

El pódcast ha explorado también la importancia de las redes de apoyo a la hora de migrar, así como estar preparado para urgencias, con acceso al sistema de salud o financiero. También hay historias que reflejan lo duro que fue el cambio cultural y el duelo migratorio, que para muchos es el primer paso antes de que el sueño americano se materialice.

Ese es el caso de Andrés Agredo, un colombiano que a los 23 años emigró a EE. UU., y en su estancia tuvo que lavar botellas y rebuscar ingresos para costear su vida allí. Después de 30 años de su llegada maneja las riendas de una reconocida joyería en el país, y contó su historia en el pódcast.
“Emigrar es duro, pero quedarse sin echar raíces es más duro todavía”, explica Aguilera.

Pedagogía por “streaming”

Uno de los principales problemas en los asuntos migratorios que detectó Aguilera fue el desconocimiento, especialmente del mundo administrativo y judicial para obtener visados, amparos constitucionales o papeleo de regularización. Por eso, una parte del pódcast está dedicada a traducir esas experiencias. Aguilera conversa con abogados y especialistas para explicar cuáles son los mínimos legales que una persona debería conocer antes de tomar decisiones sobre su permanencia en Estados Unidos. El objetivo no es convertir el programa en una oficina jurídica, sino acercar información que muchas veces resulta difícil de entender para alguien que acaba de llegar.

Ese trabajo ocurre además en un momento particularmente complejo para los migrantes. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la política migratoria estadounidense ha estado marcada por un endurecimiento de los controles, un aumento de las operaciones de detención y deportación, y cambios que han generado incertidumbre entre comunidades migrantes.

Las decisiones de Washington terminan teniendo una traducción cotidiana. Una persona puede preguntarse qué ocurrirá con su empleo, si podrá renovar un permiso, dónde está un familiar detenido o qué consecuencias puede tener un trámite que desconocía. La distancia entre una política migratoria y la vida de una familia puede reducirse, en ocasiones, a un documento o a una fecha. Para Aguilera, contar la migración también significa explicar lo que ocurre después de cruzar la frontera.

En mayo de este año entrevistó a Alejandra Prado, una creadora de contenido que utiliza sus redes sociales para hablar con colombianos en Estados Unidos sobre ahorro, economía personal, productos bancarios y estabilidad financiera. La conversación llevó el relato migratorio hacia un terreno que suele quedar por fuera de las discusiones sobre movilidad humana: aprender a vivir económicamente en el país de llegada.

“Estamos en tiempos de mucha incertidumbre e información, y aún no se cuenta que migrar es un proceso difícil y con errores de cálculos que frustran los sueños de quienes migran”, concluye.

Toda la primera temporada del proyecto se puede escuchar en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts o YouTube y puede conocerlo a través de este enlace.

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En Mompox el tiempo parece tener otra velocidad. El río Magdalena bordea la ciudad, las calles conservan buena parte de la arquitectura que le valió el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad y las iglesias siguen marcando el paisaje urbano. Pero durante más de dos décadas hubo algo que dejó de acompañar la vida cotidiana: el sonido de sus grandes relojes. Las campanas de relojes con siglos de antigüedad marcaban la llegada de un nuevo día, el inicio de la eucaristía en las iglesias, e incluso se utilizaba como alerta en tiempos de guerra o cuando alguien icónico fallecía. Pero de un momento a otro, esa señal dejó de escucharse.

Ese silencio comenzó a cambiar en marzo de 2026, cuando el maestro relojero alemán Tobías Vogler llegó a Santa Cruz de Mompox para intervenir los mecanismos de los relojes de la Alcaldía y de las iglesias de Santa Bárbara y San Francisco. Su llegada hace parte del programa Senior Expert Contact (SEC), impulsado por Swisscontact con respaldo de la cooperación suiza, que lleva conocimiento técnico especializado a territorios donde determinados oficios y capacidades son difíciles de encontrar.

El primer resultado ya está en funcionamiento. El reloj de la Alcaldía fue restaurado en tres semanas, después de una intervención que tuvo un costo cercano a los COP 5 millones. El trabajo permitió además revisar los mecanismos de los relojes de Santa Bárbara y San Francisco, cuyo estado requiere nuevas inversiones antes de que puedan volver a funcionar.

La diferencia es importante. Mompox todavía no recupera por completo el paisaje sonoro que tuvo durante generaciones, pero ya dio el primer paso para hacerlo.

El problema del tiempo

Restaurar estos relojes no solo consiste en limpiar sus piezas, lubricar los engranajes y ponerlos nuevamente en marcha. Tiene docenas de vericuetos técnicos, de ingeniería y en Mompox, incluso el clima hace parte del problema.

La temperatura promedio ronda los 29 grados centígrados y el calor puede provocar la dilatación de los metales de los mecanismos. En un reloj de estas características, pequeñas variaciones pueden terminar afectando la precisión. Por eso Vogler debe revisar cada pieza, calibrar el mecanismo y alinear las pesas con precisión para conseguir que el reloj marque los intervalos de tiempo de manera exacta.

El reto tiene algo de paradójico: para que un mecanismo construido hace décadas o incluso siglos pueda volver a medir el tiempo con precisión, primero debe ser adaptado a las condiciones del lugar donde ha permanecido durante generaciones.

Por eso el proceso también es una transferencia de conocimiento. Junto al maestro relojero trabajan personas del territorio, entre ellas Luis Echavez, aprendiz del SENA, además de actores vinculados con la Escuela Taller El Boga y otras instituciones locales. Cada uno aportó un grano de arena para recuperar el sonido del tiempo: la Escuela echó a andar el proyecto y ofreció hospedaje al relojero alemán y hasta hubo protagonistas que, ansiosos de volver a ver las campanas agitándose al mediodía momposino, ofrecieron lo que tenían en sus locales, como lo hizo una vecina de la comunidad que prestó su ferretería y herramientas para la reparación.

La apuesta de Swisscontact es que la llegada de un experto extranjero no termine cuando este abandone Mompox. El conocimiento debe quedarse. De allí que el proceso combine la intervención de las piezas con la formación de quienes podrán encargarse de su mantenimiento en el futuro.

En esa tarea participan la Alcaldía, las secretarías de Turismo y Cultura y de Planeación e Infraestructura, las parroquias, la Escuela Taller El Boga, la Escuela Normal Superior y otros actores del municipio. La restauración de los dos relojes que todavía permanecen detenidos dependerá, precisamente, de que esa articulación consiga los recursos necesarios.

El sonido de la historia

El valor de estos relojes no está únicamente en su antigüedad. También está en lo que representaron para quienes crecieron escuchándolos. Durante años, sus campanadas fueron una referencia para la vida cotidiana de Mompox. Marcaban las horas desde las torres y formaban parte de un paisaje que podía reconocerse sin necesidad de mirar un reloj. Recuperarlos significa, por eso, restaurar una pieza de la arquitectura, pero también una parte de la memoria sonora de la ciudad.

Ahora, explica SwissContact, ese sonido quiere atraer turismo, desarrollo comunitario y réditos a futuro para Mompox. Mompox ya tiene una actividad turística que se sostiene en buena medida sobre su patrimonio religioso, arquitectónico y cultural. El municipio hace parte de los diez destinos religiosos priorizados por el Gobierno Nacional y ha registrado niveles de ocupación hotelera de hasta el 100 % durante algunas temporadas.

El Festijazz 2025 mostró, además, cuánto puede mover la cultura alrededor de la economía local. El evento generó un impacto estimado de COP 15.329 millones, según la medición realizada por cámaras de comercio y universidades. De ese monto, el 58 %, cerca de COP 8.932 millones, correspondió a alojamiento y servicios de comida.

La recuperación de los relojes entra ahora en ese mismo escenario, aunque desde otro lugar. La idea es que el visitante no llegue solamente a mirar las fachadas, las iglesias o las calles del centro histórico, sino que pueda relacionarse con las historias y los sonidos que hacen particular al municipio.

Por eso la Fundación Bancolombia se vinculó al proceso para acompañar el diseño de una nueva experiencia turística basada en el valor del tiempo, la historia y la identidad de Mompox. El propósito es construirla junto con actores de los sectores turístico, cultural y creativo del municipio, de manera que el patrimonio pueda convertirse también en una oportunidad para fortalecer la economía local.

La apuesta todavía está en construcción, pero también lo está la restauración: el reloj de la Alcaldía ya volvió a funcionar, pero Santa Bárbara y San Francisco todavía esperan por los recursos que permitan recuperar sus mecanismos. Hasta que eso ocurra, el sonido de Mompox seguirá incompleto.

Sin embargo, después de más de 20 años de silencio, el primer reloj ya volvió a marcar el paso de las horas y con él regresa algo que parecía haberse perdido entre las torres y las calles de la ciudad: la posibilidad de que Mompox vuelva a escuchar el tiempo.

La vida de 850 familias venezolanas ha dado un paso más hacia la integración en Colombia. Hace exactamente dos años, gracias al apoyo del sector privado, un proyecto comenzó en este país para propender que la vida de centenares de migrantes venezolanos y comunidades de acogida estuviera marcada, más que por escenarios de vulnerabilidad, por derechos garantizados. Desde el principio se propuso una fórmula de avanzada que conecta la asistencia humanitaria y el desarrollo: además de los auxilios humanitarios, la iniciativa ayudaría a estas personas a incluirse al sistema financiero, de salud y les apoyaría para tener una vivienda digna que mejorara sus condiciones de vida.

Su nombre es Vincula, una iniciativa que 24 meses después de su inicio ha logrado que cerca de 3.400 personas migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida hoy aseguran estar más cerca de un ecosistema de derechos e integración.

El proyecto liderado por la Organización Internacional para las Migraciones y apoyado por Citi Foundation, ha invertido recursos -humanos y económicos- para propender porque el máximo número de familias migrantes y de comunidades vulnerables pueda acceder, algunos por primera vez en su estancia en Colombia, a una cuenta bancaria, educación financiera, acceso a crédito, una vivienda digna o un acceso al sistema de salud, que en el pasado parecía imposible.

Vincula, además, hace parte de una amplia baraja de 50 proyectos que fueron financiados con USD 25 millones para promover soluciones y desarrollo en varias latitudes del mundo como parte del Desafío global de innovación de Citi Foundation. En este escenario en particular, la iniciativa abre ventanas de integración a las familias migrantes y comunidades de acogida y también impacta la realidad de Medellín y Cúcuta.

El proyecto, comentan sus directivos, ha demostrado que incluso un fenómeno migratorio de gran magnitud como el venezolano, que ha movilizado a más de ocho millones de personas, de las cuales cerca del 35 % se encuentran en Colombia, puede atenderse de manera humana, con un enfoque de integración y de forma ordenada. Además, direcciona el paradigma de la cooperación internacional hacia un modelo basado en la horizontalidad, la reciprocidad y las alianzas estratégicas, teniendo en cuenta que una vez termine el flujo de recursos internacionales, permita que sus beneficiarios puedan continuar lo que aprendieron en el futuro sin necesidad de recursos o esfuerzos adicionales.

“Es una suma de esfuerzos con el sector privado donde consolidamos la migración como una herramienta de inclusión y desarrollo humano. La transición de asistencia humanitaria de emergencia hacia modelos de soluciones sostenibles sí es posible y muestra que Colombia es un referente regional en la gestión humana de la migración”, subraya Uriel Canales, jefe de misión encargado de la OIM en Colombia.

El valor de integrar

El proyecto fue pensado desde sus cimientos como una plataforma que elevara las posibilidades de vida digna y oportunidades a migrantes venezolanos y comunidades de acogida. Por esa razón se escogió que Cúcuta y Medellín, dos de las ciudades con mayor concentración de la diáspora venezolana después de Bogotá, fuesen escenario de las acciones.

Vincula se dividió en tres caminos que facilitan el acceso a servicios y mecanismos que suelen determinar qué tan estable puede ser la vida de una familia: salud, vivienda, ahorro, crédito y seguridad social.

Por supuesto, una de las principales preocupaciones para un migrante en Colombia es su estatus migratorio y regularidad. De los 2,8 millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia -según Migración Colombia a la fecha-, 1,9 millones tienen estatus regular con Permiso por Protección Temporal (PPT); 319.000 se encuentran en proceso de regularización y 528.000 venezolanos están en irregularidad. La regularización es considerada la llave de acceso a mínimos básicos o derechos fundamentales.

Pero Vincula propuso ir un paso más allá para aquellos migrantes que aún con un estatus regular, encontraban trabas para acceder a servicios de salud, estabilidad financiera o incluso posibilidades de una casa digna para albergar su proyecto de vida y su familia. Las cifras muestran el impacto de la iniciativa:  un total de 3.393 migrantes pertenecientes a 850 familias hoy tienen insumos y conocimientos para incluirse mejor y acceder a servicios básicos.

Jimena Botero, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Citi Foundation subraya la importancia de la iniciativa: “Valoramos haber apoyado una iniciativa que buscó fortalecer la autonomía de las personas migrantes y su integración. Creemos en impulsar oportunidades que permitan a más personas construir un futuro con mayor estabilidad. Tener acceso a salud, una vivienda segura y herramientas para manejar mejor el dinero puede hacer una diferencia real en la vida de una familia”.

Pilares de inclusión

La primera vertiente de Vincula se enfoca en la estabilidad socioeconómica de las personas migrantes en Colombia. En este marco, la iniciativa brindó apoyo económico a 150 familias mediante la cobertura parcial o total de costos de arrendamiento, contribuyendo a aliviar cargas financieras y reducir situaciones de endeudamiento. Los recursos liberados a través de este apoyo tuvieron un impacto significativo en la calidad de vida de los hogares y en el fortalecimiento de sus capacidades, ya que permitieron consolidar emprendimientos, mejorar las condiciones de vivienda, garantizar el pago oportuno del alquiler y sostener medios de vida. Asimismo, el proceso fomentó una mayor disciplina financiera, fortaleciendo prácticas de ahorro, planificación y gestión responsable de los recursos del hogar.

La segunda dimensión del proyecto se centró en la integración económica de los migrantes y comunidades de acogida al sistema financiero. Para quienes vienen del extranjero y para muchas poblaciones vulnerables del país, acceder a productos financieros y construir un historial crediticio puede convertirse en una barrera para desarrollar un proyecto económico en Colombia.

Por eso Vincula realizó talleres y pedagogía de economía familiar y educación financiera para que ellos mismos decidieran cómo incursionar en el ecosistema económico. Los talleres estuvieron acompañados también con sesiones que recalcaban la importancia de planes de ahorro individuales y comunitarios que permitieron que las arcas de 372 integrantes de familias venezolana y comunidad de acogida pasaran de tener cero pesos a un ahorro en promedio de COP 122.000 que puede traducirse en alimento, costear alguna urgencia o mitigar cualquier gasto imprevisto.

La tercera, pero no la menos importante, tiene que ver con que las familias migrantes pudieran acceder al sistema de salud y ejercer plenamente sus derechos, mediante estrategias de orientación, acompañamiento y articulación con actores institucionales y comunitarios.  El proyecto acompañó familia a familia a un tránsito hacia su afiliación en el SISBEN y en casos puntuales, ayudó a que regularizaran su situación migratoria. Esto les permitió acceder a servicios de salud, incluyendo consultas especializadas, procedimientos médicos y atención integral. En esta última línea, el proyecto benefició a 2.210 personas contribuyendo al cierre de brechas en el acceso a servicios de salud y programas de asistencia social, regularizadas y con un documento que garantizará su atención en salud u orientación en otros servicios sociales.

Beneficio conjunto

Algunos beneficiarios de Vincula señalan que el proyecto significó una oportunidad real de integrarse en Colombia y, además, consolidar sus proyectos de vida. Ese es el caso de Crismargareth, una madre que accedió a las capacitaciones financieras y que comenta cómo le abrieron un abanico de posibilidades en el futuro económico de su familia.

“El proyecto me permitió sentirme más independiente: me ayudó a consolidar un plan de ahorros claros, proyectarme a un futuro concreto y terminar mi carrera universitaria”, acota Crismargareth.

Henry, un carpintero venezolano asentado en Cúcuta, coincide en que Vincula le enseñó herramientas para que él mismo pudiera luchar por su integración y subsistencia en Colombia. “Antes no tenía conocimiento sobre los bancos o de cómo cotizar un mueble. Ahora se hacer una cotización y generar un plan de ahorro que, gracias al fortalecimiento, me permitió comprar una máquina para mi negocio”, comenta el emprendedor radicado en la capital de Norte de Santander.

Pero Canales señala que todas estas historias de familias impactadas también generan un impacto positivo en la manera en que se atiende la migración e incluso en la economía de Colombia. El jefe de la misión a.i. de la OIM recalca que hay estudios comprobados en los que se demuestra, con cifras en mano, cómo la migración aporta al desarrollo y a la economía, como el informe de 2022 que concluyó que la diáspora venezolana aportó cerca de USD 529 millones a las arcas colombianas.

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Al comienzo la sopa solo alcanzaba para unos cuantos niños. La cocina, mal dotada, albergaba sazón y buenas intenciones, pero trastes incompletos y despensas vacías solo permitían llenar de alimento unos 30 estómagos. Niayeska Rodríguez acababa de llegar de Venezuela, el país que la vio nacer y crecer, pero en el que debido a la crisis humanitaria compleja el hambre se disparó. Llegaron las “vacas flacas” para ella y sus connacionales, según recuerda. También había experimentado tiempos recios en suelo colombiano: como mujer migrante, no consiguió oportunidades de empleos formales y sus dos hijas dependían directamente de ella. Aún sin ingresos y chances de autonomía financiera, decidió que ayudaría a los otros antes que a ella.

Se propuso que Puerto Carreño, la ciudad que la recibió, nunca más vería a un niño con hambre o enviado a la cama con mordiscos en el vientre. Eso fue hace ocho años. Hoy, Naiyeska dirige el Comedor Comunitario Hogar de la Misericordia, una fundación que da alimento al menos a 300 niños a la semana y que también ha abierto sus puertas para adoptar niños que no tenían un hogar.
El comedor se inició con un fogón artesanal que alimentaba de calor una olla postrada en una banqueta hecha a mano. “Ni mesones teníamos, pero sí voluntad por mis niños”, recuerda.

Su familia, más allá de hijas y parientes que están pendientes de ella, ahora son los niños: algunos que llegaron sin saber cómo al comedor comunitario y otros que, después de tanto andar por las calles de Puerto Carreño, optaron por quedarse con Naiyeska, pues ella les ofrecía amor, refugio y comida, tres cosas que estaban ausentes en sus vidas.
Su trabajo ha sido reconocido tanto por organizaciones sociales como por las autoridades locales de Vichada, quienes aplauden el aporte que esta mujer hizo al afrontar su duelo migratorio, la travesía de cruzar una frontera y, una vez en su destino, crear una organización que le apuesta al futuro y dignidad de los menores de edad en Vichada.
Incluso, en 2026 fue finalista de los Premios Mujer Cafam al ser considerada como “una mujer clave que brinda alimentación, cuidado y protección a población vulnerable y migrante (...) Naiyeska es un ejemplo de servir para sostener la vida” en Vichada.

Un futuro para los niños

Durante todo el año, Naiyeska mueve sus influencias para mejorar la situación de los niños que la visitan y reciben comida en su fundación. Recorre calles y comercios en busca de donaciones económicas o en especie, hace alianzas para que los niños, además de un plato de comida, puedan divertirse en el hogar y desde febrero empieza las pesquisas de padrinos que puedan darles “regalitos” a los niños en Navidad. Al cierre de esta edición, comenta con preocupación que una de sus grandes angustias es que “el niño Dios no llegue a tiempo al Vichada este año (...) Todos merecen crecer felices y con afecto”.

Así consiguió que una carnicería de Puerto Carreño le done periódicamente los huesos que les dan sabor a las sopas del fin de semana o que un lote desvalido en el centro de la ciudad fuera comprado y equipado para recibir semanalmente a los pequeños. También le apostó a su persuasión para conseguir un televisor y darles la oportunidad a los niños de ver, por primera vez en sus vidas, una película. Con insistencia, una agencia de EE. UU. le donó USD 300 mensuales para costear los insumos que se transformarán en comida preparada para “sus muchachos”.

A los pasillos del comedor comunitario y ahora fundación de paso, Naiyeska ha recibido en su mayoría a niños indígenas de poblaciones cercanas a Puerto Carreño, pequeños oriundos de la capital del Vichada e incluso ha duplicado esfuerzos para que la comida y la caridad alcance para unos cuantos migrantes que vienen de Venezuela o se asientan temporalmente en el municipio mientras continúan con su tránsito.

“De tanta necesidad que tuve aquí en Colombia, con mis dos hijas viviendo en arriendo o con lo poquito que lográbamos al día, creé este proyecto que hoy los apoya. Hoy somos una familia y hacemos lo necesario, sea barrer, oficios domésticos o desbastar lotes para que la comida siga semana tras semana para ellos”, comenta Naiyeska.

Alimentando el futuro

En todos sus años de cocinera y trabajadora social en Puerto Carreño, poco tiempo le ha quedado a Naiyeska para ocuparse de sí misma. La venezolana dice que su patrimonio, más que crecer, se ha visto reducido poco a poco, pues también recurre a ahorros y recursos propios para atender a los niños. Con esfuerzo pudo regularizar su estatus migratorio y obtener el Permiso Temporal de Permanencia, aunque se reafirma en que, aún sin ese documento, seguiría trabajando por los niños de Vichada.

“La mayor satisfacción en esta labor no es material. Funcionamos como podemos y con lo que tenemos. Pero la verdadera alegría se ve con los niños. Un plato de comida es más que alimento, es la oportunidad para darles futuro y cumplir mi sueño de verlos a todos estudiados, con posibilidades en el largo plazo y que sean alguien importante en sus vidas”, comenta Naiyeska.

Hace unos años hizo un negocio con los jóvenes: si querían seguir llegando al comedor, debían cumplir la condición de ir a estudiar a la escuela más cercana. Ellos aceptaron, y llevados de la mano de Naiyeska, encontraron cupo en colegios del casco urbano de Puerto Carreño.

En sus planes hay un sueño aún más ambicioso que ha venido edificando poco a poco: Naiyeska quisiera que ningún niño de Vichada o Puerto Carreño sufriera de hambre o su niñez estuviese condenada a la vulnerabilidad. Por ahora, cree que lo está cumpliendo.

“Un solo plato de comida y un abrazo de afecto contribuye a la educación y el futuro de la niñez en el departamento. Quisiera un albergue más grande y que más personas se sumaran a la causa para que, no tan lejos, todos los niños pudieran encontrar comida y futuro en este comedor”, concluye Naiyeska.

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La de Nieve Malavé es una tragedia que emerge con el terremoto que estremeció el occidente colombiano la mañana del pasado 10 de agosto. Retumbó a más de 2.289 kilómetros del epicentro, en una zona rural del extremo costero oriental de Venezuela.

“Por favor los estoy buscando a ellos, yo estoy en Venezuela. Si alguien me puede dar información o alguien que los conozca, ellos son mis hijos”.

Era parte del mensaje de la mujer de 29 años, preguntando por Santiago y Samuel (11 años y 9 años) en redes sociales, cuando supo de la devastación que generó el terremoto en el país vecino.

Su angustia se elevó aún más tras ser víctima del arrebato bajo engaño de sus niños hace cuatro años por parte de la abuela paterna, quien se los llevó escondidos hacia Colombia para entregarlos al padre en Risaralda, uno de los departamentos más devastados por el terremoto.

“Por favor, si alguien sabe o los conoce, por favor, están en Pereira”, insistía.

Tras días de incertidumbre un escueto mensaje le confirmaba que los niños estaban con vida. El celular del padre biológico es el único dispositivo por el que escasamente pueden hablar con ella. Él vigila y limita estrictamente las conversaciones. 

Al historial de violencia machista del que Nieve fue víctima por parte de Oscar Antomarchi Piñero, incluso estando en embarazo, se suma la violencia vicaria que éste ha ejercido contra ella.  

Aunque la Cancillería venezolana inició la solicitud de restitución internacional de los niños, las autoridades colombianas hacen caso omiso, ejerciendo prácticas revictimizantes contra la madre, tanto desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como desde el sistema de justica, favoreciendo al hombre quien se valió de “procesos legales” para seguir castigandola tras la separación. El de Nieve no es el primer caso de este tipo que documenta Laboratorio Migrante.

La magnitud del terremoto, que se extendió a 16 de los 32 departamentos de Colombia recayó con más fuerza sobre cinco de ellos, en la región Pacífico y centro occidente del país: Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas. A un mes de la tragedia casi 500 municipios quedaron con afectaciones.

El impacto humanitario deja 331 personas muertas, 4.505 heridas, 356 rescatadas, 259 cuerpos recuperados y 111 personas continúan desaparecidas. Entre las 466.000 personas afectadas en todo el territorio nacional, se incluyen miembros de comunidades étnicas: pueblos afrocolombianos, indígenas y migrantes venezolanos, aunque estos últimos no aparecen tácitamente en reportes oficiales. 

La enorme cantidad de energía liberada tras el movimiento telúrico y su capacidad destructiva ha sido descrita por el Servicio Geológico Colombiano como el “equivalente a unas 125 a 130 bombas de Hiroshima”, en alusión al bombardeo atómico de EE.UU. contra Japón en agosto de 1945.

Son centenares las infraestructuras averiadas, destruidas y a punto de colapso, que incluyen centros de salud, educativos y comunitarios, viviendas, acueductos, carreteras, aeropuertos, etc.

Aunque el regreso a las aulas ha sido progresivo, el ministerio de Educación informó que la tragedia impactó casi un millón de matrículas de niñas, niños y adolescentes, una vez que se reportaron afectaciones en 387 municipios: 3.872 centros escolares sufrieron daños (64,3 % en la ruralidad). Sin embargo, la plataforma 3iS de análisis de datos eleva a 4.313 las instituciones educativas afectadas.

El de Jatniel Hernández (13 años), está entre los cientos de colegios afectados en el país, La mañana del 10 de agosto quedó registrado en redes sociales cómo su colegio ubicado en la ciudad de Pereira (Risaralda) se tambaleaba y se iba desplomando parte de la estructura, mientras alumnos y profesores corrían para salvar sus vidas. 

Jatniel, hace parte de una familia migrante venezolana oriunda de Cumaná, estado Sucre (oriente), que buscó refugio hace nueve años en Colombia. El trauma vivido lo ha dejado con fuertes afectaciones del sueño y se mantiene desescolarizado.

“Caían muchas cosas en medio del terremoto, estaba como ciega entre tanto caos y polvo. Salí corriendo por mi hijo, decían que su colegio se había venido abajo”, nos dice Ormelys Mayz, madre del adolescente, quien logró salvar su vida segundos antes del desplome del restaurante donde trabajaba. 

Su esposo e hijos mayores también quedaron sin empleo. Han estado itinerantes, pernoctado durante varias semanas en lugares distintos y cerca de la edificación de varios pisos en la que residían junto a otras tres familias migrantes en el sector de Boston, una estructura que quedó inhabitable. Se turnan para cuidar sus enseres. 

Luis Fernando (19), uno de los hijos de Ormelyz también se sumó a las labores de rescate entre vecinos. Los devastadores terremotos ocurridos en junio en Venezuela les remueven como familia dolores que retumban en su hogar y en la ciudad que los ha acogido durante años. 

El miedo, el dolor, la rabia y no tener redes de apoyo familiares hacen más hondo atravesar el duelo. El trauma los ha afectado profundamente, aunado a la escasez de empleo y los montos de los alquileres que se han disparado. 

 “Nuestra única alternativa por ahora es irnos a Venezuela, no quiero estar más de un lado a otro, es tan difícil esto”, nos dice Orme, como le dicen cariñosamente en su familia a esta madre de 45 años.

Ni el gobierno ni las agencias de cooperación internacional asoman opciones de rutas humanitarias de retorno voluntario para cruzar Colombia y atravesar Venezuela para llegar a Sucre, su estado natal. 

Los costos en transporte comercial son imposibles de asumir para los ocho integrantes de esta familia, dentro de los que se cuentan dos niños, una joven embarazada y una adulta mayor insulinodependiente. 

Por si fuera poco lo vivido, se suma otro miedo: una parte de los integrantes del núcleo familiar no cuenta con regularización migratoria. Algunos llegaron después del cierre del Permiso por Protección Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia, que el saliente gobierno de Gustavo Petro decidió no reabrir después de 2023. En medio de la devastación sísmica la zozobra y la incertidumbre pesan más. 

La salud mental de los migrantes en los departamentos más devastados

Cuando apenas habían transcurrido dos semanas del terremoto y el país hacía esfuerzos en conocer la dimensión y devastación de la tragedia, el presidente de la República, Abelardo de Espriella, ordenaba operativos para deportar migrantes en situación irregular y extranjeros incursos en delitos.   

La condición migratoria irregular, una infracción de tipo administrativo, la equiparaba con quienes entran a Colombia a cometer delitos e instauraba un discurso que retrata a los migrantes como una amenaza a la seguridad del país. Las conversaciones digitales en redes no tardaron en elevar el tono xenofóbico detonado desde el poder ejecutivo. 

Colombia sigue siendo el principal país de acogida del éxodo venezolano en el mundo, con 2.8 millones de refugiados y migrantes venezolanos, además de casi otro millón de colombianos retornados forzados desde Venezuela que se habían establecido en décadas anteriores y volvieron junto a sus segundas o terceras generaciones. 

En paralelo, la crisis humanitaria agudizada por las dinámicas que impone el conflicto armado interno mantiene a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por la violencia (7.2 millones personas), incluyendo también a personas migrantes y refugiadas.

Los cinco departamentos más golpeados por el terremoto en Colombia concentran 293.064 migrantes venezolanos, entre los cuales un poco más de 74.000 están en situación migratoria irregular, frente a los casi 800 mil que a nivel nacional están en esa misma condición. 

“Esto es muy duro, para los colombianos y migrantes que estamos en el Pacífico. Es lamentable comenzar de cero, las familias tuvieron pérdida total. Psicológicamente hablando, todos estamos muy afectados. Mucha de esta población tuvo pérdidas humanas en Venezuela, lo que hace muchísimo más duro la vivencia de un terremoto en Colombia ”, dice Carmen Hernández, una caraqueña con casi nueve años en Colombia y que ejerce liderazgo social en la Asociación de Migrantes Venezolanos en el Chocó.

“La vulnerabilidad de nuestra población es mucho más grande, no tienen familiares acá. Ha sido una de las etapas más duras que estamos viviendo en la migración en este momento con el tema del terremoto, el 90 % está en condición migratoria irregular.”, nos dice esta lideresa. 

Los no regularizados, que perdieron fuentes de empleo, también quedan al margen de los alivios estatales para vivienda. 

“Estamos en un momento no solo de estrés por lo vivido, en albergues y se ha generado mucha angustia entre la población que no está regularizada, pero también la que está regularizada”, advierte Carmen tras el anuncio presidencial. 
A unos 250 kilómetros de allí, desde Pereira, nos habla Luz Polo, actualmente la única mujer colombo-venezolana que ocupa una curul de poder en toda Colombia como diputada de Risaralda, departamento con gravísimas devastaciones y donde residen más de 45.000 migrantes venezolanos. 

“El terremoto afectó a todos, sin distingo de nacionalidad, en el caso de los venezolanos están quienes se les cayó la casa, muchos que debían cobrar sus salarios, quedaron sin empleo y además damnificados. Unos fueron a refugios, otros durmiendo en carpas en el andén donde está su casa inhabitable ¿Por qué? Porque sus pertenencias quedaron allí”, explica Polo al tiempo que rechaza el anuncio que tiende a criminalizar a los migrantes sin regularización. 

“No era el momento. Vemos muy mal el hecho de que el presidente Abelardo haya mezclado migrantes irregulares con migrantes que delinquen. El delito no tiene nacionalidad, delito es delito y ser irregular no es un delito, es una condición de un individuo que está bajo unas medidas de protección internacional, porque se han trasladado de una frontera a otra porque sus derechos humanos fueron vulnerados en su país de origen.”, remata la diputada Polo.

"¿Y ahora qué hacemos?"

Con una Embajada y siete consulados de Venezuela en territorio colombiano, la respuesta ha sido tardía y prácticamente inexistente para sus connacionales.  A través de Instagram la embajada en Bogotá publicó un código QR con “números de atención y enlace para reportar las incidencias del terremoto”. 

A los pocos días el enlace quedó inactivo y los comentarios están cerrados en sus redes. Las autoridades no respondieron las reiteradas peticiones formuladas por nuestro equipo.

Durante el primer mes tras el terremoto, los migrantes y refugiados han apelado a grupos de venezolanos en redes sociales desde el mismo día del terremoto en distintos departamentos en Colombia: buscaban a familiares desaparecidos desde Venezuela y terceros países, piden consejos de qué hacer, anuncian la venta de algunos enseres, preguntan lugares de albergues o dónde conseguir nuevos arriendos. 

La Oficina para Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) ha pedido “reforzar rutas de protección y espacios seguros para la niñez, e incorporar un enfoque diferencial que responda a las necesidades de población migrante, gestantes, lactantes y otros grupos vulnerables”.

Una parte del grupo familiar de Orme ha logrado reunir dinero. Se regresa a Venezuela en una larga travesía. Su hijo mayor, esposa, nietos y sobrina vuelven anhelando una reunificación postergada, vuelven a una nación que contabiliza más de una década sostenida bajo Emergencia Humanitaria Compleja. 

El país, lejos de las promesas de reactivación económica y en medio de un entorno represivo, experimenta el agravamiento en las condiciones de vida, intensificado tras el doblete sísmico del 24 de junio del año en curso, bajo extensos cortes de energía eléctrica, agua, provisión de gas, colapso del sistema de salud  y el inicio de un nuevo año escolar en condiciones muy precarias.  

“Má´yo te quiero más. Yo te extraño mucho má. Acá estoy pensando en usted”. Nieve oye una y otra vez los audios de sus niños que le preguntan cuándo y dónde se verán. Su fe inquebrantable de madre espera que se haga justicia, conseguir un acompañamiento jurídico y que las autoridades de Venezuela y Colombia la oigan. “Yo solo quiero que me devuelvan a mis hijos”.

*Consulte el reportaje completo a través de este enlace de Laboratorio Migrante.

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Sí, la cruzada de Donald Trump contra la migración es una operación sin precedentes. El republicano ha apelado a todo tipo de estrategias, incluyendo algunas constitucionalmente rebatibles, para intentar cumplir su meta de expulsar a 11 millones de personas que en su discurso hacen parte de “lo peor de lo peor”. Niños han sido separados de sus padres, las demandas de arrestos arbitrarios se han multiplicado por 35 comparadas a hace unos años y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con el nada alentador récord de cómo cada 8,6 días, en promedio, una persona en su custodia pierde la vida.
El gabinete Trump incluso ha desempolvado algunas legislaciones para su propósito: en junio compulsó copias para iniciar el primer juicio en la historia del país en el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC), e invocó la Ley de Aliens Extranjeros, una norma creada en 1798 diseñada para expulsar personas en tiempos de guerra.
Pero esta avanzada contra la migración se inició mucho antes de que Trump recibiera por segunda ocasión las llaves de la Casa Blanca. Tan solo nueve días después de la caída de las Torres Gemelas, el entonces presidente George Bush inició la construcción de una estructura federal que dejaría de ver la movilidad humana como un asunto de derechos o meramente civil para convertirlo en una amenaza que debía ser combatida con fuerza y seguridad.
Así lo explica Wilbert Cooper, periodista estadounidense que detalló en The Marshall Project cómo el 11-S generó una bola de nieve que terminó por cambiar la seguridad nacional, los controles aeroportuarios, y también la manera en que Washington entendía y manejaba la migración.
“Los atentados transformaron innumerables aspectos de la vida de EE. UU. Uno de ellos fue la migración con una perspectiva policial: el enfoque pasó de la aplicación de la ley civil a centrarse en la lucha antiterrorista y la seguridad nacional”, comenta Cooper.

Reorganización estructural

El cambio empezó a cocinarse cuando comisiones independientes detectaron que varios de los 19 terroristas que secuestraron los cuatro aviones del atentado habían obtenido visados legales para estudio y turismo. En aquel momento, la autoridad encargada de los asuntos migratorios era la Agencia de Immigración y Naturalización (INS). A su cargo tenía hombres que, en cumplimiento de su función, patrullaban las fronteras y se encargaban de tramitar ciudadanías o deportar personas indocumentadas.
Pero Allison Wolf, investigadora de asuntos migratorios de la Universidad de Los Andes, considera que el atentado perpetrado en Nueva York y Washington a manos de Al-Qaeda aceleró una transición “securitista” de la migración. Wolf destaca que en 1996, un lustro antes de la caída del World Trade Center, el Congreso y Bill Clinton lograron la aprobación de la Ley IIRIRA: una norma que amplió la baraja para que EE. UU. pudiese deportar personas extranjeras y endurecía los castigos a quienes violaran las reglas del juego migratorio. “Todo el proceso se aceleró después del 11-S”, explica Wolf.
Menos de un año después del ataque, el gobierno Bush disolvió el INS y dio nacimiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hoy conocido por ser la cabeza que tiene a su cargo ICE y otras dos entidades (USCIS y CPB), que tanto su gabinete como presidentes posteriores han utilizado para deportar y perseguir migrantes. Cooper aclara que el enfoque de seguridad que heredó la migración en EE. UU. permeó tanto a mandatos republicanos como demócratas. Es decir, concebir la migración como una amenaza ha trascendido desde Bill Clinton o Joe Biden hasta Barack Obama, quien durante su gobierno apeló a la mirada de seguridad para crear los NSEERS: un sistema que obligaba a monitorear a hombres de 25 países de África y Oriente Medio para conocer su ubicación en aras de “proteger la seguridad”.
La medida fue considerada una “discriminación ineficaz” por la ONU y dejó un balance de 14.000 deportados, ninguno de ellos terrorista.

El peso del dato

Las cifras de cómo la migración se convirtió en un asunto prioritario y de seguridad en suelo estadounidense respaldan la voz de Cooper o Wolf. El presupuesto del INS para el año 2000 era de apenas USD 4.300.000 millones; para 2026, esa cifra es casi 20 veces superior. Las deportaciones también son un sintoma de ello: en la década antes del 11-S, EE. UU. apenas expulsó a 1,6 millones de personas. Hoy, Trump deporta, en promedio, a 1.090 extranjeros al día.
“Nombrar como ‘seguridad’ a estas agencias ha convertido a la población migrante en una amenaza (...). Se convirtieron en policías nacionales que buscan migrantes ‘criminales’, lo que es justificado como necesario para proteger a la ciudadanía”, aclara Wolf.

Exportando el modelo

Wolf considera que el enfoque se ha exportado a otros países, con o sin su voluntad. Un ejemplo de ello son las deportaciones a terceros países, especialmente africanos, que ha emprendido Trump. ¿Las consecuencias? El centro DeJusticia comenta que perjudicó a países de tránsito, como Colombia, donde miles de personas quedaron estancadas sin una respuesta.
Wolf insiste en que el modelo de seguridad se ha ido perfeccionando, pero ha erosionado los derechos humanos de la movilidad humana: “EE. UU. expandió sus fronteras con presencia, dinero y tencología para reforzar la retórica de la seguridad como antídoto de la migración. Da el mensaje de que otros países deben prevenir que ‘gente mala’ salga de sus países para atacar a otros”.

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Quedan menos de cuatro semanas para que alguien arroje un salvavidas financiero a una de las mayores políticas de acogida e integración migratoria que hayan existido en Colombia. El 30 de septiembre finaliza el convenio que cofinanciaba la operación y funcionamiento de los Centros Intégrate: una estrategia nacida en 2019 y que ha ayudado a garantizar derechos con más de medio millón de atenciones.
La estrategia le ha valido aplausos internacionales a Colombia, pues es considerada una iniciativa integral que, además de acoger a más de 2,8 millones de venezolanos, diseñó todo un esquema para que, luego de la obtención de la cédula de extranjería, estas personas pudieran acceder a educación, salud, productos financieros y otros derechos.
Pero hoy todo tambalea. Los centros no tienen chequera para seguir funcionando; dependen de la voluntad y el erario de los gobiernos locales de mantener sus puertas abiertas y, con el anuncio del presidente De la Espriella de perseguir “migrantes ilegales”, cada vez se habla menos de la importancia de incluir a la movilidad humana en el andamiaje social.

Regularizar o integrar

El panorama está así: de no encontrar una solución (en el Gobierno, cooperación internacional o administraciones departamentales), más de media década de aprendizaje sobre cómo integrar a la población migrante podría perderse. Su desvanecimiento también supondría que ciudades que hoy conviven con la movilidad humana como un asunto cotidiano, como Maicao, Cúcuta o Arauca, podrían perder una de las pocas ventanas de oportunidad para que un migrante encuentre educación, acceso a la justicia, un tratamiento básico de salud o resuelva dudas sobre su regularización sin temor a ser deportado.
El aviso de cierre inmediato ya empezó a emitirse en varias ciudades del país. En Cúcuta, por ejemplo, personal voluntario y de cooperación internacional ya fue notificado del cierre de la operación el 25 de septiembre. Medellín, según conoció este diario, es una de las pocas ciudades donde la incertidumbre no se siente en el aire, pues la Alcaldía de Federico Gutiérrez incluyó presupuesto para que el centro en la capital antioqueña siga funcionando. Pero hay casos graves. Maicao, municipio de La Guajira donde llegó a establecerse el “asentamiento irregular de extranjeros más grande de Latinoamérica”, no goza ni con las arcas ni con la hoja de ruta para integrar a los más de 68.000 migrantes que viven allí. Arauca o Norte de Santander, donde también hay Centros Intégrate, probablemente tendrán que escoger si continúan con ellos o si por el contrario destinan sus limitados recursos a atender otras crisis humanitarias causadas por la violencia y el desplazamiento.

“Es una cuestión urgente que debe resolverse. Regularizar no es lo mismo que integrar a millones de personas migrantes en la sociedad y la economía, y estos centros son la forma en que el ciudadano encuentra al Estado”, dice un funcionario de los Centros Intégrate que prefiere no revelar su nombre.

Buena intención mal administrada

Los Centros Intégrate nacieron en 2019 con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Por meses, esta asumió los costos operativos y logísticos de integrar a la población migrante, en su mayoría venezolanos que habían huido de la crisis humanitaria compleja gestada por el chavismo.
Pero en 2025, USAID cerró abruptamente más del 90 % de sus operaciones en el mundo, incluyendo las de Colombia y las concernientes a la migración. Así que el manejo de los Centros pasó al Ministerio de Igualdad, entidad que hoy cumple sus últimos días debido a vicios de trámite que desde su creación jamás fueron subsanados.

En el papel, las tareas de la cartera de Igualdad deben pasar al Ministerio del Interior o al Departamento de Prosperidad Social, quienes están obligados a dar continuidad a programas como el fondo No es Hora de Callar o Todos Somos PAZcífico. Pero al cierre de esta publicación, no existe un acto normativo que aclare cuál de las dos entidades asumirá los Centros Intégrate, ordene el traslado de sus competencias a otro despacho, ni cómo será la política de continuar con la atención migrante que se mantiene en 25 municipios.
Sin USAID ni el Ministerio de Igualdad, y con el grifo de la cooperación internacional cada vez cerrándose más, los Centros Intégrate pueden estar caminando por la borda. Marcos Muleth, director nacional de los Centros, comenta en una misiva conocida por El Espectador que la continuidad de los Centros depende de la voluntad de alcaldías, gobernaciones y de la nueva política migratoria de Abelardo De la Espriella, que hasta el momento no ha hablado de esfuerzos para la integración y, por el contrario, ordenó operativos contra ciudadanos extranjeros irregulares.
“No es solo lo que se hacía al interior de los Centros, sino lo que aprendimos a hacer como país en la integración de la migración. Los Centros son un ejemplo de coordinación en el que han participado 80 entidades, 16 organizaciones nacionales y 25 alcaldías. Ese conocimiento existe y está disponible”, dice.

Ventana de oportunidad

Más allá de lo humanitario, hay quienes resaltan que integrar a más de 2,8 millones de venezolanos contribuye al desarrollo económico del país. La Organización Mundial para las Migraciones, por ejemplo, señala que la población venezolana tributa al año cerca de USD 529 millones, lo que representa el 1,9 % del recaudo nacional. El informe, además, destaca que el 62 % de ellos están en edad productiva, lo que significa que, independientemente de su situación regulatoria, potencialmente aportan con consumo, trabajo o remesas a la economía.

Pero aún hay chances de salvar media década de aprendizajes y buenas prácticas de movilidad humana. Todo depende de si la petición es escuchada en el gabinete de De la Espriella y si la migración, más que un gasto, es entendida como un derecho humano y una oportunidad de crecimiento para Colombia.

“Es una política de Estado, no de Gobierno. Lo que hoy está en discusión no es la creación de una nueva estructura o aumentar la burocracia estatal, sino preservar una capacidad que responde a una migración que seguirá siendo parte del presente y el futuro”, concluye Muleth en su carta.

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El presidente Abelardo De la Espriella mencionó en un consejo de seguridad impartido desde Barranquilla que Colombia iniciaría un proceso de deportación a todo aquel migrante que tuviese líos penales o, como en la mayoría de los casos, no contara con su estatus regulatorio al día. El anuncio generó controversia sobre cómo un anuncio que es totalmente legítimo de definir la política migratoria del país, puede tener efectos adversos o ir en contravía del Derecho Internacional.

El Espectador habló con Giovani Lepri, representante en Colombia de Acnur, sobre las discusiones paralelas que deben darse cuando se habla de migración, seguridad y ante todo, derechos humanos. Entrevista.

¿Es riesgoso referirse a la migración como un asunto exclusivamente de seguridad y crimen para ser combatido?

La movilidad humana (sea desplazamiento forzado interno, transfronterizo, o migración voluntaria) y la criminalidad son fenómenos que no se deben equiparar ni confundir. Migrar no es un crimen. Encontrarse en situación migratoria irregular no convierte a una persona en delincuente. Quien comete un delito debe responder ante la justicia, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria en el país.

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La movilidad humana es una realidad de naturaleza muy diversa. Hay personas que salen de sus países por diferentes razones, algunas se han visto forzadas a huir porque su vida, libertad, seguridad o integridad está en riesgo. A veces huyen de guerras, violaciones de derechos humanos, alteraciones de orden público, entre otras razones. Estas personas pueden estar en necesidad de protección internacional y deben poder acceder a mecanismos que permitan identificarlas y protegerlas.

Por eso es riesgoso reducir la movilidad humana a una cuestión de seguridad. La seguridad es una responsabilidad soberana de los Estados, que no es incompatible con el deber de proteger a quienes se encuentran en su territorio. Una gestión segura de la movilidad humana requiere el cumplimiento de la ley y de mecanismos que permitan a las personas definir su situación legal, acceder a documentación e integrarse. Quienes tienen necesidades de protección internacional, deben poder acceder a un sistema para la determinación de la condición de refugiado de asilo justo, eficaz y eficiente. Por otro lado, quien comete un delito, cualquiera que sea su situación migratoria o su nacionalidad, debe responder ante la justicia. Son situaciones diferentes y no deben confundirse.

En Colombia y en muchos otros países está demostrado que cuando las personas acceden a documentación, vivienda, educación y trabajo formal, derechos y servicios, se reducen los riesgos de entrar en la criminalidad o ser víctimas de esta, en la inseguridad económica, en el desempleo y la exclusión social. En ese sentido, la documentación y la inclusión socioeconómica reducen situaciones de vulnerabilidad, riesgos de explotación y abusos, y fortalecen la convivencia. No solo pueden hacer a las sociedades más seguras, sino que tienen impactos positivos en lo social, lo cultural y lo económico.

Sobre el aspecto económico, por ejemplo, el Banco Mundial ha mostrado que la regularización de venezolanos en Colombia generó un aumento del 48 % en el consumo per cápita, un incremento del 22 % en los ingresos laborales y mejores resultados en materia de salud. Estos avances fueron posibles gracias a un mayor acceso a los sistemas de protección social, a servicios de salud subsidiados y a servicios financieros.

Hay varios blindajes legislativos y constitucionales que protegen la movilidad humana. ¿Cuáles debería superar o derribar el Gobierno De la Espriella para seguir con su anuncio de deportar personas irregulares?

No lo describiría como “derribar blindajes”. Hablamos de garantías que forman parte del ordenamiento jurídico colombiano y de compromisos internacionales y regionales asumidos por el Estado.

Todo Estado tiene derecho a gestionar su seguridad y sus fronteras, y aplicar su legislación interna y los estándares internacionales. Colombia puede verificar la situación en que se encuentra una persona y, cuando corresponda, adoptar las medidas previstas en la legislación. Estas facultades se deben ejercer respetando garantías como el debido proceso, en particular salvaguardas para respetar el principio de la no-devolución para personas en necesidad de protección internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Más aun, si se hace evidente que algunas personas no deberían ser devueltas al lugar donde su vida o integridad corre un riesgo.

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Para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, este último punto es fundamental. Antes que una medida pueda conducir al retorno de una persona extranjera, debe existir la posibilidad de identificar si tiene necesidades de protección internacional. Una persona puede no estar en situación regular y, al mismo tiempo, necesitar protección internacional. Una cosa no es excluyente de la otra.

Debemos distinguir la comisión de un delito, de la situación migratoria de una persona en el país de acogida. Si una persona, nacional o extranjera, comete un delito, debe responder ante las autoridades colombianas. Una cuestión distinta es la situación de quienes no cuentan actualmente con un estatus regular y requieren definir su situación en Colombia.

¿Por qué se apela a términos penales (“ilegales”, “criminales”) a un fenómeno que debe tener un enfoque de derechos?

El lenguaje es muy importante porque crea realidades, contribuye a proteger o a estigmatizar. Como ya mencioné, una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular, pero esto no significa que haya cometido un delito o que sea un criminal. Las personas no son ilegales ni irregulares por cruzar una frontera sin documentos.

Esto no significa que un extranjero con una visa o cualquier otro documento no pueda cometer un delito, del mismo modo que una persona que no cuenta con estatus migratorio regular puede respetar plenamente las leyes del país que la acoge. Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad.

La gran mayoría de las personas en situación irregular no son delincuentes, sino personas que tuvieron que huir de sus países y dejarlo todo atrás, incluso sus familias, sus documentos, sus proyectos de vida. El Estado colombiano ha reconocido esta realidad y ha hecho importantes esfuerzos, reconocidos por la comunidad internacional, para que estas personas puedan acceder a derechos fundamentales, a documentación y servicios básicos, a vivienda y empleo digno. El mecanismo de protección temporal para venezolanos (ETPV) es un ejemplo a nivel regional y global.

Se asocia principalmente la migración colombiana a venezolanos. ¿Qué otras nacionalidades o factores deben contemplarse en la fórmula para tener un panorama completo?

La gran mayoría de las personas refugiadas y en necesidades de protección internacional en Colombia son venezolanas. Se trata de un país hermano con el que Colombia comparte una de las fronteras más dinámicas y vivas de América Latina, además de grandes similitudes en lo social y cultural. También hay que recordar que Venezuela ha acogido a más de 6 millones de personas colombianas desde los años 90.

Colombia es hoy un país de acogida, tránsito, retorno y origen. Recibe personas refugiadas y migrantes de diferentes nacionalidades. Hoy en Colombia hay solicitantes para el reconocimiento de la condición de refugiado en su mayoría de Venezuela, pero también de Cuba, Ecuador, Perú, Rusia, Ucrania, entre otras nacionalidades. Al mismo tiempo, el país recibe colombianos que regresan, voluntariamente o después de medidas adoptadas por otros Estados.

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El mandato de ACNUR se enfoca en las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas con necesidad de protección internacional. En Colombia, la población venezolana representa una parte muy importante de esta realidad, pero la necesidad de protección internacional no depende de la nacionalidad.

Una persona perseguida puede necesitar protección internacional. Una víctima de trata necesita protección y asistencia, y en ciertas circunstancias también podría requerir la protección como refugiada. Un colombiano retornado puede necesitar apoyo para reintegrarse. Entender los diversos perfiles y sus necesidades es fundamentar para una respuesta efectiva por parte del Estado.

En un momento de tanta incertidumbre, ¿cuál es el llamado más prudente a hacer?

El primer llamado es a mantener la calma, a brindar información clara y evitar que la incertidumbre y la desinformación se traduzca en miedo, angustia, desesperanza y estigmatización. En estos días hemos observado un aumento importante de las personas que buscan información sobre cómo definir su situación migratoria en Colombia. Esto muestra que hay una preocupación real y que es fundamental que las personas puedan acceder a información clara y confiable.

También es importante preservar los avances que Colombia ha construido durante años en materia de protección, documentación e inclusión. Colombia ha sido un referente internacional en la respuesta a la llegada de personas de Venezuela y ha demostrado que facilitar la documentación y la inclusión permite a las personas trabajar formalmente, contribuir a la economía y construir sus proyectos de vida con las comunidades que las acogen. Hoy hay casi 2 millones de personas venezolanas en situación regular en este país.

Al mismo tiempo, todavía existen personas que enfrentan barreras para definir su situación legal. Aún hay más de 520 mil personas venezolanas en situación irregular y más de 300 mil en proceso de regularización. Por eso consideramos importante mantener y fortalecer los mecanismos de estancia legal, especialmente para quienes hoy no cuentan con una vía que les permita resolver su situación.

Para quienes han sido forzados a huir, hay además un mensaje fundamental: la situación legal de una persona en un país no determina si necesita protección internacional.

Quienes no puedan regresar a su país porque su vida, libertad, seguridad o integridad pueden estar en riesgo deben acceder al sistema para la determinación de la condición de refugiado y contar con las garantías correspondientes. Nadie debe ser devuelto al lugar donde corre riesgos sin que sus necesidades de protección hayan sido debidamente identificadas y evaluadas.

El llamado de ACNUR es a gestionar la movilidad humana garantizando el cumplimiento de la ley y del debido proceso, preservar las garantías de protección y continuar avanzando con documentación, mecanismos de estancia e integración.

Colombia tiene experiencia, instituciones y herramientas para hacerlo. ACNUR está dispuesto a acompañar y ofrecer su experiencia para seguir apoyando al Estado colombiano en su conjunto en estos esfuerzos. Queremos seguir trabajando juntos para encontrar soluciones.

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Un mensaje de unos cuantos segundos, pronunciado por el presidente Abelardo De la Espriella, desenterró un temor que miles de familias migrantes habían mantenido sepultado desde hacía años. Se trataba de la incertidumbre de pensar si, una vez más, serían obligados a salir forzosamente del lugar que consideran su hogar.

La caja de Pandora se abrió principalmente en los hogares venezolanos: un poco más de 800.000 personas que echaron raíces en Colombia, y que al no tener un estatus de regularización se debaten entre arriesgarse a ser deportados, o por el contrario, volver voluntariamente a suelo venezolano, donde aún persisten las causas que los obligaron a huir.

Pero el desasosiego también tocó a las puertas de familias de al menos otras 14 nacionalidades que, según Migración Colombia, hoy conviven en el país y también podrían estar en un escenario de irregularidad.

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Expertos en migración consultados por El Espectador consideran que el anuncio del presidente De la Espriella, si bien es legítimo al determinar cómo gestiona su política migratoria o las fronteras, podría tener efectos adversos para más de 2,8 millones de personas que las atravesaron y desarrollan su proyecto de vida en Colombia.

El debate radica precisamente en que el jefe de Estado utiliza términos penales (“ilegales”) o policivos (“operativos”) en un asunto que tanto la Constitución en Colombia como su legislación y la evidencia internacional establecen que debe tratarse con un lente de derechos humanos.

“Se genera un escenario de temor que, aunque no fue profundizado en sus declaraciones, causa incertidumbre y emergencia a la movilidad humana”, dice Lublanc Prieto, directora de Refugiados Unidos, una ONG que durante los últimos cinco años ha litigado para que los migrantes, aún en irregularidad, reciban garantías y procesos sin violaciones a sus derechos.

El poder de las palabras

Tanto el presidente De la Espriella como su ministro de Interior, Rodrigo Lara, han señalado que sus “operativos” se dirigirán contra “inmigrantes ilegales” (denominación contraria al derecho internacional). Hay que hacer una salvedad: ambos distinguieron entre personas extranjeras con un prontuario judicial y ciudadanos que no están regularizados, aunque sin ofrecer ninguna cifra o respaldo numérico.

Tampoco mencionaron explícitamente la diáspora venezolana. Y no hizo falta, pues la mayor cantidad de extranjeros en suelo colombiano en la actualidad son oriundos del país vecino: algunos que escaparon hace más de una década de la persecución política que implementó Nicolás Maduro en su momento y otros que, debido a la crisis humanitaria, empacaron maletas para probar suerte en Colombia.

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Pero para María Gabriela Trompetero, investigadora y experta en movilidad humana de la Universidad de Bielefeld, Alemania, el lenguaje utilizado, además de inconveniente, crea una narrativa en la que la migración es un “problema” que debe ser gestionado a través de “operativos” y “persecución”, lo que la priva de cualquier discusión de derechos, garantías o humanitarismo.

“Estar en una situación irregular migratoria no es un delito, es una condición administrativa. Mezclar categorías como ‘inseguridad’ y ‘criminalidad’ con migración irregular es criminalizarla. Eso desaparece la pregunta de por qué más de 500.000 personas no han regularizado su situación y, en lugar de plantear si tienen vías para hacerlo, se refuerce el discurso de que ‘deciden vivir por fuera de la ley’”, dice Trompetero.

El peso del silencio

Lo que el presidente y su ministro de Interior no dicen también incide en el panorama y en cómo los colombianos reciben el mensaje de una nueva política migratoria. Por ejemplo, el foco se centró en la migración venezolana, acogida en Colombia durante la última década por medio de instrumentos legales.

Pero los datos de los últimos cuatro años de Migración Colombia muestran que hay al menos 3.847 extranjeros de otras nacionalidades diferentes a Venezuela que han estado envueltos en pleitos judiciales, como Argentina, China, Ecuador, República Dominicana e incluso personas provenientes de Estados Unidos relacionadas con delitos de explotación sexual. Los venezolanos, por su parte, representan el 35 % del total de extranjeros expulsados en el último cuatrienio.

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El Barómetro, iniciativa de la Universidad Externado que investiga la xenofobia en Colombia, señala que la población venezolana ha sido el principal receptor de discursos de odio. En 2021, por ejemplo, la iniciativa documentó que Colombia era el país donde más acechaba la xenofobia contra los venezolanos, por encima de otros países que también han vivido la diáspora, como Perú, Chile o Ecuador.

Giovanni Lepri, representante de Acnur en Colombia, considera que el debate no debería estar en si un ciudadano que viola la ley debe ser judicializado o deportado; eso es un deber del Estado y quien delinque debe responder por sus actos.

“El lenguaje crea realidades y contribuye a proteger o estigmatizar. Una persona puede estar en situación irregular, pero no significa que haya cometido un delito o sea criminal. No se es ilegal por cruzar una frontera sin documentos (...) Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad”, subraya Lepri.

Aunque es muy pronto para conocer cómo, cuándo y dónde actuará el Gobierno de De la Espriella para incursionar en su nueva política migratoria, los analistas coinciden en que lo más prudente es un llamado a la calma y el diálogo. La mayoría de ellos señala que se puede construir sobre los años de experiencia en que Colombia ha ofrecido acogida y derechos a la migración, mientras que otros aseguran que el debate puede servir para ofrecer nuevas vías de regularización a quienes aún están indocumentados y, aún más importante, integrarlos en el andamiaje social de Colombia.

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El presidente Abelardo De la Espriella nombró a José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, como nuevo director de Migración Colombia. El nombramiento se formalizó a través del Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar, quien aceptó la renuncia de la directora Gloria Esperanza Arriero López a su cargo.

Castañeda desarrolló su carrera en la Policía Nacional y ocupó su último cargo como oficial activo en 2018, cuando comandó el Departamento de Policía Cesar y acumuló experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales.

Su perfil llama la atención pues es, en esencia, el de un hombre formado para la seguridad operativa, no para la gestión administrativa, diplomática y de derechos humanos que exige dirigir una entidad que controla fronteras, aeropuertos y la permanencia de millones de extranjeros en el país.

El nombramiento llega, además, un día después de que De la Espriella había anunciado el inicio de “operativos coordinados” con la Policía contra migrantes en situación irregular, priorizando primero a quienes cometan delitos y luego a quienes no tengan su estatus regularizado.

La medida rompe con casi una década de consenso migratorio entre gobiernos de distintas orillas políticas y ubica a Colombia dentro de la ola de mano dura migratoria que ya gobierna buena parte de la región.

El experto Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ya había advertido que el uso reiterado de la palabra “ilegales” para referirse a los migrantes no es un descuido: es una decisión deliberada que conecta al nuevo gobierno con el discurso antiinmigrante de la derecha latinoamericana. El impacto potencial es enorme: de los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, 848.000 están en situación irregular, y 193.000 de ellos son menores de edad.

Poner a un exuniformado con perfil de inteligencia y seguridad al frente de la agencia migratoria no es un experimento nuevo en la región, y la experiencia reciente ofrece motivos para la cautela. En México, el control migratorio lleva años en manos castrenses. El actual Instituto Nacional de Migración fue dirigido por Francisco Garduño, un funcionario que antes administró cárceles federales, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó entregándole a la Marina el control de aduana y migración en el aeropuerto de Ciudad de México.

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El mensaje, en su momento, fue igual de directo que el de Bogotá hoy: la migración se trata como un asunto de seguridad nacional, no de derechos. Las consecuencias de ese enfoque quedaron documentadas. Organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) señalaron que la militarización del control migratorio en México derivó en detenciones ilegales, violencia excesiva y hasta muertes bajo custodia estatal, al menos 26 desde 2015.

Lina Arroyave, abogada de Dejusticia, explicó que las fuerzas militares y policiales no son un cuerpo especializado en migración, la ven desde la seguridad y no desde un enfoque de derechos humanos capaz de tramitar lo que realmente implica la movilidad humana.

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La Fundación Juntos Se Puede anunció que el próximo viernes, 28 de agosto, dispondrá de abogados y personal especializado en trámites migratorios para resolver las dudas de venezolanos y otros migrantes que desconozcan cuál es su situación en Colombia. }

Su convocatoria se publicó pocas horas después de la directriz impartida por el presidente Abelardo De la Espriella de iniciar operaciones policivas para capturar y posteriormente expulsar a todo aquel migrante que tenga un prontuario judicial abierto o, como en la mayoría de los casos, no cuente con su papeleo migratorio al día.

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Ana Karina García, directora de la Fundación, aseguró que la convocatoria es una “mano amiga” para centenares de migrantes, en especial venezolanos, que residen en Colombia y por desconocimiento, falta de recursos o herramientas de regularización inexistentes, hoy están en el umbral de la irregularidad migratoria. Sin embargo, recalcó que su condición irregular o las declaraciones políticas de De la Espriella “no reemplazan la ley” que tanto en la Constitución como en otras legislaciones, protegen la movilidad humana.

“Lo primero que queremos es llamar al Gobierno a un diálogo y desarrollar una política migratoria con enfoque en derechos. Pero también queremos llamar al discurso: cuando se habla de un ser humano como legal o ilegal, puede generar xenofobia o problemas de convivencia”, comenta García.

La convocatoria estará abierta el próximo viernes 28 de agosto de 10 a.m. hasta las 12 m. En este período de tiempo los migrantes podrán ser caracterizados y recibirán talleres que resolverán sus dudas y encaminarán a qué hacer o en qué situación migratoria se encuentran.

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La Fundación hace hincapié en que el estatus migratorio de los más de 2,8 millones de venezolanos que permanecen en Colombia es una situación administrativa. Es decir, que tanto quienes han resuelto su situación como quienes no, están cobijados por derechos, rutas de atención y garantías mínimas que deben ser protegidas en todo momento.

“Una situación migratoria irregular no convierte a una persona en ´ilegal´: es una condición administrativa que no define la persona ni reconoce la pérdida de sus derechos, como la dignidad, el debido proceso, la no devolución o el derecho a la protección”, comenta Juntos Se Puede.

Más información

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Fundación, ubicado en el barrio Pasadena de Bogota, exactamente en la Calle 104 #54-31. Aunque es gratuita y no requiere de una inscripción o confirmación previa, la Fundación aclaró a El Espectador que tendrán un aforo máximo de 60 personas para poder atender personalmente cada uno de los casos que reciban en la atención de este próximo viernes.

“En momentos de incertidumbre, informarte bin también es protegerte. Conoce tus derechos y evita tomar tus decisiones basadas en rumores”, concluye la Fundación.

Por ahora se desconoce si habrá brigadas jurídicas y migratorias en el futuro, pero puede conocer más información sobre la convocatoria y la misionalidad de la jornada a través de este enlace.

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“La orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados con la Policía en Barranquilla para dar contra los ‘inmigrantes ilegales’. Primero, quienes estén cometiendo delitos. Segundo, quienes permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria”. Con esas palabras, y con menos de 20 días en el poder, el presidente colombiano Abelardo De la Espriella dio un duro golpe a casi una década en materia de política migratoria para Colombia, una hoja de ruta que había sido ampliamente alabada en todo el mundo.

La decisión, que rompe con el consenso que sostuvieron los tres gobiernos anteriores frente a la diáspora venezolana, ubica así a Colombia dentro de la ola de gobiernos de ultraderecha que en la región han hecho de la mano dura migratoria una bandera de gestión.

“Es una mala señal. Partiendo únicamente desde el uso de las palabras, al hacer referencia a los migrantes tanto en campaña como en esta primera declaración ya como presidente en ejercicio como ilegales, no es cuestión de un error: es una posición deliberada del presidente en el cual pues se asume un poco el discurso de un sector de la derecha latinoamericana que ha decidido encontrar en la narrativa antiinmigrante uno de sus nichos”, señaló Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y Profesor de la Universidad de La Sabana.

Desde 2015, cuando comenzó el éxodo de más de 7,8 millones de venezolanos, Colombia construyó una arquitectura jurídica de regularización que se convirtió en referencia global, sostenida indistintamente por gobiernos de centro, derecha e izquierda. Rodríguez advierte que el discurso oficial confunde irregularidad migratoria con criminalidad, una asociación que la evidencia no respalda y que, según él, reactiva un estigma del que Colombia se había mantenido al margen en gran medida.

“Se repite nuevamente lo de Claudia López cuando una persona con un cargo alto tiene que dirigirse respecto a la dinámica y al abordaje del tema migratorio, termina generando unas dinámicas muy fuertes de xenofobia”, añadió Rodríguez.

¿A quiénes va a afectar?

El gobierno no ha aclarado cómo se ejecutarían las operaciones contra la población migrante. Sin embargo, el impacto potencial de la medida es mayúsculo. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en el país, 848.000 se encuentran en situación irregular -no ilegal, pues ningún ser humano está en condición de ‘ilegal’ como dice el mandatario-, según Migración Colombia, y 193.000 de ellos son menores de edad. “Eso es más que la población de Bucaramanga”, dice el experto. Muchos de estos migrantes estaban a la espera de mecanismos que permitieran su regularización.

Aunque el mandatario evitó nombrar directamente a Venezuela, esa comunidad representa cerca del 90 % del total de la población migrante y es, en la práctica, el destinatario principal del anuncio.

“El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que desarrolló el presidente Duque fundamentalmente logró poder tener nombre y apellido, identificación plena a los ciudadanos venezolanos que se encontraban en nuestro territorio… sin lugar a duda el mejor efecto que logró el Estatuto fue la plena identificación de los venezolanos en materia de seguridad. Queda pendiente algo que debería ser resuelto por este gobierno: regularizar esos 847.894 venezolanos, pero por otro lado también tiene que trabajar en dirección al proceso de transición que van a tener los venezolanos”, añade Rodríguez.

A diferencia de Argentina o Chile, Colombia comparte con Venezuela 2.219 kilómetros de frontera activa y una relación diplomática tensa con el gobierno de Delcy Rodríguez, lo que complica trasladar sin matices las fórmulas de deportación masiva ensayadas por Javier Milei o José Antonio Kast.

Rodríguez insiste en que buena parte de la población migrante ha sido también víctima de estructuras ilegales que operan en esa zona, no su origen. Además, ha destacado su gran aporte a la economía local. Según estimaciones, la población venezolana aporta cerca de USD 3.000 millones anuales a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento, una cifra que cualquier operativo masivo pondría en riesgo.

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Liberia recibió el jueves a los primeros 20 deportados de Estados Unidos como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump que contempla el traslado de hasta 1.200 personas al país de África occidental. Según medios internacionales, el grupo aterrizó en el aeropuerto internacional Roberts, cerca de la capital, Monrovia, y de ahí fue trasladado en autobús mientras personal de la Comisión Liberiana de Repatriación, Reasentamiento y Reintegración atendía a los recién llegados.

Los periodistas fueron mantenidos a distancia y no pudieron hablar con el grupo de migrantes deportados, según la agencia AFP. La ministra de Justicia, Natu Oswald Tweh, dijo en una rueda de prensa que la mayoría había cometido infracciones migratorias y que podrían solicitar asilo en Liberia si lo desean.

Sobre el resto de las personas que podrían llegar en los próximos meses, el ministro de Información liberiano, Jerolinmek Piah, precisó que los 1.200 deportados incluirán tanto a ciudadanos africanos como a nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

El Gobierno de Liberia insiste en que las personas son “libres de abandonar el país cuando así lo deseen” y que el acuerdo es “enteramente humanitario”, sin que haya mediado compensación alguna a cambio de aceptar el programa.

Sin embargo, dichas declaraciones están en entredicho, pues Estados Unidos comprometió beneficios concretos para Liberia: extendió las visas de visitante para liberianos de 12 a 36 meses y prometió USD 124 millones en asistencia, según The Guardian.

El pacto con Liberia es, según el medio británico, el más grande de una serie de acuerdos que la administración Trump ha alcanzado con cerca de dos docenas de países para recibir deportados que no son sus nacionales. Muchos de estos acuerdos, cabe destacar, se han dado en secreto.

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El costo de las deportaciones de EE. UU.

Un informe reciente de Refugees International y Human Rights First, citado por The Guardian, calcula que Washington ha cerrado convenios con al menos 35 países y ha enviado a unas 23.000 personas a 26 de ellos hasta comienzos de agosto. Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún, Esuatini y la República Democrática del Congo son otros países africanos que ya tienen acuerdos similares con Washington.

Todos estos acuerdos tienen un gran costo para los contribuyentes estadounidenses. Un informe elaborado por demócratas del comité de relaciones exteriores del Senado encontró que la administración pagó más de USD 32 millones a cinco gobiernos, varios con antecedentes deficientes en derechos humanos, para aceptar a unos 300 deportados de terceros países.

Según el informe, se estaría destinando USD 1,1 millones por persona a Ruanda por siete deportados, y USD 7,5 millones a Guinea Ecuatorial por 29, una cifra superior a toda la ayuda estadounidense a ese país en los ocho años anteriores. El mismo informe halló que más del 80 % de los enviados a terceros países terminó regresando a su país de origen de todos modos, muchas veces con un costo adicional para los contribuyentes.

Abogados de inmigración sostienen que estas deportaciones a terceros países funcionan como un vacío legal para forzar indirectamente el regreso de solicitantes de asilo a sus países de origen, ya que Washington solo tiene prohibido devolverlos directamente allí. En muchos casos, los migrantes terminan en naciones donde nunca han estado o donde corren riesgos de seguridad, sin más opción que regresar al país que intentaban dejar atrás.

El investigador Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, explica que se trata de una medida “casi enteramente punitiva” que busca “difundir la dureza” del sistema para disuadir a otros migrantes.

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Pero la estrategia no se limita a los acuerdos formales con países africanos. Según reveló CBS News esta semana, la administración Trump también ha estado deportando en silencio a migrantes mexicanos hacia Guatemala y Honduras, evitando devolverlos a México pese a que ese país acepta el regreso de todos sus ciudadanos.

Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a la cadena que el objetivo es disuadir la migración irregular enviando a los mexicanos aún más lejos de la frontera. La Cancillería mexicana rechazó la práctica y afirmó que “no existe” ningún acuerdo de ese tipo.

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Antes, durante y después de atravesar la frontera, las mujeres migrantes dedican sus días al cuidado sin ninguna retribución real o suficiente. Ese es uno de los varios hallazgos que el centro de estudios jurídicos Dejusticia reveló en una investigación publicada en mayo y que concluye que hay un “hilo invisible” entre el cuidado, el género y la migración.

La investigación compiló la historia de 25 migrantes, todas residentes en Bogotá, para conocer cómo sus días, que ya de por sí son difíciles con la integración y regularización en Colombia, se tornan aún más tortuosos cuando deben emplear tiempo, dinero y esfuerzos a labores de cuidado no remunerado.

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El común denominador: la mayoría son mujeres, generalmente oriundas de Venezuela, que migraron buscando un mejor futuro para sus hijos o las personas que tienen a cargo. También se repite que han sido absorbidas en “círculos de pobreza y vulnerabilidad” que les privan de generar ingresos económicos, cursar proyectos de vida propios y cumplir “el sueño migratorio” de encontrar mejores posibilidades.

Cifras de una brecha

Aunque no es una investigación representativa a nivel nacional, muestra que las conclusiones pueden extrapolarse a patrones de vulnerabilidad que viven en su mayoría las cuidadoras migrantes en Colombia.

El DANE, en 2023, ya lo había determinado. De acuerdo con la Encuesta de Uso del Tiempo del Departamento Estadístico, las mujeres nacidas en otros países dedican 9,5 horas a labores de cuidado frente a las 7,5 horas que lo hacen madres, abuelas o hermanas oriundas de Colombia. Con el reloj en mano, significa que casi el 50 % del tiempo en que una mujer migrante permanece despierta es destinado a una labor que no le retribuye económicamente, ahonda desigualdades de género y le es endilgado solo por ser mujer.

Además, la investigación muestra que migrar y cuidar son sinónimos de mayores secuelas como pobreza extrema, afectaciones psicológicas o deterioros físicos derivados del poco descanso o tiempo empleado para atender su salud. Así lo determinó el Departamento Nacional de Planeación en 2024, cuando concluyó que seis de cada 10 hogares liderados por mujeres migrantes viven en el umbral de pobreza y para ese entonces, estas mujeres percibían apenas el 41 % del salario mínimo.

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Para Dejusticia, las conclusiones pueden extrapolarse tanto a las familias de los 2,8 millones de personas que pertenecen a la diáspora venezolana como a las mujeres de al menos 10 nacionalidades diferentes que también sostienen a sus allegados en Colombia, entre haitianas, ecuatorianas o mujeres provenientes de África.

“Las políticas públicas han tratado la migración y el cuidado como asuntos separados. Mientras la migratoria no considera las responsabilidades de cuidado de las mujeres, las de cuidado tampoco contemplan las barreras específicas que enfrentan las migrantes. Frente a ese vacío institucional, son las propias mujeres quienes sostienen la vida a través de redes informales, apoyos comunitarios y estrategias cotidianas para sobrevivir”, reza un apartado de la investigación.

Vacío sin llenar

La investigación hace énfasis en que el Estado y la sociedad usualmente se refieren a la migración como una población que debe ser regularizada con estatus migratorios e integradas en el andamiaje social. Pero son los vacíos, no las normas, los que generan consecuencias en las vidas de las mujeres. Dejusticia explica que las mujeres migrantes están más expuestas a cargar con el peso del cuidado no remunerado y que, como a millones de otras mujeres en Colombia o en el mundo, se les atribuye la responsabilidad de sostener el hogar, la familia, la economía o la supervivencia de niños pequeños y ancianos.

Una mujer venezolana, por ejemplo, carga con el duelo de haber dejado su tierra atrás, pero en su destino colombiano se encuentra con trabas para acceder a un estatus migratorio que la regularice. Sin ese documento, dice la investigación, las posibilidades de un trabajo formal o acceso a mínimos básicos como salud, educación para sus hijos o prestaciones laborales de ley, se convierten en un imposible que la obliga a trabajar informalmente y la encierra en un laberinto de vulneraciones, pobreza o escasez.

La difícil convalidación de títulos o falta de redes de apoyo para estas mujeres también se suma a la baraja de obstáculos para las mujeres migrantes, obligando a muchas de ellas, ya profesionales y con títulos universitarios, a buscar ingresos en labores informales y mal remuneradas como vendedoras, meseras o cocineras.

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Margarita Martínez, investigadora y coordinadora de la línea de género en Dejusticia, asegura que hay otras conclusiones derivadas de este asunto que se ha convertido en “invisible para el Estado”.

“Estamos viendo mujeres con dos o tres trabajos informales, asumiendo obligatoriamente esas cargas y que aún así, no es suficiente para poder salir de círculos de pobreza y precariedad”, comenta.

Margen de acción

Más que un llamado de atención sobre la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres migrantes, la investigación propone pensar el cuidado como una tarea que se distribuya equitativamente y que adicionalmente tenga un enfoque de movilidad humana.

Martínez subraya que esta conversación, aunque lleva varios años en la agenda pública, también tiene impacto en la economía del país: según la información recabada, las labores de cuidado representan casi el 20 % del Producto Interno Bruto colombiano. Para la investigadora, quiere decir que se está permitiendo que una quinta parte de cómo se mueven las finanzas del país alimente pobreza y sumerja en vulnerabilidades a las responsables de “sostener la sociedad y la familia”.

“Es un asunto migratorio que debe entenderse en condiciones dignas, como un asunto de justicia social y derechos humanos. Se debe transformar la forma en que la sociedad sostiene la vida, pero que hoy se sostiene con mujeres migrantes en condiciones profundamente desiguales”, concluye.

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Argenis Ereú tiene 55 años. Nació en Falcón, Venezuela, y después de mucho debatirse, alistó valijas, dejó su vida atrás y viajó hacia Colombia. Escogió Pereira como su domicilio, y Cali como un segundo hogar donde desarrollar sus planes de vida con su compañera sentimental. Hoy, los tres lugares donde transcurrió gran parte de su vida están gravemente afectados, o viven las secuelas de un desastre natural.

Esa situación de “perderlo todo varias veces” es la que algunos expertos consultados por El Espectador vaticinan se está viviendo en este momento y que no descartan que motive nuevas movilizaciones humanas en jurisdicción colombiana.

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La radiografía de los daños del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia demuestra que algunas de las zonas con mayor afectación son lugares donde las personas aterrizaron buscando oportunidades. Hoy habitan municipios reducidos a concreto y mampostería desperdigados por el suelo.

Damnificados en Quibdó y Buenaventura que encontraron “tierra amiga” tras huir de la guerra en el Pacífico se preguntan si un nuevo capítulo de desplazamiento se abrió en sus vidas, esta vez tras un sismo. O está la diáspora venezolana: 2,8 millones de personas que escaparon del hambre y otros tantos que llegaron como perseguidos políticos. Muchos de ellos hoy ven el impacto en sus hogares en Cali, Medellín, Pereira, Armenia o Ibagué, todos con daños tras el sismo.

Para Catalina Arenas-Ortiz, experta en asuntos migratorios, el panorama de daños que deja el terremoto podría generar un efecto dominó, aunque pequeño, de nuevas movilizaciones. Al cierre de esta edición, el reporte preliminar era de más de 40.000 familias damnificadas, según la UNGRD. Sin un hogar, una escuela, un centro médico o sin el acceso a mínimos básicos como agua potable o electricidad, muchas familias podrían plantearse realizar una “migración pendular”, dice.

“La experiencia tras los terremotos en otros países muestra que no necesariamente las personas se movilizan, pero cuando no hay manera de continuar sus vidas en los lugares afectados, definitivamente tendrán que hacer un péndulo entre garantizar sus necesidades en ciudades donde hay capacidades para hacerlo, y residir en otros lugares”, dice la experta.

Lo importante y lo urgente

Como es lógico, lo más apremiante es encontrar hasta el último desaparecido que quedó aprisionado bajo los escombros, atender heridos en hospitales y rescatar toda forma de vida posible. Pero Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dice que en el mediano plazo esta emergencia mostrará una distinción entre lo importante y lo urgente de atender a personas que vieron cómo su “acceso a servicios básicos, escuelas, centros médicos o sus formas de vida se han visto truncados” y que también pertenecen a población perseguida por el chavismo o desplazada por actores armados. A ellas se podría sumar un nuevo grupo, el de quienes salieron de sus casas por catástrofes naturales.

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Lepri recapitula un diagnóstico hecho por Acnur que muestra que es muy probable que un alto porcentaje de los afectados por el terremoto estén viviendo una “doble afectación”. El informe asegura que Chocó y Valle del Cauca, dos de los focos de destrucción del temblor, concentran el 93 % del total de casos de desplazamiento forzado durante el último año. Además, grandes centros urbanos que también sintieron el colapso estructural tienen en sus calles centenares de familias venezolanas que viven allí, como Cali (133.138), Pereira (30.699), Armenia (15.452) o Ibagué (13.466).

“Son personas y familias que estaban reconstruyendo sus vidas en Colombia y esto puede implicar volver a perder su hogar (...) El desastre puede empeorar su situación, que ya era difícil con el acceso a vivienda digna, insumos vitales, agua o medios de vida y podría forzarlas a desplazarse nuevamente”, comenta Lepri.

En Quibdó, por mencionar un caso, los habitantes de barrios edificados por víctimas y sobrevivientes de masacres están a la espera de cuándo los hogares que quedaron en pie pueden volver a ser habitables, como Las Palmas, Medrano o 2 de mayo, construido por las familias que escaparon de la masacre de Bojayá de 2003. Cali, por su parte, registró que la Comuna 1, donde vive mayoritariamente población venezolana, tuvo que ser evacuada por posibles riesgos.

Sin una vivienda y posibilidades de una vida digna, temen los analistas, salir de esas comunidades sería uno de los pocos caminos disponibles para estas personas.

Experiencia previa

El papel de cómo atienda el Estado —gobiernos nacional, departamental y local— la emergencia, será clave para determinar si habrá una oleada de desplazamientos o, por el contrario, las familias permanecerán en su territorio a pesar de la devastación.

Lo fundamental, comenta Lepri, es aprender de capítulos dolorosos del pasado para enfrentar los problemas del presente. El representante de Acnur recuerda que Colombia ya se ha enfrentado a catástrofes, como las inundaciones de Córdoba o a mitigar el éxodo de al menos 7,1 millones de desplazados internos. Además, cuenta con jurisprudencia y un marco legal sólido que puede funcionar en tiempos de crisis, como sentencias de las altas cortes, entidades de atención a víctimas o mecanismos que han intentado acoger la diáspora.

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Ya hay unas iniciativas que fueron puestas en marcha. Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social de Cali, comenta que la población migrante afectada ha recibido atención “como cualquier otro caleño” y ya hay directrices para que estas familias, que vivían en arriendos o en escenarios de informalidad laboral, tengan acceso a derechos, auxilios y también atención psicosocial para tramitar el duelo de haber perdido su hogar por segunda vez.

“Existen buenas prácticas para asegurar que las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas. El país tiene experiencia en buscar soluciones, pero también habrá que buscar en medio de esta situación dramática acciones que contribuyan a seguridad y reconstrucción de sus casas y medios de vida”, dijo Lepri.

Arenas-Ortiz, por su parte, asegura que la integración será una ficha clave en el pulso para determinar la permanencia o salida de las personas. “El Estado y sus instituciones, paralelo a la reconstrucción de infraestructura, tendrán que reubicar y garantizar la integración de las personas, sean damnificados, víctimas o población migrante para que se sientan parte de la comunidad y tengan motivos para quedarse”, concluye.

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La diáspora venezolana se ha movilizado para ofrecer ayuda en su segundo hogar. Este miércoles, se conoció que la Fundación Juntos Se Puede, una organización compuesta de exiliados y perseguidos políticos venezolanos, realizó la entrega oficial de las primeras 60 toneladas de ayuda humanitaria.

El cargamento, que partió desde Bogotá, llegó a inmediaciones de Cali para atender algunas de las necesidades básicas de las familias que sufrieron afectaciones de salud o en su defecto, perdieron sus viviendas.

El anuncio fue confirmado por Ana Karina García, directora de la Fundación, que recalcó que así como Colombia fue solidario con el “país hermano” tras el doble terremoto de La Guaira el pasado 24 de junio, los migrantes que residen en jurisdicción colombiana han hecho lo mismo.

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“Así como Colombia estuvo con Venezuela en los momentos más duros, aquí estamos nosotros, los venezolanos, en nuestro segundo hogar, acompañando y apoyando a quienes más lo necesitan. La solidaridad se devuelve con solidaridad y hoy queremos estar a la altura de todo lo que Colombia hizo por nosotros”, comentó.

Hace dos meses, la Fundación, con sede principal en Bogotá, logró recoger y distribuir cerca de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias venezolanas que fueron afectadas por el doble terremoto que dejó un total preliminar de 6.301 muertos y la pérdida parcial de casi 10.000 viviendas.

Un gran porcentaje de las donaciones que llegaron a Cali hacen parte de ayuda humanitaria que esperaba ser enviada a Venezuela, pero ante la urgencia del terremoto en Colombia, fueron destinadas a algunas de las ciudades que más daños sufrieron.

De acuerdo con el organigrama, gran parte de las ayudas serán distribuidas en Cali y posteriormente, se trasladarán hacia Pereira, donde la devastación del terremoto también dejó innumerables damnificados y pérdidas humanas.

Nuevas ayudas

Hacia Chocó y comunidades aledañas también fue despachado un camión que contiene cerca de 15 toneladas de insumos médicos y kits humanitarios para atender este departamento que, recordemos, fue el epicentro del terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

“Esta respuesta tiene un significado especial. Durante los últimos años, Colombia ha sido un lugar de acogida y solidaridad para miles de venezolanos que encontraron en este país una oportunidad para reconstruir sus vidas. Hoy, ante la emergencia que viven distintas regiones colombianas, los venezolanos también quieren estar presentes”, explica la Fundación Juntos Se Puede.

De acuerdo con el informe más reciente del Gobierno de Abelardo De la Espriella, el terremoto ha dejado hasta el momento un saldo de 265 personas muertas, 3.494 heridas y al menos 496 desaparecidos.

Se espera que en los próximos días, la Fundación inicie el envío de nuevos cargamentos humanitarios a las ciudades más afectadas.

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“Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos para que la ayuda pueda seguir llegando a los territorios”, concluyen.

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