Por más de 25 años la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf) ha trabajado en Colombia con proyectos relacionados con garantía de derechos, gobernanza, fortalecimiento institucional y lucha contra la pobreza.

En varias regiones apartadas del país, donde históricamente la presencia del Estado ha sido limitada, algunas comunidades comenzaron a acceder por primera vez a condiciones básicas, como agua potable, seguridad alimentaria, vías terciarias y proyectos productivos sostenibles, gracias a la Fundación.

En diálogo con este diario, la directora ejecutiva de la Padf, Katie Taylor, explicó cómo la organización ha tenido que replantear sus estrategias en medio de un escenario internacional cada vez más complejo para la cooperación. Los recortes presupuestales de agencias y gobiernos donantes, sumados a nuevas crisis humanitarias y conflictos, han reducido los recursos disponibles para programas sociales y de desarrollo en América Latina.

Ante ese panorama, la Padf decidió modificar su enfoque. Según Taylor, la cooperación internacional ya no puede limitarse únicamente a financiar proyectos temporales, sino que debe enfocarse en dejar capacidades instaladas en los territorios para que las comunidades puedan sostener sus procesos de transformación. Hoy son al menos 39 proyectos los que la organización ejecuta en más de 400 municipios.

“La cooperación hoy tiene que ser más estratégica. Ya no se trata solamente de ejecutar recursos, sino de ayudar a que las comunidades desarrollen herramientas para resolver problemas de manera autónoma”, señaló la directora de la organización.

Transformando el territorio

Y es que en 2025, pese a las “vacas flacas” de la cooperación internacional, la Padf asegura haber atendido a cerca de 760.000 personas en condición de vulnerabilidad que, gracias a esos programas, lograron mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidades.

Ese cambio de visión coincide con varias de las apuestas que la Padf consolidó durante los últimos años en Colombia. El informe anual más reciente de la Fundación muestra que buena parte de sus proyectos se concentraron en desarrollo rural, prevención de violencias, fortalecimiento comunitario y generación de oportunidades económicas en zonas golpeadas por el conflicto armado y la pobreza multidimensional.

Uno de los programas más visibles se desarrolló en Tumaco, Nariño, donde miles de familias campesinas recibieron acompañamiento para promover el desarrollo agrícola sostenible y dejar atrás el aumento de cultivos ilícitos.

Este tipo de iniciativas no solo buscan reducir la dependencia de economías ilícitas, sino también atacar las causas estructurales de la violencia rural. La apuesta, explica Taylor, consiste en ofrecer alternativas reales de ingreso y sostenibilidad económica en regiones donde durante décadas la coca fue prácticamente la única fuente de subsistencia.

Nueva oportunidad

El informe de la organización también evidencia que la violencia basada en género se convirtió en uno de los principales ejes transversales de intervención. En cuentas de la Fundación, hay al menos 100 redes comunitarias consolidadas que previenen violencias basadas en género y que benefician a mujeres rurales, comunidades afrodescendientes, población indígena y migrantes venezolanos, especialmente en temas de empleabilidad, liderazgo y prevención de violencias.

A futuro

Taylor considera que Colombia enfrenta una paradoja: mientras las necesidades sociales y humanitarias siguen creciendo, los recursos internacionales disponibles para atenderlas son cada vez menores. Sin embargo, cree que esa misma presión ha obligado a replantear modelos tradicionales de cooperación y a buscar soluciones. Una especie de “ver el vaso medio lleno”.

Parte de esa estrategia consiste en fortalecer capacidades locales para que los proyectos sobrevivan más allá de los ciclos de financiación internacional. Programas de formación docente, liderazgo comunitario, emprendimiento y fortalecimiento institucional fueron implementados en distintos departamentos bajo la lógica de que las comunidades puedan apropiarse de los procesos.

“Colombia está transformando muchos de sus problemas en soluciones que pueden servirle al mundo (...). La experiencia de las comunidades rurales, de las mujeres lideresas, de los jóvenes y de las organizaciones locales demuestra que incluso en contextos complejos es posible construir desarrollo cuando existen oportunidades”, concluye Taylor.

Todo está listo para que la capital bogotana hospede a algunos de los pensadores económicos más influyentes de las últimas décadas. Entre el 2 y el 4 de mayo, Bogotá será la sede del encuentro internacional Economía para la Vida: un evento que juntará a líderes políticos, pensadores del mundo económico y académicos que discutirán cómo la economía, considerada como el principal motor de crecimiento de cualquier Nación, puede perfeccionar algunos de sus engranajes de cara al futuro.

Según conoció El Espectador, el evento contará con la participación y voces de personas oriundas de América Latina y Centroamérica, que tendrán la tarea de hacer un paneo de cómo la economía puede fungir como aliado para erradicar desigualdades y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo y autonomía a las naciones y sus habitantes.

Pero otras nacionalidades también estarán presentes. En el itinerario aparecen nombres que viajarán desde Europa, África y Asia a la capital bogotana para contar, desde sus respectivos contextos, cómo se puede lograr una economía para la vida.

El debate de nuevos modelos económicos no es nuevo, pero tampoco muy explorado. El mundo cambió en 2025, cuando la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional (Usaid) fue cerrada en cuestión de horas por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

Su clausura, según documentaron ONG alrededor de todo el mundo, causó un efecto dominó financiero que hizo replantearse a los gobiernos y a las organizaciones nuevas formas de continuar con sus objetivos de defender derechos y alcanzar autonomía financiera sin necesidad de depender de cooperación o de terceros.

Colombia no fue ajena a este escenario. El país sufrió las consecuencias de un recorte económico que se tasó, en aquel momento, en USD 389 millones y dejó huérfanos centenares de iniciativas de igualdad de género, garantía de derechos, gobernanza o acceso a la justicia en el país. Otros países como Haití, Honduras, Guatemala o Venezuela sufrieron la misma suerte.

El motivo del encuentro, prácticamente, es explorar nuevos escenarios en tiempos inciertos. Algunos de sus asistentes han dedicado décadas de trabajo e investigación a indagar cómo la economía puede tener aristas distintas y maximizar los beneficios para las personas.

Ese es el caso de Alicia Bárcenas, académica mexicana que ha alzado su voz para que las tendencias económicas deben incorporar la acción climática, una transición energética justa y la protección de la biodiversidad. Jayati Ghosh, economista hindú que tiene una cátedra en Massachusetts, EE. UU., ofrecerá sus 35 años de experiencia sobre cómo el desarrollo económico puede aportar al cierre de brechas de desigualdad, empleabilidad o género. La asiática, por ejemplo, ha sido crítica en la intervención estatal en un modelo que es sostenido por los ciudadanos o con aspectos más globales, como la deuda.

“Esta agenda de eventos busca crear un espacio de alto nivel para el diálogo, el debate y la colaboración entre las y los economistas más reconocidos del mundo, junto con académicos, activistas y profesionales de las ciencias sociales, comprometidos con la transformación económica de América Latina y el Sur Global”, reza la invitación al evento.

Los nombres de una charla pendiente

El encuentro se realizará paralelamente en dos sedes. La primera será el Palacio de San Carlos, histórico edificio que por décadas ha sido la base de operaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y que en esta ocasión fungirá como espacio para compartir ideas e indagar nuevos futuros económicos.

El segundo escenario será el Ágora: el icónico edificio en la Avenida Caracas con Calle 26 donde pensadores de varias nacionalidades también mantendrán paneles, discusiones a profundidad e idealmente, llegar a consenso sobre qué caminos recorrer para alcanzar un mayor desarrollo económico.

Al grupo de expertos se integrarán figuras académicas de amplio reconocimiento como David Harvey (EE. UU.), referente de la geografía crítica; Andrés Arauz (Ecuador), especializado en soberanía monetaria; y Fadhel Kaboub (Túnez), experto en transición ecológica en el Sur Global.

El panorama internacional se amplía con las miradas de analistas como Adriana Abdenur (Brasil), Alberto Garzón (España), Guillaume Long (Ecuador), José Miguel Ahumada (Chile) y Kohei Saito (Japón). A ellos se suman investigadores de trayectoria como Luis Godoy (México), Martin Abeles (Argentina/CEPAL), Marco Antonio Rocha (Brasil), Mónica Bruckmann (Perú), René Ramírez (Ecuador), Rixi Moncada (Honduras) y Pedro Rossi (Brasil).

La convergencia de estas voces posiciona a Colombia como un punto de articulación entre distintas corrientes del pensamiento económico a escala global, impulsando un intercambio directo entre el Sur Global y el Norte.

Si desea conocer la programación, puede consultarla a través de este enlace.

Esta semana, la Universidad del Bosque, en Bogotá, fue sede de “Territorios Imaginados”: un evento que reúne sector público, privado, cooperación internacional y academia para mostrar que nunca es tarde para aprender algunas habilidades que puedan cambiar las realidades.

El modelo ofrece espacios de aprendizaje a personas que nunca tuvieron la oportunidad de cursar estudios formales en un aula de clase o también a quienes las barreras geográficas o económicas impidieron especializarse en alguna actividad específica.

En el programa aparecen, por ejemplo, mujeres de la tercera edad que debido a las barreras de género de hace cinco o seis décadas, no pudieron matricularse jamás en una carrera de pregrado, o jóvenes de parajes rurales que no conocían lo que era realmente aprender una habilidad y conocimientos técnicos que les permitieran mejorar su calidad de vida, como tareas de cuidado.

El modelo, que fue traído por DVV International, ya ha sido importado en ciudades como Bogotá, Buenaventura o Corinto, en el corazón del Cauca.

Para Laura Alarcón, directora de DVV International, el modelo busca crear redes de aprendizaje a lo largo de Colombia para que quienes han estado al margen de la educación formal puedan tener una segunda oportunidad de aprender.

“La educación también es un derecho humano que debe ser garantizado a todas las personas de un país y una sociedad. El programa, que se compone de iniciativas, actividades y ofertas, mezcla educación formal, no formal e informal para contribuir a la garantía de ese derecho”, comenta.

El poder de lo empírico

No son pocas las historias en Colombia de adultos que, ya a su tercera edad, comentan que no pudieron acceder a una universidad o, en el peor de los casos, cursar los currículos de un colegio. También hay escenarios de personas completamente analfabetas que no pueden entrar al mundo académico debido a sus limitaciones. Por eso llega este programa: junta conocimientos de diferentes comunidades para reunirlas en un espacio y transmitirlas a cualquier persona que desee aprender algo nuevo.

“La educación formal no es la única educación. Esto es una apuesta, también acogida por la Unesco, donde todos los aprendizajes se reconocen, pero se complementan entre sí”, comenta Alaracón.

En el proyecto hay, por ejemplo, comunidades étnicas que enseñan algunos de sus saberes ancestrales sobre medicina, memoria o resiliencia y que nunca han pasado por un filtro académico pero aún así siguen siendo conocimientos fundamentales. Allí aparecen enseñanzas sobre cómo entender la naturaleza o de qué forma cientos de grupos indígenas o afro conviven con sus territorios en armonía.

En Corinto, Cauca, 106 personas, entre indígenas y campesinos, fueron beneficiarios y se graduaron de un programa que certificó que si bien no cursaron en aulas académicas, sí conocen cómo ser resilientes y enfrentarse a escenarios de conflicto armado y construcción de paz. La cohorte, graduada en alianza con la Universidad Pedagógica, reconoce que durante años esta comunidad caucana ha mostrado resultados para enfrentarse al narcotráfico y la guerra y en algún momento podrían enseñarle a otras poblaciones cómo hacerlo.

“El aprendizaje a lo largo de la vida se ha consolidado como un pilar para recomponer el tejido social y robustecer las comunidades desde los territorios, al tiempo que abre caminos de nuevas oportunidades. En ese sentido, pretende destacar su papel como impulsor de transformación social y subrayar la urgencia de posicionarlo como una prioridad en la agenda educativa del país”, acota Alarcón.

Exportando saberes

El modelo educativo que impulsa DVV International en Colombia se basa en el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, entendido como un proceso continuo que trasciende el aula y se construye en la vida cotidiana, el trabajo y la participación comunitaria. Su funcionamiento articula distintos niveles de acción: desde la incidencia en políticas públicas (macro), pasando por el fortalecimiento de redes y actores locales (meso), hasta la implementación directa de procesos educativos en territorios (micro).

En la práctica, esto se traduce en el apoyo técnico y financiero a iniciativas de educación formal, no formal e informal, con énfasis en poblaciones históricamente excluidas. El modelo prioriza metodologías participativas, el reconocimiento de saberes locales y la adaptación a contextos específicos, como zonas rurales, comunidades étnicas o entornos afectados por el conflicto.

La posibilidad de exportar estos conocimientos a otros territorios radica en su carácter replicable y en la construcción de capacidades locales. Más que intervenir de manera aislada, el modelo busca dejar instaladas metodologías, herramientas pedagógicas y redes de trabajo que puedan sostenerse en el tiempo.

A través de la formación de formadores, el fortalecimiento de alianzas multisectoriales y la creación de centros de aprendizaje comunitario, las experiencias exitosas se sistematizan y se convierten en referentes para otras regiones del país. Así, el aprendizaje no solo transforma comunidades específicas, sino que se proyecta como un ecosistema que puede adaptarse en distintos contextos de Colombia.

Así sucedió en algunas ciudades principales. Hay casos de éxito de jóvenes que han adquirido conocimientos sobre nuevas masculinidades y, gracias al aprendizaje, ahora hacen parte activa del cuidado del hogar y distribuyen la carga de cuidado entre hombres y mujeres.

En Bogotá, por mencionar otro caso, está la historia de una mujer que a su tercera edad cursa séptimo semestre de Trabajo Social: un sueño que jamás pudo materializar debido a las barreras económicas y estereotipos de género que reforzaban que “las mujeres deben estar en el hogar”.

“Juntamos a distintos, los ponemos a hablar, dialogar y llegar a acuerdos. Están construyendo futuros posibles en futuros imaginados; es decir, recoger experiencias diferentes pero que eventualmente lo que hablan repercuta en la agenda pública y sus realidades”, dice Alarcón.

Desde hace meses, el Colegio Buckingham ha venido ultimando detalles para implementar este modelo en su preescolar. Los resultados prometen ser esperanzadores. Los niños pueden desarrollar aún más habilidades que en otras fórmulas pedagógicas y, como aliciente, se utiliza el juego no como un espacio de ocio, sino como una forma de aprendizaje y formación. Y es que en los últimos años esta receta ha sido implementada en al menos 20 países e impactado a más de 10.000 niños que hoy cursan sus estudios sin presiones y con mayores chances de alcanzar su autonomía. El modelo le apunta a que la educación sea sinónimo de felicidad y de niños capaces de enfrentar los desafíos afuera de la escuela.

“En los primeros años de la infancia el juego desarrolla el mayor potencial. Pero no se incorporó a los currículos y se pensó como un espacio aparte. Este modelo lo entiende como una herramienta principal, para aprender y formar seres humanos”, comenta Juliana Salazar, rectora del Colegio Buckingham.

Un nuevo paradigma

El modelo finlandés plantea cambiar varios conceptos que han sido la norma a la hora de hablar de educación. El primero de ellos es la figura de un profesor que ostenta autoridad y dicta los caminos que cada estudiante debe seguir. En su lugar, el maestro escucha a los alumnos, y en una jerarquía horizontal los ayuda a explorar su curiosidad. No hay calificaciones ni estándares académicos que ejerzan presión sobre los procesos; sino un guía, en todo el sentido de la palabra, que educará a los jóvenes tanto en aspectos curriculares como en su formación como personas.

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Sandra Durán, magíster en Educación y profesora de la Universidad Pedagógica, considera que más allá de los cambios urge empezar a hablar de nuevas formas de pedagogía que se ajusten a los “nuevos tiempos”. “No podemos dejar atrás los pilares de la educación de lado: el arte, la exploración, el juego son fundamentales para entender quiénes son los niños, pero también para orientarlos fortalecidos en un mundo cada vez más competitivo”, recalca.

Pero aquí surge otro gran reto: la arquitectura de las aulas. Los espacios siempre han sido escenarios milimétricos con pupitres que, si bien han cumplido su función, no permiten explorar a cabalidad la curiosidad de los niños y los priva de otros espacios. HEI plantea salones donde haya conexión con la naturaleza, prevalezcan los colores y la autonomía sea la principal regla de cada clase.

El juego también hace parte del cambio. Mientras que miles de instituciones educativas separan la malla curricular, el modelo finlandés lo incorpora en un eje para que aprendan.

¿Cómo funciona? Salazar explica que el juego permite aprender habilidades lingüísticas, matemáticas, éticas, ciudadanas y emocionales, porque simula experiencias reales como compras en un mercado, votaciones democráticas y otras actividades que a fin de cuentas prepara a los estudiantes para la vida fuera de los colegios.

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Lasse Lipponen, doctor en Educación y uno de los artífices de HEI, aseguró a El Espectador que este modelo cambia el paradigma, pues “convierte el juego en una competencia fundamental del desarrollo”. “La educación es la mejor inversión que cualquier sociedad puede hacer. Inclinarse por el juego y la autonomía es un paso fundamental para niños que tienen la posibilidad de imaginar nuevos futuros en un mundo y presente tan incierto”, comenta el experto.

Fórmula comprobada

El modelo finlandés que se estrenará esta semana ha sido testeado en varias latitudes del mundo con buenos resultados, como por ejemplo Canadá, Argentina, Japón, Corea del Sur o China. Heikki Vartia, otro de los artífices del programa, comenta que esta nueva fórmula, por supuesto, tiene retos como la cultura de los países, colegios públicos que no tienen la infraestructura, capacidad o el presupuesto para implementarlo, pero al final se ven las ganancias de invertirle a la educación. De acuerdo con sus cálculos, cada centavo destinado a la educación y a este modelo puede multiplicar siete veces su valor.

Y es que Finlandia, que ha incorporado HEI en sus aulas, es un referente en educación. Así lo demuestran las pruebas PISA, donde el país nórdico ha encabezado los mejores resultados durante la última década entre un escalafón de casi 90 sistemas educativos del mundo. A los promedios de esos exámenes se suma una generación de jóvenes que, más allá de las calificaciones, tendrán fortalezas como la autonomía o entender los problemas y buscarles soluciones. Pero también 10.000 profesores, colombianos entre ellos, que podrán darle continuidad al proceso para las cohortes venideras.

“Los niños dan la pauta para aprender. Con esto buscamos que ellos elijan lo que ellos quieran ser. No hay un solo camino para el éxito. Las herramientas son las que les van a permitir decidir hasta dónde quieren llegar y cuál es su definición de éxito”, dice Salazar.

El gran reto ahora es que HEI se exporte a otros colegios de Colombia, tanto en Bogotá como en otras ciudades, y que a la hora de aplicarlo no se distinga entre educación pública y privada. La pregunta no es si funcionará, pues está más que comprobado que sí, sino cuándo y cómo se podrán traducir esos resultados en jóvenes con más oportunidades y capacidades para el futuro del país.

“Aprender a conocerse y aprender a decidir hace seres humanos felices”, concluye Salazar.

Las aulas escolares de Colombia están a punto de recibir un nuevo modelo educativo que podría reinventar la manera en que millones de niños cursan sus estudios. Se trata del HEI, un modelo proveniente de Finlandia que ha demostrado ser un referente internacional en nuevas pedagogías.

En el espacio estuvieron presentes expertos de diferentes rincones del mundo educativo que debatirán sobre la importancia de importar este modelo en Colombia y, ante todo, qué resultados puede traer esta nueva fórmula de pedagogía. Por ejemplo, Juliana Salazar, rectora del Buckingham, ocupó una silla para debatir cómo la cultura puede contribuir a integrar este modelo.

También participaron expertos en educación finlandesa, como Lasse Liponen o Heikki Vartia, profesionales en pedagogía que aportarán ideas sobre cómo este modelo europeo puede aterrizar en Colombia para transformar los currículos, pero también los futuros de cientos de niños gracias a este nuevo enfoque.

El HEI, fundado hace años por la Universidad de Helsinki (Finlandia), ha sido implementado en al menos 1.120 docentes de 20 países, como Japón, Argentina, Canadá, China o Corea del Sur. El modelo ha sido aplicado con 10.000 estudiantes que “han visto su educación adaptada a los desafíos contemporáneos y a las oportunidades para fortalecer y adaptarse a la realidad”, comenta el Colegio Buckingham.

El proceso es prácticamente idéntico. Cargar las lanchas, asegurar la tripulación y una vez encendido el motor, navegar río arriba para llegar al malecón. Los botes recorren los ríos Atrato, San Juan y Baudó buscando entregar pescado, enseres o uno que otro metal precioso que los mineros artesanales recogieron con sus bateas durante la jornada.

Pero ahora, los cauces de los ríos chocoanos no solo trasladan mercancías, también transportan derechos.

Hace 10 años, un grupo de artistas chocoanos se reunió para que potenciar la cultura en el departamento. Así que se propusieron, con el poder de la palabra, darle un segundo aire al lugar que los vio nacer y crearon El Flecho: la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó.

Una década después han logrado consolidarlo como una fiesta cultural imperdible para los habitantes y demostrar que Chocó, más que una “tierra de nadie”, es un territorio rico en cultura y personas que desean salir de la exclusión. El evento se ha convertido en un espacio al que asisten, en promedio, 13.000 personas de Bahía Solano, Quibdó, Istmina y Urabá para contar cómo el derecho a la cultura también es una forma de progresar.

“El Flecho no es solo un evento de literatura; es la oportunidad de generar un arraigo y contar con nuestra propia voz cuáles son nuestras necesidades, pero también los intereses y discusiones para salir de una narración donde el Chocó siempre ha quedado excluido”, explicó para El Espectador Velia Vidal, autora y fundadora del festival.

Si bien hablar de derechos usualmente se relaciona con el acceso a la salud, educación o una vida digna, la autora insiste en que la cultura también debe ser considerada como una garantía fundamental de las personas. “Nos permite imaginar nuevos territorios y pensar un futuro diferente al que los relatos usualmente nos guían”, dice Vidal.

Derecho a soñar

Hay quienes dicen que el Flecho inició oficialmente en 2016, cuando Velia Vidal empezó a llamar a cuanta persona conocía para colaborar con el festival. La idea sonaba bien: no eran muchos los espacios culturales que existían en las ciudades chocoanas. En algunas ciudades, como Quibdó por ejemplo, la cultura se reduce a una enorme biblioteca en la vía principal. En Turbo, por mencionar otro caso, no hay una sola librería. Pero eso no era sinónimo de acceso a derechos culturales, y mucho menos de oferta. Los anaqueles de la librería eran diversos, pero faltaban relatos de ciudadanos negros, indígenas y chocoanos en esas páginas, pues el 95 % de sus habitantes se reconocen dentro de una comunidad étnica.

Así que Velia empezó con su tarea. A algunos les propuso un canje con tal de ayudar a crear el festival. “Hay un invitado que queremos traer; usted pague un pasaje, yo pago el otro”, propuso en ese entonces. Buscó amigos que pudieran hacer donaciones económicas y también conocidos que pudieran abrir las puertas de sus casas para que los artistas visitantes se hospedaran. Incluso habló con el obispo de Quibdó para saber si la misericordia de la iglesia ayudaría al proyecto. Todas las puertas las encontró abiertas para crear el primer festival literario en la historia de Chocó.

La primera edición se hizo en las calles de Quibdó y duró solo cinco días. Como se trataba de un evento desconocido, no tuvo una asistencia multitudinaria. Pero conforme pasaron los años el festival fue adquiriendo más peso, recursos y voluntades. En 2025, para dimensionar lo que ha crecido, Flecho tardó 18 días, contó con más de 100 eventos culturales y recorrió los ríos chocoanos para llegar a 13.000 personas de Bahía Solano, Quibdó, Turbo e Istmina. Hoy recibe apoyos de gran escala y es considerado como uno de los “pesos pesados” por el Ministerio de Cultura y ya se han involucrado protagonistas como Penguin Random House o Planeta, dos grandes editoriales en el país.

El festival no cuenta con grandes chequeras para organizarse. Depende, más bien, de la solidaridad y las luchas comunitarias de los ciudadanos. Algunos, cansados de escuchar que en los parajes de su tierra solo se veían paros armados o catástrofes naturales, decidieron ayudar. Al festival se han sumado consejos comunitarios negros de varios municipios a la redonda, instituciones educativas o también grandes escritoras como María Victoria Palacios o Pilar Quintana. Incluso han llegado pescadores y lancheros que lo único que tienen para contar en un escenario es su vida alrededor del río, pero todos las voces valen cuando se trata de construir.

A las tarimas también llegó en una ocasión Neil Quejada, un sacerdote oriundo de Riosucio que ha dedicado su vida a defender la cultura afro e impartir mensajes de justicia a través de la prédica.

“Tenemos la oportunidad de mostrar cómo el pueblo negro ha contribuido a la construcción del Estado; algo que ni el país ni el propio Estado conocen. Aquí confluye la cultura, pero también la justicia simbólica y la reivindicación de todo un territorio a través de la palabra”, comenta Vidal.

Nuevo capítulo

Pero Flecho, más que un asunto cultural o de ocio, tiene otros propósitos en tierras chocoanas. El festival busca que la cultura sea vista como un derecho que debe ser garantizado y que en lugar de estar en espacios inalcanzables y ciudades principales, también puede llegar a las personas.

La mayoría de las capitales en Colombia tienen espacios de este estilo. Así sucede en Bogotá con la FILBO; Medellín con la Fiesta del Libro o quizá en departamentos más pequeños, como Caldas, Sucre o Córdoba. Chocó, por su parte, siempre esperó un turno que nunca llegó: los recursos se destinaban a asuntos más urgentes, como atender situaciones humanitarias causadas por los confinamientos militares o auxiliar los damnificados cuando la naturaleza causaba estragos climáticos.

Christian Vásquez, organizador de Flecho, comenta que uno de los propósitos del festival versa en ofrecer la cultura como un derecho a los chocoanos. “Todos tenemos también derechos culturales; la posibilidad de disputar narrativas hegemónicas en las que Chocó es marginal. Este festival desafía esos relatos y permite el derecho de soñar hacia un futuro distinto al que han tenido por generaciones sus habitantes”, asegura.

Y es que Vasquez realizó un estudio académico en donde analiza cómo la cultura y los libros pueden convertirse en el mejor activo de un territorio para lograr el progreso. El texto, por ejemplo, explora cómo un pueblo leído y con acceso a sus referentes culturales puede apostarle, primero, a superar los prejuicios raciales que lo han limitado. Y segundo, al formar jóvenes que en un futuro continúen dedicando sus vidas al territorio y el desarrollo de los suyos.

¿Cómo se logra eso? Vidal comenta que en la programación de Flecho se explora, por supuesto, algunos de los problemas que encarrilan la vida en Chocó a diario, como la violencia, la pobreza o la falta de oportunidades. Pero también se proponen espacios donde reforzar el arraigo por el territorio y las costumbres del departamento.

“Es un proyecto donde nos mostramos y buscamos ser noticia desde nuestra potencialidades, no desde nuestras necesidades”, asegura la escritora afro.

El último cronograma, por ejemplo, contó con muestras artísticas en donde los sabedores y ancianos narraban alguna historia particular sobre las costumbres afrocolombianas o cómo han perdurado algunas tradiciones a lo largo de los ancestros. Así sucedió en 2025 cuando explicaron cómo la música ha jugado su papel en la historia del Chocó, como sucede con los alabaos, el bullerengue o las rucas, tan conocidas en las calles de Bahía Solano.

También edifica una vitrina en la que docenas de artesanos, mineros artesanales y personas que viven del día a día puedan acceder a algunos ingresos y dar a conocer sus emprendimientos.

A futuro

El festival puede dar cuentas de lo que ha logrado en tan solo 10 años. Vidal comenta que, de acuerdo con sus registros, cerca de 800 niños son beneficiados e inducidos al mundo de la cultura gracias a Flecho. Pero para algunas generaciones más antiguas, los réditos quizá son más valiosos.

“Crecimos sin espacios de este tipo de espacios. Ahora todos saben que cada cierta época del año el malecón se pinta de literatura y hay un escenario donde podrán leer y acceder a este derecho”, subraya.

Después de tantos años de esfuerzo, Vidal considera que aún falta mucho por hacer; tanto para difundir la cultura en Chocó como para cambiar los imaginarios. Sin embargo, asegura que se ha dado un paso clave para cambiar la historia y la mentalidad del territorio.

“Cuando creamos esto pensamos en un motete: un canasto donde cualquier chocoano transporta enseres o comida. Ahora nosotros queremos un motete para el alma, cargar las cabezas y los pensamientos de sentido y oportunidades”, concluye.

Durante décadas, Colombia fue vista principalmente como un país receptor de ayuda internacional. Sin embargo, su transición a una economía de renta media-alta está cambiando las reglas del juego: menos recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), pero más protagonismo en nuevas formas de cooperación. En ese escenario, la Cooperación Triangular emerge como una de las apuestas más estratégicas del país para enfrentar desafíos persistentes como la desigualdad, el crimen ambiental o la productividad rural.

A través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), el país está impulsando un modelo que combina intercambios de conocimiento, financiamiento compartido y alianzas entre países del Sur Global y socios tradicionales del Norte. El objetivo es generar soluciones más adaptables, sostenibles y basadas en experiencias reales.

La Cooperación Triangular funciona bajo un principio clave: la horizontalidad. A diferencia de los esquemas tradicionales, donde un donante financia y un receptor ejecuta, este modelo reúne al menos tres actores: un país solicitante, un oferente del Sur —como Colombia— y un segundo socio, generalmente del Norte, que aporta capacidades técnicas o recursos.

Más que transferir dinero, el énfasis está en compartir conocimiento. Buenas prácticas, metodologías, innovación tecnológica y lecciones aprendidas se convierten en los principales insumos de intercambio.

Este enfoque cobra sentido en un contexto donde muchos países enfrentan problemas similares, pero tienen niveles distintos de desarrollo tecnológico o institucional. La clave está en conectar esas experiencias.

Este enfoque ha ganado terreno en un contexto global donde los países en desarrollo ya no solo demandan ayuda, sino que también ofrecen soluciones. Colombia, con experiencia en temas como paz, desarrollo rural o gestión ambiental, se posiciona como un actor clave en esa transformación.

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Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el proyecto Intercítricos, una iniciativa que une a Colombia, Cuba y España para enfrentar la crisis silenciosa de la caída de la producción de cítricos en América Latina debido a enfermedades que se han expandido por la región.

Desde 2004, cuando se detectaron los primeros brotes en Brasil, el impacto ha sido progresivo. “Hemos ido perdiendo producciones de cítricos y áreas sembradas en todos los países. ¿Cuál es el reto? El reto es recuperar esta producción, ya que países como Cuba, donde estamos en estos momentos, ha disminuido más de un 50 por ciento su producción y siempre queremos tener una naranja, un limón, una mandarina, porque forman parte de nuestra cultura. Gracias a estas donaciones, a este proyecto, estamos trabajando para recuperar este sistema productivo”, explica Lumey Pérez, entomóloga agrícola de AGROSAVIA, quien describe un fenómeno que ha reducido significativamente la oferta de frutas como la naranja o el limón, productos profundamente arraigados en la cultura alimentaria de la región.

En algunos territorios, la situación es aún más crítica. En Cuba, por ejemplo, la producción prácticamente desapareció. Un productor recuerda cómo pasaron de tener más de 3.000 hectáreas cultivadas a no contar con ninguna. “De más de 3.000 hectáreas plantadas con cítricos, hoy día no tenemos alguna. Y lo debemos en un lugar fundamental a la enfermedad, al Huanglongbing —también conocida como “enfermedad del brote amarillo”, la plaga más destructiva de los cítricos a nivel mundial. Hoy participamos en un evento donde implementamos la fe de volverlo a fomentar, y por eso no perdemos la ocasión de intercambiar con los que más saben, con los que más experiencia tienen, porque nos dedicamos desde mucho tiempo, desde nuestra juventud, a la producción de cítricos, y la vimos desaparecer llegando con esta empresa a haber obtenido rendimientos de entre 30 y 40 toneladas por hectárea a no tener alguno hoy. Para nosotros la economía dependía de los cítricos en su totalidad”, dice José Piñero, citricultor de Cuba, resumiendo no solo una crisis agrícola, sino también económica: comunidades enteras se mantenían con ese cultivo.

Aprender juntos para recuperar

Frente a ese panorama, la respuesta no puede ser aislada. Las enfermedades que afectan los cítricos —complejas y de rápida propagación— obligan a pensar en soluciones regionales.

“Las enfermedades que afectan a los cítricos son tan complejas que requieren que se trabaje de conjunto. Cada país no puede trabajar de forma aislada, son enfermedades que de hecho afectan de manera regional los esfuerzos y condiciones que tiene cada país. Si se comparten y se integran los conocimientos, si se intercambian las experiencias, tanto buenas como malas, realmente resulta clave para avanzar en el desarrollo de estas enfermedades”, advierte Lochy Bautista, investigadora titular del Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical (IIFT) de Cuba, quien explica que se trata de un problema que trasciende fronteras y exige trabajo conjunto.

Y agrega: “Un proyecto como Intercítrico nos ha permitido y seguirá permitiendo avanzar en este sentido, fortalecer capacidades, integrar conocimiento y, en definitiva, saldremos todos más preparados, con más condiciones para enfrentar el reto que representan estas enfermedades bacterianas”.

La Cooperación Triangular permite precisamente eso: integrar conocimientos, comparar experiencias —incluso los errores— y construir respuestas más robustas. En ese intercambio, países como España aportan avances tecnológicos, mientras que los países latinoamericanos comparten aprendizajes desde sus propios contextos productivos.

Los espacios de formación se vuelven entonces un punto de encuentro clave. Para los participantes, no se trata solo de recibir información, sino de actualizar prácticas y adaptarlas a sus realidades. “Nosotros tenemos la oportunidad de que países como España nos transfieran estos desarrollos de tecnología, así como Brasil, que tiene muchos años de experiencia en el cultivo de los cítricos”, señala la entomóloga Lumey Pérez, una de las asistentes a estos talleres, destacando el valor de acceder a conocimiento que no siempre está disponible localmente.

Pero el desafío no termina en la investigación. Llevar ese conocimiento al terreno es igual de importante. “Es importante que la información del conocimiento llegue a los productores. La capacitación de los citricultores es muy importante para que hagan la mejor estrategia para la toma de decisiones, lo que se debe hacer para manejar las enfermedades”, Renato Bassanezi, investigador de FundeCitrus de Brasil.

En medio de la incertidumbre, lo que se mantiene es la expectativa de recuperación. Algunos productores lo dicen sin rodeos: no han perdido la fe en que, con el conocimiento adecuado y su aplicación, podrán volver a niveles de producción similares a los del pasado.

Del campo a los tribunales: otro frente de cooperación

La lógica de la Cooperación Triangular no se limita al sector agrícola. También se está aplicando en uno de los problemas más complejos de la región: los delitos ambientales.

Estos crímenes —que incluyen la deforestación ilegal, el tráfico de fauna o la minería ilícita— no solo afectan los ecosistemas, sino que están vinculados a redes de corrupción y economías ilegales. Su impacto es global, pero América Latina concentra una parte significativa del problema: alberga el 60 % de la biodiversidad del planeta, mientras enfrenta algunas de las tasas más altas de pérdida de bosques.

En ese contexto surge Profor Ambiental, un proyecto que articula a Colombia, Paraguay y Argentina para fortalecer la capacidad institucional frente a estos delitos. La iniciativa busca mejorar la respuesta de fiscales, jueces, policías y técnicos en un escenario donde las dinámicas criminales evolucionan constantemente.

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Rosalía Fariña, jefe de departamento de la Dirección de Delitos Ambientales de Paraguay y quien participó en estos intercambios, señala que el valor del proyecto está en entender cómo se abordan los temas ambientales. “El poder haber participado de esta reunión de Profor Ambiental me permitió tener la visión de cuál es la situación y cómo se abordan los temas ambientales en Argentina y en Colombia, ver cuáles son los puntos comunes”, asegura Fariña.

El intercambio no es solo conceptual. También incluye herramientas prácticas desde el análisis de muestras entre laboratorios hasta metodologías para evaluar el impacto ambiental o rastrear redes criminales. Para los investigadores que participan, el aprendizaje es mutuo. No solo reciben conocimiento, también aportan desde su experiencia, fortaleciendo así sus propias capacidades.

Al final, el objetivo es compartido: mejorar la respuesta frente a un problema que afecta directamente a comunidades y territorios.

Nuevas reglas en la cooperación internacional

Detrás de estos proyectos hay un cambio más profundo en la arquitectura de la cooperación. Colombia no solo participa en iniciativas, también está ayudando a diseñar nuevos mecanismos.

Uno de los ejemplos más significativos es el Mecanismo Tripartito con Alemania y la Unión Europea, que creó un fondo conjunto con aportes iguales de cada socio. Este esquema rompió una lógica tradicional: por primera vez, un país latinoamericano transfirió recursos a un socio europeo para la gestión de proyectos.

A partir de esa experiencia surgieron nuevas plataformas como TriNova, que amplía los recursos y abre la puerta a más países y alianzas con socios como Japón, que incorporan temas como género, productividad y paz. En algunos casos, incluso se plantea un flujo inverso de aprendizaje: que países del Norte adopten prácticas desarrolladas en América Latina.

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“Con esta nueva convocatoria de TriNova, profundizamos una alianza de largo plazo entre Alemania y Colombia, generando nuevas oportunidades para abordar conjuntamente retos regionales y globales”, destaca Ulrich Hoecker, director país de GIZ Colombia.

Con más de 50 años de experiencia en Colombia, la cooperación alemana para el desarrollo ha contribuido al crecimiento económico, fomento del empleo, consolidación de la paz, cierre de brechas de género, cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de recursos naturales, entre otros temas.

“Con esta nueva convocatoria de TriNova, profundizamos una alianza de largo plazo entre Alemania y Colombia, generando nuevas oportunidades para abordar conjuntamente retos regionales y globales”, destaca Ulrich Hoecker, director país de GIZ Colombia.

Más allá de los proyectos específicos, lo que está en juego es un cambio de paradigma. La Cooperación Triangular refleja una transición hacia modelos más equilibrados, donde el conocimiento circula en múltiples direcciones y donde los países del Sur Global dejen de ser vistos únicamente como receptores de ayuda.

En Colombia, su tragedia no necesitó traducción.

Gabriel* se presentó frente a un grupo de la Red de Mujeres Buscadoras del Urabá. Contó que era uno de los miembros de las delegaciones internacionales y que sus abuelos fueron asesinados en una masacre en la década de los ochenta. También dijo que, desde entonces, su familia no tiene una tumba donde llorar a sus muertos. En su historia sintetizó un drama que miles de familias colombianas conocen de cerca: la desaparición forzada.

“Han pasado casi 40 años para mi familia sin que hayamos podido visitar ninguna tumba. En mi país el enfoque es más forense, de aplicación de la ley y de inteligencia militar. Este enfoque es algo nuevo para mí, el de tener una comunidad de buscadoras. Me han inspirado mucho. Cuando regrese intentaré buscar a mi abuelo. Colombia tiene mucha suerte de tenerlas”, expresó Gabriel.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la Segunda Ruta de Aprendizaje “Tejiendo igualdad de paz”, realizada como parte del encuentro impulsado por el Programa de Cooperación Sur-Sur en Construcción de Paz “De Colombia al mundo”, liderado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), con el acompañamiento de la Mesa de Paz del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC) y en articulación con la Estrategia África impulsada por la Vicepresidencia de la República.

Esa experiencia —la de encontrarse con el trabajo de las mujeres buscadoras como acto colectivo y de memoria sostenida, algo que no se vive en su país— refleja el corazón del programa de Cooperación Sur-Sur en Construcción de Paz: el aprendizaje mutuo. Es compartir con países que hoy afrontan retos similares como resultados de conflictos armados o de situaciones de violencia generalizada con profundos impactos humanitarios.

El programa cuenta con la participación de más de 13 actores estatales. Entre ellos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Defensoría del Pueblo, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Agencia para la Reincorporación y Transformación (ART), la Consejería Comisionada de Paz y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

También participan más de 12 organizaciones y plataformas sociales, incluyendo colectivos de mujeres –como el Colectivo La Comadre, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, la Alianza 5 Claves y GPAZ– y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Así como organismos internacionales como ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Misión de Verificación de la ONU.

Los aprendizajes que les ha dejado el Acuerdo de Paz a otros países

Los resultados del programa ya son palpables. Filipinas, por ejemplo, adoptó un modelo de descentralización inspirado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) –una de las principales apuestas del Acuerdo de Paz firmado con las FARC– y creó 18 Centros Provinciales de Paz y Desarrollo (PDC).

La República Democrática del Congo, por su parte, está adaptando su marco nacional de reparaciones, tomando como referencia el modelo colombiano de asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Otros países como Nigeria, Mozambique, Guatemala y México también participan de este aprendizaje compartido, que ha posicionado a Colombia como un referente global en políticas de paz, que han tenido como eje el Acuerdo que se firmó en La Habana hace 10 años.

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Justina Chinelo, oficial de género y principios humanitarios de la Dirección de Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo (NCTC) de Nigeria, lo ve con admiración. A pesar de los rezagos que persisten en su implementación –y que reconoce– dice que es “increíble”.

Lo más significativo para ella es que los firmantes del Acuerdo de Paz “no quieren que sus hijos lleven armas como ellos. Por lo tanto, están haciendo todo lo posible para garantizar el cumplimiento de este Acuerdo de Paz, mostrándose resilientes y buscando cosas a su alrededor que les hagan sentir cómodos. Están encontrando su fuente de sustento. Cultivan sus propios alimentos en lugar de esperar a que el Gobierno les dé algo”, señaló

Además de ese proceso de reincorporación que admira Chinelo, otro de los legados que dejó el Acuerdo de Paz es la JEP, que en 2025 emitió sus primeras sentencias restaurativas, bajo un modelo de justicia transicional que ha sido varias veces destacado a nivel internacional.

“Desde la Jurisdicción Especial para la Paz venimos haciendo un trabajo de apropiación del sentido social, del sentido común al sur global. De hecho, como pioneros en los procesos de justicia restaurativa “in situ”, venimos promoviendo el proceso participativo colectivo y comunitario en las comunidades. Partimos desde el respeto, desde la misma igualdad, desde la oportunidad, desde la misma confianza que se ha perdido a raíz del conflicto armado, para poder creer nuevamente en las instituciones”, dijo Miladis Córdoba Rivas, enlace territorial Urabá, Bajo Atrato y Darién, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Un reconocimiento de la Comisión de la Verdad

Esos esfuerzos de APC Colombia fueron reconocidos en febrero de 2026 a través de una carta firmada por Julia Eva Cogollo Cabarcas, activista afro y líder de la Ruta Cimarrona del Caribe, que le confirmó a la entidad que su trabajo en materia de paz iba por buen camino.

Cogollo, actualmente la presidenta del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) –una entidad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, encargada de esclarecer los patrones y las causas del conflicto armado interno– celebró los alcances obtenidos.

“Reconocemos y valoramos el liderazgo ejercido por APC Colombia en la consolidación de una cooperación internacional basada en la solidaridad, el aprendizaje horizontal y la corresponsabilidad entre países del sur global. Los avances expuestos reflejan un posicionamiento estratégico de Colombia como referente en construcción de paz, así como un compromiso decidido con la transformación de las causas estructurales de la violencia y la exclusión”, se lee en el reconocimiento que envió ese comité a la entidad.

Para el CSM, la articulación entre instituciones, la participación de organizaciones sociales y de mujeres, y la integración del enfoque de género en las Rutas de Aprendizaje son elementos que reflejan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

“Reiteramos nuestra disposición para continuar fortaleciendo la articulación entre el CSM y APC Colombia, con el propósito de potenciar la proyección internacional de las recomendaciones y contribuir a la consolidación de una paz sostenible, territorial y con enfoque de derechos”, escribió la presidenta del Comité al final del documento.

Las Rutas de Aprendizaje

“Nosotros acá en Colombia no queremos llorar más”, entonó un grupo de cinco cantadoras de Pogue-Bojayá, el pueblo de Chocó que hace 24 años vivió el que ha sido –quizás– uno de los episodios más cruentos de la guerra en Colombia: la masacre de 79 personas, entre ellas 45 niños, a manos de las extintas FARC-EP dentro de una iglesia, durante un enfrentamiento con antiguos grupos paramilitares de las AUC. El acto de memoria se hizo durante una de las Rutas de Aprendizaje del Programa de Cooperación Sur-Sur, que han sido claves en el proceso de poner a Colombia como un referente global de las políticas de paz.

La primera ruta, realizada en 2024, se centró en cuatro áreas estratégicas: desarme, desmovilización y reintegración (DDR), desarrollo territorial, reparación a víctimas y justicia transicional, y la arquitectura institucional y los mecanismos de financiación para la paz. Delegaciones de Filipinas, Nigeria, Camerún y la República Democrática del Congo conocieron programas y proyectos claves, y evaluaron cómo Colombia articula políticas de paz en contextos complejos, a partir de visitas en terreno en Cesar y La Guajira, entre ellos los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Pondores y Tierra Grata.

En 2025, la Ruta de Aprendizaje “Tejiendo igualdad y paz” puso el foco en la participación de las mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en la construcción de paz, así como en la integración de enfoques de género y diversidad en políticas, planes y acciones locales en materia de construcción de paz. Participaron representantes de Filipinas, Nigeria, Camerún, República Democrática del Congo, Mozambique, Guatemala y México, quienes adelantaron procesos de intercambio con comunidades, entidades y organizaciones en la región de Urabá y el departamento de Chocó.

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Para Mildred Luna, directora de Promoción y Educación en Derechos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, la experiencia fue reveladora. “Me siento muy halagada de poder ser parte de este grupo que hoy está acá en esta comunidad, donde hemos podido ver la reabsorción de las personas a la vida ciudadana después de la firma del Acuerdo de Paz acá en Colombia. Es admirable la labor que realizan las mujeres, principalmente esa fuerza y esa voluntad por salir adelante”, explicó Luna.

Las Rutas de Aprendizaje, que buscan mostrar lo que Colombia ha logrado, y convertir esa experiencia en un aprendizaje compartido que otros países puedan adaptar a sus propios contextos, no cesan. Para 2026 está prevista “Paz con la naturaleza”, una tercera ruta que abordará la relación entre vida, territorio y naturaleza. El objetivo es buscar nutrir, pero también dar a conocer la experiencia de Colombia en la construcción de paz con enfoque ambiental.

Para Claudia Patricia Palacios Parra, coordinadora del movimiento Ruta Pacífica de Mujeres Regional Chocó, ese intercambio de experiencias es un recordatorio de que la violencia que ha golpeado de frente a Colombia también la han tenido que vivir otros países.

“Creo que es una experiencia significativa, porque a veces pensamos que solo nuestro país enfrenta situaciones de violencia. Escuchar otras realidades nos sirve para fortalecer nuestras iniciativas de construcción de paz, que hoy más que nunca necesitamos. Necesitamos un país libre de guerras, miedos y violencia, donde se rompan las brechas de discriminación y aprendamos a respetarnos”, aseguró Palacios.

En sus palabras se resume parte del sentido del Programa de Cooperación Sur-Sur en Construcción de Paz “De Colombia al mundo”: compartir las experiencias de un país que conoce de cerca la guerra, y buscar también en las historias de otros formas nuevas de buscar la paz.

*El nombre del delegado internacional fue cambiado por solicitud de la fuente.

Un sistema pedagógico proveniente de Finlandia aterrizó en Bogotá. Se trata del HEI, la herramienta con la que miles de niños en Helsinki han visto cómo pueden aprender a la par que juegan, entienden y se forman para el futuro.

Un modelo educativo de avanzada llegó a la ciudad para que jugar y aprender no transiten por caminos separados. Se trata del Helsinki International Schools (HEI), una apuesta que propone desplazar el énfasis en la memoria y los resultados académicos hacia un aprendizaje centrado en la curiosidad, el bienestar y las habilidades socioemocionales.

La propuesta comenzó a implementarse en el colegio Buckingham, que adoptó esta metodología en su preescolar. El enfoque, desarrollado junto a la Universidad de Helsinki, reorganiza la experiencia en el aula: el juego estructura el aprendizaje, la exploración guía los contenidos y la autonomía se introduce desde los primeros años.

“Este modelo permite que los estudiantes desarrollen autonomía, creatividad y pensamiento crítico, fomentando una motivación genuina por aprender”, explica la institución, que desde 2025 avanza en su intención de consolidarse como el primer colegio finlandés del país.

Desde la experiencia

El cambio se expresa en la forma en que se construyen las clases. Los espacios abiertos, el movimiento y la interacción constante reemplazan la rigidez de las dinámicas tradicionales. El aprendizaje deja de organizarse en asignaturas aisladas y se articula en experiencias que integran habilidades lingüísticas, matemáticas y socioemocionales.

El juego, en este modelo, funciona como base metodológica. A través de actividades diseñadas con intención pedagógica, los estudiantes exploran conceptos, resuelven problemas y desarrollan pensamiento crítico.

Además, las calificaciones pierden peso en las aulas de clase, pues se da más importancia al proceso de aprendizaje y lo que realmente aprenden los niños.

Juliana Salazar, rectora del colegio, señala que esta lógica también transforma la relación del estudiante con el conocimiento. “Cada niño es el arquitecto de su propio aprendizaje. No se trata solo de adquirir información, sino de formar personas con autonomía, confianza y herramientas para enfrentar distintos escenarios”, afirmó.

“Generación Cero”

La implementación en Bogotá inicia con la denominada “Generación Cero”: un grupo reducido de niños de cuatro años que accede a beneficios económicos durante toda su trayectoria escolar, desde preescolar hasta grado 11. La cohorte funciona como punto de partida de esta metodología en el país y concentra la primera aplicación del modelo en contexto local.

El despliegue del programa incluyó inversión en infraestructura, formación docente y la adquisición de la licencia internacional de HEI. El equipo de preescolar fue certificado en el enfoque finlandés antes de su puesta en marcha, mientras los espacios se adaptaron para favorecer la exploración, el movimiento y el vínculo con el entorno, con huertas, zonas artísticas y ambientes abiertos.

El énfasis está en la autonomía desde edades tempranas. A los cuatro años, etapa clave para el desarrollo cognitivo, emocional y social, el modelo promueve la toma de decisiones, la interacción y la curiosidad como motores del aprendizaje. La evaluación se orienta a procesos y evita la competencia o la estandarización temprana.

“En muchos preescolares el juego existe. Pero una cosa es permitir jugar y otra muy distinta es que la metodología de aprendizaje sea jugar. En el modelo finlandés, el juego es el currículo. Esperamos que cuando estos estudiantes estén en grado 11 sean jóvenes seguros de sí mismos, con pensamiento crítico, creatividad, mente abierta y habilidades socioemocionales sólidas para elegir su propio camino”, comenta Salazar.

Referente global

El sistema educativo finlandés se mantiene como un referente internacional, con resultados que superan de forma sostenida el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en pruebas como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). A esto se suma su posición reiterada como uno de los países con mayores niveles de bienestar, de acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad.

El traslado de este modelo a Bogotá introduce una discusión sobre su alcance y sus condiciones de implementación. La propuesta se desarrolla en el marco de una institución privada y se articula con el Bachillerato Internacional, lo que configura una trayectoria educativa con estándares globales desde la primera infancia hasta la educación media.

La llegada del HEI pone sobre la mesa una pregunta de fondo: el lugar del bienestar dentro del aprendizaje y el tipo de formación que se construye desde los primeros años. En ese escenario, la discusión no se agota en cómo aprenden los estudiantes, sino en las condiciones que definen quiénes pueden hacerlo bajo este modelo.

Para Salazar, la llegada del modelo finlandés puede convertirse en un producto de exportación a otras latitudes del país. Sus resultados, comenta la rectora, podrían cambiar el panorama en cómo se han impartido clases en el país: de memorizar y calificar a los estudiantes hacia un modelo en que su bienestar y creatividad sean el centro del proceso.

En una visita a territorio, acompañé a las mujeres de Tumaco a una de las piscinas de cría de camarón y, durante la travesía en lancha, el manglar fue nuestro vigía. Al chocar contra el oleaje, observaba cómo, con sus hermosos cruces de raíces, los árboles de mangle se abrazaban para crear una barrera que contribuye a conservar la biodiversidad, proteger las costas, ser fuente de recursos para las economías locales, mitigar el cambio climático y ser un filtro para la vida y la paz.

En este y otros recorridos de fortalecimiento regional, he tenido la fortuna de compartir con las comunidades sus apuestas para sustituir cultivos de uso ilícito por café y cacao, restaurar el bosque seco tropical, brindar soluciones fotovoltaicas para una transición energética justa y contribuir a la construcción de paz, entre muchas otras iniciativas que responden a las necesidades de desarrollo territorial.

Una ruta similar transita el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC), cuya puesta en marcha inició en el actual Gobierno. En este Sistema, como el entramado de mangle, se han interconectado 26 espacios de articulación territorial, así como 11 mesas sectoriales e intersectoriales. En ellos, las regiones y los sectores de Gobierno, junto a otros actores, priorizan sus necesidades y las concretan en proyectos o iniciativas para ser tramitadas; fortalecen y comparten sus capacidades en un maravilloso proceso de cogestión de asistencia técnica y financiera; y reconocen en el otro su valor, su saber y sus recursos.

De la misma forma que el manglar teje una red de cuidado y soporte, el Sistema ha diseñado una arquitectura institucional con una capacidad instalada que permite la integración, interconexión y maximización del impacto social de los proyectos y genera un mayor apalancamiento y eficiencia de recursos, en una gobernanza colaborativa con soluciones comunes que responden a las prioridades nacionales y territoriales del país.

Un ejemplo de esta suma de esfuerzos que multiplica impactos, la podemos evidenciar en la financiación de más de 2 millones de dólares del proyecto: «Restauración de bosques para la resiliencia ambiental y la construcción de paz con comunidades rurales en la región del Caribe», que fue aprobado en el Plan de Acción del Fondo Colombia Sostenible, y que impactará a La Guajira, Bolívar y Magdalena.

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Esta travesía del Sistema contiene un trabajo oculto, como las raíces del mangle que se entrelazan bajo el agua para ser refugio, proveer sustento y adaptarse a los desafíos naturales. Así, el Sistema se vuelve espejo para transformar y mejorar la calidad de vida de las mujeres piangueras y cacaoteras, para brindar seguridad alimentaria al campesinado y para cerrar las brechas sociales y construir la paz territorial en el país.

Al dejar atrás las aguas, bajé de la canoa, pero el mangle se quedó en mí, en mi sistema, porque el Sistema es nuestro manglar, porque la cooperación está en nuestro Sistema.

*Columna de opinión realizada por la Directora de Coordinación Interinstitucional de APC Colombia

Articular la cooperación internacional en Colombia había sido, durante años, un desafío para los actores involucrados. Para responder a esa necesidad, y en medio de un contexto global marcado por recortes y tensiones diplomáticas, el país puso en marcha un mecanismo que coordina estos esfuerzos bajo una misma estructura con el objetivo de dar un lugar estratégico a las agendas regionales y movilizar recursos que respondan a las prioridades de los territorios: el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC).

Implementar esta herramienta —creada a través del Decreto 603 de 2022— es la apuesta del Gobierno para superar la desarticulación interinstitucional, uno de los desafíos más importantes que afronta la institucionalidad colombiana. Detrás de su arquitectura hay tres actores clave: el Ministerio de Relaciones Exteriores, que traza la política exterior; el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que define las prioridades de desarrollo; y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), que articula y acompaña técnicamente a los territorios.

Para Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, el valor del sistema está en que ha permitido avanzar en tres objetivos de Estado: “En primer lugar, diversificar las relaciones de Colombia con el mundo y llegar a regiones del sur global que no estaban dentro de las tradicionales. En segundo lugar, llevar la ayuda, las lecciones y el conocimiento de otros países a los territorios, es decir, poner la política exterior y la cooperación al servicio de las regiones. Y, en tercer lugar, adaptarse a un escenario internacional cambiante, en transformación”.

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Los resultados de esa apuesta empiezan a verse en cifras, pero también en cómo opera este Sistema. En total, se han identificado 137 iniciativas que se clasifican en cinco modalidades: Ayuda Oficial al Desarrollo, Cooperación Sur-Sur, Cooperación Triangular, cooperación intranacional Colombia enseña a Colombia (Col-Col) y Contrapartida Nacional —en la que el país también pone recursos para cofinanciar iniciativas—. De ese total, 68 están en ejecución, aprobadas o finalizadas. En conjunto suman una movilización de 90,8 millones de dólares y una cobertura de 30 departamentos.

Ese alcance va de la mano de una red de espacios donde la cooperación se aterriza: 26 instancias territoriales —entre mesas, comités y consejos— y 11 espacios sectoriales e intersectoriales en los que se define, ejecuta y hace seguimiento a los planes de trabajo en cooperación. Es ahí donde el diseño institucional del sistema se traduce en gestión.

Para Sandra Bermúdez Marín, directora de Coordinación Interinstitucional de APC Colombia, el SNCIC “es una herramienta viva que no solo le da un lugar prioritario a las regiones, articulando actores, acciones y procesos en los niveles nacional y territorial, sino que impulsa la gestión estratégica de la cooperación no reembolsable, promueve el fortalecimiento de los flujos de Cooperación Sur-Sur y triangular, facilita la adecuada priorización de demandas y ofertas, y contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas mutuas”, explica.

En términos concretos, esa visión estratégica se traduce en una mayor capacidad para orientar los recursos hacia donde más se necesitan. Martha Cecilia García, subdirectora general de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del DNP dice que “el Sistema ha permitido concretar de manera más efectiva la oferta de cooperación con las necesidades y prioridades del país. Desde esta perspectiva, la cooperación internacional se consolida como una herramienta clave para fortalecer las capacidades territoriales, cerrar brechas y acelerar la ejecución de proyectos de alto impacto para la región”.

En la práctica —explica— la articulación se ve en figuras como los pactos territoriales, que organizan mejor la llegada de recursos, alinean a las entidades y enfocan la inversión en proyectos estratégicos en regiones que históricamente han estado rezagadas.

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El encuentro dejó una idea de fondo: el Pacífico empieza a verse a sí mismo como un actor con capacidad de proyectarse en el Sur Global, no solo como receptor de cooperación, sino como generador de iniciativas en sostenibilidad, integración regional e innovación social.

Jair Blandón, director de Cooperación de Chocó, destaca la importancia de estos espacios para articular la acción local con la cooperación internacional. “Es muy estratégico, necesario y ganador para la región Pacífico y para el territorio que este tipo de eventos se realicen acá porque generan la presencia y el acompañamiento de la institucionalidad a los territorios en la planeación estratégica de la cooperación internacional. Fundamental que nos convoquemos todos alrededor de la institucionalidad y que el Sistema Nacional siga operando como eje articulador de la cooperación”, dice.

“Golondrina sola no llama agua”

Ese mismo enfoque —el de fortalecer la coordinación entre actores locales y cooperación internacional— se observa en otras regiones. En el Caribe, por ejemplo, el encuentro territorial sirvió para aterrizar esa conversación en proyectos concretos; identificar nuevas oportunidades, como convocatorias, becas y subvenciones, y reforzar una idea que atraviesa todo el sistema: Colombia no solo recibe cooperación, también la ofrece, especialmente en el marco de la cooperación Sur-Sur.

En medio de ese ejercicio, se anunció la aprobación del proyecto “Restauración Ecológica Caribe”, una iniciativa liderada desde La Guajira y Bolívar que hace parte de otro de los logros que ha tenido el SNCIC, representado en 12 proyectos de Contrapartida Nacional.

La iniciativa de la Región Caribe —financiada con recursos del Fondo Colombia Sostenible y ejecutada por Amazon Conservation Team— combina restauración ambiental con seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. Su duración está prevista para 36 meses y se implementará en municipios como Dibulla, Aracataca y El Guamo.

Andrea Guancha, enlace del sistema en La Guajira, explica que la iniciativa busca restaurar ecosistemas en tierras pertenecientes a mujeres de la asociación, integrando este proceso con su sustento. El proyecto también promueve prácticas sostenibles, como el uso de cocinas ecológicas, y formación técnica para reducir el impacto ambiental y enfrentar el cambio climático.

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Para el departamento —añade Guancha— este tipo de proyectos pone la mirada en territorios que han sido olvidados por el Estado. “Es una gran noticia como departamento de La Guajira, un departamento que históricamente ha sido olvidado por el Estado. Es beneficioso y además es un éxito que en departamentos como los de la periferia de Colombia puedan llegar este tipo de proyectos a beneficiar a poblaciones que realmente han sido totalmente vulnerables a la violencia que se ha presentado en Colombia”, dice.

Otro de los proyectos que ha surgido bajo este esquema es una iniciativa en Caquetá que busca transformar la producción ganadera: el Programa de Producción Láctea Sostenible con Valor Agregado e Innovación para la Conservación Amazónica (Quesería rural).

En el corazón del programa están 130 familias campesinas de Cartagena del Chairá que producen queso picado salado como estrategia de sustento. La iniciativa busca convertir esa práctica artesanal en un modelo más seguro, estandarizado y sostenible, combinando innovación productiva con conservación ambiental. Para lograrlo, articula a entidades como el SENA, el ICA y el Banco Agrario con organizaciones locales y de cooperación internacional.

Ana María Ruiz, enlace territorial del sistema en Caquetá, ve en ese tipo de articulación el sentido mismo de la cooperación en el departamento. “Es una confluencia de esfuerzos que ayuda al cumplimiento de indicadores del plan de desarrollo departamental y al cierre de brechas”, explica. Iniciativas como esta, añade, revierten una vieja lógica: la de los proyectos formulados desde el centro y aplicados en el territorio. Ahora son las propias comunidades las que saben qué necesitan y cómo lograrlo.

La apuesta al final no es solo a mejorar la producción, sino hacerlo de manera sostenible, con acceso a mercados y fortalecimiento organizativo. En el fondo refleja el mismo cambio que busca el Sistema Nacional de Cooperación Internacional: que las regiones no solo reciban cooperación, sino que la conviertan en proyectos concretos con impacto directo en sus territorios.

O como lo resume Ruiz con un refrán del Caquetá: “Golondrina sola no llama agua. La cooperación es llamar a muchas golondrinas a que llamen agua”.

En medio de los cañaduzales que crecen al oriente de Cali un nuevo proyecto empieza a echar raíces. Es una pequeña cabaña de 100 m2 que necesitó de guadua, una docena de tanques plásticos y años de esfuerzos comunitarios para dar inicio al funcionamiento a la Planta de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos: un símbolo de cómo los habitantes de la Comuna 15 lograron sortear decisiones adversas, silencio administrativo y el estigma.

La semana pasada El Espectador asistió a la inauguración del Centro, hoy considerado como una apuesta lograda a punta de esfuerzos en la Comuna 15 y que promete en el corto plazo convertirse en referente ambiental en Colombia.

En el papel, la compostera significa el buen manejo de al menos 36 toneladas de desechos orgánicos al año y la producción de abono para utilizar en cualquier cultivo. En la realidad, los réditos van mucho más allá: ofrecerá empleo, desarrollo y un ejemplo vivo de que los grandes proyectos también pueden ser propuestos y administrados por los ciudadanos.

La iniciativa contó con el apoyo económico de SwissContact y la luz verde de las autoridades locales, tales como la Alcaldía de Cali y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de la capital vallecaucana, pero en esta historia, son los caleños los verdaderos protagonistas.

El poder de alzar la voz

Los líderes barriales de la Comuna 15 aún recuerdan el temor que sintieron en 2023 cuando se anunció que a pocos metros de sus viviendas se empezarían a disponer desechos y basuras indiscriminadamente. Con solo asomarse por sus ventanas verían los guayacanes, una vertiente del Río Meléndez, pero también enormes montañas de basura que a su vez atraerían inseguridad, pestes y aún más estigmas para las calles del oriente de Cali. Por años estuvieron acostumbrados, no sin argumentos en contra, a que se asociara la Comuna con criminalidad, desorden o se evocaran esos recuerdos de miles de personas que la guerra desplazó en Valle del Cauca y ante la necesidad de encontrar un nuevo hogar tuvieron que asentarse en los barrios aledaños a los ríos de Cali.

“Nos decían: ´¿De qué se quejan si ustedes siempre han vivido entre la basura?´. No teníamos permitido disentir”, aseguró a este diario uno de los líderes de la Comuna.

La administración de esa época, ante una crisis en la gestión de residuos, planteó que un enorme lote en esa Comuna empezara a recibir los desechos que el botadero de Navarro, a unos cuantos kilómetros, no podía gestionar ya por ser el destino de millones de carros de basura desde 1969. Así que planteó que miles de toneladas de escombros fueran dispuestos en la Comuna 15; una decisión que a todas luces representaba más un problema que una solución de fondo el cataclismo sanitario que se vivía en la sucursal del cielo, pues significa llenar hasta la saciedad un terreno de casi 44.000 m2 con basuras sin tratar.

Hubo quienes hicieron predicciones sobre lo que podría pasar. Uno de los vecinos calculó que de seguir el proyecto podrían vivir frente a una loma de basuras pestilentes “tan ancha como el Estadio Pascual Guerrero y casi igual de alta como el Cerro de las Tres Cruces”.

Pero los líderes no lo permitieron. José Luis Burgos, un abogado cansado de escuchar que la Comuna siempre estuvo sumida en las basuras, decidió organizar a los demás vecinos e impedir la apertura del botadero.

Para el líder comunitario, la tarea era poco más que un imposible. Se enfrentaban a decisiones ya firmadas y sus voces, aunque claves para una democracia, a veces se perdían entre tanta burocracia. El jurista reunió las voces de protesta de al menos 500 vecinos y se organizó con ellos para impedir ese proyecto.

“Nos reunimos en las casas de la Comuna y decidimos oponernos al proyecto sin manifestación alguna de violencia. Hoy vemos que alzar la voz tiene sus resultados: nuestro presente y futuro se organizará en torno a las luchas comunitarias y un cuidado responsable del medio ambiente”, comenta Burgos.

Fórmula sostenible

La Planta Comunitaria de Compostaje, comenta Andrés Cortés, coordinador de Ciudades Circulares de SwissContact, significa más que un pequeño espacio en el oriente caleño para manejar adecuadamente los residuos. Y es que esta obra de infraestructura, tasada en al menos USD 126.000, cambia el paradigma de gestionar los desechos en Cali.

“Lo que antes era considerado como basura o elementos inútiles, ahora la comunidad lo considera como un residuo que se puede aprovechar para segundos y terceros usos. Es un modelo circular donde además de volver a aprovechar lo que ya se usó una vez, genera ganancias económicas y sociales para la Comuna 15”, subraya Cortés.

En el papel, la Planta recibirá decenas de toneladas de desechos orgánicos que las grandes corporaciones de Cali producen y que en lugar de verlas descomponiéndose, llegarán al centro para ser tratadas. Además tiene planteado la recolección y correcto aprovechamiento de los lixiviados (líquidos producto de la descomposición orgánica): en lugar que lleguen al suelo y contaminen los cuerpos de agua, como el río Meléndez o el Cauca, serán almacenados y tratados, por ejemplo, para crear combustibles y energías sostenibles como lo es el bioetanol.

Una vez en el Centro, las cáscaras de frutas o desechos de comida son depositados en 12 tanques plásticos dispuestos para acelerar la descomposición de la materia orgánica. La fórmula es simple: los residuos son combinados con aserrín y en cuestión de dos meses, lo que para millones de personas puede ser simplemente basura, se convierte en un abono natural que puede utilizarse para todo tipo de cosechas.

Pero hay opiniones que consideran el proyecto como un laboratorio de progreso en el oriente caleño. Burgos, el líder que ha encabezado la lucha, construcción y ahora inauguración de la Planta, considera que en cuestión de meses la criminalidad, que en el pasado ha sido protagonista del sector, ahora será reemplazada por progreso y oportunidades. “La Planta genera hoy ocho empleos directos y con el tiempo será una bola de nieve que nos traiga más empleo, pero también ingresos y oportunidades para los jóvenes de la Comuna. Si hay futuros pavimentados para no caer en la informalidad o la criminalidad, claro que podemos estar hablando de un modelo donde ganemos todos”, cuenta Burgos.

Exportando sostenibilidad

En Colombia hay cientos, sino miles, de proyectos ambientales que buscan alguna alternativa al manejo masivo de basuras. Solo en Cali hay 107 intentos que hoy buscan que las calles dejen de ser el destino de los desechos y que la ciudad sea sostenible a largo plazo a la hora de manejar sus basuras.

Pero Cortés comenta que la iniciativa en la Comuna 15 puede marcar un antes y un después, tanto para Cali como para el resto del país.

“El proyecto ha demostrado que no se requieren grandes inversiones ni infraestructuras para ver los frutos de un modelo circular y sostenible. El resultado de esta Planta tiene como factores a los ciudadanos que se preocupan, una Alcaldía que los escuchó, pero aún más importante, la voluntad de querer transformar el territorio”, asegura el experto.

Hoy el proyecto, cuenta Cortés, no le costará un solo centavo a la comunidad, pues desde sus cimientos se pensó como un modelo circular en donde las ganancias, ambientales y sociales, sean mayores a los gastos. La Planta tiene paneles solares que costean la carga eléctrica, convenios con grandes productores de desechos que harán llegar los contenedores al sitio y, como último aliciente, acuerdos para que el abono que se produzca allí se comercialice y genere dinero que pagará los sueldos de quienes mantienen en pie el negocio.

“No es solo infraestructura o un proyecto ambiental, es gobernanza lo que logró la Comuna 15. Lo que fue un problema se transformó en una oportunidad que sin duda cambiará a Cali y sus próximas generaciones”, concluye Cortés.

Durante décadas, África ocupó un lugar marginal en la política exterior colombiana. Las bases que estructuran la Estrategia África, liderada por la Vicepresidencia de la República, en alianza con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), parten justamente de ese diagnóstico: la necesidad de cerrar un rezago histórico en las relaciones con ese continente y construir una agenda sostenida que permita ampliar los vínculos políticos, económicos, culturales y de cooperación con una región tan diversa como estratégica.

La Estrategia África 2022-2026 propone avanzar en esa dirección mediante una hoja de ruta orientada a profundizar las relaciones bilaterales y regionales con países africanos y a consolidar alianzas entre instituciones públicas, organizaciones sociales, academia y sector productivo de las dos regiones.

En el centro de esa apuesta está la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular, concebidas como mecanismos para fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre países que comparten desafíos similares en materia de desarrollo, desigualdad, cambio climático o seguridad alimentaria.

La estrategia, desde el punto de vista técnico, organiza ese trabajo alrededor de cuatro grandes líneas temáticas: agricultura sostenible y soberanía alimentaria; construcción de paz y reparación histórica; diálogos culturales Colombia-África y procesos de la diáspora africana; y transición energética y cambio climático.

A estos ejes se suman enfoques transversales orientados a fortalecer la gobernanza de la cooperación y el uso de datos para el desarrollo, con el objetivo de asegurar que las iniciativas respondan a necesidades reales de los territorios y generen impactos sostenibles en el tiempo.

Un diálogo entre regiones

En ese contexto, Colombia será sede entre el 18 y el 21 de marzo del Foro de Alto Nivel CELAC–África, un encuentro que reunirá representantes de América Latina, el Caribe y países africanos para fortalecer la cooperación entre ambas regiones (ver balcón).

En el marco de ese foro, hoy se desarrollará la jornada “CELAC y África frente a un mundo en transformación: Bases para una cooperación estratégica”, orientada a identificar oportunidades de colaboración y a construir una agenda conjunta en temas como asuntos sociales, soberanía alimentaria, innovación, seguridad humana y construcción de paz.

Para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, este tipo de espacios permiten fortalecer las alianzas entre regiones que comparten retos similares y que pueden encontrar en el intercambio de experiencias una herramienta para enfrentarlos.

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Además de los canales diplomáticos, la cooperación también se construye a través de intercambios directos entre territorios. Rutas de aprendizaje, talleres y visitas de campo que permiten que funcionarios, investigadores, líderes sociales y representantes de organizaciones conozcan experiencias desarrolladas en otros países y dialoguen sobre soluciones a problemas compartidos.

Una de esas experiencias reunió a participantes de distintos países en una ruta de aprendizaje sobre gestión comunitaria y adaptación climática. Entre quienes participaron estuvo Zabawi Yenengo, representante de Conservación Internacional en Liberia y del Proyecto Acelerador de Adaptación.

Durante los días de intercambio —marcados por recorridos territoriales, conversaciones con comunidades y discusiones técnicas— Yenengo fue identificando algunos de los elementos que más llamaron su atención. Al intentar resumir lo aprendido, lo plantea de forma directa:

“He aprendido mucho, pero le daré tres puntos positivos”. El primero tiene que ver con la participación social. “Es la participación de las mujeres y los jóvenes. Es difícil ver eso en nuestro país y realmente lo aprecio”.

El segundo aprendizaje, dice, se relaciona con la manera en que las comunidades gestionan sus recursos naturales y utilizan herramientas tecnológicas para monitorearlos. “Y la tecnología para monitorear sus recursos, lo que tienen, y no solo usar tecnología, sino también monitorear constantemente la gestión de sus recursos y su organización, su respeto, su cultura; el trabajo en equipo ha triunfado”.

El tercer aspecto que destaca está relacionado con la autonomía comunitaria. “Y no dependen completamente del gobierno ni de las ONG. Pero donde (yo) trabajo, (se puede) ver que dependen de las ONG y me gustaría trasladar eso a Liberia y animarlos a trabajar por su cuenta”.

Experiencias como esta reflejan uno de los principios centrales de la Cooperación Sur-Sur: la posibilidad de aprender de prácticas que ya funcionan en otros contextos del Sur Global y adaptarlas a realidades distintas.

Iniciativas que conectan regiones

Ese tipo de intercambios forma parte de una red más amplia de proyectos impulsados en el marco de la Estrategia África. En los últimos años Colombia ha desarrollado diversas iniciativas de cooperación con países africanos, muchas de ellas enfocadas en sectores como agricultura sostenible, fortalecimiento institucional, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, salud y construcción de paz.

Estas iniciativas buscan compartir conocimiento técnico, promover el aprendizaje mutuo y fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en ambos lados del Atlántico.

En muchos casos, esos encuentros se convierten en espacios donde las experiencias locales dialogan con agendas globales como la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria o la construcción de paz.

Cooperar para la paz

Entre quienes participan en los intercambios impulsados por estas iniciativas también hay representantes de otros países de América Latina. Es el caso de Araceli Rodríguez Morán, funcionaria de la Secretaría de Agricultura de México.

Durante los encuentros, una de las preguntas que surge con frecuencia es qué significa realmente la paz en contextos tan diversos. Para Rodríguez Morán, la respuesta está ligada a la vida cotidiana de las personas.

“Para mí la paz significa la felicidad de la gente, o sea, no puede haber una paz si la gente no es feliz. Tenemos que aspirar a que la gente tenga dignidad, a que la gente disfrute de cada momento de su vida y que pueda sonreír con facilidad”.

El intercambio también le permitió observar de cerca experiencias de reconstrucción social en países que han atravesado conflictos armados.

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“Bueno, la verdad es que me voy impactada porque estamos hablando de países que vienen de procesos militarizados, en donde están tratando de reconstruir las vidas de muchas mujeres y bueno, pues creo que eso me lo llevo porque nosotros no tenemos esa experiencia, digamos, en términos de salir de una guerra, pero sí tenemos la experiencia de la violencia intrafamiliar”.

En ese proceso, explica, la igualdad de género es un elemento fundamental.

“La igualdad de género es, digamos, lograr que se den las condiciones necesarias para la participación de las mujeres; o sea, no solo es paridad, es generar condiciones para que las mujeres puedan integrarse a todos los ámbitos de la vida política, social-comunitaria, familiar, etcétera”.

Cuando se le pregunta qué significa cooperar, lo describe como un ejercicio colectivo.

“La cooperación es generar tareas que nos lleven a la colaboración, poder intercambiar desde estrategias hasta, digamos, consejos sobre cómo podemos abonar a un fin común”.

Y cuando imagina el horizonte de ese trabajo compartido, lo expresa de forma sencilla: “En un mundo en paz en donde podamos convivir todos, todas, todes, y que podamos hacerlo en armonía y que podamos hacerlo en paz”.

La Estrategia África busca consolidar esta reconexión en el largo plazo, ampliando los espacios de cooperación entre América Latina y el continente africano y promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre regiones que comparten desafíos globales.

Son esos intercambios —como el que vivió Zabawi Yenengo— los que terminan dando forma a una red de aprendizajes compartidos entre territorios distantes, pero conectados por problemas comunes y por la búsqueda de soluciones propias.

En ese proceso, África deja de ser un actor lejano en la política exterior colombiana para convertirse en un socio estratégico con el que se construyen nuevas rutas de cooperación desde el Sur Global.

En los últimos años, algunas de las soluciones desarrolladas por instituciones colombianas para enfrentar desafíos propios del país —desde la productividad agrícola hasta la gestión ambiental o las políticas de cuidado— han comenzado a despertar interés más allá de sus fronteras. Lo que empezó como respuestas locales a problemas concretos hoy forma parte de un conjunto de experiencias que otros países, entre ellos muchos del Sur Global, observan con atención y, en muchos casos, buscan adaptar a sus propios contextos.


Ese conjunto de experiencias está organizado en el Portafolio de Oferta de Cooperación Internacional de Colombia, una herramienta que reúne buenas prácticas desarrolladas por entidades públicas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos territoriales que han demostrado resultados y que pueden compartirse mediante cooperación técnica con otros países (ver gráfica).


Daniel Rodríguez Rubiano, director de Oferta en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, señala que, pese a que la Cooperación Sur-Sur se basa en el principio de la demanda, los portafolios de oferta de cooperación permiten organizar aquellos temas en los que el país tiene mayor experiencia y reconocimiento internacional, que tienen resultados medibles y que pueden ser implementados en otros contextos.

“Eso es lo que hace el Portafolio de Oferta de Colombia, tomar aquellas buenas prácticas que otros países ya han demandado y están ciento por ciento probadas, que tienen resultados y que incluso tienen reconocimientos internacionales, para entregar esto a otros países del Sur Global, como una guía en los temas en los que Colombia puede ser un oferente de cooperación internacional”, apunta Rodríguez.


Entre las experiencias del actual Portafolio de Oferta que hoy concentran mayor atención hay dos iniciativas desarrolladas por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA): AlimenTro y “Dr. Agro”. Ambas forman parte del portafolio colombiano y han sido compartidas con varios países del Caribe interesados en fortalecer sus sistemas productivos agrícolas y ganaderos. Su impacto y su capacidad de adaptación en distintos contextos las han convertido en referentes dentro de la oferta de cooperación del país.


Al menos COP 530.000 millones de pesos han sido vinculados a hechos de corrupción y desvío de recursos públicos, conforme a la información que ha recibido la Línea Anticorrupción 157.

A diario, 35 funcionarios de la DIJIN de la Policía Nacional reciben las llamadas que los ciudadanos realizan, luego verifican la información y se articulan con otras autoridades para que las denuncias se conviertan en acciones concretas del Estado.

Durante el 2025, asegura la DIJIN, se recibió en promedio una llamada alertando hechos de corrupción cada 17 minutos.

Este nuevo medio para denunciar la corrupción garantiza el anonimato del denunciante y además integra los esfuerzos del Estado para investigar esos hechos.

Los delitos asociados a corrupción que más se denunciaron a través de la Línea Anticorrupción 157 son la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, peculado y concusión.

Antes de la Línea Anticorrupción 157, los ciudadanos denunciaban estos delitos a través de plataformas de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y en la mayoría de los casos, las entidades que recibían la denuncia no tenían competencia para continuar con la investigación.

Por eso se reunieron recursos humanos y económicos para lanzar la Línea 157 y centralizar la recepción de denuncias de corrupción. A todo esto se suma el anonimato del denunciante, lo cual disminuye los riesgos de represalias y ofrece respuestas oportunas.

“Cuando hablamos de corrupción en el Estado no mencionamos solamente a un fenómeno aislado, administrativo o legal. Es una amenaza estructural que abre la puerta a la captura del poder (...). Esta Línea es una apuesta para devolver la confianza en la ciudadanía hacia las instituciones y reducir la impunidad”, explicó Amado Philip de Andrés, representante de la UNODC para la región.

Andrea Agudelo, Coordinadora Regional de Programas Anticorrupción y Delitos Económicos de la UNODC, asegura que la Línea 157 ha marcado un valor diferencial en la manera en que los colombianos pueden denunciar la corrupción. Por ejemplo, asegura que a diferencia de otros canales, la Línea tiene el potencial de alinearse con estándares internacionales anticorrupción y, además, transforma las denuncias en acción institucional efectiva.

“Opera como un sistema trazable de denuncias, no como un canal aislado (...). La Línea 157 tiene el potencial de consolidarse como una plataforma estratégica, identificar patrones y focalizar investigaciones para investigar y actuar contra la corrupción”, subraya Agudelo.

La innovación también ha sido un componente diferencial de esta estrategia para combatir la corrupción. La Línea 157 ha implementado en su engranajes innovación y el uso estratégico de los datos, también logró identificar y priorizar varias zonas del país con riesgo de afectación al certamen electoral.

A partir de este análisis se activó la estrategia MAIC2, un Modelo Anticipativo y de Intervención Contra la Corrupción diseñado para detectar municipios en alerta por posibles hechos ilícitos durante el proceso electoral.

Para la UNODC, esta iniciativa permite orientar acciones preventivas y coordinar la respuesta interinstitucional frente a situaciones que podrían colocar en riesgo la transparencia del proceso democrático.

*Contenido realizado en alianza con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC)

Colombia está “ad portas” de conocer cuáles serán los nuevos nombres que llegarán al Congreso y la Presidencia para manejar los hilos del poder. A tan solo semanas de abrir los primeros comicios, la Procuraduría lanzó Paz Electoral, una estrategia holística en la que se busca garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones antes, durante y después de abrir las urnas.

El programa consiste en articular a cerca de 10.500 funcionarios adscritos al Ministerio Público en 1.094 municipios donde se desarrollarán los comicios para que la transparencia, legitimidad, imparcialidad y seguridad, todos considerados como pilares electorales, estén presentes a la hora de escoger a los nuevos legisladores y mandatarios del país.

Para el procurador general, Gregorio Eljach, Paz Electoral se tratará de un nuevo intento institucional de blindar las elecciones en 2026 y demostrar que los entes de control tienen los ojos sobre las urnas de votación, pero también en todo el país que se dispone a elegir a sus nuevos gobernantes.

Según el director del Ministerio Público, la estrategia tendrá varios ejes para evitar cualquier halo de duda en los comicios por parte de los ciudadanos y los contendientes.

Por ejemplo, la Procuraduría dio instrucciones a los funcionarios que tiene desplegados en el país para que se conviertan en garantes de las reglas de juego. Estas personas tendrán la tarea de monitorear que se respeten las normas electorales y, en caso de evidenciar alguna irregularidad, tendrán vía libre para denunciarla.

“Es una estrategia que protege la democracia, busca elecciones limpias y a gobernantes legítimos (...). Buscamos que se respeten los resultados en condiciones libres, transparentes, seguras y conscientes”, asegura la Procuraduría.

Cumplir las reglas

La directriz también ordena la conformación de un “grupo élite” de siete personas de la Procuraduría que, a partir de esta semana, estará vigilando en todo el país la participación indebida en política por parte de funcionarios públicos, cuya investidura les prohíba influir en los resultados de las elecciones que vendrán en las próximas semanas.

Otro de los pilares de Paz Electoral consistirá precisamente en garantizar que los casi 14.000 puestos de votación que están habilitados para la jornada sean lugares seguros y monitoreados para los ciudadanos que lleguen a depositar las papeletas dentro de las urnas.

Y es que en la legislación colombiana hay al menos dos normativas que indican que ningún funcionario público que funja en cargos de poder puede utilizar su investidura para influir o tomar parte en procesos electorales.

Una ley del Código General Disciplinario, por ejemplo, habla de que cualquier funcionario que incurra en estas prácticas, sea destinando recursos humanos o económicos a intervenir en elecciones, será castigado con inhabilidades por períodos específicos o, peor aún, con la destitución del cargo.

De acuerdo con la Registraduría, hay más de 41 millones de colombianos habilitados para asistir a los comicios legislativos, lo que requiere que tanto la Procuraduría como los otros entes de control desplieguen todos los recursos disponibles para lograr una jornada electoral sin contratiempos y que garanticen transparencia en cada una de las mesas de votación.

“Proteger las elecciones equivale a defender la legitimidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones, para que Colombia tenga una vida de prosperidad y progreso”, asegura Eljach.

Escalera de la democracia

El programa Paz Electoral también recalca algunos puntos que, de acuerdo con Eljach, son necesarios de recordar en tiempos electorales. En una misiva dirigida a todos los funcionarios de la Procuraduría hay un acápite llamado “la escalera de la democracia”: una guía pedagógica en la que se mostrará a la ciudadanía el paso a paso para lograr elecciones transparentes.

La escalera, cuenta Eljach, está compuesta de siete puntos que cuentan cómo la Procuraduría con sus 10.500 funcionarios estarán desplegados en el país para asegurar la transparencia y evitar cualquier acción que deslegitime o reste confianza ciudadana al proceso. En la guía pedagógica, por ejemplo, se contarán las acciones para que Colombia realmente viva el próximo 8 de marzo, día de elecciones legislativas, unos comicios libres, transparentes, seguros y a conciencia por parte de los ciudadanos.

Además, incluye un apartado en el que se mostrará cómo desde el Ministerio Público se les ofrecerá tranquilidad a los colombianos de que gane quien gane las plazas legislativas se respetarán los resultados y, por ende, la democracia colombiana.

Para Eljach, Paz Electoral demostrará que, aun en tiempos de polarización y desconfianza ante las instituciones, sí puede haber acciones para garantizar que la democracia en Colombia es sólida.

La estrategia está proyectada hasta finales de junio, fecha en que se definiría la segunda vuelta presidencial y ya el país habrá conocido quiénes serán los legisladores y el nuevo presidente de la República.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), bajo la dirección de Eleonora Betancur González, consolidó un giro estratégico en la política de cooperación internacional del país: Colombia dejó de ser vista principalmente como receptora de ayuda para posicionarse como un actor con capacidad de ofrecer conocimiento, liderazgo técnico y soluciones desde el Sur Global.

Entre 2023 y 2026, la entidad no solo fortaleció la cooperación Sur-Sur y Triangular —liderando actualmente 117 proyectos con países de América Latina, el Caribe, Asia, África y Eurasia—, sino que también asumió por primera vez la vicepresidencia del Comité de Alto Nivel de Cooperación Sur-Sur, representando al GRULAC.

En entrevista con El Espectador, la directora Betancur hace un balance de su gestión y cuenta cómo afrontó la salida de USAID como mayor cooperante de Colombia, y del posicionamiento que ha hecho de nuevas formas de cooperación internacional. Además, habla del lanzamiento de la campaña “De Colombia para el mundo” que se hará en alianza con El Espectador.

¿Cuál ha sido la mayor transformación de Colombia en materia de cooperación internacional en estos últimos tres años?

Yo creo que hay un tema de cambio, de enfoque. Creo que somos un país que siempre se ha visto a sí mismo solamente como receptor de cooperación y una de las cosas que hemos cambiado es que nos vemos a nosotros mismos como un país que también da, un país que puede ofrecer. Así que creo que uno de los grandes hitos en esa transformación es también la narrativa de cómo nos vemos y cómo nos percibimos en términos de alianzas para el desarrollo. También hay una forma de cooperar distinta, que está centrada mucho más en los conocimientos, en las buenas prácticas, en el relacionarse con otros de una forma mucho más horizontal y no jerarquizada, y con una alineación mucho más importante con las necesidades del país. Colombia es un país de renta media donde los flujos de cooperación se han replegado y, por tanto, eso hace que nosotros tengamos la necesidad de empezar a repensar la cooperación de otra forma si queremos mantenerla en el país.

¿Cómo se ha visto ese cambio, sobre todo tras la salida de la cooperación grande que tenía Colombia? ¿siente que el país ya se recuperó de la salida de Estados Unidos como cooperante de desarrollo?

Uno de los desafíos más grandes que hemos tenido fue la salida de USAID. Esa experiencia nos dejó una lección clara: el país no puede depender de un solo cooperante. Teníamos una dependencia muy fuerte de un único actor, y eso genera una vulnerabilidad alta.

A partir de ahí entendimos que Colombia debía prepararse para no depender exclusivamente de flujos tradicionales de cooperación, sino diversificarse y fortalecer alianzas estratégicas con países emergentes, con Europa, con Asia y con lo que hemos llamado el Sur Global, así como con la filantropía, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Es decir, ampliar el ecosistema de cooperación hacia esquemas que no solo sean monetarios, sino también técnicos y de fortalecimiento de capacidades.

Hoy estamos en un proceso de transición. Hemos fortalecido la cooperación con Alemania, España, la Unión Europea y países nórdicos, y hemos abierto nuevos espacios en otras regiones. Incluso, tras la salida de USAID logramos duplicar la meta del Plan Nacional de Desarrollo en movilización de recursos: la meta era 9,1 billones de pesos y movilizamos cerca de 15,4 billones.

Más allá de las cifras, la transformación más importante ha sido mental: dejar de vernos únicamente como país receptor para asumirnos como un país que también ofrece cooperación, con un portafolio propio y capacidades que pueden ponerse al servicio del mundo.

¿Qué tiene Colombia para ofrecer?

APC Colombia tiene un portafolio con 31 buenas prácticas sistematizadas. En este portafolio tenemos experiencias como el Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la UNGRD, o la Ciclovía de Bogotá, que ha sido compartida con Addis Abeba. Pero además del portafolio Colombia tiene muchos temas pedidos por otros países del mundo: somos un ejemplo en gestión del riesgo en el Caribe, compartimos conocimiento sobre conservación de manglares y biodiversidad con países del Sudeste asiático y en temas de de sociedad civil también está el plan canguro —una técnica de atención para bebés prematuros o de bajo peso que consiste en el contacto directo, piel con piel, entre el recién nacido y el pecho de la madre o padre. Eso vale muchísimo, y es pionero, lo creamos aquí y se expandió. En resumen, son prácticas de instituciones o de la sociedad civil que otros países demandan, y no son tan conocidas. Debo decir que ha sido para mí un descubrimiento, como directora, poder encontrar que nuestra arquitectura institucional y la sociedad civil tienen prácticas tan remarcables que otros países quieren aprenderlas. Todo eso es lo que hoy hace que nuestra cooperación sea mucho más amplia, mucho más diversificada y mucho más descentralizada.

¿Qué experiencias en construcción de paz han fortalecido desde la Agencia en este periodo?

Ante esta coyuntura cambiante, uno de los programas bandera es el Programa de Cooperación Sur-Sur en Construcción de Paz: De Colombia al Mundo, mediante el cual compartimos, desde un enfoque horizontal, nuestra experiencia con países como Etiopía, Senegal, Filipinas, Nigeria, República Democrática del Congo, Guatemala y México.

Ha sido una apuesta estratégica para convertir la trayectoria de Colombia en construcción de paz en un bien público global. No exportamos modelos, compartimos aprendizajes construidos en medio de la adversidad y los ponemos al servicio de otros países para fortalecer sus capacidades institucionales y comunitarias. En este proceso participan más de 13 entidades del Estado colombiano, junto con organizaciones de la sociedad civil, la academia y agencias multilaterales, lo que garantiza una transferencia integral de conocimiento.

Y ya tenemos resultados concretos. En Filipinas, a partir del intercambio con Colombia, la Oficina Presidencial para la Paz adoptó un modelo de descentralización inspirado en nuestra experiencia de territorialización, incluidos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y lanzó 18 Centros Provinciales de Paz y Desarrollo, integrando planes de género en su agenda.

Las Rutas de Aprendizaje han sido clave en ese proceso. En 2024 se realizó la primera. En 2025, una segunda edición centrada en los aportes de las mujeres en los procesos de paz, titulada “Tejiendo Igualdad y Paz”.

Justo con el enfoque de género, su gestión ha tenido una arista predominante. ¿De qué se trata y cuál ha sido el impacto en la vida de las mujeres?

La brecha de desigualdad con las mujeres sigue siendo enorme y queríamos que la cooperación aportara en ese cierre de brechas y tuviera un enfoque feminista. Podemos decir con orgullo que por primera vez la estrategia de cooperación de Colombia tiene un capítulo de cooperación feminista. Y esto se traduce en proyectos como el fortalecimiento de cadenas productivas de mujeres piangueras en el Pacífico nariñense. También hemos promovido la autonomía económica de mujeres rurales a través de intercambios de buenas prácticas en cacao y café con Ghana, y reforzado políticas de cuidado y participación femenina en espacios de decisión a nivel territorial, como los Centros Cívicos Barriales de Cuidado en Chile o proyectos de gestión del riesgo de desastres con enfoque de género en Guatemala. Hemos buscado que los proyectos tuvieran la capacidad no solo de fomentar la participación de las mujeres, sino que la miden y buscan transformar sus condiciones de vida.

En suma, hemos creado mecanismos, alianzas y espacios de encuentro internacional que han permitido movilizar recursos y conocimientos, multiplicando el impacto de la cooperación feminista y asegurando que las acciones transformen de manera concreta la vida de mujeres y poblaciones diversas.

¿Cómo han impactado los proyectos de la Agencia en los territorios? ¿Hay ejemplos de ellos?

Sí, muchísimos. Apoyamos, por ejemplo, los procesos de las mujeres camaroneras del Pacífico nariñense. Allá hay una cadena de valor muy importante sobre el camarón, y hay presentes varias organizaciones de sociedad civil, asociaciones, también de la cooperación como la Agencia Española de Cooperación, y nosotros hemos podido fortalecer esa cadena de valor de las camaroneras, que incluso han llegado a tener mejoras sustantivas en el producto gracias a este proceso, lo que les permitió llevar sus productos a restaurantes como Crepes & Waffles. Tenemos también proyectos sobre manglares y carbono azul, donde países de Asia vienen a intercambiar conocimientos en protección de ecosistemas.

Otro ejemplo que fortalece el desarrollo tradicional es la cooperación intranacional Colombia enseña Colombia (Col-Col), liderada por APC Colombia, que promueve el desarrollo local mediante el intercambio de conocimiento entre territorios. Durante estos tres años y medio, a través de 26 intercambios, más de 900 funcionarios y líderes compartieron experiencias en cuidado, gobernanza juvenil, acción climática, prevención de violencias y desarrollo alternativo. Por ejemplo, se realizó un Col-Col sobre café en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde seis experiencias locales compartieron saberes con 17 participantes de Antioquia, Cauca, Nariño y Catatumbo, fortaleciendo economías lícitas, desarrollo sostenible y el empoderamiento de las mujeres, bajo pilares de economía solidaria y reducción de dependencias de economías ilegales.

¿Cómo se participa? ¿Cómo entra una organización o una persona en estos proyectos?

Para este tipo de cooperación intrarregional tenemos una metodología que es una relación directa con los gobiernos locales, con los que hemos tenido un mapeo de necesidades. Este gobierno creó el Sistema Nacional de Cooperación Internacional Colombia, que es algo nuevo, donde tenemos especificadas cuáles son las necesidades de los territorios y lo que hacemos es buscar aliados y las instituciones que trabajan ese tema para poder suplirlas. Propiciamos ese encuentro y ese intercambio, para que sean las propias comunidades y las instituciones las que se vean beneficiadas.

¿Qué es la Cooperación Sur-Sur?

Es la cooperación entre países con retos similares del Sur Global: América Latina, África y parte de Asia. Está basada en un enfoque más horizontal, en intercambio técnico y de conocimiento. No es una cooperación Norte-Sur donde uno provee y otro recibe. Son países con desafíos similares como pobreza, desigualdad, cambio climático, que intercambian soluciones a la misma escala.

¿Cuál es el mayor legado que deja este Gobierno en materia de Cooperación en el país?

Esta es una agencia que queda fortalecida institucionalmente, con una estrategia clara, con una visión de largo plazo, con un enfoque feminista consolidado dentro de la cooperación, con un programa de Cooperación Sur-Sur en Construcción de Paz como el “De Colombia al Mundo”, que queda ya instalado como una política que trasciende gobiernos.

Lo otro es algo que he repetido en esta entrevista y es que dejamos instalada la idea de que Colombia no es solo un país que recibe cooperación, sino que también tiene mucho que aportar. Que se entienda que la cooperación no es caridad, sino que es una herramienta de política exterior, de desarrollo y de posicionamiento internacional.

Queda la idea de diversificación, de no depender de un solo actor, sino de tener múltiples alianzas, múltiples socios, una cooperación descentralizada y una agenda propia clara. Y, por ello, dejamos en marcha la estrategia con la filantropía y nuevos mecanismos innovadores de financiación al desarrollo.

A nivel Gobierno dejamos un Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia fortalecido y en funcionamiento. Además, desde el Observatorio de Cooperación Internacional Técnica y Financiera No Reembolsable, creamos el Modelo APC Colombia, que redefine la cooperación al promover la co-creación y el fortalecimiento de capacidades locales. Desde el 2023 ha impactado a más de mil personas y 42 universidades, consolidándose como una metodología escalable y replicable.

Sobre la alianza con El Espectador para la campaña “De Colombia para el mundo”, ¿qué motivó a APC a acompañar esta iniciativa editorial?

Yo creo que es muy importante que el país pueda conocer las cosas que se hacen bien. Creo que en Colombia somos expertos en mirar lo que hacemos mal. Desde que estoy en la agencia he podido escudriñar las historias más pequeñas y grandes que hablan de buenas prácticas en los territorios, y con aportes de cooperantes que cambian territorios.

Entonces, la primera cosa que vimos en esta alianza es que funcione como una plataforma para hacer que Colombia conozca procesos que sí funcionan, proyectos que tienen resultados, historias de vida que no son números, sino que realmente se pueden ver y constatar que la cooperación transforma vidas. Por eso pensamos que una alianza con El Espectador era interesante, porque tienen la capacidad de mirar no solamente la cooperación, sino todos los otros ámbitos en donde hay historias interesantes que contar en los territorios frente a lo que se está haciendo bien. Y yo creo que eso nos hace mucho bien también como país, para entender que somos uno que ofrece también y que el mundo nos mira, y nos mira con admiración.

Conscientes de la necesidad de sensibilizar y comunicar sobre ese país, nace “De Colombia para el mundo”, una iniciativa de la campaña Región en Acción de El Espectador de la mano de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia).

“Yo creo que es muy importante que el país pueda conocer las cosas que se hacen bien. Creo que en Colombia somos expertos en mirar lo que hacemos mal. Desde que estoy en la agencia he podido escudriñar las historias más pequeñas y grandes que hablan de buenas prácticas en los territorios, y con aportes de cooperantes que cambian territorios”, dijo a este diario Eleonora Betancur González, directora de APC Colombia.

El proyecto no busca entonces poner la mirada en un solo ángulo ni en los números. Es una iniciativa que recorre los territorios del país para contar desde una perspectiva humana cómo la cooperación internacional está transformando vidas desde los distintos sectores: en la educación que se proyecta a través de procesos de formación acreditados, investigación aplicada y talento que hoy participa en redes académicas globales. También en la salud, que ha convertido al país en referente por su talento médico, sus protocolos clínicos y su innovación en áreas como el turismo médico y la cirugía estética. Además, en el turismo especializado y la gastronomía, que muestran otra faceta del país; y en la innovación, la tecnología y la economía creativa que transforman conocimiento e identidad en productos, servicios y contenidos con alcance internacional.

Ese es el reflejo de la riqueza de Colombia, que se posiciona en un rol dual en materia de cooperación internacional, y que permite ofrecer su experiencia y buenas prácticas a otros países, más allá de recibir apoyo para fortalecer sus capacidades.

Así podrá ver el contenido

A partir del próximo miércoles 4 de marzo, cada semana podrá encontrar en nuestras páginas —tanto en web como en impreso— historias que recogen logros, capacidades instaladas y casos de éxito en esas áreas. El material estará disponible de forma permanente en una plataforma digital especializada dentro de Región en Acción, que se convertirá en un repositorio vivo para que nuestros lectores puedan consultar, compartir y profundizar en esta narrativa país.

Serán contenidos editoriales de fondo, reportajes, entrevistas, perfiles y especiales temáticos que apuntan a historias que van más allá de la coyuntura para abrir conversación sobre las oportunidades que hay en el país, y así fortalecer una narrativa de Colombia basada en excelencia, confianza y proyección internacional.

“Vamos a tener historias, por ejemplo, de personas firmantes del acuerdo de paz contando sobre sus proyectos productivos y mostrando cómo esas gallinas que tienen ponen huevos y ya los están vendiendo en este mercado, y contar qué ha hecho una comunidad que antes estaba en actividades ilícitas o ilegales para reconstruirse. O cómo mujeres están pudiendo tener unos productos deliciosos, llegando a las chocolaterías desde el cacao de Tumaco, y cómo eso le ha cambiado la cara a esas comunidades”, dijo la directora Betancur.

El espíritu de “De Colombia para el mundo” es que nuestros lectores recuerden que, incluso en tiempos difíciles marcados por tensiones, recortes, conflictos y crisis diplomáticas, Colombia es un país que avanza en la cooperación internacional. En este espacio, empresas, organizaciones e instituciones encontrarán un lugar para mostrar cómo están construyendo valor, conocimiento y oportunidades que conectan al país con el mundo.

Colombia avanza en la incorporación de estándares internacionales en materia de canales seguros para la denuncia de hechos de corrupción. El 21 de enero se cumplió un año desde el lanzamiento de la línea 157 Anticorrupción. La iniciativa se caracteriza por el anonimato del denunciante, el carácter confidencial de la denuncia y la disminución de trámites, porque es administrada directamente por una autoridad con competencia para iniciar la respectiva investigación penal en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

Esta línea fue promovida por la Secretaría de Transparencia y la Policía Nacional, contó con el apoyo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de Estados Unidos. Todos juntaron esfuerzos para acercar a Colombia hacía una mayor protección de los denunciantes de corrupción.

Tras más de 12 meses en operación, la línea 157 Anticorrupción, que funciona 24 horas, ha acercado al ciudadano a la institucionalidad. De acuerdo con los registros de la línea, casi 30.000 ciudadanos han utilizado el canal para hacer denuncias, siendo anónimas el 99 % de las llamadas.

Los ciudadanos denunciantes han omitido su identidad con el fin de protegerse de posibles fugas de información o represalias contra su integridad. También se han iniciado 143 investigaciones penales que están relacionadas con COP 530.000 millones del Estado.

No obstante, es importante seguir avanzando en su consolidación y difusión. Para ello se destaca la Resolución 1906 de 2025 del Ministerio de Defensa y Seguridad en la que se adopta como canal único de denuncias de corrupción de ese sector.

Tareas a realizar

Desde la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito se asegura que es fundamental hacer pedagogía en todo el país sobre las diversas formas que la corrupción adopta. Esto para aumentar las denuncias y mejorar su calidad con el fin de que las autoridades puedan actuar con contundencia y se aumente el número de sanciones penales y patrimoniales.

Las denuncias a través de la línea provienen en su mayoría de ciudades principales tales como Bogotá, y de regiones como Antioquia y Boyacá. Justo por eso aseguran que se requieren más esfuerzos para que la línea se conozca en el resto del país, incluyendo municipios rurales y ciudades alejadas donde también podrían presentarse hechos de corrupción.

“La línea 157 no sólo recibe denuncias: las transforma en acción institucional efectiva y en procesos penales. Está alineada con estándares internacionales, está en proceso de maduración para consolidarse como una plataforma estratégica para prevenir, investigar y actuar contra la corrupción”, aseguran desde la UNODC.

Contemplan que la línea se convierta en un referente de denuncia ciudadana y por ello está proyectado crear un chatbot que tramite la información, recibir denuncias presentadas desde el exterior y articular las funciones disciplinarias, fiscales, penales y administrativas en casos de alto impacto.

Año clave

Todas las instituciones públicas tienen sus canales de denuncia y reciben a través de ellos información relacionada con hechos de corrupción, que luego trasladan a la Fiscalía, sin que quede trazabilidad de lo que ingresó y lo que salió.

La línea 157 busca disminuir los tiempos de esos traslados y dejar trazabilidad, aumentando la efectividad de la respuesta estatal y mitigar los riesgos de represalias que pueden presentarse contra el denunciante.

También ha logrado unificar esfuerzos y recursos, tanto económicos como humanos, para recibir, investigar y sancionar la corrupción.

Tras un año de estar en funcionamiento, quienes crearon la línea 157 Anticorrupción tienen algo claro: si no hay canales seguros de denuncia, la corrupción permanecerá oculta.