En los últimos días, las conocidas popularmente como “fotomultas” volvieron a ocupar un lugar central en el debate público en Colombia. El gobierno de Abelardo de la Espriella puso estos sistemas bajo la lupa al ordenar una revisión nacional y cuestionar que puedan estar siendo utilizados principalmente con fines recaudatorios. La discusión, en realidad, no es nada nueva.

Durante el gobierno de Gustavo Petro ya se habían planteado debates sobre su regulación, las garantías para los conductores y la necesidad de que estas herramientas respondieran a objetivos de seguridad vial antes que a supuestos intereses fiscales. 

Pero justamente comenzar el debate por ahí puede ser el primer problema. “Estos ajustes que quiere hacer el Ministerio de Transporte al Código Nacional de Tránsito, especialmente en multas y en radares, tienen que estar orientados a proteger la vida de todos, antes que a cuidarle el bolsillo a nadie. Eso tiene que ser lo más importante”, dice María Fernanda Ramírez, líder de Movilidad Sostenible y Segura de la Fundación Despacio. Partiendo de esa premisa, quienes estudian la tragedia de la siniestralidad vial —que en Colombia provocó cerca de 9.000 muertes en 2025— plantean que el debate debería comenzar por otras preguntas más importantes: ¿cuál es la función de las cámaras de fotodetección? 

¿Qué dice la evidencia sobre su capacidad para prevenir siniestros y reducir muertes y lesiones? Y entonces, si pueden cumplir ese propósito, ¿qué oportunidades de mejora existen para que funcionen de manera efectiva, transparente y enfocada en salvar vidas?

Entonces, ¿las fotomultas funcionan?

El debate alrededor de estas cámaras, conocidas técnicamente como Sistemas Automáticos de Sanción (SATS), no sucede solo en Colombia. En realidad, las cámaras de control de velocidad se utilizan desde hace décadas en distintos países y, en buena parte de ellos, han sido objeto de una discusión que va más allá de si sirven o no para imponer comparendos: investigadores y autoridades han estudiado qué tan efectivas son para controlar la velocidad y, sobre todo, para prevenir siniestros y reducir sus consecuencias.

Para responder a esa pregunta, vale la pena separar dos asuntos. El primero es la velocidad. Omar González, quien trabajó durante 28 años en la Policía Nacional, fue comandante de Tránsito de Bogotá y lleva cerca de una década trabajando en seguridad vial, explica que los límites de velocidad no son simplemente una regla para ordenar el tránsito. Hacen parte de un enfoque de seguridad que busca reducir el riesgo y, en caso de un choque, la cantidad de energía que un vehículo puede transferir a otra persona. 

González lo explica con un ejemplo bastante ilustrativo: un conductor que circula a 65 kilómetros por hora y se encuentra de repente con un niño que sale a la vía tendrá entre 1,5 y 2 segundos de tiempo de reacción antes de comenzar a frenar. A esa velocidad, la distancia recorrida durante ese lapso, sumada a la distancia necesaria para detener el vehículo, puede hacer que el atropellamiento ocurra y que las lesiones sean graves. A 50 kilómetros por hora, en cambio, tanto el tiempo como la distancia disponible cambian. 

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada aumento de 1 km/h en la velocidad media se asocia con un incremento de aproximadamente 3 % en el riesgo de siniestros que causan lesiones y de 4-5 % en el riesgo de siniestros mortales 

Y la diferencia puede ser especialmente dramática para quienes están fuera de un vehículo. La OMS estima también que un peatón atropellado por un vehículo que circula a 65 km/h tiene hasta 4,5 veces más probabilidades de morir que uno atropellado a 50 km/h. 

Por supuesto, nadie quiere simplificar demasiado esto. Ramírez, de la Fundación Despacio, es clara en señalar que desde hace muchos años se sabe que los siniestros viales son multicausales. Es decir, no suceden solo por una cosa. Entonces, no es solo la velocidad: también intervienen el estado de las vías, las condiciones de los vehículos, el comportamiento de los conductores, el consumo de alcohol y otras sustancias, las condiciones del entorno y las características de quienes usan esas vías.

Pero, en medio de todos esos factores, la velocidad sí determina cuánto tiempo tiene una persona para reaccionar, cuánto necesita un vehículo para detenerse y, en caso de un eventual choque, cuánta energía puede transferirse y qué tan graves pueden ser sus consecuencias. 

Por eso, desde hace muchos años, el consenso entre científicos, organizaciones como la OMS y expertos en seguridad vial apunta a algo bastante claro: hay que gestionar y controlar la velocidad en las vías. Eso no significa que todos los carros deban ir a la misma velocidad en todas partes (no es lo mismo transitar por una autopista que hacerlo por un sector urbano), sino que los límites se definan de acuerdo con las características de cada vía y, sobre todo, con las personas que la usan.

En zonas urbanas donde conviven vehículos, peatones y ciclistas, por ejemplo, la OMS recomienda un límite máximo de 30 km/h. Para ponerlo en contexto, el límite en las vías urbanas de Bogotá es de 50 km/h, aunque hay zonas específicas, como las residenciales o escolares, donde es de 30 km/h.

Ahora bien, si la velocidad es un factor de riesgo y hay que reducirla, viene la otra parte de la pregunta: ¿funcionan las cámaras o fotomultas justamente para reducir esa velocidad?

“Cuando pensamos en seguridad vial, sin duda, ya está demostrado internacionalmente, con casos de estudio, que las cámaras son una herramienta muy efectiva para disuadir comportamientos de riesgo”, responde Carolina Álvarez Valencia, consultora independiente y asesora en seguridad vial, movilidad y política pública. “Si miramos estándares internacionales y mediciones de impacto beneficio-costo de este tipo de estrategias, sin duda, la fotodetección es una de las estrategias de seguridad vial más costo-efectivas”.

Es decir, el costo de instalar y operar una cámara es bajo frente a todo lo que puede lograr: reducir comportamientos de riesgo y, con ello, prevenir siniestros, lesiones y muertes. 

Vale la pena mirar un par de ejemplos de la literatura científica sobre esto. Lo primero que hay que decir es que medir qué tanto funcionan las cámaras no es tan fácil como parece: que después de instalar una haya menos siniestros no significa necesariamente que la reducción sea atribuible a ella. Hay otros factores que pueden influir en esa reducción. 

Por eso resulta especialmente interesante un estudio publicado en 2019 en PLOS ONE, que intentó resolver justamente ese problema. Sus autores utilizaron métodos de inferencia causal y compararon 771 lugares con cámaras de velocidad con 4.787 puntos similares en Inglaterra. Después de controlar por factores de confusión, encontraron que las cámaras producían una reducción de entre 14,4 % y 15,5 % en las colisiones con personas heridas.

Hay otras investigaciones que apuntan en la misma dirección. Una revisión de Cochrane que reunió 35 estudios de distintos países encontró reducciones tanto en la velocidad como en los siniestros después de la instalación de cámaras. En los estudios que midieron accidentes con muertes o lesiones graves, las reducciones estuvieron entre 11 % y 44 %.

Y más recientemente, una revisión sistemática publicada en 2026 reunió unos 94 estudios sobre el efecto de las cámaras en la velocidad. Su metaanálisis encontró una reducción promedio de 7,57 km/h en la velocidad media después de su implementación. 

En otras palabras, la evidencia no dice que todas las cámaras funcionen igual ni permite atribuirles un porcentaje único de reducción de siniestros. Pero sí existe un consenso amplio alrededor de la idea de que los sistemas de control de velocidad sí contribuyen a reducir la velocidad y, en general, disminuyen los siniestros y las lesiones. ¿Y por qué lo hacen? Todas las personas que consultamos tienen una respuesta: la disuasión.

Las cámaras buscan que el conductor sepa que está siendo vigilado y que exceder el límite de velocidad tiene una consecuencia. En palabras de Ramírez, de Despacio, se trata de que la persona “decida bajar la velocidad” porque sabe que, de no hacerlo, puede recibir una multa. 

Por eso, tanto ella como González y Álvarez cuestionan que la discusión ahora se concentre en reducir el valor de las sanciones sin estudiar antes qué efecto tendría sobre el comportamiento. “Bajémosle a la mitad la multa”, plantea Ramírez como ejemplo, y advierte que eso podría llevar a que alguien piense: “ah, pues pago y acelero”.

Para ella, si las multas se van a modificar, tendría sentido hacerlas proporcionales a la gravedad de la infracción y establecer, con estudios económicos, en qué punto una sanción realmente tiene capacidad para disuadir. Ahora bien, justamente sobre eso último, quienes hablaron con nosotros sí creen que esta discusión abre una oportunidad para reformar estos sistemas.

¿Reformar las fotomultas?

Que las cámaras sirvan para reducir la velocidad y que eso tenga el potencial de evitar siniestros y muertes no significa que todo esté bien. González reconoce que estos sistemas tienen una crisis de legitimidad —o, como él mismo prefiere llamarla, una percepción de falta de legitimidad— que no apareció de la nada.

Antes de 2018, explica, la instalación de cámaras no estaba suficientemente reglamentada y hubo casos en los que privados participaban en esquemas que podían terminar teniendo un carácter recaudatorio. Incluso hubo municipios donde se establecieron reducciones de velocidad sin sustento técnico. 

De ahí que, en sus primeros años, estas herramientas se ganaran en algunos lugares la fama de ser “cámaras trampa”: dispositivos que eran vistos como una forma de sorprender al conductor y afectar su bolsillo. Esa percepción, dice González, terminó alimentando una discusión en la que todavía cuesta separar el propósito de la herramienta de las malas prácticas que pudieron rodearla. 

Eso, sin embargo, y al menos normativamente hablando, ya no es posible. Desde 2018, la instalación de estos sistemas está sujeta a una serie de requisitos que buscan justificar su necesidad y evitar que se conviertan en mecanismos de recaudo. Para autorizar una cámara, dice González, debe demostrarse que existe un problema de siniestralidad en el punto, además de cumplir unas condiciones técnicas.

También se establece que las cámaras deben ser visibles para los conductores, sin excepción. Sin embargo, todos reconocen que hay que trabajar para que esas reglas se apliquen de manera efectiva en todo el país. Por ejemplo, antes de que existiera esta regulación, había tramos de vías en los que los límites de velocidad podían cambiar de manera abrupta y sin suficiente sustento.

Ramírez, de Despacio, recuerda casos en los que una vía podía pasar de tener un límite de 80 km/h a uno de 30 km/h. El conductor terminaba entonces siendo sancionado por exceder un límite que había cambiado de manera repentina, una situación que difícilmente podía entenderse como una estrategia coherente de gestión de la velocidad. Es posible que eso siga pasando en algunas regiones del país.

Por eso, para Ramírez, parte de la solución a esa crisis de legitimidad pasa por hacer mucho más transparente la manera en que se toman estas decisiones. “Tiene que haber la absoluta transparencia en cuáles son los criterios para instalar las cámaras”, dice. También hay que evaluar si cumplen con el propósito para el que fueron instaladas. Ramírez plantea que cada cámara debería tener un indicador que permita saber si está funcionando y, si no consigue reducir la siniestralidad, debería retirarse o reubicarse, siempre a la vista de todos. 

Algunos o muchos de estos datos ya existen en las grandes ciudades, pero para tener acceso a ellos a veces hay que recurrir a derechos de petición o navegar por distintos documentos y trámites. “Hemos fallado como entidades territoriales u organismos de tránsito [...] el tema de comunicarle a la ciudadanía el porqué de esta estrategia, del porqué del uso de estas tecnologías y claramente socializar los impactos”, agrega Álvarez.  

Paralelamente, hay otras discusiones técnicas sobre cómo mejorar estos sistemas que vale la pena dar ahora que se habla de reformas. Una de las alternativas es pasar del control de velocidad en un punto específico al control por tramos, que permite calcular cuánto tarda un vehículo en recorrer una determinada distancia y establecer si, en promedio, circuló por encima del límite permitido.

Por ejemplo, si un tramo de carretera tiene una velocidad máxima de 30 km/h y recorrerlo a esa velocidad debería tomar unos cinco minutos, un vehículo que lo hace en tres minutos tuvo que circular, en promedio, por encima del límite. 

La idea, explica González, es evitar el llamado “efecto canguro”: que un conductor reduzca la velocidad justo al pasar frente a una cámara y vuelva a acelerarla apenas la supera. Según González, este comportamiento ya se ha identificado en distintos países.

También, agrega Ramírez, podríamos pensar en reformas a las multas, el tema que en principio ha provocado tanta discusión.

No es lo mismo exceder el límite de velocidad en cinco kilómetros por hora que hacerlo por 30 o 50. Por eso, se podrían plantear sanciones que guarden proporción con la gravedad de la infracción. Pero si se quiere reducir el valor de la multa, como varios funcionarios del Gobierno están prometiendo, dice, primero habría que estudiar cuánto debe costar una multa para que realmente tenga un efecto disuasorio. 

De lo contrario, señala Ramírez, una sanción demasiado baja podría terminar siendo asumida simplemente como otro costo de conducir rápido: “Ah, pues pago y acelero”. El temor de todos quienes están preocupados porque miles de personas sigan muriendo en las vías es que la discusión termine concentrándose en quién cobra y cuánto se recauda, y no en cómo hacemos para que haya menos personas heridas y muertas en las carreteras. 

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La Superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy, posesionó a Ana María Betancur Henao como nueva agente especial interventora de Asmet Salud EPS S.A.S., aseguradora con más de un millón y medio de afiliados, principalmente en Cauca, Caquetá, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca.

Según la Supersalud, la nueva agente tendrá la responsabilidad de realizar una revisión integral de la situación administrativa, financiera, operativa y asistencial de la EPS. “Ese diagnóstico servirá como punto de partida para establecer las prioridades de la intervención”, dijo la entidad. 

Betancur tendrá un plazo de 30 días para presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de trabajo con las acciones que orientarán su gestión. Este fue el mismo plazo que se le dio a la agente interventora de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), Sandra Milena Jaramillo, elegida a inicio de esta semana. 

Sobre la formación y trayectoria de Betancur, la Superintendencia afirmó que es enfermera y especialista en Auditoría de Servicios de Salud. Tiene más de 20 años de trayectoria en el sector de la salud, donde ha ocupado cargos directivos, de auditoría y asistenciales en Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Su experiencia abarca procesos de aseguramiento, gestión del riesgo en salud, garantía de la calidad y salud pública. 

Ahora estará al frente de Asmet Salud, EPS intervenida en el 11 de mayo de 2023, cuando tenía un poco más de 2 millones de afiliados. En ese momento, se tomó la decisión de intervenirla “debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora”, según dijo la Supersalud hace tres años. 

Además, explicaban que, con corte a febrero de 2023, la EPS acumulaba una deuda de COP 954.000 millones con sus prestadores y proveedores de servicios de salud. La EPS venía registrando, asimismo, un alto registro de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, especialmente en los departamentos de Caquetá, Risaralda, Caldas, Tolima, Santander y Norte de Santander. Para 2023, en el régimen subsidiado Asmet Salud ocupaba el quinto puesto en número de quejas entre las 13 entidades que estaban ahí.

La medida inicialmente iba por un año, pero doce meses después se renovó hasta el 12 de mayo de 2025. Cuando se cumplió este plazo, el Minsalud emitió una nueva resolución ordenando la prórroga por un año más, hasta el 11 de mayo de 2026. En esa fecha, se volvió a extender por un mes, hasta junio de 2026, y luego se determinó que seguía hasta el 12 de junio de 2027, o antes, si la Superintendencia Nacional de Salud lo considera pertinente.

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La Superintendencia Nacional de Salud posesionó a la nueva agente interventora de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), la aseguradora con más de 720  afiliados. Se trata de Sandra Milena Jaramillo Ayala, quien anteriormente se ha desempeñado como agente especial interventora de los hospitales San Jerónimo de Montería y Sandiego de Cereté, y como la primera interventora de la EPS Famisanar.

Jaramillo es administradora financiera, especialista en Finanzas y magíster en Administración de Empresas de Salud. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector salud, con experiencia en dirección, gestión administrativa y financiera, y aseguramiento en salud. 

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En su paso por Famisanar, afirma la Supersalud, lideró y consolidó acciones para fortalecer la atención a usuarios, reducir PQR y tutelas, mejorar la gestión del riesgo en salud y la articulación con la red prestadora.

De acuerdo con la superintendencia, Jaramillo Ayala tendrá como una de sus primeras tareas revisar la situación de la EPS intervenida desde abril de 2024, y establecer las prioridades de la administración. “Para ello, contará con 30 días para presentar un diagnóstico y un plan de trabajo con las acciones que seguirá durante su gestión”, informó la superintendencia. 

La EPS SOS es importante en la zona suroccidental de Colombia, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda. En esta región, la EPS tiene presencia en más de 80 municipios y atiende a 728.463 afiliados, la gran mayoría en el régimen contributivo.

El 10 de abril de 2024, el entonces superintendente Luis Carlos Leal, dio a conocer la decisión de intervenir la EPS por, entre otras cosas, tener la tasa de reclamos más alta entre todas las EPS del país. Además, afirmaron en ese momento que la EPS SOS no cumplía con indicadores financieros como el régimen de inversiones (que tenía en rojo desde diciembre 2016). 

La Contraloría comunicó ese año que la entidad tenía, con corte a octubre de 2023, un faltante en inversiones de poco más de $634.000 millones de pesos. Además, detalló que SOS tenía unos pasivos (con corte también a octubre de 2023) de $746.346 millones, lo que la hacía catalogar como “en desequilibrio financiero”.

El pasado 2 de marzo, la Procuraduría General de la Nación había suspendido por tres meses al entonces agente interventor Carlos Alberto Betancur Castañeda por el “incumplimiento de sus funciones y obligaciones al frente de dichas entidades de salud”, según detalló el Ministerio Público. 

Sin embargo, hace unas semanas (el 24 de agosto), la Supersalud lo reintegró en cumplimiento de una orden de un fallo de tutela emitido por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo, en Atlántico. En ese momento, la superintendencia aseguró que esta decisión es de carácter “estrictamente transitorio” y que no implicaba su pronunciamiento definitivo frente a la legalidad de los actos administrativos que ha expedido la EPS, sobre la situación disciplinaria de Betancur Castañeda.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció este miércoles, 9 de septiembre, que solicitará una adición presupuestal para su cartera de COP 13,9 billones para 2027. El anuncio lo hizo ante las comisiones económicas del Congreso, donde explicó que la mayoría de esos recursos irían para la financiación del aseguramiento. 

Según Vesga, la solicitud busca cubrir un faltante de COP 12 billones para la financiación del aseguramiento, que es atención en salud a la población, y COP 1,9 billones para inversión, principalmente para reconstrucción y apoyo para los hospitales afectados por el sismo del 10 de agosto, así como para ampliar el programa de inmunización de vacunas. 

(Lea también: Exministro de Salud Jaramillo respondió a las acusaciones de la ministra Vesga)

El dinero se repartiría entre el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República de Colombia (Fonprecon), que gestiona las pensiones y las cesantías de los trabajadores del Congreso, y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (Ferrocarriles), entidades adscritas al Minsalud. 

Vesga detalló que para Fonprecon se irían COP 20.000 millones adicionales para cumplir con el pago de las mesadas pensionales . 

Presupuesto para el Ministerio de Salud 2027

A finales de agosto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentaron un proyecto de presupuesto general para 2027. El documento plantea un monto de COP 634,95 billones para la vigencia fiscal de 2027, COP 59,2 billones más que los que había solicitado el gobierno de Petro.

Ese proyecto destina COP 77,06 billones al Ministerio de Salud y Protección Social, una cifra que, aunque puede parecer enorme, es COP 141.214 millones menor que la contemplada en el proyecto que había presentado el gobierno anterior. Es decir, en un presupuesto general de la Nación que creció, los recursos para el Ministerio de Salud, en términos nominales, se redujeron ligeramente. 

La diferencia está, principalmente, en la inversión. El presupuesto de funcionamiento del Ministerio aumenta en COP 12.549 millones, pero los recursos de inversión disminuyen en COP 153.763 millones.

Buena parte de ese recorte se concentraría en tres programas: salud pública COP 50.000 millones, con una reducción de los recursos para acciones de promoción y prevención de enfermedades; aseguramiento en salud, otros COP 50.000 millones, destinados según el documento a ampliar la capacidad de servicios integrales; y fortalecimiento institucional, COP 53.763 millones, un recorte del 50% en los recursos para apoyo logístico y administrativo. Todo esto en comparación con el anterior proyecto.

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El exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estuvo en el cargo desde mediados de 2023 hasta el final del gobierno de Gustavo Petro, respondió a las denuncias realizadas por la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, este lunes 7 de septiembre. 

En un comunicado, difundido a través de sus redes sociales, Jaramillo aseguró que es necesario “hacer varias precisiones sobre la gestión que entregamos”. 

El primer punto al que se refirió Jaramillo hace alusión a las “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas”, denunciadas por Vesga hace un par de días, de las que haría parte, entre otras, una “opinión contable negativa” emitida por la Contraloría, en la que, sin entregar más detalles, se habrían hallado deficiencias de control interno fiscal. 

De acuerdo con Jaramillo, “la referencia al informe de la Contraloría en su auditoría de 2025 corresponde a deficiencias operativas en proceso de mejora durante 2026 y no corresponde de ninguna manera a hallazgos con impacto fiscal ni corrupción per se”.

Frente a ese informe del ente de control, el exministro de Salud aseguró que las observaciones identificadas “ya habían sido incorporadas en un plan de mejoramiento suscrito el 30 de julio de 2026, con inicio de ejecución el 1.º de agosto, conforme a los lineamientos del órgano de control fiscal”. En ese sentido, continuó Jaramillo, el ministerio que recibió Vesga ya contaba con un plan de mejoramiento en marcha “cuya continuidad, ejecución y cumplimiento corresponden ahora a la actual administración”.

El exfuncionario mencionó que para la vigencia de 2025, el Minsalud obtuvo el primer lugar entre 236 entidades en el FURAG, una herramienta desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para medir el desempleo institucional de las entidades públicas. 

Antes de abordar las otras denuncias presentadas por Vesga, Jaramillo insistió en que “la existencia de observaciones y de un plan de mejoramiento no puede equipararse automáticamente a la existencia de detrimento fiscal, corrupción o una crisis administrativa”.

El segundo punto al que se refirió Jaramillo está relacionado con el volumen de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones, según Vesga. En su mensaje de hace unos días, la ministra señaló que “en agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de COP 4,4 billones: COP 4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas COP 1,3 billones obligados y pagados”.

Para Jaramillo, esos COP 4,4 billones “representan una de las mayores inversiones en un año en la historia del país para financiar mayoritariamente equipos básicos, infraestructura, dotación, transporte asistencial y fortalecimiento de la operación corriente de los hospitales”, los cuales cuentan con los soportes técnicos, financieros y normativos.

De ese monto total, COP 2,9 billones no han sido obligados porque requieren de una autorización por parte del Ministerio de Hacienda, mientras que otros COP 365.604 millones que no cuentan con registro presupuestal con corte al 7 de agosto “corresponden de nuevo al normal ciclo de ejecución presupuestal” que, por la suspensión del empalme, quedaron en vilo ante la suspensión de la expedición de registros presupuestales. 

“Las afirmaciones de la jefe de la cartera ministerial y del sector salud están poniendo en evidencia el desconocimiento de la gestión pública, en particular de la dinámica de las transferencias presupuestales, las funciones de los Ministerios de Salud, Ministerio de Hacienda, y además devela una conducta reprochable por poner en riesgo la ejecución de iniciativas vitales para los territorios”, apuntó Jaramillo en su respuesta.

El último tema al que se refirió Jaramillo fue la revelación que la misma ministra de Salud hizo sobre un audio en el que, al parecer, se estaría pidiendo dinero a nombre de ella en medio de una reunión en el Ministerio. El hecho fue rechazado por Vesga.

Al respecto, Jaramillo aseguró que lamenta que en el primer mes de gobierno “estén circulando versiones de presuntas participaciones irregulares de la alta funcionaria y de sus actuales directivos en la gestión de recursos públicos, estos asociados a eventuales escenarios de corrupción. Coincidimos plenamente en que la Fiscalía actúe prontamente”.

Frente a la denuncia ante la Fiscalía que la ministra Vesga ya presentó, Jaramillo aseguró que “estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción no se reduce a titulares de prensa, especulaciones o incriminaciones temerarias contra nadie, sino a un proceso serio, responsable y respetuoso que conduzca a la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación de los daños”.

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Entre las décadas de 1960 y 1970, un grupo de investigadores de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, midió cinco factores de riesgo en casi 2.700 hombres. En términos generales, eligieron factores que contribuyen al riesgo cardiovascular, como el tabaquismo, el índice de masa corporal, la presión arterial, el colesterol y la glucosa en la sangre.

En ese momento, los hombres tenían una edad promedio de 42 años y tenían buena salud. Los investigadores querían responder una pregunta que había sido poco abordada en estudios previos: ¿los estilos saludables de vida añaden vida a los años? Hasta el momento, explican los investigadores, las investigaciones se habían centrado en si los estilos de vida saludables añadían años de vida.

(Puede leer: Colombia crea una alianza para impulsar el autocuidado y la prevención en salud)

Ahora, 50 años después, los investigadores tienen una respuesta a su inquietud. Los resultados de su estudio longitudinal (que, en pocas palabras, sigue a un grupo de personas durante un periodo prolongado) fueron publicados recientemente en la revista académica European Journal of Preventive Cardiology.

Además de los exámenes que realizaron en las décadas de 1960 y 1970, en 2007, cuando los hombres del estudio tenían una edad promedio de 79 años, los investigadores analizaron su fragilidad, la calidad de vida relacionada con la salud, el bienestar psicológico y la sensación de felicidad.

De acuerdo con Timo Strandberg, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Helsinki, quien dirigió el estudio, “llevamos mucho tiempo interesados ​​en esta cuestión, mientras que en muchos lugares el tema apenas ahora está recibiendo atención. La fortaleza de este estudio radicó en un seguimiento que se extendió hasta el final de la vida”.

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En términos generales, explican los científicos, de los hombres con valores positivos en los cinco factores analizados hace 50 años, el 42 % alcanzó los 90 años. Por el contrario, solo el 7 % de los que obtuvieron valores negativos en los cinco factores llegaron a esa edad.

En otras palabras, el estudio encontró que “un bajo riesgo cardiovascular al inicio de la mediana edad se asoció con una mayor longevidad, menor fragilidad, mejor calidad de vida y mayores niveles de felicidad y bienestar en la vejez”.

Según Strandberg, “el dicho popular reza que o se vive una vida corta y placentera, o una larga y desagradable. Este estudio indica que los estilos de vida saludables pueden añadir años y capacidad funcional a la vida”.

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Sobre los cinco factores que contribuyen al riesgo cardiovascular, y que fueron analizados en el estudio, el investigador aseguró que pueden medirse y controlarse. “Si no es mediante cambios en el estilo de vida, entonces con medicamentos seguros y, en su mayoría, económicos”, señaló el director del estudio, quien concluyó que se deben abordar los factores de riesgo incluso antes de que surjan problemas.

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Durante la Cumbre Anual de Autocuidado, desarrollada en Bogotá este 8 de septiembre, representantes de organizaciones públicas, privadas, prestadores de servicios de salud, academia, e industria farmacéutica sellaron la Gran Alianza por el Autocuidado, una iniciativa multisectorial que busca promover una cultura de prevención y avanzar hacia la incorporación del autocuidado como un componente estructural de la política de salud en Colombia.

La iniciativa contempla ocho acciones para fortalecer la prevención, la alfabetización en salud, la vacunación, el acceso seguro a soluciones de autocuidado y la sostenibilidad del sistema de salud.

El documento plantea la necesidad de una acción coordinada entre Gobierno, Congreso, autoridades sanitarias, gobiernos territoriales, academia, profesionales de la salud, sociedad civil y sector privado para avanzar hacia una verdadera cultura de prevención.

Por esto, uno de los principales compromisos es impulsar la construcción de una Política Nacional de Autocuidado, articulada con la Atención Primaria en Salud y las políticas de promoción y prevención. La alianza plantea incorporar esta política en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes territoriales de salud y otros instrumentos de planeación, con objetivos, acciones, indicadores y mecanismos de seguimiento que permitan darle continuidad en todo el país. 

La propuesta también incluye una estrategia nacional de alfabetización en salud, tanto digital como mediática, acciones para enfrentar la desinformación y una mayor articulación entre los sectores de salud y educación, profesionales de la salud, academia, medios de comunicación, sociedad civil y sector privado. 

Otro de los ejes es fortalecer la prevención y los hábitos de autocuidado. Para esto contemplan acciones relacionadas con hábitos saludables, salud oral, cuidado de la piel y prevención y detección temprana de enfermedades crónicas y otras condiciones de alto impacto, con especial alcance en poblaciones rurales, vulnerables y con mayores barreras de acceso a los servicios de salud. 

En cuanto a la vacunación, proponen la población de adultos mayores y personas con comorbilidades o factores de riesgo. “El objetivo es prevenir enfermedades inmunoprevenibles, reducir complicaciones y hospitalizaciones, preservar la calidad de vida y contener costos futuros para el sistema de salud”, explican. 

Finalmente, la iniciativa propone generar evidencia sobre el impacto sanitario, social y económico del autocuidado, incluida su contribución a reducir consultas y hospitalizaciones evitables, mejorar la productividad, liberar capacidad asistencial y fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud. Asimismo, plantea consolidar un espacio permanente de articulación multisectorial para desarrollar las líneas de trabajo, promover iniciativas conjuntas y hacer seguimiento periódico a los avances de la Alianza.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este martes, 8 de septiembre, nueva evidencia sobre cómo el consumo de tabaco se relaciona con la infertilidad en las mujeres, efectos nocivos en los espermatozoides y la función sexual en los hombres. La publicación cita décadas de evidencia que demuestran que fumar puede perjudicar la salud reproductiva, especialmente, de las mujeres.

Según la investigación de la OMS, que revisó estudios realizados entre 2000 y 2026, las mujeres que fuman tienen un 40 % más de riesgo de infertilidad en comparación con las que no lo hacen. Además, aquellas que fumaron en el pasado pero que actualmente no fuman podrían tener un 25 % menos de riesgo de infertilidad en comparación con las que siguen haciéndolo, lo que sugiere que dejar de fumar puede marcar una diferencia significativa.

"A todas las personas que estén pensando en quedarse embarazadas, nuestro mensaje es el siguiente: dejen de fumar, mejoren su salud y mejoren también su salud reproductiva", dijo la doctora, Kerstin Schotte, de la Iniciativa "Sin Tabaco" de la OMS.

Sin embargo, las consecuencias no son solo para la salud femenina. Una revisión reciente de 44 estudios con más de 60.000 hombres reveló que fumar se asociaba con disfunción reproductiva, incluyendo anomalías en el semen y disfunción sexual. La evidencia indicó que los hombres fumadores tenían mayor probabilidad de sufrir disfunción eréctil, problemas de eyaculación y problemas relacionados, como ausencia de espermatozoides en el semen, baja motilidad espermática y morfología anormal de los espermatozoides.

Además, la OMS señaló que el tabaquismo también puede reducir las posibilidades de éxito de los tratamientos de fertilidad. Dicen que investigaciones anteriores, basadas en 21 estudios, habían establecido un vínculo entre el tabaquismo y una disminución del número de nacidos vivos, así como de los embarazos logrados mediante técnicas de reproducción médicamente asistida, como la fecundación in vitro (FIV).

No son solo los cigarrillos

Aunque la evidencia es más sólida en el caso del tabaquismo, la OMS advierte que otros productos de tabaco y nicotina también pueden representar riesgos para la fertilidad. Esto incluye la exposición al humo de tabaco ajeno, los cigarrillos electrónicos, las pipas de agua y el tabaco sin humo, que todavía requieren de mayor investigación. 

Actualmente, se estima que una de cada seis personas en el mundo tienen incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin anticoncepción.

Por esto, la OMS recomienda que los profesionales de la salud informen a las personas y parejas que planean un embarazo sobre los riesgos reproductivos del consumo de tabaco y les ofrezcan apoyo basado en la evidencia para ayudarlas a dejar de fumar. 

La OMS también recomienda que se brinde asesoramiento breve sobre cómo dejar de fumar de manera sistemática a todos los consumidores de tabaco en todos los centros de atención médica.

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En la noche de este lunes, 7 de septiembre, por las redes sociales de la Presidencia fue publicado un video en el que aparecía la ministra de Salud, Ana María Vesga, haciendo una breve declaración.

“Quiero contarles a los colombianos una situación de extrema gravedad que encontramos al llegar al Ministerio de Salud y las decisiones que hemos tomado para proteger los recursos de la salud”, empezó diciendo Vesga. “La revisión exhaustiva de los compromisos y asignaciones recibidos de la anterior administración encendió todas las alarmas”.

(Lea EPS deben asumir costos adicionales si un tratamiento eleva los gastos del paciente: Corte)

Según dijo (y como después lo replicó el Ministerio de Salud en un comunicado), ella y su equipo hallaron “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas”. Además, añadió, sin más detalles, que la Contraloría “emitió opinión contable negativa” y “halló deficiencias en el control interno fiscal”.

“A ello se sumó un volumen considerable de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones. En agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de COP 4,4 billones: COP 4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas COP 1,3 billones obligados y pagados”, señaló el Minsalud en el comunicado.

Eso quiere decir una diferencia cercana a COP 2,9 billones.

(Lea Acceder a alimentos médicos especiales, el dolor de cabeza para miles de pacientes)

De acuerdo con Vesga, los nuevos funcionarios de su cartera revisaron 28 resoluciones y 176 proyectos por más de COP 490 mil millones. De esos, agregó el Minsalud, 108, por unos COP 365.604 millones, “seguían sin registro presupuestal, mientras que cerca del 83% de ese valor correspondía a obras de infraestructura”.

Por ese motivo, aseguró Vesga, a los tres días de haber asumido su cargo, decidió expedir una circular interna cuyo propósito era suspender los nuevos procesos de contratación, contratos y convenios; la suscripción de contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de los contratos existentes.

Si había excepciones, debían ser autorizadas previamente por el mismo despacho.

“Lo hicimos por una razón elemental: antes de comprometer un peso de la salud de los colombianos, debíamos saber qué estábamos recibiendo, qué tenía soporte y qué debía revisarse”, añadió Vesga.

Pero en medio de esa revisión, reveló, en el video publicado por Presidencia, que hallaron una grabación con hechos que, a su juicio son “gravísimos”. Se trata de la grabación de una conversación en la cual sus participantes hablan de la gestión de recursos y de pagos del Minsalud.

En ella, dijo Vesga, “se menciona mi nombre de manera abusiva. Uno de los intervinientes afirma que había que reconocer un porcentaje para la doctora Vesga y otro para el equipo; un 8 % en total. Se menciona, además, una reunión directa con el director de infraestructura, sus equipos técnicos, coordinada por un canal privado”.

Ante el hallazgo, la ministra de Salud afirmó que jamás ha solicitado, autorizado, recibido o permitido que alguien “solicite un solo peso, porcentaje o comisión o beneficio en mi nombre o al de alguien del Minsalud. Quien haya usado mi nombre para pedir dinero o pretender negociar recursos públicos, tendrá que responder ante la justicia”.

De hecho, dijo que el 5 de septiembre presentó la denuncia ante la Fiscalía por la posible comisión de delitos contra la administración pública. Espera que sean las autoridades las que determinen la autenticidad de la grabación y su valor probatorio.

" La revisión administrativa continuará con independencia de la investigación penal", indica el Minsalud.

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Un adulto mayor diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) presentó una tutela contra Savia Salud EPS y Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de que el uso permanente de un concentrador eléctrico de oxígeno elevara significativamente el valor de las facturas de energía de su hogar. Aunque el hombre necesita del dispositivo, sus condiciones económicas no le permiten asumir el costo adicional, por lo que solicitó que se evaluaran otras alternativas para garantizar su tratamiento.

La solicitud llegó hasta la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, que recientemente emitió la Sentencia T-206 de 2026, donde le ordena a la EPS buscar otras alternativas para el suministro de oxígeno del adulto mayor, o en caso de que no sea posible, asuma el costo del consumo de energía atribuible a ese dispositivo. 

(Lea también: EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) tiene nueva agente interventora)

La Corte encontró que el accionante es una persona mayor en condición de vulnerabilidad económica y que ha requerido oxígeno domiciliario como parte del manejo de su enfermedad. Sin embargo, advirtió que no existía una orden médica vigente que permitiera establecer con certeza la necesidad actual del tratamiento ni las condiciones específicas para su prestación.  

Tras analizar el caso, recordaron que, en determinadas circunstancias, el servicio de energía eléctrica puede convertirse en un presupuesto indispensable para acceder efectivamente a tratamientos médicos domiciliarios. 

Por esto, reiteraron que es trabajo de las EPS evaluar las condiciones de cada paciente para definir la modalidad de suministro de oxígeno más adecuada, atendiendo criterios médicos, técnicos y de sostenibilidad, sin que las cargas económicas se conviertan en barreras para acceder al tratamiento.  

En este caso puntual, la Corte le ordenó a Savia Salud EPS que, en 10 días, realice una valoración médica integral para determinar el estado de salud del paciente, establecer si persiste la necesidad del tratamiento con oxígeno domiciliario y definir sus condiciones, intensidad y duración.  

La EPS también deberá valorar integralmente las alternativas de suministro de oxígeno mediante pipetas o concentrador eléctrico, tomando en consideración tanto la eficacia médica como la sostenibilidad económica del tratamiento, sin suspender el servicio. 

Si deciden que el tratamiento continuará con pipetas o cilindros, la EPS, dice la Corte, deberá garantizar su entrega oportuna, continua, suficiente y segura. Si lo harán por concentrador eléctrico deberá asumir el costo del consumo de energía atribuible a ese dispositivo, para lo cual deberá establecer la manera de medir ese consumo y reintegrar al paciente el valor correspondiente. 

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¿Ha escuchado la frase "somos lo que comemos"? Aunque puede sonar un poco gastada, hay algo de verdad en ella. Lo que ponemos en nuestro plato influye en cómo funciona nuestro cuerpo, en nuestra salud e incluso en cómo envejecemos. Pero también somos, en buena medida, lo que podemos comer. Nuestra alimentación está marcada por el lugar donde crecemos, la cultura, las costumbres, las condiciones económicas y los alimentos que tenemos disponibles. 

 En Colombia, por ejemplo, un estudio publicado en 2022 en Frontiers in Food Science and Technology analizó los patrones alimentarios de más de 16 mil colombianos entre 15 y 64 años, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de 2015.  

Los investigadores identificaron, entre otros, un patrón  que denominaron "tradicional", en el que aparecen alimentos como el arroz y otros cereales, papa y leguminosas, arepa, carnes, huevos, lácteos, café, fritos, panela, azúcar y miel. Más del 79% de los participantes reportó consumir diariamente arroz o pasta acompañados de panela, azúcar o miel, mientras que el consumo de pescado y mariscos fue mucho menos frecuente. 

Esa misma encuesta citada, la ENSIN, reveló otro aspecto preocupante del panorama nutricional del país: el exceso de peso representa un problema importante entre los adultos colombianos. El 56,4% tenía exceso de peso y el 18,7% presentaba obesidad. Es decir, casi uno de cada cinco adultos en Colombia vivía con obesidad.  

Estas cifras se alinean con la preocupación mundial por la llamada "globesidad", un término que usa la Organización Mundial de la Salud para referirse a la epidemia de obesidad a nivel global. 

Pero ¿qué significa realmente tener obesidad? Esta condición va mucho más allá de un número en la báscula o de una cuestión de apariencia. "Cuando hablamos de obesidad, hablamos de una acumulación excesiva de grasa corporal que empieza a afectar la salud y a aumentar de manera importante el riesgo de desarrollar enfermedades", explica el doctor Ricardo Nassar, jefe de Cirugía Bariátrica y director del Centro de Cuidado Clínico para la Obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Como lo ha señalado la OMS, la obesidad puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, además de estar relacionada con algunos tipos de cáncer. Sus efectos también comprometen otros sistemas del organismo. "También lleva a problemas respiratorios por obstrucción de la vía aérea; puede producir síndrome de apnea del sueño", explica el doctor Felipe Casa Jaramillo, líder del grupo de soporte metabólico y nutricional de LaCardio. A esto se suma el “mayor desgaste de las articulaciones”, que puede favorecer problemas como la artrosis de cadera y rodilla.  

Estamos hablando, entonces, de una condición que afecta múltiples sistemas del organismo simultáneamente y puede desencadenar enfermedades de por vida.  Ante este panorama, la conversación sobre alimentación cobra aún más importancia.  "La idea es ir hacia una mirada de prevención. Cómo podemos hacer que nuestros pacientes y la comunidad en general tengan mayor conciencia de cómo alimentarnos. Eso nos permite evitar todas esas complicaciones relacionadas con la obesidad", señala el doctor Fredy Luna, endocrinólogo de LaCardio. 

¿Cómo debería ser una alimentación balanceada?

Antes de pensar en porciones, calorías o alimentos que deberíamos eliminar, es fundamental entender qué características debe tener una alimentación para que sea verdaderamente saludable. La doctora Claudia Briceño, jefe del Departamento de Nutrición de la Fundación Santa Fe de Bogotá, propone el principio CESA, que resume cuatro características esenciales que debería cumplir una alimentación: 

Completa: debe aportar nutrientes provenientes de los diferentes grupos de alimentos, ya que cada uno cumple funciones distintas en el organismo. 

Equilibrada: debe existir un balance entre los diferentes grupos y componentes de la alimentación, tanto en las comidas principales como en los refrigerios. 

Suficiente: las cantidades deben cubrir las necesidades de energía y nutrientes de cada individuo, sin resultar insuficientes ni excesivas. 

Adecuada: debe adaptarse a las características y al momento de vida de cada persona, teniendo en cuenta factores como la edad, el nivel de actividad física, el embarazo, entre otras condiciones. 

A estas características se suma una adicional: la alimentación también debería ser personalizada con orientación de un experto en salud. "No todas las personas deben comer igual. Cada individuo tiene unos requerimientos nutricionales específicos", explica la especialista. 

Una manera sencilla de trasladar estos conceptos a la vida cotidiana es pensar en tres grandes grupos de alimentos: formadores, reguladores y energéticos. Los primeros son los alimentos formadores, principalmente las fuentes de proteína, cuya función es fundamental para construir y reparar tejidos y para participar en múltiples procesos del organismo. Por eso, la recomendación de los especialistas es incluir alguna fuente proteica en las comidas principales. 

"Todas las comidas principales deben llevar un alimento proteico. Al desayuno se puede optar por huevo o queso. Al almuerzo, una proteína como carne, pollo, pescado o cerdo. A la comida también se puede optar por algún tipo de proteína, como el huevo", explica la doctora Claudia Briceño. 

Aunque podría pensarse que cumplir este requerimiento es difícil según las diferentes capacidades económicas de las familias, los expertos destacan que una alimentación adecuada puede construirse con alimentos disponibles localmente y opciones que se ajusten a diferentes presupuestos. 

 "Siempre me preguntan cómo logramos ese mínimo de proteínas. Pues existe el huevo, existe la lenteja, que son muy buenas fuentes de proteína a muy buen costo y aplica para todo nivel socioeconómico del país.  Existen otras opciones de proteína de origen vegetal o animal. La idea es buscar las herramientas y ajustarlas según cada población", señala el especialista en endocrinología de LaCardio. 

El segundo grupo está compuesto por los alimentos reguladores: frutas y verduras que aportan vitaminas, minerales, fibra y otros compuestos importantes para el funcionamiento del organismo. Más que recomendar una fruta o verdura específica, los especialistas aconsejan buscar variedad. "Que el plato sea lo más colorido posible. Entre más color, más saludable va a ser esa ingesta", recomienda el doctor Casas. 

El tercer grupo corresponde a los alimentos energéticos, que "aportan la energía necesaria para realizar las actividades cotidianas y sostener las funciones del organismo", explica la doctora Briceño. Allí se encuentran principalmente los carbohidratos y las grasas. 

En el caso de las grasas, conviene priorizar fuentes de grasas insaturadas, presentes en alimentos como el aguacate, los frutos secos, las semillas, algunos pescados y aceites vegetales, limitando el consumo de grasas saturadas y trans. 

Con los carbohidratos ocurre algo similar: no se trata de eliminarlos, sino de aprender a seleccionarlos y consumirlos en cantidades acordes con las necesidades de cada persona. En este grupo están alimentos tan habituales en Colombia como arepa, arroz, papa, plátano, yuca, pasta, pan, galletas y tostadas.  

La recomendación de los especialistas es privilegiar, cuando sea posible, opciones con mayor contenido de fibra y menos procesadas. El doctor Luna recomienda, por ejemplo, la arepa: "La arepa blanca hecha de maíz peto puede ser un excelente carbohidrato para el desayuno". El punto no está necesariamente en el alimento por sí solo, sino también en la cantidad, la preparación y los alimentos con los que se combina. 

Y es precisamente en esa combinación donde, según los especialistas, puede estar uno de los principales retos de nuestra alimentación cotidiana en Colombia. "En nuestra cultura, a veces expresamos el amor a través de la comida y caemos en el error de combinar diferentes harinas al almuerzo", explica el doctor Felipe Casas. "Lo ideal sería que, si hay arroz, no haya papa, plátano ni yuca. Es mejor escoger solo un carbohidrato". Más que convertir esta recomendación en una prohibición, la clave está en entender que un plato equilibrado necesita proporción y variedad. 

El peligro de las dietas restrictivas

El camino hacia una alimentación saludable puede verse truncado por la búsqueda de atajos rápidos y resultados prometedores. Allí es donde las "dietas de moda" y las tendencias de redes sociales ganan terreno con promesas milagrosas. Sin embargo, los especialistas advierten sobre el peligro real de adoptar prácticas extremas como ayunos intermitentes mal orientados, tés, quemadores de grasa o restricciones alimentarias severas sin la orientación de un profesional de la salud. 

"Hay que ser muy cuidadosos porque, si no es orientado por un médico o por un especialista en nutrición, puede llevar el efecto contrario y ser perjudicial para la salud", advierte la especialista de la FSFB.  

Muchas de estas tendencias recurren a la restricción de alimentos, pero los especialistas enfatizan que no es el mejor camino. Así lo explica el nutriólogo Casas de La Cardio: “las dietas restrictivas son prácticamente inanición: cuando el cuerpo entra en periodos de estrés severo, lo que realmente se sacrifica es la masa muscular, no la grasa”. Este es un punto clave que muchos ignoran: las restricciones extremas no solo son inefectivas, sino contraproducentes. 

La verdadera clave no radica en prohibir o clasificar de manera binaria lo que ponemos en el plato. "Es muy importante tener en cuenta que los alimentos no se deben clasificar como buenos o malos", explica la especialista de la FSFB. El enfoque correcto debe estar en la calidad de la preparación, la selección de opciones con mejores condiciones nutricionales y elegir con conciencia. 

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Lograr una presentación eficaz en forma de tableta de Wegovy, una inyección semanal, fue un avance científico. También fue un éxito comercial: más de 1,5 millones de personas, en su mayoría en Estados Unidos, han empezado a tomar la pastilla diaria desde que salió al mercado en enero (aún no ha llegado a Colombia).

Sin embargo, los inversionistas de la empresa no han quedado deslumbrados. Nerviosos, ellos miran hacia un futuro más lejano. La principal patente estadounidense de la semaglutida, el ingrediente activo de Wegovy, vencerá a principios de la próxima década.

Hace apenas unos años, Novo Nordisk era la favorita de la industria del cuidado de la salud. Había sido pionera con un solo medicamento con beneficios que iban más allá de la pérdida de peso, abarcando enfermedades del corazón, del hígado y otras enfermedades cardiovasculares.

Hoy, el precio de las acciones de Novo languidece alrededor de un 70 por ciento por debajo de su máximo de mediados de 2024, cuando era la empresa cotizada más valiosa de Europa. El ánimo de los inversionistas sigue siendo frágil, incluso después de que la empresa dijera el mes pasado que las ventas y las ganancias no caerían tanto como se esperaba este año.

Para Mike Doustdar, el director ejecutivo de Novo Nordisk, los inversionistas no están viendo el panorama general. Ellos están demasiado enfocados en la rivalidad de la empresa con la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, y no aprecian la variedad de medicamentos que Novo tiene disponibles y en desarrollo.

“Tenemos más recursos de los que la gente reconoce”, dijo Doustdar en una entrevista con The New York Times. “En un mundo en el que la gente necesita más medicamentos para tratar enfermedades, esto no es un juego de suma cero”.

Clientes, no pacientes

El deseo de Doustdar de imprimirle nueva energía a la empresa y recuperar su fortuna es evidente en la intensidad con la que habla de quienes dudan de ella. El tono de su voz a menudo es alto; incluso enérgico. “Aún tenemos lo necesario”, señaló.

Doustdar asumió el cargo en agosto de 2025 en circunstancias incómodas. El director ejecutivo anterior había sido destituido unos meses antes por el principal accionista y miembro de la junta directiva de la empresa, la Fundación Novo Nordisk. En octubre, el presidente de la empresa y todos los miembros independientes de la junta renunciaron.

La situación se volvió más tensa luego de que Lars Rebien Sorensen, el presidente de la junta de la fundación, se instalara como presidente de la junta de la empresa. El doble papel de Sorensen, quien también es exdirector ejecutivo de Novo, inquietó a algunos accionistas, incluido el fondo petrolero de Noruega.

Pero hacía falta un cambio drástico. Novo inició la era moderna de los medicamentos para bajar de peso, conocidos colectivamente como GLP-1, pero había perdido gran parte de su ventaja ante la competencia de Eli Lilly y las farmacias de fórmulas magistrales (también conocidas como medicamentos compuestos), que ofrecían versiones más baratas. Y las malas noticias se habían sucedido una tras otra: advertencias sobre ganancias, recortes de precios forzados, ensayos decepcionantes y una desaceleración en el crecimiento de las recetas.

En un doloroso primer paso, Novo despidió a alrededor de 9000 empleados: fue la reestructuración más grande en la historia corporativa de Dinamarca.

Un gran cambio en el último año ha sido retórico. Doustdar habla con frecuencia sobre atender a clientes, no solo tratar a pacientes. Él quiere que la empresa sirva a cualquier persona que necesite los medicamentos, sin juzgar el motivo. Poder comprar medicamentos para bajar de peso con una receta, pero sin una visita presencial al médico, puede ser un apoyo para las personas que experimentan vergüenza y depresión a causa de su peso, afirmó.

Eso ha planteado la pregunta —tanto a nivel interno como externo— de si Novo se está convirtiendo en una empresa de cosméticos. Este debate, apuntó Doustdar, es una distracción.

“Tenemos ciencia que funciona y es segura y eficaz, y hay clientes que la necesitan”, aseguró. “No ir en esa dirección es irresponsable”.

Una mentalidad estadounidense

Mientras Doustdar busca demostrar que los mejores días de la empresa no han quedado atrás, Novo Nordisk ha afinado su instinto comercial y adoptado una postura más firme.

La empresa está cambiando la marca de Rybelsus, que en 2019 fue la primera pastilla de semaglutida aprobada para la diabetes tipo 2, a “la pastilla de Ozempic”, aprovechando —tarde— el reconocimiento de la marca. La empresa también se ha vuelto cada vez más litigiosa. Había emprendido acciones legales contra más de 150 empresas por diversas reclamaciones, y el mes pasado demandó a Eli Lilly por “publicidad engañosa” en Estados Unidos.

La empresa empieza a parecer más estadounidense. Incluso con sus 103 años de historia danesa, Novo obtiene más de la mitad de sus ventas en Estados Unidos, donde emplea a 10.000 personas. El número de trabajadores de Novo en Dinamarca se redujo un 13 por ciento el año pasado, pero en Estados Unidos creció en la misma proporción.

Consciente o inconscientemente, ese cambio es un reflejo de Doustdar. Él es el primer líder no danés de la empresa. Nació en Irán, tiene nacionalidad austriaca y creció en Estados Unidos. Doustdar ha estado en Novo Nordisk durante más de 30 años, pero principalmente en operaciones internacionales, por lo que nunca había trabajado en la sede en los suburbios de Copenhague.

Doustdar enfatizó los lazos estadounidenses de la empresa cuando negoció el año pasado con el presidente Donald Trump, quien amenazaba con imponer aranceles a los medicamentos importados. La empresa está llevando a cabo una expansión de USD 4000 millones (dólares) en Clayton, Carolina del Norte, junto a una planta de producción que inauguró hace 30 años.

Para los consumidores estadounidenses, Novo Nordisk fabrica la pastilla de Wegovy de principio a fin en Carolina del Norte, en dos ubicaciones en Clayton y Durham, que están a aproximadamente una hora de viaje en automóvil.

Ganando tiempo

¿Son suficientes estos cambios para convencer a los inversionistas de que el futuro de Novo no es tan incierto como el precio de sus acciones haría pensar?

Las empresas pueden revertir su mala fortuna. Pero los éxitos, como los de Microsoft y Best Buy, son muy escasos.

“Es más probable que tengas un Nokia que un Microsoft”, dijo Randall Peterson, profesor de comportamiento organizacional en la London Business School, refiriéndose a la empresa finlandesa que perdió una ventaja inicial en el negocio de los teléfonos celulares.

Hassan Chowdhry, gestor de cartera de GMO Asset Management, señaló que este año se deshizo de su participación en Novo Nordisk. El detonante fueron los decepcionantes resultados de los ensayos de CagriSema, el medicamento de nueva generación de Novo para bajar de peso, que se espera que esté disponible a principios del próximo año, sujeto a la aprobación de Estados Unidos. En febrero, Novo no logró demostrar que fuera más eficaz para bajar de peso que un medicamento de Eli Lilly ya existente, con el que competiría.

Si bien Chowdhry espera que el mercado de pérdida de peso sea uno de 150 millardos de dólares con mucho espacio para dos jugadores importantes, afirmó que a Novo le quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudiera lanzar un producto realmente competitivo. Por ejemplo, es probable que otro medicamento, Zenagamtide, esté a años de salir al mercado.

“Parece no haber ningún catalizador en el plazo inmediato que pueda impulsar las acciones al alza de manera importante”, dijo Chowdhry.

Algunos analistas y accionistas de Novo quieren que la empresa se diversifique, posiblemente a través de adquisiciones. Cerca del 95 por ciento de sus ventas provinieron de medicamentos para la diabetes y la obesidad en el primer semestre de 2026. Eli Lilly, en comparación, tiene cada vez más inversiones en neurociencia e inmunología.

Entre esos inversionistas que han alzado la voz está Markus Manns, un gestor de cartera en Union Investment en Fráncfort, que posee acciones de ambas empresas. Novo Nordisk, dijo, “aún carece de una visión de crecimiento sostenible”, aunque tiene la esperanza de que la empresa detalle una en una reunión de inversionistas este mes.

Las constantes comparaciones con Lilly frustran a Doustdar. Para los inversionistas, la rivalidad se ha convertido en una especie de “obsesión”, señaló.

Pero será difícil librarse de las comparaciones con Lilly, sobre todo porque se espera que la empresa busque la aprobación estadounidense para su medicamento de próxima generación, la retatrutida, a principios del próximo año.

Entonces, ¿qué cambiará la percepción sobre Novo Nordisk? “El tiempo”, respondió Doustdar.

El CagriSema promete ser una prueba decisiva. Aunque los inversionistas no se muestran entusiasmados con el medicamento, estará disponible relativamente pronto.

“Es un medicamento mucho mejor de lo que los inversionistas están proyectando actualmente”, dijo Doustdar. “Pero, como dije, no necesito convencer a los inversionistas. Necesito convencer a los médicos, que entienden mejor la biología”.

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A Leidy Joana López le angustiaba algo que para otras mamás es solo motivo de alegría: que su hijo comiera. A medida que crecía, Sebastián comía cada vez más. Y a medida que lo hacía, ella veía cómo el tarro de su alimentación se iba reduciendo. “Usted no sabe cómo uno sufre cuando esa leche ya está para acabarse. Piensa uno: ‘Dios mío, otro tarro”.

(Lea. Identifican señales que pueden advertir de menstruaciones dolorosas hasta tres años antes)

Sebastián fue prematuro. Nació el 10 de diciembre de 2025 con ocho meses de gestación. “Cuando nació, yo lo alimentaba. Yo nada más le daba senito. Pero yo vi que el niño estaba quedando con hambre”. Lady consultó y le recomendaron complementar con una fórmula de etapa cero, indicada para recién nacidos.

Pero a los 13 días de nacido, Sebastián comenzó a presentar sangre en las deposiciones. Tras varios análisis, los médicos le diagnosticaron una alergia a la leche de vaca, una de las presentaciones más comunes de alergia en la primera infancia. Según estima una investigación publicada en 2024 en World Allergy Organization Journal, afecta al 2% de los lactantes y al 4,5% de los niños.

¿Cómo es posible que un niño sea alérgico a la leche de vaca? La leche contiene diferentes proteínas que pueden desencadenar una respuesta del sistema inmunitario. Las principales pertenecen a dos grupos: las caseínas, que representan el 80 % de las proteínas de la leche, y las proteínas del suero, que constituyen cerca del 20 %. Ambos grupos contienen proteínas que pueden actuar como alérgenos y provocar una reacción en algunos niños.

“Al niño le recetaron una leche hidrolizada”, cuenta la mamá. Mientras que una fórmula no hidrolizada contiene las proteínas de la leche de vaca prácticamente intactas, una fórmula hidrolizada las rompe en fragmentos más pequeños para reducir la posibilidad de que desencadenen una reacción alérgica. Estas últimas hacen parte de lo que en Colombia se conoce como APME, la sigla de Alimentos para Propósitos Médicos Especiales.

Ana María Ángel Correa, nutricionista dietista y presidenta del Colegio Colombiano de Nutricionistas y Dietistas, explica que estos productos son especializados y están diseñados para responder a necesidades específicas de personas que, por una condición de salud, no pueden alimentarse de manera habitual con la alimentación cotidiana.

“No se pueden confundir con los suplementos. Los APME se utilizan bajo la valoración y el seguimiento del equipo de salud. El profesional evalúa al paciente y, de acuerdo con su condición y necesidades, determina qué producto requiere, en qué cantidad y cómo debe suministrarse”.

(Puede leer: La grasa nunca ha sido el enemigo; el desconocimiento sobre ella, sí)

Una de esas condiciones de salud es, precisamente, la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero hay otras. Los APME pueden ser necesarios, por ejemplo, explica Correa, cuando una enfermedad neurológica dificulta que una persona pueda tragar o digerir los alimentos y necesita recibirlos por una sonda.

También pueden requerirlos algunos pacientes con cáncer de cabeza, cuello o esófago, cuando su vía digestiva no funciona adecuadamente; personas con insuficiencia renal crónica que se encuentran en condiciones avanzadas, como la diálisis; y pacientes con errores innatos del metabolismo, en los que el organismo no puede procesar correctamente determinadas sustancias de los alimentos.

En esos casos, el cuerpo no puede recibir, procesar o aprovechar los nutrientes de la manera habitual. Por eso, dice Correa, estos productos funcionan como una forma de soporte nutricional: pueden complementar o incluso reemplazar la alimentación cotidiana y están formulados específicamente para las necesidades de cada paciente.

La primera leche que le recetaron a Sebastián se llama Nutramigen. La segunda, con el paso de los meses, fue Neocate. La primera costaba alrededor de $140.000 a $150.000 por tarro. La segunda llegó a costar cerca de $300.000, aunque tenía la misma cantidad de producto, según recuerda Lady.

El niño podía tomarse un tarro cada dos días. Aunque en principio Nueva EPS le autorizó siete tarros de leche, Lady asegura ahora que nunca recibió ninguno. La autorización, cuenta, apareció el 3 de enero, pero en ese momento la entidad atravesaba dificultades para entregar medicamentos. “Nunca me dieron nada”.

Las barreras para acceder a los alimentos médicos especiales

“Los APME no se han visto como una necesidad, como un beneficio para el paciente y como un derecho a recibirlos”, dice Correa. “En estos últimos años, las barreras para acceder se han disparado de manera muy fuerte. En lo que analizamos, nos encontramos con que han aumentado de una manera aterradora”.

Los datos le dan una dimensión concreta a esa percepción. Un análisis del Colegio Colombiano de Nutricionistas y Dietistas, elaborado a partir de la base de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Superintendencia Nacional de Salud de 2025, identificó 32.145 casos relacionados con barreras para acceder a APME o a consultas de nutrición.

Cerca de ocho de cada diez correspondían a dificultades para obtener APME, mientras que la negación de la entrega de tecnologías ya autorizadas, como ocurrió con la familia de Sebastián, que nunca recibió los productos que ya le habían autorizado, fue la barrera más frecuente, con 13.188 casos, el 40,1 % del total.

En los reclamos específicamente relacionados con APME, esa negación llegó al 53,3 %. Los reclamos se mantuvieron durante los 12 meses de 2025: los relacionados con APME oscilaron entre 1.693 y 2.409 mensuales.

El problema atraviesa lo que se conoce como los extremos de la vida y que suelen ser momentos de vulnerabilidad. Las personas mayores de 63 años concentraron 13.510 casos, equivalentes al 42 % del total. De ellos, 11.767 estuvieron relacionados con APME. En estos registros aparecen diagnósticos como desnutrición proteicocalórica y pérdida anormal de peso, así como casos de pacientes con gastrostomía, que pueden requerir soporte nutricional y seguimiento.

Entre los más pequeños, como Sebastián, el problema adquiere una dimensión especialmente delicada. De los 5.865 casos registrados en menores de cinco años, 4.936 estuvieron relacionados con APME. En este grupo, el análisis encontró con mayor frecuencia situaciones como alergias alimentarias, colitis alérgica y malnutrición.

La discapacidad también aparece de manera importante en los registros. En total, se identificaron 7.602 casos correspondientes a personas con discapacidad, el 23,6 % de la base. De ellos, 5.444 estuvieron relacionados con APME. Es una población, explica Correa, en la que pueden coincidir condiciones que dificultan la alimentación por la vía habitual y que, en algunos casos, requieren sondas de alimentación o productos especializados.

Hay otro dato que ayuda a dimensionar la urgencia: más de 18.000 reclamos fueron clasificados como de riesgo priorizado. Es decir, además de la dificultad para acceder al producto o a la consulta, se trataba de casos que el propio sistema había identificado dentro de una categoría que requería atención preferente.

La base de datos de la Supersalud permite saber cuántos reclamos se presentaron, pero no cuántas veces una misma persona tuvo que reclamar ni cuánto duró cada dificultad. Para acercarse a esa dimensión, el Colegio Colombiano de Nutricionistas y Dietistas revisó información complementaria de un programa de soporte a pacientes que acompaña tratamientos específicos, principalmente relacionados con alergias, terapia cetogénica y trastornos metabólicos.

Entre enero de 2024 y diciembre de 2025, 6.023 pacientes de ese programa reportaron al menos una dificultad de acceso. En total se registraron cerca de 35.000 barreras. En promedio, cada paciente afectado enfrentó aproximadamente seis, y uno de cada diez tuvo que sortear 14 o más barreras.

Los tiempos muestran que estas dificultades pueden prolongarse. Las barreras relacionadas con la consecución de una cita médica tardaron, en promedio, 22 días en resolverse. Las dificultades para recibir medicamentos o APME tomaron 18 días y los procesos de autorización, 14 días.

En el extremo de los registros había 68 pacientes con una barrera abierta durante más de 60 días. El caso de mayor duración tardó 223 días en cerrarse: más de siete meses de gestiones alrededor de una necesidad relacionada con su tratamiento.

Para Correa, además, los APME no pueden entenderse simplemente como un producto que se entrega o no se entrega. Hacen parte de un proceso de soporte nutricional que requiere seguimiento. Explica que es el nutricionista dietista quien evalúa las necesidades del paciente y determina qué producto necesita, en qué cantidad y con qué frecuencia. Luego, hace seguimiento a su evolución para ajustar la indicación cuando sea necesario.

Por eso mismo, las dificultades pueden aparecer en distintos momentos de la atención. Un paciente puede salir de una hospitalización con la indicación de continuar un APME en casa, pero encontrarse con que el producto no está disponible o que recibe solo una parte de la dosis que necesita. Y si, además, no consigue una consulta con nutrición para revisar su evolución, puede terminar recibiendo una cantidad que ya no corresponde a sus necesidades.

“Se van generando dos barreras: una, que no le dan el producto que tiene que seguir recibiendo; otra, que no puede lograr la consulta y le siguen dando una dosis que quizá ya no es suficiente”, explica Correa.

También están los problemas para conseguir y recibir los productos. Correa cuestiona que un paciente tenga que desplazarse de un lugar a otro para buscarlos cuando hacen parte de su tratamiento. “Si aquí no lo tengo disponible, no pongamos a pasear al paciente. Se puede enviar a domicilio”, plantea.

Lo que la presidenta del Colegio Colombiano de Nutricionistas y Dietistas encuentra especialmente difícil de entender en estos casos es que el producto pueda aparecer como no disponible para quien lo recibe por el sistema, pero sí pueda conseguirse cuando alguien intenta comprarlo de manera particular. “No lo hay, pero en ese mismo dispensario usted dice: ‘Como particular voy a comprar’, y ahí sí está”.

Las consecuencias, advierte, pueden ir mucho más allá de que un paciente deje de recibir unas cuantas latas. Interrumpir el soporte nutricional puede significar una regresión en la recuperación y, dependiendo de la condición de cada persona, favorecer un deterioro que termine en una nueva hospitalización. Correa menciona entre las posibles consecuencias la pérdida de masa muscular, el deterioro de las defensas y la aparición de infecciones.

En algunos pacientes, explica, ese deterioro puede llegar a comprometer funciones vitales. De ahí que insista en que el soporte nutricional debe mantenerse también después de la hospitalización y que la atención no puede terminar cuando el paciente sale del hospital.

Hay, además, una razón económica para garantizar esa continuidad: “El costo en la instancia hospitalaria resulta más alto que el de la entrega de una, dos o tres latas del producto”, dice Correa. “Sale más costoso un reingreso hospitalario que seguirle dando su APME al paciente cuando sale de la instancia hospitalaria”.

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Un reciente estudio publicado en la revista The Lancet es el primero en analizar los factores de riesgo presentes antes de la primera menstruación y que podrían estar relacionados con el desarrollo del dolor menstrual, conocido científicamente como dismenorrea. Para ello, se centró en niñas de 12 y 13 años.

Hasta el momento, la mayoría de la literatura científica se había centrado en las mujeres adultas o en adolescentes de mayor edad. Sin embargo, en este estudio liderado por Melissa Lenert, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, el equipo se dio a la tarea de analizar si algunos síntomas y características presentes tres años antes de la primera menstruación podían estar relacionados con la aparición posterior de períodos dolorosos.

El objetivo era identificar qué factores podían aumentar el riesgo de desarrollar dismenorrea. Para ello, emplearon una serie de cuestionarios aplicados a 2.25 niñas que participaron en el estudio y sus familias. Los resultados mostraron que cerca del 58% de las adolescentes desarrolló este tipo de dolor. De ellas, 247 (alrededor del 20 %) describieron el dolor como severo.

La importancia de identificar estos factores, dijo en entrevista con El País la investigadora Lenert, es porque hay una relación que existe entre la dismenorrea severa durante la adolescencia y el dolor crónico en la edad adulta.

Este, dijo, “puede desarrollar dolor crónico ante ciertos factores traumáticos como enfermedades, infecciones o lesiones repetidas (...) la dismenorrea severa no tratada podría ser uno de esos factores”. Cabe recordar que la dismenorrea no se reduce simplemente a tener cólicos, sino que se trata de un dolor menstrual que puede llegar a interferir con las actividades cotidianas.

Los síntomas antes de la menstruación

De acuerdo con los investigadores, aquellas niñas que posteriormente presentaron menstruaciones dolorosas tenían mayor probabilidad de haber presentado algunos síntomas físicos entre los 9 y 10 años. Entre ellos estaban mareos, cansancio excesivo sin motivo aparente, náuseas, malestar general, estreñimiento, sequedad o picazón de ojos y erupciones en la piel.

“Explorar las causas subyacentes de esta sensibilidad es un paso fundamental en este campo de investigación”, agregó la investigadora a El País.

Además de estos síntomas, el equipo encontró que las niñas que después presentaron dismenorrea también habían mostrado algunos signos de pubertad avanzada, como vello corporal, cambios en la piel, “estirones” de crecimiento y desarrollo de los senos. Pero, ¿por qué podrían darse estos cambios? Lenert dijo que podrían estar relacionados con factores genéticos o ambientales.

“Por ejemplo, factores ambientales que afectan a la nutrición, la exposición a disruptores endocrinos o el estrés en la infancia pueden contribuir a un desarrollo puberal avanzado antes de la menarquia”, agregó.

Otro hallazgo clave que resaltan en la investigación está relacionado con los determinantes sociales de la salud, pues los resultados indican que las adolescentes negras presentaron un 38 % más de probabilidades de experimentar menstruaciones dolorosas que las blancas.

En el caso de las adolescentes hispanas, el riesgo fue un 34 % mayor que el de las no hispanas.

A los ojos de la investigadora, “muchas personas con dismenorrea severa desarrollan dolor crónico debido a afecciones como endometriosis o miomas uterinos, entre otras; la intervención temprana en estas afecciones es fundamental para limitar el sufrimiento innecesario”.

El equipo advierte que estos factores, sin embargo, no se traducen en que una niña vaya a desarrollar dismenorrea, sino que están asociados con una mayor probabilidad de presentar dolor menstrual en los años siguientes. Por eso, agregan que identificar estas señales antes de la primera menstruación podría permitir una atención temprana.

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“¿Y si todo ha sido una gran mentira?”. Hace 24 años, Gary Taubes, un influyente periodista científico y escritor estadounidense, tituló así un extenso artículo publicado en The New York Times. En él cuestionaba una de las ideas que por entonces parecía incuestionable en la nutrición: que comer menos grasa era necesariamente mejor para la salud.

Taubes aseguraba que el problema podía ser mucho más complejo y que, en lugar de poner a todas las grasas en el mismo saco, había que diferenciar y mirar también el papel de los carbohidratos. ¿Y si la idea de que todas las grasas son malas ha sido una gran mentira?

“Respondiendo a la problemática que ya comenzaba a observarse frente a la obesidad, y que no hemos resuelto, buscamos causas y efectos y la primera señalada fue la grasa”, cuenta Carolina Betancourt, química, magíster en ciencias biomédicas y directora científica de Alianza Team. ”La grasa empezó una trayectoria muy larga de mala reputación”.

Durante décadas, las personas aprendieron a desconfiar de la grasa. Se recomendaban productos bajos en grasa, se promovía reducir su consumo en general y la palabra “grasa” fue un tabú y terminó asociándose casi automáticamente con algo que debía evitarse. Pero ese camino no nos hizo más saludables.

“La primera consecuencia de ese enfoque, y es claro hoy según la evidencia, es que no resolvió el problema de la obesidad, que fue por donde el mito de que toda grasa es mala, arrancó”, dice Betancourt. De hecho, y mientras en la televisión y en la prensa de la década de los ochenta ganaba fuerza el discurso de que comer menos grasa era mejor, las cifras de obesidad y sobrepeso iban en aumento.

Entre 1990 y 2022, según la Organización Mundial de la Salud, la proporción de adultos con obesidad pasó del 7 % al 16 % en el mundo: más que se duplicó en poco más de tres décadas. En ese mismo periodo, el sobrepeso pasó del 25 % al 43 %. En Colombia, en las cinco ciudades analizadas por el estudio COPEN (Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales) —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga—, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos oscila entre el 56% en hombres de Bogotá y el 84% en mujeres de Bucaramanga. Dicho de otra forma: en estas ciudades, en la mayoría de los casos, más de la mitad de los adultos vive con exceso de peso. 

Entonces, ¿en qué nos equivocamos? “En asumir que todas las grasas son iguales y son el problema”. 

No, la grasa no es el problema

Con el paso de los años, la investigación fue encontrando nuevas respuestas y, sobre todo, nuevos matices. La grasa no es un enemigo que deba eliminarse de la alimentación. 

Por el contrario, es un nutriente tan esencial para el organismo como la proteína o los carbohidratos (en su correcta proporción, sin excesos). “La grasa es fundamental. Muchos de nuestros órganos contienen grasa y dependen de ella para funcionar. La retina, por ejemplo, necesita ácidos grasos; nuestro cerebro es el órgano más graso de los sistemas funcionales; cerca del 60% de su materia seca está compuesta por lípidos esenciales; y el sistema cardiovascular depende de ellos para su correcto funcionamiento”, explica Betancourt.

La grasa, además, cumple funciones que van mucho más allá de aportar energía: hace parte de las membranas de nuestras células y permite la absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina D, A y E. 

Por eso, la discusión ya no es si hay que eliminar la grasa. Ahora, ¿qué tipo de grasa estamos consumiendo y en qué cantidad?

“Vamos a plantearlo en los términos que utiliza la Universidad de Harvard: hay grasas malas, otras que son neutras y hay grasas buenas”, explica la directora científica de Alianza Team. En términos más precisos, esta idea coincide con las recomendaciones actuales de organismos como la Organización Mundial de la Salud: reducir al mínimo las grasas trans, limitar las grasas saturadas y priorizar las insaturadas.

No se enrede de más. Las malas, las grasas trans, pueden formarse durante procesos industriales inadecuados y no aportan un beneficio conocido para la salud. Por el contrario, están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y pueden favorecer procesos de inflamación y resistencia a la insulina, asociados con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2. Con las grasas trans, menos es mejor.

La recomendación de la OMS es que representen menos del 1 % de las calorías diarias.

¿Dónde las encontramos y cómo las evitamos? En algunos productos ultraprocesados, alimentos fritos en aceites reutilizados o de mala calidad y en productos de panadería y pastelería hechos con productos de mala calidad. 

Por otro lado, están las grasas que, en esta clasificación, ocupan un punto intermedio: las grasas saturadas. “Son grasas naturales. Están en los alimentos, están en la leche, están en las carnes, están incluso en la leche materna. Sin embargo, también están en otros alimentos donde nos hemos excedido”, explica Betancourt. Este tipo de grasa cumple funciones en el organismo: aporta energía y hace parte de las membranas de las células. Sin embargo, en cantidades altas, pueden elevar el colesterol LDL “malo” en la sangre. 

Cuando este colesterol permanece elevado, puede acumularse en las paredes de las arterias y favorecer la formación de placas de grasa, un proceso conocido como aterosclerosis. Con el tiempo, estas placas pueden estrechar las arterias y dificultar el paso de la sangre. Si una de ellas se rompe y forma un coágulo, puede bloquear el flujo sanguíneo y provocar un infarto o un accidente cerebrovascular. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las grasas saturadas aporten como máximo el 10 % de las calorías diarias. ¿Cuál es el problema? Que según datos del estudio COPEN, cerca del 12 % de las calorías diarias que consumen los colombianos provienen de grasa saturada.

Finalmente, están las grasas buenas o las grasas insaturadas. Y aquí la recomendación es sencilla y clara: la OMS aconseja que la mayor parte de la grasa que consumimos sea insaturada y que, cuando sea posible, sustituya a las grasas saturadas y elimine a las trans. 

Las grasas buenas 

Desde hace un tiempo, cuando los científicos comenzaron a cuestionar el mito de que toda grasa es mala, se dieron cuenta de algo. En algunas poblaciones del Mediterráneo que seguían patrones de alimentación como la dieta mediterránea —aquella que prioriza las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, pescado y aceite de oliva—, las enfermedades cardiovasculares eran menos frecuentes pese a que la grasa hacía parte habitual de su alimentación. ¿Qué estaba pasando exactamente? Sí, claro que consumían grasa, pero no era cualquier grasa ni estaba aislada del resto de la alimentación.

Hoy sabemos que en alimentos como el pescado, el aguacate, las nueces, las semillas y algunos aceites vegetales hay una buena cantidad de grasas insaturadas, que cumplen distintas funciones en el organismo y que, cuando reemplazan a las grasas saturadas, pueden ayudar a mejorar los niveles de colesterol y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Dentro de este grupo están las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. 

Pero, aun dentro de las grasas insaturadas, que son las que conviene priorizar en la alimentación, hay algunas que tienen una particularidad adicional: nuestro organismo no puede producirlas. Son los llamados ácidos grasos esenciales y tenemos que obtenerlos a través de los alimentos. Entre ellos están el ácido alfa-linolénico, un tipo de omega-3, y el ácido linoleico, un omega-6. La OMS señala que ambos son indispensables para el organismo y que, por eso, deben obtenerse a través de la alimentación.

“El omega 3, por ejemplo, participa de procesos cognitivos e inmunológicos. Es una grasa que mi cuerpo no produce. Si yo no la pongo en los alimentos, voy a sufrir deficiencias”, explica Betancourt.

Una deficiencia se constituye cuando el organismo no recibe la cantidad necesaria de un nutriente para cumplir adecuadamente sus funciones. En el caso del omega-3, las recomendaciones internacionales señalan que el ácido alfa-linolénico, uno de los ácidos grasos esenciales, debería aportar alrededor del 0,5 % de la energía diaria para prevenir una deficiencia. En una dieta normal de 2.000 calorías, esto equivale aproximadamente a 1,1 gramos al día.

En Colombia, sin embargo, solo el 1,6 % de la población cumplía con esta recomendación en 2022, frente al 13,5 % registrado en 2018, según el estudio COPEN. 

Y el problema no se limita al omega-3. “Cuando vamos a deficiencias de vitamina D, por ejemplo, el panorama es similar. Tenemos más del 90 % de la población en Colombia que no ingiere la cantidad de vitamina que se necesita”, dice Betancourt. 

Esto ha creado un panorama bastante complejo para el país frente a la grasa. Los colombianos consumen grasas trans, comen más grasas saturadas de las recomendadas y, al mismo tiempo, presentan un consumo insuficiente de algunas grasas insaturadas esenciales, como el omega-3.

Esto último, según el estudio COPEN, se explica en parte por el acceso a sus principales fuentes alimentarias: el salmón, el hígado de pescado y la trucha. Son alimentos que, por su precio o por los hábitos de consumo, no hacen parte de la mesa diaria de la mayoría de los hogares colombianos. Entonces, ¿qué podemos hacer?

Pequeños cambios hacen la gran diferencia

Algo en lo que insiste la directora científica de Alianza Team es que incorporar mejores fuentes de grasa a la alimentación no tiene por qué ser complicado ni exigir que los colombianos cambien por completo la manera en que cocinan. La idea, más bien, es hacer pequeños cambios dentro de las preparaciones y hábitos que ya existen.

Un plato de fríjoles, por ejemplo, no aporta un solo nutriente: combina proteína, fibra y otros componentes. Lo mismo ocurre con alimentos como el huevo, el pollo, el arroz o las lentejas, tan usuales en la forma en que nos alimentamos. La alimentación, en ese sentido, funciona como una suma de piezas que se complementan. Betancourt utiliza una expresión que resume esta idea: los alimentos pueden convertirse en “vehículos de nutrición”.

En ese sentido, se trata de vehículos para incorporar distintos nutrientes a través de alimentos y preparaciones que ya hacen parte de la alimentación cotidiana. 

Un aceite, por ejemplo, puede ser una de esas vías para sumar grasas insaturadas a un plato que de todas formas vamos a consumir. Gourmet®, una de las marcas de Alianza Team, ha desarrollado aceites con diferentes perfiles nutricionales de grasas, alineados a las necesidades nutricionales reales y evidenciadas de los colombianos y que incorporan nutrientes como omega-3.

Hace parte de esa serie de innovaciones y desarrollos de la industria de la alimentación en Colombia —como lo fue en el pasado la fortificación de alimentos como el trigo o el arroz— que buscan incorporar determinados nutrientes a productos de consumo habitual, sin que esto implique cambiar por completo los hábitos de alimentación. 

La lógica es que estos cambios y productos puedan utilizarse en preparaciones cotidianas —un arroz, una sopa, un guiso o unos huevos— sin que la persona tenga que modificar de manera radical lo que come. En la preparación diaria de un arroz, por ejemplo, elegir un aceite con un perfil de grasas diferente puede ser una forma sencilla de mejorar la composición nutricional de ese plato, sin cambiar el plato en sí. 

Por supuesto, no hay ningún producto que, por sí solo, resuelva todas las necesidades nutricionales. “No se trata de que yo use un aceite a cucharadas en todas mis comidas y asuma que ya mejoró todo. Eso no funciona así”, dice Betancourt. La alimentación sigue dependiendo de la variedad: una fruta puede aportar determinados nutrientes; las legumbres, proteína y fibra; el pescado, grasas insaturadas y otros alimentos, diferentes componentes. El objetivo es que esas fuentes se complementen a lo largo del día. 

Al final, quizás el cambio más importante es entender la alimentación como un hábito que se construye todos los días. Para Betancourt, los efectos de una mejor alimentación no son inmediatos, pero sí pueden acumularse con el tiempo, especialmente cuando se trata de prevenir enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.

La propuesta, por eso, no es hacer cambios drásticos de un día para otro. Es empezar por decisiones pequeñas que puedan mantenerse: incorporar con mayor frecuencia alimentos fuente de omega-3, variar las fuentes de grasa, incluir frutas, verduras, legumbres y otros alimentos y prestar atención a la composición de lo que llega al plato.

“Un pequeño hábito que uno puede incluir todos los días se vuelve una gran decisión a largo plazo y es más fácil sostenerla”, resume Betancourt.

Es, en últimas, una idea que también ayuda a entender cuánto ha cambiado la conversación sobre las grasas. Durante años, el mensaje fue reducirlas casi sin distinción. Hoy la pregunta es cuáles consumimos, en qué cantidad, con qué alimentos las acompañamos y qué lugar ocupan dentro del conjunto de nuestra alimentación cotidiana.

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La personalidad de las personas tiene cinco grandes dimensiones: extroversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo (que es cuando experimentamos una mayor inestabilidad emocional) y apertura a la experiencia. Cada uno de estos rasgos no es una categoría rígida, sino que las personas pueden ubicarse en distintos puntos dentro de cada dimensión.

Pero, ¿qué determina en qué punto de esos espectros te ubicas? Recientemente, un grupo de científicos se dio a la tarea de responder esa pregunta. En un estudio publicado en la revista Nature, el equipo dirigido por Elliot, profesor de psicología en la Universidad de Texas en Austin, explicó que desde hace un buen tiempo se conoce que la personalidad está influenciada por una gran cantidad de factores, incluido el ADN.

El desafío, sin embargo, era identificar las vías específicas a través de las cuales las diferencias en el ADN pueden estar relacionadas con la personalidad. Con el objetivo de entender mejor este complejo mapa genético, el grupo analizó más de un millón de personas, en busca de variantes asociadas con la personalidad.

Además, compararon los datos genéticos de miles de hermanos y de pares de padres e hijos para evaluar hasta qué punto las asociaciones encontradas podrían estar explicadas por patrones familiares compartidos. A partir de datos de 46 grupos de estudio diferentes, los investigadores identificaron 1.260 variantes genéticas asociadas con los rasgos de la personalidad, de las cuales 824 no habían sido relacionadas previamente con ellos.

Los resultados en torno a la personalidad

En los resultados, los investigadores señalaron que el temperamento de una persona no está determinado por unos pocos genes específicos, sino por miles de pequeñas variantes genéticas, cuyos efectos individuales son menores, pero que, en conjunto, pueden contribuir a las diferencias en la personalidad.

Tucker-Drob, uno de los autores principales del estudio, dijo en entrevista con The New York Times que consideraba que “las 1,260 variantes son una especie de prueba de que ahora tenemos la capacidad de responder todas esas otras preguntas que antes no podíamos responder”.

Las diferencias genéticas comunes que identificó este estudio explican solo entre alrededor de un 5 y un 10 % de las diferencias observadas en los rasgos de personalidad entre las personas, dijeron los investigadores en el estudio y aseguraron que lo ideal sería no imaginar la personalidad como una especie de pastel dividido en porcentajes de genes y ambiente.

La clave en los genes

En realidad, agregaron, nuestros genes y las experiencias que vivimos no actúan como dos fuerzas independientes que se pueden repartir entre porcentajes, sino que interactúan con nuestras predisposiciones biológicas y contribuyen, en conjunto, a moldear nuestra personalidad.

En otro análisis, por ejemplo, el equipo encontró que, al comparar a integrantes de una misma familia, la gran mayoría de la influencia genética sobre la personalidad parecía venir directamente del ADN heredado de los padres, y no simplemente del hecho de haber crecido en el mismo hogar.

En palabras más sencillas, dos hermanos pueden crecer en la misma casa, tener las mismas oportunidades y compartir experiencias similares, pero aun así ser muy diferentes en su forma de ser.

Además, encontraron que había poca evidencia que mostrara que las personas tienden a elegir a sus parejas con perfiles genéticos que sean similares en los rasgos de la personalidad.

El análisis del equipo también permitió identificar cientos de variantes genéticas relacionadas con los cinco rasgos de personalidad. Señalaron que las personas con perfiles genéticos asociados con una mayor responsabilidad tendían, en promedio, a hacer más ejercicio, elegir alimentos con menos calorías y dormir mejor.

En cambio, aquellas personas con una mayor predisposición genética al neuroticismo presentaban una mayor probabilidad de estar relacionadas con varios trastornos psiquiátricos, un mayor índice de masa corporal y mayores tasas de tabaquismo.

A los ojos del investigador, “el hecho de que ahora podamos analizar la dinámica entre la personalidad y la estabilidad matrimonial, o entre la personalidad y el mercado laboral, o entre la personalidad y el sistema educativo, es lo que hace que esta sea una herramienta realmente útil”.

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En el primer trimestre de 2024, Tim Andrews, un estadounidense de 66 años, se sometió a un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente como alternativa para tratar la enfermedad renal en etapa terminal que padecía.

Con un tiempo de espera previsto prolongado para un trasplante de un donante fallecido y sin un donante vivo compatible, el equipo del Hospital General de Massachusetts Brigham se decantó por realizar el xenotrasplante, como se conoce al trasplante de células, tejidos u órganos de una especie animal a un ser humano.

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Leonardo Riella, investigador del Centro de Ciencias de Trasplantes y la División de Nefrología del Hospital General de Massachusetts Brigham, recordó que en estos casos “la escasez de órganos es la mayor crisis que enfrentamos actualmente en el campo de los trasplantes”.

“Nuestra visión es que el xenotrasplante podría ayudar a solucionar esta deficiencia, inicialmente como un puente para que los pacientes dejen la diálisis mientras esperan un riñón de donante humano y, potencialmente, una vez que establezcamos su seguridad y durabilidad a largo plazo, como una terapia definitiva por derecho propio”, aseguró Riella.

De hecho, el hospital en el que trabaja Riella realizó el primer trasplante de riñón porcino a un receptor humano vivo en 2024. Tras 52 días, el paciente falleció por causas cardíacas no relacionadas con el trasplante.

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Pero la historia de Andrews es totalmente distinta a ese primer trasplante. Como cuentan ahora en un estudio liderado por Riella y publicado en la revista académica The Lancet, el hombre de 66 años vivió con éxito con el riñón modificado genéticamente durante 271 días antes de recibir un riñón humano de un donante y sin necesitar diálisis.

Su caso, explicaron los autores, “representa la supervivencia más prolongada sin diálisis después de un xenotrasplante de riñón porcino en un ser humano vivo y la primera transición a un trasplante de riñón humano”.

En un primer momento, Andrews recibió un riñón modificado genéticamente bajo una solicitud de acceso ampliado a un fármaco experimental de la FDA, la agencia de salud pública de los Estados Unidos.

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Aunque el riñón funcionó de inmediato, se generó un episodio inicial de rechazo que se resolvió con tratamiento. Casi seis meses después de la primera intervención, el riñón porcino trasplantado desarrolló un daño que lo llevó a la insuficiencia orgánica, momento en el cual el paciente recibió un riñón humano de un donante fallecido.

De acuerdo con los investigadores, “los hallazgos ilustran tanto el potencial como las áreas de mejora de los xenotrasplantes como puente para pacientes que esperan un riñón humano”.

Riella, investigador principal del estudio, aseguró que “los pacientes son los verdaderos pioneros. Al dar un paso al frente y estar dispuestos a participar en estos estudios iniciales, están haciendo avanzar la ciencia. Sin su confianza y valentía, no podríamos hacer lo que hacemos”.

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El Hospital General de Medellín denunció que recientemente se registró una agresión contra miembros del centro de salud. El hecho ocurrió, según reportes preliminares, mientras se realizaban labores asistenciales en una de las torres de la institución.

Aunque no se dieron mayores detalles sobre este incidente, el hospital indicó que, luego de que se conociera la situación, se activó un protocolo de emergencia que incluyó apoyo médico, jurídico y de seguridad, así como la intervención de la Policía, que permitió la captura de los presuntos agresores.

“Los servidores y personal de apoyo afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos; paralelamente, el equipo asistencial brindó acompañamiento y contención a la familia del paciente, que atravesaba un difícil proceso de fin de vida”, indicó el hospital, a través de un comunicado.

Desde la administración del hospital se aseguró que se continuará realizando la gestión necesaria para que la institución cuente con el acompañamiento necesario por parte de las autoridades distritales y fuerza pública para evitar que este tipo de sucesos se repitan.

“El Hospital General de Medellín rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia, amenaza o agresión contra quienes dedican su trabajo al cuidado de la vida y la salud de nuestros pacientes. Ninguna circunstancia justifica este tipo de hechos contra nuestra misión médica ni contra las personas que trabajan para hacer posible la prestación del servicio esencial de salud”, se lee en un comunicado de la institución de salud.

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