La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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Con la política Paz con Legalidad, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, el Gobierno Nacional está llegando a los 170 municipios más afectados por la violencia, la pobreza, la presencia de cultivos ilìcitos y la ausencia estatal. Los PDET son, sencillamente, una gran herramienta para transformar estos territorios.

Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, estos programas son el ejercicio de planeación participativa más grande en el mundo, promovido por un gobierno. En ellos, el Gobierno Nacional no impuso las soluciones a sus necesidades, fueron las comunidades las que se empoderaron en la construcción de visión de sus territorios para el futuro.

Estabilizar los territorios más afectados por la violencia requiere del compromiso decidido del Gobierno central, gobiernos locales, cooperantes internacionales, sector privado y comunidades. Si entre todos enfocamos nuestros esfuerzos en estas zonas, alcanzaremos la paz territorial. De lo contrario, corremos el riesgo de que la violenta vuelva a extenderse con todo el impacto que ello implica.

El programa Obras PDET de la Agencia de Renovación del Territorio - ART, que hace parte de los PDET, ha dispuesto más de 200 mil millones de pesos en la construcción de 1.200 obras de infraestructura de ágil ejecución, para mejorar la calidad de vida de las comunidades. La construcción de placa-huellas, parques, instalaciones deportivas, casetas comunitarias y paneles solares, entre otras, ha generado 3.200 empleos y han fortalecido cerca de 500 organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios y organizaciones productivas. Y se invertirán 173 mil millones para construir otras mil obras de este tipo, con lo que se espera fortalecer a nuevas 500 organizaciones.

Adicionalmente, con el mecanismo Obras por Impuestos, logramos que 62 grandes empresas construyan proyectos que generan desarrollo, por más de 467 mil millones de pesos. Este es un ejemplo del trabajo coordinado entre el Gobierno y el sector privado.

Igualmente, se han invertido $86 mil millones en el desarrollo de proyectos productivos de cacao, pimienta, fique, beneficiando a 12 mil familias en municipios PDET.

Los PDET son un ejercicio a 15 años, planeados con mucho rigor. Estamos llegando con obras para generar confianza, y así construir con las comunidades un proyecto integral de desarrollo en las zonas más afectadas por la violencia. Desde la ART vamos a seguir acompañando a las comunidades en el camino hacia la estabilización de los territorios, para alcanzar una realidad con equidad y oportunidades.

*Director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART

El punto V del Acuerdo Final además de la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de personas dadas como desaparecidas, aparecen otras instancias encargadas de acompañar ese trabajo, de hacer seguimiento y de aportar a que esas tareas respondan a las demandas que tienen las víctimas en su diversidad. En el acápite 5.2 del Acuerdo se hace referencia al ‘Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos’ y en el 5.2.3, específicamente, se hace referencia a la ‘Prevención y protección de los derechos humanos’. Es en este contexto en el que el Acuerdo establece la “[C]reación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz. La Defensoría del Pueblo y representantes de las organizaciones de derechos humanos acordarán su composición y funcionamiento.”

Este mandato general fue reglado por la Defensoría del Pueblo mediante Resolución 519 del 11 de abril del presente año, con la cual creó la Comisión como “órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional, las instituciones del Estado y las organizaciones de derechos humanos y paz” con el objeto de asesorar y formular recomendaciones técnicas al Estado y las organizaciones en materia de política pública en estos temas, con particular énfasis en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.

El Plan Nacional de Acción es un compromiso político –más no jurídico pues no proviene de un tratado internacional- adquirido por los Estados que respaldaron la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que se emitió en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y cuyo numeral 71 indica que “La Conferencia (…) recomienda que cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.”

Desde el gobierno de Ernesto Samper y luego en el de Andrés Pastrana se trabajó en el diseño del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, para lo cual durante varios años se realizaron mesas sectoriales a nivel nacional y local que abordaron los diversos temas que debía incluir ese Plan y que recogieron las inquietudes, reclamos y necesidades particulares de los grupos que directamente se verían impactados por un documento de política pública de esa naturaleza. Aunque hubo avances importantes y se logró recoger información valiosa, con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe al poder, la dinámica que había permitido estos avances, se vio impactada por el asesinato creciente de defensores de derechos humanos y líderes de diversos sectores y zonas, lo que hizo necesario congelar ese esfuerzo para crear lo que se conoció como la Mesa Nacional de Garantías que como lo indica su nombre, buscaba concentrarse en la creación de garantías que le permitieran a estas personas seguir ejerciendo su trabajo, su liderazgo y sus derechos de manera libre y segura. El asunto fue de tal magnitud en su momento, que el Plan desapareció de la agenda, para dar paso a la creación, en 2011, del Sistema Nacional de Derechos Humanos creado para generar una articulación interinstitucional en derechos humanos, que soportara las pretensiones de la Ley de Víctimas y contribuyera a ambientar las negociaciones de paz que iniciarían poco después. Solo en el marco de esas deliberaciones en La Habana es que el Plan Nacional de Acción vuelve a abordarse y que se habla de retomar ese ejercicio al que se había instado en Viena más de dos décadas atrás.

Hoy entonces, la recién conformada Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz está llamada a utilizar ese conocimiento técnico y su composición diversa -que busca reconocer los distintos enfoques involucrados- a promover que se impulse la expedición de ese Plan por tanto tiempo postergado y a que su contenido responda a los requerimientos de las poblaciones inmersas y que realmente recoja de viva voz esos reclamos y demandas que existen y que con seguridad se han transformado con el paso de los años.

El reto inmediato de esta Comisión será poder incidir desde el conocimiento técnico de los temas de derechos humanos y de los distintos enfoques diferenciales en la puesta en marcha de un compromiso muy antiguo de Colombia en esta materia. Sin embargo, el mayor desafío de su trabajo a mediano y largo plazo será entender el impacto de su gestión en el marco del proceso de construcción de paz que hoy –a pesar de tantas dificultades- se está viviendo en el país. Los criterios de prevención y protección de los derechos humanos deberán orientar el propósito último de la no repetición para que el trabajo del Sistema Integral creado por los Acuerdos, encuentre un respaldo con vocación de permanencia en la política pública y la institucionalidad ordinaria en derechos humanos. Y estará en manos de la Comisión saber incidir técnicamente en un momento en el que lo político transversaliza todo el devenir público en Colombia.

*Miembro principal de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz en representación de Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS de la Universidad de Los Andes.

Pero la JEP, y esto hay que decirlo sin tapujos, es prueba del terrible fracaso de la justicia ordinaria para cumplir con los estándares de lucha contra la impunidad en la era de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con hechos sucedidos en la guerra. A la JEP también es cierto no se le ve hasta ahora como un tribunal de reconciliación y paz por tantos problemas que nos aquejan como sociedad polarizada y  enferma y por los trasplantes hechos de los peores defectos de la justicia ordinaria; el origen de ciertos magistrados; problemas de corrupción; filtraciones especiales y la  politización a través de la presión de ciertos stakeholders, sobre todo extranjeros.

Pero esa JEP respecto a los agentes de estado uniformados (porque los demás agentes estatales terminaron evadiendo la rendición de cuentas no entendiendo el boomerang frente a la jurisdicción universal por ejemplo) resulta ser más garantista que esa justicia penal ordinaria de la cual se quejaron por décadas, pues basta revisar los textos de asociaciones como Acore, Acorpol, entre otras y sus sentidas y justas quejas. Esa justicia ordinaria además no entendía de DIH, ni de derecho operacional, ni mucho menos de doctrina militar. Y ni que decir de los reclamos militares durante años contra la Procuraduria General de la Nación por el  denominado  "Síndrome de la Procuraduria".

Hoy hay más de mil doscientos militares beneficiados por la JEP y en cercanía de sus familiares, bajo condicionamientos serios y acompañados por la comunidad internacional. Estos militares y policías, como los del sonado caso de la masacre de Mondoñedo, están dispuestos a pasar la página contribuyendo a entender la guerra negada. Estuvieron estos militares y policías otrora detenidos  en la guerra y cometieron errrores, otros horrores y están dispuestos a reconocer si es del caso lo que pasó en los términos hoy establecidos constitucionalmente, y ahora que fue sancionada la Ley estatutaria de la JEP todos esperamos que produzcan decisiones de fondo con eficacia y efectividad.

Por otro lado,  el Sistema Integral ha permitido que la sociedad y la comunidad internacional conozca el drama de miles  de miembros de las FFAA víctimas de la guerra, de los veteranos olvidados por el Estado y la sociedad durante décadas y el dolor de sus familias. Todo lo anterior no lo hubiera garantizado la justicia ordinaria, ni la contenciosa administrativa  con tantos yerros sobre la responsabilidad estatal por el conflicto armado, ni mucho menos  instancias administrativas o legislativas. Es hora de que la JEP demuestre que puede, pero  más allá es hora también de que la justicia ordinaria se actualice y entienda que la guerra continúa y todos los hechos relacionados con el conflicto armado luego del primero de diciembre del 2016 son de su competencia. Este escenario paradójico no lo hemos no entendido, ahora contamos con dos escenarios judiciales diferentes que tendrán que trabajar de la mano y de forma imbricada, pues la JEP seguramente empezará a fijar parámetros e interpretaciones que servirán en todo caso para resolver graves problemas que se siguen suscitando.

*Profesor titular Universidad Católica. Asesor y consultor internacional. 

En primer lugar, es fundamental que el Gobierno sea coherente con el discurso de diálogo y construcción de paz con enfoque territorial que promueve desde la mesa de negociación de La Habana. No puede suceder que el diálogo y la concertación sean la base de la construcción de acuerdos que pongan fin al conflicto armado, pero que no sean un referente para la tramitación de conflictos y protestas sociales.  Jean Paul Lederach ha dado luces importantes acerca de la concepción de construcción de paz; esta implica entender que los conflictos no se “finalizan” –como lo plantean el Gobierno y la oposición–, sino que se transforman. El resultado esperado de las negociaciones es transformar el conflicto armado en apertura política, mejores condiciones para la ruralidad del país y un nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Así mismo, los conflictos sociales deben tratarse desde la perspectiva de la transformación para lograr cambios institucionales, normativos y relacionales, que permitan solucionar las causas objetivas de los conflictos sociales en los territorios.

La segunda lección para el Gobierno es que un conflicto social latente y mal manejado se traduce en violencia colectiva con altísimos costos. Trece paros camioneros en los últimos quince años no son el resultado de una situación fortuita o coyuntural; son el resultado de años de incumplimiento y falta de seguimiento a acuerdos, de políticas públicas insuficientes y permisivas con la corrupción, que ayuda a explicar el problema de sobreoferta que aqueja al sector. Al pésimo manejo del ejecutivo se le suman los abusos por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD. Continúa la estigmatización de la protesta social, y para superarla se requiere la adopción del enfoque de seguridad humana en las tareas de control del orden público y manejo de la seguridad.

Del lado de la sociedad civil también hay lecciones importantes. Por un lado, se debe señalar que la protesta social como derecho no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, acciones que atenten contra los derechos de los demás o contra el interés general. Bloquear vías, atacar vehículos, lanzar piedras y papas bomba no son otra cosa que una forma de chantaje y vandalismo. Nuestros anhelos de paz deben venir acompañados de formas innovadoras y creativas de protesta, entre otras razones, porque las vías de hecho han probado ser útiles para llamar la atención de la institucionalidad, pero poco efectivas para proveer soluciones de fondo a las distintas demandas de la ciudadanía.

En términos de costos y beneficios, es evidente que el balance del paro es negativo: 2.5 billones de pesos en pérdidas económicas (Cifras de Fenalco), escases de alimentos en Boyacá y Nariño (este último incluyendo medicamentos), 977 licencias de vehículos de carga y 377 licencias de conducción suspendidas, entre otros. Teniendo en cuenta que los acuerdos logrados luego de cuarenta y cinco días de paro no se alejan mucho de las pretensiones y propuestas iniciales de Gobierno y transportadores, la pregunta es: ¿valía la pena paralizar al país con tan grandes pérdidas?

La última lección que nos deja este paro tiene que ver con los liderazgos sociales. Desde amenazas con bloquear la entrada de alimentos a las ciudades capitales hasta la destrucción de vehículos de carga ajenos al paro,  han hecho parte de las estrategias promovidas por algunos líderes camioneros para llamar la atención del Gobierno. Por si fuera poco, el vínculo de líderes camioneros como Pedro Aguilar con el cartel de la chatarrización llevan a preguntarse acerca de qué tan bien están representados los intereses de los pequeños propietarios de camiones. Es imperativo que generemos nuevos liderazgos, alejados de las lógicas de corrupción y de las posiciones radicales; se necesitan líderes que entiendan que las vías de hecho no funcionan y que el diálogo es la herramienta fundamental para el postconflicto. Debemos pasar de un modelo de diálogo basado en posiciones, a uno basado en intereses colectivos. Para el caso de los camioneros, su posición enfatizaba la necesidad de mantener la tabla de fletes, sin embargo, de haberse dado, esta intervención sobre el mercado hubiera generando mayor sobreoferta de vehículos, agudizando la problemática que se intentaba solucionar.

En gran medida, el éxito en este nuevo intento por construir paz en Colombia depende de nuestra capacidad de aprovechar el postconflicto para generar transformaciones sustantivas, no solamente en el ámbito formal de las leyes y las políticas públicas, sino también en la cotidianidad de la relación Estado-Comunidades. Las luchas sociales deben darse en el marco del respeto por el interés general, y el Gobierno debe atenderlas brindando todas las garantías para ejercer el derecho legítimo a la protesta.

*Alexader Riaño,  Coordinador de la línea de investigación de  Conflictos Asociados al Desarrollo, Fundación Paz y Reconciliación.

Pero lo simbólico no siempre ayuda: la paz de Belisario, de palomas y globos, de desfiles y conciertos, no trascendió sino que se estrelló contra el Palacio de Justicia, mostrando su cara real: el fracaso.

Recientemente, la entrega de un primer grupo de niños y niñas por parte de las FARC al Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene además un valor simbólico: empezar con el cumplimiento de lo acordado. No son todos los niños, pero ese gesto no se debe medir solo en números.

A veces lo simbólico es (casi) suficiente: el perdón pedido por el comandante de las FARC a las víctimas, tan esperado como comentado, tocó las fibras más sensibles del país que le escuchaba. Pero hay quienes ante semejante gesto limitan todo a si debió decir, ofrecer o pedir (la manía de reducir los problemas graves a un debate semántico).

Ahora, la Unión Europea ha decidido suspender (con miras a excluir) a las FARC de la lista de organizaciones terroristas, lista creada a partir de los atentados de Nueva York, de 2001. Otro gesto donde los símbolos construyen realidades.

Eso implica varias cosas: reconocer que esa insurgencia es un actor político, que Colombia sufre un conflicto armado y no solo actos de terror, y que ese conflicto tiene unas causas que van más allá de sus expresiones violentas.

Pero los símbolos se deben acompañar (muchas veces) de otras cosas para que su eficacia sea real. Es plausible la decisión de aportar a la consolidación del proceso Gobierno-FARC con dicha declaración, pero la Unión Europea está llamada a cosas más grandes.

Tampoco se trata de que nos llenen las arcas (hasta ahora vacías) del posacuerdo; se trata de acompañar el proceso en lo político, de esforzarse porque sus donaciones no se pierden en la maraña burocrática y corrupta del Estado, de escuchar más a las comunidades que a las ONG. Es decir: replantear su modelo de cooperación internacional para ser eficaz. Más aún, la Unión Europea está llamada a acompañar al movimiento social para que tenga un apoyo real frente al asesinato de sus dirigentes o al flujo de amenazas.

Incluso, hay cosas concretas en las que puede colaborar a nuestra paz: la persecución a los carteles de la droga en sus países, el control del mercado de precursores y de armas que alimentan las guerras, y hasta el apoyo para que las empresas europeas que hacen presencia en Colombia respeten las normas internacionales en materia laboral, de respeto al medio ambiente y de protección a los derechos humanos.

Lo simbólico es eficaz, pero no para todos, para todo, ni para siempre. Y eso lo deben entender todos los que quieren ayudar a construir nuestro futuro y nos envían símbolos de apoyo.

La situación producida por el COVID-19 nos debe recordar la importancia de estar pendientes no solo de las medidas que se adopten por parte de las autoridades para proteger nuestra salud y vida, sino de los controles que puedan tener las decisiones adoptadas. Ejercer el poder sin controles es una enfermedad peligrosa para el Estado de derecho.

Hasta el momento la Rama Ejecutiva ha tenido que hacerse cargo de la emergencia derivada del COVID-19. El Presidente ha expedido más de 70 decretos para atender la pandemia, cerca de 40 de ellos con fuerza de ley. Aún estamos esperando a que el Congreso sesione virtualmente, contando ya con autorización legal para hacerlo y adopte medidas legislativas para hacer frente a la emergencia, así como controlar políticamente la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas por el Presidente.

Por su parte, la Corte Constitucional ha iniciado la tarea de revisar de manera automática los decretos leyes expedidos por el Presidente en uso de las facultades derivadas del estado de excepción de emergencia. A su vez, el Consejo de Estado ha anunciado que revisará de manera automática los decretos expedidos por el Presidente en ejercicio de su función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante el estado de excepción, y de manera rogada, ante demandas de la ciudadanía, los demás decretos ordinarios expedidos.

El control automático es preferible que el control rogado en una emergencia, porque el paso del tiempo afecta gravemente la razón de ser del control, que debe dar claridad urgente sobre la constitucionalidad y legalidad de las medidas adoptadas. Algunos decretos expedidos por el Presidente en uso de sus facultades ordinarias, como los decretos 418, 420, 457 y 531 de 2020, relacionados con el orden público y la limitación de derechos y libertades fundamentales, como la libre circulación de personas, se encuentran en una zona gris de control que parece sugerir que no tendrían control automático o que, excepcionalmente, podrían corresponder al Consejo de Estado, aunque no aparezcan aún en su sistema de revisión.

La razón de la duda es que aunque son decretos fundados en la necesidad de enfrentar la emergencia sanitaria, no fueron expedidos con ocasión o en desarrollo de las facultades del estado de excepción, como se puede ver en su contenido. Parece un tecnicismo, pero de la facultad de expedición que usa el Presidente depende que el control sea automático o rogado. Tratándose de normas sobre orden público y limitación de derechos, que incluyen medidas extraordinarias que impactan todos los escenarios de la vida social, el control no debería ser rogado.

Así, el contenido material de dichos decretos, que restringen derechos y libertades fundamentales, debería estar sujeto al control judicial automático y, además, corresponder a la Corte Constitucional. Si de acuerdo con el numeral 2 del artículo 214 de la Constitución, durante los estados de excepción no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales y las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos, no podría aceptarse que decretos ordinarios restrinjan derechos sin un control automático en cabeza del tribunal constitucional.

No se trata de cuestionar la necesidad o proporcionalidad del aislamiento preventivo obligatorio o de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia, sino de llamar la atención sobre la posible ausencia de control que podrían tener. La Corte Constitucional ha señalado que en un Estado de derecho no puede haber acto normativo que se sustraiga del control constitucional, pues uno de sus axiomas es la sujeción del poder de las autoridades públicas al imperio de la ley (Auto 288 de 2010). Es decir, no podría afirmarse que estamos en un Estado constitucional sin la existencia de dicho control.

Si las medidas de orden público y de limitación de derechos y garantías fundamentales se realiza en medio de un estado de excepción, aun cuando tienen la apariencia de originarse en facultades ordinarias, el control debe ser extraordinario. Por esa razón la Corte Constitucional debería solicitarle a la Secretaría Jurídica de la Presidencia o al Consejo de Estado, en caso de que estos los hayan recibido, remitir los decretos 418, 420, 457 y 531 de 2020 para su análisis y asegurar un control constitucional integral.

Si bien podemos ser conscientes de los desafíos jurídicos que se presentan para enfrentar la pandemia generada por el COVID-19, así como de los esfuerzos de las autoridades por mantener la operación del Estado en la emergencia, es necesario considerar que el control constitucional de las medidas adoptadas en estos momentos puede fortalecer también la salud del Estado de derecho.

Las mujeres en el mundo son quienes tienen mayor interacción con los recursos naturales, especialmente en comunidades rurales ubicadas en países al sur del globo. Las mujeres rurales, quienes en su mayoría dedican su tiempo a las labores agrícolas, producen entre un 60 y 80% de los alimentos en estos países, según cifras del Programa Mundial de Alimentos.

Por otro lado, como consecuencia de los roles históricamente definidos, las mujeres en la ruralidad son aquellas encargadas de abastecer de agua a sus hogares y comunidades. En Colombia, en un departamento como La Guajira, este es el diario vivir de una mujer o niña en una comunidad Wayú. La situación más común es encontrar un pozo de agua a una o dos horas caminando de las rancherías, en el peor de los casos este pozo puede estar a cuatro horas.

Imagínemos este último escenario, si sumamos el recorrido ida y vuelta son ocho horas, lo que equivale a prácticamente una jornada laboral completa. Es decir, las mujeres y niñas pasan gran parte de su tiempo buscando y almacenando agua, que además casi nunca es potable. ¿En qué momento van las niñas al colegio? En ¿qué momento las mujeres pueden dedicarse a labores que les permitan obtener un ingreso propio?

Hoy la situación es precaria, pero con la aceleración del cambio climático puede ser aún peor, estos pozos podrían reducirse o inclusive desaparecer. Lo cierto es que el impacto que tiene la crisis climática en las fuentes de agua, modificándolas o desapareciéndolas, afecta directamente a las mujeres y niñas producto de los roles de género.

Otro ejemplo, en gran parte de las zonas rurales las mujeres -a quienes se les ha designado también históricamente el rol de la cocina- cocinan con combustibles de biomasa, conocidos en la cotidianidad como leña. A primera vista, este hecho pareciese inofensivo, en mis visitas a diferentes comunidades el sancocho en la olla cocinado con leña es, quizás, uno de los momentos más esperados. No obstante, las implicaciones en la salud que puede tener estar en contacto diario con el humo producido cuando la leña es expuesta al fuego son aterradoras. Estos gases son tóxicos y cuando se inhalan a poca distancia las posibilidades de desarrollar enfermedades que comprometan al sistema respiratorio son altísimas.

Asimismo, los combustibles de biomasa producen gases de efecto invernadero como el CO2 y el monóxido de carbono que contribuyen al cambio climático. Las mujeres rurales son sujetos clave para migrar a nuevas formas de energía en los países de menores ingresos.

Por otro lado, las mujeres son quienes más sufren las consecuencias de las catástrofes naturales y conflictos armados; mueren más mujeres que hombres en este tipo de siniestros por causas directas e indirectas. Paradójicamente no es el desastre en sí lo que mata a las mujeres, son los roles de género estructurales que las ponen en mayor vulnerabilidad, como por ejemplo su rol de cuidado de niñas y niños, adultos mayores y enfermos.

Para nadie es un secreto que la crisis climática trae consigo nuevos desastres y desplazamientos, donde las mujeres deben ser especialmente atendidas.

@lmaciaslozano

A diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad había comenzado actividades sin sobresaltos más allá de la desconfianza evidente de un sector de la sociedad, como una prueba clara de un ambiente polarizado. En columnas anteriores hemos argumentado por qué la Comisión es el epicentro del sistema colombiano para superar un pasado violento dentro de una democracia. Pero, ¿hemos superado ese pasado?  La cruda realidad diaria parecería indicar que no. 

Colombia continúa en conflicto armado en todo su territorio en donde se está aplicando el derecho internacional humanitario, especialmente porque continúa existiendo el ELN y ahora con la reciente ley de sometimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) se revalida la aplicación del uso de la fuerza de manera ofensiva, lo que implicaría incluso la posibilidad de bombardeos. Lo anterior significa que las Fuerzas Armadas siguen operando de acuerdo con su mandato constitucional y ello implica actividades de inteligencia, infiltración de organizaciones ilegales, la utilización de información clasificada de acuerdo con la ley, incluso la necesaria para capturar a los perpetradores de los terribles crímenes contra líderes sociales.

Teniendo en cuenta este contexto desafortunado, esta semana se reveló por un medio de comunicación una petición con cuarenta requerimientos presentada por la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa  lo que generó un gran debate nacional en relación con la pertinencia y necesidad de algunos documentos solicitados y las repercusiones que podría tener en términos de la dignidad de los seres humanos que han realizado operaciones de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos años y que incluso podrían seguir en esa delicada misión. Este impase generó pronunciamientos del gobierno, sectores de los retirados y del padre Francisco De Roux quien finalmente desistió de algunos requerimientos e indicó que se realizaría una nueva reunión con el Sector Defensa para precisar los alcances de la información de inteligencia y contrainteligencia pedida.

Cuando se leen  y estudian las normas  que estructuran el sistema de justicia para la transición en Colombia parecen redactadas para un país que estuviera tratando de indagar las causas de la violencia bélica superada como ha sucedido en la experiencia comparada. Pero ese país sólo existe en la norma y el deseo de millones y las comisiones de la verdad se presume que deben trabajar en una etapa de postacuerdo, e incluso en algunos casos en postconflicto. Desde esa perspectiva el debate en torno a las solicitudes de la Comisión de la Verdad, en este caso sobre la actuación de la inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública desnuda en términos generales situaciones muy  preocupantes sobre órganos, herramientas e implicaciones del Sistema.

No obstante, volviendo al tema de los requerimientos al sector defensa quisiéramos mostrar algunos elementos importantes. El primero de ellos es que la relación de la Comisión y las Fuerzas Armadas es excelente. Desde hace más de seis meses se han realizado reuniones de acercamiento, generación de confianza y conocimiento mutuo, incluso talleres en relación con miembros de la fuerza pública víctimas como el de días anteriores en Medellín. 
En segunda medida, existe plena disposición por parte del estamento militar y policial en brindar toda la información y documentación necesaria para que la Comisión cumpla una misión que hoy resulta gracias a la subsistencia de la guerra, por lo menos difícil de caracterizar y entender. 

En tercer lugar, existen retos inmensos para configurar estrictos protocolos de transferencia de documentación y reserva legal sobre todo la clasificada, tal y como lo prevé la normatividad vigente (Decreto 588 de 2017) que fue revisada por una Corte Constitucional que pecó de idealista como todos los que anhelábamos el final completo del conflicto armado y que obvió el contexto evidenciado al comienzo de estas líneas (Sentencia C-017 del 2018). 
Ahora bien, la Comisión tiene todo el derecho de solicitar para cumplir su mandato información incluso clasificada; pero por otra parte se desconoce si la Comisión de la Verdad cuenta con la infraestructura, los requerimientos técnicos y logísticos para recibir documentación de inteligencia y contrainteligencia de más de sesenta años, pues lo solicitado data desde 1953. Igualmente, no se encuentra claro qué significaría la eventual desclasificación e incluso publicación de información de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la normatividad relacionada con la Comisión, que precisa que los documentos que pueden demostrar graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho humanitario no admiten ningún tipo de reserva legal. Y aquí el problema se tornaría mayúsculo pues no se sabe quién calificaría y con base en qué criterios cuándo una información o documentación pública o clasificada de inteligencia prueba que se han violado o infringido derechos humanos y el derecho humanitario. 

Finalmente, a nivel técnico la Comisión carece, de acuerdo con nuestra información, de personal conocedor de derecho operacional, inteligencia y contrainteligencia militar y policial, polemologos o sociólogos de la guerra, expertos en doctrina e incluso en DIH desde una concepción no antimilitarista como lo sostienen otras fuentes. Lo anterior puede incrementar la desconfianza sobre el cumplimiento transparente y objetivo de su mandato. 
No hay duda que el conflicto armado en Colombia se diferencia de las dictaduras del Cono Sur que sustentaron la creación de comisiones de la verdad, o de los casos de guerras civiles centroamericanas, pero no es desconocido que se han trasplantado metodologías y experiencias que ven al Estado como el comienzo y el final de todos los males y eso evitaría construir una verdad extrajudicial y una memoria en donde nos veamos todos reflejados como nación. Con la debida independencia y respeto por las misiones constitucionales es mucho lo que deben seguir colaborando el sector militar y policial con la Comisión de la verdad. Pero por ahora, vale preguntarse ¿Estamos en otro capítulo más de una transición sin transición? Amanecerá…

*Asesor y Consultor internacional.

Hace casi 20 años, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 de 2000, siendo la primera que aborda el impacto desproporcionado de los conflictos armados en las mujeres. A pesar de su carácter innovador, la Resolución 1325, así como la serie de resoluciones que de esta se derivan para constituir la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, omite adoptar una noción amplia al aludir de manera exclusiva a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el marco de los conflictos armados, dejando las personas LGTBI y los hombres por fuera.

Aunque las mujeres representan a la mayoría de las víctimas de violencia sexual, no son las únicas que la han vivido. Ahora bien, si la violencia sexual contra nosotras ha sido invisibilizada y acallada, no nos debe sorprender la escasez de información sobre personas LGTBI y hombres víctimas de este delito; de hecho, sus cifras son prácticamente desconocidas.

Varios de los factores que impiden la denuncia de este tipo de prácticas son compartidos por mujeres y hombres sobrevivientes de esta violencia: el temor a represalias, vergüenza, desconfianza en la institucionalidad, entre otras. Con todo, la base del silencio radica en la persistencia de estereotipos negativos de género que en los hombres heterosexuales implica un refuerzo de aquella imagen del macho alfa, fuerte, protector e inquebrantable; mientras que para las personas LGTBI la violencia sexual se basa en una serie de prejuicios sociales que admitieron y admiten dichas prácticas en su contra, consagrándose como acción “merecido”.

Ahora bien, desde el punto de vista técnico, una de las razones que subyace este silencio se funda en la falta de una definición internacional de violencia sexual que no se ligue de manera automática y exclusiva a las mujeres y las niñas como víctimas. A pesar de que gran parte de las definiciones son generales, e incluyen diversas modalidades de violencia sexual, el lenguaje- a la hora de interpretar las diferentes normas y estándares- se direcciona, casi siempre, a la mujer, e incluso, a la mujer heterosexual. Esto crea entonces un factor para el olvido, la exclusión y la legitimación de violencia sexual contra las personas LGTBI y los hombres. 

Así, esto es un reto para entidades como la CEV la cual cuenta con experiencias comparadas en otros contextos como el Peruano. En este último, su Comisión de la Verdad en los 2000, adecuó la violencia sexual masculina como una forma de tortura, en donde se aludía a choques eléctricos contra hombres cuya práctica era notablemente mutilación genital y esterilización forzada.

La CEV es una ventana de oportunidad con el potencial de expandir el alcance de la figura de las comisiones de la verdad. Lo anterior, no solo desde su rol como “visibilizadora” de diversas violencias y sus razones de ser, sino desde un rol no legitimador de esas violencias y, por lo tanto, como promotora de la transformación y eliminación de estereotipos en tanto garantía para la no repetición.

“No eran las ideas las que salvaban al mundo, no era el intelecto ni la razón, sino todo lo contrario: aquellas insensatas esperanzas de los hombres, su furia persistente para sobrevivir, su anhelo de respirar mientras sea posible, su pequeño, testarudo y grotesco heroísmo de todos los días frente al infortunio”.

Ernesto Sábado

Mientras Colombia está en un momento clave de develamiento de realidades, pasadas y presentes, que exigen definir el uso que se le ha de dar, se avizora la incapacidad de erigir un nuevo orden incluyendo al otro. Con todo, ese otro existe y persiste; es el revolucionario que pide transformar una realidad, cambiar un orden asimétrico que perpetúa la existencia de aquella esencial heterogeneidad del ser aludida décadas atrás por Abel Martín. Al querer negar la otredad y silenciar la necesaria transformación, los otros son quienes salen a relucir promulgando un lado no popular, un lado alejado del desarrollo económico depredador como eje central. Ese otro, que se pretendió ningunear en términos de Octavio Paz, siempre ha estado presente y hoy se erige con fuerza pese a la persecución de la que se convierte en objetivo … militar. 

La desmovilización paramilitar a principios de los 2000 y el inicio de la reincorporación de las FARC-EP, son parte de los intentos por finalizar etapas explosivas (literalmente) que han dejado a Colombia en un estado de contemplación; momento en el que se asombra y se interroga a sí misma ¿qué somos? ¿quiénes somos? ¿qué queremos ser? Colombia vuelve sobre sí, lo cual es, sin lugar a duda, una oportunidad para crear y, por tanto, distinguirse. Sin embargo, la reconfiguración de la explosión, que pretendía concluir, ha impuesto retos adicionales que prolongan la hostilidad del ambiente y por tanto oscurece las respuestas a estos interrogantes.

“Estamos de la mano con la comunidad, las personas de bien, trabajadoras y empresarios…”  Empecé a leer un panfleto que circuló en el Catatumbo en el mes de enero de 2020. Este, llegó a mis manos la semana pasada mientras me anunciaban la muerte de un líder del Nororiente; el río corría y el canto de los grillos y las ranas intentaba consolar la frustración ¿Acaso existe una autoridad tal para clasificar a las personas como “de bien” o “de mal”?  Esta zona de Colombia, en donde la coca forma mares en las montañas, el Fracking inicia y los actores armados imponen la ley y el orden, es aquella en donde la otredad deriva en objeto a negar y silenciar.

“…Indicamos que no queremos venezolanos, ni izquierdistas en nuestro país, estos ciudadanos también serán objetivos militares y si es del caso, también se darán de baja.” Firman Los Legionarios.

Lideres y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, hemos ingresado en el saco de la generalización y la mortal estigmatización cuyo efecto es la exasperación de odios de las masas que resultan cómplices silenciosas de un exterminio que se normaliza. Ese saco se minimiza al mamertismo, la izquierda y el coco del castrochavismo; términos que hoy han sido prostituidos y, por lo tanto, carecen de significado. Aunque vacíos y huecos, son armas poderosas de destrucción que sólo se contrarrestan con una apuesta por la escucha, la empatía y lucha contra la posverdad; una lucha que parece entelequia tras escuchar las recientes cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las declaraciones de The Guardian calificando a Colombia como la Nación más sangrienta contra defensores. 

Si bien Colombia se desnuda ante su realidad, encontrando la oportunidad de someterla a un proyecto conjunto, su tradicional hermetismo y lectura en clave maniquea sigue sometiéndola a una crítica no intelectual, sino instintiva, y, por tanto, irrefutable. Dicha crítica precede la indiferencia la cual reafirma la insignificancia de la vida y el reinado del egoísmo, así como de aquella individualidad que condena notoriamente.

Liderar y defender. Si pretendemos darles contenido a estos victimizados títulos, ambos comparten la búsqueda de transformación de territorios sin responder a intereses exclusivos de demagogos y sin que estos se limiten a ser pintorescas fachadas para turistas. Esta realidad, inmersa en brechas socioeconómicas, que lucen condenadas a la eternidad, no se transforma con la promulgación de leyes mientras no se conozca el origen de quienes componen el territorio, sus tradiciones e ideología, en oposición a la permanencia de una jerarquía heredada y poco aterrizada. Asímismo, ese pasado y raíz, conocido y reconocido, es el primer ingrediente para conformar una Nación capaz de unir voluntades dispersas. Con ello, ese otro deja de ser objeto para convertirse en valioso agente de cambio huyendo de la violencia como único medio de dialéctica.

@laurabm02

Al mismo tiempo, si dibujamos en rojo sobre ese mismo mapa las áreas con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, de presencia de actores armados, de homicidios y de desplazamiento, el verde se va tornando, con algunas excepciones, cada vez más oscuro. Son las personas que habitan estas zonas, en su mayoría campesinos, indígenas y afrocolombianos, quienes han sufrido de forma más intensa los efectos de la violencia y de la falta de un Estado que les garantice sus derechos, tanto en la Costa Pacífica como en las fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.

Que Colombia es un país centralista no es un hecho que sorprenda a nadie. No obstante, los efectos de ese centralismo quizá no son tan evidentes para las personas que viven en las grandes ciudades. El centralismo implica que las personas en las fronteras tengan que caminar por horas en la selva para obtener atención médica básica o asistencia humanitaria, y que las autoridades reales en muchas zonas no sean las del Estado, sino quienes tienen en el brazo un arma y un brazalete. Por ello, más de 346,000 personas, la mayoría provenientes de las zonas de frontera, han tenido que huir al exterior para buscar en otro país la protección que el Estado colombiano no les ha podido brindar.

Sin embargo, hay indicaciones de que las fronteras en Colombia no están condenadas a continuar en este ciclo de insuficiente presencia institucional y violencia, y más bien, tienen el potencial de enseñar muchísimo al resto del territorio y apoyar la transformación del país en un territorio de convivencia y protección.

En primer lugar, es esencial entender que las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no llevarán al fin de todas las formas de violencia, pero sí son una oportunidad única para transformar la vida de cientos de miles de víctimas. Entre todas ellas tienen un lugar especial las víctimas en las fronteras y las que han sido forzadas a cruzarlas, pues tienen la magistratura moral para liderar la construcción de la paz. Pero para esto es necesario el apoyo de la población más afortunada, que en algunos casos sigue viendo la guerra en las fronteras como un partido de fútbol: desde la comodidad de un sofá, exigiendo frente a la pantalla de un televisor una lucha descarnada sin tener que arriesgar nada ni conocer lo que es estar en el terreno.

En segundo lugar, este cambio implica no sólo poder proteger a las víctimas colombianas y evitar nuevas violaciones de derechos, sino también comenzar a pagar la deuda de solidaridad con el resto del mundo. Día a día va creciendo el número de extranjeros que llegan a las fronteras de Colombia buscando un espacio de protección frente a la violencia, la persecución y la miseria en sus países de origen, y merecen que en la frontera les tendamos la mano de la misma forma que otros países lo han hecho con los millones de la diáspora colombiana.

Colombia no solo es el gran país que recibe cada día más turistas e inversionistas ni en el que hay una clase media urbana cada vez más pujante, sino también es el de los pueblos sin servicios básicos y de los desplazados que han sido arrancados de raíz. Colombia no es una sola, sino muchas, y en ninguna parte es más evidente esa diversidad que en las zonas de frontera, que necesitan todo el apoyo institucional para poder ofrecer seguridad y prosperidad a los colombianos y extranjeros que tienen allí sus hogares. Por ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) continuará trabajando desde las regiones para borrar el rojo que las tiñe y apoyar la transformación de Colombia en un territorio de protección. Este cambio requerirá no sólo acuerdos políticos, sino también que las instituciones y los colombianos entiendan que las zonas de frontera, y las personas que las habitan, son la clave para la consolidación de una paz sostenible.

*Nicolás RodrígueZ,Oficial Asociado de Protección, ACNUR Colombia.

Llevaba tres o cuatro meses en Ecuador cuando sucedió el atentado. Para su desgracia Sucumbíos también era dominado por paramilitares; amos y señores de las rutas de narcotráfico, imperio al parecer comandado desde la Hormiga, Putumayo. De nada sirvieron los rebusques del pan diario y soñar otra vida, pues otra vez la maldita guerra le respiraba al cuello.   

Cansado de que siempre le dijeran que lo mejor era buscar zonas seguras, ya que no podían darle garantías de seguridad, Jeferson decidió presentar su renuncia al refugio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin pasaporte, con la denuncia del atentado y sus pruebas, unos cuántos dólares ahorrados y las evidencias de haber sido refugiado en ése país, fraguaría el plan de su otro exilio.  

Esperaría un par de días resguardado en casas de amigos la llegada de su novia. Juntaría los escasos pesos y dólares que había ganado vendiendo legumbres y ollas de cocina. Acto seguido, diseñarían la ruta a seguir por el continente, huyendo hacia el sur, por tierra, en bus o caminando, movidos por la profunda convicción de que preferirían acampar en la Antártida antes que volver a Colombia.

Perú los recibió, aunque la sensación al cabo de unos días fue la de ser una realidad no muy diferente a la colombiana. Continuando la marcha, llegaron a Bolivia y lo poco que conocieron les encantó, pero el país ardía en contra del gobierno de ése momento y la cantidad de pobres les recordó un pasado no muy feliz. En Chile no pensaron, por lo cual llegaron a Argentina, al fin del mundo.    

Tres días tuvieron que esperar en la frontera para ingresar al país. Primero deberían resolver su solicitud de refugio, mientras tanto los insultos xenófobos no se dejaron esperar en el hospedaje transitorio en que los albergaron. Allí pudieron ver la realidad de un continente víctima y su multitud de exilios: haitianos, peruanos y bolivianos que van y vienen, paraguayos buscando algún futuro, venezolanos y hasta cubanos huyendo despavoridos. Todos condenados a la misma tragedia.  

Quince horas duró el viaje en bus hasta Buenos Aires. Era noviembre de 2018, invierno crudo. Arribaron a la estación de Retiro con una pequeña maleta, no más de cuatro camisetas y tres pantalones y el par de zapatos que calzaban. Intentaron arreglárselas en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, Villa 31, pero les fue insoportable ese mar de tragedias latinoamericanas. Por fortuna, la Conare (Comisión Nacional de Refugiados) les ayudó económicamente por un mes. 

Sin documentos, Jeferson intentó buscar trabajo pero de todos lados lo rechazaban. Era un sudaca entre sudacas con otra tragedia, otro exilio, otro dolor. En delivery tuvo una oportunidad como repartidor de comidas en bicicleta por la ciudad. Así, cuando la ayuda de la Conare terminó, tuvo ahorrado algunos pesos para convencer al dueño de un apartamentito en Rodrigo Bueno, otro barrio de miserables y olvidados. Allí se establecieron.

Jeferson y su novia anduvieron Suramérica huyendo de la guerra de su país. Increíble que una tragedia ignorada como tantas otras tenga la fuerza para hacer del protagonista de esta historia a un hombre noble y fuerte, que sigue luchando por sus sueños. Quiere hacerse médico y volver a la maldita patria que lo expulsó para ayudar a sanar heridas, “porque en Colombia víctimas somos todos”, dijo aquella tarde en que recuerdo haber admirado su absurda grandeza.  

Son precisamente los colombianos que habitan en  los municipios y veredas de estas  zonas del país quienes deben pronunciarse con mayor contundencia en favor de que cese la violencia que durante décadas han padecido y que ha provocado su rezago económico, escasa actividad productiva y una lucha sangrienta por el acaparamiento de grandes hectáreas de tierras.

El Urabá por ejemplo, territorio que posee enormes riquezas naturales, ubicado en la esquina de Suramérica, entre los océanos Atlántico y Pacífico, que comprende 18 municipios de los departamentos de Antioquia, Chocó y el sur de Córdoba, epicentro de disputa entre las Farc, el EPL y los paramilitares,  es una de las regiones en Colombia que más razones de peso puede tener para no querer repetir hechos violentos que en el pasado le hicieron ver como uno de los territorios con mayor riesgo para la vida de cualquier ser humano.

Aunque en esta región los actores han cambiado, algunos han desaparecido, otros nuevos han llegado; el conflicto armado ha arreciado y menguado, muchos han muerto y otros han abandonado el territorio, al final, lo único que ha permanecido es la comunidad que  ha pagado todas las consecuencias de la guerra, la misma que hoy tiene la opción de  pronunciarse a favor de un “Si”, que permita reducir los índices de violencia de manera definitiva o un “No”, que poco ayudaría a que el territorio logre la tranquilidad que le permitiría estabilizarse y lograr una mayor comprensión y entendimiento con un sector empresarial señalado de colaborar con uno de los actores ilegales de la guerra en Colombia.

En lo que respecta al departamento de Antioquia, la región del Urabá según el consejo de seguridad en Apartadó, encabezado por el entonces subsecretario de Seguridad de Antioquia, César Herrera, reportó que para septiembre de 2015, Urabá fue  la región con el índice de asesinatos más bajo de este territorio con 12,74 homicidios por cada cien mil habitantes. Esta cifra, comparada con lo registrado hasta septiembre de 2014, demuestra una disminución del 29 por ciento. En 2014 hasta septiembre, ocurrieron 118 casos.

Esta tendencia a la baja en muertes violentas puede seguirse dando en la región del Urabá como consecuencia de la firma de la paz entre el Gobierno Nacional y las Farc y la implementación de los acuerdos. Esta misma situación podría ocurrir en el departamento del Caquetá donde el grupo armado ilegal tiene su origen y que ha sido de su total dominio.

En síntesis, los hechos violentos pueden continuar en reducción si los distintos municipios de Colombia, especialmente los que han estado en el corazón de la confrontación armada, se manifiestan en favor de los acuerdos de paz , que en últimas terminarán por favorecerles, porque sus habitantes no tendrán que seguir viviendo con el miedo y la zozobra que les genera la presencia de un actor armado ilegal en su zona de hábitat, que tendrá la oportunidad de un mayor desarrollo territorial, como consecuencia de la terminación del enfrentamiento bélico entre las dos partes.

Es claro además que el proceso de paz por sí solo no va a traer el desarrollo territorial que durante mucho años le ha sido negado a más de 50% de los municipios en Colombia, es por esto que se requiere que la implementación de los acuerdos de paz sean de carácter obligatorio no solo para el Gobierno en curso, sino también para los venideros y para que este  proceso logre un final feliz, se requiere de la amplia participación de las regiones quienes deben pronunciarse a su favor, pensando en que son las únicas que van a recibir los mayores beneficios de una paz estable y duradera.

*Oscar Fernando Sevillano es asesor Fundación Paz y Reconciliación

Sobre este particular, es ilustrativo el mapa contemporáneo de la pobreza en Colombia. Así, el departamento del Choco acumula el mayor índice de pobreza multidimensional del país, afectando a cerca de la mitad de su población. Este que ha sido un teatro habitual de operaciones y que fue área de acción del denominado Bloque Noroccidental de las FARC (Bloque Iván Ríos), al igual que del Bloque Pacífico o Héroes del Chocó, ambos desde la década de los noventa. Hoy acumula una huella histórica de pobreza, por ejemplo, para el año 2001 el Chocó ocupaba el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del país (DNP, 2001); en 1999 registró la mayor mortalidad infantil del país con un 78.6 % (BID, 1990) y; para el 2019, presenta un porcentaje de pobreza multidimensional superior al 75%. Es decir, la actuación de las FARC y las AUC no fueron canal de solución en más de dos décadas de presencia armada.

Para el caso de la Guajira, que se presenta como otro escenario desalentador, el departamento contó con la acción del Bloque Caribe de las Farc (denominado Martín Caballero). Por su parte, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por intermedio de Salvatore Mancuso y Jorge 40 rivalizaron por el control de esta estratégica zona desértica, limítrofe, costera y despoblada. Sus acciones, además de incentivar la ilegalidad y de ser corredor hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, en tanto santuario de retaguardia y eje del contrabandismo, no coadyuvaron en gestar soluciones a las problemáticas de la región. Para 2001, el departamento ajustaba una esperanza de vida y un IDH inferior al promedio nacional (DNP,2001). En 2018 su pobreza multidimensional fue superior al 75%, lo que da cuenta de las profundas carencias que padece su población.

Similar situación se da para el siempre relevante caso caucano, donde operó el Bloque Occidental de las FARC (o Alfonso Cano) presidido por Pablo Catatumbo. Las AUC se manifestaron por medio del Bloque Libertadores del Cauca (Farallones) como una extensión del Bloque Calima. Pese a ello, desde los años noventa este departamento acumuló una de las menores tasas de IDH a nivel nacional. La esperanza de vida de su población se situó por debajo del promedio y la violencia ha sido una constante en las últimas tres décadas. En 2018 registró un índice de pobreza monetaria superior al 50% que afectó cerca de 213.000 personas y la pobreza monetaria extrema en 22% que representan 108.859 personas (DANE, 2019); su pobreza multidimensional afecta entre el 50-75% de la población, de manera que las históricas luchas armadas del Cauca tampoco son un referente de transición armada hacia “órdenes” menos desiguales.

Estos tres ejemplos conducen a señalar la inutilidad de la guerra, sin indulgencias; la violencia y el alzamiento en armas como medios efectivos de transición hacia comunidades más equitativas o sencillamente mejores, esto que pareciera un enunciado obvio, es para algunos sectores académicos y políticos una contradicción, ya que promueven lecturas limitadas y románticas, en las que hasta el último día de lucha, las armas actuaron como un medio legítimo y efectivo para la solución de luchas sociales o agrarias, ignorando que  las estructuras armadas fueron cambiando sus intereses, pero no necesariamente su discurso.  Pese a que esto es una verdad casi de aceptación general, existen grupos de opinión que se han concentrado en relativizar los hechos y las lecturas históricas de estas estructuras, presentándolo como causas legítimas que luchan contra un Estado integralmente opresor. 

En mi criterio, fue poco lo que estos actores lograron en las áreas en las que ejercieron dominio. Sabido es que la guerra no trae resultados positivos para las sociedades; quizá sí para grupos o colectivos particulares, pero en general, las mayorías son perdedoras de base en los conflictos (entre otras, porque ponen los muertos). ¿Entonces, es válido proclamar la lucha armada como instrumento para alcanzar una reforma social estructural o como un medio efectivo para el desarrollo? por muy obvia que parezca la respuesta, es necesario enfatizar en un seco y contundente ¡no!

De manera tal que, dejo el debate planteado, sobre todo en momentos en que se rencauchan argumentos sobre los posibles avances sociales a los que condujo el alzamiento en armas. Pocas explicaciones en lo contemporáneo o histórico nos pueden llevar a concluir que una nueva lucha está justificada así sea bajo premisas políticas, ideológicas o sociales; por el contrario, este falso dilema conduce a las comunidades a ser empobrecidas, invisibilizadas y victimizadas. La responsabilidad de la administración y el desarrollo debe caer en el Estado y sus instituciones, por ineficientes que sean, no en proclamas de transformación arcaicas.  

jspachecoj@hotmail.com 

Este es un un momento histórico en que más de 65.3 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa de los conflictos y la persecución a nivel mundial. No obstante, la inclusión en el evento deportivo más importante a nivel internacional de un equipo de atletas refugiados nos muestra que el deporte todavía desempeña un papel importante en la superación de fronteras y la promoción de la paz. Dos nadadores sirios, dos judocas congoleses, cinco atletas sur-sudaneses y un maratonista etíope han sido la voz y la imagen de millones de personas durante los Juegos Olímpicos, y han recordado al mundo la capacidad de superación y realización de las personas desplazadas.

Las experiencias de estos jóvenes atletas en Río 2016, demuestran que el deporte puede marcar la diferencia entre una vida en el limbo de la inseguridad y un futuro próspero. El deporte no es sólo juego, competición y sudor, es también un medio que promueve participación e inclusión, uniéndonos en el trabajo en equipo hacia un objetivo común. Es en una herramienta hacia la construcción de la tolerancia, la cohesión social y la paz.

Este tema debería llamar mucho la atención en Colombia, considerando que un acuerdo de paz es sólo el comienzo de un proceso sistemático de construcción de paz, en el cual todas las instituciones, la sociedad civil y actores sociales, incluidos el sector privado y productivo del país, tendrán que involucrarse activamente para evitar que el país vuelva a caer en un conflicto armado, como el vivido en los últimos 50 años. El deporte es, por tanto, una clave importante ya que contribuye a la construcción de una paz duradera, que es aquella que brinda seguridad, justicia, reparación y la garantía de no repetición de violaciones de derechos humanos para las víctimas de la violencia.

Conscientes de que los niños, niñas y jóvenes siempre han estado particularmente expuestos a la violencia, el reclutamiento forzado y el desplazamiento, así como del potencial del deporte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Olímpico Internacional (COI) cooperan desde hace 20 años impulsando proyectos deportivos incluyentes que permiten la creación de entornos seguros y de oportunidades de desarrollo personal a miles de refugiados y desplazados. El equipo olímpico de atletas refugiados, es uno de los frutos de más recientes de esta alianza.

En Colombia, ambas organizaciones financian proyectos conjuntos y trabajan con autoridades locales y nacionales en zonas de riesgo particularmente afectadas por el conflicto, como Chocó y Valle del Cauca. Allá, niños y jóvenes practican actividades deportivas para aprender a solucionar conflictos de manera pacífica, concientizarse sobre sus derechos y sobre cómo alcanzarlos. Al pertenecer a equipos deportivos fortalecen su capacidad de liderazgo, auto-disciplina, trabajo en equipo, cooperación, sana autoexpresión e igualdad de género. A través del respeto mutuo, ellos activamente construyen una cultura de paz hacia un futuro más próspero y una mejor Colombia.

Los entrenadores y facilitadores, que muchas veces son los propios jóvenes, se convierten en modelos positivos para sus comunidades. Además, en poblaciones indígenas se impulsan los deportes tradicionales, como competencias de canoa y tiro con arco, para garantizar la preservación de la cultura y el fortalecimiento de la identidad étnica, esto con  el objetivo final de incrementar la cohesión de una sociedad tan diversa como la colombiana.

Durante su última visita a Colombia, Jaques Rogge, expresidente del COI y actual Enviado Especial de las Naciones Unidas para los Jóvenes Refugiados y el Deporte señaló: “Es nuestro deber ayudar a los jóvenes y a la población local, y apoyarlos con los esfuerzos por encontrar la paz. Y qué mejor manera de hacerlo que a través del deporte, que es un reconocido facilitador de empoderamiento juvenil, salud, educación e inclusión social”. Su declaración es un llamado a la acción que debemos seguir, considerando que el deporte ofrece a las personas que se han visto obligadas a huir de su hogar la oportunidad de convertirse en actores de cambio y generar soluciones duraderas para el futuro. 

*Escrito por Elena D’Urzo, Asociada VNU de Relaciones Externas - ACNUR Colombia

La reincorporación de los más de 13.200 exintegrantes de las Farc avanza exitosamente en todo el territorio nacional; el compromiso del Gobierno y su apuesta por impulsar la implementación de los Acuerdos han garantizado que quienes dejaron las armas construyan sus proyectos de vida en la legalidad y tengan acceso a oportunidades económicas, educativas y sociales para su beneficio y el de sus familias.

Tal y como lo ha reconocido la comunidad internacional. Estamos cumpliendo y yendo más allá de lo pactado. Pese a que en el mes en curso se extingue la figura jurídica de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el Gobierno decidió mantener la atención, la renta básica y las garantías, por el tiempo que sea necesario, con el fin de garantizar que los 3.246 excombatientes que residen en estos espacios continúen vinculados a la vida civil.

Respecto de la reincorporación económica y para promover el emprendimiento de los excombatientes, La Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, ha cumplido la planeación para el éxito de todo el proceso.

A la fecha se han aprobado recursos para 245 proyectos productivos, 29 colectivos y 216 individuales, que vinculan a 2.183 excombatientes. La inversión supera los $17.463 millones (USD 5.29M). Adicionalmente, se han consolidado alianzas con el sector privado y aunado esfuerzos con las instituciones nacionales y regionales para apalancar las iniciativas económicas.

La vigencia de la política de estabilización Paz con Legalidad marca avances significativos en materia de reincorporación, con garantías para los excombatientes, sus familias y las comunidades que los han acogido, promoviendo la reconciliación en los territorios y trabajando por una paz exitosa y sostenible.  

La ARN realizó entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, un registro nacional, que permitió saber que el 76% de los excombatientes es optimista sobre su futuro dentro del proceso de reincorporación.

A mediados de julio, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU hicieron un recorrido por el ETCR de Caldono, Cauca. Tras escuchar a los representantes del gobierno, a las autoridades locales, a la comunidad y a los excombatientes, visitaron sus proyectos productivos. Allí, la ONU reiteró el apoyo de la comunidad internacional a la implementación de los acuerdos y mencionó la reincorporación como un ejemplo para el mundo.

Un excombatiente dijo hace poco en una entrevista radial que la reincorporación es una de las mejores cosas que le ha pasado a Colombia. Por eso estamos confiados en el futuro, dentro de un marco de paz con legalidad.

*Director General Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

Así, es un hecho cierto que el sistema educativo actual forma a los estudiantes en todo tipo de saberes y ciencias, pero ignora los más elementales, esto es, la capacidad de convivir en sociedad, el respeto de las leyes, el reconocimiento del otro, el manejo de diferencias, la resolución de conflictos, entre otros, conduciendo a que la mayoría de los adultos, jóvenes y niños, tengan alguna noción de matemáticas, física o química pero sean pésimos ciudadanos.

Ejemplo de ello es, como desde meses atrás se han levantado múltiples expresiones de inconformidad e indignación por cuenta del Código Nacional de Policía y las órdenes de comparendo (no multas) que se han impuesto a los vendedores ambulantes y otros ciudadanos en razón de dicha norma; y aunque indignarse por ello es fácil, ver el fondo del problema requiere de un compromiso más agudo; sin un código normativo que regule la vida social y un cuerpo de funcionarios que las supervisen, no es posible constituir sociedad. Relativizar este básico principio solo lleva seguir haciendo más difuso el límite entre lo lícito y lo ilícito y nubla la posibilidad de construir soluciones estructurales a los problemas sociales.  

En ese entendido, basta de satanizar las leyes, el código de policía y a quienes lo reglamentan, es impajaritable que se consolide una cultura por su respeto. La sensación general de anomia, es causa y consecuencia de la ausencia de una política estructural para formar a los colombianos como ciudadanos, en la integralidad de esta expresión, y no como está sucediendo en donde se tienen perfectos profesionales y “doctores” que no reconocen a la autoridad, ni hay respeto por los estándares mínimos de civilidad y relacionamiento social. Consecuencia de esto, es la manifestación de la violencia como un medio útil para la solución de conflictos.

De manera que, es necesario que en todas las áreas de la sociedad se reconozca la necesidad de normas como el Código de Policía y de quien, en virtud de la constitución, ha sido designado para actuar en pro de su regulación, concretamente la Policía Nacional; máxime cuando la opinión pública atrincherada desde las redes sociales, las feak news y los sensacionalismos, promueven relativizar  y resignificar absolutamente todo, haciendo casi imposible establecer un sistema de orden medianamente viable.

Según sea el contexto, se exige acción de las autoridades y contundencia contra determinadas infracciones, pero para otras se pide procrastinar y obviar lo establecido en los códigos y leyes. es decir, se utilitarizan las normas según el contexto y el nivel de afectación que esto tenga sobre los intereses particulares. Y esto que parece un problema intrascendente y cotidiano, se constituye en el ADN de la violencia, la cual tiene como colofón el(los) conflicto(s). así, el permanente estado de indignación y los reiterados discursos que promueven la resistencia a la autoridad, en cualquiera de sus manifestaciones, ha llevado a que se dé un desorden generalizado que pareciera imposible de solucionar, olvidando lo más obvio: no existe sociedad viable sin herramientas que regulan la convivencia y personas que las supervisen.

De manera tal que, es imperativo construir una cultura en todos los niveles de educación, que formen a la sociedad para tener un rol activo en la creación de las leyes, el ejercicio democrático, el respeto por los códigos-normas, las autoridades y sobre todo una formación en el reconocimiento del prójimo, del conciudadano como un sujeto de derechos, es decir, necesitamos ser primero buenos ciudadanos y después profesionales. La priorización de la academia y las autoridades debe estar en la de formación de personas que nunca vean las armas o la violencia como un medio para la manifestación de sus ideas e ideologías.   

jspachecoj@hotmail.com

Sobre esto, resalto la relación entre geografía, conflicto e historia que ha sido tangencialmente abordado por algunos académicos y centros de pensamiento pero que merece ser profundizado, en particular sobre la necesidad de comprender el conflicto armado colombiano y sus demás violencias históricas desde la óptica de la geografía regional. No se puede olvidar que este país se ha construido condicionado a su geografía y que ella ha marcado el curso de varios procesos históricos, entre ellos, el de la guerra.

Tan profundo es este postulado, que basta con revisar algunos elementos de la historia colonial y decimonónica para comprender que las dinámicas de las violencias son una calca de los mapas de la geografía humana. Desde la llegada misma de los españoles, el orden de poblamiento se dio a partir de la fundación de ciudades que, en razón de sus intereses económicos, condicionaron nuestro ordenamiento territorial. No en vano somos un país de preminencia andina con inmensas zonas demográficamente despobladas.

Similar situación se presentó en el siglo XIX pues, tras la consolidación de la independencia se experimentaron varias tensiones sobre el modelo de estado nacional a construir, matizado por la puja entre el centralismo y el federalismo (centro-periferia) y que no en pocos casos empujo a que, más que guerras civiles, se presenciaran enfrentamientos entre ciudades o provincias que se consideraban a sí mismas como estados nacionales, ya que los beneficios de las elites orbitaban preferentemente en torno a la realidad de lo inmediato que sobre un proyecto nacional. En ultimas ¿qué interés común podría existir en dicha época entre la élite momposina y la sociedad sureña de Pasto?

Esta singularidad llevó a que se presentaran tensiones, conflictos y pujas entre las ciudades coloniales, las que estaban tomando auge tras la independencia y el control central de Santa Fe, que actuó, para fortuna o desfortuna, en la construcción de la posterior centralista República de Colombia. Lo que pretendo presentar es que, la configuración de ordenes regionales que se complementan y se excluyen entre sí, no es un asunto anecdótico o un relato erudito de la historia, sino que debe ser tenido en cuenta como un condicionante del análisis del conflicto armado del siglo XX e incluso de las violencias contemporáneas.

Ejemplo de ello, es el hecho singular, pero disiente, de que nunca un ejército del interior haya invadido a la costa caribe o viceversa. El historiador Fabio Zambrano plantea que no se dieron guerras de carácter “nacional”, porque no hubo ejércitos ni caudillos que tuvieran esa capacidad y que los múltiples enfrentamientos del siglo XIX se presentaron entre pequeñas huestes de preeminencia regional. Hecho que también trabaja el historiador Charles Bergquistq frente a las características de la Guerra de los Mil Días, en la cual los conatos de enfrentamiento total se manifestaron principalmente en las regiones cafeteras y paradójicamente se repitieron a mediados del siglo XX con las guerrillas y el bandolerismo, principalmente en la región andina central.

Todas estas situaciones nos llevan a introducir el debate sobre la necesidad de comprender las violencias, incluidas las de las insurgencias y contrainsurgencias, desde una perspectiva geográfica y ambiental, esa idea que en Colombia se ha librado una lucha de carácter nacional es en muchos sentidos engañosa. Ni aún en los momentos de mayor auge y despliegue de las Farc se logró consolidar una presencia completamente nacional, ni siquiera en el desdoblamiento que experimento tras la octava conferencia, en los plenos de los años noventa, o con la Zona de Distención, este grupo armado ilegal tuvo un control universal.  Evidente es que, el conflicto logró un alcance nacional, pero no un control hegemónico y nunca abandonó el condicionante regional y transregional. 

Esta variable, que no es menor, es clave para entender el país y su guerra, el abúlico análisis que sobre esto se ha hecho es tan obvio como ausente. En esto, las Fuerzas Armadas han librado un conflicto que en muchos casos las han desbordado, actuar en un terreno por demás complejo, demanda que se libren operaciones entre dispares contextos como el desértico (La Guajira), montañoso quebrado (Antioquia, Quindío, Cauca), amazónico, de selva tropical húmeda, en los Llanos Orientales y la basta Orinoquia, entre otros, haciendo de la guerra un reto titánico.

Esto para quienes estudiamos el conflicto rodeados de paredes, pueden ser anécdotas, datos o estadísticas, pero en términos prácticos es determinante, por cuanto la diversidad climática, geográfica y física de los teatros de operaciones conlleva a que las acciones no se desarrollen desde una perspectiva nacional, sino que, tal como en la colonia o el siglo XIX, el país deba ser entendido e intervenido desde lo regional. En ocasiones una playa, un río o una montaña, han sumido a poblaciones a sufrir con mayor o menor intensidad los embates del conflicto.  

Esto es un condicionante incluso de nuestros días, ya que la persistencia de los Grupos Armados Organizados residuales y de narcotráfico, operan bajo características de influencia, regional o subregional, basta con escrutar la historia del Catatumbo, el Urabá, La Guajira o el Caquetá, para reconocer que la vida y dinámica del conflicto no necesariamente cursa desde el ámbito de lo central, viejo debate, sino que se entiende en la órbita de lo micro, lo meso y lo transregional.

La verdad histórica, reclama entendimiento estructural, de larga duración, con fuentes documentales y sobre todo superando los lugares comunes. Los nuevos estudios no resisten que se priorice la generalización, ni la simple suma de las partes, esto debe hacerse de forma diferenciada, regional y reconociendo particularidades. Hoy sigue vigente lo escrito por David Bushnell: Colombia una nación a pesar de si misma.   

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