La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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Acoso sexual en el equipo de campaña de Bernie Sanders, comportamiento demasiado "táctil" de Joe Biden... Aún reina el suspenso sobre las pretensiones presidenciales para 2020 de algunos pesos pesados de la política estadounidense, pero ya saltan acusaciones, una señal de que después del movimiento #MeToo son tiempos de tolerancia cero.

Estas acusaciones distan mucho de las que apuntaron directamente a Donald Trump durante la campaña en 2016.

Pero mientras varios señalamientos de acoso sexual y comentarios chocantes no bastaron para obstaculizarle en ese momento el camino a la Casa Blanca al multimillonario, algunos creen que los señalamientos sobre Sanders y Biden ahora son suficientes para descalificarlos de entrada.

El movimiento contra el acoso #MeToo, surgido en 2017 a raíz del escándalo de Harvey Weinstein, "obviamente desempeñará un papel" en la campaña de 2020, estima David Redlawsk, politólogo de la Universidad de Delaware.

Sanders, excandidato en la primaria demócrata que resultó derrotado por Hillary Clinton, ya está pagando el precio. Le puede interesar: El "me too" se extiende y genera cambios legislativos 

Se disculpó públicamente el jueves con los empleadas de su equipo de campaña en 2016, quienes denunciaron que habían sido víctimas entonces de acoso sexual por parte de colegas mayores.

"No podemos conformarnos con decir que queremos acabar con el sexismo y la discriminación. Esto debe ser una realidad en nuestra vida cotidiana", dijo el senador progresista, quien dijo que no fue, en ese momento, consciente de estos hechos.

Sanders insistió en que se habían establecido protocolos más firmes para combatir el acoso sexual durante su campaña de reelección al Senado en 2018.

"Y, por supuesto, si me lanzo" en la elección presidencial de 2020, "lo haremos mejor", dijo a CNN a principios de enero. 

Insuficiente diversidad

"No se puso suficiente énfasis en la diversidad", dijo Michael Ceraso, coordinador de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2016 en California. En este estado, "el equipo estaba realmente dominado por hombres".

Para este joven demócrata, la responsabilidad recaía en los gerentes de más alto rango, a quienes se les exigía que formaran equipos a menudo bajo la presión y urgencia de una campaña que repentinamente había adquirido una magnitud que pocos esperaban al principio.

"A veces es difícil" controlar todo en la intensidad de una campaña, "pero eso no debería ser una excusa", admite.

Sin embargo, estas acusaciones no deberían impedir a Sanders presentarse en 2020 si se disculpa y actúa para garantizar que esto no vuelva a suceder, dice Ceraso.

En cuanto al exvicepresidente de Barack Obama, el debutante Joe Biden, es su faceta "demasiado táctil" lo que le puede jugar en contra, estiman algunos.

Otros le reprochan su conducta durante la audiencia senatorial de 1991, teñida de machismo, de una mujer que acusó de acoso sexual a un candidato del Tribunal Supremo.

Biden lamentó posteriormente este episodio y recientemente dijo que todas las mujeres que levantan tales acusaciones deben ser tomadas en serio.

Otro potencial candidato demócrata, Cory Booker, ha sido cuestionado por un hecho de su juventud. Siendo estudiante, el ahora senador estadounidense contó en el diario de la universidad cómo había tocado el pecho de una joven que besó después de que ella lo rechazara una primera vez.

Booker confió esta experiencia para explicar que su trabajo con las víctimas de asalto lo había cambiado "para siempre". Pero los críticos, especialmente de la derecha, han reflotado ahora este tema para cargar contra él. Le recomendamos: El Metoo destituyó a hombres poderosos

Impacto diferente

"El movimiento #MeToo ya ha sensibilizado y animado a las mujeres a actuar", señala Debra Ness, presidenta de la organización National Partnership for Women and Families.

Pero también manifiesta su desacuerdo: una encuesta de la radio NPR mostró en octubre que el 43% de los estadounidenses consideraban que el movimiento había ido demasiado lejos. El 75% de los republicanos están de acuerdo con esta afirmación, mientras que entre los demócratas es un 21%.

El impacto de la era #MeToo no es el mismo, en efecto, en la derecha que en la izquierda, dice Kelly Dittmar, experta del Centro para las Mujeres Estadounidense en Política (CAWP): "La opinión política juega un papel importante".

En 2016, recuerda, casi la mitad de los estadounidenses blancos votaron por Donald Trump a pesar de que fue acusado de acoso sexual y a pesar de la divulgación, unos días antes de las elecciones, de un viejo video en el que se jactaba de poder agarrar a la mujer que quisiese "por el coño".

Y más recientemente, ya en pleno apogeo del #MeToo, mujeres republicanas apoyaron firmemente al juez conservador para su nombramiento en la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, sobre quien pesaban acusaciones de agresión sexual durante su adolescencia, que él niega.

"No creo que este grupo de electoras haya cambiado mucho desde entonces", dijo Kelly Dittmar.

Nunca antes en la historia de la plaza de toros de Cañaveralejo, que el pasado martes cumplió 65 años, un torero había dado una vuelta al ruedo aclamada, como si hubiera cortado los máximos trofeos posibles en el reglamento del toreo: las dos orejas y el rabo.

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Marco Pérez, un hombre en miniatura, lo consiguió dos días después del aniversario, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, sin torear, cortar una sola oreja ni estar vestido de luces.

Nacido en 2007 en San Esteban de la Sierra, el mismo año en que César Rincón se retiró de los ruedos en España, es considerado el mesías de la tauromaquia, el redentor de la fiesta de toros en tiempos de intentos de prohibición. La leyenda del niño prodigio de Salamanca está llevando nuevo público a las plazas de toros, que en la actualidad se ven cada vez más con más cemento que gente en sus tendidos.

Su padre, Vicente, fue novillero que siempre tuvo la buena suerte —necesaria en cualquier profesión— de adversaria. Retirado sin éxito, los cientos de fotografías que conservó de su andadura, terminaron por “enloquecer” a su hijo, que a los cinco años, cuando empezó a ir al colegio, solo dibujaba y escribía de toros bravos.

En las clases, tuvo que enfrentar la “realidad” de sus compañeros, que veían al toro de lidia como la versión de la película El viaje de Ferdinand, donde, según Marco, “se muestra una versión antitaurina y equivocada del torero”, que en su criterio es quien “más ama a los animales”.

Los festejos del tradicional Bolsín Taurino en Ciudad Rodrigo (Salamanca) terminaron por aficionarlo, y cuando tenía solo nueve años le permitieron hacer parte del Carnaval del Toro, donde se enfrentó a un becerro con unos incipientes pitones. Los videos de los lances de capote y pases de muleta de ese día, y luego de otro festival en Ávila y Salamanca se hicieron virales. Era ver a un maestro del toreo en miniatura.

El año pasado, en el festival de la Feria de Manizales, Marco Pérez fue sacado a hombros por César Rincón, tras haberle cortado dos orejas a un becerro de Ernesto Gutiérrez.

Y el 12 de octubre consiguió un hito en la historia de la tauromaquia mundial, tras haber cortado dos orejas a un eral en La Maestranza de Sevilla, triple trofeo que no se cortaba desde hace 65 años.

Pero más allá de estos registros históricos, que ni Lio Messi consiguió (en el fútbol) a los 15 años, el niño torero Marco Pérez tiene otro que impacta. Cada vez que se anuncia su nombre en alguna plaza, las boletas se agotan en las taquillas. De momento, solo en América, pues la legislación de su país no le permitirá presentarse frente a novillos hasta que cumpla los 16 años.

La plaza de toros de Cañaveralejo de Cali parecía no ser la excepción, pues en el festival taurino del jueves Marco Pérez era el nombre que había provocado peregrinación de las taquillas. El niño había viajado desde Salamanca el día de Navidad, junto a sus padres y su apoderado Juan Bautista Jalabert, como si fuera cualquier otro de los toreros extranjeros actuantes en el coso de la Sultana del Valle.

Pero 24 horas antes de su actuación, en lo que parecía ser inocentada, el Ministerio del Trabajo envió a uno de sus delegados con una resolución en la que constaba que no permitían que un menor de 15 años trabajara como artista en la Feria de Cali, en una “actividad de alto riesgo”.

Juan Bautista, como el padre que niega hasta más no poder la existencia del niño dios, le comentó que no debutaría en Cali, donde ya era reconocido y su actuación era la más esperada.

“Me lo ha dicho hace un rato y nos hemos quedado sorprendidos, pero me ha comentado que todavía se mantienen las esperanzas de que pueda hacer el paseíllo mañana (ayer) y con eso es lo que me quedo”, confesó el niño torero aún con intenciones de poder revertir una orden del gobierno de Gustavo Petro.

(“Escape a la victoria”, la película en la que Pelé actuó con Sylvester Stallone)

Aunque tenía todos los permisos de sus padres para poder actuar en la feria, su presentación fue cancelada luego de que políticos antitaurinos promovieran una tutela, amparando los derechos del menor de edad.

Marco, de 15 años, pero con palabras de un veterano torero, califica ese argumento de “equivocado” y “contradictorio”.

“No están en lo cierto”, dice a los antitaurinos. “Yo estoy practicando un arte totalmente libre y una forma de expresar mis sentimientos. Yo, sobre todas las cosas, pido respeto”.

—Marco, ¿usted fue libre al asumir el camino de ser torero? ¿Asumió libre este estilo de vida?

—Ha sido de iniciativa propia. Lo hago porque le tengo un profundo amor al toro y a todo lo que él engloba. Ojalá que mañana pueda cumplir uno de mis sueños en Cali.

En 2021, Marco Pérez también vio frustrada su presentación en Ecuador, donde una ley impide a los menores de 14 años ser contratados como profesionales.

“He tenido otras situaciones parecidas, pero luchando y uniéndonos todos se puede superar. Son también gajes del oficio y las cosas con las que se tienen que empezar en este bonito mundo a tan temprana edad. Pero, bueno, nos toca convivir con ello.

—¿Y ahora?

—¡Manizales!, otra gran feria que me hace muchísima ilusión, y ojalá que, si no pude en Cali, pueda hacer el paseíllo allí. Será mi debut en traje de luces y lo he asumido con responsabilidad e inmensa alegría, porque es uno de mis principales sueños y objetivos; ojalá que todo pueda salir bien y disfrutemos todos.

Durante años el poder Judicial de Brasil fue reconocido por su independencia. En 2015 se llevó todos los aplausos por desarrollar la mayor investigación por corrupción en la historia del país: Lava-Jato, una operación que metió a la cárcel a empresarios y políticos, antes intocables. Producto de esa independencia, la justicia brasileña condenó al expresidente Luiz Inácio Lula a una pena de 8 años y 10 meses de cárcel como presunto beneficiario de un apartamento cedido por una constructora en São Paulo, a cambio de contratos en Petrobras.

El rostro de esa lucha imparcial e implacable fue Sergio Moro, un juez educado en Harvard y curtido en varios procesos de lavado de dinero, que saltó a la fama con la lucha anticorrupción. En apenas dos años, Moro dictó 188 órdenes de detención contra empresarios y políticos, de los cuales 123 ya fueron condenados. Moro se convirtió en el primer juez en encarcelar a un expresidente y en el símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil.

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La revista Time lo eligió en 2016 como una de las 100 personas más influyentes del mundo y Fortune lo incluyó en su lista de los 50 líderes mundiales, pues el verdugo de los corruptos consiguió lo que nunca nadie se había atrevido en Brasil. Quedaba demostrado que la justicia en Brasil estaba por encima del bien y del mal, y, sobre todo, más allá de intereses políticos.

Pero hubo un detalle que despertó sospechas. Tan pronto Jair Bolsonaro ganó la Presidencia, Moro fue su primer fichado. Le ofreció ser ministro de Justicia y un lugar en el Tribunal Supremo de Brasil.

Una designación criticada por los detractores de Moro, quienes vieron comprometida la credibilidad de la operación Lava-Jato. Moro aceptó el cargo y prometió tolerancia cero contra la corrupción. Pero el domingo, el portal The Intercept, les dio la razón a quienes dudaban del juez y su cruzada anticorrupción. El medio publicó conversaciones entre Sergio Moro y fiscales del caso Lava-Jato que evidenciarían la falta de imparcialidad de los procesos que el superjuez llevó contra Lula da Silva y otros políticos de izquierda.

De acuerdo con The Intercept, el hoy Ministro de Justicia accionó motivado por intereses políticos. Los documentos y las conversaciones reveladas confirman que el principal fiscal de Lava-Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones contra Lula y de cómo el juez Moro orientaba las investigaciones para facilitar las condenas.

“Moro ha conducido el proceso del presidente Lula con parcialidad, con un objetivo político y la intención clara e indiscutible de apartarlo de ser reelegido”, dijo el exfiscal general de Brasil y exministro de Justicia José Eduardo Cardozo. Pero tras el escándalo Moro fue condecorado por el presidente Bolsonaro.

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Y algo más que preocupa a analistas brasileños, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que debía fallar el martes sobre la libertad del expresidente Lula decidió aplazar el debate para el 25 de junio.

¿Se politizó la justicia en Brasil? El Tribunal Supremo, un símbolo en la lucha anticorrupción, hoy es señalado de abuso de poder. En 2017, el juez Gilmar Mendes mantuvo contacto con Aécio Neves, senador que estaba siendo investigado por corrupción y fraude. El juez Mendes decidió cerrar dos investigaciones contra Neves.

En marzo el Tribunal emitió un fallo que les quitaba a las cortes regionales el poder de investigar sobornos a campañas electorales, que para muchos tenía un objetivo, que era obstaculizar las investigaciones por corrupción. Los brasileños protestaron, pero meses después el juez Mendes bloqueó la publicación de un artículo que vinculaba al presidente del TSJ, José Toffoli, con partícipes del caso Lava-Jato.

El temor es que el Tribunal Supremo ha tomado decisiones que erosionan su credibilidad y parecen hacer contrapeso al actual gobierno. Aunque el mismo juez al final permitió la publicación del artículo, analistas advierten sobre lo que pasa. El profesor de ley constitucional de la Universidad de São Paulo, Conrado Hubner, le dijo a The New York Times que es importante preservar el “papel moderador” del Tribunal. Y agregó: “En un momento en el que necesitamos al poder Judicial en general y al Supremo en particular para resistir intrusiones autoritarias, el Tribunal está en el lodo”.

Los brasileños respaldaron por años al Tribunal Supremo, pero hace poco salieron a protestar por sus fallos. Hoy Brasil percibe que la ley es para unos cuantos y que los intereses políticos son los que inclinan la balanza. Se acabaron años de imparcialidad.

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Un problema que parece acentuarse con la llegada de Bolsonaro al poder. Durante su campaña electoral el candidato amenazó con llenar el Tribunal con más ministros si lo consideraba adecuado. Hoy está conformada por cinco jueces. Y Moro sería uno de los nuevos.

De acuerdo con la ley brasileña, solo el Senado tiene el poder de iniciar procesos de destitución contra los jueces del Supremo Tribunal, y esos legisladores son a su vez los jueces del Tribunal.

“El órgano que supuestamente debe hacerlos rendir cuentas está en sus manos”, le explicó a The New York Times Eliana Calmon, una excontralora del Consejo Nacional de Justicia de Brasil. “Así que no hay frenos para detener al Supremo”.

En Perú algo parecido ocurre. Algunos jueces y fiscales se han vuelto muy ágiles en el procesamiento de figuras políticas. Y algunos han reconocido que lo hacen presionados por el ambiente político y social. En Argentina las cosas no son diferentes. La justicia, en un repentino afán, inició diez procesos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ha metido presos a varios kirchneristas, según analistas, respondiendo a un calendario electoral que beneficia al gobierno de turno.

“El lema es que esos señores se deben de capturar como sea”, dice un hombre en uno de los audios difundidos por las redes de la comunidad de la vereda de Buenos Aires, en Landázuri, Santander, refiriéndose a las cinco personas señaladas de ejecutar el asesinato de Álvaro Díaz Pineda y su familia (esposa y dos hijos), que se cometió en la madrugada del pasado domingo.

Horas después las autoridades confirmaron que cuatro de los culpables fueron encontrados linchados y algunos con tiros de gracia, mientras el alcalde aseguraba que el quinto también habría sido asesinado, por lo que en total se habla de nueve personas que murieron en el municipio, en las primeras horas del 11 de septiembre.

De lo que se ha podido confirmar es que Díaz, junto a su esposa Loiden Acuña Pérez y sus hijos Sebastián (20 años) y Karen (13 años), se encontraban en su vivienda cuando los sujetos señalados, y que trabajarían para él en una finca, llegaron a la zona, los torturaron, asesinaron e incineraron para borrar cualquier prueba.

(Lea: Denuncian amenazas contra ciudadanos venezolanos tras masacre en Landázuri)

“Hay un vínculo de un préstamo del profesor a los venezolanos, quienes al recibir los mensajes de cobro, quisieron tomar revancha para no cancelar los $20 millones y lo que hacen es que atacan al profesor. Los hijos, que tratan de evitar que fuera agredido, también son asesinados, junto a su esposa”, dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Esto es corroborado por la empleada de la familia, quien logró huir herida de la vivienda, luego de que los sujetos le prendieran fuego a esta. Según relató a los investigadores, ella estaba durmiendo cuando se presentó el asesinato, pero la despertaron los gritos del profesor, quien pedía que no lo mataran. A la par, los hijos intentaron protegerlo, pero los atacaron a todos. A la mujer no la asesinaron, pero la dejaron dentro de la vivienda en llamas, por lo que una vez logró huir avisó a los vecinos, quienes tomaron justicia por mano propia.

“Infortunadamente la vereda queda entre cuatro a cinco horas del asco urbano. En este hecho la Policía Nacional tuvo conocimiento horas después de ocurrido y la reacción junto con el Ejército Nacional fue desplazarse a la zona. Hubo una asonada contra los miembros de la fuerza pública en el procedimiento que se estaba realizando para determinar la causa de estos hechos y la identificación de los autores”, sostuvo el director de la Policía, general Henry Armando Sanabria.

(Lea: Por audios se organizaron en Landázuri para hallar a responsables de masacre)

Y es que cuando llegaron las autoridades, ya habían sido asesinados los presuntos implicados. El comandante de la Policía de Santander resaltó que la única forma de acceso al lugar es en moto, por lo que las demoras y la posibilidad de que los victimarios escaparan fueron parte de las razones por las cuales la comunidad tomó justicia por mano propia. Esto mismo creen expertos, quienes agregan que la falta de credibilidad en la justicia también pudo motivar a la gente a reaccionar como lo hizo.

Para Juan Carlos Álvarez, abogado penalista de la universidad Eafit, la investigación del segundo hecho, donde la comunidad linchó a los presuntos responsables de la masacre de la familia Díaz Acuña, tendrá que individualizar a cada uno de los responsables y posteriormente iniciar las investigaciones por el delito de homicidio.

“La autoridad tendrá que investigar un fenómeno que se llama exceso en la legítima defensa o un error sobre los presupuestos de la legítima defensa, que consiste en que una persona puede creer que en el momento que está actuando lo hace legítimamente en defensa de los derechos, en este caso de un tercero, pero sería un error porque ya no había ningún derecho que proteger, debido a que los homicidios iniciales ya se habían cometido. Seguramente en ese caso se discutirá un tema que tiene que ver con un exceso o un error en la causa de justificación y un estado de ira o de intenso dolor en las personas que reaccionaron en la forma en que lo hicieron”, dice el abogado.

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Similar opinión es la del experto en seguridad Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, para quien en este caso hay dos lecturas: la primera, de una manifestación de violencia y delincuencia en la que los victimarios asesinaron a una persona para no pagar una deuda. “Nada raro es que tengan antecedentes, porque eso no fue una cosa espontánea de ira, lo que hace más delincuencial la cosa”. Por otra parte, considera importante que el segundo caso no quede impune, ya que esto podría motivar a otros a tomar justicia por mano propia.

“Hay una ira e indignación de la comunidad porque se sienten solos y agredidos, por lo que recurren a aplicar justicia por mano propia porque no creen que la justicia pueda detener y juzgar, porque puede haber impunidad y cometen un delito, pero el Estado tiene que identificar, juzgar y condenar a los asesinos de los asesinos, porque el riesgo de que se pueda repetir es permanente”, agrega Acero.

La advertencia no es injustificada. Tras la tragedia se conocieron amenazas que les exigen a los venezolanos abandonar el municipio. “Con esto fue el detonante, hoy varias personas (venezolanos) abandonaron la zona, ellos son conscientes de que este fue un hecho atroz”, indicó a Blu Radio el alcalde de Landázuri, Marlon Ballén. Entretanto, la Asociación de Juntas de Landázuri pidió al Gobierno nacional atender los problemas sociales, que en su mayoría han exacerbado las prácticas mineras en la región.

Uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de múltiples toneladas de heroína, metanfetaminas y marihuana a lo largo de 25 años, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados.

Tenerlo ahí fue una tarea casi imposible. Joaquín el "Chapo" Guzmán se hizo célebre por ser el capo más escurridizo de todos. Se escapó varias veces de prisión en espectaculares fugas hasta enero de 2017, cuando después de haber sido capturado, el gobierno decidió enviarlo a Estados Unidos, donde enfrenta 11 cargos por narcotráfico. Está encerrado en la prisión de alta seguridad de Metropolitan Correctional Center, en Nueva York.

Ver más: El largo historial criminal del "Chapo" Guzmán

El despliegue de seguridad es grande, pues las autoridades temen que use sicarios para secuestrar y asesinar a quienes se atrevan a hablar en su contra. Sus abogados rechazan que su cliente represente una amenaza para testigos o jurado debido a las extremas medidas de seguridad con las que se le mantiene, en una celda en aislamiento, lo que según uno de ellos, Eduardo Balarezo, hace imposible que pueda tener contacto con sus socios del narcotráfico.

La prisión más segura de EE. UU.

Tampoco tiene contacto con otros presos, ni con su esposa, y no sale al patio debido a su historial tras haberse fugado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en México, la última de ellas a través de un túnel al que accedió desde su celda.

Ver más: Cronología de la vida criminal del "Chapo" Guzmán

Sólo se le permite una hora para ejercitarse y una llamada mensual de 15 minutos a su madre y hermana que es escuchada por las autoridades. También cuenta con una Biblia y un diccionario de inglés a español.

A sus abogados tampoco se les permite tener contacto físico con su cliente, lo que alegan ha sido un obstáculo para preparar su defensa, y ni siquiera a sus hijas de siete años que le han visitado, ya que todo ocurre en una habitación con una pared de vidrio, desde la cual Guzmán sólo puede mantener una conversación.

Algunos reos que han estado en sus mismas condiciones han calificado la sección 10 South de la cárcel en la que se encuentra de "cámara de tortura".

Además, la comitiva del traslado siempre es vigilada desde un helicóptero policial. Esas medidas se repetirán ahora dos veces al día, y en horas punta, mientras dure el juicio, que podría extenderse hasta 3 o 4 meses.

Cadena perpetua

Será un juicio histórico, uno de los más mediáticos, tal vez el más esperado por el Gobierno de EE. UU. en mucho tiempo, la prensa y el público, ya que el interés por la vida de este mexicano, de baja estatura, -de ahí su alias-, cabello muy oscuro y que a simple vista parece inofensivo, sobrepasa las fronteras de su país, y ha llegado hasta a series para la televisión a nivel internacional.

El presunto capo ha acaparado la atención tanto por los delitos que se le imputan y su lujosa vida al margen de la ley, como por evadir a las autoridades, su relación con la actriz Kate del Castillo y sus dos espectaculares fugas de prisiones en México, la primera tras haber cumplido casi ocho años de prisión.

Ver más: Kate del Castillo y el "Chapo"

Todos los cargos se relacionan con la distribución de droga, lo que incluye blanqueo de dinero y porte de armas, desde el imperio que se alega construyó como líder del Cártel de Sinaloa, y que según ha señalado la DEA, sigue siendo una de las mayores amenazas para EE.UU.

En este proceso, en el que se espera que su joven esposa Emma Coronel, con quien tiene hijas gemelas de 7 años, se sitúe en primera fila como ha ocurrido durante las audiencias previas al juicio, la defensa la encabezarán el conocido abogado neoyorquino Jeffrey Lichtman y Eduarzo Balarezo, nacido en Ecuador.

El Cártel de Sinaloa, que se alega dirigió durante dos décadas y que controla el tráfico de drogas en varias regiones de México, en particular en la costa del Pacífico, es el de mayor expansión internacional, en comparación con otros cárteles mexicanos.

Ver más: ¿Por qué eran amigos Kate del Castillo y el "Chapo" Guzmán?

Mantiene centros de distribución en varias ciudades de EE.UU y la droga llega a través de puntos a lo largo de la frontera de México con California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas.

La DEA identifica como sus líderes, además de a Guzmán Loera, a Ismael Zambada García y Rafael Caro Qintero, aún fugitivos, y Dámaso López Núñez, extraditado este año a EE.UU.

Con información de EFE y AFP

La situación del Magdalena Medio es crítica. Así lo advirtió la Corpo ración Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) mediante un comunicado que publicaron el 3 de enero en su cuenta de Twitter. Allí describían que en diciembre de 2021 se registraron ocho homicidios en dos de sus 44 municipios: tres en Barrancabermeja (Santander) y cinco en San Pablo (Bolívar), siendo Wílmar Ascanio Angarita, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) la última víctima.

¿El motivo de disputa? Grupos al margen de la ley buscan detentar el control del territorio y las actividades características de la subregión. La ganadería, la pesca, la minería legal e ilegal, y el cultivo de palma de aceite son sus principales motores económicos, que abarcan los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Caldas, Cesar y Bolívar.

“Los grupos armados acuden a la minería y a la extorsión porque los fortalecen para sus actividades económicas, como la adquisición de armas y el tráfico de estupefacientes”, afirma Juan Pablo Aguirre, capitán de la Policía Nacional del Magdalena Medio.

De los 44 municipios que componen el Magdalena Medio, en Antioquia se encuentran Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y Maceo. Este último declaró toque de queda de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. hasta el 28 de febrero por el incremento de hechos violentos.

Uno de los casos que despertó las alertas en la subregión fue el de René Higuita, exjugador de la selección de Colombia y el Atlético Nacional. El 28 de diciembre del año pasado, el exarquero publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve de sombrero y ensillando a un caballo. “Ya no solamente hay que pagar el impuesto en la ciudad, sino acá en el monte”, dijo Higuita.

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Otros sectores de la población también han sido víctimas de extorsión y violaciones a los derechos humanos por parte de actores armados. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Eln, disidencias de las desmovilizadas Farc y demás grupos del crimen organizado son algunos de los que tienen presencia en el Magdalena Medio.

La finca de Higuita, por ejemplo, está entre Puerto Berrío y Yondó. Allí la ganadería es una de las principales actividades económicas. Ganaderos, comerciantes y demás personas que habitan estos territorios son los más afectados por las extorsiones.

Pero este hecho criminal se realiza de manera diferente en lo urbano y lo rural. El personero de Yondó, Gonzalo Jiménez, afirma que “en el casco urbano las bacrim extorsionan a los tenderos y comerciantes pequeños. La cuota oscila entre $200 mil y $1 millón. La excusa que utilizan los actores ilegales es camuflarlas por una suma de dinero a cambio de cuidar el sector”.

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Adicionalmente, grupos armados como guerrillas y disidencias han incrementado su presencia en la ruralidad desde que comenzó la pandemia. La suma de las extorsiones está determinada según el número de cabezas de ganado o el tamaño del terreno que posean las víctimas. “Ellos se justifican diciendo que es para contribuir a la causa, y que a cambio ellos otorgan seguridad. También, desde 2021 con alerta temprana, se informó sobre el crecimiento del microtráfico. Por eso las extorsiones se han incrementado hacia las personas pudientes de la región, como pasó con el exarquero de la selección de Colombia, pero ese tipo de vacunas siempre han existido”, dice Jiménez.

Aunque las extorsiones son recurrentes, el número de denuncias es considerablemente bajo. Jiménez asegura que “la gente denuncia muy poco, a menos que haya un tipo de amenaza que los haga ir. Muchas personas que no pagan la extorsión se ven obligadas a desplazarse por miedo. Ese es el modus operandi”.

Como prueba de esto, El Espectador intentó comunicarse con varios comités ganaderos de la subregión para hablar sobre la situación de la zona, pero ninguno de ellos concedió entrevistas.

¿Más amenazas a los derechos humanos?

Las extorsiones no son los únicos delitos que ocurren en la zona. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, hasta septiembre de 2021 se había denunciado un aumento en los homicidios de la subregión, con 53 asesinatos registrados frente a 40 de 2020. Además, Credhos informó en su comunicado sobre ocho homicidios más en diciembre de 2021.

Esta corporación también se pronunció sobre el aumento de desplazamientos forzados masivos e individuales, amenazas, atentados, homicidios y desapariciones forzadas, específicamente en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Wilches y Barrancabermeja. “Las causas están relacionadas esencialmente con las disputas territoriales entre grupos armados ilegales por el control de rutas y economías ilícitas”, menciona Credhos.

Asimismo, como expresa el informe “¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?”, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) junto a Colombia Nunca Más, la Fuerza Pública ha cumplido un papel determinante en los hechos violentos cometidos contra la población. Su colaboración con grupos paramilitares se ha comprobado en algunos casos de desaparición forzada de la subregión.

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¿Qué ha pasado con la alerta de Higuita?

Desde que la noticia fue publicada en diversos medios del país, Higuita ha tenido respuesta por parte de varios sectores, además de la oficialidad. “Sabemos que estamos en un conflicto no solamente en el Magdalena Medio, sino en todo el país. Hace 30 años estoy en la zona, y la verdad es que quiero permanecer”, le dijo el exarquero a El Espectador.

Como respuesta a las crecientes amenazas, el 27 de enero se efectuó una reunión en Bucaramanga, entre las autoridades de Antioquia y Santander. Su propósito: crear nuevas estrategias para combatir la criminalidad en la subregión.

Una de las decisiones más importantes fue la creación de un grupo de Comando y Control compuesto por las autoridades policiales y militares de ambos departamentos, así como el fortalecimiento de la inteligencia para identificar a los grupos ilegales, la mejora de los dispositivos tecnológicos para monitoreo y vigilancia, el aumento de patrullajes y retenes en las vías, y la creación de mecanismos de evaluación y revisión para verificar la efectividad de los operativos.

Aunque René Higuita no denunció ante la Fiscalía las extorsiones en su contra, se han adelantado acciones por parte de las autoridades locales para esclarecer los hechos. La alerta pública que hizo el exarquero sobre la situación de la subregión fue una de las motivaciones para estas nuevas medidas de seguridad. La violación a los derechos humanos se ha cometido de manera histórica en el Magdalena Medio no solo hacia los ganaderos, sino contra otros miembros de la sociedad.

A primera hora del pasado sábado, un grupo de aproximadamente 10 drones golpeó las instalaciones del gigante estatal Aramco, el mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el corazón de la industria petrolera del reino de Arabia Saudita. El daño, que en este caso no fue humano, pues no se han detectado heridos o muertos, yace en el sector económico y en la imagen internacional del reino árabe de cara a futuros ataques de sus adversarios.

Los ataques implicaron la suspensión de la mitad de la producción de Aramco, lo que se traduce en un impacto sobre cerca del 6 % del suministro de crudo a nivel global. La empresa, responsable de todas las excavaciones de petróleo y gas en Arabia Saudita, cuenta con las segundas mayores reservas del mundo —después de Venezuela—, con cerca de 260.000 millones de barriles.

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Todavía en caliente, los primeros en reivindicar el hecho fueron los rebeldes hutíes, un grupo armado que opera en Yemen y que tiene el apoyo del gobierno de Irán. El tema no es de poca monta teniendo en cuenta el sensible momento que pasa la relación entre Teherán y Washington. Y precisamente, horas después del ataque cada posición involucrada señaló a alguien diferente como responsable.

Estados Unidos arremetió contra Irán a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo: “Irán ha lanzado un ataque sin precedentes contra el suministro mundial de energía. No hay evidencia de que los ataques provinieran de Yemen”. Mientras Teherán, a través del portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Musavi, rechazó ayer esas declaraciones y afirmó que se trata de “acusaciones y comentarios estériles, ciegos, incomprensibles e insensatos”.

Al tiempo, Shaylyn Hynes, vocera del Departamento de Energía de Estados Unidos, afirmó que su país está dispuesto a ofrecer sus reservas de petróleo para mitigar el impacto de los ataques en el suministro energético mundial. Ese departamento controla la Reserva Estratégica de Petróleo, que, según reportó Efe, cuenta con las mayores provisiones de crudo para casos de emergencia de todo el mundo, que se encuentran bajo tierra en el golfo de México.

Efectos de un posible conflicto

¿Podría haber una escalada militar? Según Amirali Hajizadeh, comandante de la rama aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, la fuerza de élite de la República Islámica de Irán, es posible, aunque ninguna de las partes involucradas tiene intención de hacerlo en principio. “Las tensiones actuales, con fuerzas que están frente a frente en el terreno, pueden desencadenar un conflicto armado. Irán está preparado para una guerra total, pero ni nosotros ni los estadounidenses queremos la guerra”, declaró.

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Aunque Arabia Saudita dice que puede responder militarmente, lo cierto es que ya son varios los ataques que hacen pensar en posibles vulnerabilidades de sus sistemas de defensa. Mientras sus pozos petroleros, desperdigados por una vasta extensión geográfica, se presentan como un blanco complicado, sus refinerías son vulnerables a posibles ataques rebeldes.

La zona de Abqaiq, una de las dos atacadas el sábado, es la más vulnerable de todas, según un informe del Center for Strategic and International Studies de Washington. Es, además, la mayor refinería y planta de estabilización petrolera de Aramco, con una capacidad de más de siete millones de barriles diarios, según la compañía.

El amplio sistema de oleoductos, estaciones de bombeo y puertos de Aramco en el golfo Pérsico y el mar Rojo también se muestra frágil frente a potenciales ataques. En mayo, por ejemplo, los drones de los rebeldes hutíes atacaron dos estaciones de extracción del oleoducto que une el este y el oeste del reino, lo que lo dejó inoperativo durante varios días.

Las infraestructuras petroleras también son vulnerables a los ciberataques, un peligro cada vez mayor para cualquier gobierno del mundo. En 2012, Aramco fue una de las víctimas de Shamoon, un agresivo programa maligno de borrado de discos. Se considera que es el peor ciberataque al país hasta la fecha. Por último, está el agua. Las plantas desalinizadoras proporcionan más del 70 % del agua potable del reino, según datos oficiales, y Ras al Jair, la mayor planta desalinizadora del mundo, localizada en la costa del golfo Pérsico de Arabia Saudita, parece vulnerable a los ojos de los expertos. De ser atacada, el suministro de agua del reino podría verse gravemente afectado.

Mal momento para Aramco

El ataque a la infraestructura de Aramco, considerada no solo la petrolera más grande sino la empresa más rentable del mundo, se da justo cuando la compañía estatal se prepara para ofertar públicamente parte de sus acciones. Lo sucedido durante el fin de semana no solo tendrá efectos económicos globales, sin duda, sino también en la confianza de los eventuales inversionistas. Este domingo, el índice de la Bolsa de Valores de Arabia Saudita cerró con una caída de 1,05 %.

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La salida de Aramco a la bolsa —con la venta de 5 % de su capital— forma parte del plan del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, anunciado hace cerca de tres años para diversificar la economía. En ese momento fue considerada la oferta pública más grande del mundo.

Arabia Saudita espera obtener unos US$100.000 millones con la operación. Como recordó la AFP este domingo, la entrada de Aramco a la bolsa se ha retrasado en varias ocasiones como consecuencia de condiciones adversas en el mercado.

El fin de semana, Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo de Aramco, visitó la zona afectada y aseguró que la empresa está tomando medidas para recuperar su capacidad de producción lo más pronto posible.

De acuerdo con Álvaro Younes, presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles y otros Energéticos (Fedispetrol), las verdaderas repercusiones del ataque no se sabrán hasta que un estudio dictamine la magnitud de los daños y el tiempo que tardarán en repararse. Por lo pronto, dice, es posible prever algún impacto en los precios del petróleo hacia el alza.

Respecto a la oferta de reservas que hizo el gobierno de Donald Trump, Younes afirma que da un mensaje positivo, pero, no obstante, no se sabe qué capacidad tiene Estados Unidos para suministrarlas de inmediato. Efectos a nivel local, como el incremento en el precio de la gasolina en Colombia, concluyó Younes, son una posibilidad que, sin embargo, depende de las decisiones que tome el Gobierno.

Si bien la crisis en Nicaragua ya va para casi dos años sin soluciones a la vista, la figura de una joven estudiante de medicina de origen belga se ha convertido en uno de los nuevos símbolos de las protestas que buscan derrocar al gobierno de Daniel Ortega.

Su nombre es Amaya Coppens y en palabras de su padre, Federico Coppens, es una mujer que “pelea contra lo que considera injusto. Desde niña fue muy alegre, pero también terca e independiente”. De acuerdo con él, ese mismo carácter de su hija la llevó a unirse al movimiento estudiantil que exige la salida del poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Un activismo que le ha costado la libertad ya en un par de ocasiones.

De hecho, el nombre de Coppens ganó notoriedad tras su primera captura, en septiembre del 2018. La persecución gubernamental contra los estudiantes y manifestantes obligó a la joven y muchos otros estudiantes a refugiarse en “casas de seguridad”. Pero, según cuenta su madre, la ubicación de su escondite fue delatada y Coppens fue capturada el 10 de septiembre por policías y paramilitares.

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Tras su aprehensión, la policía nicaragüense anunció con bombos y platillos a la opinión pública que habían capturado a “una peligrosa terrorista”. La familia de la joven y organizaciones como Amnistía Internacional y Front Line Defenders acusan que Amaya fue detenida arbitraria e ilegalmente por ejercer su derecho constitucional a la protesta.

“La presentaron con todo un arsenal pero fue puro montaje”, dice su padre y asegura que el armamento exhibido (tres escopetas, una pistola y un cargador con ocho proyectiles) fue sembrado por las autoridades.

Bajo los supuestos cargos de terrorismo, secuestro y tenencia de armas ilegales, Amaya Coppens fue llevada a una fría cárcel en Managua. Estuvo en prisión durante nueve meses, hasta que en junio pasado fue liberada bajo una polémica ley de amnistía que benefició a unos 500 presos políticos.

Pero con su libertad no terminaron los problemas para ella. A su salida de la cárcel, la joven nicaragüense comenzó a experimentar los hostigamientos por parte de la fuerza pública y las milicias sandinistas, leales al gobierno de Ortega. La activista denunciaba a través de sus redes de apoyo y sus cuentas en Facebook y Twitter la presencia sospechosa de militares cerca a su vivienda, ubicada en la ciudad de Estelí, casi 150 kilómetros al norte de Managua. Incluso, de acuerdo con la activista, su casa fue violentada con piedras.

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Eso, sin embargo, no la persuadió de detenerse en su lucha en las calles en Nicaragua. Tras su liberación, rápidamente la joven estudiante de medicina se reincorporó al Movimiento Universitario 19 de Abril, considerado por el gobierno como un grupo terrorista y al que acusan de cometer crímenes tales como “asesinato, asaltos, terrorismo, secuestros, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, incendios, torturas, lesiones y exposición de personas al peligro”.

De nuevo en las calles, la represión gubernamental volvió a caer sobre ella y algunos de sus compañeros. El 14 de noviembre, cuando regresaban de la sureña ciudad de Masaya, adonde habían viajado para intentar abastecer de agua a once madres que estaban en ayuno en la iglesia San Miguel, fueron arrestados por la policía nicaragüense.

Las mujeres demandaban la liberación de más de 150 opositores que están presos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, pero una semana después suspendieron la huelga por el deterioro que sufrió su salud por falta de agua y asistencia médica.

La policía acusó al grupo de traficar armas y los vinculó a una supuesta estructura delictiva que pretendía cometer actos terroristas contra infraestructuras públicas.

El caso llamó la atención nacional e internacional, pues muy poco tiene que ver el donar agua con el tráfico de armamento. La solidaridad con Coppens y su grupo fue tal que fueron llamados “el grupo de los aguadores” e, incluso, han inspirado poemas.

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“Amaya otra vez / vestida de azul / Amaya otra vez / llevada a prisión”, rezan los versos breves y sonoros que la poeta Gioconda Belli dedicó a la líder estudiantil y que lleva la consigna “libertad para los trece aguadores”.

Casi tres meses después de su captura, Coppens, junto con otros 91 presos políticos fueron liberados por una nueva amnistía gestionada por la Iglesia católica y otras organizaciones sociales. Sin embargo, salieron bajo la figura de un “régimen especial”, pues los crímenes de los que los acusan no han prescrito.

De hecho, se espera que esta semana la joven y “los aguadores” vayan a juicio por tráfico de armas, uno de los cargos que la policía les atribuye.

“Aquí ninguno está libre en Nicaragua. Si uno habla demasiado alto, si uno denuncia lo que está sucediendo, el sistema político y policial es capaz de inventar lo que sea para tenernos encerrados”, reclamó la estudiante de 25 años. Esta semana se sabrá si, como dice el poema, otra vez irá o no prisión.

El 30 de diciembre del año pasado comenzó el trámite para concretar una audiencia clave para retomar la fumigación áerea con glifosato, que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional. En la diligencia se revisará el Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a que se hiciera de manera virtual por la emergencia sanitaria, algo a lo que organizaciones sociales y de académicos se oponen abiertamente.

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Dejusticia, Elementa, Consultoría en Derechos, Corporación Acción Técnica Social y Corporación Viso Mutop le enviaron una cara a la ANLA pidiendo que se suspenda esta audiencia. En la misiva, las organizaciones solicitaron que “se suspenda la realización de las reuniones informativas y de la audiencia pública ambiental hasta que se termine el aislamiento preventivo obligatorio o se establezca un mecanismo acorde a los estándares constitucionales de participación ciudadana”.

Además, denuncian que, desde inicios de marzo le solicitaron a la ANLA que la audiencia se realizara de manera presencial, sin que la entidad la convocara y luego llegó la pandemia del coronavirus, que impide la realización de una diligencia así. Según la organizaciones, una audiencia virtual iría en contra de las órdenes de la Corte Constitucional que exigen contar con mecanismos de amplia participación y consulta con las comunidades directamente afectadas por las fumigaciones aéreas.

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Las organizaciones le dijeron a la ANLA que la pandemia no justifica la realización de esta audiencia de manera virtual. De acuerdo con la misiva, “más de la mitad de la población que se identifica como campesina, no conoce los mecanismos de participación ciudadana, lo que dificulta la activa participación en escenarios de los cuáles no tiene información previa, como es el caso de la audiencia pública ambiental”. A esto se le suman las barreras tecnológicas existentes en el campo.

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De este modo, la población directamente interesada en las decisiones que se tomarían en esa audiencia, continúa la comunicación, no tendrían acceso a la participación. “La realización a través de medios virtuales de la audiencia pública ambiental no cumple con los elementos esenciales del derecho a la participación en materia ambiental”, añaden.

“La orden cuarta de la sentencia dispone que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), solo puede modificar la decisión de no reanudar el PECIG, hasta haber realizado un proceso decisorio que debe tener como una de sus características la evaluación del riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado”, explican.

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Para las organizaciones, la propuesta de la ANLA hace parte “de una falsa dicotomía: que debe escoger entre hacer la audiencia pública de forma virtual -no presencial- o de forma presencial. En cambio, se olvida que tiene una tercera opción: suspender el trámite hasta que haya garantías para desarrollar la diligencia”. Así las cosas, las organizaciones esperan que sea retirado el requerimiento de una sesión virtual para definir si las fumigaciones deben reanudarse o no, permitiendo entorno que favorezca la participación y el conocimiento de las decisiones.

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Cuatro días duró prófugo de la justicia el exrector de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Ramsés Vargas Lamadrid, quien tenía en su contra una orden de captura desde el pasado miércoles por supuestas irregularidades al interior de la institución educativa. El exdirectivo, capturado este domingo en un hotel de esa ciudad por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se suma a las ocho detenciones realizadas el miércoles de la semana pasada. Hoy será presentado ante un juez de garantías.

ATENCIÓN: #CTI de la #Fiscalía capturó en #Cartagena a Ramsés Vargas, ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe. Mañana será presentado ante un juez de #Barranquilla pic.twitter.com/kBl3x3K18P

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 26 de noviembre de 2018

También que sus objetivos al frente de la rectoría eran “fortalecer la gobernabilidad institucional, la academia como esencia del Alma Máter, consolidar la investigación y la proyección social canales fundamentales para aportar desarrollo en un contexto social”. “Mi prioridad es asegurarle a la región que la Universidad Autónoma del Caribe se mantenga y fortalezca como un gran patrimonio intelectual que es", señaló Vargas tras su nombramiento.

(Lea aquí: Ramsés Vargas, exrector de la Uniautónoma, está prófugo de la justicia).

Ramsés Vargas estudió Derecho en la Universidad de la Sabana, en Bogotá. Según la hoja de vida publicada por el Ministerio de Educación, el detenido tiene un máster en Políticas Públicas y Política Económica de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y Mercados Financieros de la Universidad de Cambridge, en Estados Unidos. También cuenta con dos especializaciones, la primera en Alta Gerencia de la Uniautónoma y la segunda en Gerencia Financiera de la Universidad Javeriana.

Igualmente, cuenta con un diploma en Banca de Desarrollo de la Universidad de Miami y ha sido interlocutor permanente de la Comunidad Internacional de Donantes en países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Corea, Suecia y la Unión Europea, e interlocutor en el Sistema de Naciones Unidas para países como Estados Unidos, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Afganistán, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Polonia y Turquía.

Ramsés Vargas es hijo de Sonia Lamadrid y Eduardo Vargas Osorio, exempleados de la universidad. Según la revista Semana, su madre fue hasta abril de este año miembro de la Sala General y su padre un trabajador en las épocas de Mario Ceballos Araújo, exesposo de Gette y fundador del centro educativo.

(Lea también: Panama Papers: el secreto del cuestionado exrector de la Uniautónoma, Ramsés Vargas).

Cuando Ramsés Vargas Lamadrid asumió la rectoría de la universidad, aseguró que llegó a “limpiar la casa”. Y no era para menos, pues el centro educativo venía de saqueos económicos y la única responsable fue Gette. Ahora, desde hace un bien tiempo la universidad se encuentra en la mira de las autoridades por presuntas irregularidades que llevaron de nuevo a la crisis financiera y administrativa del centro educativo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en noviembre del año pasado el entonces rector y representante legal de la institución reformó un estatuto (131-031 del 5 de diciembre de 2003) para implementar una medida administrativa con la que supuestamente se autorizaba el recaudo del dinero en efectivo por gastos pecuniarios. Este recaudo, según la Fiscalía, provenía de los pagos de matrículas y, al parecer, se les habría dado una administración desleal. Los nueve detenidos habrían acordado perpetrar una defraudación superior a los $16.000 millones.

En marzo de este año el ente investigador realizó una inspección judicial a la Universidad. Ante este hecho y las constantes denuncias por presuntas irregularidades, su abogado Iván Cancino manifestó que "mi cliente está en total disposición de atender los llamados que haga la justicia, en aras de aclarar todos los asuntos y dudas que haya sobre su gestión como rector de la Universidad”.

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El general en retiro de la Policía, Mauricio Santoyo, tiene a cuestas una segunda restricción de su libertad mientras avanza una investigación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo dictaminó un fiscal delegado ante la Corte Suprema que lo investiga por aparentes negocios ilícitos que, dice, sostuvo Santoyo con altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia en los 30 años que estuvo en la Fuerza Pública.

El alto oficial está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras es investigado por su posible rol en la desaparición de defensores de derechos humanos cuando estuvo al frente del Gaula de la Policía en Medellín. Y, además, está siendo investigado por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio del periodista Jaime Garzón. 

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Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos y tras cumplir casi ocho años de pena en ese país, fue deportado a Colombia en abril de 2019. Sus líos comenzaron entre 1997 y 1999, cuando fungió como jefe del Gaula de la Policía de Medellín. Durante esos años, según lo documentó la Fiscalía, falsificó varias órdenes de fiscales para interceptar comunicaciones a distintas organizaciones sociales. 

Según informó la Fiscalía, varios testimonios de exparamilitares que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz lo vinculan en negocios ilícitos con la estructura criminal de La Oficina (otrora llamada La Oficina de Envigado). Los testigos aseguran que "cabecillas de las entonces Auc, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública".

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Por estos favores, al parecer, Santoyo recibió una suma superior a los $1.700 millones. Ahora, la Fiscalía busca dictaminar qué tanto de su patrimonio, que por estos días asciende a más de $6.000 millones, proviene de negocios ilícitos. Es por eso que la dirección especializada de extinción de dominio impuso medidas cautelares sobre sus bienes y los de su familia mientras es investigado por estos delitos.

Además de estos posibles negocios con paramilitares, Santoyo ya rindió indagatoria por su rol en la posible desaparición de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero. Desde el 6 de octubre de 2000 no se tiene noticia de ellos. Se conoce que ese día, Ángel José Quintero declaró en la Fiscalía de Medellín sobre la desaparición de miembros de su familia y, horas después, hacia las diez de la noche, fue retenido junto a Monsalve por hombres armados en el centro de la capital antioqueña.

(Lea: General Santoyo debe responder por desaparición de miembros de Asfaddes ante la JEP)

Otro caso por el que ya rindió indagatoria el alto oficial es la presunta desviación de las pesquisas por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. En 2016, la Fiscalía aseguró que Santoyo promovió el secuestro de dos sicarios del caso Garzón para entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y así evitar que hablaran. Es decir, ayudó a la desaparición de dos fichas claves en el entramado, pues en su momento el DAS concertó capturas de personas que nada tuvieron que ver.

¿Qué piensa cada vez que encuentran indicios de que una contratación para la coyuntura del COVID-19 representó un desfalco al erario?

En el ámbito personal, experimento dolor y preocupación; en el institucional, procedo convencido de que hay que actuar aquí y ahora. Cada día con mayor decisión, para desarraigar la cultura de la corrupción, que nos cuesta $50 billones al año. Las crisis dejan ver la miseria humana, pero también ofrecen la oportunidad para rescatar nuestros valores y principios. Son más los que hacen las cosas bien y eso nos llena de optimismo y sentido de futuro. (“Es importante que se sepa que tres gatos cazan más que uno”, procurador Fernando Carrillo)

¿Cuál ha sido el hallazgo que más lo ha impactado y por qué?

Han sido varios. No los individualizo para no caer en riesgos de prejuzgamientos e impedimentos. Pero me han indignado los presuntos sobrecostos en los alimentos que se suponen reservados a las personas que más sufren actualmente. No podemos tolerar que eso siga ocurriendo, que campesinos tampoco tengan acceso al crédito que se les ofrece legalmente y menos que el personal de la salud, expuesto a los mayores riesgos, no tenga a la mano los elementos mínimos de protección.

¿Se vienen más sanciones para mandatarios locales?

Los procesos nos irán dando la pauta. Llegaremos hasta donde la evidencia técnica que estamos recopilando nos lo indique. No podemos olvidar, sin embargo, que aquí no cuentan solo los castigos, sino que también cuenta la prevención. Yo creo que la decisión de actuar juntos la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría es de por sí un factor disuasivo que puede evitar muchas cosas. Nos hemos impuesto la meta de proteger el recurso público en su propia fuente y no tener que esperar, como ocurría antes, cuatro o cinco años para recuperar apenas el 0,4 % de lo que se perdía.

¿Cómo entender que en tantas regiones se hayan visto tan rápido tantos sobrecostos o contratos con contratistas sin experiencia?

Si bien no podemos descartar la mala fe en algunas actuaciones, creo que le falta calidad a la gerencia pública y que cientos de servidores no están familiarizados con las normas que rigen la contratación y, en particular, con las disposiciones sobre el régimen de urgencia manifiesta. Entonces, ese coctel del enriquecimiento fácil y la ignorancia termina siendo explosivo en cuanto a detrimento del patrimonio público. (Corrupción, la pandemia en el COVID-19 que se busca frenar a tiempo)

¿Han encontrado relación entre los contratos cuestionados y, por ejemplo, financiadores de campañas políticas?

Los operadores de nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) están perfilando de cuerpo entero a los contratistas. En la oportunidad procesal se conocerá en detalle quiénes son cada uno de ellos. Estamos actuando con determinación, sin prisa, pero sin pausa, y en un tiempo razonablemente breve el país conocerá los resultados completos de nuestras actuaciones.

¿Qué diagnóstico hace de la corrupción en el país a raíz de lo que han encontrado?

Que es un mal que intenta usurpar la identidad nacional. Si nos aprovechamos indebidamente de los recursos para los más vulnerables, jamás podremos sacar de nuestro ADN las células malignas de ese problema. Por eso insisto en que hay que golpearla ya, contundentemente, para que se convierta en un factor disuasivo para el que pretenda hacer las cosas mal. Quiero decir también que hay muchos funcionarios pulcros que se levantan a diario a construir país y a trabajar por sus comunidades. No podemos caer en el facilismo de que todo el mundo es corrupto, porque eso no es así. Nosotros, los organismos de control, estamos para luchar contra el otro porcentaje, contra el que cree que el erario es el botín de su voracidad inescrupulosa.

Si estas alertas son por contrataciones en medio de la pandemia, ¿qué se puede esperar del resto?

A la Contraloría le correspondió prácticamente estrenar el nuevo modelo de control fiscal al calor de la crisis desatada por la pandemia. Esa ha sido su prueba de fuego y, hasta ahora, la ha sorteado bien. Esto no deja de ser una ventaja, porque cuando retornemos a la normalidad, ya tendremos afinados los instrumentos y la experiencia para vigilar y controlar los procesos contractuales en tiempo real, como lo estamos haciendo hoy.

¿Cree que los mandatarios regionales están abusando del poder que les dio la emergencia por el coronavirus?

Yo no categorizaría a los servidores por su origen o su órbita de acción. La administración pública es una sola, independientemente de sus niveles. Y nosotros apuntaremos en la dirección en la que lo indiquen las pruebas; tanto en la periferia, como en el centro.

¿Qué empresa o contratista ha sido la más beneficiada durante el COVID-19 o concentra la mayoría de los contratos?

Desde la época en que me desempeñé como auditor general de la república, he encontrado en la caracterización de los carteles de contratistas una buena herramienta estratégica para saber dónde se concentra su poder. Tengan la seguridad de que esta vez, y de aquí en adelante, buscaremos llegar al núcleo de ese poder. Los resultados se conocerán a la luz de nuestras decisiones, en el momento oportuno. Por ahora puedo confirmar que siguen pululando los que yo llamo “contratistas multipropósito”, aquellos que dicen servir para construir puentes, organizar matrimonios y comercializar mercados. (Así se ha gastado la plata la gobernación del Cesar para atender la pandemia)

¿Qué sector (alimentos, transporte, compra de material sanitario) ha sido el que más irregularidades en contratación ha presentado durante la pandemia?

Durante los primeros cuarenta días de la emergencia económica, ecológica y social, hemos advertido especiales vulnerabilidades en la contratación de alimentación y de dotación para el sector salud. Algo que es inaceptable en esta hora en la que la vida, la salud y la subsistencia son los motivos de las principales preocupaciones del país.

¿Cómo surgió la idea, que no se había visto antes, de que se juntaran las tres “ías” más importantes del país?

Estamos viviendo un periodo excepcional que exige respuestas institucionales distintas. El volumen de la contratación, la vulnerabilidad de las personas que requieren apoyo, las limitaciones presupuestales y las restricciones de movilidad aérea, terrestre y personal, exigen de nosotros una acción concertada en donde las facultades y las capacidades de cada uno complementen el accionar de todos. Aprovechamos también la coyuntura favorable que nos ha dado el más reciente modelo de control fiscal, que nos permite actuar con mayor sentido de oportunidad y con criterio de prevención. Es mucho lo que está en juego y no vamos a ser inferiores al desafío. La sociedad reclama resultados urgentes, oportunos, contundentes y rigurosos, y eso es lo que le vamos a dar trabajando juntos.

Al momento de juntar fuerzas, ¿qué ha sido lo más complicado?

No ha habido cosas complicadas, todos hemos puesto al servicio del otro nuestras investigaciones y nuestra capacidad tecnológica y humana. Nuestros equipos de trabajo se han integrado bien, han construido empatía y, con la retroalimentación que reciben, han gestionado conocimiento muy útil, tal como lo estamos demostrando en estos tiempos de crisis.

¿No podría verse como una unión desmedida de fuerzas?

En absoluto. Esta unión pretende resultados oportunos y contundentes. Nuestro accionar está sometido a la constitución y a las leyes y, por lo tanto, ahí no hay posibilidad de nada desmedido o arbitrario. Cada uno de nosotros es consciente de que hay un debido proceso, una presunción de inocencia, un derecho de defensa y un control permanente de nuestro accionar por nosotros mismos, por los medios, por las veedurías y por la jurisdicción competente. Nadie podrá decir que estamos pasando por encima de sus derechos. En este momento tenemos una realidad jurídica y presupuestal en la que miles de funcionarios públicos deben contratar con sentido de urgencia y en forma directa. Necesitamos que esta situación no conduzca a que se pierdan los recursos que tanto estamos necesitando. En este caso, podemos decir que se hace realidad el viejo refrán de la unión hace la fuerza.

Sobre Finagro, la entidad salió a defender su trabajo explicando que nada irregular está sucediendo con los créditos, ¿qué opina la Contraloría? ¿Se mantienen en sus hallazgos?

En este país hay libertad de expresión, derecho de defensa, presunción de inocencia, debido proceso y, por supuesto, los funcionarios pueden dar las explicaciones que les pidan los medios de comunicación según su saber y entender. Nosotros alertamos sobre créditos que se estaban concentrando en los grandes empresarios del sector agropecuario, dejando de lado a los pequeños y medianos productores.

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El departamento del Quindío forma del parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), que en 2011 fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Se trata del segundo departamento más pequeño de Colombia (1.845 km²), habitado por unas 600.000 personas, y se caracteriza por sus extensos paisajes verdes y una variedad de climas que atrae a turistas nacionales y extranjeros.

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En ese escenario están enclavados la cuenca del río La Vieja, que —según Parques Nacionales Naturales de Colombia— tiene 15 áreas protegidas y 21 municipios; mientras el PCC registra 53 áreas protegidas, entre principales y secundarias, con 51 municipios.

Luis Alberto Vargas Ballén, secretario del Consejo de Cuenca POMCA Río La Vieja, comenta que un sector de la sociedad civil está preocupado porque “se ha ido incrementado la entrega de títulos y la aceptación de solicitudes mineras en zonas ambientalmente protegidas como en el PCC, que abarca 51 municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle de Cauca”. Asegura, además, que en los municipios del PCC y de la cuenca del río La Vieja hay 172 títulos mineros, y de esos títulos hay en explotación 146, en exploración 17 y otros 9 en construcción y montaje; así como 59 solicitudes de títulos mineros vigentes.

A manera de reflexión, que haya 59 solicitudes mineras vigentes no quiere decir que sean aprobadas. Es como afirmar que cuando un juez admite una demanda le está dando la razón al demandante y no es así. Le comentamos esto a Vargas Ballén y él argumenta que “si estuviéramos actuando frente a una entidad responsable eso podría ser así. Por ejemplo, en el páramo de Santurbán (Santander) no se podía ni siquiera admitir solicitudes ni dar títulos y vea el problema que hay allá. ¿Por qué? Porque recibieron solicitudes”.

¿Qué dice la ANM?

Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería (ANM), en una aclaración reciente a otro medio de comunicación, señaló que “las solicitudes presentadas por los particulares interesados en desarrollar actividades mineras en Colombia se constituyen en meras expectativas; es decir, probabilidades de adquisición futura de un derecho”.

En el documento, la ANM reseña que los títulos mineros otorgados a particulares no son autorizaciones para la explotación del territorio, sino un derecho para que exploren el territorio en búsqueda de los minerales de su interés, y que muchos no superan esa etapa porque los minerales del área son insuficientes en calidad o cantidad.

Además, afirma la ANM, deben obtener de la autoridad ambiental competente la licencia ambiental con su respectivo plan de manejo ambiental. “¡Sin licencia ambiental, no hay proyecto minero!”, afirma.

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Sobre la válida inquietud de Ballén respecto a los títulos mineros en el PCC, en el documento mencionado, la ANM precisó que la entidad tiene la obligación legal de aceptar, tramitar solicitudes sobre áreas restringidas de actividad minera y, si es el caso, otorgar un título minero; pero hay límites que cumplir, pese a la luz verde para conceder dichos títulos: “Toda actividad de exploración o explotación sobre el área queda restringida, o condicionada, a que las autoridades competentes determinen si existe compatibilidad entre las actividades propuestas y los fines de las áreas restringidas. Ese es el caso del PCC, en cuya área no puede haber ningún tipo de actividad de exploración ni explotación minera sin concepto favorable de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura”.

Al responderle a Vargas Ballén un derecho de petición, Parques Nacionales Naturales de Colombia explicó que los sitios inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco hacen parte de las “distinciones internacionales”, para las cuales se determina que “las distinciones internacionales tales como Sitios Ramsar, Reservas de Biosfera, AICAS y Patrimonio de la Humanidad, entre otras, no son categorías de manejo de áreas protegidas, sino estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica”. Y añadió que las autoridades que designan las áreas protegidas deben priorizar estos sitios con el fin de adelantar acciones de conservación .

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Sobre el papel, todo indicaría que las cosas van bien en el Quindío; pero los temores rondan a los quindianos. Vargas Ballén habla de la contaminación del agua para consumo humano en la bocatoma del río Quindío, por la presencia de metales pesados como mercurio, plomo o cadmio, que provendrían de la actividad minera.

Inquietudes válidas que también deberían movilizar a las autoridades local y departamental, así como a las entidades respectivas para tomar acciones en defensa del territorio. Por ahora, Vargas Ballén lidera desde la sociedad civil una movilización para evitar daños al ecosistema y a la salud humana y ambiental.

El pasado 18 de marzo, diez vehículos militares atravesaron Bérgamo (Italia) para trasladar 65 ataúdes a hornos crematorios a unos 200 kilómetros de distancia, pues los servicios funerarios no dan abasto, reportaron la BBC y otros medios de comunicación. No es la única vez que se ha visto una escena así en ese país, cuya cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus ha superado la de cualquier otro: más de 15.000. En Ecuador, que tiene un tercio de la población de Colombia y el triple de contagios confirmados (van por encima de los 3.400, según su Ministerio de Salud Pública), las imágenes recientes son también dramáticas: cadáveres en las calles porque el sistema colapsó.

Qué manejo darle al tema de los decesos por esta enfermedad es un reto que hoy enfrentan 191 naciones y Colombia, por supuesto, no es la excepción. El Gobierno trata de evitar a toda costa un escenario caótico, por eso, entre sus decisiones recientes, emitió un documento: “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19”. La resolución, de 13 páginas, tiene como objetivo orientar a las IPS, autoridades judiciales y servicios funerarios “con el fin de disminuir el riesgo de transmisión en los trabajadores del sector salud, funerario, familiares, comunidad en general y demás autoridades involucradas”. Y la orden es una: dar prioridad a las cremaciones.

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En el documento, paso a paso se indica el protocolo a seguir si una persona, probablemente o con confirmación, muere por COVID-19; los elementos de bioseguridad que deben usar quienes manejen el cuerpo y cómo desinfectar el lugar donde el paciente falleció. La manipulación de los cadáveres será la menor posible y solo se harán necropsias médico-legales con orden de fiscal, si se sospecha que la causa de muerte es violenta. “La instrucción es muy clara: a personas que mueran con diagnóstico de coronavirus no se les practica ningún tipo de autopsia. Por lo tanto no llegarán a Medicina Legal ni a ninguna mesa de autopsia de ningún hospital”, le explicó a este diario un alto funcionario de Medicina Legal.

En Colombia, hasta ahora, van 35 personas que murieron por COVID-19 y la cifra va en aumento. Por eso, reclama Cristina Arango, “ya es hora de tener, por lo menos, los escenarios de contagio y de mortalidad planeados”. Ella es la directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente en Medellín, la cual hace parte de la Corporación Nacional e Internacional de Funerarias El Remanso. Arango señala que es urgente que el Gobierno y la red funeraria del país se hablen para dimensionar los efectos del nuevo coronavirus y evaluar la capacidad de los hornos crematorios (que en el país suman un poco más de 300, según Fenalco) para adoptar medidas, en caso de que la capacidad colapse.

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“Se pueden establecer tres escenarios: uno positivo, uno negativo y otro muy negativo. De manera que nosotros podamos actuar a tiempo”, anota Arango, quien explica una falencia enorme de entrada que, se supone, debería resolverse en el menor tiempo posible: ninguna agremiación o autoridad estatal se ha puesto en la tarea de hacer un inventario de los servicios funerarios en el país. “La capacidad como sector no está dada”, resalta Arango, explicando que, básicamente, habría que preguntarle a cada funeraria del país con qué cuenta para saberlo. En Medellín, dice ella, usando incluso un horno que hay para mascotas, podrían cremarse 168 cuerpos cada día.

“Voy a ser cruda: el área metropolitana de Medellín tiene la capacidad para 100 muertos de COVID-19 diarios, además de los muertos de todos los días. Más de 100 nos pueden hacer colapsar. En Bogotá no puedo decir, pero incluso puede ser menor porque allá tienen menos hornos. El llamado es a que, por favor, pensemos unos escenarios para poder hacer una planeación de respuesta. No hay cifra ni siquiera de supuestos”, concluye Arango, no sin antes expresar la “incertidumbre impresionante” en que se encuentra su sector. “Fenalco sacó un documento con recomendaciones a nivel nacional para facilitar el tema funerario, pero una cosa es lo que ellos digan y otra es lo que nosotros estemos en capacidad de hacer”.

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Este diario supo que el gremio funerario ya ha tenido al menos una reunión con miembros del Ejército. Las imágenes que han llegado desde Italia, y el hecho de que en Madrid(España), hace un par de semanas se tomara la determinación de recurrir al Ejército para transportar a sus muertos por COVID-19, les hace pensar a las funerarias que los militares podrían ser claves si los números de muertos en Colombia se dispararan a decenas o cientos diarios. “El Ejército sí prestaría ese servicio si el presidente lo ordena”, fue lo que se limitó a decir un funcionario de la institución. Esa orden, por ahora, no se ha emitido ni se ha visto la necesidad para ello.

En Cali, el pasado 22 de marzo, se presentó el segundo deceso por el nuevo coronavirus en el país: una mujer de 70 años. Allí van cinco muertes atribuidas al virus, según el Instituto Nacional de Salud. Su alcalde, Jorge Iván Ospina, dice que la ciudad está preparada para la situación y cuenta con la cobertura suficiente. Además, le dijo a este diario que “en relación con las personas que por su vulnerabilidad socioeconómica no tengan para asumir los costos, la alcaldía de Cali correrá con los gastos a través de la línea de pobres de solemnidad, y con recursos de la Secretaría de Bienestar, Seguridad y Justicia se asumirá la cremación”.

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Esta es una medida que se adoptará en todo el país según el documento expedido por el Ministerio de Salud, que ha establecido que ningún cadáver de paciente de COVID-19 podrá ser trasladado a un sitio distinto al lugar de su fallecimiento, por lo que, en ausencia de hornos crematorios, los cuerpos deberán ser inhumados “en sepultura o bóveda”. En los municipios o ciudades pequeñas, es lo más probable que pase. En Cota, por ejemplo, hay un solo horno crematorio que presta sus servicios para toda la Sabana de Bogotá, explica Luz Edith Jiménez, gerente del Parque Cementerio El Paraíso. Su límite de cremaciones es diez por día. Para aumentar su capacidad, dice Jiménez, “vamos a hacer campamentos para las obreros y así garantizar el servicio las 24 horas”.

La resolución del Ministerio de Salud puso a correr a las funerarias y centros médicos del país, a comprar bolsas para cadáveres de mínimo 150 micras de espesor y a adquirir elementos de bioseguridad para todos los que manejen esos cuerpos. Camilo Cárdenas, vocero de la Secretaría de Salud de Medellín, le dijo a El Espectador que los esfuerzos del Gobierno se han centrado en el fortalecimiento del sistema de salud y en las medidas de choque para evitar la propagación del virus. Asimismo, asegura que las decisiones gubernamentales adoptadas hacen “impensable” (al menos por ahora) un escenario de muertes masivas diarias por COVID-19 en Colombia: lo que todo el país desea y espera.

En 2021, en Colombia más de siete mil personas fallecieron en siniestros viales y 20.285 resultaron lesionadas, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En particular, preocupa que el año pasado perdieron la vida en siniestros viales 471 menores de edad, un aumento del 5 % frente al promedio entre 2017 y 2020. Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia lo describió como un problema serio de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), aliado de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS) publicó en octubre de 2020 el “Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030”, con un enfoque para garantizar un sistema seguro compuesto por: una infraestructura vial y vehículos seguros, usuarios responsables, respuesta después de accidentes, transporte multimodal y planificación del uso de la tierra.

De acuerdo con estos elementos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia formuló el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, que debe empezar a funcionar en el primer semestre de este año.

En charla con El Espectador, Nhan Tran, jefe de seguridad y movilidad de la OMS, menciona los elementos prioritarios que el país debe mejorar, las claves del éxito en otros países y la importancia de reducir el uso de carros gradualmente. El funcionario asistió al Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil (FISEVI), celebrado en Colombia del 9 al 11 de marzo.

¿Qué elementos son prioritarios en el Plan Nacional de Seguridad Vial para la década en Colombia?

Los dos elementos que consideramos más importantes son el transporte multimodal y la planificación del uso de suelos. Eso se refiere a que tenemos que diversificar los medios de transporte, que es considerado como uno de los factores importantes para mejorar la seguridad. Si tenemos menos carros y más transporte público, hay menos choques. Pero para hacerlo debemos asegurarnos, por ejemplo, de que los carriles para bicicletas sean seguros, así como los andenes.

La mayoría de los países en Latinoamérica tienen un gran número de motocicletas, y eso se debe tomar en consideración cuando se piensa en ciudad. No se debería pensar únicamente en ganar más espacio para los carros. Creo que eso es muy relevante para el contexto colombiano. En ciudades como Bogotá el espacio es limitado y sabemos que en los años siguientes va a haber un crecimiento en la población.

El manejo de la velocidad es importante también. Sabemos que cuando diseñamos bien las vías, se pueden manejar las velocidades. Es más probable que las personas conduzcan rápido en vías amplias que en calles angostas, así como en las glorietas. La velocidad en las ciudades en lugares de mayor riesgo, como zonas residenciales, debería ser de 30 km/h.

¿Qué países se consideran casos de éxito por garantizar la seguridad vial y cómo enfrentaron los desafíos?

En Europa tenemos ejemplos como Suecia, Noruega e incluso Francia. En Asia, Corea del Sur ha tenido grandes mejorías en los últimos 10 años. Todos los países han tenido estrategias similares, en el sentido de que han establecido como objetivo cero muertes por siniestros viales. Uno de los elementos comunes es que la meta no es eliminar los choques, sino prevenir los fatales. Reducir la velocidad es uno de los factores más importantes para disminuir la fatalidad.

Todos estos países han adoptado buenas prácticas y se han unido a las convenciones de las Naciones Unidas para el tráfico vial. Muchas de estas establecen estándares mínimos de seguridad para los vehículos. Esto no pasa en Latinoamérica, no hay un país que haya establecido estos estándares. Esto es un desafío, porque los fabricantes de carros podrían seguir vendiendo vehículos inseguros. La seguridad vial no puede ser un asunto político, se tiene que hacer una inversión continua y verlo como algo fundamental.

¿Qué se puede decir sobre la estrategia pedagógica que se debería adoptar para educar a los ciudadanos en sus comportamientos?

Mi punto de vista es distinto al de muchas personas. Creo que es importante sensibilizar a las personas y hacerles ver que las muertes en carretera no son aceptables, que el compromiso que debemos adquirir es que haya cero muertes. Pero creo que la educación no es la primera cosa que deberíamos hacer. Para mejorar el comportamiento de los usuarios viales, debemos diseñar sistemas que sean intuitivos y lógicos.

Incluso los suecos no conducirían a 30 km/h en vías amplias. Si diseñas una ciudad en donde esa velocidad es tu objetivo, tiene que ser algo intuitivo. Una vez tengas eso, debes educar e informar a las personas sobre las reglas.

¿Qué significa el concepto de “la redundancia es crucial”, mencionado en el Plan de Seguridad Vial de la OMS?

Básicamente que debemos enfocarnos en exagerar y ser muy redundantes en el contexto de la seguridad vial. No nos podemos respaldar únicamente en que un elemento va a funcionar. Digamos que queremos que las personas reduzcan su velocidad. En un mundo perfecto solo se establecería que el límite de velocidad es de 30 km/h y todo el mundo debería seguirlo. Pero, además, ponemos un refuerzo policial para que la gente obedezca y se diseña una vía más angosta con reductor de velocidad. Esos son los elementos que calificamos como redundantes, básicamente estás repitiendo tu mensaje de distintas formas.

La redundancia parte de asumir que lo peor va a suceder en cualquier escenario y que, incluso ahí, el ciudadano va a estar a salvo.

¿Cree que las grandes ciudades deberían reducir la compra de carros y promover, por ejemplo, el transporte público y las bicicletas?

Sí. Se podría pensar en una medida simple como reducir el espacio de parqueo para carros porque se trata de ser coherente con la política pública. Si se dice que se quiere menos carros en las ciudades, pero hay muchos parqueaderos, se manda un mensaje contrario.

Sé que en Bogotá y otras ciudades tienen la medida del Pico y Placa, pero una sola medida no dará resultados, porque, por ejemplo, la gente pagará para tener exenciones. Cuando se incorporan varias medidas, se están priorizando otras formas de transporte. Si se quiere más espacio para caminar, andar en bicicleta, bus o metro, entonces se debe tener una política coherente, sin continuar incentivando que manejar sea la alternativa más fácil. Sé que tengo una posición muy radical, pero creo que, para alcanzar cambios, se deben tomar decisiones difíciles.

En Colombia hay seis aviones tipo Casa C-295 a cargo del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). Son aeronaves que la institución usa, generalmente, para el transporte de asalto y de rescate y que, ahora, volarán prestando atención médica. Ante la emergencia por la pandemia que sigue afectando al mundo entero, la Fuerza Aérea Colombiana adecuó estas aeronaves para transportar a pacientes en estado crítico por COVID-19 hacia el centro del país.

Según la Fuerza Aérea, todas las aeronaves de este tipo se pueden adecuar para este propósito. El avión, de fabricación española, puede aterrizar en pistas no preparadas, no pavimentadas o que estén bajo el mando de una torre de control, haciéndolo idóneo para la labor de evacuación de pacientes de COVID-19 en las regiones más inhóspitas del país.

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El C-295 tiene la capacidad de transportar 71 soldados o 24 camillas en evacuaciones aeromédicas. Sin embargo, las modificaciones hicieron que el avión se dividiera en tres secciones. La tripulación conformada por un piloto, un copiloto, un técnico de vuelo y un maestro de carga permanecerá aislada en la cabina de mando designada como la primera sección. Se ha dispuesto el resto del avión (segunda y tercera sección) para el personal médico y las dos unidades de cuidados intensivos con que cuentan los aviones.

La Fuerza Aérea explica que un médico y un enfermero de vuelo de la institución prestarían la atención durante los vuelos de traslado de pacientes diagnosticados con COVID-19. En la iniciativa de la Fuerza Aérea participan todas las entidades de salud del Estado para determinar si un paciente necesita ser trasladado hacia una ciudad o no. La decisión no está en manos de la Fuerza Aérea, pero esta se mantiene atenta a las solicitudes del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo, responsables de autorizar las evacuaciones y solicitar el apoyo de estas unidades de atención médica aérea.

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La adecuación se ordenó desde el inicio de la emergencia, en un intento por prestar un apoyo oportuno a la situación sanitaria que hoy afronta el país. Hasta la fecha, el C-295 ha realizado un solo vuelo para evacuar a un paciente de Covid-19 diagnosticado en Puerto Leguízamo (Putumayo). Para este traslado, la Fuerza Aérea contó con la capacitación del Ministerio de Salud en cuanto a las medidas de protección y a la manipulación de equipos médicos utilizados previamente en la evacuación de los ciudadanos colombianos en China.

El vuelo para evacuar a los ciudadanos colombianos en Wuhan (China), epicentro de la epidemia, partió desde Catam el 22 de febrero, a las 3:00 a.m. En él se trajeron de regreso a Colombia a los 13 connacionales y contó con 13 personas de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes fueron acompañados por personal del Instituto Nacional de Salud y de la Cruz Roja Colombiana. El avión Júpiter de la FAC fue especialmente acondicionado para esta operación humanitaria y el Ministerio de Salud capacitó a la tripulación para tomar todas las medidas de prevención. Desde esta evacuación, la institución ha contado con el mismo entrenamiento para contribuir en medio de la pandemia, esta vez en territorio nacional.

En 2009, la FAC recibió dos aviones tipo Gran Caravan C-208B totalmente medicalizados, como parte del convenio entre el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Defensa Nacional. A la fecha, ya se ha confirmado que tres miembros activos de la Policía y un oficial de la Fuerza Aérea dieron positivo en la prueba del COVID-19. Aunque el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue enfático en asegurar que se diseñó un estricto protocolo de seguridad para evitar un contagio masivo en las Fuerzas Armadas, este riesgo se hace latente con el aumento de uniformados en las ciudades.

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La comunidad campesina denomina “Los dos ríos” como una región que abarca los territorios del Bajo Cauca y nordeste antioqueño, centro y sur del Cesar, sur de Bolívar y Magdalena Medio (ver mapa, abajo). Se trata de un territorio estratégico por su ubicación entre los dos principales ríos del país, Magdalena y Cauca, que rodean las montañas de la cordillera Central, en especial la Serranía de San Lucas, en donde hay gran variedad de riquezas naturales renovables y no renovables.

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Allí, desde el año 2020, según denuncias de organizaciones sociales, se registra una fuerte avanzada paramilitar del Clan del Golfo, que amenaza con intensificar su presencia en ese territorio.

“Vemos que ese avanzar paramilitar en la región se está dando en el sur de Bolívar, por los municipios de Simití y Santa Rosa; en el nordeste antioqueño, en Segovia y Remedios, y en el Bajo Cauca, en municipios como Cáceres (Antioquia), explica Gerardo Amador Caballero, vocero del “Paro regional indefinido por la vida y la permanencia en el territorio”, en diálogo con El Espectador.

Las denuncias, según el Congreso de los Pueblos -un movimiento social y político basado en Colombia y con capítulos en América Latina y Europa-, aseguran que “Los dos ríos” es azotada por los enfrentamientos, los retenes ilegales, los señalamientos, los asesinatos selectivos, el posicionamiento de los paramilitares en puntos estratégicos para ellos del territorio, así como los desplazamientos y la amenaza directa a la comunidad por la presión ejercida para que trabajen en función de sus intereses.

En 2020, Indepaz registró el asesinato selectivo de por lo menos 24 líderes y lideresas en los departamentos de Bolívar y Antioquia, al menos 13 de estos perpetrados en la región de “Los dos ríos”, entre ellos el del líder del movimiento social Fernando de Jesús Gaviria, asesinado el 29 de agosto de 2020, junto a Omaira Alcaraz, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto San Juan, del municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Además, se reportaron más de 72 familias desplazadas por grupos paramilitares, por lo menos 12 masacres con un saldo de 46 personas asesinadas y decenas de personas amenazadas en la región.

Amador lamenta que este contexto de violencia se ha agudizado en el territorio pese a las denuncias que se han hecho, pero que “no han tenido eco en el Gobierno Nacional (...). “Nos preocupa que se presenten desplazamientos de más de 300 paramilitares en las zonas rurales donde, curiosamente, hay presencia del Ejército, por lo que también hemos denunciado la complicidad de la Fuerza Pública con el accionar paramilitar”.

Fruto de esas denuncias, de acuerdo con Amador, el 22 de febrero de 2022, en el municipio de San Martín (Cesar), fueron asesinados Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos líderes campesinos históricos que fueron parte del movimiento campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Entre los hechos más recientes, el 12 de agosto del año pasado la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) lanzó una alerta humanitaria por las comunidades ubicadas en la Serranía de San Lucas, consideradas en estado de vulnerabilidad ante las disputas territoriales entre Grupos Armados No Estatales (GANE) por su geografía estratégica que garantiza la explotación ilegal de minería de oro, la calidad de tierra para los cultivos de uso ilícito y la entrada a zonas montañosas de difícil acceso para establecer centros de acopio de los estupefacientes.

(Estatuto Temporal de Protección (ETPV) 2023: requisitos y cómo solicitarlo)

Al hablar de la riqueza de la región, en el sur de Bolívar hay más de 50 títulos mineros y la misma cantidad de solicitudes en la línea de explotación de metales preciosos, afirma Amador.

El nordeste antioqueño, por su parte, se distingue por su riqueza aurífera. En 2019, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia señaló en su perfil socioeconómico del nordeste, que “la minería aún está lejos de ser generadora de riqueza para la subregión debido a los altos índices de informalidad e inadecuados parámetros de modernización; asimismo, las disputas por el control de la explotación de los recursos generan desplazamiento forzado, despojo de tierras, contaminación y agotamiento de recursos naturales (…)”.

En esta subregión, entre 2016 y 2022, tras el vacío de poder generado luego de la salida de la zona de las antiguas Farc-Ep, confluyeron diferentes grupos armados ilegales con interés expansivo, ante la debilidad del Estado para avanzar en el copamiento del territorio de manera integral, más allá de la presencia de las Fuerzas Militares.

En ese complejo panorama, por lo menos ocho organizaciones del orden nacional y que forman parte de las plataformas campesinas y del coordinador nacional agrario, y de la plataforma política del Congreso de las Pueblos, en la región de “Los dos ríos” se declararon en emergencia humanitaria y están convocando a una movilización pacífica -a finales de este mes-, “Paro regional indefinido por la vida y la permanencia en el territorio”, para exigir garantías para una vida digna y sin amenazas para el campesinado.

“Hasta el momento no se evidencia un compromiso serio del ‘Gobierno del cambio’”, asegura un comunicado del Congreso de los Pueblos. Además, proponen un tribunal popular para denunciar e impulsar el desmonte del paramilitarismo y en el que se exige que haya garantías para su realización y la presencia de las instituciones competentes del Gobierno Nacional.

Las acciones del Gobierno

Desde que Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia han transcurrido cinco meses y medio, y a comienzos de este año el país recibió con gran expectativa el inicio del cese al fuego bilateral con cinco grupos armados entre el 1° de enero y el 30 de junio, que -de acuerdo con cálculos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)- se traduciría en que cerca de 15.000 hombres alzados en armas suspenderían acciones violentas en los territorios en los que operan.

El cese incluye a la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo o Agc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que agrupan en suma unas 80 estructuras, entre frentes y columnas.

Como lo informó Colombia+20, según registros de Indepaz, el Clan del Golfo o Agc está presente en 279 municipios, mientras el Eln en 91, convirtiéndose en los dos grupos con más control territorial del país. También tienen los ejércitos con más combatientes: más de 5.000 personas son parte de las filas del Clan del Golfo.

Esta estructura paramilitar, derivada de las Autodefensas Unidas de Colombia, es una de las más grandes y con mayor presencia en el país. Su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 y extraditado en mayo de 2022. Al mando quedó Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.

Antioquia es el departamento que más se beneficiaría de este cese al fuego bilateral, porque sus regiones de Bajo Cauca y Urabá concentran acciones de los cinco grupos armados ilegales con los que se acordó el cese.

El sur de Bolívar y Córdoba también se favorecerían del restablecimiento humanitario. En esta zona el conflicto se agudizó por la fuerte actividad de grupos armados, como el Clan del Golfo, que ejercen el control territorial.