La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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En España, al término de su visita por Europa, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que los programas de sustitución voluntaria y la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito son una “una solución estructural y de largo plazo frente al problema del narcotráfico”. Así lo aseguró el pasado lunes 14 de mayo en Madrid, durante el Fórum Europa. 

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Si bien les explicó a sus homólogos europeos que las “políticas están muy bien diseñadas”, son efectivas y que están en pleno funcionamiento los convenios para la sustitución y erradicación, los resultados del monitoreo que le ha venido realizando la Fundación Ideas para la Paz (FIP) al programa de sustitución contradicen lo dicho por el presidente. 

En su último informe trimestral (de enero a marzo de 2018) la FIP concluye que “a tres meses de que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) enfrenta importantes rezagos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución”.

El documento, publicado este martes, revela que los mayores rezagos en el PNIS se encuentran en la poca llegada de programas de asistencia técnica para que las familias que ya erradicaron sus cultivos ilícitos produzcan nuevos alimentos, y en el Plan de Atención Inmediata (PAI) Comunitaria, que brinda oferta institucional en temas como guarderías o comedores comunitarios a los 43 municipios donde está el PNIS. Según el monitoreo, este plan se encuentra hasta ahora en formulación en nueve de ellos, “razón por la cual su ejecución quedará como una tarea pendiente”. 

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El documento destaca que sí se ha avanzado en la vinculación de familias y la entrega de las primeras asignaciones monetarias ($1 millón de pesos por 12 meses). “Al 31 de marzo, 62.181 familias en 43 municipios se encontraban inscritas en el PNIS y el 51% de ellas había recibido al menos el primer pago”. Aun así, resalta que el problema de fondo son los pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito de estas familias a economías legales. De las 62.181 familias que ya erradicaron sus cultivos, solo 7.009, el 11%, cuentan con planes de asistencia técnica. 

También preocupa, según el documento, el uso que estas familias le están dando a los subsidios, que no tienen impactos de larga duración. “Mientras algunas familias han usado las asignaciones monetarias para su sostenibilidad, en la mejora de sus predios o en la plantación de cultivos legales, hay casos en los que los recursos se han agotado rápidamente”, resalta. Y esto tiene sentido en los contextos de marginalidad y necesidad en los que están estas comunidades, sin mucha orientación técnica. 

En cuanto al número de hectáreas erradicas por sustitución voluntaria (50.000 hectáreas), se afirma en el informe que la posibilidad de llegar a esta meta “se ve muy lejana” para este gobierno. De las 52.638 hectáreas reportadas por las familias vinculadas al programa, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han censado 22.025 (ha) y de estas, han verificado como erradicadas 6.831. 

Vea: Así fue el balance de la sustitución voluntaria de coca para 2017

Otro aspecto por resaltar del informe es la importancia de la articulación de otras instituciones para el desarrollo rural, en este caso, con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las cifras recogidas en el informe dan cuenta de que en el 65% de los municipios vinculados al PNIS está el plan 50/51 de la ART para el mejoramiento de las vías terciarias que, a pesar de sus esfuerzos, no es suficiente ya este plan representa solo el 1.79% de las vías terciarias que se necesitan a nivel nacional. Por otro lado, en el 22% de los municipios y el 1,1% de las veredas del PNIS hay procesos de formalización de tierras por parte de la ANT. 

Finalmente, el informe de la FIP reitera en que hay una tendencia en alza de los homicidios en municipios con presencia del programa de sustitución: “mientras que en algunos municipios las amenazas han cesado, en otros se han hecho más intensas. Las disidencias de las Farc, frentes del ELN, así como facciones criminales de distinto tipo, ponen en riesgo la continuidad del programa”, afirma. Si bien hubo una disminución de los asesinatos en diciembre de 2017 (62 personas) en municipios donde está dándose la sustitución voluntaria, en febrero de este año se presentaron 102 casos y en marzo 131. 

Vea: Cronología de la amenaza del narcotráfico a la sustitución voluntaria de coca

Entre las razones que explican este rezago, según la FIP, está la ausencia de un plan de respuesta rápida para proveer seguridad en los municipios afectados por el conflicto, el choque y desacople de la agenda antinarcóticos y la implementación de los acuerdos de paz, el lento avance en la implementación de la reforma rural integral, la falta de una perspectiva a largo plazo del programa bajo la presión de disminuir rápidamente los cultivos de coca, las limitaciones presupuestales y de personales del Pnis y el deterioro de las condiciones de seguridad. 

Precisamente, contrario a la afirmación del presidente Santos en España, el informe es claro al concluir que la meta de disminución de 100.000 hectáreas de coca, a través de la erradicación forzada y la voluntaria, “careció de una estrategia integral y se tradujo en presiones al proceso de sustitución”. La meta quedará aplazada para el siguiente Gobierno.

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Omaira Fuentes, conocida en la guerra como Nelly, todavía recuerda con precisión cómo vivió los primeros bombardeos del Ejército cuando llevaba pocos años en las filas de las Farc. El primero, rememora hoy, lo vivió el 9 de noviembre de 1990, un mes antes de que las Fuerzas Militares bombardearan Casa Verde, el campamento del Secretariado de las Farc en La Uribe, Meta. “Creí que se iba a acabar el mundo, nos metieron los aviones Kfir y esos tienen unos sonidos de presión psicológica. Lo único que hacía era enterrarme los dedos en los oídos y el Mono (Jojoy) nos regañaba por eso, porque decía que se nos reventaba el oído”.

Lea: #EncuentrosColombia2020: retos para la reincorporación de excombatientes

Fuentes se refiere a Víctor Julio Suárez Rojas, conocido como el Mono Jojoy, de quien fue muy cercana por haber integrado varios frentes del bloque Oriental de las Farc, que estaba al mando de ese jefe guerrillero. El bombardeo que relata ocurrió en Mesetas (Meta) y lo vivió cuando llevaba apenas cinco años en la subversión, pues ingresó en 1985, en pleno proceso de paz de esa guerrilla con el entonces presidente Belisario Betancur.

Esta veterana guerrillera cuenta hoy las anécdotas que le dejaron tres décadas de guerra desde el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR), de la vereda Filipinas, en el municipio de Arauquita (Arauca). A pesar de haber dejado las armas, sigue con su nombre de guerra, “porque fueron más los años llevando a Nelly que a Omaira”. Esos años la llevaron por los frentes Primero, Séptimo, 28, 31 y 43 en Meta, Guaviare, Caquetá y Arauca, de los cuales muchos de sus integrantes vendrían a parar a este espacio ubicado en zona de frontera con Venezuela.

Fueron alrededor de 400 los excombatientes de las Farc que se concentraron en ese espacio, que bautizaron como Martín Villa, por el histórico comandante guerrillero que perteneció a las guerrillas liberales e integró el Estado Mayor de las Farc, muerto por causas naturales en 2016. Es uno de los ETCR menos visitados, ningún medio de comunicación nacional había ingresado a él. Llegar hasta allí toma alrededor de tres horas por tierra desde la capital Arauca, por una vía pavimentada hasta un poblado llamado Puerto Jordán, donde empieza la trocha.

En el camino hay por lo menos tres retenes del Ejército Nacional y está enclavado en una zona donde el Eln ejerce una fuerte influencia. Sin embargo, hasta el momento, en el espacio no reportan que esa guerrilla haya intervenido en el proceso de reincorporación de los exintegrantes de las Farc que residen allí.

Aquí permanecen hoy alrededor de 180 excombatientes que hace dos años dejaron sus fusiles y decidieron empezar su tránsito a la legalidad. Meses después encontrarían lo que les está abriendo el camino hacia su sostenibilidad económica: el sacha inchi, “el maní de los incas”.

Un fruto originario de la selva amazónica, con forma de estrella, que por mucho tiempo fue desconocido para la mayoría de la población -aún lo es para muchos- y que en los últimos años ha venido tomando vuelo en el mundo por sus propiedades para la salud. En Colombia ha empezado a tomar fuerza como alternativa a los cultivos de coca, porque es de los pocos productos que puede hacerle frente a la rentabilidad de esa mata: la primera cosecha de sacha puede recogerse a los siete meses después de haberlo sembrado, unos tiempos similares a los de la coca y más ágiles que los del café o el cacao, que pueden tomar un par de años más.

Nelly es hoy una de las que lidera el proceso de producción de sacha inchi en el espacio de reincorporación y la propiedad con la que habla de ese fruto es muestra de su compromiso con el proyecto. Habla de que contiene omega 3, 6 y 9, vitaminas A y E, lo compara con el salmón y otros pescados.

Como ella, muchos han ido aprendiendo a conocer el fruto que los ha acompañado en la construcción de paz. Uno de los más avezados en el conocimiento de las propiedades del sacha es Wladislav Aguirre, quien en sus tiempos de guerra ejerció como médico en las filas farianas. Explica que el sacha, además de su alto contenido en omega 3, sirve como suplemento nutricional por el alto grado de asimilación de su proteína, que, dice Aguirre, es superior al de las carnes rojas.

Y tiene otra ventaja adicional, muy pertinente para las condiciones en las que se produce en este ETCR. “El sacha nos da espera. Por ejemplo, usted cosecha el plátano y si no lo saca, pues se madura y se pierde. Igual la yuca y el maíz. Mientras que con el sacha inchi nosotros lo podemos cosechar ahorita y brindarle unas prácticas adecuadas de almacenamiento y puede durar hasta un año. El grano da tiempo también para transformarlo”.

Y eso es lo que han hecho los excombatientes a través de dos cooperativas: transformar el producto y darle valor agregado. Para ello crearon la cooperativa Agropaz y la empresa Filimarpaz y ya tienen tres productos en el mercado: botellas de aceite de 250 ml, nueces con chocolate bajo la marca Nueces del Llano y nueces solas. Un proceso que beneficia a alrededor de 60 excombatientes y sus familias. A pesar de estar a tres horas del casco urbano del municipio han logrado sacar su producto y tienen varios puntos de venta en Arauca, Arauquita, Saravena y Villavicencio.

El proyecto de sacha no es el único que tienen en este espacio. “Mujeres pisando firme” está a punto de convertirse en una zapatería en la que participan 20 mujeres, excombatientes y de la comunidad. Por el momento se están capacitando con apoyo de la Gobernación de Arauca y esperan con ansias en las próximas semanas una feria en la que podrán exponer los productos que hicieron en las 300 horas de capacitación. Asimismo, en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) está pendiente aprobar un proyecto de ganadería en este ETCR.

La conciliación

Al acercase el 15 de agosto, fecha en la que vence la vigencia jurídica de los ETCR, el Gobierno hizo un estudio sobre aspectos como la conectividad, las condiciones legales del terreno, la seguridad y su posible incorporación al ordenamiento territorial. “Con base en ese análisis les sugerimos a los excombatientes que de los 24 espacios, 13 se quedaran y 11 se desplazaran”, explicó el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila.

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Filipinas estaba en la lista de los 11 espacios que el Gobierno proponía reubicar. “Nosotros no queríamos irnos porque aquí tenemos todo. Mal o bien, tenemos las pequeñas cosas y volver a empezar de cero sería terrible. Aquí la mayoría de los compañeros siembran plátano, maíz y yuca junto con los campesinos, los vecinos. Lo mismo el sacha”, cuenta Fuentes.

Esos fueron sus argumentos cuando llegó el momento de concertar con el Gobierno. Y se sumó uno más: la Alcaldía de Arauquita se comprometió con ellos a ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial para incluir el ETCR como nuevo centro poblado. Y así lograron quedarse.

En diálogo con Colombia 2020, Andrés Stapper, director de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) explicó cómo fue el proceso para que finalmente hoy se hable de la consolidación de este espacio. “En principio hablamos de 11 ETCR que observaban ciertas barreras, que una vez superadas, podrían quedarse en los territorios. En Filipinas habíamos identificado su posible traslado para acercarlos a centros poblados, a centros productivos, y garantizar así la seguridad integral de los excombatientes”.

Pero el fuerte arraigo y el potencial productivo que han demostrado los proyectos de los exguerrilleros en ese territorio hicieron que la intención de moverlos cambiara. “El argumento más fuerte para que se quede este espacio territorial son todos los procesos y los proyectos productivos que se han venido desarrollando allí. Cuando uno habla con los liderazgos del espacio, ellos han avanzado mucho no solo en los temas de reincorporación económica y sostenibilidad de la población, sino que también han venido adelantando procesos de formación de la mano con la Gobernación y la Alcaldía”, dijo Stapper.

El Gobierno adquirió entonces el compromiso de comprar la tierra para que allí se queden los excombatientes y se pueda hablar de la consolidación del nuevo centro poblado. Actualmente el predio está en proceso de avalúo y en un término de tres meses se concretará la compra, según el director de la ARN.

Como el de Filipinas, ya son seis los ETCR que lograron acuerdos con el Gobierno en este proceso de socialización. Pastor Alape, representante de FARC en el CNR, explicó a Colombia 2020 que esos seis se mantienen gracias al arraigo de los excombatientes en el territorio y del acompañamiento de las autoridades locales y departamentales.

Según Alape, los ETCR que ya lograron un acuerdo con la ARN, son los ubicados en Tumaco, Nariño; Caldono, Cauca; Caño Indio, Norte de Santander; Filipinas, Arauca; Charras (que se mueve a la vereda el Boquerón de San José), Guaviare y la Carmelita (se traslada a Villa Garzón), en Putumayo.

La clave para la reincorporación

Que proyectos como el del sacha inchi se consoliden es un paso enorme en el tránsito de los excombatientes de las Farc a la legalidad, pues es el corazón de su reincorporación económica. La Fundación Ideas para La Paz (FIP), en un informe sobre esta materia que conoció Colombia 2020, advirtió la importancia de estos proyectos para el éxito de todo el proceso.

Vea: ONU, “profundamente” preocupada por la seguridad de los excombatientes

Si bien en el caso de Filipinas y el sacha inchi se trata de un proyecto autogestionado por los mismos exguerrilleros, es vital que el Gobierno Nacional apruebe el desembolso para otros tantos que aún esperan su visto bueno, indica la FIP en su informe “La reincorporación económica de los excombatientes de las Farc: retos y riesgos a futuro”. Hasta el momento, son solo 24 proyectos productivos colectivos los que han sido aprobados en todo el país.

“El lento avance en la aprobación y desembolso de estos proyectos productivos impacta directamente la oportunidad que tienen los excombatientes de generar ingresos legales y, en ese sentido, el cumplimiento mismo de la esencia de la reincorporación económica. También impacta negativamente el resto del sistema de beneficios económicos, ya que se desdibuja la naturaleza transitoria de algunos de ellos y se genera la necesidad de prolongarlos. El problema es que, hasta que se encuentren consolidadas las iniciativas productivas, los excombatientes seguirán dependiendo de la renta básica y de la provisión de alimentos, y tampoco podrán aportar al sistema de seguridad social”, resalta el informe.

Sin embargo, la generación de ingresos a través de los proyectos productivos no es el único factor necesario para garantizar la reincorporación económica, según la FIP. A eso se le suma la necesaria voluntad política que tiene que haber tanto del Gobierno Nacional como de la dirigencia de las Farc. En el primero, para hacer que el tema sea prioritario en su agenda y no dejarlo todo en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y en el segundo, para que no solo focalicen sus esfuerzos en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), sino que se tengan en cuenta los espacios de donde muchas veces salen las necesidades reales a nivel local: los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR).

Por eso lo que ha sucedido en el ETCR de Filipinas envía una buena señal, porque es muestra de articulación institucional, pues la Gobernación y la Alcaldía han tenido un rol importante en el espacio, así como de voluntad política, pues finalmente excombatientes y Gobierno lograron concertar el futuro del territorio.

Escuche aquí la historia de Omaira Fuentes:

"Escribir y contar mi cuento, ya no es un cuento" fue una iniciativa de la Fundación Te Abrazo Chocó en Quibdó, que buscó fomentar la creatividad literaria en niños, niñas y adolescentes víctimas del coflicto armado. Se formaron en nueve sesiones de escritura para narrar sus historias de paz. Al cierre, se escogieron 30 cuentos finalistas, seis de ellos fueron premiados. 

La idea hace parte del proyecto Comunidades para la Paz, implementada por la Fundación Plan, en asocio con el Secretariado Nacional de Pastoral Social y financiado por la Unión Europea, que busca prevenir todas las formas de violencia y proteger a la niñez.

Aquí les presentamos uno de los cuentos ganadores:

La lealtad de un amigo

Autor: Jair – 17 años

A las afueras de la ciudad de Camberra existió un pueblo llamado Tauchigadó en el cual vivía un niño llamado Jhon. Aquél niño tenía un amigo llamado Carlos e iban para todos lados teniendo grandes aventuras, en las mañanas iban a la escuela y en las tardes les ayudaban a sus papás a pilar el arroz en los pilones de madera que se veían por todo el pueblo cuando llegaba la cosecha. En el tiempo de la subienda del pescado, se divertían ayudando a sus papás a desenredar los bocachicos de los trasmallos que toda la gente del pueblo usaba para la pesca y buscar su sustento diario vendiéndolo en la ciudad.

Los meses transcurrían en calma, hasta que un día Jhon y Carlos en medio del juego y la diversión, encontraron un juguete nuevo en la parte de atrás del pueblo: era algo redondo y con algo parecido a un anillo en la parte de arriba; por ser algo desconocido, decidieron mostrarlo a sus papás antes de usarlo, cuando sus papás lo vieron, descubrieron que era una granada y que si los niños la hubieran activado había ocurrido una desgracia. Esa semana la vida de Jhon y Carlos cambió, pues la familia de Jhon decidió abandonar el pueblo para evitar una tragedia.

La semana siguiente Jhon y su familia ya estaban en casa de unos familiares en Camberra y al cabo de unos días, escucharon la noticia que una gente armada había llegado al pueblo y se habían llevado algunos jóvenes, niños y niñas, y a otros los habían dejado entrenados y armados, “cuidando el pueblo”. Entre los que estaban cuidando el pueblo estaba Carlos. Mucha gente se fue a la ciudad, y se les veía agrupados en el coliseo con el susto en las caras; pasó el tiempo y la ayuda llegaba, pero no era suficiente, muchos empezaron a buscar trabajo en la plaza de mercado; las mujeres, como empleadas domés acompañantes para saber cuál de sus amigos de infancia era, pero no consiguió hacerlo.

(Leer: La universidad: un sueño inalcanzable en los ríos de Buenaventura)

Le quitaron todo lo que tenía: dinero, reloj, celular, billetera y se fueron rápidamente del lugar. Esa noche durmió en casa de una de sus tías que años atrás decidió regresar al pueblo a pesar de los peligros, porque en la ciudad no había conseguido cómo sustentarse. Al día siguiente quiso regresarse a la ciudad y evitar un peligro mayor. Se despidió de su tía y cuando estaba bajando por la improvisada escalera de madera de la casa, encuentra a los jóvenes que el día anterior le habían robado con esas armas y a otro joven que era el líder de la banda.

Su rostro se le hizo familiar pero el susto no lo dejó detallarle el rostro. Jhon permaneció en silencio esperando lo que iba a suceder, cuando el líder le preguntó que cómo había estado y Jhon con una voz entrecortada respondió que bien, el líder le dijo que tenía sus cosas que todo estaba como se lo habían quitado sus compañeros y al instante se acercó un poco más y le dijo llorando que él era Carlos y que lo había extrañado mucho, se abrazaron y tuvieron una larga conversación. Jhon decidió quedarse esa semana y convenció a Carlos y a sus amigos de no servirle más a los que los habían dejado “cuidando más el pueblo”, Carlos le decía a su amigo que no era fácil porque él no sabía hacer más nada pero que iba a pensarlo. Al terminar la semana, Jhon tenía que regresar a la ciudad y retomar todo lo que había dejado, pero le dejó su número de teléfono y su dirección a su amigo. Pasado un mes, Carlos llegó a casa de su amigo y fue bien recibido.

Su amigo le ayudó conseguir un empleo e ingresar a estudiar. Desde ese momento, los dos reunían a muchos niños de barrios pobres de la ciudad y les faconsejaban no aceptar ser parte de ningún grupo delincuencial y les decían que quienes cuidaban los barrios y los pueblos era Dios, los policías y el ejército. Autora: Yirleza – 16 años Había una vez una niña llamada Ana, ella era grosera y desobediente con sus padres y siempre quería estar en la calle. Un día cualquiera, Ana se peleó con sus papás y decidió irse de la casa porque la vida era mejor sin cantaletas de los padres. Los primeros días se los pasó con una de sus amigas, pero como no ayudaba con los gastos de la casa, los padres de su amiga le pidieron que se fuera. Sin casa y sin trabajo las cosas se pusieron difíciles para una jovencita de dieciséis años.

Esas semanas Ana comenzó a dormir en la calle con mucho miedo, mientras sus papás preocupados, ya había comenzado a buscarla por toda la ciudad. En medio de estar en la calle, se tropezó con una banda porque quisieron robarle la poca ropa que tenía en un bolso, pero el jefe de la banda al verla sola y asustada, decidió invitarla para que le ayudara con los trabajos que había que hacer y todo se lo pintaron bonito y fácil. Ella estaba muy contenta porque todo se veía muy bueno, hasta que un día le dijeron que para trabajar vendiendo drogas tenía que consumirla para conocer mejor el producto y recomendarlo mucho mejor. Ana en el momento no aceptó, pero al ver que le habían dado posada y un techo, aceptó las condiciones. La joven empezó a vender y a consumir drogas, y se enamoró con el jefe de la banda, y aprendió todas astucias del negocio en un par de meses. Al terminar ese año, otra banda asesinó al novio y Ana se convirtió en la líder de la banda. Al siguiente mes de la muerte de su novio, la joven decidió caminar y reflexionar acerca de la vida tan vacía que estaba llevando y en medio de caminar lloraba porque eso no era lo que quería para su vida.

Por lo distraída que iba, se tropezó con un joven muy guapo y de buena clase social. Los dos se impresionaron y se disculparon. En medio de eso, terminaron hablando, pero Ana no quiso decirle la verdad sobre su vida. Intercambiaron números de teléfonos y siguieron conversando, al cabo de un mes, Ana decidió contarle la verdad. El joven asombrado, en lugar de abandonarla la abrazó y prometió ayudarla. Ella respondió que era tarde, que ya no podía salir de allí. La semana siguiente el joven la convenció de entregarse y contar todo lo que le había pasado.

Al escuchar la historia, las autoridades la enviaron a un centro de rehabilitación para menores de edad. Todo ese tiempo, su amigo la visitaba en el centro y Ana estaba contenta porque su vida había tomado otro rumbo. Dos años después, Ana salió rehabilitada, y con deseos de estudiar y así lo hizo hasta ser una funcionaria ser centro de rehabilitación y ayudar a los jovencitos que terminaban ahí. Autora: Keisy – 15 años Esperanza era una niña que vivía en medio de la selva con sus papás, sus escasos diez años habían transcurrido en medio de los cambuches y caminando de pueblo en pueblo. Su mejor amigo era Paulo, otro niño que lo habían llevado de otro pueblo.

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Aquella niña era tan tierna y buena y a la vez, que ella hacía lo que estuviera a su alcance para complacer a su mejor amigo, pero aquél amigo se aprovechaba de ella porque sabía que ella lo complacía en todo. Un día Paulo se metió en un problema grande, y Esperanza quería estar ahí, al lado de Paulo para ayudarlo y apoyarlo en todo lo que fuera posible, sin embargo, Paulo no se lo permitió. Esperanza se sintió muy mal porque su mejor amigo no le permitió estar a su lado para ayudarlo, y ella lloró mucho por esta razón, y se preguntaba por qué Paulo era así de malo con ella cuando solo quería ayudarlo y que él se sintiera un poco mejor en medio de esa vida que llevaban.

A Paulo no le importó lo que Esperanza estaba pensando, solo pensó en él y nadie más. Llegó un día en que Esperanza comenzó a charlar con Mateo, otro niño que se habían llevado de otro pueblo, y comenzaron a interactuar y a llevarse muy bien entre los dos. Mateo, escuchaba a Esperanza en el momento que tenían libre, cuando ya pasaban los entrenamientos en la selva, entonces Paulo al ver que Esperanza se la pasaba tan bien con Mateo, sentía miedo de que en tan poco tiempo Mateo le quitara a su mejor amiga, sin embargo, Paulo no hizo nada para que no pasara, porque en realidad, Paulo sólo le interesaba lo que Esperanza pudiera hacer por él y no ella como persona. Con el tiempo, Esperanza se distanció de Paulo y fortaleció su amistad con Mateo.

Cuando Paulo sintió que en realidad le tenía un cariño especial a Esperanza era demasiado tarde porque a Mateo, Esperanza y sus papás ya los habían trasladado a otro campamento, y de este modo, Paulo no pudo pedirle perdón a la que en realidad sí había sido su mejor amiga en medio de la guerra. Autora: Wendy – 13 años En la Ciudad Soñada los días transcurrían de forma normal cuando, de repente, fuertes lluvias comenzaron a caer y en las casas todos se abrigaban y se abrazaban para protegerse del frío que producían las fuertes lluvias. De un momento a otro, cuando dejó de llover y se fue el frío, ellos se hicieron presentes, y ya se les veía andando juntos y a su paso por las calles de la ciudad. Iban cambiando todo a su alrededor: la felicidad se convertía en tristeza; la alegría, en llanto; los amigos peleaban, la gente ya no confiaba. “¿Quiénes eran?”, preguntó doña Soñada. “Somos La Pobreza y La Violencia, ¡estamos aquí para cambiarlo todo y nadie lo impedirá!”.

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El tiempo pasaba y las cosas no cambiaban porque La Pobreza y La Violencia en las calles estaban. Los jóvenes eran asesinados, las niñas violadas y hasta los ancianos eran despreciados; los parques desolados y todos preocupados pues a la Ciudad Soñada la hambruna había llegado. De repente un día inesperado, Cuando nadie tenía esperanza volvieron las fuertes lluvias y todo se inundó. Entonces La Pobreza se ahogó y las personas pensaron que todo se había solucionado. Pero La Violencia no se había marchado; estaba muy triste pues había muerto su aliada y ahora ella sola quedaba. De repente llegó a la ciudad una visita inesperada. La Paz había venido a la Ciudad Soñada.

Cuando llegó se llevó una gran sorpresa porque la ciudad no era tan soñada, pues La Violencia se había apoderado de todo. La Paz, después de ver todo el desastre, decidió dialogar con La Violencia haciéndole ver que es mejor la abundancia que la escasez, la paz que la guerra, la felicidad que la tristeza. La Violencia reflexionó y aceptó, y luego de esta conversación llegaron a un acuerdo. Se hicieron amigas y en la Ciudad Soñada ya malas cosas no se veían; ahora en la ciudad todos pueden salir a caminar sin miedo a que los vayan a matar desde que La Paz llegó y dialogó con La Violencia. Ahora ya La Violencia ya no es violencia sino que es risa lenta y en vez de pobreza hay abundancia. Dicen por ahí que La Paz se quedó a vivir y de la Ciudad Soñada no se quiere ir...

Así como generó revuelo la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, en octubre de 2015, de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato, algo parecido sucede hoy tras el anuncio del presidente reelecto hasta el 7 de agosto próximo, de que las aspersiones con el herbicida se reactivarán, pero a través de drones.

Lo que llevó al Gobierno de Santos a inclinarse por esa medida, como ha ocurrido desde 1978, es la presión de Estados Unidos de no certificar a Colombia como un país que aporta en la lucha contra las drogas ilícitas. Así quedó evidenciado la semana pasada, luego de que la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca revelara que, en 2017, los cultivos de coca aumentaron en un 11%. Esto es: pasaron de 146.000, en 2016, a 209.000 hectáreas en 2017.

La noticia no fue menor y generó revuelo entre quienes siempre han sido partidarios de que el país fumigue sus tierras para atacar el narcotráfico. No obstante, hay otras cifras alarmantes, como las que reveló esta semana, en medio de este debate, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo: desde 1999 hasta 2015, los gobiernos fumigaron 1’800.000 hectáreas de coca y la medida no acabó con el arbusto.

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Camilo González Posso, quien fuera Ministro de Salud en los años en que apenas empezaban las aspersiones con glifosato en el país, dice hoy que el mapa de Colombia deja ver los rastros de la tierra fumigada y de la que tiene sembrados los nuevos cultivos de coca. Además, como presidente de Indepaz, afirma que los municipios con coca, a lo largo de los años, han sido los mismos, pero que la tierra donde se siembra es distinta.

Así pues, no existen cálculos exactos de cuánta tierra fue fumigada con el herbicida en todo el país, desde 1978. Sin embargo, lo que está claro es que ha sido una historia de acuerdos, desencuentros, incumplimientos, presiones e intereses que hasta hoy siguen vigentes. Los campesinos han protestado a lo largo de los años por no existir una política coherente con el campo colombiano para acabar con las matas de coca. Los ambientalistas también se oponen a las fumigaciones con glifosato, así sea a través de drones, pues, como lo dice el exministro Posso, los nuevos cultivos que se van a fumigar muchos están escondidos entre matas de plátano, yuca y árboles frutales. Con el agravante de que debajo de esas plantas pasan riachuelos o existen nacederos de agua dulce. Esta es la cronología de la fumigación con glifosato, una decisión histórica con poca soberanía nacional.

También lea: El contrato para la prueba piloto de drones con glifosato

“Nadie debe atentar contra la vida y la integridad de otra persona, nadie es el dueño de la vida de nadie. No puede haber más desaparecidos y muertos. Necesitamos dejar de ver a tanto victimario pavoneándose tranquilo por las calles porque la justicia no hace nada. A las familias les digo que no dejen de buscar a sus seres queridos, por más que el victimario sea grande y poderoso, porque ellos valen más para nosotros”. 

(Vea: ¿Cómo será la atención de las víctimas en Bogotá en medio de la pandemia?)

Estos son los mensajes de Olga Lucía Cruz, una mujer de 53 años, oriunda del Meta y víctima del conflicto armado. Ella y su familia lucharon por más de 15 años para que el Estado les devolviera su finca Santa Lucía, en San Carlos de Guaroa (Meta). De allí salieron desplazados en 2002 tras la desaparición de su hermano Jose Antonio, a manos de paramilitares comandados por “Los Buitragueños”, como llamaban a los hermanos Héctor y Nelson Buitrago Parada y por las amenazas que recibían por parte de Hugo Schmidt Santana de la Sociedad Palmeras Los Araguatos Ltda, según el concepto del Ministerio Público en el fallo de restitución de tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 

Aunque les restituyeron su finca en 2018, no les devolvieron las mismas hectáreas que tenían tituladas desde 1965, tampoco han encontrado apoyo de las autoridades para buscar a Jose Antonio. Su lucha les trajo amenazas y muerte. 

“Necesitamos que la Fiscalía se ponga en los zapatos de las familias víctimas, que hagan de cuenta que ellos también tienen un ser querido desaparecido. Necesitamos que el Ministerio Público nos restituya la finca como estaba antes de que nos sacaran”, es su petición teniendo presente que el próximo jueves se conmemora su día y el de otras ocho millones de víctimas, según el registro nacional. 

(Lea: Seis libros para entender el conflicto en Colombia durante esta cuarentena)

Desde que se aprobó la ley 1448 o Ley de víctimas, cada 9 de abril es el ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas’. Es un día para recordar que cinco décadas de violencia dejaron, por los menos, 8.970.712 víctimas registradas en la Unidad de Víctimas. Gran parte de estas personas, 7.992.981, han sufrido desplazamiento forzado, al igual que Olga; alrededor de un millón han sido víctimas directas de homicidio, 491.357 de amenazas y 37.372 fueron víctimas de secuestro.
En solidaridad y en memoria de estos colombianos y colombianas, el Colectivo Orlando Fals Borda (COFB), que acompaña a familias como la de Olga Cruz, está convocando a una velatón nacional desde casa el próximo jueves 9 de abril a las 8:00 p.m. 

El próximo jueves 9 de abril, encenderemos una #VelaPorLasVíctimas del conflicto armado en Colombia y exiliadas en el exterior. Te invitamos a participar ese día #SolidaridadEnCasa, comparte tus fotos o videos haciendo memoria juntos para que las víctimas #CuentenConmigo pic.twitter.com/ubRbwf3a98

— Colectivo OFB (@colectivo_ofb) April 4, 2020

Agregó que, además del acto simbólico de reconocimiento a las víctimas por su lucha y su persistencia, es preocupante el incremento de amenazas y asesinatos a líderes, defensoras y defensores de derechos humanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, en 2019 fueron asesinados 108 activistas sociales, en 2018 fueron 115 y en lo que va de este año han recibido 56 denuncias de asesinatos, de las cuales ya han verificado seis. 

Que el amor hacia el campo vaya de generación en generación y no se olvide. Esa es una de las enseñanzas que el ‘profe’ Edwar Moreno le ha querido dejar a sus estudiantes de quinto grado. Así como él, que creció en el campo y conserva los buenos recuerdos que le dejó, quiere que los niños que viven en el corregimiento San Cristóbal, a siete kilómetros de Medellín, aprendan sobre trabajo en equipo y respeto a través del contacto con la tierra.

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Desde julio de 2015, fecha en la que llegó al Instituto Educativo San José de la Montaña, Edwar ha buscado nuevas formas de enseñanza. Más allá de darles clase de matemáticas, sociales o inglés, para este ‘profe’ lo más importante es que sus alumnos sientan gusto de ir día a día al colegio. Por eso, desde su llegada separó un espacio de cuatro metros cuadrados en el colegio para cultivar con los niños zanahorias, cebolla, rábano o cilantro, y para que aprendieran a trabajar en equipo.

Valentina tiene diez años y todos los días tiene que subir la ladera para llegar al colegio. Lo que más le gusta cultivar es la zanahoria y la cebolla, por su sabor cuando la cocinan en su casa para toda la familia. Juan, su compañero de curso, dice que lo más difícil de cultivar es la papa por el hueco tan hondo que hay que abrir. “Pero igual nos podemos divertir mientras sembramos las matas y aprendemos a cultivar en equipo”, cuenta.

El proyecto creció

“Mi conocimiento es empírico y por eso no podíamos profundizar en el cuidado de las plantas en esa época. Me enteré del trabajo de la Policía de Carabineros, que tienen una finca pequeña en San Cristóbal y algunos son técnicos agropecuarios. De ahí nos juntamos y decidí confiar en ellos para que acompañaran el proyecto”, comentó Moreno durante el foro en Medellín. 

Con el acompañamiento del grupo de Carabineros de la finca La Montaña de Medellín, la huerta se expandió a 114 metros cuadrados con cultivos de doce variedades de legumbres y cuatro plantas frutales. A finales de 2016 la Alcaldía los premió como la mejor huerta escolar, aunque meses después la misma administración dispuso de este terreno para construir el parque infantil. Ahora tienen un terreno más pequeño, pero cultivan alimentos como la remolacha, espinaca, yuca, pepino cohombro, hierbabuena y toronjil.

“Le enseñamos a los niños desde plantar, cosechar, hasta sacar una producción. Para nosotros es muy gratificante llegar a la escuela y que los niños se lancen a saludarnos y abrazarnos, porque les hemos incentivado el amor por el campo y la naturaleza, y hemos generado un lazo de amistad con ellos”, cuenta el patrullero César Orjuela, uno de los gestores de convivencia y prosperidad rural del grupo de carabineros.

Él, con algunos de sus compañeros, llega todos los miércoles a las 8 de la mañana para trabajar en las huertas con los niños y Edwar. Les enseñaron a proteger las plantas, a hacer abonos orgánicos y a montar banderines untados con aceite para que los insectos se peguen a él y no dañen los cultivos. Lo que recogen es destinado a la alimentación del colegio en fechas especiales como el Día del Niño o para que los estudiantes lleven los alimentos a sus casas, una ayuda importante en un entorno donde muchas familias viven en condición de pobreza.

Les enseñan a reciclar

En la finca La Montaña, un terreno en el que vive el grupo de Carabineros, hay cultivos de todo tipo para autoabastecer a las familias. Tienen también cabras, gallinas, perros y conejillos de indias. A la finca recurrentemente van colegios y gente que vive en los alrededores para aprender sobre proyectos productivos, ornamentación de jardines y conservación del medio ambiente.

El patrulleto Orjuela cuenta que a través de la reutilización de elementos abandonados en las fincas fueron creando proyectos que les permitieron acercarse a la comunidad. Recogen las llantas, las decoran y con ellas hacen sillas tipo puffs, o la base para materas. Y también han implementado la “agricultura urbana”, que consiste en cultivos horizontales y verticales sostenidos por botellas plásticas.

Estos proyectos también los están trabajando en la institución San José de La Montaña. El antejardín lo limpiaron de maleza con ayuda de los niños y han sembrado plantas con las llantas convertidas en materas de colores.

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El trabajo con los carabineros ha sido tan cercano que incluso los oficiales acompañan las jornadas de elecciones en el colegio que solo alberga básica primaria. Van a las graduaciones y acompañan celebraciones en fechas especiales como Halloween con inflables, recreación con payasos y shows caninos.

Para Edward, uno de los grandes resultados de este trabajo de casi tres años es lo que han aprendido de los niños. Han logrado hacer trabajos cooperativos sin peleas y han construido relaciones de confianza con sus demás compañeros, profesores y la Policía. Incluso, la huerta escolar ya superó este ámbito y muchos de estos pequeños están empezando a replicar el amor que debe sentirse por el campo con sus familias, llevando una versión más pequeña de las huertas. "Hemos logrado vincular a toda la comunidad gracias a este trabajo articulado", agrega.

Precisamente por este trabajo articulado, las huertas escolares del colegio San José de la Montaña fue una de las iniciativas que se presentaron este martes en Medellín en el marco del panel "Experiencias para la convivencia en los municipios de Antioquia", organizado por la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la producción de Colombia2020. 

Independiente Medellín inicia esta noche un nuevo reto internacional cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, en el compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto antioqueño afrontará una noche de alta exigencia frente a un rival con historia en el continente, en un partido que marcará el arranque de su camino en una zona de gran exigencia.

El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo sabe que comenzar con victoria en casa será determinante para sus aspiraciones, especialmente en un grupo de alto nivel que también integran Flamengo, vigente campeón del torneo, y Cusco. En ese panorama, sumar en condición de local aparece como una obligación para el Poderoso, que buscará hacerse fuerte ante su gente y dar el primer golpe en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Siga el minuto a minuto de Medellín vs. Estudiantes en la Copa Libertadores

¡LA ENGANCHÓ DE VOLEA! Francisco Chaverra apareció solo por el segundo palo para estampar el 1-1 de Independiente Medellín vs. Estudiantes.

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63’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 1-1 ESTUDIANTES⚪️: Finalmente llegó el empate de Medellín, pero fue de pelota quieta. Frank Fabra sacó el centro y al segundo palo entró Francisco Chaverra que conectó el balón con pierna derecha venció a Muslera.

55’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Ingresó Daniel Cataño en Medellín y se vuelcan al ataque en búsqueda del empate.

45’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Ya se reanuda el juego en el Atanasio Girardot.

45’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Finaliza la primera parte en Medellín. Estudiantes tuvo una clara y la embocó. Medellín no exigió a Fernando Muslera, pero jugó gran parte de la primera parte en campo del Pincha. Restrepo tendrá que ajustar ese último cuarto de la cancha para conseguir el empate.

40’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: El extremo colombiano de Estudiantes comienza a generar riesgo en la banda izquierda. Ya probó en dos ocasiones el disparo tras enganchar de afuera hacia dentro. La indicación del DT es explotar esa ventaja sobre el lateral Chaverra.

30’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Medellín no sufre en defensa y se anima cada vez más. No obstante, están teniendo un gran problema de finalización. No están rematando al aco y terminan las jugadas con perdidas de balón.

20’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Las incursiones ofensivas van por el sector izquierdo, con John Montaño y Frank Fabra. Sin embargo, las jugadas constantemente terminan con centros que no conectan los compañeros.

13’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: El equipo paisa busca posesiones extensas para armar la ofensiva y encontrar el empate. Sin embargo, se genera una sensación de peligro cada vez que pasa al ataque Estudiantes.

03’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Tiago Palacios recibió en campo contrario tras una presión alta de Estudiantes y logró sacar un remate de fuera del área. El disparo se desvió en José Ortiz y desacomodó al guardameta local. Rápido se va en ventaja el equipo visitante.

¡¡EL PINCHA PEGÓ DESDE EL ARRANQUE!! Remate de Tiago Palacios que se desvió en un defensor y se metió por encima del arquero para el 1-0 de Estudiantes vs. DIM.

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— SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

01’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-0 ESTUDIANTES⚪️: Ya rueda el balón en el Atanasio Girardot. El estadio no está lleno, producto de los malos desempeños del equipo local en este semestre.

📋 Nuestra formación para el debut en #Libertadores pic.twitter.com/LirtFx6qs8

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 8, 2026

[🔴🔵] Nuestra nómina para esta noche de CONMEBOL Libertadores en el Atanasio 🏟️ pic.twitter.com/OX7z66VdXf

— DIM (@DIM_Oficial) April 8, 2026

📍🧉 Hoy, acá, arranca nuestra #Libertadores pic.twitter.com/H1pSaYlmZk

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 8, 2026

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN y Disney+

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1. La avioneta bordea la frontera del paraíso, la selva, y me lleva a mi primera impresión sobre ese mundo pleno de vida, donde parecería que se oyen crecer los árboles gigantescos, abrir las flores y silbar las serpientes. A veces, no siempre, un hilo de viento delgado hace bailar una hoja, solo una, de los millones que hay a su alrededor. La espesura, como también la llaman, es solitaria y se dijo algún día que era virgen. Sin embargo está llena de caminos que solo ven quienes los conocen y que siempre caen a las venas de agua: quebradas que sirven para saber dónde se está, o ríos —algunos enormes— que van o vienen para donde la gente quiere ir o fue. Y los ríos llaman a la gente a vivir en sus orillas, desde donde se ven peces saltando —bañándose en el aire— o remontando sus aguas, ofreciéndose siempre como el pan de cada día. (Perfil de Alfredo Molano Bravo).

Los ríos llevan al mar y allá también va la gente a vivir, en sus orillas, donde el manglar, un árbol, es rey; quizá no sea propiamente un árbol, sino un bejuco que crece en aguas salobres y crea con sus raíces —también ramas— un tejido vegetal, donde nacen y comienza a crecer, en sus aguas cálidas y barrosas, un vivero de moluscos —el más conocido, la piangua— y peces —el más apreciado, el sábalo—. Las mujeres los recogen para sus hombres y para sus crías. Los hombres tumban árboles gigantescos y asierran sus troncos. Y llevan a sus mujeres en hombros cuando son viejas.

En 1996 hice una maravillosa travesía con Constanza Ramírez por las selvas del Darién entre Apartadó, en el Urabá, y Yavisa, en Panamá. Muchos días de lluvia y sudor en que el caldo de un pez tan feo como nutritivo nos sacó adelante con la ayuda de cargueros del pueblo de Bijao, sobre el río Cacarica, el mismo que bombardeara unos meses después el general Rito Alejo del Río para que los paramilitares entraran a matar campesinos y preparar el terreno para cultivar palma.

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Las orillas de los ríos son fértiles, hijas de crecientes de aguas que han pasado —y pasan a menudo—, dejando tierra fresca donde el plátano, la yuca y la papa china se dan y crecen con solo mirarlas. El río es el camino hacia otra comunidad. En todas viven parientes de una y otra. El río les pertenece y ellas pertenecen al río donde viven. Llegaron a sus aguas huyendo del blanco, de la mina o de la hacienda. Llegaron buscando la espesura para defenderse y encontraron el mundo de donde sus sangres habían salido cientos de años atrás. Las selvas del Pacífico, protectoras, acogedoras como todas las selvas, tenían sin embargo una diferencia: eran también habitadas por nativos, una gente llegada antes, que conocían la selva y sabían servirse de ella. Quizás al comienzo, recelosas, ambas razas se repelieron. Quizá se mataron, pero, al final, los indígenas ofrecieron a los negros lo que sabían para vivir y los negros lo que sabían para alegrarse: las notas de la tambora, del guasá. Conviven como aguas de ríos paralelos que no suelen mezclarse.

Negros e indígenas están amenazados por caer presos en la “aldea global” del consumo. La tentación de lo nuevo, de lo práctico y, sobre todo, de no ser identificado como extraño a la cultura dominante han influido para que el comercio fuerce los cerrojos de sus costumbres y de sus formas de interpretar el mundo. ¿Cómo no desear una bota de caucho que defiende de espinas y culebras? Las prácticas que los han salvado de la desaparición son el trabajo en común. La minga, el convite, la mano cambiada, las decisiones colectivas son el espíritu de su unidad y de su fuerza. Arrastrar el tronco de un árbol de cincuenta toneladas a través de la selva para hacer un puente o una canoa es una tarea formidable del poder de una comunidad.

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2. La coca, tan condenada y perseguida por la Iglesia como una mata diabólica durante la Conquista y hoy igualmente perseguida por la legalidad mundial impuesta por EE. UU., es a su vez una palanca de la productividad, de hacer más en menos tiempo; un camino condenado, pero al mismo tiempo protegido con las mismas armas con que es atacado. La avioneta y su veneno protegen el precio de la cocaína y salvan a la gigantesca economía del derrumbe. La avioneta es un instrumento del equilibrio entre oferta y demanda. Como lo es el submarino en que los empresarios de la cocaína la llevan a puerto seguro en América Central, para meterse por los mil caminos abiertos por los dreamers en el baluarte del puritanismo norteamericano.

3. El cultivo de la coca no ha sido una estrategia del mal para destruir una niñez sana, rubia y rozagante; ha sido, de un lado, una práctica alimenticia y ritual en que se condensan muchos siglos de sabiduría andina y amazónica. La coca es sagrada para los indígenas dominados o influidos por la cultura de los incas; pero también fue un descubrimiento de los campesinos expulsados por la ampliación de las haciendas, cercados por la cultura del consumo y por las fuerzas que defienden el bien de los que están bien.

Los campesinos que, desde el principio del siglo pasado, han luchado contra la selva para hacer una finca y librarse de ser peones o migrantes, encontraron, después de bordear la miseria, un modo de vida independiente tumbando y quemando selva para sembrar unas manotadas maíz y unas matas de yuca y plátano apenas para sobrevivir. Fue el precio pagado por la dignidad. Pero un día llego la coca, una mata que conocían sus abuelos pero que había sido olvidada. “Llegó —como algún colono me lo repitió a orillas de río Guaviare hace ya casi cuarenta años—: del cielo. Nadie la estaba buscando, pero llegó”. Llego y venció. Venció al trabajo sin remuneración, al sudor desperdiciado y sobre todo a la distancia. Ya no tenía el colono que cargar a la espalda o en mula o en canoa el maíz para venderlo a un negociante; ahora podía llevarlo en un talego colgado a la cintura.

No fue una cuestión solo de peso; en la bolsa llevaba una especie harina que le había costado menos trabajo que el maíz y que podía venderse con facilidad a mucho mejor precio que cualquier cosa cultivada en la chagra. Su trabajo fue así, por primera vez en la historia, bien retribuido. Pero ahora, tuvo que enfrentar la misma fuerza que significaban los bajos precios, las largas distancias, la falta de crédito, abonos, vías, educación y salud, representados en la brutalidad de las fuerzas del orden quemando ranchos, envenenando montes, bombardeando caminos, matando animales y obligando a la gente a huir o a enfrentarse con las manos limpias a una tropa armada hasta los dientes. Algunos “huyentes” se toparon en su fuga y en medio de la selva con fuerzas insurgentes, opuestas a los gobiernos desde hacía muchos años; las conocían y convivían a trechos con ellas. De alguna manera tenían el mismo origen: las guerrillas no eran otra cosa que campesinos excluidos de la tierra y a quienes desde mucho tiempo atrás se les había perseguido por razones políticas.

Ahora en armas compartían con los colonos la bonanza de la coca como antes habían compartido el hambre. No fueron ajenas a las manos llenas que ofrecía la coca y con lo que atrapaban compraron uniformes nuevos y armas poderosas. Miles de muchachos y muchachas se unieron a sus filas y convivían armados con colonos y campesinos, con comerciantes y autoridades locales. Peleaban y gambeteaban al Ejército y a la Policía en medio de esperanzas y desesperanzas.

La guerra, con el auspicio militar e ideológico de Estados Unidos, se hizo feroz. Los métodos más sucios fueron usados como armas legítimas. Los bombardeos contra campesinos, las masacres hechas a motosierrazo limpio por fuerzas aliadas de la institucionalidad —bien llamados paramilitares— sembraron el terror, el pavor y el silencio en campos y pueblos: la mutilación de cuerpos vivos antes de ser asesinados, la desaparición forzada, los homicidios en campos de batalla ficticios —llamados falsos positivos—, todo crimen fue justificado en aras del bien, del orden, de la libre empresa.

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4. El avión Douglas DC 3 es, según los conocedores, el aparato más perfecto en términos de peso, potencia de los motores y tamaño de alerones. La primera vez que monté en avión fue en una de estas fantásticas máquinas, entre Bogotá e Ibagué, en 1950, año en que el DC3 cumplía quince años. Fue un avión que revolucionó las líneas aéreas comerciales, por su versatilidad y su papel en la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, en los Llanos volé muchas veces a La Macarena, San José del Guaviare y San Felipe, en el Rionegro, en esas naves que me provocaban una mezcla de pavor y pasión. Los llamaban los camperos del aire y en su panza larga y redonda cargaban desde vacas hasta canecas de gasolina.

Era emocionante sentir cuando el piloto aceleraba al 100 % los motores en la cabecera de la pista antes de soltar el avión como un potro a montarse en el aire, raspar las copas de los árboles y meterse entre las nubes. Era una casa en el aire, una gran tienda, una bodega volante. La gente quería el DC3 porque era el gran salto hacia el otro lado y esperaba días y semanas volver a oír sus motores, que anunciaban la llegada de la mujer, de la mercancía, del remedio urgente. El DC3 transportó en sus entrañas miles de toneladas de coca, con la complicidad de las autoridades militares y de policía, por llanos y selvas. Miles de cabezas de ganado de un hato a otro, y millones de viajeros siempre acompañados de una caja de cartón amarrada con cuerdas de fique. El avión dejaba al irse una estela de polvo largo, un adiós nostálgico.

No muy lejos de San José del Guaviare, en Caño Macú, entrevisté en 1983 a un colono santandereano alto, rubio, que miraba a su alrededor con desconfianza mientras hablaba. Parecía que esperara el zarpazo de un tigre mariposo o que se nos apareciera, para dar testimonio de lo que me contaba, un indio macú. La historia era brutal: los macús, decía, se comen las pepas de los árboles, sus retoños, pescan con las manos vacías y “son capaces de montarse en una danta correteándola”.

Me contó que el Instituto Lingüístico de Verano, que traducía la biblia a lenguas indígenas, y levantaba grandes sospechas sobre su actividad, se había robado a una macucita de trece o catorce años, linda —“porque los macuses son lindos”— y se la había llevado para EE. UU. a estudiar su cuerpo y aprender su legua. Abundaba en detalles. El exterminio de los macús ha sido el etnocidio más brutal que el país ha presenciado callado e indiferente. La colonización, los cultivos de coca, los negocios, la ganadería los cercó poco a poco hasta empujarlos a los basureros de San José, donde rebuscan desperdicios de comida para sobrevivir, ya no como una comunidad que andaba siempre junta, sino como individuos desesperados que parecieran vivir solo para denunciar la brutalidad del capital que arrasa las selvas para sembrar coca, extermina comunidades indígenas para sacar madera y meter vacas y, al fin, arma a los paramilitares para defender la democracia con motosierras a discreción .

5. Conocí los Llanos orientales cuando eran llanos, cuando no había cercas de púa y el ganado en las sabanas pastaba libremente en sus querencias que llamaban madrinas; existían aún potros cerreros y el cachilapeo era más una costumbre que un delito. Los guerrilleros de Guadalupe Salcedo habían entregado las armas al presidente Gustavo Rojas Pinilla pocos días antes de que yo mirara el llano desde el alto de Buenavista y sin respiración había dicho, como todos los que conocen esos horizontes desde allí: se parece al mar.

De Bogotá a Villavicencio se gastaba el día entero y otro día de Villavicencio a San Martín. Hoy se puede llegar a Humadea, donde mi familia tenía la finca, en unas horas, por carretera pavimentada de peajes, con controles de velocidad y policías al acecho y abiertos al soborno. Son los síntomas de la modernización de la región. Hacia 1970 se descubrieron grandes depósitos de petróleo y se explotaron con avidez. Los oleoductos hicieron su mapa y las tierras se valorizaron al ritmo en que los carrotanques salían y entraban por las trochas para sacar el crudo, porque los tubos no daban abasto. Los llaneros cambiaron sus sombreros de fieltro por los cascos de plástico, sus cotizas por botas y su caballo por motocicletas. Al mismo tiempo, del Guaviare los buses y camiones no traían solo pasajeros y plátano, sino también pasta de cocaína para ser cristalizada. Los cultivos que habían comenzado en La Macarena echaron río abajo por el Guayabero, saltaron al Meta y florecieron en el Caguán.

Miles de carrotanques, bajo la mirada cómplice de las autoridades, transportaban gasolina para procesar la hoja de coca. San José, Granada, Villavicencio se volvieron ciudades de grandes centros comerciales. Pese a la guerra contra la droga declarada por Estados Unidos y llevada a cabo por Colombia o, mejor, por esa misma causa, los alijos cogidos por la Policía antinarcóticos no se medían en kilos sino en toneladas. Petróleo y cocaína —combustibles del consumismo— dominaron el Llano y lo transformaron en un imperio gobernado por el paramilitarismo.

La guerrilla fue expulsada de sus territorios históricos y empujada hacia los llanos profundos, donde montó un sistema tributario severo que le permitió formar un ejército que quizá llegó a tener cerca de 20.000 hombres y mujeres en armas. Estados Unidos, sintiendo el peligro, redactó en inglés el Plan Colombia y los mandatarios de turno lo tradujeron en US$5.000 millones en armas aéreas, que mostraron pronto una superioridad estratégica abismal. A pesar de que las guerrillas tenían una gran capacidad de resistencia y de sostener una guerra mucho tiempo, optaron por un acuerdo con el Gobierno y firmaron en La Habana el desarme y el sometimiento a la Constitución vigente. El futuro para la insurgencia desarmada puede andar por el mismo camino que siguieron los guerrilleros de Guadalupe: en cinco años los comandantes llaneros habían sido asesinados uno por uno.

He mirado con asombro las fotografías tomadas por Luca Zanetti, porque son fieles a lo que mi ojo miró en los mismos ríos, en los mismos montes y en los mismos aires a donde su cámara aguda e inquieta nos lleva con este libro, que es la memoria de un país al que la violencia transformó y desmembró.

El último libro con el que Molano Bravo se sintió identificado

El libro Colombia al borde del paraíso fue editado por el sello suizo Scheidegger and Spiess Publishers y es el producto de 20 años de viajes de Luca Zanetti por Colombia. Un centenar de fotos están acompañadas por el prólogo de Alfredo Molano Bravo y textos de la periodista colombiana Anamaria Bedoya Builes. Zanetti (Mendrisio, Suiza, 1971) fue llevado por su madre, la fotógrafa Pia Zanetti, a conocer los problemas de Nicaragua a mediados de los años 80. Allí observó cómo acercarse a la fotografía humana. En 1991 se unió a la agencia de fotógrafos Lookat y luego, durante cuatro años, estudió en el Departamento de Fotografía de la Escuela de Arte y Diseño de Zúrich, hoy ZHdK. Su primer proyecto a largo plazo fue Ochenta días alrededor del mundo, como el héroe de Julio Verne, Phileas Fogg. Aparte de Colombia, ha trabajado en Nicaragua, Brasil, Perú y la República Centroafricana.

La obra de un gran caminante de Colombia

Alfredo Molano Bravo (1944-2019) fue un investigador de la historia de la violencia en Colombia, no desde un escritorio sino a pie, con los tenis puestos, un oído atento al testimonio de los marginados y una pluma eficaz para dejar constancia de esa realidad. Por  vida y obra recibió en 2014 el doctorado honoris causa en sociología de la Universidad Nacional y en 2016 el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.  Recomendamos 26 de sus  libros:
» 1982. “Los bombardeos de El Pato”
» 1985. “Los años del tropel”
» 1987. “Selva adentro (el Guaviare)”
» 1988. “Dos viajes por la Orinoquia” (con Fray José de Calasanz)
» 1989. “Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras”
» 1990. “Aguas arriba: entre la coca y el oro”
» 1990. “La tierra del caimán” (con Ramírez)
» 1993. “Así mismo”
» 1994. “Trochas y fusiles”
» 1995. “Del Llano llano”
» 1996. “El tapón del Darién” (con  Ramírez)
» 1997. “Rebusque mayor. Relatos de mulas, traquetos y embarques”
» 2000 “Mompox, Soplaviento, Calamar, Mahates y Morales” (con María C. Ramírez)
» 2001. “Desterrados”
» 2002. “Apaporis” (con María C. Ramírez)
» 2004. “Al margen izquierdo”, columnas en El Espectador
» 2004. “Penas y cadenas”
» 2006. “Espaldas mojadas”
» 2009. “Ahí le dejo esos fierros”
» 2009. “En medio del Magdalena Medio”
» 2011. “Del otro lado”
» 2012. “Otros rumbos”
» 2013. “Dignidad campesina”
» 2016. “A lomo de mula”
» 2017. “De río en río”
» 2017. “El destino de la luz”

El caso de Jesús Santrich ya empezó a tener repercusiones en las decisiones de los demás exjefes guerrilleros de las Farc. Jesús Mario Rojas Arenas, conocido en la guerra como Marcos Urbano, y Luis Oscar Úsuga Restrepo, o ‘Isaías Trujillo’, le pidieron a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aplazar su versión voluntaria por el Caso 001 sobre retenciones ilegales por parte de la extinta guerrilla.

Los exjefes guerrilleros, después de una reunión con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP, argumentaron que, tras la recaptura de su compañero Jesús Santrich, es evidente que están en medio de una inseguridad jurídica, “que se toma en un evidente estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación”.

En la carta dirigida a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, aseguraron que no irán a las versiones voluntarias en las fechas establecidas, “hasta que no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de la JEP, pues es evidente que las decisiones de la JEP no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado colombiano”.  

Los excombatientes agregan que quienes se han comprometido con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición habitan una sensación de “temor y desconfianza”, pues “va perdiendo credibilidad entre los comparecientes” ante los últimos hechos. Por eso pidieron una reunión entre los magistrados y el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para dialogar sobre esta crisis y otros hechos que les preocupan.

 “No ha existido corresponsabilidad del Estado para cumplir con lo pactado en La Habana. El balance de la implementación es poco alentador en particular en lo que respecta al componente de justicia de los comparecientes ante SAI que hasta ahora sólo ha emitido alrededor de 50 decisiones desde su funcionamiento quedando a la fecha gran cantidad de prisioneros de Farc en las cárceles colombianas por la demora en la adopción de decisiones de dicha sala”, reza la carta.

Con estos argumentos, afirmaron que no asistirán a sus diligencias judiciales hasta que no se supere “el estado de irregularidades que generan el clima de inseguridad” y se respete la autonomía e independencia de esta justicia transicional.

En la misiva también reiteraron que aún tienen voluntad de “cumplir con lo pactado, como lo han venido haciendo”, para garantizar el derecho a las víctimas y propiciar el ambiente de reconciliación. Finalmente dicen sentirse todavía como “el enemigo interno”, aunque hayan “dejado las armas y hayan hecho política por otros medios”.

El viernes pasado, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía capturaron al exjefe guerrillero Jesús Santrich por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. La captura se da después de que la JEP ordenara su libertad y le otorgara la garantía de no extradición, argumentando que no pudo determinar la fecha de estos delitos que denunciaron la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el ente investigador insiste en que tiene nuevas pruebas que demuestran la comisión de delitos después de la firma del acuerdo y por eso se abrió un nuevo proceso en la justicia ordinaria.

Al igual que Santrich, Arenas y Úsuga hacen parte del grupo de 31 exjefes guerrilleros que comparecen en el caso 001, relacionado con retenciones ilegales. En esta diligencia, que es de carácter obligatoria, los excombatientes aportan voluntariamente la información que tenga y pueda ayudar a esclarecer qué sucedió con los 6.162 casos relacionados con retenciones ilegales, entre los cuales se encuentran secuestros extorsivos, desapariciones e incluso homicidios. 

A mediados de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les permitió a las víctimas del caso 003, sobre ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, participar en las versiones voluntarias que los militares adelantan en esta justicia. Las Madres de Soacha y sus abogados fueron el primer grupo de víctimas que se dio a la tarea de revisar 31 versiones de uniformados del Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander y la Brigada Móvil N°15 de Norte de Santander, dadas por 22 militares.

Tras escuchar más de 180 horas de grabación, estas mujeres, que no han cesado en su búsqueda por la verdad, les entregaron a los magistrados de la Sala de Reconocimiento sus observaciones e inquietudes. Esta labor la complementaron sus abogados, quienes también presentaron ante la JEP informes más detallados sobre las declaraciones de los militares.

Colombia2020 habló con Sebastián Escobar, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), quien analizó durante mes y medio las 31 versiones, que en promedio duran entre seis a ocho horas. Con ayuda de un software para hacer análisis cuantitativo y cualitativo examinó los casi 900 folios de transcripción y de allí sacó lo patrones de planeación, ejecución, encubrimiento y responsabilidad en la comisión de este delito a partir de lo que dijeron los militares en la JEP.

“No estamos hablando de casos aislados, sino de una práctica, y nuestra tarea fue identificar cuáles eran los patrones que la constituyen”, dice Escobar. “También nos dimos a la labor de establecer cuáles eran los elementos que en lo dicho en las versiones nos permitían llegar a sustentar hipótesis de la responsabilidad de sus superiores”. Claro, son hipótesis, porque hace parte de un proceso de investigación en donde la JEP será la encargada de hacer la contrastación.   

El informe, de 70 páginas, fue presentado en septiembre. Por motivos de seguridad y porque el proceso está en investigación, no damos detalles ni nombres de los militares. Sin embargo, sí hay importantes conclusiones de ese informe:

Las víctimas

A partir de las 31 versiones dadas por 22 militares de estas dos unidades, Escobar extrajo la información de jóvenes asesinados que mencionaron los militares durante las diligencias. La lista está conformada por 72 hombres, con fecha del asesinato, el lugar donde ocurrió el supuesto combate y algunos con nombre propio. De esta lista, nueve son hijos de las Madres de Soacha que hasta ahora han reconocido los militares. Además, consolidó datos como la forma en la que murieron, si habían sido reclutados, si estaban en las “listas negras” o si murieron en estado de indefensión.

Esta información permitirá esclarecer el universo total de víctimas. Además, podría ayudar en la búsqueda de quienes todavía no se tiene información del paradero de su cuerpo. De esas 72 personas, los militares mencionaron a 18 como ‘N.N’, es decir, que no hay información de quiénes son.  

Escobar también recopiló los nombres de todos los militares y civiles que fueron señalados en las versiones voluntarias como colaboradores. Allí hay desde informantes, reclutadores, asesores jurídicos, soldados, suboficiales y oficiales. “Hicimos una tabla donde mencionamos si tenían una participación determinante y si debían ser llamados a versión voluntaria. Identificamos a 68 personas, de las cuales 10 ya habían rendido versión. De allí, le dijimos a la magistratura que llamara a 21 porque se consideró que tuvieron una participación en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y pueden ayudar al esclarecimiento del modus operandi”, señaló.

En el caso de los y las asesoras jurídicas, Escobar sostuvo que por los testimonios de los militares se confirmó que eran contratados para “construir una narrativa que facilitara el encubrimiento de estos hechos”. Es decir, antes de ir a las audiencias en la justicia penal militar, les decían a los uniformados qué tenían que contar y a quién no podían delatar.

“Muchos decían que era muy evidente el conflicto de intereses en las asesorías y que lo corroboraron después, porque la narrativa lo que dejaba en claro es que buscaban que los superiores no tuvieran que enfrentar a la justicia”, dijo Escobar.

La responsabilidad

El informe, como mencionamos anteriormente, se dividió en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento. En cada una hay extractos de las distintas versiones. Así, por ejemplo, Escobar pudo definir que más de uno de los cabos habló sobre las “listas negras”, es decir, los nombres de supuestos guerrilleros que aportaban los informantes.

Escobar fue claro en que este informe le puede ayudar a la JEP a definir el tipo de responsabilidades -si fue coautoría, por omisión, autoría inmediata- de los superiores jerárquicos dentro del Ejército.

Dentro de los elementos de responsabilidad están, por ejemplo, las presiones que ejercían superiores sobre soldados para cometer los asesinatos. “Pudimos encontrar en las versiones que había mucho cuidado en no dar instrucciones directas de matar civiles, pero sí había instigaciones para aumentar el número de bajas. Por ejemplo, del tipo ‘si usted no me presenta bajas, le daño la carrera’”, comentó el abogado.

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Otros elementos son la ausencia de controles dentro de cada batallón o brigada para contrarrestar la práctica a pesar de constantes denuncias de la población o la comunidad internacional sobre los asesinatos. De acuerdo con el documento, no había controles antes ni después de los hechos o no se realizaba una investigación disciplinaria instruida debidamente.

Varios de los versionados aseguraron que cometieron este delito a lo largo de su carrera y en distintas unidades militares. Que, incluso, desde la Escuela Militar empezaron a escuchar a comandantes hablar sobre la “legalización de bajas”. Los incentivos como vacaciones, viajes o dinero hacen parte de los elementos de responsabilidad. También, el hecho de que se crearan grupos especiales dentro del Ejército, bajo el control directo del comandante, conformado por soldados profesionales. De acuerdo con Escobar, “estaban permanentemente en la sede de la brigada y salían a cumplir órdenes especiales. Fueron los que más número de ejecuciones extrajudiciales presentaron”.

Los patrones

En la fase de planeación, Escobar halló patrones como el reclutamiento y el traslado de víctimas a los batallones o lugares donde se preparaban los supuestos combates; el uso de gastos reservados para comprar armas, uniformes o pagar a los informantes; el señalamiento de personas como supuestos integrantes de grupos armados con falta de pruebas, así como la construcción de un mismo relato en el cual justificaron su accionar bajo la premisa de que estas personas participaban en las hostilidades.

“Sin embargo, afirmamos que en el caso de que hubiesen sido milicianos, fueron asesinados en estado de indefensión. Previamente fueron retenidos y algunos drogados. Poco importa el perfil de la víctima, porque dentro del Derecho Internacional Humanitario la circunstancia es la forma en la que se dio el delito”, dijo.

En la fase de ejecución identificó cuatro elementos: la retención de las víctimas, el traslado mediante engaños, la participación de informantes y el hecho de que las víctimas no contaban con las posibilidades de repeler el ataque. En la fase final, entre los patrones de encubrimiento, encontró que varios de los militares hablaron de cómo modificaron la escena del crimen, el uso de prendas militares para hacerlos pasar como guerrilleros, la construcción de documentación para soportar la supuesta operación militar y el gasto de dinero para este fin.

“Para tener realmente un esclarecimiento de fenómeno hay que llamar a más gente”, es una de las peticiones de Colectivo a la Sala. “Por ejemplo, llamar a los comandantes de los batallones”.

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Este documento es el resultado de la inconformidad de las víctimas, en este caso de las Madres de Soacha, quienes en la audiencia del 17 de octubre expresaron no sentirse satisfechas con el aporte de los uniformados en los casos de sus hijos, teniendo en cuenta que hoy la mayoría de los militares condenados en la justicia ordinaria hoy están libres.

Este es tan solo el primer ejercicio de diálogo entre la JEP y las víctimas. De aquí en adelante, en el caso 003, los abogados y víctimas seguirán participando en el proceso como parte de su reparación y como así lo definió el acuerdo de paz con las Farc. 

La Corte Constitucional y el Congreso de la República tienen la palabra para aclarar el limbo normativo en el que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque las funciones de sus magistrados han estado ligadas al acto legislativo 01 de 2017, a través del cual se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la JEP, las decisiones tomadas hasta el momento han generado controversia. La razón: se requiere de la aprobación de al menos ocho normas que permitirán que la justicia transicional entre en pleno vigor.

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Por eso, según la JEP, la suspensión provisional del trámite de extradición del líder de la FARC Jesús Santrich o la exclusión de dos casos de parapolítica de la JEP han estado respaldadas en el acto legislativo, el Código de Procedimiento Penal y una serie de protocolos que los mismos magistrados crearon para empezar a funcionar. De hecho, a la hora de sustentar la decisión relacionada con Santrich, el presidente de la Sala de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla, indicó que “así lo dispone nuestro reglamento, ante la ausencia de normatividad”.

De las ocho normas pendientes, siete están en manos de la Corte Constitucional: desde la revisión del acto legislativo 01, cuya sentencia no ha sido publicada, hasta el decreto por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en el sistema de justicia transicional. De manera simultánea, en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes se tramita la ley de procedimiento, que busca crear el conjunto de reglas para regir el funcionamiento de la JEP.

De aquellas que están en la Corte, la más urgente —según los expertos— es la revisión del acto legislativo 01 de 2017. Sin embargo, a pesar de que en noviembre de 2017 el alto tribunal anunció a través de un comunicado su exequibilidad con excepciones, a la fecha, la sentencia no ha sido publicada.

Algo similar sucede con la revisión del acto legislativo 02 de 2017, que otorga estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc. Aunque el alto tribunal declaró en octubre de 2017 su constitucionalidad a través de un comunicado de prensa, tampoco se conoce el texto completo. Asimismo están pendientes los fallos sobre dos decretos, cuyas decisiones también se dieron a conocer a través de comunicados, y aún no se ha definido su postura frente al proyecto de ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP (ver gráfico).

“Las decisiones de la Corte Constitucional pueden dar luces sobre las posiciones de la JEP. En relación con las normas sobre las cuales la Corte no se ha pronunciado, lo relevante es saber si su aplicación puede seguirse haciendo o si tienen vicios de inconstitucionalidad que hacen que no se puedan volver a aplicar”, indica Juan Carlos Ospina, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas.

La falta de estas sentencias podría tener un efecto sobre la legitimidad en las medidas adoptadas por la JEP. Así lo considera Juan Camilo Collazos, investigador de la Corporación de Excelencia en la Justicia (CEJ), quien agrega: “Las decisiones se están tomando con base en documentos cortos (comunicados de prensa) que en algunos casos pueden llegar a ser muy ambiguos. Esto además puede tener un impacto en la seguridad jurídica: es posible que la Corte, en esas sentencias, diga algo contrario a alguna decisión que la JEP esté tomando ahorita”.

Quien bien conoce desde adentro estos procedimientos es Patricia Linares, presidenta de la JEP. Ella fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, en donde se dedicó a la revisión, el análisis y el estudio de jurisprudencia, y si bien considera que contar con la sentencia es fundamental, conserva la prudencia para no generar un clima adverso con ese tribunal. “Entendemos que se trata de normas supremamente densas las que ha analizado la Corte Constitucional y que acude al tema de los comunicados con el ánimo de dar un parte del cumplimiento de sus tareas. Hay temas muy complejos que requieren una lectura profunda y detallada de las distintas sentencias. Esperamos y sabemos que la Corte está trabajando en la perspectiva de poder publicar cuanto antes las distintas sentencias”, indicó a Colombia 2020 en marzo pasado, cuando la JEP abrió sus puertas.

Para la Corporación Excelencia en la Justicia, las decisiones que están contenidas en las sentencias pueden dirimir conflictos sobre temas como el tratamiento de terceros y agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y la responsabilidad de mando, entre otros. “Los problemas que hay en este momento con la JEP son en su mayoría de competencia. Por ejemplo, hay un problema grandísimo en la Sala de Definición que no deja claro cuál es la diferencia cuando se refiere ‘con ocasión’, ‘por causa’, ‘relación directa o indirecta’ con el conflicto armado. Uno no sabe si eso pueda estar en esa sentencia”, precisa Collazos.

Respecto a las cuatro sentencias sin publicar, la Corte Constitucional explica que hay procedimientos de forma que hacen parte del trámite usual, como la revisión en detalle de las providencias por parte de cada magistrado. La complejidad de los temas que se abordan es un argumento para justificar el tiempo que se han tomado para dar a conocer las providencias.

Para el jurista Juan Carlos Ospina, lo más importante para el funcionamiento de la JEP es la ley estatutaria que permite reglamentar este sistema de justicia. Aunque el Congreso de la República la aprobó en noviembre de 2017, en uso de las facultades del fast track, la decisión está en manos de la Corte Constitucional y no se ha emitido un fallo para aprobarlo. El alto tribunal indicó en un documento del 18 de mayo que le pidió por tercera vez al Congreso que le enviara documentos necesarios para su estudio. La semana pasada los entregó.

Para emitir esta sentencia, la Corte abrió la convocatoria para que los ciudadanos y la Procuraduría participen con sus opiniones al respecto. “El problema es que no alcance a emitir sentencia antes de finalizar el primer semestre. Cuando tome la decisión, devolvería el proyecto al Congreso. Entonces todo dependerá del escenario político electoral”, asegura Ospina.

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Por otra parte, en el Congreso de la República se tramita la ley de procedimiento de la JEP, que consigna las herramientas jurídicas para su funcionamiento. Aunque el Gobierno radicó la iniciativa con mensaje de urgencia, la votación del proyecto está en vilo desde la semana pasada.

El Gobierno tiene la certeza de que se aprobará antes del 20 de junio, fecha en la que termina la legislatura. “Estamos en comisiones conjuntas y podríamos luego, de manera simultánea, discutir este proyecto y votarlo en plenarias de Senado y Cámara. Tenemos tiempo suficiente”, asegura el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

¿Quién tiene la culpa de la demora en la aprobación de estas normas?

Para las organizaciones de juristas que siguen este trámite, las responsabilidades son compartidas: “Todos han jugado un papel para que la JEP sea una institución exitosa o no. Y lo más importante es que, pese a las críticas que puedan surgir, se tomen las medidas pertinentes para que funcione con un marco jurídico estable, que no existan dudas respecto a las decisiones de la Corte o del Congreso”, concluye Collazos.

En los doce años que duró la guerra civil entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) hubo más de 30.000 adopciones de niños y niñas. De esa cifra, al menos un 10 % ocurrieron producto de desapariciones forzadas. Así lo asegura la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto.

Esta organización, que en 2019 cumple 25 años de trabajo, ha liderado en El Salvador la búsqueda de los niños que fueron sacados de sus hogares o apartados de los brazos de sus padres para ser llevados a albergues o bases militares. El 65 % eran menores de siete años, según la Asociación.

Durante este tiempo, ha recogido más de mil denuncias de niños y niñas que fueron adoptados o crecieron en orfanatos. De esos mil casos, ya esclarecieron 446. En su gran mayoría lograron la reunificación familiar, en otros, dar con la ubicación de la persona, viva o muerta.

Eduardo García Doblas es de Cádiz (España), pero desde hace 25 años trabaja como defensor de derechos humanos en El Salvador. Actualmente, es el director ejecutivo de la Asociación. Él asegura que el trabajo de búsqueda es realizado por los propios familiares, sin ayuda estatal de ningún tipo. Son doce personas que trabajan en la Asociación acompañando a familiares que buscan hace 30 años a sus niños. Visitó Colombia para compartir la experiencia de búsqueda de personas desaparecidas y esto fue lo que nos contó.

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¿Fue sistemática la desaparición de niños en El Salvador?

La Corte Interamericana del Salvador asegura que fue sistemática y sistémica. Se usó todo el aparato estatal para desaparecer a los niños y darlos fraudulentamente en adopción. Fue sistemático porque fueron muchos niños y de forma repetitiva los que se llevaron en operativos militares o a través de la Cruz Roja para trasladados a albergues provisionales donde eran tramitados sus documentos.

En 1982 se identificaron casas de engorde. Grupos de niños fueron llevados allí de manera clandestina para que presentaran mejor desarrollo nutricional, porque así daban más dinero por ellos. Las mismas fuentes militares han asegurado que estos niños se vendían entre 10.000 a 20.000 dólares.

¿Quiénes fueron los responsables de las desapariciones de los niños?

Los actores normalmente fueron estatales: Policía, Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Fuerza Armada, y en menor proporción, guerrilleros del Frente Farabundo Martí (FMLN). Los que propiciaron la desaparición y trata de los niños fueron funcionarios públicos que alteraron su identidad, sacaron partidas de nacimiento diferentes y los dieron en adopción arbitrariamente, muchos de ellos fuera del país. También hubo mucha participación de consulados estadounidense, franceses, italianos en territorio salvadoreño, órdenes religiosas y las damas de la Cruz Roja salvadoreña.

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¿Y por qué empezaron a comerciar con ellos?

Al principio del conflicto armado, los operativos exterminaban a los niños y sus familias junto con la vaca, el sembrado y la casa. No podían quedar sobrevivientes ni nada que pudiera servir a las guerrillas. Pero el matar niños indefensos quebraba la moral de la tropa y tomaron la opción, posiblemente asesorados en estrategias anticomunistas por militares argentinos y chilenos de la época, de quedarse con niños para que fueran adoctrinados y apropiados por elementos de la Fuerza Armada. Alrededor de 20 oficiales de alto grado criaron niños como hijos propios o para la venta.

¿Estos niños, de quiénes eran hijos?

Mayoritariamente de campesinos, de zonas rurales donde había intervención guerrillera, zonas de combate o lugares urbanos marginales donde se acercaban también abogados con fines fraudulentos para alterar la identidad. Pedían a estos niños en cuestión de préstamo para darles atención sanitaria y estudio, pero nunca volvieron.

¿Y cómo dieron con esos primeros niños desaparecidos?

Porque un jardinero ubicó a cinco niños en un albergue de “aldeas SOS” en diciembre de 1993, en Santa Tecla en San Salvador. Por cierto, en esas “aldeas SOS” identificamos 150 niños que poseen el apellido del director de la aldea de apellido Borja. Él se encargaba de darle una nueva identidad a los muchachos. Es el caso de una niña, Elsy. Tiene tres partidas de nacimiento diferentes y la última la sacó este señor Borja como padre de ella para casarla siendo menor de edad con un hijo de un militar de Casa Presidencial.

Después de identificarlos, llegó la voz a manos del padre Jon Cortina, fundador de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Él se presentó en el albergue, habló con el director y un día llevó a las madres a que encontraran a sus hijos. En enero de 1994 se dieron los primeros cinco reencuentros y ese es el punto de partida para los 446 casos que tenemos y la creación de la Asociación.

¿Cómo ha sido la labor de búsqueda de los familiares?

Hoy hay redes sociales donde posteamos las fotos. Siguen llegando testimonios válidos de personas y todos los años llegan de diez a quince casos. Ahora que estos muchachos son adultos, se contactan con nuestra Asociación para interponer denuncias. Ellos son los que buscan a sus madres también. Saben que son adoptados y nos presentan sus documentos, su partida de nacimiento y toda esta información es cotejada con la fecha de los hechos, testimonios, expedientes abiertos y luego se comprueba con el examen de ADN.

¿Dónde están hoy estos adultos?

Hemos encontrado cientos de niños en Italia, Francia y EE. UU. En menor cantidad, en otros países como Suecia, Alemania y España. En El Salvador hemos encontrado la mitad de los 446 casos resueltos, aproximadamente 220 fueron sacados del país. En 25 años de trabajo, el 85 % los hemos encontrado con vida. No estamos buscando ni sepulturas ni muertos, estamos buscando con vida a mujeres y hombres que les den abrazos a sus familias.

Pero, ¿qué ha pasado con los casos en donde ya fallecieron?

El 15 % de los casos resueltos están localizados fallecidos; fueron asesinados durante el proceso de guerra y sepultados. O hay un número muy pequeño de niños que tras haberle pedido a sus padres adoptivos la posibilidad de encontrar a sus padres biológicos y ser negada, se suicidaron. Son los casos de dos niños en Francia. La mayoría son muertos durante el conflicto armado, bien sea por hambre, por inanición, fuego, bombardeos. Pero insisto, el 85 % de los casos que tenemos han vuelto a abrazar a su madre después de 30 años.

¿Por qué decidió trabajar en la búsqueda de los niños?

Yo creo que las madres han dado mucho amor, se les ha causado mucho sufrimiento, son ciudadanas salvadoreñas, merecen respeto y dignidad. La Constitución dice que tienen los mismos derechos y el Estado tiene los mismos deberes con ellas y eso no se les ha respetado, porque todavía siguen pensando que pertenecen a uno u otro bando; por eso no es posible la reconciliación. Si la desaparición forzada en adultos daña a toda una sociedad y deja una huella dentro de una propia comunidad, la desaparición de niños todavía es más desdeñable.

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En los primeros tres años de funcionamiento de la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto siete macrocasos para investigar el conflicto armado en el país: retenciones ilegales o secuestro cometido por la antigua guerrilla Farc-Ep; los hechos de violencia en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos; la situación territorial del Urabá antioqueño; la situación de violencia en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; la victimización de los miembros de la Unión Patriótica y, por último, el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.

Para socializar las experiencias, retos y obstáculos de juzgar los delitos del conflicto armado en el país, la JEP lanzó este lunes 27 de abril el libro “La JEP vista por sus jueces”, una compilación de ensayos de los magistrados que han juzgado e investigado delitos cometidos por excombatientes, agentes del Estado y terceros civiles en el marco de la guerra.

Aunque en los tres años de la Jurisdicción todavía no se han emitido condenas o sanciones a los comparecientes, según la JEP se ha planteado “una dinámica institucional que facilita algunos de los más importantes propósitos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como sin duda lo son la creación y operación de las comisiones (de Víctimas, de Género, Territorial y Ambiental y de Participación), además de los espacios dialógicos que fortalecen la toma de decisiones y la centralidad en las víctimas”.

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Desde el anuncio de la creación de una justicia especial para quienes hicieron parte de la exguerrilla más antigua de Latinoamérica, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El 2 de octubre de 2016, en el plebiscito convocado por el expresidente Juan Manuel Santos, ganó el ‘No’ a la firma e implementación del Acuerdo, con 6.431.372 de votos, lo que representó el 50,2 % de todos los electores. 

Uno de los argumentos contra los puntos del Acuerdo eran la creación de una justicia transicional en la que los delitos que no fueran de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de ser amnistiables o indultables. También fue blanco de críticas las sanciones simbólicas que deberán pagar los responsables de los hechos, en caso de contribuir con el esclarecimiento de la verdad. 

Uno de los ensayos del libro está dedicado a narrar las dificultades para la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El magistrado Alejandro Ramelli de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, narra las objeciones presidenciales contra la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP que impidieron, en su momento, el funcionamiento de la Jurisdicción. “El texto refiere esas tensiones políticas, las plantea como naturales en un sólido sistema democrático y desarrolla otras ideas que permiten una comprensión más amplia de la naturaleza y dimensión del trabajo de la JEP, entre ellas dos muy importantes: la noción de que por ser un sistema de justicia transicional el papel de la JEP, más que jurídico, tiene que ser sobre todo ético y, en segundo lugar, la certeza de que los debates alrededor de las instituciones siempre serán sanos”, menciona la Jurisdicción. 

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Otra de las reflexiones propuestas en el libro es la inclusión del enfoque étnico-racial presente en el tratamiento de los macrocasos. La magistrada Xiomara Balanta, vicepresidenta de esta Jurisdicción e integrante de la Sala de Amistías e Indultos analiza en su capítulo, “la manera en que la JEP ha hecho valer su competencia preferente y prevalente frente a las demás jurisdicciones del Estado, sin dejar de articularse con otras entidades en colaboración armónica”. 

En sus 651 páginas de ensayos y relatos, la JEP expone un documento en las voces de los magistrados Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Gustavo Salazar, Heydi Baldosea, Camilo Suárez, Caterina Heyck, Catalina Díaz, Óscar Parra, Julieta Lemaitre, Juan José Cantillo, Pedro Díaz, Marcela Giraldo, Reinere Jaramillo, Juan Ramón Martínez, Raúl Sánchez, Alejandro Ramelli, María del Pilar Valencia, Xiomara Balanta, Alexandra Sandoval y, la presidenta Patricia Linares. También hay escritos de Harvey Suárez, subsecretario ejecutivo de la Jurisdicción, del docente Iván Orozco y el exministro de Justicia Yesid Reyes.

El texto completo en formato PDF lo encuentra en la página de la JEP: 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la libertad transitoria, condicionada y anticipada de 25 miembros de la Fuerza Pública que estaban recluidos en distintas cárceles del país, mientras se adelantan investigaciones en su contra. La decisión fue tomada en el marco del anuncio de excarcelación del decreto 546 de 2020, a través del cual el Gobierno Nacional y el Inpec dictan las condiciones para conceder medidas de detención preventiva y prisión domiciliarias transitorias a algunos reclusos, para descongestionar centros penitenciarios y evitar el contagio de COVID-19. 

Con el anuncio de este jueves, ya son 115 las decisiones judiciales que ha tomado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus. La Sala también ha emitido resoluciones para práctica de pruebas del nuevo virus, impulso procesal (avances de un proceso judicial dentro de una instancia) y algunos trámites de imposición de régimen de condicionalidad (firma de un documento con compromisos para acogerse a la JEP).

Según el decreto, la excarcelación podrá ser concedida únicamente a personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años, personas que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, personas insulinodependientes, con trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias o personas con trasplantes. 

También podrá ser aplicado a personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, personas condenadas o que se encuentren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos, condenados a penas de prisión menores a cinco años y para quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) de la pena privativa de libertad.

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Sobre las personas con movilidad reducida, el decreto advierte: “No serán consideradas como personas con movilidad reducida por discapacidad afectaciones o la ausencia de alguna del cuerpo que no sea permanente o que no altere la funcionalidad antes señalada y no sea clínicamente significativa por los cambios producidos en movimiento independiente como caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades cuidado personal”.

Para el caso de personas que estén cobijadas por la justicia transicional y no la justicia ordinaria, el Órgano de Gobierno de la JEP emitió el Acuerdo 14, en el que explica que se puede otorgar el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada a miembros de la Fuerza pública, terceros y agentes del Estado, en los casos en los que exista información digitalizada para fallar.

En el caso de las personas, por ejemplo, sean mayores de 60 años o tengan las enfermedades mencionadas pero sus delitos no cumplan los requisitos para la excarcelación, cada centro penitenciario deberá tomar las medidas respectivas de aislamiento al interior de las cárceles. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por ejemplo, ordenó el pasado 22 de abril que para los coroneles retirados Joaquín Correa López y Jorge Eliécer Plazas Acevedo, mayores de 60 años y con comorbilidades, se tomaran medidas de protección humanitarias en los centros donde están recluidos para evitar el contagio con COVID-19, debido a que, por los delitos por los que son investigados, no pueden acceder al beneficio de la libertad transitoria. 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas define la situación de miembros de la Fuerza Pública, terceros y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y la Sala de Amnistía o Indulto podrá decidir de fondo sobre el beneficio de libertad condicionada para exmiembros y colaboradores de las Farc-ep. 

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Por otro lado, para la notificación y ejecución en caso de otorgar los beneficios de la libertad, serán las secretarías judiciales de dichas salas las que remitirán al centro penitenciario y carcelario vía correo electrónico la boleta de libertad, firmada electrónicamente, para que se realicen las notificaciones a las personas privadas de la libertad y se verifique que no estén a disposición de otras autoridades judiciales. En el caso de otorgar una amnistía de iure se realizará el mismo procedimiento

Para quienes recuperen la libertad, pero sigan siendo comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se deberá asumir una serie de compromisos. Para ello, el centro carcelario deberá facilitar a quien le conceden el beneficio los medios tecnológicos para el envío del email a la Secretaria Ejecutiva de la JEP, donde firmará su acta de compromiso virtual ante esta justicia.

Según el Instituto Nacional de Salud, van 218 casos positivos para el nuevo coronavirus en las cárceles del país, de los cuales 176 son personas privadas de la libertad y el resto, funcionarios y contratistas. Uno de los centros penitenciarios con más casos de COVID-19 es el de Villavicencio, donde hay 168 presos contagiados. En la cárcel La Picota (Bogotá), hay cinco reclusos con el virus. 

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Por parte de la justicia ordinaria, hasta el este lunes 27 de abril, había 106 presos que habían recibido el beneficio de libertad transitoria. Por el caso de la JEP, estos son los primeros 25 reclusos miembros de la Fuerza Pública que serán excarcelados. Según el Gobierno Nacional, el tiempo máximo que durará esta medida de excarcelación será seis meses. 

Entretanto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas explicó que seguirá su estrategia investigativa "sobre las solicitudes de sometimiento de terceros y agentes del Estado diferentes a miembros de la fuerza pública, relacionados con el Bloque Norte de las AUC, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y el patrón de macrocriminalidad de ‘ejecuciones extrajudiciales con intervención de reclutadores civiles’".

El aumento de la violencia en contra de los excombatientes de las extintas Farc y la proliferación de amenazas contra miembros de la Fuerza Pública, que hoy están sometidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), obligó a esta justicia transicional a empezar el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger sus vidas. 

De acuerdo con la Jurisdicción, a la fecha han sido asesinados 193 exmiembros de las Farc y han sido hostigados 16 integrantes de la fuerza pública, quienes han rendido sus versiones voluntarias en el marco del caso 03, conocido como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, mal llamados “falsos positivos”. Con esta medidas cautelares, señaló el magistrado Alejandro Ramelli "se busca analizar de manera estructural todo el tema de los homicidios y las amenazas". 

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La decisión, unánimemente adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, se fundamenta en denuncias que han sido reconocidas por entidades y organismos nacionales e internacionales, que se han comprometido en la implementación y seguimiento del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc-Ep.

“La Sección reconoce los valiosos esfuerzos realizados por las entidades encargadas de implementar medidas de protección y seguridad al respecto, pero verifica que los riesgos han alcanzado unos niveles extraordinarios, resultando imposible conjurarlos plenamente”, agregó la magistratura.

La JEP agregó que su decisión se basa en un “cumplimiento del mandato constitucional de tratamiento simétrico y equilibrado”, y en su función de “emitir órdenes estructurales dirigidas a asegurar el derecho a la verdad plena y a la garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra”.

En el auto se ordenó la vinculación y la entrega de información de distintas entidades estatales “frente a la causa común de proteger la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres y hombres comparecientes ante la JEP y en pro de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas”. Entre ellas, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y del Interior, entre otros. 

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La decisión, señaló la magistratura, es un complemento a las protecciones individuales que en su momento profirió la Sala de Reconocimiento de Verdad a algunos integrantes de las extintas Farc y de la Fuerza Pública: “Esto quiere decir que el avocamiento de estas medidas cautelares, de naturaleza estructural, no impide la adopción futura de medidas de protección individuales”.

Aunque se ha registrado en otras regiones del país, el Magdalena Caldense tiene un caso que estremece: la desaparición forzada de un bebé que fue raptado por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras estar en los brazos de su madre recién parida. Ese es uno de los casos que llegó al sistema de justicia transicional para que se investigue y se esclaresca. Son 187 casos, documentados, los que llegan hoy a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Comisión de la Verdad, para que a través de sus mecanismos extrajudiciales se sepa la verdad y se dignifiquen estas familias adoloridas.

Por ahora, solo de 89 se tienen coordenadas de donde estarían los cuerpos en los municipios que conforman esta región del centro de Colombia: Samaná, Victoria, La Dorada y Norcasia (Caldas). Una región que fue azotada por la violencia paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), en cabeza del Frente Omar Isaza (FOI) y Muerte A Secuestradores (MAS). La guerrilla de las Farc también hizo presencia en la zona con los frentes que cruzaban la frontera desde el oriente de Antioquia, el noveno y el 47. Las Fuerzas Militares, en versiones libres de los excomandantes paramilitares, también han salido mencionadas por su actuar al margen de la ley frente a esta violencia que dejó desaparecidos por venganzas y acusaciones falsas.

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La alianza perversa entre autodefensas, Fuerza Pública y mandatarios locales habría permitido el desarrollo del proyecto paramilitar que abonó el camino para que despojaran de sus tierras a muchos pequeños y medianos campesinos, relata el informe, en el que señalan específicamente a la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), como el escampadero legal para la financiación de estos paramilitares del Magdalena Caldense, que llegaron de los municipios de Manzanares, Pensilvania y Marquetalia (Caldas).

Al colindar con el oriente de Antioquia, esta región también tuvo la influencia de la extinta guerrillera de las Farc. Sin embargo, la guerra contrainsurgente de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio generó que estas se convirtieran en el mayor perpetrador de las 187 desapariciones que documentó el informe. A este grupo ilegal, especialmente al Frente Omar Isaza, le atribuyen 70 desapariciones. Seguido por las Farc-Ep, señaladas de ser responsables de la desaparición en 57 casos perpetradas por los Frentes noveno y 47. Estos dos grupos armados sumaron el 67,91% de las desapariciones documentadas por estas organizaciones.

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El municipio de Samaná, por ejemplo, registró el mayor número de casos de desaparición de personas, bajo la responsabilidad de las Farc. Los corregimientos de Florencia y Encimadas en particular, registraron los mayores casos a través de la práctica de reclutamiento forzado. Resalta el informe, que, en las audiencias de versión libre, Elda Neyis Mosquera, conocida como “Karina”, quien fue otrora comandante del frente 47 de las FARC, “reconoció que su organización reclutaba forzadamente en los territorios del oriente antioqueño, cuestión que también se relaciona con los relatos de las víctimas en territorio caldense, en específico en el municipio de Samaná”.

Las Fuerzas Armadas también tienen responsabilidad en el flagelo de la desaparición forzada. Según el informe del Magdalena Caldense, 11 casos se les atribuyen al Batallón de Infantería N° 3 Bárbula, Batallón de Infantería N° 16 Patriotas y el Batallón Contraguerrilla N° 8 Quimbaya, este último, señala el documento, responsable de dos de las tres ejecuciones extrajudiciales reportadas en la documentación a la justicia especial para la paz.

La investigación también documentó que existen cuatro escenarios de donde estarían los cuerpos de 89 víctimas: arrojado al agua (43%), inhumado en fosa clandestina (39%), inhumado en cementerio (15%) y en superficie (3%). En los seis casos de niños desaparecidos se estableció que tres de ellos ocurrieron en un contexto de desaparición colectiva junto a la madre, dos desaparecieron como producto de reclutamientos forzados, y uno de ellos, el que fue secuestrado y desaparecido por los paramilitares cuando apenas había nacido y estaba en un centro hospitalario en los brazos de su madre.

“Algunas de las documentaciones permitieron establecer sitios en donde se encontrarían las personas desaparecidas. También se hicieron recorridos cartográficos, talleres de cartografía social con las comunidades y se recibieron testimonios de personas claves, bien sea porque participaron en las hostilidades o porque tienen información del sitios de disposición de los cuerpos”, dijo durante el evento de entrega del informe en La Dorada (Caldas), Diana Arango, directora de Equitas.

A su turno, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, expresó su respaldo a las víctimas que buscan la verdad y la justicia frente a lo que pasó con sus familiares: “como lo saben, la búsqueda es larga y difícil pero es un camino que se puede andar y en ese camino pueden surgir respuestas que debemos construir en conjunto”.

Las autoridades capturaron con fines de extradición a Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido con el alias de Rambo, y quien fuera excomandante de la columna Daniel Aldana de la antigua guerrilla de las Farc en Tumaco (Nariño).

Al parecer, Carvajal Pérez, conocido también como Gustavo Gonzales, habría seguido delinquiendo después de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, de diciembre de 2016.

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De acuerdo con fuentes de inteligencia, la captura se produjo a raíz del testimonio que rindió Washington Prado Álava, conocido por las autoridades como el Pablo Escobar de Ecuador, quien fue extraditado a Estados Unidos en abril de este año, acusado de exportar 250 toneladas de narcóticos en dos años.

Al parecer, Prado Álava habría mencionado a Rambo como una de las personas que habría integrado redes de narcotráfico que pasan por Ecuador, el océano Pacífico y Centroamérica hasta llegar hasta Estados Unidos. El Pablo Escobar de Ecuador, presuntamente, asumió el control del comercio ilegal de estupefacientes en Nariño, por ello, se cree que trabajó de la mano con la columna Daniel Aldana.

En 2012, fuentes de la Policía señalaron que Rambo era entonces "el principal articulador de acciones terroristas de gran impacto en  Nariño; igualmente coordinó la planeación de la producción, tráfico y distribución de estupefacientes con asocio con redes narcotraficantes de la región". Los ingresos por la producción de droga, según las autoridades en ese momento, alcanzaban más de 90 toneladas de cocaína por año, que en los mercados de consumo, tendrían un valor de 2.406 millones de dólares.

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Por su parte, el partido Fuerza Alternativa del Común (FARC) rechazó la detención y aseguró que Carvajal Pérez había firmado el acta de compromiso de reincorporación política, social y económica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este proceso se suma al del líder de Farc Jesús Santrich, quien, según la DEA, siguió delinquiendo después de haber firmado acuerdo de paz. El caso estalló a comienzos de abril de este año, cuando la Fiscalía capturó a Santrich y a otras tres personas en Bogotá. La detención se dio luego de que el ente investigador conociera los detalles de la investigación de la DEA, que señala que el exjefe guerrillero; Armando Gómez, alias el Doctor; Fabio Younes Arboleda y Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, idearon un plan para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya tiene en sus oficinas los primeros expedientes judiciales en los que los jueces del sistema ordinario han tratado de solucionar e impartir justicia. En total, son 18 los casos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le entregó al sistema especial de justicia, el pasado 22 de marzo. La ceremonia del traspaso de los folios, debidamente organizados con portadas de papel amarillo, marcó el inicio de una nueva era en la búsqueda de verdad y justicia después de 50 años de guerra.

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Como se supo el día de la ceremonia, algunos de los casos tienen que ver con el homicidio del arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino; el proceso contra Marilú Ramírez Baquero, la mujer que supuestamente se infiltró en el Ejército; y la masacre de la familia Turbay Cote en el 2000. Sin embargo, en la JEP ya se encuentran por lo menos ocho casos de ejecuciones extrajudiciales, entre los cuales está el de cuatro jóvenes que desaparecieron de Montería y fueron reportados como guerrilleros heridos en combate en el Chocó.

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La Corte Suprema, además, le entregó a la JEP el caso del carro bomba que estalló en Chapinero el 12 de agosto de 2010 y que tuvo un saldo de 35 personas heridas. Otro de los casos que ya están en los despachos de la jurisdicción especial es el de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2000.

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El Espectador conoció los 18 casos y destaca a continuación 16 de los más emblemáticos, sus procesados, víctimas y decisiones judiciales. 

1. Ejecución extrajudicial de un supuesto miembro de la guerrilla

Delitos: homicidio agravado y desaparición forzada

El 4 de enero de 2005, en una vereda de Sonsón (Antioquia), murió Luis Albeiro Gómez Escobar. Tropas antiguerrilla que operaban en la zona, entre los que se encontraban Cano y Gallego, reportaron que se trataba de un “bandido de la guerrilla, abatido en combate”. La Fiscalía, sin embargo, concluyó que se trataba de una ejecución extrajudicial. En 2014, el Tribunal Superior de Antioquia condenó a los seis militares por desaparición forzada y homicidio agravado a 40 años de prisión y a pagar una multa de 2.000 salarios mínimos (unos $1.232 millones cada uno). Los militares presentaron recurso de casación, el cual fue admitido en la Corte Suprema en noviembre de 2015.

2. Ejecución extrajudicial de un falso traficante de armas de las Farc

Delitos: homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Varios militares de pelotón Grandioso del Ejército asesinaron a Fernando Sánchez Ortiz el 15 de noviembre de 2006. A esa conclusión llegó la justicia, después de investigar el caso y que la Fiscalía demostrara que se trataba de una ejecución extrajudicial. Rodríguez Roa, Celedón Castelar y Fuentes Núñez simularon un operativo militar y explicaron que le habían disparado a Sánchez porque era un supuesto traficante de armas de las Farc. El Tribunal Superior de Valledupar los condenó a 34 años de prisión en abril de 2015 y a pagar una multa de más de $2.000 millones. A la Corte Suprema llegó el recurso de casación en noviembre de 2015 y durante casi tres años, no existieron mayores determinaciones.

3. Masacre de la familia Turbay Cote

Procesado: Luis Fernando Almario

Delitos:  concierto para promover grupos armados al margen de la ley, constreñimiento al sufragante y homicidio agravado.

La masacre de la familia Turbay Cote ocurrió el 29 de diciembre de 2000. Diego Turbay y su madre Inés Cote de Turbay fueron asesinados por las Farc, junto a cinco de sus escoltas, en una carretera del Caquetá. La Fiscalía señaló que Alamario, exrepresentante a la Cámara, tenía vínculos con el asesinato pues estaba en la contienda electoral y la forma para ganar en las urnas era eliminando a sus contrincantes: la familia Turbay. Por este caso, la Corte Suprema abrió una investigación preliminar, que es la que llega  ala JEP. Además, el alto tribunal lo condenó a 10 años de cárcel en 2016, por la alianza que sostuvo con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar.

4. Ejecución extrajudicial de cuatro jóvenes de Montería

Procesados: soldados Carlos Cesar Ospina Padilla y Martín Suárez Madera

Delito: homicidio agravado y falso testimonio

Luis Armando Campo, Alberto Mario Arias, José Ulices Pérez y Edwin Enrique Arias fueron engañados por un hombre apodado El Soldado y un amigo suyo, Cristóbal Mestre, para que viajaran con ellos, supuestamente, a trabajar en una finca. Los hombres salieron de sus casas, en Sincelejo, el 10 de febrero de 2004, rumbo a Montería. Nunca se supo más de ellos. Los cuerpos de los cuatro jóvenes aparecieron en el municipio de Unguía (Chocó), uniformados; sin embargo, sus prendas no presentaban, siquiera, rastros de disparo alguno, contrario a sus camisas, destrozadas por las balas. En julio de 2015, la justicia aclaró que los muchachos no eran guerrilleros, sino víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Batallón de Infantería No. 47, al que pertenecían los soldados Ospina y Suárez.

5. Asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino 

Procesados: Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, Pablo Catatumbo e Iván Márquez.

Delitos: homicidio agravado.

El 16 de marzo de 2002, a la salida de la iglesia Buen Pastor en Cali, fue asesinado el arzobispo Isaías Duarte Cancino. Según la investigación de la Fiscalía, el crimen se cometió porque monseñor Duarte se había convertido en uno de los principales críticos de las acciones violentas de las Farc. El ente investigador acusó a la cúpula de la exguerrilla como los culpables. En enero de 2012, en un fallo de primera instancia, fueron condenados Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, Noel Mata Mata, Pablo Catatumbo e Iván Márquez. Sin embargo, en junio de 2013, en revisión de segunda instancia, los exguerrilleros fueron absueltos en un polémico fallo en el que se explicó que la Fiscalía cometió errores en la investigación. La Corte Suprema recibió el caso para revisarlo en última instancia.

6. Ejecución extrajudicial de un reciclador de Codazzi (Cesar)

Procesados: Daimer Centeno, Alexander Escalante, José de Jesús Rueda, Jorge Enrique Dorado Triviño, José Rafael Campo, Wilman Enrique Tejada Cerrer.

Delitos: homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas.

Wilfrido Chantrix Quiroz era un reciclador radicado en Codazzi (Cesar) y quien, según sus familiares, padecía de problemas mentales. El 21 de octubre de 2003 fue asesinado por miembros del Ejército quienes reportaron la muerte de Chantrix como la de un guerrillero herido en combate. Por este caso, el Tribunal Superior de Valledupar condenó a los seis soldados del Batallón La Popa, en noviembre de 2016, a pagar una pena de 34 años de cárcel y una multa de más de $1.700 millones. Los militares presentaron el recurso de casación en 2017 y la Corte Suprema no alcanzó a resolver  si aceptaba o no el recurso antes de mandarle el expediente a la JEP.

7. Ejecución extrajudicial de un desmovilizado de las autodefensas 

Procesados: Elesban de Jesús Restrepo, Fernando Alberto Restrepo, Jaime Armando Cerón, Pedro Elías Uribe, Wilson de Jesús Agudelo.

Delitos: homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público.

A John Jairo Zapata Álvarez miembros de Cuarta Brigada del Ejército le dispararon el 4 de junio de 2007 y le causaron la muerte. Los militares reportaron el hecho a sus jefes como si se hubiera tratado de un enfrentamiento con un grupo de extorsionistas. Sin embargo, la Fiscalía investigó el caso y logró probar que se trató de una ejecución extrajudicial de un desmovilizado de las autodefensas, en la vereda Río Frío, en el municipio antioqueño de Jericó. Jaime Armando Cerón, capitán, Pedro Elías Uribe, sargento, y los soldados Elesban de Jesús Restrepo Medina y Wilson de Jesús Agudelo Velásquez fueron condenados por el hecho. El caso llegó a casación en septiembre de 2017.  

8. Ejecución extrajudicial de un campesino en el Huila 

Procesados: Luis Erney Marín Brochero y Wilson Ferney Pérez.

Delitos: coautores de homicidio en persona protegida.

El 25 de diciembre de 2005, a las siete de la noche, Nidio Perdomo Triviño fue asesinado cuando regresaba a su casa montado en su bicicleta en el municipio de Gigante (Huila). Según el reporte del Ejército, se trató de un operativo para capturar a un guerrillero. Sin embargo, la Fiscalía logró probar que, en realidad, los soldados asesinaron a Perdomo Triviño y lo presentaron como un guerrillero herido en combate. La justicia determinó que Marín y Pérez fueron responsables de la ejecución extrajudical, en calidad de coautores. Ambos fueron condenados en marzo de 2014 a 31 años de cárcel y a pagar una multa de unos $1.232 millones cada uno. Para evitar la pena, los militares presentaron un recurso de casación que estaba en la Corte Suprema de Justicia desde 2014 sin mayores avances.

9. Ejecución extrajudicial de hombre que iba a recoger aguacates

Procesados: Alfonso Romero, Félix Díaz, Ramón, Alfonso Padilla, Alfonso Zamora, Adolfo Polo y Nelson Delgado.

Delito: coautores del delito de homicidio en persona protegida.

Patricio Flórez Cebero, un campesino que vivía en la Tierra Grata del municipio de El Carmen de Bolívar, se levantó, en la madrugada del 8 de febrero de 2007, a recoger aguacates. A las 5:30 de la mañana, miembros de la Infantería de Marina lo detuvieron y le dispararon. Los uniformados le explicaron a la Fiscalía que abrieron fuego en contra de Flórez solamente porque él los atacó. El ente investigador probó lo contrario y catalogó el hecho como una ejecución extrajudicial. Los infantes de marina fueron condenados en septiembre de 2012 a 31 años de prisión y a pagar más de $1.232 millones. La defensa de los culpables uniformados presentó la solicitud para que el caso lo estudie la JEP y para que los procesados quedaran en libertad este años. La Corte Suprema remitió el expediente y ordenó su libertad condicional.

10. Masacre de Bojayá

Procesados: Gilberto de Jesús Torres Muñetón.

Delitos: homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, rebelión, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, destrucción de lugares de culto y destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario.

El 2 de mayo de 2000, las Farc lanzaron cuatro cilindros bomba a lugares en donde se habían refugiado los pobladores de Bojayá (Chocó), escapando del fuego cruzado de la exguerrilla, los paramilitares y el Ejército. El caso se conoce hoy como la masacre de Bojayá, en la que murieron 79 personas. La Fiscalía señaló que Gilberto de Jesús Torres, alias El Becerro, fue el comandante del frente 57 de las Farc que ordenó lanzar los cilindros. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Quibdó lo condenó a pagar 37 años de cárcel y una multa de más de $3.000 millones. El caso llegó hasta la Corte Suprema y allí se han estudiado cinco solicitudes de la defensa de Torres. Según sus abogados, su cliente no es alias El Becerro, y no tiene nada que ver ni con la masacre y ni tampoco con la exguerrilla.

11. Ejecución extrajudicial de un vendedor de chatarra y pescado

Procesados: sargento Arnoldo Téllez Lozano

Delito: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

A Álvaro Guerrero, un campesino que se dedicaba a vender chatarra y pescado, varios miembros del Ejército le pusieron una AK-47 al lado de su cuerpo sin vida. Después de haberlo asesinado, lo calzaron con botas de plástico y lo uniformaron con prendas de guerrillero. La Fiscalía llevó el caso a estrados judiciales y allí logró probar que el sargento Téllez Lozano era el encargado de organizar la inteligencia para producir ejecuciones extrajudiciales en varios municipios de Cúcuta, entre ellos la de Guerrero. El Tribunal Superior de esta ciudad condenó al militar a pagar 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El caso llegó a la Corte Suprema con un recurso de casación en octubre de 2017.

12. El grupo que le vendía armas a las Farc

Procesados: Luz Adriana Molina Cruz, Yenny Alexandra Piñeros, Yuri Castellanos, Beatriz Enciso, Omar Pedraza Velasco, Freddy Molina, Alfredo Galeano, Julián Molina, Miguel Ángel Amado, Jorge Arturo Ospina  y Pedro Ariza.

Delitos: rebelión y lavado de activos

La investigación de la Fiscalía en contra de estas 11 personas demostró que hacían parte de una organización criminal que “suplía las necesidades logísticas del Bloque Oriental de las Farc desde 2003”. En otras palabras, eran quienes les vendían las armas. En marzo de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a los cerebros del grupo, Ospina y Ariza, a pagar 12 años de cárcel por los delitos de rebelión y lavado de activos. Al restó, les impuso una pena de 10 años de prisión y a pagar una multa de más de mil millones de pesos. El proceso llegó a la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, en agosto de 2015 sin que se hubiera tomado alguna decisión de fondo.

13. Dos falsos positivos en Putumayo

Procesados: Édinson Ortiz

Delito: homicidio en persona protegida

El sargento (r) Édinson Ortiz confesó, ante un juez penal de Mocoa, que asesinó a Teómilo Sánchez y Luis Hernando Cano para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Lo hizo cuando ya la Fiscalía había recopilado las suficientes pruebas como para asegurar, sin duda alguna, que el exmilitar era el autor de dos ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo). Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2006, bajo una operación militar que tuvo el nombre de Operación Táctica Feroz 1ª. Ortiz fue condenado a pagar 37 años y medio en la cárcel. Su recurso de casación llegó a la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2016 y antes de pasar a la JEP, no había sido resuelta.

14. Ejecución extrajudicial de un desmovilizado

Procesados: Henry Becerra Torres, Henry Diaz Fabra y Obet Oviedo Yepes Buitrago.

Delito: homicidio en persona protegida.

El capitán del Ejército, Henry Becerra Torres, y los soldados Henry Diaz Fabra y Obet Oviedo Yepes Buitrago, asesinaron a Edgar David Carvajal Arango, un desmovilizado de un grupo armado ilegal, el 9 de julio de 2005. Según el relato oficial de los  militares,  a sus superiores les explicaron que habían disparado en contra del hombre porque él mismo los atacó con un arma de fuego. La Fiscalía, sin embargo, logró probar que el supuesto enfrentamiento fue un montaje. El Tribunal Superior de Antioquia los condenó a pagar una pena de 31 años de prisión y una multa de más de $1.200 millones. El caso llegó en casación a la Corte Suprema en abril de 2014 sin que se hubieran tomado decisiones de fondo.

15. Carro bomba en Chapinero 

Procesados: Édilson Moreno Barragán

Delito: tentativa de homicidio, terrorismo, porte y tráfico ilegal de armas, receptación, falsedad marcaria y daño en bien ajeno, en calidad de coautor.

El 12 de agosto de 2010, un carro, cargado con 50 kilos de explosivos y un cilindro de gas, explotó en la calle 67 con carrera séptima en Bogotá. Las viviendas y locales de la zona quedaron destruidas y 35 personas resultaron heridas. La Fiscalía investigó el caso y encontró que Moreno Barragán fue clave en el atentado pues prestó su vivienda donde funcionaba un taller de mecánica para ensamblar el carrobomba. En septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a pagar una pena de 18 años de cárcel. La casación estaba en la Corte Suprema desde noviembre de 2016.

16. Carro bomba y guerrillera infiltrada

Procesados: Marilú Ramírez Baquero

Delito: rebelión, terrorismo, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.

La historia de Marilú Ramírez se conoció en 2007, cuando la presunta subversiva de las Farc se infiltró en un curso para oficiales de alto grado, al tiempo que asistía a toda clase de eventos militares y sociales, haciéndose pasar como funcionaria de la Veeduría de Bogotá. Para ese entonces, ls supuesta guerrillera ya estaba en los radares de la Policía y la Fiscalía que, años más tarde, lograron probar que Ramírez estaba involucrada en el atentado con carrobomba en la Universidad Militar en Bogotá, que dejó 23 personas heridas, en octubre de 2006. El Tribunal Superior de Bogotá la condenó por este caso a 26 años de cárcel en junio de 2016. Su caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en octubre de ese mismo año.

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