La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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El caso de Jesús Santrich ya empezó a tener repercusiones en las decisiones de los demás exjefes guerrilleros de las Farc. Jesús Mario Rojas Arenas, conocido en la guerra como Marcos Urbano, y Luis Oscar Úsuga Restrepo, o ‘Isaías Trujillo’, le pidieron a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aplazar su versión voluntaria por el Caso 001 sobre retenciones ilegales por parte de la extinta guerrilla.

Los exjefes guerrilleros, después de una reunión con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP, argumentaron que, tras la recaptura de su compañero Jesús Santrich, es evidente que están en medio de una inseguridad jurídica, “que se toma en un evidente estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación”.

En la carta dirigida a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, aseguraron que no irán a las versiones voluntarias en las fechas establecidas, “hasta que no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de la JEP, pues es evidente que las decisiones de la JEP no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado colombiano”.  

Los excombatientes agregan que quienes se han comprometido con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición habitan una sensación de “temor y desconfianza”, pues “va perdiendo credibilidad entre los comparecientes” ante los últimos hechos. Por eso pidieron una reunión entre los magistrados y el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para dialogar sobre esta crisis y otros hechos que les preocupan.

 “No ha existido corresponsabilidad del Estado para cumplir con lo pactado en La Habana. El balance de la implementación es poco alentador en particular en lo que respecta al componente de justicia de los comparecientes ante SAI que hasta ahora sólo ha emitido alrededor de 50 decisiones desde su funcionamiento quedando a la fecha gran cantidad de prisioneros de Farc en las cárceles colombianas por la demora en la adopción de decisiones de dicha sala”, reza la carta.

Con estos argumentos, afirmaron que no asistirán a sus diligencias judiciales hasta que no se supere “el estado de irregularidades que generan el clima de inseguridad” y se respete la autonomía e independencia de esta justicia transicional.

En la misiva también reiteraron que aún tienen voluntad de “cumplir con lo pactado, como lo han venido haciendo”, para garantizar el derecho a las víctimas y propiciar el ambiente de reconciliación. Finalmente dicen sentirse todavía como “el enemigo interno”, aunque hayan “dejado las armas y hayan hecho política por otros medios”.

El viernes pasado, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía capturaron al exjefe guerrillero Jesús Santrich por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. La captura se da después de que la JEP ordenara su libertad y le otorgara la garantía de no extradición, argumentando que no pudo determinar la fecha de estos delitos que denunciaron la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el ente investigador insiste en que tiene nuevas pruebas que demuestran la comisión de delitos después de la firma del acuerdo y por eso se abrió un nuevo proceso en la justicia ordinaria.

Al igual que Santrich, Arenas y Úsuga hacen parte del grupo de 31 exjefes guerrilleros que comparecen en el caso 001, relacionado con retenciones ilegales. En esta diligencia, que es de carácter obligatoria, los excombatientes aportan voluntariamente la información que tenga y pueda ayudar a esclarecer qué sucedió con los 6.162 casos relacionados con retenciones ilegales, entre los cuales se encuentran secuestros extorsivos, desapariciones e incluso homicidios. 

A mediados de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les permitió a las víctimas del caso 003, sobre ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, participar en las versiones voluntarias que los militares adelantan en esta justicia. Las Madres de Soacha y sus abogados fueron el primer grupo de víctimas que se dio a la tarea de revisar 31 versiones de uniformados del Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander y la Brigada Móvil N°15 de Norte de Santander, dadas por 22 militares.

Tras escuchar más de 180 horas de grabación, estas mujeres, que no han cesado en su búsqueda por la verdad, les entregaron a los magistrados de la Sala de Reconocimiento sus observaciones e inquietudes. Esta labor la complementaron sus abogados, quienes también presentaron ante la JEP informes más detallados sobre las declaraciones de los militares.

Colombia2020 habló con Sebastián Escobar, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), quien analizó durante mes y medio las 31 versiones, que en promedio duran entre seis a ocho horas. Con ayuda de un software para hacer análisis cuantitativo y cualitativo examinó los casi 900 folios de transcripción y de allí sacó lo patrones de planeación, ejecución, encubrimiento y responsabilidad en la comisión de este delito a partir de lo que dijeron los militares en la JEP.

“No estamos hablando de casos aislados, sino de una práctica, y nuestra tarea fue identificar cuáles eran los patrones que la constituyen”, dice Escobar. “También nos dimos a la labor de establecer cuáles eran los elementos que en lo dicho en las versiones nos permitían llegar a sustentar hipótesis de la responsabilidad de sus superiores”. Claro, son hipótesis, porque hace parte de un proceso de investigación en donde la JEP será la encargada de hacer la contrastación.   

El informe, de 70 páginas, fue presentado en septiembre. Por motivos de seguridad y porque el proceso está en investigación, no damos detalles ni nombres de los militares. Sin embargo, sí hay importantes conclusiones de ese informe:

Las víctimas

A partir de las 31 versiones dadas por 22 militares de estas dos unidades, Escobar extrajo la información de jóvenes asesinados que mencionaron los militares durante las diligencias. La lista está conformada por 72 hombres, con fecha del asesinato, el lugar donde ocurrió el supuesto combate y algunos con nombre propio. De esta lista, nueve son hijos de las Madres de Soacha que hasta ahora han reconocido los militares. Además, consolidó datos como la forma en la que murieron, si habían sido reclutados, si estaban en las “listas negras” o si murieron en estado de indefensión.

Esta información permitirá esclarecer el universo total de víctimas. Además, podría ayudar en la búsqueda de quienes todavía no se tiene información del paradero de su cuerpo. De esas 72 personas, los militares mencionaron a 18 como ‘N.N’, es decir, que no hay información de quiénes son.  

Escobar también recopiló los nombres de todos los militares y civiles que fueron señalados en las versiones voluntarias como colaboradores. Allí hay desde informantes, reclutadores, asesores jurídicos, soldados, suboficiales y oficiales. “Hicimos una tabla donde mencionamos si tenían una participación determinante y si debían ser llamados a versión voluntaria. Identificamos a 68 personas, de las cuales 10 ya habían rendido versión. De allí, le dijimos a la magistratura que llamara a 21 porque se consideró que tuvieron una participación en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y pueden ayudar al esclarecimiento del modus operandi”, señaló.

En el caso de los y las asesoras jurídicas, Escobar sostuvo que por los testimonios de los militares se confirmó que eran contratados para “construir una narrativa que facilitara el encubrimiento de estos hechos”. Es decir, antes de ir a las audiencias en la justicia penal militar, les decían a los uniformados qué tenían que contar y a quién no podían delatar.

“Muchos decían que era muy evidente el conflicto de intereses en las asesorías y que lo corroboraron después, porque la narrativa lo que dejaba en claro es que buscaban que los superiores no tuvieran que enfrentar a la justicia”, dijo Escobar.

La responsabilidad

El informe, como mencionamos anteriormente, se dividió en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento. En cada una hay extractos de las distintas versiones. Así, por ejemplo, Escobar pudo definir que más de uno de los cabos habló sobre las “listas negras”, es decir, los nombres de supuestos guerrilleros que aportaban los informantes.

Escobar fue claro en que este informe le puede ayudar a la JEP a definir el tipo de responsabilidades -si fue coautoría, por omisión, autoría inmediata- de los superiores jerárquicos dentro del Ejército.

Dentro de los elementos de responsabilidad están, por ejemplo, las presiones que ejercían superiores sobre soldados para cometer los asesinatos. “Pudimos encontrar en las versiones que había mucho cuidado en no dar instrucciones directas de matar civiles, pero sí había instigaciones para aumentar el número de bajas. Por ejemplo, del tipo ‘si usted no me presenta bajas, le daño la carrera’”, comentó el abogado.

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Otros elementos son la ausencia de controles dentro de cada batallón o brigada para contrarrestar la práctica a pesar de constantes denuncias de la población o la comunidad internacional sobre los asesinatos. De acuerdo con el documento, no había controles antes ni después de los hechos o no se realizaba una investigación disciplinaria instruida debidamente.

Varios de los versionados aseguraron que cometieron este delito a lo largo de su carrera y en distintas unidades militares. Que, incluso, desde la Escuela Militar empezaron a escuchar a comandantes hablar sobre la “legalización de bajas”. Los incentivos como vacaciones, viajes o dinero hacen parte de los elementos de responsabilidad. También, el hecho de que se crearan grupos especiales dentro del Ejército, bajo el control directo del comandante, conformado por soldados profesionales. De acuerdo con Escobar, “estaban permanentemente en la sede de la brigada y salían a cumplir órdenes especiales. Fueron los que más número de ejecuciones extrajudiciales presentaron”.

Los patrones

En la fase de planeación, Escobar halló patrones como el reclutamiento y el traslado de víctimas a los batallones o lugares donde se preparaban los supuestos combates; el uso de gastos reservados para comprar armas, uniformes o pagar a los informantes; el señalamiento de personas como supuestos integrantes de grupos armados con falta de pruebas, así como la construcción de un mismo relato en el cual justificaron su accionar bajo la premisa de que estas personas participaban en las hostilidades.

“Sin embargo, afirmamos que en el caso de que hubiesen sido milicianos, fueron asesinados en estado de indefensión. Previamente fueron retenidos y algunos drogados. Poco importa el perfil de la víctima, porque dentro del Derecho Internacional Humanitario la circunstancia es la forma en la que se dio el delito”, dijo.

En la fase de ejecución identificó cuatro elementos: la retención de las víctimas, el traslado mediante engaños, la participación de informantes y el hecho de que las víctimas no contaban con las posibilidades de repeler el ataque. En la fase final, entre los patrones de encubrimiento, encontró que varios de los militares hablaron de cómo modificaron la escena del crimen, el uso de prendas militares para hacerlos pasar como guerrilleros, la construcción de documentación para soportar la supuesta operación militar y el gasto de dinero para este fin.

“Para tener realmente un esclarecimiento de fenómeno hay que llamar a más gente”, es una de las peticiones de Colectivo a la Sala. “Por ejemplo, llamar a los comandantes de los batallones”.

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Este documento es el resultado de la inconformidad de las víctimas, en este caso de las Madres de Soacha, quienes en la audiencia del 17 de octubre expresaron no sentirse satisfechas con el aporte de los uniformados en los casos de sus hijos, teniendo en cuenta que hoy la mayoría de los militares condenados en la justicia ordinaria hoy están libres.

Este es tan solo el primer ejercicio de diálogo entre la JEP y las víctimas. De aquí en adelante, en el caso 003, los abogados y víctimas seguirán participando en el proceso como parte de su reparación y como así lo definió el acuerdo de paz con las Farc. 

La Corte Constitucional y el Congreso de la República tienen la palabra para aclarar el limbo normativo en el que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque las funciones de sus magistrados han estado ligadas al acto legislativo 01 de 2017, a través del cual se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la JEP, las decisiones tomadas hasta el momento han generado controversia. La razón: se requiere de la aprobación de al menos ocho normas que permitirán que la justicia transicional entre en pleno vigor.

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Por eso, según la JEP, la suspensión provisional del trámite de extradición del líder de la FARC Jesús Santrich o la exclusión de dos casos de parapolítica de la JEP han estado respaldadas en el acto legislativo, el Código de Procedimiento Penal y una serie de protocolos que los mismos magistrados crearon para empezar a funcionar. De hecho, a la hora de sustentar la decisión relacionada con Santrich, el presidente de la Sala de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla, indicó que “así lo dispone nuestro reglamento, ante la ausencia de normatividad”.

De las ocho normas pendientes, siete están en manos de la Corte Constitucional: desde la revisión del acto legislativo 01, cuya sentencia no ha sido publicada, hasta el decreto por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en el sistema de justicia transicional. De manera simultánea, en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes se tramita la ley de procedimiento, que busca crear el conjunto de reglas para regir el funcionamiento de la JEP.

De aquellas que están en la Corte, la más urgente —según los expertos— es la revisión del acto legislativo 01 de 2017. Sin embargo, a pesar de que en noviembre de 2017 el alto tribunal anunció a través de un comunicado su exequibilidad con excepciones, a la fecha, la sentencia no ha sido publicada.

Algo similar sucede con la revisión del acto legislativo 02 de 2017, que otorga estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc. Aunque el alto tribunal declaró en octubre de 2017 su constitucionalidad a través de un comunicado de prensa, tampoco se conoce el texto completo. Asimismo están pendientes los fallos sobre dos decretos, cuyas decisiones también se dieron a conocer a través de comunicados, y aún no se ha definido su postura frente al proyecto de ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP (ver gráfico).

“Las decisiones de la Corte Constitucional pueden dar luces sobre las posiciones de la JEP. En relación con las normas sobre las cuales la Corte no se ha pronunciado, lo relevante es saber si su aplicación puede seguirse haciendo o si tienen vicios de inconstitucionalidad que hacen que no se puedan volver a aplicar”, indica Juan Carlos Ospina, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas.

La falta de estas sentencias podría tener un efecto sobre la legitimidad en las medidas adoptadas por la JEP. Así lo considera Juan Camilo Collazos, investigador de la Corporación de Excelencia en la Justicia (CEJ), quien agrega: “Las decisiones se están tomando con base en documentos cortos (comunicados de prensa) que en algunos casos pueden llegar a ser muy ambiguos. Esto además puede tener un impacto en la seguridad jurídica: es posible que la Corte, en esas sentencias, diga algo contrario a alguna decisión que la JEP esté tomando ahorita”.

Quien bien conoce desde adentro estos procedimientos es Patricia Linares, presidenta de la JEP. Ella fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, en donde se dedicó a la revisión, el análisis y el estudio de jurisprudencia, y si bien considera que contar con la sentencia es fundamental, conserva la prudencia para no generar un clima adverso con ese tribunal. “Entendemos que se trata de normas supremamente densas las que ha analizado la Corte Constitucional y que acude al tema de los comunicados con el ánimo de dar un parte del cumplimiento de sus tareas. Hay temas muy complejos que requieren una lectura profunda y detallada de las distintas sentencias. Esperamos y sabemos que la Corte está trabajando en la perspectiva de poder publicar cuanto antes las distintas sentencias”, indicó a Colombia 2020 en marzo pasado, cuando la JEP abrió sus puertas.

Para la Corporación Excelencia en la Justicia, las decisiones que están contenidas en las sentencias pueden dirimir conflictos sobre temas como el tratamiento de terceros y agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y la responsabilidad de mando, entre otros. “Los problemas que hay en este momento con la JEP son en su mayoría de competencia. Por ejemplo, hay un problema grandísimo en la Sala de Definición que no deja claro cuál es la diferencia cuando se refiere ‘con ocasión’, ‘por causa’, ‘relación directa o indirecta’ con el conflicto armado. Uno no sabe si eso pueda estar en esa sentencia”, precisa Collazos.

Respecto a las cuatro sentencias sin publicar, la Corte Constitucional explica que hay procedimientos de forma que hacen parte del trámite usual, como la revisión en detalle de las providencias por parte de cada magistrado. La complejidad de los temas que se abordan es un argumento para justificar el tiempo que se han tomado para dar a conocer las providencias.

Para el jurista Juan Carlos Ospina, lo más importante para el funcionamiento de la JEP es la ley estatutaria que permite reglamentar este sistema de justicia. Aunque el Congreso de la República la aprobó en noviembre de 2017, en uso de las facultades del fast track, la decisión está en manos de la Corte Constitucional y no se ha emitido un fallo para aprobarlo. El alto tribunal indicó en un documento del 18 de mayo que le pidió por tercera vez al Congreso que le enviara documentos necesarios para su estudio. La semana pasada los entregó.

Para emitir esta sentencia, la Corte abrió la convocatoria para que los ciudadanos y la Procuraduría participen con sus opiniones al respecto. “El problema es que no alcance a emitir sentencia antes de finalizar el primer semestre. Cuando tome la decisión, devolvería el proyecto al Congreso. Entonces todo dependerá del escenario político electoral”, asegura Ospina.

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Por otra parte, en el Congreso de la República se tramita la ley de procedimiento de la JEP, que consigna las herramientas jurídicas para su funcionamiento. Aunque el Gobierno radicó la iniciativa con mensaje de urgencia, la votación del proyecto está en vilo desde la semana pasada.

El Gobierno tiene la certeza de que se aprobará antes del 20 de junio, fecha en la que termina la legislatura. “Estamos en comisiones conjuntas y podríamos luego, de manera simultánea, discutir este proyecto y votarlo en plenarias de Senado y Cámara. Tenemos tiempo suficiente”, asegura el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

¿Quién tiene la culpa de la demora en la aprobación de estas normas?

Para las organizaciones de juristas que siguen este trámite, las responsabilidades son compartidas: “Todos han jugado un papel para que la JEP sea una institución exitosa o no. Y lo más importante es que, pese a las críticas que puedan surgir, se tomen las medidas pertinentes para que funcione con un marco jurídico estable, que no existan dudas respecto a las decisiones de la Corte o del Congreso”, concluye Collazos.

En los doce años que duró la guerra civil entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) hubo más de 30.000 adopciones de niños y niñas. De esa cifra, al menos un 10 % ocurrieron producto de desapariciones forzadas. Así lo asegura la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto.

Esta organización, que en 2019 cumple 25 años de trabajo, ha liderado en El Salvador la búsqueda de los niños que fueron sacados de sus hogares o apartados de los brazos de sus padres para ser llevados a albergues o bases militares. El 65 % eran menores de siete años, según la Asociación.

Durante este tiempo, ha recogido más de mil denuncias de niños y niñas que fueron adoptados o crecieron en orfanatos. De esos mil casos, ya esclarecieron 446. En su gran mayoría lograron la reunificación familiar, en otros, dar con la ubicación de la persona, viva o muerta.

Eduardo García Doblas es de Cádiz (España), pero desde hace 25 años trabaja como defensor de derechos humanos en El Salvador. Actualmente, es el director ejecutivo de la Asociación. Él asegura que el trabajo de búsqueda es realizado por los propios familiares, sin ayuda estatal de ningún tipo. Son doce personas que trabajan en la Asociación acompañando a familiares que buscan hace 30 años a sus niños. Visitó Colombia para compartir la experiencia de búsqueda de personas desaparecidas y esto fue lo que nos contó.

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¿Fue sistemática la desaparición de niños en El Salvador?

La Corte Interamericana del Salvador asegura que fue sistemática y sistémica. Se usó todo el aparato estatal para desaparecer a los niños y darlos fraudulentamente en adopción. Fue sistemático porque fueron muchos niños y de forma repetitiva los que se llevaron en operativos militares o a través de la Cruz Roja para trasladados a albergues provisionales donde eran tramitados sus documentos.

En 1982 se identificaron casas de engorde. Grupos de niños fueron llevados allí de manera clandestina para que presentaran mejor desarrollo nutricional, porque así daban más dinero por ellos. Las mismas fuentes militares han asegurado que estos niños se vendían entre 10.000 a 20.000 dólares.

¿Quiénes fueron los responsables de las desapariciones de los niños?

Los actores normalmente fueron estatales: Policía, Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Fuerza Armada, y en menor proporción, guerrilleros del Frente Farabundo Martí (FMLN). Los que propiciaron la desaparición y trata de los niños fueron funcionarios públicos que alteraron su identidad, sacaron partidas de nacimiento diferentes y los dieron en adopción arbitrariamente, muchos de ellos fuera del país. También hubo mucha participación de consulados estadounidense, franceses, italianos en territorio salvadoreño, órdenes religiosas y las damas de la Cruz Roja salvadoreña.

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¿Y por qué empezaron a comerciar con ellos?

Al principio del conflicto armado, los operativos exterminaban a los niños y sus familias junto con la vaca, el sembrado y la casa. No podían quedar sobrevivientes ni nada que pudiera servir a las guerrillas. Pero el matar niños indefensos quebraba la moral de la tropa y tomaron la opción, posiblemente asesorados en estrategias anticomunistas por militares argentinos y chilenos de la época, de quedarse con niños para que fueran adoctrinados y apropiados por elementos de la Fuerza Armada. Alrededor de 20 oficiales de alto grado criaron niños como hijos propios o para la venta.

¿Estos niños, de quiénes eran hijos?

Mayoritariamente de campesinos, de zonas rurales donde había intervención guerrillera, zonas de combate o lugares urbanos marginales donde se acercaban también abogados con fines fraudulentos para alterar la identidad. Pedían a estos niños en cuestión de préstamo para darles atención sanitaria y estudio, pero nunca volvieron.

¿Y cómo dieron con esos primeros niños desaparecidos?

Porque un jardinero ubicó a cinco niños en un albergue de “aldeas SOS” en diciembre de 1993, en Santa Tecla en San Salvador. Por cierto, en esas “aldeas SOS” identificamos 150 niños que poseen el apellido del director de la aldea de apellido Borja. Él se encargaba de darle una nueva identidad a los muchachos. Es el caso de una niña, Elsy. Tiene tres partidas de nacimiento diferentes y la última la sacó este señor Borja como padre de ella para casarla siendo menor de edad con un hijo de un militar de Casa Presidencial.

Después de identificarlos, llegó la voz a manos del padre Jon Cortina, fundador de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Él se presentó en el albergue, habló con el director y un día llevó a las madres a que encontraran a sus hijos. En enero de 1994 se dieron los primeros cinco reencuentros y ese es el punto de partida para los 446 casos que tenemos y la creación de la Asociación.

¿Cómo ha sido la labor de búsqueda de los familiares?

Hoy hay redes sociales donde posteamos las fotos. Siguen llegando testimonios válidos de personas y todos los años llegan de diez a quince casos. Ahora que estos muchachos son adultos, se contactan con nuestra Asociación para interponer denuncias. Ellos son los que buscan a sus madres también. Saben que son adoptados y nos presentan sus documentos, su partida de nacimiento y toda esta información es cotejada con la fecha de los hechos, testimonios, expedientes abiertos y luego se comprueba con el examen de ADN.

¿Dónde están hoy estos adultos?

Hemos encontrado cientos de niños en Italia, Francia y EE. UU. En menor cantidad, en otros países como Suecia, Alemania y España. En El Salvador hemos encontrado la mitad de los 446 casos resueltos, aproximadamente 220 fueron sacados del país. En 25 años de trabajo, el 85 % los hemos encontrado con vida. No estamos buscando ni sepulturas ni muertos, estamos buscando con vida a mujeres y hombres que les den abrazos a sus familias.

Pero, ¿qué ha pasado con los casos en donde ya fallecieron?

El 15 % de los casos resueltos están localizados fallecidos; fueron asesinados durante el proceso de guerra y sepultados. O hay un número muy pequeño de niños que tras haberle pedido a sus padres adoptivos la posibilidad de encontrar a sus padres biológicos y ser negada, se suicidaron. Son los casos de dos niños en Francia. La mayoría son muertos durante el conflicto armado, bien sea por hambre, por inanición, fuego, bombardeos. Pero insisto, el 85 % de los casos que tenemos han vuelto a abrazar a su madre después de 30 años.

¿Por qué decidió trabajar en la búsqueda de los niños?

Yo creo que las madres han dado mucho amor, se les ha causado mucho sufrimiento, son ciudadanas salvadoreñas, merecen respeto y dignidad. La Constitución dice que tienen los mismos derechos y el Estado tiene los mismos deberes con ellas y eso no se les ha respetado, porque todavía siguen pensando que pertenecen a uno u otro bando; por eso no es posible la reconciliación. Si la desaparición forzada en adultos daña a toda una sociedad y deja una huella dentro de una propia comunidad, la desaparición de niños todavía es más desdeñable.

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En los primeros tres años de funcionamiento de la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto siete macrocasos para investigar el conflicto armado en el país: retenciones ilegales o secuestro cometido por la antigua guerrilla Farc-Ep; los hechos de violencia en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos; la situación territorial del Urabá antioqueño; la situación de violencia en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca; la victimización de los miembros de la Unión Patriótica y, por último, el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.

Para socializar las experiencias, retos y obstáculos de juzgar los delitos del conflicto armado en el país, la JEP lanzó este lunes 27 de abril el libro “La JEP vista por sus jueces”, una compilación de ensayos de los magistrados que han juzgado e investigado delitos cometidos por excombatientes, agentes del Estado y terceros civiles en el marco de la guerra.

Aunque en los tres años de la Jurisdicción todavía no se han emitido condenas o sanciones a los comparecientes, según la JEP se ha planteado “una dinámica institucional que facilita algunos de los más importantes propósitos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como sin duda lo son la creación y operación de las comisiones (de Víctimas, de Género, Territorial y Ambiental y de Participación), además de los espacios dialógicos que fortalecen la toma de decisiones y la centralidad en las víctimas”.

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Desde el anuncio de la creación de una justicia especial para quienes hicieron parte de la exguerrilla más antigua de Latinoamérica, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El 2 de octubre de 2016, en el plebiscito convocado por el expresidente Juan Manuel Santos, ganó el ‘No’ a la firma e implementación del Acuerdo, con 6.431.372 de votos, lo que representó el 50,2 % de todos los electores. 

Uno de los argumentos contra los puntos del Acuerdo eran la creación de una justicia transicional en la que los delitos que no fueran de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de ser amnistiables o indultables. También fue blanco de críticas las sanciones simbólicas que deberán pagar los responsables de los hechos, en caso de contribuir con el esclarecimiento de la verdad. 

Uno de los ensayos del libro está dedicado a narrar las dificultades para la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El magistrado Alejandro Ramelli de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, narra las objeciones presidenciales contra la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP que impidieron, en su momento, el funcionamiento de la Jurisdicción. “El texto refiere esas tensiones políticas, las plantea como naturales en un sólido sistema democrático y desarrolla otras ideas que permiten una comprensión más amplia de la naturaleza y dimensión del trabajo de la JEP, entre ellas dos muy importantes: la noción de que por ser un sistema de justicia transicional el papel de la JEP, más que jurídico, tiene que ser sobre todo ético y, en segundo lugar, la certeza de que los debates alrededor de las instituciones siempre serán sanos”, menciona la Jurisdicción. 

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Otra de las reflexiones propuestas en el libro es la inclusión del enfoque étnico-racial presente en el tratamiento de los macrocasos. La magistrada Xiomara Balanta, vicepresidenta de esta Jurisdicción e integrante de la Sala de Amistías e Indultos analiza en su capítulo, “la manera en que la JEP ha hecho valer su competencia preferente y prevalente frente a las demás jurisdicciones del Estado, sin dejar de articularse con otras entidades en colaboración armónica”. 

En sus 651 páginas de ensayos y relatos, la JEP expone un documento en las voces de los magistrados Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Gustavo Salazar, Heydi Baldosea, Camilo Suárez, Caterina Heyck, Catalina Díaz, Óscar Parra, Julieta Lemaitre, Juan José Cantillo, Pedro Díaz, Marcela Giraldo, Reinere Jaramillo, Juan Ramón Martínez, Raúl Sánchez, Alejandro Ramelli, María del Pilar Valencia, Xiomara Balanta, Alexandra Sandoval y, la presidenta Patricia Linares. También hay escritos de Harvey Suárez, subsecretario ejecutivo de la Jurisdicción, del docente Iván Orozco y el exministro de Justicia Yesid Reyes.

El texto completo en formato PDF lo encuentra en la página de la JEP: 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la libertad transitoria, condicionada y anticipada de 25 miembros de la Fuerza Pública que estaban recluidos en distintas cárceles del país, mientras se adelantan investigaciones en su contra. La decisión fue tomada en el marco del anuncio de excarcelación del decreto 546 de 2020, a través del cual el Gobierno Nacional y el Inpec dictan las condiciones para conceder medidas de detención preventiva y prisión domiciliarias transitorias a algunos reclusos, para descongestionar centros penitenciarios y evitar el contagio de COVID-19. 

Con el anuncio de este jueves, ya son 115 las decisiones judiciales que ha tomado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus. La Sala también ha emitido resoluciones para práctica de pruebas del nuevo virus, impulso procesal (avances de un proceso judicial dentro de una instancia) y algunos trámites de imposición de régimen de condicionalidad (firma de un documento con compromisos para acogerse a la JEP).

Según el decreto, la excarcelación podrá ser concedida únicamente a personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años, personas que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, personas insulinodependientes, con trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias o personas con trasplantes. 

También podrá ser aplicado a personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, personas condenadas o que se encuentren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos, condenados a penas de prisión menores a cinco años y para quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) de la pena privativa de libertad.

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Sobre las personas con movilidad reducida, el decreto advierte: “No serán consideradas como personas con movilidad reducida por discapacidad afectaciones o la ausencia de alguna del cuerpo que no sea permanente o que no altere la funcionalidad antes señalada y no sea clínicamente significativa por los cambios producidos en movimiento independiente como caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades cuidado personal”.

Para el caso de personas que estén cobijadas por la justicia transicional y no la justicia ordinaria, el Órgano de Gobierno de la JEP emitió el Acuerdo 14, en el que explica que se puede otorgar el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada a miembros de la Fuerza pública, terceros y agentes del Estado, en los casos en los que exista información digitalizada para fallar.

En el caso de las personas, por ejemplo, sean mayores de 60 años o tengan las enfermedades mencionadas pero sus delitos no cumplan los requisitos para la excarcelación, cada centro penitenciario deberá tomar las medidas respectivas de aislamiento al interior de las cárceles. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por ejemplo, ordenó el pasado 22 de abril que para los coroneles retirados Joaquín Correa López y Jorge Eliécer Plazas Acevedo, mayores de 60 años y con comorbilidades, se tomaran medidas de protección humanitarias en los centros donde están recluidos para evitar el contagio con COVID-19, debido a que, por los delitos por los que son investigados, no pueden acceder al beneficio de la libertad transitoria. 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas define la situación de miembros de la Fuerza Pública, terceros y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y la Sala de Amnistía o Indulto podrá decidir de fondo sobre el beneficio de libertad condicionada para exmiembros y colaboradores de las Farc-ep. 

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Por otro lado, para la notificación y ejecución en caso de otorgar los beneficios de la libertad, serán las secretarías judiciales de dichas salas las que remitirán al centro penitenciario y carcelario vía correo electrónico la boleta de libertad, firmada electrónicamente, para que se realicen las notificaciones a las personas privadas de la libertad y se verifique que no estén a disposición de otras autoridades judiciales. En el caso de otorgar una amnistía de iure se realizará el mismo procedimiento

Para quienes recuperen la libertad, pero sigan siendo comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se deberá asumir una serie de compromisos. Para ello, el centro carcelario deberá facilitar a quien le conceden el beneficio los medios tecnológicos para el envío del email a la Secretaria Ejecutiva de la JEP, donde firmará su acta de compromiso virtual ante esta justicia.

Según el Instituto Nacional de Salud, van 218 casos positivos para el nuevo coronavirus en las cárceles del país, de los cuales 176 son personas privadas de la libertad y el resto, funcionarios y contratistas. Uno de los centros penitenciarios con más casos de COVID-19 es el de Villavicencio, donde hay 168 presos contagiados. En la cárcel La Picota (Bogotá), hay cinco reclusos con el virus. 

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Por parte de la justicia ordinaria, hasta el este lunes 27 de abril, había 106 presos que habían recibido el beneficio de libertad transitoria. Por el caso de la JEP, estos son los primeros 25 reclusos miembros de la Fuerza Pública que serán excarcelados. Según el Gobierno Nacional, el tiempo máximo que durará esta medida de excarcelación será seis meses. 

Entretanto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas explicó que seguirá su estrategia investigativa "sobre las solicitudes de sometimiento de terceros y agentes del Estado diferentes a miembros de la fuerza pública, relacionados con el Bloque Norte de las AUC, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y el patrón de macrocriminalidad de ‘ejecuciones extrajudiciales con intervención de reclutadores civiles’".

El aumento de la violencia en contra de los excombatientes de las extintas Farc y la proliferación de amenazas contra miembros de la Fuerza Pública, que hoy están sometidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), obligó a esta justicia transicional a empezar el trámite de medidas cautelares colectivas para proteger sus vidas. 

De acuerdo con la Jurisdicción, a la fecha han sido asesinados 193 exmiembros de las Farc y han sido hostigados 16 integrantes de la fuerza pública, quienes han rendido sus versiones voluntarias en el marco del caso 03, conocido como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, mal llamados “falsos positivos”. Con esta medidas cautelares, señaló el magistrado Alejandro Ramelli "se busca analizar de manera estructural todo el tema de los homicidios y las amenazas". 

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La decisión, unánimemente adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, se fundamenta en denuncias que han sido reconocidas por entidades y organismos nacionales e internacionales, que se han comprometido en la implementación y seguimiento del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc-Ep.

“La Sección reconoce los valiosos esfuerzos realizados por las entidades encargadas de implementar medidas de protección y seguridad al respecto, pero verifica que los riesgos han alcanzado unos niveles extraordinarios, resultando imposible conjurarlos plenamente”, agregó la magistratura.

La JEP agregó que su decisión se basa en un “cumplimiento del mandato constitucional de tratamiento simétrico y equilibrado”, y en su función de “emitir órdenes estructurales dirigidas a asegurar el derecho a la verdad plena y a la garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra”.

En el auto se ordenó la vinculación y la entrega de información de distintas entidades estatales “frente a la causa común de proteger la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres y hombres comparecientes ante la JEP y en pro de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas”. Entre ellas, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y del Interior, entre otros. 

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La decisión, señaló la magistratura, es un complemento a las protecciones individuales que en su momento profirió la Sala de Reconocimiento de Verdad a algunos integrantes de las extintas Farc y de la Fuerza Pública: “Esto quiere decir que el avocamiento de estas medidas cautelares, de naturaleza estructural, no impide la adopción futura de medidas de protección individuales”.

Aunque se ha registrado en otras regiones del país, el Magdalena Caldense tiene un caso que estremece: la desaparición forzada de un bebé que fue raptado por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras estar en los brazos de su madre recién parida. Ese es uno de los casos que llegó al sistema de justicia transicional para que se investigue y se esclaresca. Son 187 casos, documentados, los que llegan hoy a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Comisión de la Verdad, para que a través de sus mecanismos extrajudiciales se sepa la verdad y se dignifiquen estas familias adoloridas.

Por ahora, solo de 89 se tienen coordenadas de donde estarían los cuerpos en los municipios que conforman esta región del centro de Colombia: Samaná, Victoria, La Dorada y Norcasia (Caldas). Una región que fue azotada por la violencia paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), en cabeza del Frente Omar Isaza (FOI) y Muerte A Secuestradores (MAS). La guerrilla de las Farc también hizo presencia en la zona con los frentes que cruzaban la frontera desde el oriente de Antioquia, el noveno y el 47. Las Fuerzas Militares, en versiones libres de los excomandantes paramilitares, también han salido mencionadas por su actuar al margen de la ley frente a esta violencia que dejó desaparecidos por venganzas y acusaciones falsas.

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La alianza perversa entre autodefensas, Fuerza Pública y mandatarios locales habría permitido el desarrollo del proyecto paramilitar que abonó el camino para que despojaran de sus tierras a muchos pequeños y medianos campesinos, relata el informe, en el que señalan específicamente a la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), como el escampadero legal para la financiación de estos paramilitares del Magdalena Caldense, que llegaron de los municipios de Manzanares, Pensilvania y Marquetalia (Caldas).

Al colindar con el oriente de Antioquia, esta región también tuvo la influencia de la extinta guerrillera de las Farc. Sin embargo, la guerra contrainsurgente de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio generó que estas se convirtieran en el mayor perpetrador de las 187 desapariciones que documentó el informe. A este grupo ilegal, especialmente al Frente Omar Isaza, le atribuyen 70 desapariciones. Seguido por las Farc-Ep, señaladas de ser responsables de la desaparición en 57 casos perpetradas por los Frentes noveno y 47. Estos dos grupos armados sumaron el 67,91% de las desapariciones documentadas por estas organizaciones.

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El municipio de Samaná, por ejemplo, registró el mayor número de casos de desaparición de personas, bajo la responsabilidad de las Farc. Los corregimientos de Florencia y Encimadas en particular, registraron los mayores casos a través de la práctica de reclutamiento forzado. Resalta el informe, que, en las audiencias de versión libre, Elda Neyis Mosquera, conocida como “Karina”, quien fue otrora comandante del frente 47 de las FARC, “reconoció que su organización reclutaba forzadamente en los territorios del oriente antioqueño, cuestión que también se relaciona con los relatos de las víctimas en territorio caldense, en específico en el municipio de Samaná”.

Las Fuerzas Armadas también tienen responsabilidad en el flagelo de la desaparición forzada. Según el informe del Magdalena Caldense, 11 casos se les atribuyen al Batallón de Infantería N° 3 Bárbula, Batallón de Infantería N° 16 Patriotas y el Batallón Contraguerrilla N° 8 Quimbaya, este último, señala el documento, responsable de dos de las tres ejecuciones extrajudiciales reportadas en la documentación a la justicia especial para la paz.

La investigación también documentó que existen cuatro escenarios de donde estarían los cuerpos de 89 víctimas: arrojado al agua (43%), inhumado en fosa clandestina (39%), inhumado en cementerio (15%) y en superficie (3%). En los seis casos de niños desaparecidos se estableció que tres de ellos ocurrieron en un contexto de desaparición colectiva junto a la madre, dos desaparecieron como producto de reclutamientos forzados, y uno de ellos, el que fue secuestrado y desaparecido por los paramilitares cuando apenas había nacido y estaba en un centro hospitalario en los brazos de su madre.

“Algunas de las documentaciones permitieron establecer sitios en donde se encontrarían las personas desaparecidas. También se hicieron recorridos cartográficos, talleres de cartografía social con las comunidades y se recibieron testimonios de personas claves, bien sea porque participaron en las hostilidades o porque tienen información del sitios de disposición de los cuerpos”, dijo durante el evento de entrega del informe en La Dorada (Caldas), Diana Arango, directora de Equitas.

A su turno, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, expresó su respaldo a las víctimas que buscan la verdad y la justicia frente a lo que pasó con sus familiares: “como lo saben, la búsqueda es larga y difícil pero es un camino que se puede andar y en ese camino pueden surgir respuestas que debemos construir en conjunto”.

Las autoridades capturaron con fines de extradición a Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido con el alias de Rambo, y quien fuera excomandante de la columna Daniel Aldana de la antigua guerrilla de las Farc en Tumaco (Nariño).

Al parecer, Carvajal Pérez, conocido también como Gustavo Gonzales, habría seguido delinquiendo después de la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, de diciembre de 2016.

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De acuerdo con fuentes de inteligencia, la captura se produjo a raíz del testimonio que rindió Washington Prado Álava, conocido por las autoridades como el Pablo Escobar de Ecuador, quien fue extraditado a Estados Unidos en abril de este año, acusado de exportar 250 toneladas de narcóticos en dos años.

Al parecer, Prado Álava habría mencionado a Rambo como una de las personas que habría integrado redes de narcotráfico que pasan por Ecuador, el océano Pacífico y Centroamérica hasta llegar hasta Estados Unidos. El Pablo Escobar de Ecuador, presuntamente, asumió el control del comercio ilegal de estupefacientes en Nariño, por ello, se cree que trabajó de la mano con la columna Daniel Aldana.

En 2012, fuentes de la Policía señalaron que Rambo era entonces "el principal articulador de acciones terroristas de gran impacto en  Nariño; igualmente coordinó la planeación de la producción, tráfico y distribución de estupefacientes con asocio con redes narcotraficantes de la región". Los ingresos por la producción de droga, según las autoridades en ese momento, alcanzaban más de 90 toneladas de cocaína por año, que en los mercados de consumo, tendrían un valor de 2.406 millones de dólares.

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Por su parte, el partido Fuerza Alternativa del Común (FARC) rechazó la detención y aseguró que Carvajal Pérez había firmado el acta de compromiso de reincorporación política, social y económica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este proceso se suma al del líder de Farc Jesús Santrich, quien, según la DEA, siguió delinquiendo después de haber firmado acuerdo de paz. El caso estalló a comienzos de abril de este año, cuando la Fiscalía capturó a Santrich y a otras tres personas en Bogotá. La detención se dio luego de que el ente investigador conociera los detalles de la investigación de la DEA, que señala que el exjefe guerrillero; Armando Gómez, alias el Doctor; Fabio Younes Arboleda y Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, idearon un plan para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya tiene en sus oficinas los primeros expedientes judiciales en los que los jueces del sistema ordinario han tratado de solucionar e impartir justicia. En total, son 18 los casos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le entregó al sistema especial de justicia, el pasado 22 de marzo. La ceremonia del traspaso de los folios, debidamente organizados con portadas de papel amarillo, marcó el inicio de una nueva era en la búsqueda de verdad y justicia después de 50 años de guerra.

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Como se supo el día de la ceremonia, algunos de los casos tienen que ver con el homicidio del arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino; el proceso contra Marilú Ramírez Baquero, la mujer que supuestamente se infiltró en el Ejército; y la masacre de la familia Turbay Cote en el 2000. Sin embargo, en la JEP ya se encuentran por lo menos ocho casos de ejecuciones extrajudiciales, entre los cuales está el de cuatro jóvenes que desaparecieron de Montería y fueron reportados como guerrilleros heridos en combate en el Chocó.

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La Corte Suprema, además, le entregó a la JEP el caso del carro bomba que estalló en Chapinero el 12 de agosto de 2010 y que tuvo un saldo de 35 personas heridas. Otro de los casos que ya están en los despachos de la jurisdicción especial es el de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2000.

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El Espectador conoció los 18 casos y destaca a continuación 16 de los más emblemáticos, sus procesados, víctimas y decisiones judiciales. 

1. Ejecución extrajudicial de un supuesto miembro de la guerrilla

Delitos: homicidio agravado y desaparición forzada

El 4 de enero de 2005, en una vereda de Sonsón (Antioquia), murió Luis Albeiro Gómez Escobar. Tropas antiguerrilla que operaban en la zona, entre los que se encontraban Cano y Gallego, reportaron que se trataba de un “bandido de la guerrilla, abatido en combate”. La Fiscalía, sin embargo, concluyó que se trataba de una ejecución extrajudicial. En 2014, el Tribunal Superior de Antioquia condenó a los seis militares por desaparición forzada y homicidio agravado a 40 años de prisión y a pagar una multa de 2.000 salarios mínimos (unos $1.232 millones cada uno). Los militares presentaron recurso de casación, el cual fue admitido en la Corte Suprema en noviembre de 2015.

2. Ejecución extrajudicial de un falso traficante de armas de las Farc

Delitos: homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Varios militares de pelotón Grandioso del Ejército asesinaron a Fernando Sánchez Ortiz el 15 de noviembre de 2006. A esa conclusión llegó la justicia, después de investigar el caso y que la Fiscalía demostrara que se trataba de una ejecución extrajudicial. Rodríguez Roa, Celedón Castelar y Fuentes Núñez simularon un operativo militar y explicaron que le habían disparado a Sánchez porque era un supuesto traficante de armas de las Farc. El Tribunal Superior de Valledupar los condenó a 34 años de prisión en abril de 2015 y a pagar una multa de más de $2.000 millones. A la Corte Suprema llegó el recurso de casación en noviembre de 2015 y durante casi tres años, no existieron mayores determinaciones.

3. Masacre de la familia Turbay Cote

Procesado: Luis Fernando Almario

Delitos:  concierto para promover grupos armados al margen de la ley, constreñimiento al sufragante y homicidio agravado.

La masacre de la familia Turbay Cote ocurrió el 29 de diciembre de 2000. Diego Turbay y su madre Inés Cote de Turbay fueron asesinados por las Farc, junto a cinco de sus escoltas, en una carretera del Caquetá. La Fiscalía señaló que Alamario, exrepresentante a la Cámara, tenía vínculos con el asesinato pues estaba en la contienda electoral y la forma para ganar en las urnas era eliminando a sus contrincantes: la familia Turbay. Por este caso, la Corte Suprema abrió una investigación preliminar, que es la que llega  ala JEP. Además, el alto tribunal lo condenó a 10 años de cárcel en 2016, por la alianza que sostuvo con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar.

4. Ejecución extrajudicial de cuatro jóvenes de Montería

Procesados: soldados Carlos Cesar Ospina Padilla y Martín Suárez Madera

Delito: homicidio agravado y falso testimonio

Luis Armando Campo, Alberto Mario Arias, José Ulices Pérez y Edwin Enrique Arias fueron engañados por un hombre apodado El Soldado y un amigo suyo, Cristóbal Mestre, para que viajaran con ellos, supuestamente, a trabajar en una finca. Los hombres salieron de sus casas, en Sincelejo, el 10 de febrero de 2004, rumbo a Montería. Nunca se supo más de ellos. Los cuerpos de los cuatro jóvenes aparecieron en el municipio de Unguía (Chocó), uniformados; sin embargo, sus prendas no presentaban, siquiera, rastros de disparo alguno, contrario a sus camisas, destrozadas por las balas. En julio de 2015, la justicia aclaró que los muchachos no eran guerrilleros, sino víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Batallón de Infantería No. 47, al que pertenecían los soldados Ospina y Suárez.

5. Asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino 

Procesados: Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, Pablo Catatumbo e Iván Márquez.

Delitos: homicidio agravado.

El 16 de marzo de 2002, a la salida de la iglesia Buen Pastor en Cali, fue asesinado el arzobispo Isaías Duarte Cancino. Según la investigación de la Fiscalía, el crimen se cometió porque monseñor Duarte se había convertido en uno de los principales críticos de las acciones violentas de las Farc. El ente investigador acusó a la cúpula de la exguerrilla como los culpables. En enero de 2012, en un fallo de primera instancia, fueron condenados Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, Noel Mata Mata, Pablo Catatumbo e Iván Márquez. Sin embargo, en junio de 2013, en revisión de segunda instancia, los exguerrilleros fueron absueltos en un polémico fallo en el que se explicó que la Fiscalía cometió errores en la investigación. La Corte Suprema recibió el caso para revisarlo en última instancia.

6. Ejecución extrajudicial de un reciclador de Codazzi (Cesar)

Procesados: Daimer Centeno, Alexander Escalante, José de Jesús Rueda, Jorge Enrique Dorado Triviño, José Rafael Campo, Wilman Enrique Tejada Cerrer.

Delitos: homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas.

Wilfrido Chantrix Quiroz era un reciclador radicado en Codazzi (Cesar) y quien, según sus familiares, padecía de problemas mentales. El 21 de octubre de 2003 fue asesinado por miembros del Ejército quienes reportaron la muerte de Chantrix como la de un guerrillero herido en combate. Por este caso, el Tribunal Superior de Valledupar condenó a los seis soldados del Batallón La Popa, en noviembre de 2016, a pagar una pena de 34 años de cárcel y una multa de más de $1.700 millones. Los militares presentaron el recurso de casación en 2017 y la Corte Suprema no alcanzó a resolver  si aceptaba o no el recurso antes de mandarle el expediente a la JEP.

7. Ejecución extrajudicial de un desmovilizado de las autodefensas 

Procesados: Elesban de Jesús Restrepo, Fernando Alberto Restrepo, Jaime Armando Cerón, Pedro Elías Uribe, Wilson de Jesús Agudelo.

Delitos: homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público.

A John Jairo Zapata Álvarez miembros de Cuarta Brigada del Ejército le dispararon el 4 de junio de 2007 y le causaron la muerte. Los militares reportaron el hecho a sus jefes como si se hubiera tratado de un enfrentamiento con un grupo de extorsionistas. Sin embargo, la Fiscalía investigó el caso y logró probar que se trató de una ejecución extrajudicial de un desmovilizado de las autodefensas, en la vereda Río Frío, en el municipio antioqueño de Jericó. Jaime Armando Cerón, capitán, Pedro Elías Uribe, sargento, y los soldados Elesban de Jesús Restrepo Medina y Wilson de Jesús Agudelo Velásquez fueron condenados por el hecho. El caso llegó a casación en septiembre de 2017.  

8. Ejecución extrajudicial de un campesino en el Huila 

Procesados: Luis Erney Marín Brochero y Wilson Ferney Pérez.

Delitos: coautores de homicidio en persona protegida.

El 25 de diciembre de 2005, a las siete de la noche, Nidio Perdomo Triviño fue asesinado cuando regresaba a su casa montado en su bicicleta en el municipio de Gigante (Huila). Según el reporte del Ejército, se trató de un operativo para capturar a un guerrillero. Sin embargo, la Fiscalía logró probar que, en realidad, los soldados asesinaron a Perdomo Triviño y lo presentaron como un guerrillero herido en combate. La justicia determinó que Marín y Pérez fueron responsables de la ejecución extrajudical, en calidad de coautores. Ambos fueron condenados en marzo de 2014 a 31 años de cárcel y a pagar una multa de unos $1.232 millones cada uno. Para evitar la pena, los militares presentaron un recurso de casación que estaba en la Corte Suprema de Justicia desde 2014 sin mayores avances.

9. Ejecución extrajudicial de hombre que iba a recoger aguacates

Procesados: Alfonso Romero, Félix Díaz, Ramón, Alfonso Padilla, Alfonso Zamora, Adolfo Polo y Nelson Delgado.

Delito: coautores del delito de homicidio en persona protegida.

Patricio Flórez Cebero, un campesino que vivía en la Tierra Grata del municipio de El Carmen de Bolívar, se levantó, en la madrugada del 8 de febrero de 2007, a recoger aguacates. A las 5:30 de la mañana, miembros de la Infantería de Marina lo detuvieron y le dispararon. Los uniformados le explicaron a la Fiscalía que abrieron fuego en contra de Flórez solamente porque él los atacó. El ente investigador probó lo contrario y catalogó el hecho como una ejecución extrajudicial. Los infantes de marina fueron condenados en septiembre de 2012 a 31 años de prisión y a pagar más de $1.232 millones. La defensa de los culpables uniformados presentó la solicitud para que el caso lo estudie la JEP y para que los procesados quedaran en libertad este años. La Corte Suprema remitió el expediente y ordenó su libertad condicional.

10. Masacre de Bojayá

Procesados: Gilberto de Jesús Torres Muñetón.

Delitos: homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, rebelión, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, destrucción de lugares de culto y destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario.

El 2 de mayo de 2000, las Farc lanzaron cuatro cilindros bomba a lugares en donde se habían refugiado los pobladores de Bojayá (Chocó), escapando del fuego cruzado de la exguerrilla, los paramilitares y el Ejército. El caso se conoce hoy como la masacre de Bojayá, en la que murieron 79 personas. La Fiscalía señaló que Gilberto de Jesús Torres, alias El Becerro, fue el comandante del frente 57 de las Farc que ordenó lanzar los cilindros. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Quibdó lo condenó a pagar 37 años de cárcel y una multa de más de $3.000 millones. El caso llegó hasta la Corte Suprema y allí se han estudiado cinco solicitudes de la defensa de Torres. Según sus abogados, su cliente no es alias El Becerro, y no tiene nada que ver ni con la masacre y ni tampoco con la exguerrilla.

11. Ejecución extrajudicial de un vendedor de chatarra y pescado

Procesados: sargento Arnoldo Téllez Lozano

Delito: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

A Álvaro Guerrero, un campesino que se dedicaba a vender chatarra y pescado, varios miembros del Ejército le pusieron una AK-47 al lado de su cuerpo sin vida. Después de haberlo asesinado, lo calzaron con botas de plástico y lo uniformaron con prendas de guerrillero. La Fiscalía llevó el caso a estrados judiciales y allí logró probar que el sargento Téllez Lozano era el encargado de organizar la inteligencia para producir ejecuciones extrajudiciales en varios municipios de Cúcuta, entre ellos la de Guerrero. El Tribunal Superior de esta ciudad condenó al militar a pagar 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El caso llegó a la Corte Suprema con un recurso de casación en octubre de 2017.

12. El grupo que le vendía armas a las Farc

Procesados: Luz Adriana Molina Cruz, Yenny Alexandra Piñeros, Yuri Castellanos, Beatriz Enciso, Omar Pedraza Velasco, Freddy Molina, Alfredo Galeano, Julián Molina, Miguel Ángel Amado, Jorge Arturo Ospina  y Pedro Ariza.

Delitos: rebelión y lavado de activos

La investigación de la Fiscalía en contra de estas 11 personas demostró que hacían parte de una organización criminal que “suplía las necesidades logísticas del Bloque Oriental de las Farc desde 2003”. En otras palabras, eran quienes les vendían las armas. En marzo de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a los cerebros del grupo, Ospina y Ariza, a pagar 12 años de cárcel por los delitos de rebelión y lavado de activos. Al restó, les impuso una pena de 10 años de prisión y a pagar una multa de más de mil millones de pesos. El proceso llegó a la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, en agosto de 2015 sin que se hubiera tomado alguna decisión de fondo.

13. Dos falsos positivos en Putumayo

Procesados: Édinson Ortiz

Delito: homicidio en persona protegida

El sargento (r) Édinson Ortiz confesó, ante un juez penal de Mocoa, que asesinó a Teómilo Sánchez y Luis Hernando Cano para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Lo hizo cuando ya la Fiscalía había recopilado las suficientes pruebas como para asegurar, sin duda alguna, que el exmilitar era el autor de dos ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo). Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2006, bajo una operación militar que tuvo el nombre de Operación Táctica Feroz 1ª. Ortiz fue condenado a pagar 37 años y medio en la cárcel. Su recurso de casación llegó a la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2016 y antes de pasar a la JEP, no había sido resuelta.

14. Ejecución extrajudicial de un desmovilizado

Procesados: Henry Becerra Torres, Henry Diaz Fabra y Obet Oviedo Yepes Buitrago.

Delito: homicidio en persona protegida.

El capitán del Ejército, Henry Becerra Torres, y los soldados Henry Diaz Fabra y Obet Oviedo Yepes Buitrago, asesinaron a Edgar David Carvajal Arango, un desmovilizado de un grupo armado ilegal, el 9 de julio de 2005. Según el relato oficial de los  militares,  a sus superiores les explicaron que habían disparado en contra del hombre porque él mismo los atacó con un arma de fuego. La Fiscalía, sin embargo, logró probar que el supuesto enfrentamiento fue un montaje. El Tribunal Superior de Antioquia los condenó a pagar una pena de 31 años de prisión y una multa de más de $1.200 millones. El caso llegó en casación a la Corte Suprema en abril de 2014 sin que se hubieran tomado decisiones de fondo.

15. Carro bomba en Chapinero 

Procesados: Édilson Moreno Barragán

Delito: tentativa de homicidio, terrorismo, porte y tráfico ilegal de armas, receptación, falsedad marcaria y daño en bien ajeno, en calidad de coautor.

El 12 de agosto de 2010, un carro, cargado con 50 kilos de explosivos y un cilindro de gas, explotó en la calle 67 con carrera séptima en Bogotá. Las viviendas y locales de la zona quedaron destruidas y 35 personas resultaron heridas. La Fiscalía investigó el caso y encontró que Moreno Barragán fue clave en el atentado pues prestó su vivienda donde funcionaba un taller de mecánica para ensamblar el carrobomba. En septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a pagar una pena de 18 años de cárcel. La casación estaba en la Corte Suprema desde noviembre de 2016.

16. Carro bomba y guerrillera infiltrada

Procesados: Marilú Ramírez Baquero

Delito: rebelión, terrorismo, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.

La historia de Marilú Ramírez se conoció en 2007, cuando la presunta subversiva de las Farc se infiltró en un curso para oficiales de alto grado, al tiempo que asistía a toda clase de eventos militares y sociales, haciéndose pasar como funcionaria de la Veeduría de Bogotá. Para ese entonces, ls supuesta guerrillera ya estaba en los radares de la Policía y la Fiscalía que, años más tarde, lograron probar que Ramírez estaba involucrada en el atentado con carrobomba en la Universidad Militar en Bogotá, que dejó 23 personas heridas, en octubre de 2006. El Tribunal Superior de Bogotá la condenó por este caso a 26 años de cárcel en junio de 2016. Su caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en octubre de ese mismo año.

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“Margarita entregó su vida a la defensa de los derechos humanos y a la dignidad humana. En Segovia (Antioquia) no hay hoy una persona tan entregada a la gente como ella”. Así recuerda Ivonne Guzmán a su hermana, Margarita Guzmán Restrepo, líder sindical asesinada a la edad de 34 años, el 25 de marzo de 1997, a las 8 de la mañana, en la oficina de Inspección Municipal de Segovia, donde trabajaba como secretaria. Los sicarios entraron y, tras confirmar que era ella, le dispararon hasta causarle la muerte.

Margarita fue una de las fundadoras del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios del departamento de Antioquia (Sintraofan) en su municipio y la única mujer de la lista de 35 asesinatos que puso esta organización, entre 1994 y 2007.

Sintraofan era el sindicato de trabajadores públicos más grande de Antioquia por su defensa a los derechos laborales. Pero por la persecución, las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos que padeció en el conflicto armado pasó de tener alrededor de 1.520 socios a 280. El paramilitarismo casi lo extermina.

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“El sindicato fue pionero en la defensa de los derechos laborales, era sólido y económicamente estable, por lo que todo el mundo quería afiliarse. Por eso, la única forma que tenían para estigmatizarlo era decir que era de izquierda en un momento del país en que decir eso era ponerle una lápida. Pero más que de izquierda, este era y es un sindicato que reclamaba derechos laborales, que reclamaba los pagos atrasados o las primas no reconocidas, que denunciaba con las autoridades estas irregularidades, con la Procuraduría y la Contraloría, y por eso era considerado una organización de “revoltosos”, dice Hernando Echeverri, quien aceptó la presidencia de este sindicato hace 20 años, en medio de asesinatos, desplazamientos y el ruego temeroso de su familia porque no aceptara el cargo. Desde entonces le ha tocado lidiar con amenazas y desplazamientos, pero ha logrado demostrar que el trabajo del sindicato es justo y transparente. Y aunque no han vuelto a tener el número de asociados de los años 90, sí cuentan hoy con más de 600 inscritos y una lucha incansable por la memoria de los compañeros que como Margarita Guzmán fueron asesinados. 

Por eso, este jueves, en Medellín, en un acto público y simbólico, Sintraofan entregará un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que recoge los asesinatos, desplazamientos y agresiones que padecieron con ocasión del conflicto armado, entre 1994 y 2007, que buscaron disolver su fuerza sindical y lo lograron en 14 de sus subdirectivas.

Sintraofan fue fundado el 22 de mayo de 1970 y congregó a trabajadores de 45 municipios de este departamento, que desempeñaban labores, en su mayoría, de construcción, aseo, mantenimiento y conducción de vehículos, contratados por entidades del Estado.

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Entre junio de 1995 y mayo de 2007, en 45 municipios de Antioquia, 76 trabajadores afiliados a Sintraofan fueron despedidos de forma masiva y sin justa causa. En ese mismo período fueron asesinados 35 de sus miembros y dos familiares en retaliación porque los sicarios no encontraron a su objetivo, y 1.470 sufrieron amenazas contra su vida, correspondientes en su mayoría a las subdirectivas de Andes, Arboletes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Frontino, Necoclí, Pueblo Rico, Salgar, San Francisco, Tarazá, Vegachí y Yalí, siendo obligados a desplazarse. 

Las violaciones fueron perpetradas por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con la complicidad de agentes de Estado, según denuncian las víctimas, y se ha podido determinar por la justicia. Uno de esos casos emblemáticos fue el alcalde de Yalí, Óscar Mira, quien persiguió al sindicato en diferentes espacios y que en 2005 confirmó el rumor que lo rondaba cuando se desmovilizó como comandante paramilitar del bloque Héroes de Granada, en el municipio de San Roque, al nordeste antioqueño, de la mano del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo, conocido como “Don Berna”.

Tal fue la violencia y la impunidad que ha padecido Sintraofan, que el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de diciembre de 2005, con el apoyo del Grupo Interdisciplinario GIDH. La CIDH admitió el caso y hoy se encuentra a la espera del informe final desde el año 2016.

En la década de los 90, al tiempo que se fortalecía el paramilitarismo en todo el país, en toda Antioquia se incrementaron las persecuciones a las organizaciones sindicales, cívicas y populares. Solo en 1995, fueron despedidos sin justa causa 60 trabajadores del sindicato en Frontino y 16 en Toledo. 

Para 1997, debido a las amenazas y el desplazamiento forzado, la directiva central de Sintraofan conformó un comité de desplazados para recibir en Medellín a los miembros de varias subdirectivas, y como consecuencia de las denuncias que presentó la junta directiva del sindicato, recibieron una llamada que los amenazó con ponerles una bomba en el edificio en el que se albergaban.

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En 1999, la subdirectiva de Sintraofan, a la que pertenecía Hernán de Jesús Álvarez, fue disuelta forzadamente. Ese mismo año fue asesinado su presidente, Luis Humberto Herrera Gallego. Días después de su asesinato, Hernán de Jesús Álvarez fue amenazado de muerte por los paramilitares, diciéndole que dejara de denunciar que la disolución sindical se debía a la presión paramilitar. Fue asesinado tres años después, cuando en un retén paramilitar fue identificado. Ese 22 de febrero de 2002 lo bajaron de un vehículo, junto a otros compañeros, le dispararon en la cabeza y en el tórax, y le dijeron que eso le pasaba “por sapo”. 

En junio del año 2000, los paramilitares citaron a todos los miembros del sindicato a una reunión en la que les dijeron que habían sido declarados objetivo militar y que tenían que renunciar al sindicato. Y un año después, en diciembre de 2001, hicieron lo mismo en el municipio de Andes, pero apartaron a uno de sus integrantes y lo asesinaron frente a sus compañeros. 
El 12 de junio de 2002, por ejemplo, Gildardo Uribe y otros dos compañeros de la subdirectiva rindieron declaraciones en un proceso laboral que había instaurado un miembro del sindicato en Yolombó, y al regresar fue asesinado por paramilitares. Esos solo son algunos de los 37 homicidios que se perpetraron. 

Por todos estos hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió 22 procesos penales que durante años se mantuvieron en etapa previa, sin mayores resultados de justicia, y por eso fueron en su mayoría archivados. Aunque muchas víctimas no pudieron denunciar de forma oportuna, por el control paramilitar que ejercían en los municipios antioqueños que servía para que se enteraran casi inmediatamente de las denuncias que se presentaban. “Ante la impunidad y el silencio que han tenido estos hechos, entregamos este informe a la JEP y a la Comisión de la Verdad para que tomen cartas en el asunto y se esclarezcan tantos años de violencia. Es un reconocimiento a la lucha de las familias y los compañeros que esperan con esto contribuir a que se honre la memoria de quienes asesinaron o victimizaron”, sostiene Hernando Echeverri.

]]>https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/temor-e-incertidumbre-por-salida-de-los-excombatientes-de-charras-article/https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/temor-e-incertidumbre-por-salida-de-los-excombatientes-de-charras-article/Thu, 09 Apr 2026 01:31:06 +0000Aunque el traslado del espacio de reincorporación no se dará pronto, el anuncio causó preocupación a las comunidades de este corregimiento en Guaviare, a las que no se les han cumplido las promesas del Acuerdo de Paz.

El nuevo año para los habitantes del corregimiento de Charras, en San José del Guaviare, llegó con la noticia de que el espacio territorial de las Farc que queda a 10 minutos a pie del caserío, donde los excombatientes han hecho su proceso de reincorporación desde noviembre de 2016, será trasladado a otro lugar por arreglo entre el Gobierno y la exguerrilla.

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El anuncio lo hizo Andrés Stapper, director de la Agencia de Normalización y Reincorporación (ARN). Serán cinco los espacios de reincorporación que se van a trasladar: Tumaco (Nariño), Pradera (Putumayo), Yarí (Meta), Ituango (Antioquia) y Charras (Guaviare). Colombia 2020 estuvo en esta última zona a comienzos de este año y notó la preocupación que causó este anuncio a la comunidad. “Esta zona volverá a quedar muerta otra vez”, señaló Alberto Cifuentes, uno de los pocos habitantes que regresaron a Charras después del desplazamiento masivo de 2002.

Para la comunidad, la firma del Acuerdo de Paz fue la ilusión de una vida tranquila y digna. Con el espacio de reincorporación llegaron las promesas del Estado de comercialización de cultivos, vías, electricidad y agua potable. Mejor dicho, era la ilusión de que el abandono estatal histórico, al igual que la guerra, llegarían a su fin.

“El Estado nos volteó a mirar”

Charras es un caserío que tiene alrededor de 40 casas de madera, varias de ellas abandonadas, y cerca de 200 habitantes. Está a tres horas de San José de Guaviare por vía destapada. El agua no es potable. La recogen de la lluvia en tanques o con motobombas. La energía solo funciona hasta las 8 p.m., para que rinda el ACPM de la planta eléctrica que ellos mismos mantienen. Cada familia paga $50.000 al mes por unas horas de energía al día.

Apenas en 2013 ese caserío volvió a levantarse de nuevo, pero no es ni la sombra de lo que fue a comienzos de los años 2000: un pueblo boyante por la bonanza cocalera, con redes eléctricas, repleto de comercios y de gente que usaba relojes y collares de oro. Pero entonces vivía bajo el dominio de grupos paramilitares como el bloque Centauros y los frentes 1, 7 y 44 de las Farc.

La vía que comunica a Charras con San José, mejor conocida como la Trocha Ganadera, fue por donde pasaron los paramilitares enviados por Carlos Castaño hacia Mapiripán (Meta) para cometer la masacre ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Cinco años después, la intensificación de los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y Ejército provocó el desplazamiento masivo de las familias de Charras. Era un pueblo fantasma.

“Con la dejación de las armas de las Farc y su llegada acá, a Charras, hubo más tranquilidad en el territorio. Se mejoró el trazado de la vía que nos comunica con San José, aunque la promesa era pavimentarla, y eso no ha ocurrido”, dijo Jorge Caballero, antiguo presidente de la Junta de Acción Comunal de Charras.

Contó también que el espacio de reincorporación puso de nuevo a Charras en el panorama nacional, y recordó la visita del expresidente Juan Manuel Santos, en mayo de 2017, cuando lideró la firma de los convenios de sustitución voluntaria de los cultivos de coca con 500 familias. “Ese programa ha fracasado”, agregó. “Nosotros erradicamos, pero no han llegado los proyectos productivos ni tenemos las vías para sacar el plátano o la yuca. Muchos volvieron a resembrar coca”.

Caballero explicó que Charras y las veredas de los alrededores aceptaron erradicar sus cultivos de coca y lo hicieron. No quedó mata alguna, según él. Sin embargo, solo recibieron los pagos de $1’800.000 del primer año para seguridad alimentaria. No saben qué pasó con los cultivos y la asistencia técnica que promete el programa.

Aun así, cree con que la salida de los excombatientes se alejará mucho más la poca atención del Estado que les llegó.

Pero hay una preocupación mucho más grande entre ellos: su seguridad. Así lo expresó Eugenio Tapiero, campesino del caserío: “La Policía y Ejército que cuidan el espacio de reincorporación se irán, lo mismo que la ONU. Después de que ellos se vayan volverán otra vez los grupos armados a tomarse esta región”.

Temen que, como en el pasado, los actores armados presentes en el Guaviare tomen represalias con ellos por su cercanía con el espacio de reincorporación y los excombatientes. Según la Defensoría del Pueblo, por el río Inírida y la región del Guayabero están las disidencias de los frentes 1 y 7 de las Farc. También están presentes las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las razones de los habitantes de Charras justifican su preocupación. El aviso del Gobierno los puso en alerta, pero ante una decisión que ya no puede echarse para atrás piden que les cumplan con las promesas del Acuerdo de Paz y que se den las garantías para que no se repita la historia de violencia que vivieron años atrás.

¿Por qué se van los excombatientes?

Este espacio de reincorporación no solo beneficia a Charras, sino también a las comunidades de Caño Danta, Caño Rojo, Charrasqueras y Caño Negro. De acuerdo con el coordinador de este espacio, Francisco Gamboa, más conocido como Ricardo Semillas por sus compañeros, decidieron instalarse cerca a Charras justamente porque fue el epicentro de la confrontación armada y porque consideraron que con la implementación del Acuerdo de Paz podrían resarcir el daño causado a estas comunidades.

Sin embargo, la decisión de irse fue estudiada y consensuada con el Gobierno. Se tomó porque ese terreno está dentro de una zona de reserva forestal, es decir, en un área protegida por el Estado donde no se puede cultivar ni titular tierras. “Era inviable adelantar allí proyectos productivos para los excombatientes. Por eso les propusimos que ubicaran un predio más cercano a polos de desarrollo, que tuviera oportunidad de titularidad y vocación productiva del suelo”, explicó Andrés Stapper, director de la ARN.

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“Desde el comienzo tuvimos todos los obstáculos: esto era un desierto, no podíamos construir casas más dignas y duraderas, ni tener títulos de tierras o desarrollar nuestros proyectos. Nos preguntamos si esa Ley de Reserva Forestal solo aplica para nosotros y los campesinos, porque si usted va a mirar acá hay terratenientes sembrando palma y con ganado en grandes extensiones de tierra”, añadió Gamboa.

El predio elegido por los exguerrilleros queda en la vereda Las Lomas, en el corregimiento de Boquerón, ubicado entre Charras y San José del Guaviare, a una hora y media de distancia entre cada uno. Está en zona de reserva campesina y cuenta con mejores suelos para cultivar. Se espera que allá vivan próximamente las 146 personas que habitan el lote en Charras, entre exguerrilleros y sus familias.

Aceptaron el traslado con algunas condiciones, afirmó Gamboa. “La primera: nos vamos hasta que las viviendas y servicios públicos estén listos. Segundo, que haya inversión social en Charras y veredas cercanas. Tercero, que el proyecto de ecoturismo Manatú (el único que han podido desarrollar en ese territorio) se implemente con la gente de Charras como una manera de garantizar nuestro compromiso con ellos. Cuarto, que podamos participar en el diseño del pueblo y las viviendas. Y quinto, que también haya inversión en el Boquerón, la comunidad que nos va a recibir”.

De acuerdo con Stapper, si bien no hay certeza del tiempo exacto que tomará hacer el traslado, sí esperan que no tome más de dos años culminar todo el proyecto: viviendas, servicios públicos, puestos de salud, vías, entre otras.

“Ya activamos la ruta de compra de esta tierra en Boquerón con la Agencia Nacional de Tierras. Eso puede durar aproximadamente entre tres a siete meses”, señaló, y agregó que están trabajando en paralelo con otras entidades, como el Ministerio de Minas y el de Vivienda, para definir las rutas de conectividad, los recursos para las viviendas y la definición de los lotes para los excombatientes. También están coordinando con la Alcaldía y la Gobernación para modificar los planes de ordenamiento territorial y hacer inversión pública.

Resaltó que durante este proceso de transición, el Gobierno seguirá haciéndose cargo de los arriendos, la manutención y los arreglos locales que necesiten los excombatientes que viven en Charras. Y apenas se logre comprar el terreno, se irán adelantando los proyectos productivos.

Respecto a las preocupaciones de los habitantes de Charras, Stapper afirmó que la inversión estatal sobre esta comunidad no se irá, ya que es uno de los 170 municipios priorizados en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según información del Gobierno, hay seis obras proyectadas en la vereda de Charras, entre ellas el mejoramiento de la escuela y la construcción de un sistema séptico, que significan una inversión de más de $450 millones.

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En cuanto a su seguridad, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU le aseguraron a este medio que seguirán las alertas que puedan presentarse en esta población tras la salida de los excombatientes.

Así los excombatientes se vayan, el Gobierno está en la obligación de cumplirles también a las comunidades con inversión social.

]]>https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/la-ley-de-veteranos-sera-demandada-porque-seria-inconstitucional-article/https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/la-ley-de-veteranos-sera-demandada-porque-seria-inconstitucional-article/Thu, 09 Apr 2026 01:31:00 +0000Abogados y víctimas se oponen a que se asigne un espacio en el Museo de Memoria para exaltar el heroísmo de los veteranos de guerra. Esto y otros artículos de la ley, dicen, irían en contra de la Ley de Víctimas, porque busca una memoria “oficialista” y desconoce que la Fuerza Pública ha sido actor directo y ha cometido delitos en el conflicto.

Hace menos de un mes, antes de acabar la legislatura que presidió en el Senado Ernesto Macías Tovar, del partido Centro Democrático, se firmó una ley radicada en el Congreso por la senadora María Fernanda Cabal, también del partido de Gobierno, “por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones”.

El articulado fue poco debatido, y quizás esa sea la razón para que solo un mes después uno de sus artículos haya suscitado una enorme controversia, en especial entre sectores y representantes de víctimas del conflicto armado. Se trata del artículo 9 de la Ley 1979, del 25 de julio, que señala que el Centro Nacional de Memoria Histórica “dispondrá de un espacio físico en el Museo de la Memoria destinado a exponer al público las historias de vida de los Veteranos de la Fuerza Pública, exaltando particularmente sus acciones valerosas, su sacrificio y contribución al bienestar general”.

“La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, establece que la memoria no puede ser estatal. Ahora, esa construcción de memoria puede tener múltiples relatos de actores del conflicto armado, pero lo que no debería pasar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene a cargo la administración del Museo de Memoria, es que la versión de integrantes de la Fuerza Pública se tome como la versión oficial del conflicto armado”, dijo al respecto Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompaña casos de graves violaciones a los derechos humanos y que considera demandar algunas disposiciones de la ley por considerarlas inconstitucionales. 

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La controversia se suma a la polémica que ha suscitado el Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército, firmado por el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, y que se conoció esta semana a través de una publicación de El País de España. El plan busca crear una narrativa institucional del conflicto armado que exalta las victimizaciones de la Fuerza Pública y su heroísmo durante el conflicto armado.

El Museo de la Memoria, que según la ley 1979 deberá asignar un espacio para los veteranos de guerra, es una apuesta de reparación simbólica contemplada en la Ley de Víctimas de 2011, pero cuya construcción no ha visto la luz nueve años después de su expedición, aunque se espera que empiece en septiembre su proceso de licitación y contratación, como confirmó en entrevista con este diario su director, Rafael Tamayo.

“Tener un espacio en el Museo de Memoria para exaltar la memoria de los veteranos de guerra es gravísimo”, aseguró Adriana Arboleda, abogada y representante de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a víctimas de violaciones a los derechos humanos de la Fuerza Pública, especialmente en Antioquia: “Es la muestra de que el Estado no tiene un compromiso real y serio con la justicia y con lo que ocurrió en el conflicto armado (...) Solo en Antioquia hemos documentado mil ejecuciones extrajudiciales con 90 víctimas. La Fuerza Pública sigue teniendo un discurso justificatorio de este accionar. El mismo con el que los generales llegaron a la Jurisdicción Especial de Paz a ‘demostrar su inocencia’ y no a reconocer su responsabilidad en serias y graves violaciones a los derechos humanos”.

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Y agregó: “El general Mario Montoya, por ejemplo, sigue diciendo que la operación Orión fue una operación legítima cuando solo en el segundo día de esa operación se desapareció forzadamente a seis personas con la ayuda y cooperación de agentes del Estado. En total, suman alrededor de 300 personas desaparecidas en el marco de esas operaciones militares en la Comuna 13, que se sabe fueron coordinadas y realizadas con paramilitares, como dicen varios fallos. Eso sin mencionar que hasta el momento no ha sido posible que la Fuerza Pública entregue una verdad sobre las víctimas de desaparición forzada”.

Esta última preocupación también es compartida por la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, quien, durante la entrega de 276 casos de personas desaparecidas recopilados por la exguerrilla de las Farc, aseguró que hasta el momento no se ha consolidado un canal de comunicación con la Fuerza Pública ni han recibido ningún tipo de información que permita trabajar en la búsqueda de los desaparecidos. La Comisión de la Verdad, informó El País, también ha venido enfrentando obstáculos de acceso a información y en los nueve meses de vigencia que tiene no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército.

Para Gloria Luz Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en el caso de la desaparición forzada, donde “el Estado es responsable por acción directa de sus agentes o por omisión al cumplimiento de sus obligaciones porque permitió que se los llevaran”, es “un insulto” que el Museo de la Memoria tenga un espacio destinado a exaltar acciones “valerosas de la Fuerza Pública”. “Al parecer, el Museo lo van a utilizar para lo de siempre: un espacio hegemónico del Estado para ocultar los crímenes atroces que han cometido y volver héroes a los verdugos”, aseveró.

Luz Marina Hache, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), también es clara en decir que “las Fuerzas Armadas han sido parte directa del conflicto armado y han cometido delitos”. Y asegura: “En las Fuerzas Militares hubo un compromiso con decir la verdad, pero ¿cuál verdad? ¿Vamos a seguir en el ocultamiento de una verdad que enloda a las Fuerzas Militares? Están los falsos positivos, por ejemplo”.

Dentro del Movice han documentado casos que incluyen a 16.000 víctimas de acciones perpetradas por la Fuerza Pública en alianza con el paramilitarismo. Esto incluye delitos como la desaparición forzada, el homicidio, desplazamientos forzados y amenazas.

A su vez, Rafael Tamayo, director del Museo de la Memoria, cuya administración está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, tampoco pudo negar su preocupación por el artículo 9 de la Ley de Veteranos y mencionó que le preocupa “la asignación de espacios en el museo, porque con esa lógica llegará un momento donde la administración del espacio y la misionalidad pueda verse afectada con este tipo de intervenciones”. Por eso confía en que “la reglamentación de la ley logre de alguna manera encontrar un camino mucho más concertado”.

Ahora bien, como lo señala Juan Carlos Ospina, aunque han existido delitos y políticas de la Fuerza Pública que han violentado derechos humanos, sin duda, “también hay gente honorable, que le sirve al país, que ha defendido derechos, y en esa medida el hecho de que haya una norma que planee unos beneficios o una atención a estas personas en la Ley de Veteranos no significa de entrada una apología a la guerra. Por el contrario, da reconocimiento a quienes lo merecen. La pregunta de fondo es: ¿quiénes lo merecen y bajo qué consideraciones? ¿Son las mismas que se tuvieron para ascender a los militares cuestionados por falsos positivos?”, se preguntó.

¿Quiénes son los veteranos?

La Ley 1979 define a los veteranos como “todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservista de honor”, así como los que hayan participado “en nombre de Colombia en conflictos internacionales” y quienes sean víctimas, según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Pero así planteado puede ser problemático, porque no diferencia a quienes se hayan retirado voluntariamente de los que hayan sido retirados por procesos o sanciones disciplinarias, por ejemplo. Esto, según Ospina, debe ser revisado por la Corte Constitucional.

“Por ejemplo, el brigadier general Velandia Hurtado fue acusado de la desaparición de Nydia Érika Bautista y sancionado disciplinariamente en el año 1995. Luego, por avatares de la vida, resultó en retiro voluntario y ha habido un proceso judicial. Esa persona está en retiro. Por más que haya sido voluntario, en este momento lo está por una sanción disciplinaria y una desaparición forzada. Esa persona no puede ser un veterano para efectos de un reconocimiento de su labor”, dice Ospina.

A esto se suma el artículo 25 de la ley, que habla de quienes pierden estos beneficios, no de quienes no pueden acceder a ellos. La ley dicta lo siguiente: “El Veterano que haya sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionado disciplinariamente por conductas gravísimas en actos ajenos al servicio no podrá acceder a los beneficios de ley”. Y aclara que las condenas o sanciones deben estar en firme.

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Ospina piensa que, una vez más, esto debe ser revisado. Por ejemplo, la parte en la que menciona “actos ajenos al servicio”. “Esta es una gran discusión porque históricamente pasaba que se consideraba como un acto de servicio una ejecución extrajudicial, porque ‘fue cometida en función del servicio porque llevaba el arma’. Y no. Si se clasifica entre actos cometidos en servicio o no, se están dejando de lado actos cometidos en servicio que son graves violaciones a los derechos humanos”.

Además, la ley solo contempla la pérdida de beneficios para los condenados, dejando abierta la posibilidad de que los procesados tengan estos beneficios. “Una cosa es que un veterano pierda los beneficios y otra es que no pueda acceder a ellos. No deberían poder acceder a beneficios quienes estén procesados. Con el alto grado de impunidad que hay en este país, a las personas las demoran 30 años procesándolas, entonces durante 30 años una de estas personas va a gozar de estos beneficios que dispone la ley, solo por su condición, sin considerar que está cuestionada moralmente o incluso directamente vinculada a graves violaciones de derechos humanos o del DIH”.

No se trata de que el Museo de la Memoria no tenga los testimonios y vivencias de los militares o policías que, de acuerdo con el derecho internacional humanitario que reglamenta la guerra, sufrieron victimizaciones, como el secuestro, la tortura o las mutilaciones producto de las explosiones de minas antipersonales. Se trata de que el Museo de la Memoria y el derecho a la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado siga siendo titular de las víctimas y no sea un espacio oficialista o de revictimización, donde el Estado y sus agentes desconozcan sus responsabilidades y excesos en un conflicto que hoy tiene más de ocho millones de víctimas registradas.

]]>https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/la-cuota-de-lideresas-sociales-agredidas-en-colombia-article/https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/la-cuota-de-lideresas-sociales-agredidas-en-colombia-article/Thu, 09 Apr 2026 01:30:58 +0000Durante el primer semestre de 2019, según el informe de dicha organización que se publica este miércoles, diez de los 59 homicidios que se cometieron contra líderes sociales corresponden a mujeres. En este mismo período, 171 de ellas sufrieron algún tipo de agresión, como amenazas y atentados.

Diez mujeres fueron asesinadas por defender los derechos humanos en el primer semestre de 2019, según el último informe de la organización Somos Defensores. Y aunque la cifra de homicidios de líderes hombres es mayor (con 49 casos), hay que resaltar que las agresiones contra las mujeres aumentaron un 3 % en el primer semestre de 2019, con relación al mismo período del año pasado. En algunos departamentos como el Putumayo, por ejemplo, la Alianza de las Mujeres Tejedoras de Vida tiene trece amenazadas y una desaparecida: Deyanira Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2018. El departamento con mayores agresiones es Cauca, con 22 para el período analizado.

De esas diez mujeres asesinadas hay al menos tres casos emblemáticos, por lo que representaban para sus comunidades. Ellas son María del Pilar Hurtado, de 34 años y madre de cuatro hijos, quien ejercía un liderazgo para buscar la legalización de unos predios en un asentamiento del sector Los Robles en Tierralta (Córdoba), de propiedad del padre del alcalde Fabio Leonardo Otero. El 21 de junio pasado, tras ser descrita de forma despectiva en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), fue asesinada por dos hombres que le dispararon frente a su casa y ante uno de sus hijos.

La otra líder es Maritza Isabel Quiroz, una mujer rural y reclamante de tierras despojadas por el paramilitarismo, de sesenta años, quien por esta lucha recibió amenazas en 2018. La Corte Constitucional había solicitado medidas de protección para su vida y la de otras mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Santa Marta (Magdalena). El 5 de enero de este año fue asesinada en su vivienda, ubicada en la vereda de San Isidro de esa municipalidad. Y, finalmente, la médica de 45 años Sonia Rosero González, precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís (Putumayo) y líder de una campaña de no violencia contra la mujer en ese departamento. Murió cuando desconocidos le dispararon mientras estaba en la entidad de salud donde trabajaba.

El informe del programa no gubernamental Somos Defensores, que se publica este miércoles y trata sobre la situación de los líderes en el primer semestre del año, llama la atención, más allá de los homicidios, sobre otro tipo de agresiones que están viviendo estos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos en sus territorios. Si bien los asesinatos disminuyeron en el primer semestre de 2019, cuando se registraron 59 homicidios contra 77 en el mismo período de 2018, preocupa el incremento de amenazas, atentados, desapariciones, judicializaciones y robo de información, pues se registraron 591 casos en este primer semestre; es decir, 194 más que en el del año pasado.

Así, por ejemplo, las amenazas individuales se incrementaron en un 75 % y fueron el tipo de agresión con mayor número de casos: 477 registros. Siguen los atentados con 27, las detenciones arbitrarias con 22 y el robo de información sensible con seis. “Es muy preocupante ver cómo la intimidación y las amenazas se han configurado como una de las principales formas de obstaculizar o impedir el ejercicio legítimo de liderazgo y defensa de los derechos humanos”, advierte el documento. De esos hechos, amenazaron a 147 mujeres y seis sufrieron algún atentado.

En general, subraya el informe, los mayores responsables de dichas amenazas, entre enero y junio de 2019, fueron las estructuras sucesoras del paramilitarismo (Caparros, Pelusos, Pachencas, Agc y Águilas Negras), con 309 casos; luego sigue una alamarmante cifra por esclarecer de actores desconocidos, con 84 casos, después las disidencias de las Farc, con 52, y, finalmente, el Eln, grupo guerrillero al que se le endilgan 32 de estos hechos. Los departamentos donde más se sufre este flagelo son Cauca (115), Arauca (48), Antioquia (40), Córdoba (34), La Guajira (32), Valle del Cauca (32), Risaralda (25), Santander (23), Bolívar (20) y Chocó (19).

El informe llama la atención sobre el discurso negacionista del actual Gobierno frente a las agresiones contra los líderes sociales. Por eso, dice que “si bien algunos funcionarios del Gobierno afirman que entre agosto de 2018 y mayo de 2019 los homicidios bajaron en un 32 %, haciendo énfasis en que se cometieron en cincuenta municipios del país, el informe contraría dicha afirmación aduciendo que estos homicidios se cometieron en veinte departamentos”. Es decir, mientras el Estado habla de que el 96 % del territorio nacional se encuentra libre de asesinatos contra defensores, el programa Somos Defensores habla del 70 % del territorio nacional afectado por este fenómeno.

Una diferencia interpretativa que, incluso, tuvo un capítulo aparte durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló a finales de septiembre en Washington y donde ese tribunal internacional le preguntó al Estado colombiano que quiénes erán las Águilas Negras que amenazaban a los líderes sociales. 

Allí, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “la labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo” e hizo un llamado para reforzar la protección de los líderes. No obstante, Francisco Barbosa, consejero del Gobierno para los Derechos Humanos, dijo que “solo en 66 municipios de los más de mil que tiene el país se han presentado asesinatos de líderes sociales. En Colombia no en todas partes se violan los derechos humanos. Su apreciación es inaceptable”, replicó.

]]>https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-eln-debe-hacer-el-compromiso-publico-de-desinstalar-las-minas-antipersonal-miguel-ceballos-article/https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-eln-debe-hacer-el-compromiso-publico-de-desinstalar-las-minas-antipersonal-miguel-ceballos-article/Thu, 09 Apr 2026 01:30:52 +0000El alto comisionado para la Paz hace un balance de la descontaminación de minas antipersonal en el país, a propósito del día internacional para la sensibilización sobre estos artefactos. Asegura que en lo corrido de este año van 37 víctimas y destaca que la exguerrilla de las Farc comience a hacer desminado humanitario.

El 4 de abril es el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, conmemoración estipulada por las Naciones Unidas para evidenciar en todo el mundo las consecuencias del uso indiscriminado de estos artefactos explosivos. 

Colombia continúa siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, solo superado por Afganistán. Desde 1990 hasta el 31 de marzo del 2020, de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado 11.841 víctimas. Por eso, en el país hay más de diez organizaciones de carácter civil nacionales e internacionales y una Brigada de Desminado Humanitario del Ejército que se han encargado de despejar territorios con presencia de minas. Sin embargo, el reto es grande. 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia hay vigentes cinco conflictos armados con distintos grupos, como el ELN, Clan del Golfo, EPL, disidencias de las Farc y el enfrentamiento entre el EPL y el ELN en la zona del Catatumbo. Además, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, aseguró que hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas antipersonal en Colombia en el 2019. En total fueron 352 personas afectadas.

Ante esta problemática Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz y director del Programa de Desminado Humanitario en el país habló con Colombia2020 sobre los esfuerzos del gobierno para evitar más accidentes con minas antipersonal y cómo se está llevando a cabo la atención a las víctimas de este hecho. Ante la declaratoria del cese del fuego por el ELN ante la emergencia del coronavirus, Ceballos aseguró es insuficiente si no viene acompañado de un compromiso público de desinstalar las minas que han sembrado.

En lo que va de 2020, ¿cuántas víctimas de minas antipersonal se han registrado? 

Ya llevamos desafortunadamente 37 víctimas.El año pasado sumamos un total de 111; en 2018, 178, y en el 2017 fueron 57. Vimos que después de la firma del acuerdo de paz hubo un periodo inicial donde el número de accidentes por minas antipersonal bajó, pero tristemente muchos de los espacios que tenían controlados las Farc empezaron a ser cooptados por otros grupos armados que comenzaron a instalar nuevas minas. 

¿Cuál es el trabajo que está realizando el Gobierno Nacional para evitar el aumento de más víctimas?

De las 11.841 víctimas de minas antipersonal en el país, el 61% son personas de la fuerza pública y el 39% son civiles. Un dato que es muy estremecedor es que de estas once mil víctimas 2.305 murieron y de ellas, 255 eran menores de edad. Esto no puede seguir sucediendo, por eso el gobierno colombiano ha intensificado la labor de lucha contra las minas antipersonales desde dos puntos de vista. El primero, a través del fortalecimiento del desminado humanitario con la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, que está desarmada y con unos parámetros distintos a los de la fuerza pública, y con diez organizaciones de carácter civil. Esto ha permitido que por primera vez en la historia de un país un gobierno pueda entregar en menos de 16 meses 113 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, entregados por el presidente Iván Duque. Como meta este año queremos entregar otros 36. 

El número de municipios que en total han sido declarados como libres de minas antipersonal asciende a 391. Hay 165 que aún no pueden ser intervenidos por la presencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, tanto las de Iván Márquez como las de Gentil Duarte y grupos como Los Pelusos y Los Caparros. 

¿Los municipios declarados libres de minas antipersonal en qué departamentos están?

Los más afectados y donde hemos puesto mayor atención son Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Putumayo y lo que se conoce como el Bajo Cauca Antioqueño. Ahí hemos intensificado las labores de desminado humanitario y nos ha arrojado estos buenos resultados. Quiero aclarar que donde nosotros hemos declarado municipios libres de sospecha de minas no han vuelto a ocurrir accidentes. 

¿Cuántas de las tierras que antes tenían minas han sido devueltas a sus dueños o a las comunidades? 

Todo el programa de Restitución de Tierras necesita una certificación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con Descontamina Colombia, para que esas tierras puedan ser devueltas a sus propietarios. La entrega de los títulos afortunadamente ha venido acelerándose a través de la Agencia Nacional de Tierras en los últimos meses. No tengo la cifra exacta, pero es un número creciente de títulos de propiedad que están siendo entregados principalmente en zonas rurales para permitirle al campesino o al desplazado retornar a sus parcelas para que puedan desarrollar de nuevo sus proyectos de vida. 
Esto también ha implicado el despeje de zonas de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de afrodescendientes. 

En 165 municipios no se podido hacer el desminado. ¿Cuáles son?

La razón principal de que no hayan podido descontaminarse estos municipios es por la presencia de actores armados. Hay un factor relacionado también y es la presencia de dos economías ilícitas: los cultivos ilícitos de la coca y la minería de extracción ilícita. Hay una coincidencia histórica en los corredores de movilidad de los grupos armados y los lugares donde todavía existe el desafío de poder hacer desminado humanitario, pero no por eso se deja de hacer el desminado militar, que se hace cuando no hay esas condiciones de seguridad. 

Los departamentos donde están estos municipios son la zona del Catatumbo, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. 

¿Cómo ha sido la articulación con los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito o con la erradicación forzada? 

Hay gran coordinación con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, que es la encargada de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En cada uno de los 170 municipios Pdet hay una alta coordinación con la labor del desminado. La otra es con la Agencia Nacional de Tierras ya que, como dije antes, no es posible ningún título de restitución si previamente no se ha verificado que el territorio esté libre de minas antipersonales. 

(Le puede interesar: Cuidar y educar, la historia detrás de la explosión de una mina antipersonal)

En un evento de Colombia2020 aseguró que dentro de la prórroga a la Ley de Víctimas se va a mejorar la atención para las víctimas de minas antipersonal y a sus cuidadores. ¿Cuáles serán estas mejoras? 

Dentro de la filosofía de la prórroga de la ley está hacer mayor énfasis en la necesidad de la atención integral a la familia de una víctima de minas antipersonal. La víctima es quien sufre en carne propia la afectación de la mina, pero también toda la familia en sus hábitos y necesidades económicas y psicosociales, por lo tanto, la filosofía de incluir en esa prórroga de la Ley de Víctimas una atención a los cuidadores y la familia será una prioridad. 

¿Y la atención psicosocial también será una prioridad? 

La atención de las víctimas tiene varias etapas. La primera parte es salvar la vida de la persona y ahí interviene todo el Estado, pero es también responsabilidad del nivel municipal. Después se hace un acompañamiento en el tratamiento, pero insisto en que es corresponsabilidad de las instancias regionales. Posteriormente sigue siendo una prioridad el acompañamiento psicosocial. Este se hace a través de la colaboración de muchas entidades del sector privado y la sociedad civil y el Sistema Nacional de Salud, obviamente con sus retos a nivel regional. 

¿Pero en municipios donde no hay un buen sistema de salud qué pasa? 

En ese caso se recurre a que el Sistema de Salud Departamental atienda a estas personas para que las remita a hospitales de categoría superior. Ahí hay grandes retos, pero se cuenta con una colaboración activa de entidades de la sociedad civil. Hay fundaciones como la Restrepo Barco que han venido especializándose en el acompañamiento a las víctimas y trabajan en conjunto con el gobierno nacional. Con ellos también hacemos algo importantísimo que es la educación en el riesgo de minas. Venimos fortaleciendo a las asociaciones de víctimas de minas antipersonal a través del financiamiento de actividades que también incluyen el componente psicosocial y la educación en el riesgo de minas. Estamos trabajando con 14 organizaciones de la sociedad civil que incluyen organizaciones indígenas y afrodescendientes. 

¿Cómo va la solicitud de prórroga de la Convención de Ottawa?

Este año estamos solicitando una prórroga para que durante un periodo de cinco años, hasta 2025, más Colombia pueda avanzar en la limpieza de esos territorios de minas antipersonal. Se presentará formalmente en junio de esta año, pero ya se envío el documento preliminar el 31 de marzo de acuerdo con los requisitos de la propia convención y fue elaborado de manera conjunta con todos los operadores civiles de desminado en el país y consultado con todos los países donantes que apoyan el desminado en Colombia. Ese documento se convertirá antes de que se acabe este año en un Conpes. 

(Lea: Los desafíos que tiene Colombia para seguir cumpliendo con la Convención de Ottawa)

Como mencionó, el ELN es uno de los actores armados que continúan instalando minas. Dentro de este escenario del cese del fuego y la importancia de que no hayan más víctimas, ¿se podría dialogar con ellos ese compromiso de dejar de usar estos artefactos?

Nosotros hemos dicho que ese cese del fuego será insuficiente si no va acompañado con otros tipo de actos. El ELN en estos momentos de pandemia por el coronavirus no puede seguir instalando minas antipersonal porque eso impide que los campesinos puedan llegar a sus parcelas. En ese contexto no resulta justificable de ninguna manera que se continúen instalando minas, por eso les exigimos un compromiso público de desinstalar las minas especialmente donde hay afectación del agro colombiano. 

También es muy importante que ese cese al fuego implique dos conductas fundamentales: la entrega de los menores de edad reclutados por ellos y la entrega de los secuestrados, de lo contrario sería un cese al fuego solo de palabra. 

Ya se firmó el convenio con Naciones Unidas para que el equipo de desminado de la exguerrila de las Farc, Humanicemos DH, empiece a funcionar. ¿Qué falta para que eso ocurra y usted qué opina de que sean ellos los que se sumen a esta labor humanitaria?

Hemos hecho un gran esfuerzo conjunto con la Unión Europea y Unmas, la unidad de desminado humanitario de las Naciones Unidas, para que sea una realidad este proyecto. Como comisonado de paz y corresponsable de la implementación de los acuerdos veo con gran satisfacción que este es un ejemplo mundial en el cual personas que participaron precisamente en la instalación de las minas ahora sean las encargadas del desminado humanitario. Estamos en la etapa final de la certificación de cada uno de los desminadores, que la hará Unmas en un periodo de tiempo que calculamos no vaya más allá de dos meses, obviamente teniendo en cuenta los retos que tiene el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Después vendrá el monitoreo que hará esta entidad dentro de los dos años siguienes. Estamos seguros de que Humanicemos será una estancia supremamente exitosa, no solamente por las labores de desminado que va a realizar sino por la simbología que implica como parte de la implementación del acuerdo de paz. 

]]>https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-cauca-esta-en-llamas-y-la-solucion-no-esta-a-la-vista-article/https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-cauca-esta-en-llamas-y-la-solucion-no-esta-a-la-vista-article/Thu, 09 Apr 2026 01:30:50 +0000Tras dos masacres atroces y otros crímenes aislados, que dejaron 13 víctimas durante una sola semana, este departamento afronta una crisis de orden público. El presidente Iván Duque viajó a Popayán, mientras dos arzobispos honraron a las víctimas en Tacueyó.

“Nos están matando”, han dicho los indígenas del Cauca —y de otras regiones del país— con insistencia, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Y esta semana que acaba de pasar se volvió en un ejemplo contundente e irrefutable de que sus palabras no exageran ni distorsionan la realidad: a los indígenas del Cauca los están matando. Naciones Unidas estima que, en lo que va de este año, 52 personas han sido asesinadas en territorio nasa, en el norte del Cauca, y que ese pueblo indígena ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques. Un panorama grave en el que no se avizora un mejor futuro a corto plazo.

La Iglesia católica también respondió a la sangre que está corriendo en el Cauca. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán, anunció una peregrinación a Tacueyó, el corregimiento donde se ejecutó una masacre el pasado 29 de octubre. Se anunció que, en todo el país, las campanas de las iglesias repicarán a las 12 del día. “Como cristianos creemos que la vida de cada ser humano es digna, sagrada, es querida por Dios, es irrepetible. La misión por la vida es defender al más frágil y vulnerable”, decía la convocatoria por redes sociales. Si hay un lugar donde la paz se embolató, ese, sin duda, es el Cauca.

Lo ocurrido en la última semana pareciera recordar los peores días de la guerra. Como si la masacre de nueve personas —cinco indígenas y cuatro topógrafos— en dos episodios distintos en Toribío y Corinto no fuera suficiente sangre derramada, el sábado 2 de noviembre en la mañana, familias ubicadas en zona rural de Corinto se despertaron con el sonido de las balas. Enfrentamientos entre militares de la Tercera División y hombres de la columna móvil Dagoberto Ramos confinaron a más de 300 familias. Se trata, justamente, del grupo disidente de las Farc al que las autoridades y los propios indígenas atribuyen las masacres que se perpetraron el 29 y el 31 de octubre pasado.

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A partir de ahí la cosa solo empeoró. Al tiempo que los combates tenían lugar, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó del secuestro de Fabián Eduardo Rivera, escolta del líder indígena Bernardo Ciclos. Rivera estaba de descanso, visitando a su novia, pero en cuestión de horas la UNP confirmó su homicidio por supuestos disidentes de las Farc. “Así no se construye la paz”, reclamó la entidad. El cuerpo de Rivera fue hallado en La Betulia, zona rural de Suárez, el mismo lugar donde hacia las 8 de la mañana del lunes 2 de septiembre de este año fueron masacrados la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, su madre y cuatro personas más, también por disidentes de las Farc.

Luego del homicidio del escolta Rivera, medios de comunicación del suroccidente del país registraron un segundo ataque contra un escolta de la Unidad Nacional de Protección en el nororiente del Cauca. “Se movilizaba en una camioneta, la cual terminó impactada por disparos de arma de fuego”, señaló el diario El País de Cali. “Los responsables de asesinatos en el Cauca son narcotraficantes y estructuras disidentes que han tratado de intimidar a las comunidades”, manifestó el presidente Iván Duque desde Armenia. “Esta situación es consecuencia del aumento de cultivos ilícitos que se presentó en años anteriores. Este Gobierno frenó esa tendencia”.

La explicación del jefe de Estado, sin embargo, palidece frente al infierno que está viviendo el Cauca, pues detener la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca no ha significado nada en la reducción de la violencia en esa zona del país. Horas después de este episodio, en la noche del sábado, fue asesinado Alexánder Vitonás Casamachín, un indígena de 18 años. “Autoridades indígenas confirman un nuevo asesinato en la vereda Loma Linda, municipio de Toribío, la víctima fue identificada como Alexánder Vitonás Casamachín”, confirmó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La lista, entonces, seguía aumentando.

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Luego vino el primer atentado sicarial del fin de semana. La víctima, que por poco se salvó de ser parte de las lúgubres estadísticas del Cauca, fue Arbey Noscué, coordinador de la Guardia Indígena de Toribío. La versión del propio Noscué es que el arma del sicario “se encascaró”, lo que le dio el chance de huir. El atentado se perpetró el domingo 3 de noviembre y lo sucedió un nuevo asesinato: el del comunero Jesús Mestizo. Era fundador e integrante de la Asociación Indígena Avelino UI, la cual articula el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la coordinación social y política Marcha Patriótica. Este homicidio también lo confirmó el CRIC.

La noche del domingo cerró con otro ataque. Esta vez fue en Corinto: el blanco fue la guardia indígena y las víctimas directas fueron dos jóvenes, Oveimar Silva y Luis Ángel, que resultaron heridos. “Siguen presentándose hechos de violencia que desarmonizan el territorio y el proceso comunitario”, reprochó el indígena nasa y senador de la República Feliciano Valencia. “Ante toda esta matanza en nuestros territorios decimos: ¡no me quito el bastón!”, agregó, en referencia especialmente a la Guardia Indígena de su pueblo, hombres y mujeres armados únicamente de bastones para proteger a los suyos y su tierra, hoy plagada de cultivos de uso ilícito, especialmente de marihuana.

El narcotráfico y el interés que en él tienen grupos como el Clan del Golfo, estructuras del Eln, los Pelusos y disidencias de las Farc —con el cartel de Sinaloa tras bambalinas— han hecho del Cauca la región más convulsionada desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Allí, como en tantas otras regiones del país, la salida de las Farc dio paso a una disputa brutal por el control territorial, donde las rentas del narcotráfico son el trofeo en la mira. La respuesta del Gobierno hace unos días fue anunciar que enviará, de aquí a diciembre, a 2.500 miembros del Ejército para contrarrestar la violencia. La misma ONU le advirtió al gobierno Duque que esa medida podría resultar ineficiente ante tan complejo escenario.

México es un ejemplo claro de que repeler la expansión narco con Fuerza Pública puede llevar a una violencia aún más atroz y la principal damnificada, es posible preverlo, será la población civil, en este caso particular el pueblo nasa, el cual resistió durante años la presencia de las Farc en su territorio y ahora se opone a la ambición desmedida que se disparó entre múltiples grupos armados. O al menos trata de oponerse. Este lunes, una semana después de la primera masacre, el presidente Iván Duque anunció que se desplazaba a Popayán con el ministro de Defensa y la cúpula militar para liderar un consejo de seguridad.

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Sus anuncios, en general, fueron los esperados. Dijo que “el narcotráfico es el mayor enemigo de nuestro país, de los líderes sociales, de los pueblos indígenas” y que “este fenómeno se enfrenta con seguridad y justicia, pero también llegando a los territorios con estas alternativas sociales”. Habló de acelerar la contratación de los proyectos de red terciaria, red educativa, desarrollo rural, electrificación, deporte y recreación. “En el norte del Cauca vamos a hacer presencia con proyectos de impacto”, señaló. Una promesa que este departamento le pide a gritos —y con muchos muertos de por medio— al primer mandatario que cumpla con urgencia.

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Después de una audiencia el pasado martes 23 de junio en la que una jueza de control de garantías decidió prorrogar, a pedido de la Fiscalía, la medida de aseguramiento contra 10 personas que son señaladas de perpetrar el atentado contra el centro comercial Andino (Bogotá), el 17 de junio de 2017, cuatro amigas de los detenidos fueron seguidas por un hombre. La denuncia la hicieron a través de un comunicado público que se conoció el 26 de julio.

Lea: Anulan parcialmente acusación contra señalada en caso Andino

En el documento, firmado por un grupo de familiares y amigos de los detenidos llamado ‘Libres e inocentes’, quedó consignado que desde la estación de Transmilenio de Paloquemao “un hombre de tez blanca, calvo, fornido y que vestía de jean azul oscuro, gorra, chaqueta y botas tipo militar de color negro sigue a 4 personas que estaban acompañando la audiencia”. El sujeto las habría seguido hasta la estación de destino “poniendo atención a la conversación que ellas llevaban, al bajarse del Transmilenio, el hombre continúa con el seguimiento y de manera invasiva y descarada se acerca a escuchar la conversación que aún mantienen las jóvenes las cuales advierten de su presencia y se detienen, al verse descubierto este hombre expresa que le duele el estómago, se dirige al semáforo que se encuentra en verde y cruza la calle sin tener ni cuidado con los carros que estaban pasando”, prosigue el comunicado.

Las denunciantes prefirieron no revelar su identidad debido a temor a represalias. Pero los hechos no se limitaron al seguimiento. Según la denuncia, el miércoles 24 de julio personas que se identificaron como miembros de la Policía intentaron ingresar a un apartamento en el que se encontraba una de las mujeres que había asistido a la audiencia visitando a unos familiares. “El familiar de las jóvenes les expresa que desconoce lo que está sucediendo, que no entiende qué pasa y que sin una orden judicial y mucho menos sin una identificación no dará ingreso, los policías insisten durante un rato de manera fuerte y ante la negativa del familiar, finalmente se retiran”, reza el comunicado.

Lea un editorial sobre el caso: ¿Y la justicia en el caso Andino?

Ese hecho se suma a otras acciones de persecución que han denunciado familiares y amigos de las 10 personas que se encuentran detenidas por el atentado en el centro comercial Andino. También familiares de Violeta Arango, quien se encuentra prófuga y estaría en las filas del Eln, han expresado que fueron víctimas de amenazas. A eso se suma que el 5 de julio de 2018 ingresaron a la oficina de la apoderada de uno de los señalados de perpetrar el atentado y le robaron algunos documentos, a pesar de que había objetos de valor en el lugar estos no se los llevaron.

El proceso judicial

La decisión de la jueza de control de garantías de prorrogar la medida de aseguramiento contra las 10 personas señaladas del atentado se dio por un proceso diferente al del atentado. Vale la pena recordar que una jueza ordenó ponerlos en libertad condicional el 24 de agosto de 2018 debido a que la Fiscalía hizo una solicitud extemporánea para que estos siguieran detenidos.

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Tras algunas demoras para materializar la libertad, a las salidas de las cárceles de La Picota, la Modelo y El Buen Pastor las 10 personas fueron recapturadas. Familiares y apoderados denunciaron que en las capturas que se efectuaron en La Picota hubo una irregularidad debido a que aseguran que la libertad nunca se materializó porque fueron capturados adentro del centro penitenciario.

La nueva orden de captura se dio porque la Fiscalía las señaló de pertenecer al Eln. La audiencia del pasado martes pertenecía a ese nuevo proceso. La decisión de prorrogar la medida de aseguramiento causó malestar entre los detenidos y sus seres queridos. Los apoderados apelaron la decisión.

Otro proceso diferente es el que se adelanta por el atentado en el centro comercial Andino, que se encuentra en audiencias preparatorias. Hace poco El Espectador reveló que el juicio fue parcialmente anulado debido a que la Fiscalía no incluyó dentro del escrito de acusación a Natalia Trujillo. Ese hecho generó un llamado de atención del Tribunal Superior de Bogotá hacia el ente acusador y hacia la jueza de primera instancia que había decidido subsanar el error.

En el comunicado que dio a conocer las nuevas denuncias por acoso a las personas que han apoyado a los 10 detenidos aseguran se trata de montajes judiciales. A su vez, los seis hombres y cuatro mujeres que se encuentran en La Picota y El buen pastor están defendiendo su inocencia en ambos procesos. La Fiscalía ha presentado una serie de pruebas con las que busca probar la vinculación de esas personas tanto con el atentado como con estructuras urbanas del Eln. Todas las partes se encuentran a la espera de la decisión de la jueza luego de la apelación de la prorroga de la medida de aseguramiento.

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Mi amigo Eduardo González, experto en comisiones de la verdad en diferentes lugares del mundo, publicó un video en Twitter que materializa la noción de distopía: un militar apunta con un arma larga a un hombre en pantaloneta y chanclas para obligarle a que se meta en su casa a partir de las medidas de cuarentena por coronavirus. Eduardo comentó la imagen: “te apunto con un arma de guerra para salvarte la vida”.

La mañana del día en que vi su comentario había estado en un webinar muy valioso organizado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia con miembros representantes de Haití, Filipinas y Kenia. Fue impresionante constatar cómo en contextos similares pero que tienen poca comunicación entre ellos se presenta hoy la misma circunstancia: el abuso policial exacerbado en las ciudades como eje principal de las violaciones a los derechos humanos en diferentes países, con la ejecución tergiversada de medidas restrictivas que resultan inevitables en medio de la pandemia.

Al webinar reaccionó una representante de Amnistía Internacional compartiendo un reporte alarmante con diferentes violaciones a los derechos humanos atribuibles a gobiernos o grupos armados que, además, están afectando el derecho a la información de la ciudadanía en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, menciona cómo el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha dicho que las personas que transmiten el virus son peores que los terroristas, lo que no sólo ha llevado a que las personas oculten sus síntomas por miedo sino que ha autorizado a que a otras se les maltrate por sospecha. También relata cómo en India se ha citado a periodistas en estaciones de policía a que den explicaciones sobres sus últimos reportajes y enumera casos de detenciones a comunicadores que se han dedicado a presentar cifras del avance de la COVID-19 en Azerbayán, Kazajastán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Uganda, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina.

En Colombia, medidas inevitables de prevención que no son cuestionables en sí con respecto a la garantía de derechos y libertades también han sido tergiversadas, mal aplicadas, o utilizadas como excusa en medio de la exacerbación de casos de abuso policial que hicieron parte del debate electoral de 2019, así como de las noticias del paro de noviembre. Por ejemplo, el concejal Diego Cancino planteó públicamente denuncias de casos de violencia sexual contra mujeres donde han participado policías que las han detenido:

“El pasado 22 de marzo una mujer que sacó a pasear su mascota fue abordada por miembros de la Policía y conducida al CAI de Laureles en Bosa y, posteriormente, a la UPJ. Los policías cometiendo una serie de irregularidades la encierran, la roban, la extorsionan, la maltratan, le pegan, la manosean y finalmente la desnudan. Es un claro caso de abuso policial que incluye violencia sexual de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014 y el derecho internacional”.

En regiones del país donde aún no se logra la paz completa como en zonas de Nariño, Chocó, Cauca y el sur de Córdoba, en las que aún impera la opresión violenta, se ha denunciado que grupos armados pretenden hacer cumplir el confinamiento ejecutando la estrategia de apuntar con armas de guerra a los habitantes con el argumento de salvarles la vida.

Tratándose de contextos, situaciones y dimensiones diferentes, los ejemplos mencionados apuntan a una misma cuestión. En la pandemia, como en cualquiera de las muy graves crisis que ha enfrentado la historia de la humanidad, no puede tolerarse la vía de las violaciones a los derechos humanos. Es claro que corremos el riesgo de no poder cerrar la puerta por donde entran el autoritarismo y la antidemocracia. De ahí que por estos días también sea imprescindible defender una cultura contraria a la barbarie, enaltecer la memoria de la dignidad que nos afirma las certezas, esas que, por cierto, han nacido en las peores circunstancias que nos han tocado vivir. Pero sobre todo, son fundamentales el rechazo social y la justicia que, además de responder a los hechos, conjuran que no nos degrademos como sociedad mientras enfrentamos el peligro.

*Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

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