La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó suspender la comercialización de supuestas pruebas para la detección temprana de Covid-19 por medio de la plataforma digital Mercado Libre.

Según la autoridad, la orden preventiva se impartió a 4 comercializadores de estos dispositivos médicos. Además, Mercado Libre deberá retirar las publicaciones relacionadas en su sitio web.

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Entre los productos que se venden de manera fraudulenta está uno denominado “Test personal COVID-19”, comercializado por Net Medical Trade SAS. Las órdenes también se refieren a las firmas Pro Interprise Colombia Procol SAS y Hannah Trading SAS, como también al responsable de la cuenta de Instagram Almabohemia Shoes, que también promocionaba estos dispositivos. 

De incumplir las órdenes, los comercializadores y la plataforma de internet se exponen a sanciones de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

De acuerdo con la SIC, su decisión se sustenta en la alerta sanitaria No. 73 del 15 de abril de 2020, emitida por el INVIMA, que especifica que dichas pruebas no son productos de venta libre y que deben ser utilizadas por los profesionales competentes en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud o habilitadas por las Secretarías de Salud.

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“Se ha evidenciado la comercialización de estos productos sin que, al parecer, cuenten con aprobación de la autoridad competente y sin tener en cuenta las restricciones de uso y venta de los mismos, lo cual, podría poner en riesgo la salud e integridad de las personas, además de inducir en error a los consumidores sobre el supuesto beneficio ofrecido”, indicó la SIC por medio de un comunicado. 

La entidad añadió que realiza un seguimiento constante a redes sociales y plataformas de comercio electrónico para identificar posibles comercializadores de dichos productos “y prohibir de manera inmediata su comercialización”, mientras se adelanta la correspondiente actuación administrativa.

El presidente El presidente de la República, Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter anunció que a partir de mañana 17 de marzo de 2020 el precio de la gasolina se reducirá en las 13 principales ciudades del país, esto a pesar de que el pasado 10 de marzo ya se había anunciado un ajuste.

#Bogotá Le informo al país que a partir de mañana, 17 de marzo, el precio de la gasolina en las 13 principales ciudades se reducirá en $1.200/galón, fijándose en $7.950/galón y el diésel disminuirá $800/galón, ubicándose en $8.150/galón.

— Iván Duque (@IvanDuque) March 16, 2020

En consecuencia, la ciudad con el precio más alto de gasolina será Villavicencio ($8.386), mientras que Cúcuta tendrá el más bajo ($6.366). Respecto al ACPM, será más caro en Barranquilla ($8.497), pero el menor valor se manejará en Cúcuta ($6.683).

Cabe recordar que mes a mes el precio de los combustibles se ajusta por centenas, una variación tan grande (de $1.000 en promedio) no se veía desde 2008 durante la crisis económica mundial, año en que se rompieron récords en los valores del Brent y el WTI, tanto al alza como a la baja.

El Ministerio de Agricultura habilitó un chat de WhatsApp para recibir denuncias de ciudadanos relacionadas con sobrecostos de alimentos de primera necesidad e insumos agropecuarios. 

Según la cartera, el chat estará habilitado todos los días para atender de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y corresponde a la línea 320 6717746.

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"Hemos puesto a disposición todos los canales de atención del Ministerio y creado una línea exclusiva de denuncias vía WhatsApp, que facilita que se puedan presentar denuncias de especulación y así proteger su bienestar económico, especialmente de los consumidores más vulnerables, como lo son los pobladores rurales, los campesinos y todos los actores de las cadenas de producción, distribución, comercialización" afirmó el ministro de Agricultura Rodolfo Zea Navarro mediante un comunicado. 

Además de este canal, el Minagricultura ya habilitó otras plataformas para recibir este tipo de denuncias. Desde el chat interactivo de su página web y el link de peticiones, quejas y reclamos, hasta el PBX (+571) 2543300 en Bogotá y la línea gratuita 018000510050, que funciona a nivel nacional.  

El Ministerio contrastará la información proporcionada con las bases de datos de los precios de productos agropecuarios vigilados por el DANE. Los casos verificados serán reportados ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

La creación de esta línea telefónica es una de las estrategias del Gobierno para prevenir la especulación de precios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El pasado 21 de marzo, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron que habrá sanciones para quienes especulen o acaparen productos básicos durante el aislamiento obligatorio. 

Los especuladores de precios de productos de primera necesidad pueden incurrir en prisión de 48 a 108 meses y a pagar multas que van desde los 26,66 hasta los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El acaparamiento, por su parte, será castigado con penas de entre 4 y 9 años de prisión. 

La sociedad Hidroituango S. A., dueña del proyecto hidroeléctrico y conformada por la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM), busca aplicar una cláusula penal de apremio por más de $27.000 millones contra EPM. Esto se debe a que Hidroituango S. A. afirma que EPM, con quien se contrató la construcción y operación del proyecto, ha incumplido dicho contrato, conocido como BOOMT (Build, Own Operate, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés).

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Dicha cláusula busca que EPM cumpla con sus obligaciones. El año pasado, Hidroituango S. A. había ya anunciado la imposición de millonarias multas contra Empresas Públicas por cuenta de incumplimientos en los hitos en el proyecto que se habían acordado.

EPM, a través de un documento publicado ante la Superintendencia Financiera, informó que está analizando la comunicación que recibió de parte de HIdroituango S. A. con el reclamo mencionado. Además, que "dará respuesta oportunamente, toda vez que no se han agotado los procedimientos previstos en el contrato que permitan definir la viabilidad de la aplicación de la cláusula mencionada".

Esto se debe a que EPM argumenta que no se ha demostrado que los retrasos en el proyecto han sido su culpa, un punto indispensable para aplicar las cláusulas de incumplimiento. Respecto a esto, hay que recordar también que un estudio de la firma Skava Consulting, contratado por EPM, dio cuenta de que el colapso del túnel que desató la emergencia y posteriores retrasos en la obra tuvo su origen en falencias de diseño. 

Frente a lo anterior, el consorcio diseñador, Generación Ituango, conformado por  Integral e Investigaciones Geotécnicas Solingral S. A., ha manifestado su rechazo. "No aceptamos que al consorcio diseñador se le impute responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”, dijeron en una Carlos Isaza Aguilar, presidente del Grupo Empresarial Integral S. A., y Gabriel Cano Ramírez, representante legal del Consorcio Generación Ituango, misiva enviada a Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM.

En su reciente comunicación, EPM reiteró "su disposición a dar cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas en el contrato BOOMT, dentro de escenarios de concertación y diálogo conforme con los procedimientos y demás mecanismos establecidos en el mismo contrato".

Por fin la ley de financiamiento comenzó a ver la luz al final del túnel con la presentación de la ponencia que contempla los lineamientos básicos para la reforma fiscal con la que el Gobierno busca reducir el hueco presupuestal de $14 billones. Durante cerca de tres semanas, el Gobierno y los congresistas ponentes de la iniciativa hicieron sumas y restas para conseguir recursos por entre $6,5 billones y $7,5 billones. (Lea Así es como debería quedar la ley de financiamiento según la oposición)

El senador de Cambio Radical Richard Aguilar, que se ha convertido en uno de los voceros, indicó que hasta este momento se han garantizado esos recursos que provendrán de normalización de activos ($1 billón), renta a personas naturales ($1,9 billones), impuesto al patrimonio mayor a los $5.000 millones ($1,2 billones), tributo plurifásico a las bebidas azucaradas y cervezas ($960.000 millones), dividendos y remesas ($821.000 millones) e impoconsumo de 2 % por venta de vivienda que supere $918 millones ($1,1 billones).

Se incluyen $500.000 millones en gestión del principio de favorabilidad y de auditoría que va a desarrollar la DIAN, explicó Aguilar, al advertir que su partido firmará la ponencia hasta la próxima semana, luego de una reunión de bancada en la que analizarán cada uno de los puntos para definir “si vamos a apoyar la ley de financiamiento”.

Lo cierto es que hasta el momento se sabe de la existencia de tres ponencias: la del Gobierno, la de Alianza Verde y la de la bancada Decentes. Entre las propuesta de estos últimos está restablecer el impuesto a la remesa de utilidades (de las empresas) al exterior y eliminar exenciones tributarias. Prohibir “que las compañías mineras y petroleras privadas deduzcan las regalías del impuesto de renta” propone esa bancada.

Pese a que la sobretasa para los bancos del 5 % no se ha descartado, el Gobierno no ve con buenos ojos esa propuesta. “El Gobierno ha dicho que no va a acompañar esa sobretasa y con esa negativa no se podría aprobar”, aclaró Aguilar. “Muchos estamos de acuerdo en que el sector financiero podría aportarle más a Colombia. Consideramos que así como Colombia los apoyó, ahora se necesita que el sector financiero le extienda una mano a la agenda social del país”, señaló John Milton Rodríguez, del movimiento Colombia Justa y Libre.

Hay que priorizar los programas sociales y dentro de ellos los subsidios de energía y gas, los programas de paz y la salud, consideran varios congresistas, ante la necesidad del Gobierno de congelar gasto público. “Vamos a pedir que esta iniciativa se archive”, indicó Katherine Miranda, de Alianza Verde, quien además recordó que desde la oposición se votó negativo el proyecto de ley de presupuesto que finalmente fue aprobado con el hueco de $14 billones.

El representante por el Centro Democrático Christian Garcés destacó que “sería un error garrafal asumir la posición fácil de hundir todo el proyecto de ley para después entrar en una discusión de que nos hacen falta $14 billones y que en enero el presidente tenga que hacer un congelamiento de la inversión”.

Una vez radicada la ponencia de la ley de financiamiento, la próxima semana se podría estar aprobando entre miércoles y jueves. José Darío Pérez, del Centro Democrático, no descartó que se tenga que echar mano de la regla fiscal para conseguir más recursos y evitar ahondar los recortes en los programas sociales.

Con un poco más de 1,9 millones de personas que se autorreconocieron como indígenas, el Censo Nacional de Población y Vivienda logró demostrar que esta población creció 36,8 % respecto a la medición de 2005.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, destacó que esto se explica, en parte, gracias a la inclusión de una población que ya existía, pero que no había sido contabilizada en el pasado por condiciones de orden público, entre otras razones.

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Este lunes, durante la presentación de los resultados, el Dane le reveló al país que la población indígena obtuvo una mayor participación en el total de la población colombiana censada al pasar de 3,4 % a 4,4 % (un punto porcentual adicional) respecto a 2005.

Otro dato importante es el paso de 93 a 115 pueblos nativos identificados en Colombia. Este dato responde a la existencia de nuevos reconocimientos de estos pueblos.

Oviedo también destacó que aunque la fecundidad se mantiene alta frente al promedio nacional, cayó el número de niños por cada 100 mujeres (pasó de 62,2 a 42,1).

Por su parte, la participación de mujeres (49,5) en la población indígena fue mayoritaria, aunque sólo estuvo un punto por encima y aún no alcanza la tendencia nacional (50,1).

Asimismo, el Dane informó que los hogares con jefatura indígena tienen en promedio 3,6 personas por hogar. El 26,9 % de los hogares tienen cinco personas o más.

En cuanto a ubicación, departamentos como La Guajira, Cauca y Nariño "concentran parte importante de la población que se autorreconoció como indígena", según la entidad. El 79 % de la población indígena vive en zonas rurales.

"Debemos destacar que por primera vez los Pueblos Indígenas logramos incidir en el instrumento técnico que fue el formulario, que incorporó una visión diferencial y un enfoque interétnico", manifestó Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La papa está más cara este año. Puede que lo haya notado a la hora de hacer mercado, ya que en los dos primeros meses del año el incremento de precio ha sido de 22,07 %, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Puede pensar que con esta subida los paperos tienen una economía boyante, que están decidiendo cómo invertir o gastar las ganancias mientras cuentan sus billetes. Pero el sector está en el polo opuesto: una crisis.

Desde hace casi un año, los productores han visto disminuida su rentabilidad. Para mediados de 2025, estaban perdiendo entre COP 11 y COP 15 millones por hectárea. Y la coyuntura no ha terminado, aunque se ha ido reduciendo en la medida en que los precios han reaccionado, de acuerdo con Richard Sánchez, gerente de Fedepapa (Federación Colombiana de Productores de Papa).

Sánchez explica que las variedades blancas (superior, suprema y pastusa), que estuvieron a alrededor de COP 516 el kilo en agosto y COP 543 en septiembre del año pasado, para el cierre de marzo estaban aproximadamente en COP 1.091, mientras que el valor por kilo previo al inicio de la crisis era de entre COP 1.229 y COP 1.355. “Todavía hay un margen de mejora de unos COP 250 o COP 300”, asegura.

Ahora que el precio ha mejorado y se veía cerca el final de la crisis, se suma otra dificultad: el encarecimiento de los insumos. Esto ha llevado a que el costo de producir cada kilo de papa sea de COP 1.361. Antes, cuando era de COP 1.166, el margen era negativo en COP 195 y la pérdida alcanzaba COP 5,46 millones por hectárea.

El encarecimiento del 30 % en el costo de los fertilizantes ha hecho que aumente la participación del rubro en la estructura de costos. Lo que, a su vez, se debe a los mayores costos logísticos por las disrupciones de suministro que ha causado el cierre del estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra en Oriente Medio.

En contexto: Este es el impacto de la guerra en Oriente Medio en la producción de alimentos en Colombia.

Es un asunto delicado porque abril es el mes en que se siembra la cosecha que sale al mercado entre agosto y septiembre, por lo que es una temporada de compra de insumos. En resumidas cuentas, los costos suben en ascensor mientras que el precio al consumidor asciende un escalón a la vez.

A los paperos les preocupa que la tendencia se mantenga porque un choque adicional sobre fertilizantes podría profundizar las pérdidas que ya tienen y enterrar más la rentabilidad.

Así las cosas, cada vez será mayor el incremento del precio al consumidor que necesitan para, al menos, alcanzar el punto de equilibrio.

El subibaja de precios

Más allá de la coyuntura de los insumos, son varios los elementos necesarios para entender cómo funcionan los precios de la papa y por qué hay ciclos en los que el tubérculo se abarata y otros en los que se encarece.

Todo comienza con una bonanza. Entre 2023 y 2024 el precio subió más de 40 % y eso motivó a los productores a sembrar más, para aprovechar los buenos precios. Pero igual de fuerte fue la caída: el mercado tuvo una sobreoferta que hizo que el valor se desplomara. Así llegó la crisis de 2025, cuyo impacto se extiende hasta hoy.

“Si bien la papa es un alimento básico, su demanda no se expande automáticamente cuando baja el precio. Por lo tanto, cuando aumenta la oferta, no hay un aumento proporcional en la demanda para absorber el exceso”, asegura Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali.

En resumen, se trata de una oscilación que está mediada por el subibaja de la oferta y demanda. Pero no es el único factor que cuenta. Duarte dice que hay un sistema productivo y de comercialización profundamente frágil, que amplifica cualquier desequilibrio entre oferta y demanda.

Un matrimonio disparejo

Los ciclos del cultivo papero no son ajenos a los demás. Hay un efecto colateral del que poco se habla y que permite entender mejor las dinámicas de siembra y producción que se dan en el campo.

Se trata de la zanahoria. Esta se produce principalmente en zonas de clima frío de la región Andina, los mismos lugares en los que se da la papa. Los departamentos con mayor producción son Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño, en regiones que cuentan con condiciones agroclimáticas adecuadas (como altitudes entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar), según Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol).

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Ambos productos son de ciclo corto y hacen parte de sistemas productivos complementarios. Por eso es común que estén dentro del esquema de rotación que busca mejorar la salud del suelo, reducir la presión de plagas y optimizar el uso de los recursos productivos.

Aunque no se desplazan entre sí, el comportamiento del cultivo de papa puede influir indirectamente en la zanahoria, principalmente a través de las decisiones de siembra de los productores.

“Cuando el precio de la papa es alto, muchos agricultores prefieren sembrarla, lo que puede reducir el área destinada a zanahoria. En cambio, cuando los precios de la papa bajan, algunos productores buscan alternativas y optan por cultivos hortícolas como la zanahoria. Esto puede aumentar la oferta de la hortaliza en el mercado y eventualmente generar presiones a la baja en el precio”, detalla Asohofrucol.

Por eso, lo más común es que cuando el precio de uno sube, el del otro baja. Y si la papa se encareció en un 22 % porque se redujo la oferta, la zanahoria cayó un 15,32 % en los dos primeros meses del año porque aumentó su disponibilidad.

El riesgo de este vaivén es que a los productores no les sea rentable sembrar. Eso hace que se reduzca la disponibilidad de los alimentos para los colombianos, algo que ya ocurre en el caso del tubérculo y que podría profundizarse a medida que la crisis se extienda e impida que la actividad sea rentable.

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Una de las obras que prometía cambiar la vida de más de 600.000 personas en el sur de Bogotá sigue sin moverse. El TransMiCable Potosí, adjudicado en 2023 y proyectado para entrar en operación en 2027, hoy está suspendido, sin avances en su fase de construcción y con retrasos que ya empiezan a acumularse.

La alerta la lanzó la concejal Diana Diago, quien puso la lupa sobre el contrato IDU-1752-2023. Según explicó, el proyecto registra 0% de ejecución en obra y apenas un 1,93% de avance financiero, pese a que ya se han desembolsado más de COP 9.000 millones.

De acuerdo con la información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), obtenida mediante derecho de petición, el contrato alcanza un 98,03% en estudios y diseños, pero la construcción no ha iniciado y actualmente se encuentra suspendida. Además, ya acumula dos prórrogas y tres suspensiones, lo que llevó a que la fecha de entrega pasara de noviembre de 2027 a agosto de 2028.

En otras palabras: el proyecto está prácticamente listo en el papel, pero no existe en la realidad.

“El TransMiCable de Potosí es un fantasma. Una obra de COP 529.000 millones que prometieron entregar el próximo año, pero hoy tiene 0% de ejecución en construcción. Este contrato ya ha tenido dos prórrogas y tres suspensiones. Eso sí, ya le desembolsaron más de COP 9.000 millones al contratista sin poner un solo ladrillo”, cuestionó la cabildante.

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El proyecto fue planteado como una solución estructural para la movilidad en Ciudad Bolívar. Se trata de un sistema de cable aéreo de 3,3 kilómetros entre el Portal Sur y el barrio Potosí, con cuatro estaciones —Portal Sur, Tres Reyes, Santa Viviana y Potosí— y capacidad para movilizar hasta 4.000 personas por hora.

La promesa era reducir los tiempos de viaje en un 75%, pasando de trayectos de 40 minutos a apenas 10. Es decir, recuperar hasta 30 minutos diarios para miles de personas.

Hoy, ese tiempo sigue perdiéndose.

Para los habitantes del sur de la ciudad, no es un dato técnico. Son horas en buses, recorridos largos y transbordos agotadores que, acumulados, se convierten en días completos al año lejos de sus familias o del descanso.

Más de 600.000 personas en Ciudad Bolívar siguen esperando una solución que, por ahora, no ha pasado del papel.

“Esto es una burla con los habitantes de Ciudad Bolívar. Prometieron una obra que transformaría la movilidad del sector, pero hoy lo único que hay es un contrato suspendido, no hay obra y los retrasos son evidentes”, afirmó Diago, quien también cuestionó tanto a la administración anterior como a la actual.

El proyecto fue adjudicado durante la alcaldía de Claudia López y actualmente está en manos de la administración de Carlos Fernando Galán. Frente a esto, la concejal hizo un llamado directo para destrabar el proceso.

“Alcalde Galán, no más excusas ni improvisación. Le exijo que destrabe este contrato y empiece la construcción de esta obra de una vez por todas”, concluyó.

Por ahora, lo que queda es un contrato vigente, estudios prácticamente terminados, recursos parcialmente ejecutados y una promesa que, para cientos de miles de habitantes del sur de Bogotá, sigue sin materializarse.

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El Plan de Ordenamiento de la Producción Agropecuaria busca de una parte suavizar el ciclo de la producción en 10 productos que han sido priorizados y también que se tengan momentos de sobre producción y en algunos instantes de escasez.

La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Marcela Urueña Gómez, explicó que esa estabilización de precios le va a ayudar al productor que va a tener la posibilidad de vender a precios más rentables su cosecha. Son 10 productos de mayor consumo entre los colombianos y la propia industria. Son arroz, cebolla cabezona, papa, panela, maíz, algodón, aguacate hass, forestales, pesca y acuicultura y leche.

El primer paso para desarrollar este plan es hacer reuniones de concertación con los representantes de las 10 cadenas productivas. La más adelantada es con los arroceros. “Tenemos acordado el nivel de siembras que se requieren para 2019 para satisfacer la demanda interna del cereal”, dijo la viceministra. 

Las negociaciones se adelantan en el marco del Consejo Nacional del Arroz donde tienen asiento Fedearroz y los industriales representados en Induarroz. La viceministra reiteró la invitación a los productores de arroz a que registren las áreas que pretenden sembrar que estará abierto hasta el 30 de abril . Para ello, se ha dispuesto una aplicación (http://regarrocero.ica.gov.co/) en la web del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

En el mediano plazo también procura concretar lo que se ha llamado el Plan Arrocero 2022 que determinará cuáles son las áreas que se requieren sembrar para atender las necesidades de demanda nacional, y determinar el tipo de apoyo que requiere la cadena arrocera para generar esa estabilización en los ciclos de la producción.

Para ejecutar este plan se cuenta con los recursos que están en la Agencia de Desarrollo Rural como en el presupuesto mismo del Ministerio de Agricultura, explicó la funcionaria. Se tienen establecidas acciones frente a mejorar infraestructura de molienda en el Tolima para lo cual se dispondrá de $4.500 millones del Ministerio que van a apalancar un proyecto más grande que se hacen con recursos de Fedearroz y que se estima en $22.000 millones.

Marcela Urueña Gómez explicó que para cada uno de los 10 productos seleccionados se hace un plan específico asociado a las necesidades de ese subsector. Con la cadena productiva de la papa se hizo un primer acercamiento y se han programado una serie de reuniones en el plano nacional para invitar a los distintos actores de las principales regiones productoras de papa.

Toda la gestión que se tiene que hacer en el seno de las cadenas productivas tiene que haber concluido en mayo de este año para implementar las acciones que se acuerden con las cadenas.

La viceministra de Asuntos Agropecuarios llamó de nuevo a los productores de arroz para que registren las áreas que pretenden sembrar en el primer y segundo semestre de este año para tener claridad en dónde se están sembrando el cereal. Actualmente se tiene determinado que se requieren sembrar 478.000 hectáreas.

En cuanto a los compromisos internacionales del arroz, la funcionaria explicó que en este momento el país tiene acordadas obligaciones en el marco de la CAN (Ecuador y Perú) y en el TLC con Estados Unidos que son contingentes negociados por esos acuerdos comerciales. “En la medida en que el arroz colombiano se pueda vender a un mejor precio y tenga una mejor competitividad, esa debería ser como una barrera natural suficiente para la entrada del arroz proveniente de Estados Unidos, Perú y Ecuador”.

Marcela Urueña Gómez señaló que en el caso de la cebolla cabezona, la leche y el arroz son productos que se han visto afectados por el contrabando. “Dentro del proceso de ordenamiento de la producción también estamos buscando en una estrategia con la DIAN, el ICA y la Policía Fiscal generar acciones para el control del contrabando”, dijo la funcionaria del gobierno de la administración Duque.

En el tema del maíz, ya que Colombia es neto importador, se plantea aumentar la producción, hacer una sustitución de compras externas y darles más competitividad a dos sectores pecuarios que tienen un potencial exportador destacado: el avícola y el porcícola.

Hasta el año pasado, Colombia importó 13,8 millones de toneladas de maíz y dentro de estas 7,6 millones de toneladas son compras externas de maíz amarillo, blanco y sorgo. El cereal que más se importa dentro de esta última cifra es el maíz amarillo, que representan 5 millones de toneladas, y la totalidad de estas adquisiciones se destinan a la producción de alimentos balanceados donde los grandes consumidores de estos alimentos son el avícola y la porcicultura.

A las 8:00 de la mañana de este martes 17 de septiembre comenzó la prueba piloto de apertura gradual de la vía Bogotá-Villavicencio, cerrada desde inicio de junio por un derrumbe de grandes proporciones en la entrada al municipio de Guayabetal (kilómetro 58). Por ahora, en el punto de la emergencia solo está permitido el paso a vehículos de carga públicos y privados desde 3,4 toneladas de capacidad hasta las 2:00 de la tarde.

La decisión se tomó ayer en el Puesto de Mando Unificado (PMU) y fue anunciada oficialmente a las 3:00 de la tarde por el viceministro de Transporte, Manuel Gutiérrez. A las 9:00 de la noche Coviandes, concesión que administra la vía, confirmó que el Gobierno había ordenado la apertura tras atender la emergencia “a través de acciones de mitigación de las condiciones de riesgo de deslizamiento de tierra en el kilómetro 58”.

En el sentido Bogotá-Villavicencio la vía se abrirá a las 8:00 de la mañana en el sector conocido como Yomasa en Usme (Bogotá), de manera que los vehículos estén pasando por el peaje de Naranjal a las 9:30 de la mañana. Los últimos vehículos podrán pasar por este punto de pago a las 3:30 de la tarde, pues a la 1:00 de la tarde se cerrará el paso en Yomasa.

En el sentido Villavicencio- Bogotá la vía se abrirá a las 8:45 de la mañana en el sector Fundadores, de forma que los vehículos estén pasando por el peaje de Pipiral a las 9:15 de la mañana. Los últimos vehículos podrán pasar por este punto de pago a las 3:15 de la tarde, pues a las 2:30 de la tarde se cerrará el paso en Fundadores.

Por ahora también está permitido el paso de vehículos de los organismos de emergencia. En una segunda fase, mañana miércoles 18 de septiembre, se daría paso a los autobuses con capacidad de 40 o más pasajeros en los mismos horarios mencionados dependiendo del resultado de la jornada de hoy. No obstante, aún no hay una fecha prevista para el paso de vehículos particulares.

Cabe aclarar que todavía se encuentra restringido el paso para vehículos particulares, motociclistas, vehículos pequeños de transporte de pasajeros y automotores con carga extradimensionada, así como vehículos de tracción animal. Peatones y ciclistas tampoco podrán circular.

Alrededor de las 7:00 de la mañana, Coviandes reportó que había congestión vehicular en el kilómetro 35 y en algunos puntos de control a lo largo del corredor “debido a conductores irresponsables que no han acatado las medidas implementadas por el Gobierno Nacional”.

La firma le recordó a los usuarios que no está permitido el paso para vehículos que no cumplan con las características antes mencionadas (carga a partir de 3,4 toneladas) y le recomendó a las personas programar su viaje, ya que la caravana terminará con un carro de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, cuyos miembros verificarán el cierre de la vía.

Coviandes viene reportando al menos seis frentes de trabajo, además a las obras del kilómetro 58, a lo largo de la vía por caída de material y desbordamiento de quebradas, junto con arreglos propios y mantenimientos de la concesión. Por esta razón se están manejando pasos alternos en distintos puntos por franjas horarias.

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Gutiérrez explicó que en el kilómetro 58 se adelantan dos grandes obras de carácter provisional: un sistema de mallas metálicas ancladas en la parte superior de la meseta de Mesa Grande para controlar el desprendimiento de rocas y minimizar su riesgo de caída y la construcción de un tablestacado (barrera metálica) de 260 metros de longitud, 2,5 milímetros de espesor y 6 metros de altura.

El Banco de Desarrollo de América Latina CAF anunció la segunda colocación de ‘Bonos Verdes’ por un monto de US$ 30 millones a un plazo de 5 años, informó la entidad al destacar que el BNP Paribas fue el banco encargado de la colocación.

“En CAF estamos comprometidos con la migración hacia economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático, por eso el 28% del monto total de las operaciones de crédito y cooperación técnica en 2017 correspondió a financiamiento verde", dijo Luis Carranza, presidente de la institución regional.

El Programa de Emisión de Bonos Verdes se ejecuta con éxito gracias a la confianza de los inversionistas, y "nos permitirá seguir avanzando en esta dirección para promover el desarrollo sostenible en América Latina”, señaló Carranza.

Entre las dos primeras operaciones se ha logrado captar un total de US$ 82,2 millones provenientes de inversionistas que se destinarán solo a proyectos con alto impacto ambiental y social. Estas transacciones se enmarcan en el Programa de Emisiones de Bonos Verdes de CAF, dice el comunicado de prensa de la entidad de crédito internacional.

La CAF incorpora transversalmente la sostenibilidad ambiental y el cambio climático en la región mediante programas, proyectos y acciones que promueven ciudades más resilientes al cambio climático y con bajas en emisiones; uso del suelo y servicios ecosistémicos; energía sostenible y eficiencia energética; infraestructura sostenible; movilidad y conectividad; y transformación productiva sostenible, destaca la institución en un comunicado de prensa.

Lla institución dirige esfuerzos a la identificación y estructuración de proyectos y programas para el Fondo Verde para el Clima (GCF), Fondo de Adaptación (AF) y el Fondo Ambiental Mundial (GEF), precisa el informe.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Ccce, publicó recientemente el último estudio de transacciones digitales en Colombia. La gran conclusión que dejó este informe no puedo ser otra: Las ventas no presenciales en el país no paran de crecer.

Por primera vez, en su cuarta versión, el estudio contempla no solo el comportamiento del eComerce, compra de productos y servicios vía internet, sino que también el recaudo, el pago que los colombianos hacen de sus impuestos y servicios públicos, entre otros.

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Conforme a lo revelado por este estudio, la cantidad de transacciones registradas durante el primer semestre de 2017, casi 41 millones, reflejó un crecimiento del 20% con relación a las alcanzadas en el segundo semestre de 2016, un poco más de 34 millones.

Esta tendencia de crecimiento no se detiene si se compara el segundo semestre de 2016 con los primeros seis meses del mismo año, el aumento fue del 13%.

“En 2016, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en Colombia representaron $41,3 billones de pesos; comparado con 2015 se refleja un incremento del 26%”, manifiesta el informe.

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Ahora bien, si se toma solamente la actividad del e-Comerce se encuentra que su consolidado en todo 2016 fue de 32.7 millones de transacciones que significaron más de $12.8 billones.

Analizando los datos que dejó este estudio, la presidente ejecutiva de la Ccce, Victoria Virviescas, dijo a El Espectador el interesante comportamiento financiero que tienen los colombianos al momento de utilizar los medios digitales para hacer sus compras y pagos.

Mientras que el 98% de los colombianos utiliza su tarjeta débito para hacer pagos relacionados a servicios públicos e impuestos, entre otros, el 92% usa el plástico crediticio para hacer compras, vía digital, relacionadas a viajes, tecnología y transporte, entre otros.

El comportamiento que tuvo el eComerce, comparado con el recaudo en 2016, habla de una similitud en materia de número de transacciones, casi 3.3 millones para la primera y 31.5 para la segunda, pero evidencia una notable diferencia en materia del monto de las transacciones, $12.8 billones y $28.4, respectivamente.

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Si se miran los productos y servicios más populares en las transacciones digitales, el ranking lo lidera el sector financiero con un 19%, seguido de gobierno con un 13%, tecnología y comunicaciones con un 13% y entretenimiento con un 11%.

Servicios públicos, empresariales, salud, belleza, educación, transporte y vivienda, entre otros, también se suman al listado.

La Ccce afirma que esta última entrega del estudio será complementada con los datos conseguidos en el primer trimestre de 2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el país: contra entrega y puntos de recaudo.

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¿Por qué llevo pagando años mis deudas con tarjeta de crédito? ¿Qué determina que estoy realmente mal de plata? Incluso, ¿cómo llenar el álbum del Mundial de Rusia sin tener graves consecuencias financieras? Pueden parecer preguntas simples, pero muchas veces se quedan sin resolver debido a la poca educación financiera que los jóvenes tienen hoy en día. (Puedes suscribirte a Pelaos aquí)

Benítez agrega: “Los centennials por el momento no muestran mucho contacto con los productos financieros, pero los millennials sí tienen un comportamiento muy derrochón. Los que se acercan a los 30 vienen arrastrando una gran deuda, sobre todo créditos educativos. Y lo que hemos encontrado es que no cuentan con una buena educación financiera”.

Precisamente por esto nace Pelaos: un canal de Youtube cuya meta no solo es acercar y hacer más fácil la educación financiera, sino que también busca explicar la economía de forma fresca y divertida. Aunque el formato está dirigido a jóvenes, pues son altamente vulnerables a cometer errores financieros, todo público lo puede ver y usar como guía.

“La economía, las finanzas personales, las inversiones y el ahorro deben verse desde temprana edad como un reto divertido. Vale la pena entender este reto conociendo las reglas y divirtiéndose en el camino. El canal muestra retos financieros que los jóvenes pueden realizar y fortalecer de esta forma sus hábitos. Si en Youtube fue popular el reto del Ice Bucket Challenge, también puede ser popular el reto de los $1.000 o el reto de las 52 semanas”, explica Karem Suárez, presentadora de Pelaos.

Problemas, el primer insumo

El principal insumo de Pelaos son casos de la vida real: todos los guiones que se han escrito se basan en conversaciones reales que algunos jóvenes han tenido durante la hora de almuerzo, o durante algún descanso del trabajo. De manera que no se crean contenidos con la esperanza de que puedan ser el interés de alguien, sino que se parte de un problema genuino y con el que se sientan identificados los jóvenes.

Las decisiones de todos los días

Es en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en donde la mayoría de personas deben ejercer su educación financiera: ahorrar $1 millón por semestre tomando café de una línea de bajo costo, en vez de una franquicia internacional; fijar un presupuesto diario y no mensual para que cualquier descuadre sea fácil de reponer; las finanzas de pareja y hasta llenar el álbum del Mundial sin gastar de más, son pequeñas decisiones que se deben tomar con todo el rigor económico.

El humor como lenguaje de la economía

Existe mucho humor sobre cómo las personas hablan de su economía, sobre todo cuando indican problemas de dinero. Es normal escuchar expresiones como “las casas de cobranza me llaman más que mi mamá”, “el banco me puso a dieta”, o “me tocó pagar ese café a 24 cuotas”. Es por esto que manejar un lenguaje informal, alegre y en parte chistoso es clave para comunicar la información económica. Muchas personas se pueden sentir más identificadas si se titula ¿Cómo saber que estás en la mala?, que ¿Cómo saber que tienes una mala situación financiera?

La comunidad Pelaos

El formato youtuber tiene dos grandes ventajas: genera comunidad e interacción. De esta manera se espera que en cada video se puede explotar cada vez más el nicho formación económica para el público no especializado, solucionar sus dudas y a la vez interactuar para aprender más de la audiencia y poder medir el impacto. Así, se lograrán resultados cada vez más amplios y concretos. (Puedes suscribirte a Pelaos aquí)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), publicó este jueves la resolución definitiva que establece los requisitos y condiciones necesarias para participar en el proceso de subasta que otorgará permisos de uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz. Se trata de un proceso muy esperado por los operadores móviles para terminar de desplegar la tecnología de cuarta generación o 4G.

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De acuerdo con Sylvia Constaín, ministra de Mintic, “para el desarrollo de la resolución definitiva, los aportes de la industria y la ciudadanía fueron clave, pues nos ayudaron a construir un proyecto más sólido, consistente y adecuado a las necesidades de las comunidades y del sector TIC. Cumpliendo con los compromisos del presidente Duque, hoy ponemos en marcha el proceso de asignación de espectro que le permitirá a millones de colombianos acceder por primera vez a Internet y mejorar su calidad de vida”.

El Gobierno espera que la asignación de espectro se convierta en la piedra angular de la masificación del Internet. También se busca ayudar a la población que carece de conectividad a Internet de banda ancha móvil, principalmente en zonas rurales o de difícil acceso en el país.

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La resolución definitiva brindará certidumbre técnica y jurídica sobre los requisitos y condiciones que se deben tener en cuenta en el proceso de asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, según explicó Mintic mediante un comunicado. Así las cosas, la resolución representa el comienzo formal del proyecto que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre y en el que podrán participar los operadores interesados, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

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Cabe recordar que en agosto, Mintic publicó el proyecto de resolución que da inicio al proceso de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz. En el documento, la ciudadanía y los actores interesados a formar parte del proyecto podían enviar sus aportes y comentarios.

Además, en septiembre, el Ministerio aclaró que los permisos de uso del espectro se darán hasta por 20 años y no 10, como ocurría antes, gracias a la nueva Ley Tic (1978 de 2019). También señaló que en la subasta no solo se tendrá en cuenta el monto del dinero ofertado, sino también las poblaciones a las que el operador proponga brindarles cobertura.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, fue elegido por el Foro Económico Mundial (FEM) como uno de los 127 líderes jóvenes más importantes a nivel mundial. De acuerdo con la organización el funcionario colombiano “ha desafiado los límites, conseguido primicias y roto las reglas tradicionales” para mejorar el mundo.

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“Me siento honrado, conmovido y muy agradecido con el Foro Económico Mundial por escogerme como uno de los ‘Young Global Leaders del 2019 (…) más razones para seguir trabajando con amor y disciplina por Colombia”, indicó Malagón por medio de su cuenta en Twitter.

Entre el grupo de jóvenes elegido por el Foro Económico Mundial también está el actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez.

Estos jóvenes fueron elegidos por “representar el mejor potencial de su generación, por su capacidad para forjar la comprensión y la acción en los distintos campos, y por su valor e innovación en los negocios, entre otros”.

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Entre los programas que ha impulsado Malagón está el de Semilleros de Propietarios, una iniciativa que entregará 40.000 subsidios durante 2019 con el fin de que hogares de bajos recursos puedan ahorrar para la cuota inicial de su vivienda propia.

A finales del año pasado también se lanzó el programa Casa Digna, Vida Digna, un proyecto que busca dar 600.000 apoyos para las viviendas que presentan déficit cualitativo (en pisos, baños, etc), tanto en las ciudades como en el campo, durante los siguientes cuatro años.

El Gobierno del presidente Duque está empeñado en reactivar el mercado de capitales, que ha perdido intensidad y desde hace varios años parece que fuera en retroceso. La capitalización bursátil local no ha sobrepasado niveles del 34 % del PIB en los últimos cinco años, situación muy alejada de lo ocurrido entre 2009 y 2013, cuando el promedio estuvo en 64 % del PIB, admite el Ministerio de Hacienda.

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Para tratar de enderezar el camino, y llevar de nuevo al mercado de capitales por el fortalecimiento, la administración Duque convocó una Misión del Mercado de Capitales, que debe rendir un primer informe en la primera semana de agosto de este año. Será la segunda misión con esta finalidad en la historia, pues la primera se conformó en 1996. El ministro de Hacienda alista un proyecto con las bases para la reactivación del mercado de capitales en Colombia.

El viceministro Técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, sostiene que hay consenso en cuanto a que “el mercado de capitales en Colombia no es lo profundo que debería ser para el tamaño de nuestra economía”. Es innegable que la Bolsa de Valores de Colombia es una especie de termómetro que mide la temperatura de la economía, por ello se requieren decisiones que muevan el mercado.

Para diagnosticar el mal que aqueja al negocio bursátil, la Misión se encargará de establecer una hoja de ruta que promueva su desarrollo para que sea más profundo, líquido, eficiente y diversificado, con más emisores e inversionistas y que esté en constante innovación.

Desde el colapso de la firma Interbolsa, en 2012, se ha visto una estampida de personas naturales del mercado accionario, acompañado de emisores y de firmas comisionistas, señala el analista independiente Andrés Moreno. Es indudable que este desastre le hizo mucho daño a la Bolsa de Valores. Pero los escándalos no acaban y muchos grandes emisores han estado involucrados en hechos que afectan el nombre de las compañías.

Olarte asevera que “la demanda por acciones en Colombia es muy baja por problemas de estigma generados por los eventos como el de Interbolsa en 2012 y la crisis financiera de 2008 en el mundo, entre otros”. Según su análisis, esto ha hecho que los inversionistas pierdan apetito por el mercado bursátil local y que se genere una baja liquidez. En otras palabras, si se compra una acción no es fácil venderla después, admite.

Alexandra Cely, analista de renta variable de la firma Acciones & Valores, considera que para atraer a nuevos emisores “hay que generar programas de promoción y educación financiera orientada a las empresas, para persuadirlas de las bondades de participar en el mercado de capitales, no solo a través de los instrumentos tradicionales de financiación de proyectos”.

Baja presencia del sector real

“El volumen de las operaciones en Colombia como porcentaje del PIB en 2018 fue de 4 %, inferior a Brasil (43 %) o Chile (16 %) y muy por debajo de otros países emergentes como Sudáfrica (107 %)”, remarca el Gobierno.

Para el comisionista de bolsa Camilo Díaz, gerente de Estrategia de Itaú, es clave profundizar el mercado de capitales “fortaleciendo la participación de los agentes locales, principalmente los minoristas, dado que los actores institucionales ya tienen un papel activo dentro de los flujos, con una participación de 22 %, así como los agentes extranjeros, quienes en los primeros seis meses del año fueron los participantes más activos, con un 40 % de cuota en el mercado accionario local, mientras que las personas naturales y el sector real participan con apenas el 11% y 10% respectivamente”.

El Ministerio de Hacienda reconoce que hay una alta concentración en productos de entidades del sector financiero y una reducida presencia del sector real. “Esta última explicada, en parte, por los elevados costos y procesos dispendiosos que hacen que potenciales emisores renuncien prematuramente a su intento de acceder al mercado de capitales”, dice el Ministerio.

Alexandra Cely manifiesta que si bien hay menos emisores en el mercado, hay empresas muy robustas que integran el índice de capitalización Colcap. Tal es el caso de Bancolombia, Banco de Bogotá, Éxito, ISA, Aval, Ecopetrol y Grupo Sura; son 24 acciones y veinte emisores. Pero argumenta que muchas de esas empresas “han perdido poder de mercado y el volumen de negociación diaria se mantiene casi en los niveles de hace diez años en monto; es decir un promedio de $120.000 millones”.

La Bolsa de Valores de Colombia tiene la palabra, exponen analistas. Moreno opina que la Bolsa de Valores ha tenido muchos cambios desde su fusión. Recuerda que hace veinte años había cuarenta comisionistas, hoy solo 18; para 2011 se contaba con cerca de un millón de inversionistas, ahora deben quedar unos 500.000; en 2001 había 125 emisores y hoy quedan 68. “La bolsa se volvió más bancarizada, hubo aumento de costos y de una cantidad de tecnologías y auditorías y los pequeños inversionistas no tuvieron espacio, dados los altos costos”, dice.

“En Colombia, por desgracia, el beneficio-costo de emitir acciones es estructuralmente bajo”, asegura Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria. Y dibuja un panorama desalentador: “Para poder emitir acciones, las empresas deben generar confianza publicando de manera muy transparente sus estados financieros y su ‘estrategia de crecimiento de largo plazo’. Esto, enmarcado en un entorno de alta informalidad empresarial, alta evasión de impuestos y mucha incertidumbre empresarial de largo plazo, hace muy costosa la adaptación para acceder al mercado de valores”.

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El problema del mercado de capitales de Colombia no está en la salida de emisores, sino por qué no llegan, por la coyuntura del país, la devaluación del dólar y, sobre todo, no ven atractivos en el mercado para hacer emisiones en el negocio doméstico, y los pocos que llegan son pequeños, sostiene el analista independiente Andrés Moreno. Los potenciales emisores de valores se enfrentan, entre otros aspectos, a restricciones regulatorias que hacen de este un proceso muy dispendioso que termina por desincentivar la posible participación en el mercado, remata Camilo Díaz.

Mary Luz Macías tuvo un accidente de tránsito hace 14 años que la dejó incapacitada. Al regresar a su trabajo como vendedora, en un local de comida, fue despedida. De aquel hecho le quedó una lesión en la rodilla que le impidió vincularse al mercado laboral convencional.

Según el DANE, el país empezó con aumento en la tasa de desempleo, al fijarse en 12,8 % en enero de este año, un punto por encima de la cifra del mismo mes del año pasado.

“Me desmotivé por no conseguir un empleo. La fácil fue vender por catálogo. Primero le ayudé a una tía, quien me dejaba las ganancias. Después le colaboré a una cuñada, pero me puse a pensar y me pregunté: ¿por qué no lo hago yo misma?”, cuenta Macías, quien es consultora desde hace cinco años de Yanbal, Avon, Ésika y otras marcas.

La mujer, de 51 años, asegura que ahora vive de eso. Sin embargo, dice que ofrecer solo un catálogo de revista no sirve. “Si vendo $1’000.000 me gano $250.000 y con eso, ¿quién va a vivir? Trabajo juiciosa con todas mis revistas, para ganar unos $3’000.000. Las ventas funcionan bien si uno tiene un orden con los clientes en las formas de pago”.

De acuerdo con la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el tamaño de este mercado en el país generó US$5.687 millones en 2018. Específicamente, en el mercado de belleza y cuidado personal en Latinoamérica, Colombia ocupó el año pasado el cuarto lugar con US$3.422 millones.

Respecto a los canales de distribución, la venta directa o por internet de productos cosméticos tiene una participación de un 30,9 y un 0,2 %, respectivamente, lo que representa negocios por casi US$1.057 millones. Según cifras de Raddar, que realiza estudios de mercado, “Facebook y Whatsapp son las redes sociales que más utilizan los consumidores de este mercado. Instagram y Youtube son más representativas en las generaciones más jóvenes”.

Una de las empresas de este mercado en la venta directas es Yanbal, que en 2019 cumple 40 años. Actualmente 140.000 mujeres en el país se dedican a vender sus productos por catálogo.

“Hemos crecido en desarrollo empresarial. La compañía es cuna de emprendedoras. Tenemos 4.000 empresarias independientes, que manejan la red de consultoras”, señala el peruano Carlos Gallegos, gerente general de la empresa en Colombia.

Esta compañía fue creada hace 51 años en Perú y luego abrió mercado en otros países. Sus productos se dividen en cinco categorías: tratamiento, maquillaje, bisutería, cuidado personal y fragancia (que es la más vendida). “Tenemos la capacidad de fabricar y distribuir nuestras fragancias en Colombia”, agrega Gallegos.

Y es precisamente el mercado de las fragancias el que domina el sector denominado “otros productos relacionados con cuidado”. Para la firma Raddar, una gran parte del crecimiento obedeció a la venta de perfumes para mujer. No obstante, las lociones para hombres en 2018 tomaron fuerza y aportaron el 33 % de ese incremento.

A pesar de ser una de las marcas de más recordación, en el mercado de ventas por catálogo también ha despertado críticas. Si bien solo el año pasado generó ganancias en el país cercanas a los US$200 millones, como muchas de las empresas que promocionan las ventas directas, no les paga seguridad social a sus consultoras, por no estar vinculadas directamente con la compañía.

Así lo ratifica la consultora Mary Luz Macías, quien señala que, como emprendedora, debe hacer los aportes correspondientes al sistema de seguridad social. Por su parte, Gallegos, quien lleva 19 años en la compañía y un año a cargo de la gerencia de Yanbal Colombia, aclara que, “al ser catalogadas empresarias independientes, deben velar por estar protegidas socialmente. Todos sus costos tienen que tener una concordancia con el trabajo que están haciendo”.

Fuera de que cada una de ellas obtiene ganancias cercanas al 25 % de cada producto, desde la empresa las capacitan en la parte tributaria, legal y comercial. “Dentro de toda la conceptualización de su negocio van encontrando la asignación de los gastos que consideran más relevantes. Sin duda, la seguridad social es un punto importante en el desarrollo del emprendedor”, concluye Gallegos.

Aunque para las consultoras se ha convertido en un reto asumir el pago de su propia seguridad social, este sector también es una salida para muchos desempleados en el país. Mary Luz Macías cree que en dicho negocio encontró una alternativa para subsistir. Su desafío es llegar a nuevos mercados como los millennials o la generación Z, que representa más del 30 % de la población colombiana.

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. decidió que otorgará la cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje” a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, ocurrida en abril de 2018.

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Ayer en la tarde, EPM recibió respuesta de la aseguradora y la dio a conocer públicamente esta mañana. El gerente general de EPM, Jorge Londoño, manifestó que la decisión se fundamentó "en las investigaciones y los hallazgos que adelantó la aseguradora de manera autónoma, los cuales concluyeron que la causa de la contingencia está enmarcada en los términos y condiciones de la póliza y por tanto tendremos cobertura”.

El próximo paso será cuantificar el valor del siniestro, aplicarle los límites establecidos por Mapfre y reembolsar el dinero a EPM, que, aunque no dio mayores detalles, dijo que inyectará la suma a los estados financieros del proyecto.

La póliza expedida por Mapfre a favor de EPM cubre, sujeto a los términos y condiciones de la misma, las afectaciones a la infraestructura, obras civiles, equipos del proyecto y el lucro cesante derivado del retraso en la entrada en operación.

Según la compañía, esta establece un límite asegurado por US$2.556 millones para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, y de US$628 millones para cubrir el retraso de entrada en operación.

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EPM detalló que la aseguradora designó una serie de expertos nacionales e internacionales (ingenieros, geólogos y geotecnistas especialistas en presas y obras subterráneas, abogados, entre otros) para revisar la información técnica de los principales frentes de obra del proyecto; incluyendo túneles, cavernas, presa y vertedero.

Así mismo revisaron los diseños, planos, especificaciones técnicas, procesos constructivos, bitácoras de obra, matriz de riesgo y estudios pre y pos contingencia.

El trabajo de este grupo de expertos también incluyó 12 visitas al proyecto, múltiples reuniones y entrevistas en profundidad con el equipo técnico de EPM, con los principales contratistas y el board de expertos, aseguró la compañía.