La violencia contra las mujeres continúa en Bogotá, pero también se ensaña contra quienes salieron de sus países buscando nuevos rumbos. Ese es el balance que dejó el último informe de la Secretaría de la Mujer, de la Alcaldía de la capital. El texto asegura que una de cada 10 mujeres que fueron asesinadas en razón de su género pertenecía a la comunidad migrante que reside en la capital. Pero la cifra podría incluso duplicarse debido errores judiciales que no tipificaron correctamente el crimen o tuvieron vicios procedimentales que, si bien dejaron una mujer migrante asesinada, no nombraron el delito como tal ante los estrados de justicia.

Los datos, de acuerdo con el informe, son preocupantes y tienen impactos directos, indirectos y sociales: Bogotá registró 97 casos en total, 12 de ellos en contra de extranjeras.

El 50 % del total de casos de feminicidios contra migrantes se dieron contra mujeres venezolanas, integrantes de una población que huyó de la crisis humanitaria compleja del vecino país en busca de oportunidades económicas, pero que en Colombia han encontrado barreras para lograrlo. La otra mitad corresponde a distintas nacionalidades.

Del total, mientras el 4 % de ellas realizaban “trabajos sexuales pagos”, otro 4 % eran víctimas del conflicto armado y el 2 % se compone de mujeres indígenas que también migraron de sus territorios a jurisdicción bogotana.

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“El feminicidio no actúa de manera homogénea, sino que se profundiza en la vida de mujeres que ya se encuentran atravesadas por condiciones”, comenta el estudio, escrito a varias manos entre el Observatorio de Mujeres de la Alcaldía, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia.

La Secretaría precisa que la cifra hace referencia al período 2023-2024, sobre el que estudiaron distintas variables sobre la violencia contra las mujeres en la capital. Por ejemplo, el informe señala que hay épocas del año y localidades en las que este tipo de agresiones son más fuertes, como las localidades de Mártires, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Santa Fe.

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“Los feminicidios se inscriben en un continuum de violencias, relaciones de poder y contextos de dominación estructural (...) esto trasciende a las circunstancias inmediatas, en el tipo micro y macrosocial”, reza un apartado del informe.

Del exilio a la violencia

El texto dedica un acápite completo a las mujeres migrantes, particularmente vulnerables por ser mujeres, extranjeras y, en muchos casos, residentes en un país que aún no regulariza por completo a toda la diáspora venezolana.

Otros estudios complementarios de la Alcaldía han lanzado alertas sobre la falta de integración de esta comunidad. En 2024, por ejemplo, el Observatorio de Desarrollo Económico divulgó un informe que estimaba en casi 600.000 las personas oriundas de Venezuela que se habían asentado en Bogotá. Casi siete de cada 10 se habían ocupado en plazas laborales informales que no les garantizan ni mínimos básicos, ni trabajo dignos, ni posibilidad de pensar proyectos de vida estables.

Angélica Pardo, funcionaria de la Secretaría de la Mujer, recalcó que cada feminicidio es una historia lamentable, sin embargo, con lente estadístico, debe analizarse con enfoques diferenciales. “Con las mujeres migrantes, la prevención del feminicidio exige mirar mucho más allá de la relación de pareja. También implica fortalecer las redes que rodean a las mujeres y acompañar a quienes muchas veces quieren ayudar, pero terminan agotadas o atrapadas en prejuicios sobre por qué una mujer permanece en una relación violenta”, subraya.

Pero la migración no se remite únicamente a millones de venezolanos que hoy se asentaron en Colombia. Informes de Migración Colombia aseguran que hay otras 114 nacionalidades que hacen su tránsito o asentamiento definitivo en el país.

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“Los datos revelan un patrón territorial complejo, donde las violencias no se explican únicamente por relaciones interpersonales, sino también por contextos estructurales que configuran entornos de riesgo a nivel localidad para las mujeres (...). Pero también podría fortalecer la toma de decisiones estratégicas en materia de prevención, justicia y reparación”, concluye el informe.

El mundo le presta cada vez menos atención a la represión que existe en Venezuela. Las historias de dos personas venezolanas refugiadas en Colombia, Emilia y Pedro, muestran por qué no debemos alejar la mirada: la represión en el país vecino es cruenta y opera de manera inusual, con múltiples actores. Una investigación recientemente publicada da cuenta de los patrones de represión y de las voces de sus víctimas.

Emilia fue golpeada en la cabeza en su propia casa, en una ciudad de Venezuela, y luego amenazada de muerte mientras sujetos encapuchados le apuntaban con una pistola en su cabeza. Estos incidentes de violencia sucedieron como culminación de semanas de acoso de parte de una red de actores de la represión en donde la seguían personas en motos y recibía mensajes de amenaza. Ella continuó ejerciendo su derecho humano a la participación política en el contexto de las elecciones de 2024, pero las amenazas se intensificaron y, después de las elecciones, decidió huir a Colombia por su propia seguridad, sabiendo que la represión se agravaría.

Pedro también participó en las elecciones de 2024 en Venezuela haciendo trabajo voluntario para una campaña. Un día su casa amaneció con una marca en la puerta hecha con pintura de aerosol: un punto encerrado por un círculo. Esto le dejó claro que era blanco de la represión del régimen. A pocos días de la elección, un grupo de personas armadas allanó su casa: los agresores lo golpearon brutalmente y lo arrastraron por el suelo y le advirtieron que, de seguir con su trabajo en las elecciones, su familia sufriría las consecuencias y él sería responsable.

Tanto Emilia como Pedro huyeron a Colombia, temiendo por su vida. Sin embargo, en Colombia no encontraron la seguridad y estabilidad que buscaban. En su nuevo país de residencia se enfrentaron, por el contrario, a un laberinto burocrático para acceder al estatus refugio, mientras viven la precariedad económica en vista de que no contaban con permisos para obtener un empleo formal. Por último, no encontraron tampoco seguridad en su destino, siguen recibiendo amenazas y creen que fuerzas ligadas al régimen venezolano operan en Colombia. Los lamentables atentados contra Yendri Velasquez y Luis Peche dan credibilidad a esta preocupación.

Las historias de Emilia y Pedro forman parte del informe “Entre la represión y la protección internacional: Un informe sobre la crisis humanitaria compleja en Venezuela por persecución política y la migración forzada hacia Colombia”, elaborado por la Fundación Refugiados Unidos y los autores de este texto. Este muestra cómo la represión del régimen venezolano se da no solo a manos de fuerzas del Estado, sino que hay una multiplicidad de actores, incluyendo actores no estatales, personas encapuchadas, policías, servicios de inteligencia, militares y otros que se coordinan para intimidar y reprimir. La represión es múltiple: intimidación, amenazas, golpes, tortura, pero también con el congelamiento de cuentas bancarias, el sabotaje económico y la negativa de otorgar documentos. Debido a la multiplicidad de actores y métodos, el informe caracteriza estos atropellos como una “represión en red”.

El documento también analiza cómo esta represión obliga a las víctimas a huir en busca de seguridad, y cómo en Colombia no hay alternativas de regularización o refugio fácilmente accesibles. La falta de protección legal los sume en la precariedad.

Asimismo, el informe demuestra que existen mecanismos mediante los cuales se coordinan los actores de esta “represión en red”. Por ejemplo, usan listas que incluyen a activistas, defensores de derechos, opositores, o simplemente quien ha ejercido su derecho a la libre expresión. Con estas listas se coordinan para identificar blancos e intimidar a quienes osan pensar distinto. En palabras de una de las personas entrevistadas:

“Nuestros nombres y fotografías fueron difundidos en páginas del gobierno, plataformas creadas por la misma dictadura, cuentas falsas y cadenas de mensajes. Todo esto tenía el propósito de que los ciudadanos no chavistas que aún permanecían en el país nos denunciaran, revelaran nuestra ubicación y así facilitaran nuestra captura, represión y encarcelamiento”.

El panorama es escalofriante. “Entre la represión y la protección internacional…” es uno de los pocos documentos que exploran la arquitectura de la represión en Venezuela en años recientes, capturando las propias palabras de las víctimas, mostrando cómo lleva a la expulsión y migración hacia Colombia. Es un informe que busca ser un ejercicio de memoria para romper la violencia del silencio impuesto.

Las implicaciones de esta represión son de suma importancia no solo para Venezuela, sino para Colombia también.

A pesar de los grandes avances en Colombia, aún falta mucho por hacer en materia de migración y refugio. Sigue siendo sumamente difícil solicitar y obtener refugio en Colombia, y esto se ve reflejado en el caso de las personas cuyas historias aparecen en el informe y que sufrieron claramente persecución política. Colombia tiene la obligación internacional, tras la firma de la Declaración de Cartagena, de que el refugio sea accesible para quienes huyen de persecución política o de un contexto de violación masiva de derechos humanos, situación que claramente existe en Venezuela.

Más aún, el país se ha quedado atrás en cuanto a mecanismos de regularización migratoria que son complementos importantes al régimen de refugio. Colombia solía ser un líder mundial en materia de regularización migratoria con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Sin embargo, el Estado no permite ya que venezolanos soliciten un Permiso por Protección Temporal ya que no ha renovado el Estatuto ni ha emitido una política de alcance similar en años recientes. El PEP-Tutor y la visa de visitante especial, políticas públicas en años recientes, no han cobijado al número de personas que lo requieren, dejándolas desprotegidas.

El resultado es que, a pesar de que el Estado colombiano ha cesado de actualizar los datos en torno a la migración venezolana, se estima que hay más de medio millón de personas venezolanas con estatus irregular en el país y que no tienen alternativas para recibir inclusión legal.

Después del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, Venezuela no ha cambiado de manera sustantiva. No se ha dado una transición de régimen, ni un proceso por el que existan garantías de protección de los derechos humanos. Persiste la represión. Continúa la precariedad económica y las violaciones masivas de derechos humanos. Por estos motivos, queda claro que siguen vigentes las condiciones que generan expulsión hacia países vecinos.

La respuesta de Colombia hacia la migración debe basarse en los derechos humanos, pero también tomando en cuenta que los migrantes contribuyen enormemente al país de acogida, si se les da la posibilidad de hacerlo. Una política pública de refugio y regularización a la altura de los retos es una pieza clave para que Colombia se beneficie al máximo y se posicione una vez más como referente mundial de la migración.

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El próximo 3 de junio se desarrollará una jornada masiva de empleo para que docenas de migrantes, refugiados y comunidad de acogida en Colombia tengan chances de acceder a empleos formales y estables.

La convocatoria fue compartida por la Alcaldía de Bogotá, entidad que también anunció que junto con 10 organizaciones o instituciones más acompañarán la jornada para que estas personas migrantes, en su mayoría venezolanas, logren participar de una jornada que podría cambiar sus realidades socioeconómicas.

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Funcionarios del Ministerio de Igualdad o el Departamento de Prosperidad Social estarán presentes, al igual que organizaciones de derechos humanos o auxilio a comunidad migrante, como Tent, que se encarga de conectar extranjeros con plazas laborales o Juntos Se Puede, una fundación creada por venezolanos y que se dedica a velar por la garantía de derechos e inclusión financiera de quienes salieron de Venezuela.

“Trabajamos con aliados estratégicos para vincular de forma directa a la población migrante con importantes compañías que buscan reclutar talento”, se lee en la convocatoria.

De acuerdo con los lineamientos de la convocatoria, cualquier persona migrante, refugiada, retornada o perteneciente a comunidad de acogida podrá inscribirse y participar de la feria de empleo.

El evento se realizará en el Centro de Integración y Acogida Migrante (CIAM) de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. Según informó el ente distrital, la jornada contará con la presencia de “20 grandes empresas” que mostrarán sus portafolios y vacantes laborales a la población migrante.

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La jornada, que será gratuita, se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. de este miércoles.

Datos de Migración Colombia totalizan en poco más de 2,8 millones la cifra de venezolanos en Colombia, pero persisten retos. Casi medio millón aún no han podido regularizar su situación migratoria, lo que los sigue rezagando para poder integrarse social y económicamente. Sin regularización, la fórmula se complica: hay barreras para acceder a salud, educación, trabajos formales o realizar prácticamente cualquier trámite administrativo o judicial en territorio colombiano.

Solo en Bogotá se estima que viven cerca de 600.000 migrantes venezolanos y, de acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico de la Alcaldía, el 64,5 % de ellos labora en plazas informales que no les garantizan mínimos básicos ni las prestaciones sociales de ley.

“A pesar de su alta participación, la predominancia de trabajos informales subraya desafíos persistentes en la búsqueda de trabajos equitativos y estables para esta población”, explica un estudio realizado por el Observatorio a finales de 2024.

Si está interesado en acceder a esta feria de empleo, puede inscribirse a través de este enlace o consultar las redes sociales de Tent Colombia o el Centro de Integración y Acogida Migrante de la Alcaldía de Bogotá.

En este preciso momento Chile está preparando un nuevo vuelo cargado de personas que serán expulsadas de su jurisdicción. Sería la cuarta aeronave que aumentaría la cifra de 780 deportados. La mayoría son venezolanos, 101 de ellos colombianos, otros oriundos de Haití o familias bolivianas que pasaron la frontera buscando nuevos rumbos y oportunidades.

Según lo indican las cifras entregadas por el Palacio de la Moneda, a la mayoría se le edilga haber ingresado irregularmente al país o, en el peor de los casos, nunca resolver su papeleo migratorio. Solo en el 12 % de las expulsiones, alguna de estas personas, que son tildadas de criminales por el presidente José Antonio Kast, y su gabinete, cuentan con un prontuario penal que justifique su expulsión.

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Durante los últimos cuatro meses Chile ha reforzado su cruzada contra la migración: una promesa de campaña que pretende sacar a más de 330.000 personas que, en opinión de Kast, pertenecen al hampa del país. Pero sus actuares están muy alejados de lo que analistas consideran como una solución real, o incluso de fondo, para resolver un asunto migratorio que ha impactado a la región en general y a Chile en particular, pues hoy uno de cada 10 personas que trabajan, aportan y mueven la economía austral son migrantes.

Enfoques disidentes

Kast llegó a la casa presidencial con la promesa de traducir en “soluciones” varias de las principales preocupaciones de los chilenos. Y como estrategia electoral optó por la mano dura para convertir, teóricamente, los síntomas en antídotos. La seguridad, por supuesto, era la principal de ellas. El 61 % de los ciudadanos contestaron a mediados de 2025 que los asaltos, los robos y la delincuencia se dibujaban como su principal resquemor. Pero la migración y el narcotráfico también entraron en el top 5 de angustias.

Para Luz Hernández, abogada del Estudio Jurídico de Migración en Chile, el jefe de Estado está asociando erróneamente la migración con la inseguridad creciente del país austral.

Kast, en teoría, está cumpliendo la legislación migratoria del país: expulsa a quienes nutren grupos criminales, al tiempo que fuerza un éxodo para miles de personas que ingresaron irregularmente o, en su defecto, llegaron por vías oficiales a Chile, pero jamás resolvieron su estatus migratorio.

Pero ahí empiezan los problemas. Hernández comenta que el jefe de Estado está creando un coctel peligroso, donde criminaliza la movilidad humana y la vincula directamente a narrativas donde quienes llegaron al país buscando seguridad o una mejor vida terminan convertidos en forajidos que deben ser perseguidos. Además, los emisarios de Kast complican aún más el escenario cuando vinculan constantemente a los migrantes venezolanos con la irregularidad o el crimen, algo también incongruente con miles de personas que, como Ronald Ojeda, llegaron a Chile buscando refugio político y, en su caso, terminó secuestrado y asesinado presuntamente por alfiles del chavismo.

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Las cifras demuestran que lo que se habla en el palacio presidencial está alejado de la realidad en las calles: este año Kast ha expulsado a 780 personas. Del total, solo 97 constan de deportaciones judiciales asociadas a delitos, mientras que los 683 casos restantes son personas que, por razones personales o por trabas institucionales, no cumplieron los requisitos migratorios.

“La movilidad humana que llegó a Chile no fue motivada por moda. Hay colombianos que fueron perseguidos por las FARC o venezolanos que huyeron del régimen chavista. Lo que se hace ahora es cerrarles la puerta, sin datos precisos que distingan migrantes o delincuentes, a familias que ya han demostrado un arraigo en el país y solo demuestra que no están dispuestos a adaptarse a un fenómeno migratorio que es tendencia y ha impactado a toda la región”, comenta Hernández.

Segundo concepto

Otras voces complementan la lectura de la abogada. El agosto pasado, 10 centros de pensamiento hicieron un pliego de recomendaciones para ofrecer respuestas acordes a la magnitud del fenómeno migratorio en Chile, que hoy cuenta con más de 1,6 millones de extranjeros en su territorio.

El informe, titulado “Política migratoria para el Chile que viene”, coincidía en que el presidente, independientemente de su orilla política, debía ofrecer respuestas estructurales a un problema que, de acuerdo con los expertos, trasciende las fronteras hasta la vida cotidiana, económica y social de estas personas en las ciudades principales.

Un enfoque de seguridad, por supuesto, era necesario para evitar los miles de pasos irregulares en los bordes fronterizos del país y el fortalecimiento de grupos ilegales en zonas limítrofes. Pero la respuesta no puede sustentarse en vigilar y castigar, comenta el informe. Hay otros urgentes que el Estado, como cualquier nación democrática y suscrita a convenios internacionales, debe garantizar, como la integración de los migrantes o que familias oriundas de 150 nacionalidades diferentes reciban mínimos básicos, como salud y vivienda digna, y que es algo que precisamente no ha sucedido hasta ahora.

“Detener o disminuir la migración irregular no es posible solo a través de fortalecer las fronteras o deportaciones. Si solo se llevan este tipo de acciones, podría seguir dándose en vías más alejadas, peligrosas y sofisticando aún más las acciones de las bandas criminales”, reza el estudio.

La doble frontera

Hoy el panorama migratorio en Chile oscila entre la incertidumbre y el estigma. Mientras Kast continúa movilizando policías, recursos y estrategias legislativas para adelantar su avanzada contra los extranjeros, hay quienes creen que estas decisiones se convertirán en un lastre para el futuro del país.

Hernández considera que Chile está desperdiciando un inmenso potencial de personas, que, entre otras cosas, podrían ayudar a mitigar la baja natalidad de Chile y la crisis demográfica que afrontaría. Pero Patricio Rodríguez, profesor de la Clínica Jurídica Migrantes de la Universidad Diego Portales, cree que las consecuencias se verán más pronto que tarde por deportar a personas que pueden convertirse en engranajes del desarrollo económico del país.

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“No hay claridad sobre qué tan eficaces serán las políticas de Kast. Claramente tendrán un costo humano para la población migrante, pero también tendrá efectos en Chile con el empleo, el movimiento de la economía y un Estado que tendrá que adaptarse a nuevos pasos fronterizos de un fenómeno migratorio que si bien puede disminuir, seguirá llegando al país”, concluye Rojas.

El segundo domingo de mayo se celebró en más de 90 países el “Día de las Madres”, incluyendo Venezuela. En la última década, esta misma nación ha registrado la salida de más de 8 millones de sus ciudadanos, de los cuales el 49 % está representado por mujeres: madres cabeza de hogar, gestantes y en edad reproductiva que no se habrían planteado salir abruptamente de su territorio de no haber sido por la Emergencia Humanitaria Compleja y la violación masiva de derechos humanos, entre ellos la persecución política, que las obligó a hacerlo.

Como un tributo al amor y a la resiliencia, desde Laboratorio Migrante registramos las voces de madres migrantes y refugiadas venezolanas que hoy, desde distintas latitudes, conmemoran su día y que sin importar los riesgos, cruzaron fronteras en busca de protección y de un mejor futuro para ellas y sus hijos.

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Las voces de Mercedes, de Sandra y de Olga; cada una con historias distintas, pero que al final las une un propósito común: apostarlo todo por sus hijos. Desde Colombia y Estados Unidos, estas madres compartieron algunos trazos de sus vidas, los aprendizajes y satisfacciones de ser una mamá migrante, así como los desafíos más grandes que han tenido que enfrentar en medio del exilio.

Huir con un bebé en camino

Para Mercedes Ramírez lo más hermoso que le ha sucedido luego de su salida forzada de Venezuela fue el nacimiento de Juan Mateo, su segundo hijo. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por la represión y la persecución de cuerpos policiales y militares contra cientos de ciudadanos, huyó en búsqueda de refugio a Colombia junto a su esposo y su otro niño. Mercedes salió con seis meses de embarazo.

Mercedes admite que durante el trayecto de salida temió por su vida, por el bebé que llevaba en su vientre y por el resto de los miembros de su familia, incluyendo a su esposo, que presentaba un cuadro de salud delicado, condición que aún persiste en el exilio.

“No es fácil para ninguna madre venezolana estar en el exilio o ser migrante; estar lejos de esa red de apoyo, de la familia, del cariño que nos caracteriza a los venezolanos y más cuando estamos criando un bebé, lejos de sus abuelos, primos, tíos que en Venezuela representan figuras que acompañan. No es fácil estar lejos del compartir familiar y no poderles ofrecer a el amor de sus abuelos o los juegos con sus primitos. Eso mis niños se lo están perdiendo”, dice Mercedes mientras su voz se quiebra.

En medio de lo que significa el exilio, dice que sigue aprendiendo a ser feliz en medio de tantos obstáculos y adversidades encontradas en este largo recorrido. Lejos de su natal Venezuela celebra “dando gracias a Dios” por mantener a su familia unida, fortalecida y con la esperanza de un pronto retorno a su país.

Al tercer trimestre de 2021, de acuerdo al DANE , la autoridad estadística colombiana, el 9,5 % de los nacimientos (48.075 de 505.114) fueron de madres venezolanas residentes en el país, mostrando un crecimiento continuo desde 2017 hasta la fecha.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), recordó en un estudio que la mayoría de los venezolanos en Colombia busca estabilidad, siendo las mujeres gestantes o con hijos pequeños un grupo con altas necesidades de atención.

Ser madre en la distancia

Olga Cecilia de Meneses celebró su día con el corazón dividido: lejos de sus tres hijos. Cada uno se vio forzado a migrar a países distintos. Su madre los recuerda como “lo más bonito que le ha pasado en su vida”.

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“Toda una bendición”, así describe Olga la crianza de sus hijos. Los acompañó en cada etapa —niñez, adolescencia y parte de la vida adulta— viendo cómo crecían y se formaban profesionalmente. Aunque hoy están lejos de Colombia, país al que ella migró, cada uno está ejerciendo su profesión en distintos destinos y se llena de orgullo “al verlos realizados, felices y con un futuro lleno de oportunidades”.

Tras dos años fuera de Venezuela, lo más retador que ha tenido que enfrentar Olga en esta etapa de migración forzosa ha sido aprender a vivir lejos de sus hijos y tener que comunicarse con ellos a través de una pantalla.

Entre 2024 y 2025, estudios de la R4V, plataforma interagencial para los refugiados y migrantes de Venezuela (coliderada por ACNUR y la OIM) ), indican que una alta proporción de mujeres venezolanas migrantes —aproximadamente el 42 %— enfrenta barreras para regularizarse, lo que perpetúa su exclusión del sistema sanitario. Esta falta de documentación oficial impide el acceso efectivo a servicios públicos de salud y protección social. Aunque los visados temporales (24 %) representan una alternativa, muchos generan una “permanencia precaria” que no garantiza estabilidad, limitando el acceso a empleos formales, educación y servicios de salud constantes.

Empecé desde cero, pero con mis hijas

Sandra Albarrán migró hace cinco años a Estados Unidos. Está convencida de que lo hizo para proteger a sus hijas, pues Venezuela no les garantizaba seguridad y protección. Desde entonces su vida se ha dividido en dos partes: el dolor de lo que dejó atrás y el amor inmenso por un futuro que quiere seguir construyendo.

Sandra es la cabeza de su hogar, sus hijas representan su mayor orgullo y la razón por la que nunca se ha rendido, ni ha retrocedido en el intento de encontrar un mejor futuro para ellas.

Lo más retador para esta madre ha sido empezar “desde cero, lejos de la familia, de la tierra, de todo lo que había conocido”. Ha sido difícil tener que enfrentar la incertidumbre, el cansancio y esos momentos duros, tratando siempre de mantener una sonrisa para ellas, sus dos hijas.

“Si algo he aprendido es que las madres migrantes tenemos un corazón valiente, porque, aunque el camino se haga difícil, seguimos luchando cada día por darles a nuestros hijos una vida mejor y un futuro de oportunidades”.

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Con un 62 % de hogares liderados por mujeres, Venezuela posee una estructura familiar profundamente matricentrada, de padres ausentes y no muy distinta a la realidad de otras naciones latinoamericanas. Pero actualmente esta dinámica se ha acentuado debido a la migración forzada, que ha incrementado la falta de figuras paternas y ha reforzado el rol de la madre como cabeza de hogar, según datos de 2015 referenciados por expertos.

*Periodista y confundadora de Laboratorio Migrante.

**Reportaje publicado originalmente en www.laboratoriomigrante.com

Es contradictorio: cada vez más personas en la región desean empacar sus maletas, cruzar la frontera y, una vez en su destino, iniciar una nueva vida lejos de los riesgos de su tierra natal. Pero a veces tropiezan con discursos de odio y, en más de una ocasión, terminan trastabillando con Estados que no han sabido integrar la movilidad humana en sus planes de gobierno o, por el contrario, utilizan la agenda antimigratoria como su principal combustible electoral.

Hace unos días el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe donde examina la salud de las democracias y sus tendencias en Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto, evaluó la migración, que se ha triplicado en las últimas dos décadas en la región y ha modificado la realidad de varios países de la región, como Colombia con la diáspora venezolana o Estados Unidos con la cruzada contra la migración de Donald Trump.

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Pero el informe revela una verdadera paradoja: aunque el 51 % de las personas en el continente desean salir de su país en búsqueda de nuevas oportunidades o mayor seguridad, siguen llegando a destinos donde la xenofobia, los prejuicios o las fallas de los Estados receptores dificultan su integración.

Así lo indican los datos del PNUD, que asegura que la mitad de los ciudadanos latinos y caribeños creen que “la llegada de inmigrantes a su país los perjudica” y que, además, la retórica de “ellos, los migrantes, contra nosotros, los oriundos” sigue presente en la región.

Leyendo entre líneas, el informe es un llamado de atención a los Estados de comprender cómo la recepción de miles de personas, más que un riesgo o peligro, representa una oportunidad de crecimiento. Y es que está más que demostrado que la llegada masiva de migrantes a un país, independientemente de su nivel educativo o edad, suma más de lo que resta, pues implica nueva llegada de fuerza laboral, talento humano y personas que, regularizadas o no, ayudarán a mover los eslabones de la economía.

“Existe una presión social por políticas migratorias restrictivas que no emana únicamente de temores frente a los recién llegados. Con frecuencia, emerge también de prejuicios culturales y una arraigada percepción de amenaza contra la identidad de los valores nacionales”, se lee en el documento.

Fronteras físicas y simbólicas

El sondeo del PNUD hace alusión a que las fronteras y los límites geográficos no son las únicas barreras que deben superar los 17 millones de personas que se mueven entre los países de Latinoamérica y el Caribe. También están las murallas simbólicas y sociales. Las cifras del informe revelan que la mitad de los habitantes de la región consideran que la migración es “perjudicial para su realidad”, y tan solo dos de cada 10 habitantes de Latinoamérica y el Caribe coinciden en que la llegada transfronteriza de una persona a su país tiene beneficios y aporta al desarrollo social y económico de sus naciones.

Ejemplos sobran. El más reciente es Chile, hoy bajo las riendas de José Antonio Kast y su promesa de sacar más de 300.000 migrantes del país y la construcción de zanjas en las lindes del país para impedir nuevas entradas. O Estados Unidos, que atestiguó durante meses cómo Donald Trump atacó, con vías policiales, judiciales y administrativas, la llegada de los migrantes.

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De acuerdo con el PNUD, casi todos los países de la región muestran altos niveles de rechazo contra la migración. Perú lidera el nada alentador ranquin con el 80 % de sus encuestados asegurando que un migrante trae inseguridad y menos oportunidades laborales para los peruanos. Lo siguen Ecuador (80 %), Panamá (77 %) y Colombia, principal destino del éxodo venezolano, pero donde el 76 % de sus habitantes aún mantienen prejuicios contra la migración del vecino país.

Distintos destinos

El estudio explica que panoramas similares al de Venezuela, donde hubo una crisis humanitaria auspiciada por el chavismo, no son la única explicación para que millones de personas migren. Y aquí hay otra paradoja: el PNUD asegura que nunca en la historia de Latinoamérica y el Caribe hubo una estabilidad democrática como la que se vive hoy, pero, contradictoriamente, no se traduce en estabilidad o vocación de permanencia.

Para Andrés Besserer, doctorando en ciencias políticas y experto en migración, el informe es una señal de advertencia donde las causas de la migración no recaen únicamente en causas políticas o de pobreza, sino que también influyen la desigualdad, el miedo en sus países o la falta de oportunidades en el futuro.

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“Son tendencias que echaron a andar hace bastante tiempo (…) los países receptores no cuentan con políticas migratorias, y eso empeora, tanto las oportunidades que conlleva la migración, pero también el presente de quienes ya migraron y buscan mínimos y servicios básicos”, comenta el académico mexicano.

Pero a las causas resaltadas por el PNUD se suman la inseguridad, la violencia, el hambre o el cambio climático, que cada vez más desplaza a familias en parajes rurales a causa de sequías, inundaciones o huracanes.

Democracia bajo presión

El PNUD asevera que el fenómeno migratorio marcará el futuro de la región: sea como motor de crecimiento o como principal fisura de las democracias. Pero Besserer considera que el pronóstico va mucho más allá de la migración: “Tiene que ver con desatención estatal y demuestra que, entre más permanezca ese escenario, más movilidad humana va a haber. Es un panorama del futuro donde hay más intención de salir, pero menos lugares preparados para llegar”.

Todos en todas partes y al mismo tiempo. Esa sería una forma de explicar lo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pronostica para Colombia en los próximos años en términos de movilidad humana. Un informe de diagnóstico publicado en días pasados por este organismo indica que el país, al igual que otras naciones de Latinoamérica y el Caribe, están viviendo nuevas tendencias migratorias y que sus gobiernos, independientemente de su postura política frente a la migración, deben ajustarse a ella antes de que el panorama los supere.

En pocas palabras, la OIM señala que la migración no se reducirá a una única causa o dirección, y atenderla tampoco será cuestión de una sola solución.

El estudio explica que Colombia, principal receptor de la diáspora venezolana, ha evolucionado a un escenario donde además de acoger a quienes huyeron del chavismo, también está viendo otras movidas migratorias dentro de su territorio. Por ejemplo, el retorno de miles de personas expulsadas por Estados Unidos, Chile y Perú, o las centenares de familias que se mueven dentro de las fronteras motivadas por la guerra, la crisis climática o nuevas tendencias económicas.

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Incluso en el caso venezolano, el panorama es mucho más complejo que una diáspora. La caída de Nicolás Maduro ha aumentado las posibilidades de retorno a mediano plazo para millones de venezolanos que condicionaban su retorno a cambios políticos y mejores condiciones económicas, según documentó el Observatorio de la Diáspora.

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La migración, explica la OIM, no es la misma que hace 10 años. Por ende las respuestas sociales y estatales para suplir mínimos básicos a estas personas también debe adaptarse a los nuevos tiempos.

Catalina Arenas-Ortiz, experta y consultora en temas migratorios, considera que el estudio de OIM es un pronóstico no muy lejano de una realidad que ya se vive en Colombia con migrantes por causas laborales, pero también quienes abandonan sus hogares por la guerra o el cambio climático.

“Es un recordatorio incómodo de ver una movilidad humana compleja y que los flujos migratorios son mixtos. No es que sean temas que se avecinan, es que ya están presentes y Colombia debe sacar la cabeza de la diáspora venezolana, que claro que es importante, pero no es la única causal de migración o preocupación”, comenta.

La experta resalta que el informe no se queda únicamente en pronóstico: también refleja alertas que se están viviendo, como migraciones inseguras que ponen en riesgo la integridad de quienes se movilizan o trancas estatales para regularizar a las personas que buscan un nuevo rumbo.

Nuevo panorama

El estudio, más que predecir el futuro, da claves para que la institucionalidad y los actores políticos sepan qué se avecina y estructuren proyectos que atiendan los fenómenos migratorios. Solo en 2024, la OIM registró 74,7 millones de personas transitando constantemente Latinoamérica y el Caribe, lo que da señas de la magnitud de lo que se vive en Colombia, pero también en el resto de los países del continente.

De no entender las causas y prepararse para atenderlas, el Estado y sus territorios podrían verse sobrepasados, justo como sucedió en el Catatumbo, Norte de Santander, a inicios de 2025, cuando los combates armados entre grupos ilegales desplazaron a 100.000 personas y obligaron al Ejecutivo a decretar una conmoción interior para poder solventar la situación.

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“La migración no se puede predecir, pero sí anticipar. Se piensan escenarios en lugar de hacer predicciones que de ser aplicadas garantizarán una gobernanza migratoria eficaz”, comenta la OIM en el informe.

La organización explica que la migración recae más allá de la llegada de ciudadanos de otros países a territorio colombiano. En su lugar, propone el estudio, se deben valorar otros factores como el desplazamiento interno que ha causado la guerra y que en cifras de la Unidad de Víctimas ha dejado un saldo de ocho millones de exiliados de sus territorios; o causas climáticas que también hacen inviable la vida en algunos parajes y obliga a las comunidades a migrar, como los efectos que causó el frente frío a inicios de 2026 y que terminaron damnificando a 90.000 familias, que en su mayoría tuvieron que huir de las inundaciones y los ríos desbordados.

Otro ejemplo es el del Urabá y el Tapón del Darién. Hace tres años, municipios como Acandí o Necoclí estaban al borde del colapso por miles de migrantes que tenían que transitar por allí en su camino hacia Norteamérica. Ahora la tendencia es distinta: el flujo migratorio se redujo en un 94 % y los retos que esa subregión debe enfrentar es el retorno de miles de personas que desistieron de sus planes de caminar continente arriba hasta llegar a Estados Unidos, y reestructurar un modelo económico que, en ese entonces, se edificó alrededor de la movilidad humana.

También está el caso de la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. En este sector, la minería ilegal y el tráfico de oro y mercurio han causado que las comunidades indígenas que históricamente han transitado por la selva sean desplazadas y, lejos de sus resguardos, lleguen a ciudades principales como Leticia o Tabatinga, ambas sin la capacidad, presupuesto o la experiencia de recibir grandes oleadas de migrantes en sus calles.

Tarea conjunta

El informe alienta a ver el panorama como el “vaso medio lleno”. De acuerdo con el diagnóstico, si bien es desafiante el escenario que se avecina tanto dentro como en los límites colombianos, hay posibilidades de ofrecer respuestas eficaces y, más importante aún, salvaguardar derechos que se vulneran cuando se efectúan las migraciones.

Para la OIM, la responsabilidad debe estar distribuida entre los Estados, la sociedad civil y la academia para ofrecer aportes y lograr que la migración, además de ser un derecho humano, también se dé en condiciones dignas. Arenas-Ortiz, por su parte, asegura que el pronóstico no es más que un llamado de atención: “No estamos generando lecciones aprendidas del pasado y debemos entender que las personas nunca dejarán de moverse. Eso debería estar en la agenda principal de cualquier gobierno, sea nacional, local o departamental”.

Hace unos días, María Corina Machado convocó a 11.000 personas en Madrid. Allí aseguró que el retorno a Venezuela, más que un anhelo, será una realidad cercana. Pero lo cierto es que ese mensaje cargado de esperanza, aunque ilusione con reparar los ocho millones de vidas que se fracturaron huyendo del chavismo, está lejos de materializarse.

Expertos en la diáspora comentan que si bien retornar es un deseo generalizado en los venezolanos, aún faltan condiciones para que familias que llevan una década, o más, en el exilio consideren volver a un país que completa 27 años de dominio chavista.

Así lo demuestra el último estudio del Observatorio de la Diáspora: según sus datos, 9,2 millones de venezolanos han salido de su tierra para asentarse en 91 países alrededor del mundo, siendo Latinoamérica y el Caribe los principales receptores, seguidos de Europa, Canadá y otras latitudes. La respuesta a esto es generalizada: el anhelo del migrante es volver, pero no bajo el panorama actual que hoy vive Venezuela.

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El estudio encuestó a 1.266 personas en 55 de esas naciones que manifiestan, en el 40 % de las respuestas, una voluntad de regresar, pero solo si hay cambios significativos que les garanticen un proyecto de vida estable y acceso a mínimos básicos. En el caso de los exiliados políticos también se requiere la seguridad jurídica de no ser arrestados recién pisen suelo venezolano, donde aún siguen vigentes una treintena de leyes que criminalizan disentir del régimen chavista o exigir derechos humanos.

La encuesta también muestra que hay quienes, pase lo que pase, no están dispuestos a volver: el 23,7 % de las respuestas señalan que permanecerían en sus países de acogida, sea por un nuevo arraigo familiar que construyeron allí o porque ven muy lejano que florezca nuevamente un país que está sumido en una crisis política pero también social y económica, como lo catalogan organismos humanitarios alrededor del mundo.

Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio, comenta: “Venezuela lleva casi tres décadas afianzando un modelo que causó la migración forzada del 30 % de la población. El retorno está condicionado a esas mismas variables que obligaron la salida muestren síntomas de mejora, como la salud, electricidad, empleo o libertades básicas”.

El costo de volver

Uno de los principales argumentos por los que la diáspora se muestra reticente a volver, dice el estudio, son las variables económicas. El 84 % de los encuestados envía remesas para sostener a familiares que permanecieron en el país. Pero la totalidad de los entrevistados reconoce que en 27 años de chavismo el ecosistema financiero se volvió un ambiente hostil para la inversión extranjera y también para sostener cualquier modelo de vida; hoy un profesor universitario de alto nivel percibe un sueldo de USD 12, mientras que el salario mínimo ronda los USD 0,30 centavos.

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La infraestructura petrolera, que antaño sostuvo las arcas nacionales produciendo tres millones de barriles en la década de los 90, hoy difícilmente extrae un millón diario. El descenso empeora con diagnósticos ofrecidos por Oxford Economics, que reveló que, aparte de la caída en la producción de hidrocarburos, Venezuela tiene una deuda equivalente al 193 % de su PIB. Los daños, comenta el estudio, se prolongarán al menos con una “tendencia insostenible” hasta 2037. A ese dato hay que añadir predicciones, como la hecha en 2024 por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, donde se estimaba que nueve de cada 10 venezolanos que permanecieron en sus tierras vivían en condiciones de pobreza, o que la tercera edad recibe una pensión de USD 1,3.

“El 84 % de los encuestados percibe que su calidad de vida en el país de acogida es buena, y miles de familias se plantean si volver a emprender una nueva migración, esta vez de vuelta a Venezuela, y llegar a un lugar donde no hay mínimos básicos de supervivencia. Las personas no vuelven cuando quieren, sino cuando pueden sostener la vida que tuvieron antes”, comenta Páez.

Retorno condicionado

La decisión de retornar también pone en la balanza si los venezolanos, hoy viviendo en países democráticos y con libertades aseguradas, están dispuestos a retornar a un país que si bien ha tenido algunos cambios este año, sigue en un limbo incierto.

La encuesta del Observatorio revela que la seguridad es el primer aspecto a mejorar para retornar a Venezuela (75,1 %), seguida del acceso y funcionamiento de servicios públicos (69,5 %) o empleo digno (57,1 %).

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María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, comenta que el retorno de millones de personas debe leerse en términos estructurales: un factor político que detonó a su paso otros ámbitos de la vida pública, como la democracia, o el ecosistema social.

“Las causas de expulsión migratoria tienen que convertirse en factores de atracción (...) es un proceso demorado de varios años. Es una migración en que las personas buscan salir de la pobreza multidimensional, mejores servicios públicos, educativos, médicos. Estas situaciones tendrían que cambiar y para que se den, requieren un cambio de dirección política y administrativa, lo cual no es fácil en el corto plazo”, concluye Robayo.

Lo último que hizo Carlos* fue bendecir a todos sus hijos mientras estaba siendo golpeado y llevado a rastras por hombres del ELN. Ellos habían entraron a la finca donde trabajaba y vivía con su familia venezolana en Tibú (Norte de Santander), tras haber huido en 2022 de su país de origen. La desaparición de este padre ocurre luego del secuestro temporal y del canje por sus hijos de 9 y 11 años en medio de la ola de reclutamiento infantil en esta región. Horas más tarde, los niños fueron testigo de una masacre en la finca y obligados a desplazarse por el grupo armado. Carolina, la madre, no pudo hacer nada para evitar la tragedia, solo encomendarse a la misericordia de Dios. Nunca volvió a ver a su esposo.

Ese es el tipo de historias que Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández documentan en Laboratorio Migrante, un pequeño medio de comunicación que visibiliza algunos de los problemas más ocultos de la diáspora venezolana.

Desde hace un año, las dos periodistas colombo-venezolanas recorren territorios de frontera para mostrar realidades que no hacen parte de la agenda visible, como el reclutamiento a niños migrantes, la xenofobia en las aulas de clase o cómo mujeres son captadas para redes internacionales de trata de personas. Su proyecto empieza a coger fuerza e incluso ha ganado algunos galardones, como el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (IPYS) o el reconocimiento Sofía Imber, otorgado tras publicar una investigación que reveló que de casi un centenar de mujeres víctimas de violencia y explotación sexual, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, el 65 % de ellas eran de origen venezolano.

“Colombia necesita voces que hablen de la migración, no solo desde círculos institucionales, sino de la vida de las personas. Hacer estas historias les pone un rostro a quienes han sido víctimas mientras migran y ofrece alguna solución a los vacíos que han permitido que niños y mujeres sean victimizados”, comenta Jiménez, quien reporta el proceso político en Venezuela y a causa de la censura impartida desde Miraflores tuvo que buscar nuevos horizontes.

El dato humano

Jiménez y Hernández siempre se interesaron por el lado desconocido de la migración: historias que van más allá de las cifras oficiales de cuántas personas ingresan a un país o los instrumentos legales que toman esos gobiernos para regularizarlas o integrarlas. Así lo hicieron antes del cataclismo social que detonó Nicolás Maduro, cuando la salida de sus compatriotas apenas era el inicio de lo que sería una crisis humanitaria muy compleja. También cuando millones habían traspasado la frontera y, lejos de encontrar estabilidad, se toparon con trabas para iniciar una nueva vida. Ellas, desde Norte de Santander o Táchira, hicieron presencia para atestiguar ese momento.

Aunque son un equipo pequeño (completado con el diseñador Ernesto Cáceres), ambas hacen hasta lo imposible para recaudar fondos y seguir investigando. Algunas veces vinculan voluntarias a la planta, o en otras ocasiones se postulan a becas y auxilios económicos que les permitan seguir visibilizando la diáspora.

En sus portafolios hay publicaciones que datan desde hace unos ocho años y que indagan cómo la migración venezolana, más que un asunto de movilidad humana, debe ser un tema de derechos. Un ejemplo es el de las “cédulas canceladas”: un episodio en el que los documentos de identidad de 43.000 colombo-venezolanos o sus descendientes colombianos fueron borrados de las bases de datos de la Registraduría.

Otro caso es el de la xenofobia en las aulas escolares: historias de cerca de 140 niños migrantes* que por la discriminación en sus colegios sufrieron secuelas psicológicas y dejan en evidencia la falta de directivas por de prevención y un posible subregistro por parte del Estado colombiano.

Lejos de casa

Fue la censura y la falta de información clara lo que motivó a Jiménez y Hernández a fundar Laboratorio Migrante. No solo porque en Venezuela el silencio fuera una norma impuesta desde Caracas, sino porque en Colombia, aunque se acogió a casi tres millones de migrantes, estos “siguen siendo invisibilizados ante la institucionalidad”. “Los venezolanos en el mundo están en un limbo. No venimos a salvar a nadie, solo a mostrar sus historias”, dicen las reporteras.

En su medio de comunicación han publicado historias que nadie antes había mencionado, como la crónica de un Estado colombiano que no sabe a ciencia cierta cuántos venezolanos víctimas del conflicto* hay en su jurisdicción; los datos, a medida que se indagan en las diferentes entidades, cada vez son más opacos. Gracias a ese tipo de investigaciones encontraron que la Unidad de Víctimas, responsable de la reparación y el reconocimiento de cualquier persona que haya sufrido las secuelas de la guerra, no sabe cuántos venezolanos han sido asesinados, reclutados o desplazados en el conflicto. Sin ese dato, ni el Estado puede ofrecer reparación, ni esas personas pueden acceder a beneficios económicos o indemnizaciones por los derechos que les fueron vulnerados.

“La diáspora venezolana y Colombia como tal necesitan voces que hablen de la migración, no desde una perspectiva de víctimas, sino con conversaciones que muestren lo que han tenido que vivir. Cada tragedia merece ser documentada para construir un futuro de verdad y justicia”, subraya Hernández.

Tela por cortar

Aún faltan muchas historias sobre migración para contar. En el tintero, cuenta Jiménez, está pendiente hablar sobre derechos, acceso a la salud o de niños venezolanos que quedaron en estado de orfandad. Para ambas, narrar la diáspora con un enfoque humano servirá en el futuro para saber qué sucedió exactamente, pero, sobre todo, para que las fallas y la violencia no se repitan.

*Nota: Se modificaron datos de la publicación original, como el de 11.000 niños migrantes víctimas de xenofobia, al ser imprecisos y mucho más elevados al oficial: 140.

Habitaciones que en el pasado sirvieron para planear actividades criminales ahora serán utilizadas para garantizar derechos a niños migrantes. El mes pasado, la Sociedad de Activos Especiales entregó oficialmente la Casa de la Esperanza, un predio que por años perteneció a la mafia y que tras un extenso laberinto judicial servirá para acoger menores de edad en estado de vulnerabilidad.

El predio, ubicado en el centro de Necoclí, está pensado para ofrecer soluciones en un municipio que sigue siendo una de las principales rutas migratorias de Colombia. El escenario se complica aún más cuando se habla de niños y niñas. Centenares de ellos, en su travesía por el Darién, han vivido historias traumáticas y tal como ha documentado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay un gran porcentaje que debe continuar el camino en soledad por la muerte o desaparición de sus familiares.

Durante el año pasado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió y acogió a 100 menores migrantes que habían perdido su rumbo en las rutas de Urabá o en los bosques chocoanos. Otros informes, como el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muestran que el fenómeno migratorio en Urabá y Necoclí, aunque ha disminuido, está lejos de desaparecer.

El último sondeo que hizo el organismo en 2025 indica que, si bien hubo una reducción del 97 % del flujo migratorio, aún se registran 14.000 personas que estarían transitando regularmente por Necoclí y sus municipios fronterizos. “Lo que antes era un símbolo de economías ilícitas, hoy se transforma en refugio, cuidado y oportunidades para la niñez”, aseguró Catalina Serrano, encargada de la SAE para entregar la casa.

El predio, avaluado en COP 73 millones, ahora será propiedad del ICBF que invirtió COP 150 millones adecuando las instalaciones. La ONG Aldeas Infantiles también puso un monto similar para dotar el inmueble con mobiliario, enseres y artículos enfocados a garantizar cuidados y pedagogía a los niños. En los planes está que el predio pueda atender a cualquier niño migrante que esté en riesgo de inanición o reclutamiento, pero también abrirá sus puertas para cualquier niño oriundo de Urabá que pueda estar en riesgo en sus propios núcleos familiares.

La alianza consiste en que el ICBF entrega el predio listo para usarse, y la ONG Aldeas Infantiles, por su parte, se encarga, con personal e insumos, del funcionamiento adecuado a las necesidades particulares de cada niño o niña.

Remodelación total

El predio tuvo que atravesar una completa remodelación, tanto en sus acabados como en el pasado judicial que poseía. Durante años, alfiles del narcotráfico fueron amos y señores del lugar. Luego de meses de seguirle la pista, la Fiscalía solicitó la extinción de dominio, un proceso que demoró meses y costó varios pleitos judiciales, pues implicaba comprobar que el inmueble fungió como sede del crimen y la propiedad debería dejar de ser de un particular y pasar a manos del Estado.

En 2021, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) logró adquirir los títulos del inmueble. Pero no fue entregado sino hasta este año para darle un uso socialmente positivo. Fue un proceso relativamente rápido, pues en otros sectores del país hay bienes decomisados que luego de 20 años siguen sin ser entregados a quienes más lo necesitan, como víctimas del conflicto o campesinos desplazados.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, comenta que es una inversión para crear un espacio amigable con la niñez. Sin embargo, cree que podría funcionar como un piloto sobre cómo garantizar derechos en Colombia, principal receptor de migración venezolana, y un paso clave para muchas personas en procesos de movilidad humana. “¿Por qué Necoclí? Por la ruta de migración tan fuerte. Hemos puesto a funcionar un centro de emergencia transitorio que nos permitirá acoger y hacer un ejercicio de protección de derechos”, comenta.

Resignificando el espacio

Los mayores cambios están en la función que tendrá la casa, no en los papeles de notariado y registro. La casa recibirá cerca de 250 niños migrantes y locales entre los seis y los 18 años que hoy se encuentran en riesgo. Allí, Aldeas Infantiles se encargará de la presencia de expertos en trabajo social, psicología, pedagogía y nutrición que atenderán las necesidades más básicas de los niños, que quedaron suprimidas mientras se movilizaban a través de cientos de kilómetros.

Una alerta emitida por la Defensoría en 2022 reveló que estos menores de edad, en su mayoría venezolanos o haitianos, han tenido que vivir en la calle y, una vez encaminados por las selvas del Darién, han estado en riesgo de desnutrición, violencia sexual, explotación o trata de personas por los grupos armados en esa zona.

La casa funcionará las 24 horas, los siete días a la semana, y tendrá un enfoque de reparación y atención a esas vivencias que los niños han tenido, pues lo ideal es que sea un centro transitorio, no un hogar donde se asienten para siempre. Además, hay instrucciones claras para intentar reunificar a estos niños con sus familias, independientemente de dónde se encuentren sus allegados o qué tan complicado sea el trámite.

Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, considera la entrega de la casa como un momento histórico. Para él, se marca un hito, pues cambia el pasado turbulento en un espacio donde se atenderá la niñez sin importar su nacionalidad.

“Es la muestra de cómo sumamos esfuerzos para lograr beneficios hacia una población que más necesita oportunidades en Colombia”, concluye.

A finales de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una noticia con bombos y platillos. Por los corredores del Palacio de San Carlos se celebró que la Cancillería, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Cooperación Internacional aunaron esfuerzos para instalar la Mesa de Migración, una nueva apuesta de política pública migratoria. Allí asistieron altos funcionarios y emisarios de organismos internacionales que saludaron un nuevo intento para lograr que la migración no fuese sinónimo de derechos violentados.

El evento no era para menos: cualquier esfuerzo de mejorar la vida de millones de venezolanos, pero también africanos o asiáticos que viven en Colombia, es importante en la medida que busque traducirse en derechos, servicios o integración al andamiaje social. La política impulsada por este gobierno no se centra solo en los cerca de 2,8 millones de personas que huyeron del régimen chavista, sino también en migrantes de 14 países que llegaron a Colombia y requieren atención. Pero es una tarea que conlleva retos, exige resultados y, como cualquier otra política pública, tiene el tiempo en contra.

El Espectador habló con voces expertas en asuntos migratorios sobre cómo esta política tiene una larga tarea para “fortalecer la articulación y mejorar la eficacia de la cooperación internacional”, como explicó la Cancillería en su momento. Al mar de inquietudes se suma la situación fiscal del país, los trámites burocráticos y el poco tiempo disponible para que esta herramienta se convierta en una política de Estado, no de Gobierno.

“Queremos que la Mesa no se quede solo en lo declarativo, sino que mejore la respuesta ante los desafíos migratorios y que perdure con los cambios de Gobierno”, explicó a este diario Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales.

Lo importante y lo urgente

No son pocos los intentos de Colombia por responder a la migración. En la sala de máquinas del Estado hay 131 instrumentos que tienen que ver con la migración, especialmente de la diáspora venezolana. Entre ellos han estado, por ejemplo, el Permiso Especial de Permanencia o el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) que se lanzó para regularizar a los ciudadanos indocumentados. Pero Catalina Arenas-Ortiz, experta en asuntos migratorios, cuestiona la necesidad de crear una nueva instancia que a fin de cuentas traerá más gastos y burocracia. “Más que un asunto estructural, tiene que ser una acción que tenga efecto en la vida de la gente. Que escuche las necesidades de alguien en Necoclí (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander) o quienes llegaron y se asentaron en Arauca”.

Por supuesto, el esfuerzo de instalar la Mesa y mostrar voluntad política es “loable”, comenta. Pero hay que distinguir lo importante y lo urgente. Por ejemplo, de los 2,8 millones de venezolanos que hoy residen en Colombia, hay poco más de medio millón que siguen en condición irregular. Migración Colombia, en respuesta a este diario, dijo que “el ETPV fue una medida de emergencia con vocación temporal para unas circunstancias especiales que hoy en día no son las mismas. Perpetuarlo indefinidamente debilita la institucionalidad. La política de Estado busca que la migración transite hacia el régimen ordinario de visas administrado por la Cancillería, fortaleciendo la migración regular y ordenada”.

Otro ejemplo de los desafíos es que durante la última década el Darién, en la frontera chocoana, se convirtió en un corredor que reúne nacionalidades de África, el sudeste asiático o personas de Haití. Crear una nueva instancia puede, en opinión de Arenas-Ortiz, ralentizar aún más la acción del Estado por atenderlos y desviar esfuerzos y recursos en asuntos que si bien son importantes, no atienden las necesidades más urgentes de los migrantes, como la documentación, el acceso a la salud o una integración real.

Saldo insuficiente

A la lista de pendientes también se suman dudas sobre cómo la Mesa podría focalizar esfuerzos que lleguen a los territorios donde la migración enfrenta obstáculos de vida digna y garantía de derechos. Desde 2025, el grifo de los recursos de cooperación internacional cada vez se cierra más y las arcas públicas, como ha dicho el propio Estado, no pasan por su mejor momento. El cierre parcial de Usaid dejó programas huérfanos, y así ha sucedido con dineros provenientes de la Unión Europea o la cooperación alemana. “Sin plata, las buenas voluntades quedan reducidas a eso: buenas voluntades. En esta conversación faltan voces de gobernaciones y alcaldías, quienes tienen panorama sobre la situación migratoria. Al próximo Gobierno, sea el que sea, le quedará la tarea de buscar grandes donantes, porque se necesitan y porque el golpe de esa escasez de dinero ya se ha sentido”, aclara Arenas-Ortiz.

Pero la Mesa no busca solo focalizar recursos, también voces y esfuerzos. El viceministro Jaramillo comenta que la migración ha cambiado en los últimos años: ya no es un asunto de crisis, sino de coyuntura. La Mesa, comenta el funcionario, aparte de buscar recursos de cooperantes internacionales, también incluirá sus opiniones sobre cómo manejar la migración entre varios actores.

La Cancillería ha intentado “desvenezolanizar” el debate; sin embargo, como señala Arenas-Ortiz, hay necesidades urgentes para los venezolanos que siguen sin satisfacerse. Pero Jaramillo resalta que “Colombia ha regularizado un equivalente al 5 % de su población nacional, no es un asunto menor. Ahora debemos ser estratégicos con la cooperación, porque no es un escenario ni de corto plazo; es multinacional”, comenta.

Contrarreloj

María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario, aplaude y considera “interesante” este espacio. Pero, según ella, la instalación de la Mesa suscita más preguntas que respuestas. “Ahora hay que llenarlos de contenido y resultados. Que generen acciones que cambien la realidad de las personas”. La académica considera que a todas las expectativas se suma el factor tiempo. El interrogante de fondo, tanto para Robayo como para Arenas-Ortiz es si esta iniciativa logrará trascender el Gobierno, si se consolidará como una política de Estado o quedará como un esfuerzo más en la larga lista de intentos por ordenar la migración en Colombia.

Por ahora, la Mesa arranca con una promesa ambiciosa y un margen de maniobra estrecho. Pero su tarea más urgente es convertir la voluntad política en resultados tangibles antes que se agote el tiempo.

No es una casa convencional, al menos no como tantas que abundan en las calles de Bogotá. Tiene dos pisos, un tejado rústico y una fachada que a simple vista podría confundirse con cualquier otro predio. Pero en su interior se gesta un proyecto de emprendimientos que busca que miles de familias venezolanas puedan luchar por su seguridad económica.

En la casa funciona la Fundación Juntos Se Puede, que pretende que los migrantes que se asentaron en Bogotá tengan una segunda oportunidad tras haber perdido sus proyectos de vida el día que atravesaron la frontera hacia Colombia.

Su más reciente iniciativa, estrenada a finales de febrero de este año, es un centro de innovación. A través de este, la fundación ofrece las instalaciones y los conocimientos técnicos, pero son las familias, algunas de ellas lideradas por madres cabeza de hogar, las responsables de lograr que sus ideas se conviertan en negocios consolidados.

Uno de los puntos fuertes es la presencia de al menos 85 modelos de negocio de mujeres que hoy tienen emprendimientos que generan ingresos y tranquilidad para las familias y sus bolsillos.

Así lo explica Alya, una madre soltera que llegó de Venezuela hace algunos años. Frente a las barreras para encontrar un trabajo formal decidió apostar por un emprendimiento gastronómico. “Antes tenía la idea y las ganas; pero no el orden. El programa (de la fundación) me ayudó a entender mi negocio y creer que sí es posible crecer”, comenta la mujer, hoy propietaria de su negocio de comidas.

El espacio tiene habitaciones en las que las mujeres a cargo de niños menores de edad pueden confeccionar prendas de vestir y allí mismo ofrecerlas a docenas de potenciales clientes que visitan la fundación. También hay espacios para que venezolanos dedicados al mundo de la creatividad puedan redactar libros, dedicarse a la investigación o iniciar sus incursiones en el mundo de las redes sociales.

Tras menos de un mes de haberse iniciado, el centro ya muestra sus primeros resultados: la publicación de la revista Andantes, un texto que recoge las memorias de miles de personas que cruzaron las trochas hacia Colombia.

“Derribar fronteras no siempre implica cruzarlas. A veces significa negarse a cerrarlas”, explicó para este diario Ana Karina García, presidenta de la Fundación y una de las impulsoras del Centro.

Primero lo urgente

Esta historia de apostar por la solidaridad y los negocios empezó en 2019, cuando García y otros tres amigos migraron a Bogotá. Como miles de otras personas, vieron que acceder a derechos básicos como educación o salud era un camino cuesta arriba. Pero también lo era conseguir un trabajo estable o ingresos fijos que aliviaran la angustia de haber migrado y en muchas ocasiones no tener un estatus regular.

García y sus compañeros empezaron con acciones pequeñas. Ese año, en plena época de covid-19 y aislamiento obligatorio, vieron cómo miles de migrantes en Venezuela convivían con la vulnerabilidad. Así que decidieron auxiliarlos.

Primero recogieron juguetes para entregarlos a niños en condición de calle. Luego distribuían almuerzos a los barrios donde el aislamiento y la falta de ingresos amenazaban con el hambre a los hogares venezolanos. Siete años después, se inauguró el Centro de Innovación para que la asistencia no sea la única manera de ayudar a más de 2,8 millones de venezolanos que hay registrados en Colombia en la actualidad.

El modelo plantea que las familias que lleguen “aprendan a pescar”. Es decir, recibirán conocimientos y una certificación educativa que les servirá para su sostenimiento económico. Ese es el caso de Korina Nova, una mujer joven que recién llegó a territorio colombiano apostó por las artesanías y los accesorios. “Aprendí a valorar mi producto, a definir mejor a mis clientes y a proyectar mi emprendimiento a futuro”, comenta la hoy propietaria de Accesorios Korbin.

La Fundación también ha hecho presencia en espacios de incidencia política. A partir de la recolección de información en territorio, la organización construyó informes sobre trochas y pasos fronterizos que luego llevó a espacios de decisión.

Pero la agenda también se ha ido transformando con los riesgos del presente. En octubre de 2025, puso sobre la mesa un fenómeno con menos visibilidad: la seguridad de los perseguidos políticos del chavismo en Colombia. Este tipo de alertas ha mostrado que la migración no puede seguir siendo atendida únicamente desde la emergencia, sino que también requiere respuestas estructurales y sostenidas en el tiempo.

Derecho a empezar de nuevo

El Centro de Innovación ha surgido en un contexto en que la migración venezolana no puede verse solamente como resultado de una emergencia humanitaria compleja, sino como un proceso que requiere integración y soluciones sostenibles. En otras palabras, dejar de depender exclusivamente de la ayuda para construir oportunidades propias.

“Le decimos el ‘modelo de atención 360 grados’, donde se asiste a las personas, pero también se procura por su futuro y proyecto a largo plazo. Es una decisión que tomamos por convicción, no por responsabilidad. La asistencia tiene un impacto real en la vida de las personas”, dice García.

Hoy la organización genera empleo para 40 personas y ha ampliado su alcance. En sus instalaciones, la población venezolana puede acceder a servicios de salud, incluidos los sexuales y reproductivos, asesoría jurídica y acompañamiento en procesos de regularización migratoria.

Tras siete años de tender una mano amiga a sus connacionales en Colombia, García asegura que quedan varias tareas pendientes por hacer, como avanzar con la regularización de 500.000 venezolanos indocumentados, atacar riesgos de caer en la pobreza o la falta de derechos. Pero el trabajo, comenta la lideresa, ha valido la pena.

“La Fundación fue la que me dio un propósito luego de la migración y la que sigue dando oportunidades a personas como nosotros, que en algún momento estuvimos muy lejos de quienes fuimos y quisimos en Venezuela”, concluye.

Seis meses después de sobrevivir al atentado sicarial que sufrió en Bogotá, Luis Peche aún tiene un dejo de temor cuando sale a la calle. Se salvó de milagro de media docena de disparos que, asegura, tenían motivaciones políticas emanadas directamente desde Caracas por disentir del régimen chavista. Pero aunque ahora varias cosas han cambiado con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, esa sensación permanece para Luis.

Tras poco más de dos meses de la operación militar que dejó acéfalo el Palacio de Miraflores antes de la investidura interina a Delcy Rodríguez, El Espectador habló con algunos perseguidos políticos en Colombia que aseguran que su situación de persecución permanece igual, y que conviven con el miedo aún a cientos de kilómetros del territorio venezolano.

Las razones sobran. Hay quienes mencionan episodios que les dan argumentos para pensar que el asedio no ha terminado. En Chile, el opositor Ronal Ojeda apareció muerto en el interior de su vivienda en Santiago luego de meses de huir de las fuerzas bolivarianas de inteligencia.

Peche, por su parte, opina que hasta que no haya una respuesta judicial que esclarezca quién ordenó y ejecutó el ataque en su contra no tendrá tranquilidad completa. “Estoy protegido por la Unidad Nacional de Protección y la Policía en Colombia, pero no siento seguridad”, comenta.

Dos países, dos temores

Lo que sucede en Colombia, explica Tomás Páez, sociólogo y director del Observatorio de la Diáspora de Venezuela, es otro capítulo de la persecución chavista a quienes se oponen al régimen.

Según explicó la Defensoría del Pueblo a este diario, a sus oficinas han llegado en los últimos nueve años 97 alertas de ciudadanos venezolanos que están en riesgo de sufrir vulneraciones a sus derechos. Aunque no es posible determinar si esas amenazas están vinculadas a móviles políticos, hay tendencias que demuestran que las amenazas se incrementaron en momentos críticos, como sucedió luego de las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024.

Del total de registros de la Defensoría, 52 siguen activos y cinco están relacionados explícitamente con liderazgos sociales.

La Unidad Nacional de Protección, aunque es la encargada de ofrecer protección a extranjeros que llegan en condición de refugiados políticos, respondió con evasivas a las interrogantes de este diario sobre cuántos perseguidos políticos venezolanos tienen esquemas de protección vigentes o quiénes son potenciales blancos de ataques.

Cambio de mago, no de truco

La salida forzada de Maduro del Palacio de Miraflores no da esperanza a algunos analistas. Páez subraya que no se han dado las condiciones para hablar de una transición ni de un cambio de régimen en donde se deje de perseguir a quienes disienten.

El sociólogo comenta que ver al heredero del chavismo respondiendo por sus crímenes en un tribunal estadounidense es un símbolo potente, pero los cimientos que permitieron crear su ecosistema de persecución siguen intactos. “La cabeza fue removida, pero el cuerpo sigue contaminado”, asegura.

En los estantes del Parlamento venezolano aún están vigentes 33 órdenes legislativas que dan vía libre a que la persecución y el hostigamiento contra los opositores políticos continúe.

Sin Maduro esas leyes siguen rigiendo la vida en Venezuela a menos de que el Parlamento, que también ha sido cooptado por el chavismo, las derogue o modifique. Lo mismo sucede en el sistema judicial, donde continúan instaladas fichas del chavismo que han imputado y condenado a penas carcelarias a centenares de personas bajo cargos infundados.

Así sucedió, por ejemplo, con la acusación que se emitió contra Julio Borges, antiguo congresista venezolano que buscó refugio en Colombia y, aunque ahora vive en España, aún es buscado por haber participado en la “planificación y financiamiento del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro”. El expediente, dice, está a todas luces desvirtuado y solo busca un “argumento fachada” para presionarlo.

Otro ejemplo: en la legislación sigue en vigor la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, un proyecto aprobado en 2024 que refuerza la persecución. La medida ha dejado presos tanto a estudiantes como a periodistas, abogados, sindicalistas e incluso ha permitido el allanamiento y detención arbitraria de sus amigos y familiares.

Ana Karina García, venezolana refugiada en Bogotá y quien también ha sido imputada por supuestos crímenes de terrorismo desde Caracas, explica que gran parte del sistema de opresión que se perfeccionó en Venezuela estuvo a cargo de Delcy y Jorge Rodríguez, hoy ambos liderando el poder Ejecutivo y Legislativo del país.

“Hoy, con la salida de Maduro, tenemos una ventana de oportunidad que nunca antes tuvimos. Eso nos da esperanza. Pero la sensación de seguridad continúa igual. La persecución ha disminuido, pero la percepción de poder ser atacados o perseguidos en un futuro próximo sigue latente”, acota García.

Aún es muy pronto para predecir qué pasará en el tablero político de Venezuela. Muchas fichas se han movido luego de la intervención de EE. UU.: apertura económica, nuevos nombres en Miraflores y la presión para que el Parlamento anmistiara a 2.198 perseguidos (2.021 indultos y 177 excarcelados).

Pero Paéz, García y Peche opinan que la persecución política no forma parte de esas transformaciones. Ellos aseguran que ese sistema quizá sea una de las últimas estructuras en desmontarse, precisamente, porque la Venezuela que se conoce hoy en día se formó gracias a vigilar, perseguir y castigar a sus opositores.

Muchas cosas han pasado en los últimos 10 años en ambos lados de los más de 2.200 km de frontera que comparte Colombia con Venezuela. En 2016, Nicolás Maduro se asentaba en Caracas como heredero del chavismo; allí encaminó un autoritarismo que, con el tiempo y la fuerza, desencadenaría una de las mayores crisis de gestión migratoria en la historia contemporánea. Una década después, la historia es bastante conocida: más de 2,8 millones de venezolanos huyendo de la emergencia humanitaria compleja en el país vecino y un Estado colombiano que, con errores y aciertos, ha liderado la mayor acogida e integración de estas personas a escala mundial.

Esta semana se presentó “10 años de la respuesta de Colombia a la migración venezolana”, un libro que precisamente recoge algunos de los hitos políticos e institucionales más importantes en esa década en que la diáspora venezolana pasó de ser un asunto fronterizo a convertirse en una prioridad para todo el organigrama estatal colombiano. La obra, desarrollada con base en investigaciones del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, menciona que las acciones que ha tomado Colombia para acoger a los migrantes, más que un asunto de solidaridad, obedecen a decisiones que reconocen la correlación entre ambos países en asuntos migratorios, económicos o geopolíticos. También presenta a través de siete capítulos lo que implica que en cuestión de una década haya dejado de ser un país de tránsito para convertirse en una jurisdicción donde casi uno de cada tres refugiados busca nuevas oportunidades.

También ofrece datos reveladores sobre qué ha funcionado, qué no y cuáles acciones están en veremos para ofrecer soluciones y garantizar derechos. Por ejemplo, la investigación sostiene que en la última década el Estado ha emitido 131 actos o instrumentos para atender el escenario migratorio. De esas iniciativas, el 9 % son leyes, el 26 % decretos y un 58 % de ellas son directrices con menor poder de acción.

María Clara Robayo, coautora e investigadora del Observatorio de Venezuela, recalca su importancia: “Es un ejemplar de memoria que nos permitirá conocer los aciertos y desafíos”.

Recorriendo los anaqueles

El texto tiene varios apartes que explican la migración. Para eso reúne entrevistas con algunos de los artífices de las principales políticas migratorias colombianas para atender los problemas que implicó el flujo migratorio venezolano, como el Permiso Especial de Permanencia y el Estatuto y Permiso de Protección Temporal (ETPV y PPT), medidas que califica como “apuestas destacables de regularización que le ha valido a Colombia reconocimiento internacional”.

Por ejemplo, en las páginas del libro hablan personalidades como el expresidente Iván Duque, quien impulsó el Estatuto Temporal de Protección; o Christian Kruger, cabeza de Migración Colombia en la época de pandemia por covid-19.

Robayo insiste en que la obra, aunque hace una cronología de la última década,“no es una historia lineal”. Ante esto comenta: “Somos países espejo. También se describe cómo se respondió a través de diferentes presidentes y gabinetes mientras que el Estado venezolano se erosionaba a causa del autoritarismo”. Y es que el contenido analiza las repercusiones que tuvieron para ambas naciones episodios como la Operación Liberación del Pueblo, en que las fuerzas de Maduro expulsaron a cerca de 23.000 colombianos en 2015; o la respuesta colombiana ante cientos de perseguidos políticos que disentían del régimen y buscaron refugio en las capitales colombianas.

También pone en evidencia lo frágil que ha sido Colombia, en especial las ciudades fronterizas como Cúcuta, Maicao o Arauca, ante un flujo migratorio que si bien era imprevisto, tuvo varios capítulos a través de la historia donde miles de personas, motivadas por el miedo y la incertidumbre, atravesaron la frontera, como en el triunfo presidencial de Hugo Chávez, en 1998; o el golpe de Estado que depuso al mandatario durante dos días, en 2002.

“Buena parte de esas medidas fueron adoptadas en períodos de emergencia, lo que podría representar un riesgo para la seguridad jurídica de los migrantes. La estabilidad de la política migratoria aún está en construcción. La investigación muestra que el 86 % de los instrumentos y acciones estatales para atender la migración podrían ser revocados; dependen de voluntad política”, comenta Ronal Rodríguez, también investigador del Observatorio de Venezuela y coautor del texto.

Legado escrito

Los autores coinciden en que la publicación puede ser un marco teórico que mandatarios y Congreso, a partir del 7 de agosto de 2026, podrán utilizar para guiar el país y el erario hacia un fenómeno que ya hace parte de la agenda nacional y local.

Robayo insiste en que en Colombia hacía falta un recuento institucional de qué decisiones se han tomado para solucionar la llegada y permanencia de casi tres millones de venezolanos. Es gracias a ese ejercicio de memoria, comenta, que se ha inferido que la burocracia y la falta de organización han sido también una constante que debilita las buenas intenciones de acogida, en especial la “falta de continuidad o recursos insuficientes” que mueven los hilos de los diferentes instrumentos.

Adicionalmente aclara que aún hay retos que el Estado y sus entidades deben sortear para que esas personas vean realmente garantizados sus derechos con ofertas institucionales como trabajo, educación o auxilios, y también una tarea de regularizar a quienes faltan. Robayo recuerda que aún hay poco más de medio millón de personas que si bien conviven día a día en el país y hacen parte de su andamiaje social, siguen en situación de irregularidad, lo que se suma a la baraja de retos que deben atenderse, y rápido.

“Se hace imperioso poner en marcha mecanismos masivos que permitan cerrar estas brechas que amenazan con dejar a los venezolanos en la marginalidad (...) con las consecuencias económicas y sociales que ello conlleva”, concluye.

A pocas horas de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump inició su tarea de buscar y expulsar al menos a 14 millones de personas que, de acuerdo con registros migratorios y centros de estudio, residían irregularmente en EE. UU. en aquel enero de 2025. El republicano militarizó las fronteras, llevó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al interior de las ciudades y apeló a legislaciones de tiempos de guerra, como la Ley de Enemigos Extranjeros, para evitar decisiones judiciales y expulsar directamente a centenares de personas.

Tras poco más de un año de haber llegado al Salón Oval a comandar la “deportación masiva” que sacaría, según él, “lo peor de lo peor de América (sic)”, el republicano se jacta de haber logrado cifras históricas en su batalla contra la migración irregular. A inicios de este 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró haber impulsado a tres millones de extranjeros a abandonar suelo estadounidense, convirtiéndose en el gobierno que ha “logrado los mayores índices de deportación y conseguido la frontera más segura de la historia de EE. UU.”, según reza el boletín.

Pero para ONG de derechos humanos y expertos en temas migratorios, lo verdaderamente histórico en el tiempo que Trump lleva ocupando por segunda vez la Casa Blanca es haber consolidado una “política de crueldad” que deja a su paso derechos violentados, familias separadas y secuelas sociales y económicas. Hay informes incluso que contradicen las cifras expuestas por el gabinete de Trump, y aseguran que el mandatario ha causado más sufrimiento e incertidumbre por medio de redadas policiales sin haber logrado acercarse a su objetivo de expulsar, como mínimo, un millón de personas y sin haber superado a sus predecesores, Joe Biden y Barack Obama.

“La magnitud de esta política es abrumadora (...) Esto representa la pérdida de presencia legal más rápida en la historia reciente de Estados Unidos y no solo redefine el rumbo interno de EE. UU., también debilita estándares nacionales de derechos humanos”, asegura Amnistía Internacional.

Duda latente

Hay quienes desconfían de las cifras brindadas por el gabinete de Trump por razones técnicas. Aunque el mandatario, los medios de comunicación y la ciudadanía hablen de deportaciones, lo cierto es que ese término no existe dentro de la legislación estadounidense. ICE, por ejemplo, mantiene una base de datos desde 2011 en donde categoriza cada una de las actividades que desempeña en la frontera y en el interior del país, pero en ninguna de ellas se habla de “deportaciones”, la cual en el papel debe ser una orden de expulsión inmediata dada por un juez en EE. UU. luego de haber surtido un proceso nutrido de pruebas y razones por las cuales la persona infringió la ley y por ello será expulsada. En su lugar hay registros de arrestos, detenciones, expulsiones y remociones. Pero en el gobierno Trump el trámite legal no se ha surtido y las personas son detenidas, arrestadas y expulsadas directamente por la rama Ejecutiva.

El Migration Policy Institute, un centro de estudios migratorios en Washington, asegura que la falta de acceso a datos confiables por parte de las agencias federales ha dificultado establecer una magnitud real del fenómeno de expulsiones masivas en EE. UU. El Deportation Data Project, otra organización que hace veeduría a la migración, cuestiona que el gabinete hable de “deportaciones” (expulsar a un migrante del país) como un término que también engloba entradas rechazadas en la frontera, salidas voluntarias o deportaciones irregulares, lo que se consideraría una “deportación informal” y que ocurrió en más de 70.000 ocasiones durante 2025.

“Ya sea que se alcance el objetivo de un millón de deportaciones, se ha implementado una amplia gama de cambios en donde cada vez será más difícil evaluar la migración. En lugar de publicar tablas detalladas, Trump se ha basado en la emisión de una constelación de estadísticas individuales, “tweets” o entrevistas”, subraya MPI.

Política costosa

Pero hay otras organizaciones que se remiten a la evidencia para contradecir el discurso oficial. Medios de comunicación como el New York Times o CNN han hecho proyecciones propias basadas en datos oficiales y, en ninguno de los casos, la cifra supera las 300.000 personas: una meta 70 % por debajo de las promesas de Trump en campaña. El MPI, por su parte, documentó que en 2025 la cifra de deportados rondó los 400.000 casos, mientras el diario neoyorquino asegura que la cifra es menor.

Lo que sí ha aumentado considerablemente son los derechos violentados y la fractura del debido proceso en miles de casos. Austin Kocher, profesor asistente de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, publicó datos que muestran que en 2025 solo tres de cada 10 detenidos contaban con antecedentes o condenas penales previos. En sus reportes se ha evidenciado que la persecución del ICE se ha trasladado de la frontera con México hacia el interior del país hasta llegar a lugares como hospitales, aeropuertos, juzgados de migración o escuelas, donde es más probable encontrar personas que no cuenten con su estatus migratorio al día.

Además, los registros de MPI y Kocher muestran que hay al menos 20 casos de migrantes muertos mientras estaban en custodia del ICE, lo que, además de acarrear posibles investigaciones penales contra la agencia estadounidense, se convierte en la cifra más alta de muertes en las últimas dos décadas de políticas migratorias en EE. UU.

Las organizaciones muestran preocupación de que esta tendencia de desinformación y vulneraciones siga la misma constante durante los tres años que restan del mandato de Trump.

En 2026, por ejemplo, se escribió un nuevo capítulo en las redadas migratorias que dejó dos ciudadanos muertos y multitudinarias protestas contra ICE en Minneapolis, mientras que medios de comunicación en Estados Unidos aseguran que este año, además de todo el torbellino de violaciones a los derechos, hay directrices desde la Casa Blanca de aumentar los arrestos, las detenciones y las expulsiones.

No saben qué hacer con certeza. Las llamadas se convierten en un timbre interminable. Los correos electrónicos no son más que mensajes sin receptor. Pasan días o incluso meses y mientras sus allegados están en uno de los 212 centros de detención de EE. UU., las familias esperan recibir una noticia.

Desde la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la situación de miles de migrantes, entre ellos colombianos, se ha reducido a una espiral de incertidumbre para sus familias.

En los 13 meses que Trump ha comandado una “deportación masiva”, al menos 2.200 colombianos han sido conducidos a centros de reclusión. Mientras tanto, sus familias solo esperan a que pasen los 53 días que en promedio dura un migrante en esos centros, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios que analiza los datos de las autoridades estadounidenses. Pero hay casos de connacionales que superan los tres meses en estos espacios que incluso la ONU ha catalogado como “lugares inhumanos que van contra el propio tejido social de los principios fundamentales de la salud”, como dijo Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Así lo cuenta la congresista Ángela Vergara, quien permaneció en silencio durante 17 días buscando abogados o algún referido en EE. UU. que pudiera indicarle dónde estaba su hijo, Rafael. Al inicio solo supo el número que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le otorgó al joven y así poder conocer dónde estaba recluido.

Luego conoció más detalles: está hacinado en un pabellón en Louisiana con 80 personas, solo accede a agua potable cada ocho horas y no sabe con exactitud cuándo será la próxima vez que podrá volver a comunicarse con él. Ha sido esposado, tratado de criminal y ha visto cómo otros colombianos llevan meses en esos centros, incluyendo mujeres cuya salud menstrual se ve vulnerada por falta de insumos.

Human Rights Watch ha ofrecido otro panorama sobre las condiciones que quienes están retenidos enfrentan. En un informe de julio de 2025, la ONG aseguró que deben “alimentarse como animales” y que aquellos que reclaman a los agentes son conducidos a confinamiento solitario.

Carmen Ramírez, congresista por la circunscripción de colombianos en el exterior, aseguró que durante sus labores legislativas ha recibido casos de colombianos detenidos que en ocasiones superan los 100 días en los centros

Antonia, una niña colombiana de nueve años detenida en Dilley, Texas, aseguró a través de una carta revelada por ProPublica que fue interrogada por más de dos horas por agentes migratorios y su estancia allí se prolongó 113 días.

“Es una situación que va mucho más allá de lo humanitario. Hemos enviado más de 200 derechos de petición a la Cancillería para que prioricen los casos y haya una pronta repatriación. Pero la realidad es que esta situación, donde hay una política orientada al terror, es un drama de una enorme magnitud que depende más de ICE y el gobierno estadounidense que de nosotros”, comenta la legisladora, quien tiene la cifra de los 2.200 colombianos que han sido detenidos.

Recorrido por el laberinto

Cuando los colombianos son conducidos a los centros, en caso de aceptar una deportación voluntaria, deben esperar su turno para que alguno de los vuelos gestionados por ICE los lleve de vuelta a su país. Pero la situación se complica teniendo en cuenta que, de acuerdo con USA Facts, hay más de 70.000 personas recluidas en estos espacios, y esos vuelos deben repatriar a personas de 76 países que cuentan con órdenes de deportación.

La otra opción consiste en que Colombia envíe vuelos humanitarios para repatriarlos. Ese camino para volver a ver a su hijo, comenta Vergara, también se ha llenado de obstáculos pues ha encontrado que a lo largo de 2026 el Estado colombiano redujo la frecuencia de vuelos humanitarios desde EE. UU.

A lo largo de 2025, comenta la representante, Colombia envió dos vuelos semanales de repatriación, pero se suspendieron durante más de seis semanas, entre diciembre y enero, asegura. Tan solo hasta este febrero se retomó el envío de aeronaves a EE. UU. para retornarlos. Intentamos contactar a la Cancillería para obtener más información, pero al cierre de esta edición no habíamos tenido respuesta.

Hay incluso familias que frente al desasosiego han valorado la opción de costear algún vuelo comercial que traiga de vuelta a sus hijos o padres. Pero esa opción, también estudiada por Vergara, tampoco se ha concretado en soluciones, pues es un asunto entre dos Estados que deben coordinarse y, según explica, aún hay vacíos en esa organización entre Bogotá y Washington. “Todas las noches nos enfrentamos al dolor de no saber cuándo va a volver ni en qué condiciones se encuentra. Un episodio de este tipo no solo quiebra a quien está detenido, también a su familia”, comenta.

Mientras el gobierno de Gustavo Petro ofrece alguna solución a los connacionales, los agentes de ICE siguen deteniendo personas y conduciéndolas a los centros. Para Vergara y al menos otras 2.000 madres el suplicio continuará hasta que sus hijos, algunos después de meses de estar esposados o en celdas hacinadas, puedan volver a casa.

Ángela Vergara se enteró bien entrada la noche de la captura de su hijo. Fue un día normal: trabajó en los proyectos legislativos que ella lidera como representante a la Cámara, cumplió pendientes en su agenda y rezó una vez más para que ella y los suyos fueran protegidos y bendecidos.

Pero llegó la llamada que la mantendría en silencio por más de 17 días: su hijo fue capturado, esposado y trasladado a un centro de detención migratorio en Louisiana. Allí continúa en hacinamiento, con pocas condiciones de salubridad y con constantes cuadros de ansiedad.

Por 22 días, la legisladora del departamento de Bolívar ha hecho hasta lo imposible, primero para saber dónde retuvieron los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a su hijo Rafael, y segundo, para encontrar respuestas a incógnitas que no la dejan dormir. “¿Estará bien? ¿Habrá comido? ¿Cuándo voy a volver a verlo?”, se cuestiona.

El Espectador habló con Vergara sobre cómo la captura de su hijo, de 22 años, ha suscitado debates sobre sus posturas políticas, pero también lo que ha implicado para toda la familia saber que Rafael sigue en un pabellón con 80 personas sin saber la fecha exacta en que saldrá de ese lugar donde solo accede a agua cada ocho horas y están más que comprobados los malos tratos por parte de ICE a los migrantes.

Mucho ha hablado la congresista Ángela Vergara sobre la captura de su hijo y las implicaciones humanitarias. ¿Qué dice la mamá de Rafael? ¿Cómo ha llevado este proceso?

Antes de ser congresista, soy humana y soy una madre. Este tipo de reflexiones me ayudan a mostrar que hay familias rotas por lo que está pasando en Estados Unidos.

Yo duré 17 días en silencio total. Cuando supimos de la detención, permanecí callada. Como cualquier familia hicimos gestiones mediante correos electrónicos, pagamos abogados que buscamos por Google, redes sociales o incluso Chat GPT. Esto nos ha llevado al máximo nivel de impotencia y desespero: saber que mi hijo y otras personas van a EE. UU. buscando protección, pero encuentran situaciones como las que vivimos hoy, encadenados, detenidos y en condiciones inhumanas.

El día que Rafael me llamó yo no le podía escuchar la voz porque padecía una enfermedad respiratoria, tenía fiebre. Me contó que en 24 horas solo le habían dado un medicamento. Hay hacinamiento en su celda con más de 80 personas. Y recibir alimentación y un trato digno seguramente va a ser algo difícil para quienes están detenidos.

¿Por qué romper el silencio?

Saber lo que Rafael ha vivido y está viviendo en el centro de detención fue lo que me quebró. Esto es una situación muy íntima, familiar. Pero por eso lloré y una noche cogí el celular, grabé un video para que se conociera que hay familias sufriendo a cientos de kilómetros. Hoy con los mensajes que han llegado me sensibilizo con todas las madres y familiares de quienes aún tienen a sus allegados en esos centros de detención. Es algo que no podemos dejar pasar.

La detención de su hijo en Louisiana ha generado muchas discusiones sobre posturas políticas o sus ideas afines al presidente estadounidense, Donald Trump. ¿Qué decir frente a eso?

El dolor va mucho más allá de mi investidura como congresista o el cargo que ostento. Lo entiendo y lo he entendido con una cantidad de personas con las que hoy estoy en comunicación: familias, esposos, esposas, madres que están viviendo lo mismo que yo. Es completamente desesperante, pero hoy hablo como madre.

El Estado no puede darles la espalda a quienes hoy piden a gritos volver a casa. Más que criticarme o politizar la captura de Rafael, es un momento para reunir todo el coraje, la dignidad, y empezar a hablar en clave humanitaria.

Esto es una crisis que hay que entender que atender, no solamente de manera inmediata enviando vuelos que traigan a nuestros connacionales, sino que tenemos que construir una política robusta que atienda a cada colombiano en el mundo.

¿Cómo ha afectado este hecho a la familia?

Somos una familia con otros tres hijos, dos pequeños y uno mayor de edad a los que debemos contestarles por qué su hermano no ha llamado o vuelto a casa. Los niños nos preguntan por qué mamá está en todas las redes sociales llorando. Son noticias que una madre no está preparada para dar.

Estamos esperándolo con los brazos abiertos y creo que esto ha creado un propósito para que una vez vuelva Rafael, hagamos todo lo posible para que muchas familias que pasan por lo mismo se reencuentren, se reparen y puedan ser felices.

¿Cómo la ha afectado a usted, sabiendo que tiene que continuar con sus funciones como legisladora?

Como cualquier otra madre, lo vivo con el corazón y con el corazón en la mano, esperando noticias todo el tiempo, esperando una respuesta. Pero al mismo tiempo, espero poder comunicarme con mi hijo y darle fuerzas, aún cuando yo no las tenga.

Aunque quiera desligarme de la investidura que tengo como congresista, no puedo hacerlo. Siento una enorme responsabilidad por las familias que están pasando lo mismo; eso hacen que mis noches sean largas.

He hecho miles de acciones al mismo tiempo, intentado llamar al mundo entero o tratar de establecer contacto con Estados Unidos. Cuando ya estoy en casa, me dejo quebrar, pero sé que a la mañana siguiente tengo que legislar y continuar buscando la forma de que Rafael vuelva.

¿Qué paso sigue para que la familia esté junta nuevamente?

Redactamos una carta al presidente Gustavo Petro y la Cancillería solicitando apoyo. Solo nos queda esperar que alguien a quien le hayamos despertado empatía escuche nuestras súplicas y funcione. Este dolor me ha impulsado a actuar, por mi hijo y por los cientos de colombianos que se encuentran en esos lugares.

Queila Rodríguez vive desde hace cuatro años en Bogotá. Es originaria de Venezuela y, por el tiempo que lleva en Colombia, creyó que podría beneficiarse del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una política de regularización creada para millones de personas que han huido de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el vecino país. Sin embargo, por lo que describe como “inconvenientes” con sus datos, no lo logró.

Una nueva puerta se le abrió en 2024: el gobierno anunció una opción de regularización para los migrantes que sean representantes legales de menores de edad en Colombia. Se trata del PEP Tutor (por la sigla de “Permiso Especial de Permanencia”). Queila tiene tres hijos; de ellos, una es menor de edad, cursa décimo de bachillerato y es beneficiaria del Permiso Temporal por Protección (PPT), uno de los requisitos para pedir el PEP Tutor.

“Ha sido un proceso largo, pero estoy esperando en Dios que se logre”, le dijo a este diario en referencia a la solicitud de su permiso.

El primer obstáculo, aparte de no haber podido obtener un PPT como el de su hija, cuyas inscripciones cerraron en 2023, fue contar con la partida de nacimiento de la joven. “Tuve que ahorrar para ir a Venezuela y legalizarla”, cuenta. Sin embargo, además, debía apostillarla. El viaje lo realizó en noviembre; podía quedarse apenas unos días, y las citas para apostillar estaban disponibles desde enero. Quedarse no era una opción.

Volvió a Colombia y logró la apostilla por medio del consulado venezolano en Bogotá. Luego, “lo difícil fue pedir la cita [en Migración Colombia], por desconocimiento, pues resulta que hay un horario específico para solicitarla: el domingo a las 5 p. m. Yo entraba antes y decía que no había citas”. La Fundación Juntos Se Puede, que presta atención humanitaria a migrantes en Colombia, la asesoró y pudo obtener su turno para el lunes siguiente.

La atendieron, tomaron su foto y su huella dactilar. Días después, tras un bloqueo de la plataforma, pudo subir la documentación requerida. Ahora, espera el visto bueno de la supervisora encargada de su caso para continuar con el pago de COP 65.000 que cuesta el documento. “Después del pago, son 90 días para que llegue”, explica. “Estoy complacida de finalmente recibir mi documentación y ser visible para este país”.

Para Jesús Arteaga, la situación ha sido menos favorable. A diferencia de Queila, no ha podido apostillar desde Colombia, por lo que la abuela de su pequeña de cuatro años tuvo que viajar a hacer el trámite en Venezuela. Sin embargo, un nuevo obstáculo le preocupa: su cédula venezolana está por expirar. Viajar a su país para renovarla tampoco es opción. Dice que corre el riesgo de ser pillado con el documento vencido, lo que lo expone a una detención o, por lo menos, un mal rato.

Él también vive en Colombia desde hace cuatro años, adonde inicialmente llegó de visita, pues se había radicado en Perú, pero tras ser diagnosticado con una enfermedad, tuvo que quedarse. Hoy convive con la madre de su hija, quien tampoco ha podido obtener el PEP Tutor.

“Hemos gestionado cerca de 100 solicitudes de PEP Tutor. De ellas, solo seis han sido aprobadas, y ninguna ha culminado con la emisión del documento correspondiente. Esto implica que, aun con decisiones favorables, las personas solicitantes permanecen en una irregularidad de facto, sin posibilidad real de trabajar formalmente, acceder plenamente al sistema de salud o ejercer derechos básicos. En la práctica, el PEP Tutor existe en la norma, pero no existe en la vida de las familias”, denunció hace algunas semanas Juntos Se Puede.

Aunque los menores de edad vayan al colegio, como ocurre con la hija de Jesús, quien asiste al jardín infantil, el hecho de que sus padres o acudientes sigan en condición migratoria irregular “vulnera el principio del interés superior del niño, expone a las familias al miedo constante y profundiza círculos de exclusión y precariedad”, añade la fundación, que recuerda, además, que el plazo de solicitudes de PEP Tutor cerrará el próximo 30 de abril.

Con corte a enero de 2026, Migración Colombia ha recibido 4.000 solicitudes de PEP Tutor, según las respuestas a un cuestionario enviado por este diario. “De estas, 395 han sido aprobadas y 1.037 se encuentran en proceso de subsanación o han sido rechazadas. Se destaca que 2.568 personas no han asistido a las citas”, indicó la entidad.

Allí mismo explicó que “la autoridad migratoria no rechaza por capricho, sino que aplica el principio de legalidad”, con base en las normas vigentes. Una solicitud se cae, por ejemplo, si no hay certeza del vínculo entre el adulto y el menor de edad. “Flexibilizar esto pondría en riesgo a la niñez”, indica la subdirección de Extranjería.

También puede haber rechazos por antecedentes judiciales, medidas de expulsión vigentes o sencillamente porque no se cumple el requisito de que el menor de edad tenga un registro válido antes del 31 de diciembre de 2023 en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Esto se justifica “en apego a los objetivos de la Política Integral Migratoria de propender por una migración segura, ordenada y regular, protección de derechos humanos de los migrantes y prevenir la instrumentalización de menores para la comisión de delitos”.

¿Por qué importa estar regularizado?

El organismo oficial resalta los beneficios económicos y sociales de contar con el PEP Tutor, pues, por un lado, permite “el acceso al sistema financiero y al mercado laboral formal, transformando al migrante de sujeto de asistencia en actor contributivo al sistema fiscal y de seguridad social”. Por otro, “cerramos brechas de desigualdad, pues un hogar regularizado es un hogar que se integra, que escolariza a sus hijos y que accede a salud preventiva, reduciendo costos de urgencias para el sistema de salud”.

Queila y Jesús sienten el vacío en carne propia. “Este documento me va a abrir muchas puertas, pues yo trabajo como independiente: quiero abrir mis cuentas y optar por las posibilidades que podemos tener acá”, señala Rodríguez.

Arteaga, por su parte, cree que, con alternativas, como visitas domiciliarias u otras pruebas de que convive con su hija y que vela por ella, debería ser suficiente para combatir la burocracia que le ha impedido hasta ahora tener su permiso. Subraya que cumplir con los trámites quita tiempo, que alguien en la informalidad como él, que se emplea en oficios de estampado o como chef en restaurantes, no se puede tomar. Tener el PEP sin duda les ayudaría a él y a su pareja en la búsqueda de un trabajo estable y mejores ingresos.

Para el país, por demás, regularizar y formalizar a la población migrante significa fortalecer el sistema tributario y el de seguridad social. Según un estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Konrad-Adenauer (KAS), la población migrante en Colombia, compuesta en un 98 % por ciudadanos venezolanos, aporta cerca de USD 500 millones en impuestos anualmente.

¿Por qué no reabren el ETPV?

Cuando el PEP Tutor fue anunciado, expertos en migración y organizaciones de la sociedad civil criticaron la medida por considerarla una nueva atomización de la regularización, lo que dificultaría la integración efectiva de la población migrante en Colombia.

Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló en su momento que el nuevo PEP sería un “nombre más en el ecosistema; es un retroceso”. Consideró que implicaría que “tanto las oficinas públicas como privadas entren en una nueva curva de aprendizaje, con menor acceso a derechos por parte de la población venezolana, como la educación y la salud, para quienes veían en Colombia la posibilidad de construir su hogar”.

El llamado parecía ser el mismo desde distintos lados: reabrir el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), que permitió a los venezolanos en Colombia tener un documento de identidad ampliamente reconocido por el sector público y privado. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que la llegada de venezolanos no se ha detenido. Por el contrario, se están viendo fenómenos como la llamada migración inversa, producto de políticas hostiles en Estados Unidos y otros países de la región. Además, pese al reciente cambio de liderazgo en el régimen chavista, producto del ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la emergencia humanitaria persiste en el país vecino.

En respuesta a este diario sobre por qué no reabrir los mecanismos de una política que ha sido aplaudida a escala internacional y que ha regularizado a más de dos millones de personas (de casi tres millones que se calcula que viven en el país), Migración Colombia resumió que, “de manera general, obedece a una visión de responsabilidad fiscal y de Estado”.

“El ETPV fue una medida de emergencia con vocación temporal para unas circunstancias especiales que hoy en día no son las mismas. Perpetuarlo indefinidamente debilita la institucionalidad. La política de Estado busca que la migración transite hacia el régimen ordinario de visas administrado por la Cancillería, fortaleciendo la migración regular y ordenada”, explicó la entidad.

Añadió que “una reapertura total podría incentivar nuevos flujos migratorios masivos y desordenados en un momento en que las capacidades de acogida están al límite”.

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Durante años, buena parte de la comunidad internacional miró hacia otro lado. Se insistía en leer la migración venezolana como un fenómeno económico, sin reconocer su raíz estructural: una crisis prolongada de derechos humanos. Tomó años, informes y vidas para admitir que no se trataba solo de economía, sino de persecución.

Hoy, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), más de 7,7 millones de venezolanos viven fuera del país. De ellos, 6,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Detrás de esas cifras hay más que números, hay familias separadas, aulas vacías, comunidades deshechas. La migración se volvió una experiencia generacional, una fractura colectiva que atraviesa fronteras e historias de vida.

Y es que la salida de millones de venezolanos no fue repentina, es el resultado de una acumulación de crisis económicas, políticas y sociales que, lejos de resolverse, se profundizaron a lo largo de dos décadas. Lo que comenzó con una fachada de proyecto de redistribución se convirtió en una estructura de control, y lo que parecía una promesa de justicia social derivó en el desmantelamiento del Estado de derecho.

Las raíces políticas de un colapso anunciado

El modelo instaurado por Hugo Chávez en 1999, basado en la concentración del poder y el uso político de la renta petrolera y luego consolidado por Nicolás Maduro derivó en un sistema autoritario que subordinó la economía a la fidelidad política.

Entre 2013 y 2019, el Producto Interno Bruto se contrajo un 75 %, según datos del Fondo Monetario Internacional, una de las caídas más severas de la historia moderna fuera de contextos bélicos. En 2018, la inflación superó el 1.000.000 % anual, convirtiendo al país en símbolo de hiperinflación y empobrecimiento acelerado. El salario mínimo, ese año, equivalía a menos de dos dólares mensuales.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) reveló que más del 90 % de los hogares cayó en pobreza multidimensional en 2019. Y en uno de cada tres hogares, al menos un miembro había emigrado. Una población empobrecida intencionadamente dependiente de subsidios que ya no llegaban y sin producción nacional.

El colapso económico se agravó con el desmantelamiento institucional, la concentración del poder en el Ejecutivo, la erosión de la independencia judicial y la persecución de toda disidencia cerraron los canales de diálogo y perfeccionaron las herramientas de control. En ese contexto, la migración no fue solo una decisión económica, fue una salida política. Irse se convirtió en el único acto posible frente a un Estado que había dejado de proteger y comenzó a expulsar ante el temor de desaparecer.

El hambre fue el primer impulso, pero el miedo completó la huida, entre 2015 y 2020, más de cinco millones de personas abandonaron el país, la mayoría con destino a países vecinos. Algunos lo hicieron en avión; pero la gran mayoría, a pie, en caravanas improvisadas. Así surgió la figura del “caminante” hombres, mujeres y niños cruzando a pie diferentes fronteras, símbolo de una diáspora empujada por la necesidad y la desesperanza.

Las razones económicas no bastan para explicar la magnitud del éxodo, a partir de 2017, la represión política se convirtió en un factor determinante. Diferentes organizaciones internacionales de la sociedad civil, como Amnistía Internacional han documentado torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, ya no solo como acciones individuales, sino como formas sistemáticas de control. La Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU concluyó que existían patrones sistemáticos de crímenes de lesa humanidad. Una consecuencia inmediata fue que miles de venezolanos comenzaron a solicitar refugio, desde 2018, se han registrado más de 500.000 solicitudes según el ACNUR, sin embargo, muchas de estas solicitudes han sido ignoradas por los países de acogida.

La crisis sanitaria agudizó la emergencia, la Federación Farmacéutica de Venezuela reportó un 80 % de desabastecimiento de medicamentos, y más del 60 % de los quirófanos públicos estaban inoperativos. La huida no fue una elección, fue un mecanismo de supervivencia ante un Estado colapsado y represivo. Pero lo que comenzó como una emergencia nacional pronto desbordó las fronteras. La crisis venezolana dejó de ser un asunto interno para convertirse en un desafío regional que transformó la demografía, la política y la economía del continente.

La respuesta regional y sus conveniencias

La migración venezolana transformó la demografía y la política del continente. Colombia se convirtió en el principal receptor, con cerca de 2,9 millones de venezolanos; le siguieron Perú con 1,54 millones, Brasil con 486.000, Ecuador con 475.000 y Chile con 444.000. Colombia implementó el Estatuto Temporal de Protección en 2021, regularizando a más de dos millones de migrantes, en una política elogiada internacionalmente por su carácter humanitario. Pero en el resto de la región, el entusiasmo inicial se desvaneció. Países como Perú y Chile endurecieron sus políticas de ingreso; México y Estados Unidos reforzaron sus controles fronterizos.

La mayoría de los países de acogida, además, ha evitado aplicar plenamente la Declaración de Cartagena, que ampliaría la protección internacional a quienes se ven forzados a salir de contextos de colapso institucional y violaciones de derechos humanos. Esta renuencia ha dejado a millones de venezolanos en un limbo jurídico, sin estatus formal de refugiados y, por tanto, sin acceso pleno a derechos fundamentales.

Aun así, el régimen venezolano negó durante años la magnitud del éxodo y, cuando ya no pudo ocultarlo, lo instrumentalizó. En el discurso interno lo atribuyó a las sanciones económicas; en el externo, lo convirtió en moneda de negociación. En los diálogos con Estados Unidos, la migración se transformó en una ficha de intercambio político, vuelos de deportación a cambio de concesiones o legitimidad. Así, los migrantes pasaron a ser no solo víctimas de expulsión, sino también piezas en una geopolítica del sufrimiento.

El éxodo venezolano no puede entenderse solo como un fenómeno migratorio, es una crisis prolongada de derechos humanos que se extiende más allá de las fronteras nacionales. Dentro del país, la represión, la censura y la impunidad destruyeron las garantías básicas; fuera, la exclusión y la precariedad repiten esas mismas vulneraciones, ahora multiplicadas por la condición de extranjero, sin mencionar las prácticas de represión transfronteriza que se vuelven cada vez más crueles.

Según la OIM, más del 60 % de los venezolanos en América Latina trabaja en la informalidad y apenas el 35 % tiene acceso estable a servicios de salud. En muchos países receptores, los discursos políticos han vinculado migración con inseguridad. En Perú y Chile, el aumento de la xenofobia ha dificultado la integración. En México y Estados Unidos, los controles fronterizos se han endurecido, generando nuevas formas de criminalización.

La selva del Darién se convirtió en símbolo de esa desesperación, solo en 2023, más de 280.000 venezolanos cruzaron esa ruta entre Colombia y Panamá, enfrentando hambre, violencia sexual y desapariciones. Pese a todo, la diáspora ha mostrado una capacidad notable de organización. En ciudades como Bogotá, Lima o Santiago, colectivos venezolanos crearon redes de ayuda, asesoría legal, espacios culturales y proyectos de emprendimiento. La migración venezolana no solo se cuenta en cifras, es también una presencia activa que ha reconfigurado el tejido social de los países que la acogen.

El país que se reacomoda por dentro

Mientras el mundo observaba la salida masiva de millones, dentro de Venezuela se producía otro tipo de desplazamiento, el interno. No todos los venezolanos pudieron salir del país; muchos se movieron dentro de él, buscando sobrevivir en regiones menos afectadas o con menor afectación de los servicios básicos.

Entre 2015 y 2022, más de 3,5 millones de personas se desplazaron dentro del territorio nacional, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Apure perdieron hasta el 30 % de su población activa, mientras que zonas urbanas como Caracas, Miranda y Lara se saturaron.

El resultado fue una reconfiguración social y económica silenciosa, en las ciudades grandes, la población aumentó más rápido que la infraestructura. La oferta de servicios, ya colapsada, se vio aún más presionada. En zonas más pequeñas o periféricas, la falta de mano de obra paralizó la producción agrícola, y en las regiones petroleras, miles de viviendas quedaron vacías. La migración interna también transformó la composición demográfica. La pérdida de población joven y en edad laboral compromete la sostenibilidad de los sistemas de salud y educación, Venezuela envejece aceleradamente.

A esa transformación demográfica se suma el impacto de las remesas que son una fuente vital de ingreso, pero también reflejan una nueva desigualdad. Familias con acceso a divisas frente a otras que sobreviven con bolívares depreciados. Pese a que, producto de la inflación, ni siquiera aquellas familias que reciben remesas logran cubrir hoy sus necesidades básicas, eso ha llevado a que ya no solo un miembro de la familia migre para enviar divisas al país, sino que ha llevado a muchas familias a migrar. Se estima que para el cierre de 2025 Venezuela podría recibir USD 3.200 millones en remesas con una disminución del 15 % respecto a 2024.

En estados como Portuguesa, Guárico o Mérida, los censos locales muestran reducciones poblacionales de entre 25 y 35 %. Venezuela se vacía desde adentro, mientras su economía se sostiene en los lazos transnacionales que mantiene su diáspora.

El espejismo del retorno

El deseo de regresar persiste como un punto luminoso en la memoria colectiva; sin embargo, la realidad lo contradice. Estudios realizados por el ACNUR y la OIM en 2023 y 2024 muestran que menos del 30 % de los migrantes venezolanos consideraría regresar si se produce un cambio político inmediato, y apenas el 11 % lo haría sin garantías de estabilidad. La reconstrucción económica del país, requeriría al menos una década de políticas sostenidas y apoyo internacional.

El régimen venezolano intentó apropiarse de esa esperanza con el Plan Vuelta a la Patria, lanzado en 2018. Según cifras oficiales, más de 30 000 personas habrían retornado al país gracias al programa, pero los datos de la OIM y R4V muestran que esa cifra representa menos del 0,5 % de la diáspora total, y muchos de los repatriados volvieron a emigrar meses después. Más que un éxito, el plan se convirtió en un instrumento de propaganda, diseñado para proyectar control y negar la magnitud del éxodo. Mientras las condiciones estructurales del país no cambien represión, pobreza, colapso institucional y ausencia de servicios, el retorno masivo seguirá siendo un espejismo.

Aun en un escenario de transición política, los desafíos serían monumentales. Venezuela carece hoy de la capacidad administrativa, económica y técnica para recibir de vuelta a millones de ciudadanos. El sistema de identificación civil está desmantelado; millones de venezolanos no poseen pasaportes vigentes ni cédulas actualizadas, y buena parte de la red consular se encuentra inoperante. Sin documentos, quienes regresen no podrían acceder a servicios básicos, ejercer derechos civiles ni reincorporarse formalmente a la vida económica.

La situación se agrava con los niños y niñas nacidos en el exilio, muchos de los cuales corren riesgo de apatridia o tienen una nacionalidad distinta a la de sus padres. Sin mecanismos bilaterales de reconocimiento, podrían quedar fuera de los registros civiles venezolanos y, por tanto, sin ciudadanía efectiva, reconstruir el país implicará también reconstruir la identidad jurídica de su población.

A ello se suma la ausencia de un sistema de seguridad social operativo. Con hospitales en ruinas, una población envejecida y una cobertura sanitaria mínima, el país no podría absorber fácilmente retornados sin afectar aún más sus estructuras básicas. El sistema educativo atraviesa una situación similar, miles de maestros han emigrado, y las universidades apenas operan. La infraestructura eléctrica, de agua y transporte está fragmentada.

Además de las carencias materiales, existe una fragmentación emocional y generacional, muchos niños y adolescentes han crecido fuera del país, formados en otros valores y sistemas. Las familias están repartidas entre tres o cuatro países, y un eventual regreso implicaría nuevas separaciones o un reacomodo cultural profundo.

Incluso en caso de una apertura política, la economía venezolana no tendría cómo absorber inmediatamente el regreso. Con un aparato productivo devastado y un mercado laboral dominado por la informalidad, quienes vuelvan podrían enfrentar las mismas condiciones que los obligaron a irse. El riesgo sería un retorno frustrado, un segundo exilio.

Si la transición política llegara, el regreso sería un proceso espontáneo, desigual y desordenado mientras el Estado se pone al día sobre sus deudas con la población migrante y el país no podría gestionarlo solo. Un retorno de millones de personas requeriría cooperación internacional, asistencia técnica y recursos financieros, pero ese apoyo conlleva un riesgo, que la población migrante se convierta nuevamente en instrumento de negociación entre gobiernos, como ya ocurrió cuando los flujos migratorios fueron usados para obtener concesiones políticas o económicas.

Sin embargo, hablar del retorno no es hablar de imposibles, sino de los enormes retos que implica reconstruir un Estado desinstitucionalizado, de los cuales debemos ser conscientes. Habría que rehacer la confianza ciudadana, modernizar el sistema de identificación, restablecer la seguridad social, reactivar la producción, y garantizar justicia y reparación. Solo entonces regresar dejará de ser una promesa y se convertirá en una posibilidad.

Volver no será regresar al pasado, sino construir un país distinto sobre las ruinas del anterior. Esa es, quizá, la tarea más difícil y, al mismo tiempo, la más urgente, asegurar que ningún venezolano tenga que volver a marcharse de manera forzada para poder vivir con dignidad.

El país que ahora existe en movimiento

El éxodo venezolano es, además de una crisis humanitaria, una mutación nacional de largo aliento. Lo que comenzó como una salida urgente se ha convertido en un proceso profundo de transformación social, cultural y emocional. Venezuela ya no está contenida en sus fronteras, existe dentro y fuera de sí, en los espacios vacíos, en las aulas de Lima, en los consultorios de Bogotá, en los mercados de Santiago, en las comunidades digitales que sostienen lazos familiares y económicos a miles de kilómetros.

Los informes de distintas organizaciones coinciden en un diagnóstico común, millones de venezolanos se marcharon por causas estructurales de origen político y no por voluntad individual. Pero también muestran la otra cara, la de una diáspora que, dispersa, sigue tejiendo vínculos, sosteniendo familias, enviando remesas, participando en redes comunitarias y culturales. Esa persistencia es también una forma de resistencia civil frente a un poder que los quiso invisibles; es la prueba de que, incluso lejos del territorio, la ciudadanía venezolana sigue existiendo, viva y en movimiento.

Esa movilidad ha dado origen a una Venezuela transnacional, extendida más allá del mapa. La nación, más que un espacio geográfico, se ha convertido en una red de afectos, memorias y economías. Las remesas mantienen a millones de hogares; las redes digitales reemplazan los vínculos rotos; y las comunidades migrantes son hoy actores políticos, sociales y culturales con peso real en sus países de acogida.

Sin embargo, el impacto demográfico interno sigue siendo devastador, la ENCOVI estima que una cuarta parte de la población ha abandonado el territorio desde 2015. Los grupos más afectados son los de entre 15 y 49 años, los de mayor productividad y capacidad reproductiva. El resultado es una estructura poblacional envejecida, una caída sostenida en la natalidad y una pérdida dramática de capital humano, hospitales sin médicos, escuelas sin maestros, campos sin trabajadores.

Pero hay algo más profundo que el exilio físico, el exilio emocional. La migración venezolana arrastra un trauma colectivo que pocas veces se nombra. Durante años, irse fue vivido como una derrota, como un castigo. Las despedidas en los terminales y aeropuertos no eran promesas de aventura, sino de supervivencia. Es necesario sanar esa herida y desmontar la idea de que migrar es una condena o una culpa. La movilidad humana, cuando ocurre en libertad y con derechos garantizados, puede ser una fuerza positiva, un ejercicio de autonomía, una oportunidad de reconstrucción.

Por eso, uno de los grandes desafíos del futuro será también acompañar institucional y socialmente a la población migrante, reconocer su aporte, protegerla de la explotación y la xenofobia, y crear condiciones para que su movilidad sea digna. La migración no debe ser el precio del colapso, sino un derecho ejercido en libertad y dignidad. El retorno más urgente no es solo físico, sino simbólico, el regreso a la ciudadanía, a la justicia y a la confianza como país.

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Diciembre es un mes en el que, queramos o no, miramos hacia atrás. Y al hacerlo desde el sector social, la pregunta es inevitable: ¿qué tanto logró avanzar Colombia en la protección de su niñez en medio de tanta turbulencia? Porque la verdad incómoda es que Colombia llegará a 2026 con una deuda que no admite más prórrogas.

El impacto de programas esenciales en los territorios más pobres, rurales y golpeados por el conflicto está bajo amenaza. ¿La razón? Una reducción global de la financiación de la cooperación internacional, en un país que se volvió dependiente de esta ayuda, que se junta con un financiamiento estatal insuficiente y tardío. Se estima que entre el 25% y el 45% de las intervenciones de protección infantil y educación en emergencias se han reducido o suspendido por estos recortes.

A esto se suma una tendencia interna que debemos revisar:

• Inversión Insuficiente: Colombia destina apenas el 0.83% del PIB a la primera infancia, muy por debajo del 1.16 % recomendado por ONU, UNICEF y CEPAL.
• Recortes Estratégicos: El Presupuesto General de la Nación para 2025 cayó con respecto a años anteriores, con reducciones críticas en sectores clave como prosperidad social, comprometiendo programas fundamentales de superación de la pobreza.

La niñez no es mañana, es la prioridad de hoy; son ciudadanos con derechos plenos aquí y ahora. Este desfinanciamiento ataca directamente la capacidad de respuesta del país justo cuando la niñez enfrenta una triple crisis: pobreza, conflicto y cambio climático. Uno de cada cinco menores de edad vive simultáneamente estos tres riesgos, duplicando la media global (1 de 11).

Los titulares que han conmocionado al país en 2025 han sido un eco constante de esta emergencia: casos de feminicidios de niñas que estrujan el alma, 53 víctimas diarias de violencia sexual y un aumento del 300 % en el reclutamiento forzado en cinco años. Grupos armados y crimen organizado ganan terreno, y la niñez se convirtió en su botín de guerra y explotación. No olvidemos los más de 46.000 niños y niñas afectados por la crisis en el Catatumbo, evocando los peores momentos del conflicto en la región hace décadas.

Cinco desafíos inaplazables para 2026

La protección de la niñez no puede convertirse en retórica. Se necesitan programas y financiación que trasciendan la fragmentación y la discontinuidad de proyectos exitosos.

1. Blindar la educación, reducir la deserción y asegurar escuelas seguras y conectadas.
2. Proteger a la niñez frente a todas las violencias, especialmente el conflicto y la violencia sexual y de género, fortaleciendo el sistema de protección.
3. Activar gobernanza intersectorial y trazadores presupuestales obligatorios que permitan hacer seguimiento real a la ejecución de recursos.
4. Consolidar servicios de salud integral, con enfoque psicosocial y llegada efectiva a zonas rurales.
5. Poner a la niñez en el centro del desarrollo territorial y climático.

Hacemos un llamado a donantes y autoridades: proteger y priorizar la inversión en niñez es urgente. Es necesario evitar recortes lineales, fortalecer el financiamiento flexible y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El país que queremos empieza con la niñez que protegemos. El 2026 será un año electoral crucial. La niñez no puede esperar más.