Nequi ahora permite que los colombianos reciban remesas. Cifras del Banco de la República indican que 2025 fue un año histórico en esta materia, pues estos ingresos se contaron en más de USD 13.000 millones. Esta tendencia se sostiene en 2026 pues, en los primeros tres meses del año, estos dineros superaron los USD 3.346 millones.

Ante este panorama, Nequi le ha apostado a facilitar la recepción de remesas, integrando en su plataforma una herramienta que permite la recepción de dinero desde el exterior, mediante una considerable cantidad de remesadoras aliadas como Western Union, Viamericas, Monty y Echange, entre otras. También existe una integración con plataformas como Paypal y Payoneer.

Más allá de esto, también tiene su propio sistema, denominado como “Giros a un link” para hacer transferencias desde el exterior. Para esto, la app genera un enlace, el cual se puede compartir mediante canales como Whatsapp, SMS, correo electrónico o redes sociales. La persona que lo recibe debe abrirlo, seguir las instrucciones y reclamar el dinero directamente desde el celular.

Para incentivar el uso de su plataforma con estos fines, lanzó una campaña que estará activa hasta el 24 de mayo, la cual consiste en acumular puntos por cada remesa realizada a través de las remesadoras aliadas o por cada giro internacional recibido mediante Giros a un Link.

“Quienes reciban dinero por primera vez obtendrán un puntaje inicial y, a partir de ahí, sumarán puntos adicionales por cada envío igual o superior a COP 580.000. Al finalizar, los participantes con mayor puntaje podrán acceder a incentivos económicos. Es importante tener en cuenta que pueden participar personas mayores de edad que tengan su Nequi activo y reciban dinero del exterior, ya sea a través de remesadoras aliadas o mediante Giros a un Link”, explica Nequi.

La firma detalla que, en total, se entregarán premios que van desde los COP 500.000 hasta los COP 5 millones, los cuales serán abonados directamente a las cuentas de los ganadores.

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El ciclismo uruguayo vive un momento histórico. Guillermo Thomas Silva, un joven escalador que nació cerca de la costa del Atlántico, lidera la clasificación general del Giro de Italia 2026, convirtiéndose en el primer pedalista de su país en participar y en vestir la mítica maglia rosa de la corsa rosa.

“Fueron tres etapas entretenidas por aquí. Muy contentos con las sensaciones, conseguir una victoria de etapa y mantener el líder”, explicó Silva, de 24 años, quien planea seguir en los más alto de la general. “En principio mantenerlo lo máximo posible es el objetivo del equipo, pero vamos a ir día a día y que dure lo que tenga que durar”, reconoció.

Su relación con la bicicleta comenzó cuando tenía cinco años en Maldonado, su ciudad natal. Como muchos uruguayos, Silva primero puso sus ojos en el fútbol, de hecho, lo jugó hasta los 11 años, pero un día, mirando una carrera nocturna, algo hizo clic dentro de él y se decantó por el caballito de acero.

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En 2019, cuando tenía 17 años, tuvo su primera experiencia internacional como integrante del club Arte en Transfer-LPS, en España. Ese mismo año corrió el Mundial Junior que se realizó en Inglaterra. Por aquél entonces dijo que soñaba con correr en el World Tour con los profesionales, representar a Uruguay en unos Juegos Olímpicos y correr un Mundial en la categoría élite.

Se sumó a las filas de Caja Rural en 2023 como aprendiz y en 2024 pasó a competir con contrato profesional y comenzó a tener rodaje en las carreras del World Tour. Ese mismo año corrió el Mundial de Ruta que se celebró en Zúrich (Suiza), por lo que dos de los tres objetivos que se había trazado ya estaban resueltos.

El año pasado corrió su primera Gran Vuelta, la de España, y la completó en la casilla 78 de la clasificación general. Ese mismo año fue segundo en el Tour de Qinghai (China) y se consagró campeón en los nacionales de su país. Al final de la temporada firmó con Astana XDS.

¿Cómo ha sido su temporada 2026?

La temporada arrancó para Silva con un tercer lugar en la Fiesta Del Pueblo - Treinta y Tres de Uruguay, en la segunda semana de enero. Ese mismo mes se trasladó a España para correr siete clásicas. Su mejor resultado fue un undécimo puesto en el Trofeo Andratx - Pollença.

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En febrero corrió los nacionales de ruta uruguayos. No pudo validar el título en la prueba de ruta y tuvo que conformarse con el tercer lugar. También ocupó ese mismo lugar del podio en la prueba contrarreloj. Después regresó a Europa para otras carreras de un día, entre ellas el Tour de los Alpes Marítimos y la Strade Bianche.

Ya en marzo encaró su primera carrera de una semana, la Tirreno-Adriático. Entre los jóvenes fue el quinto mejor clasificado y quedó 25° en la clasificación general. A pesar de no quedar muy arriba en la lucha por la camiseta más importante, fue el mejor clasificado de su equipo.

Luego fue inscrito en la Milan San Remo y después corrió en la Vuelta a Cataluña, competencia que tuvo que abandonar por culpa de un cuadro viral que le impidió hacer parte de la salida en la previa de la etapa tres. Tuvo que esperar hasta mediados de abril para volver a la acción.

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Su regreso se dio en China, donde registró su mejor actuación en lo que va de la temporada. El uruguayo fue la gran figura del Tour de Hainan, carrera en la que no solo ganó dos etapas, sino que se adueñó del primer lugar en la clasificación general.

El Giro más charrúa de la historia

Este Giro de Italia 2026 ya quedó marcado como un capítulo histórico para Guillermo Thomas Silva y para todo el ciclismo uruguayo porque, por primera vez, un pedalista de ese país se viste con la maglia rosa y lidera la clasificación general de la carrera.

De hecho, para hacer todavía más grande su logro, es más que necesario traer a la conversación que Silva es el primer uruguayo en la historia que compite en la corsa rosa, y para hacer todavía más épico el asunto, en la segunda etapa, una de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo (Bulgaria), se quedó con la victoria.

El pedalista charrúa celebró sobre el pavé tras una definición explosiva en los últimos metros. Así fue cómo se adueñó del liderato, dando un golpe en el pelotón, el cual está más acostumbrado a ver a ciclistas de España, Eslovenia o Bélgica vestidos de rosa.

“En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo”, reconoció tras cruzar la línea de meta y agradeció el cariño que le llega desde el otro lado del Atlántico. “Están superpendientes y yo super agradecido de ellos, contento de hacer historia para un país tan pequeño”.

Más allá de lo que pase en las próximas etapas, este Giro ya es histórico porque puede convertirse en un punto de quiebre para el ciclismo uruguayo. Silva abre puertas para futuras generaciones, despierta interés en patrocinadores y refuerza la idea de que este pequeño país sudamericano, más ligado al fútbol, también puede producir corredores de élite.

El Giro de Italia 2026 llega este martes a terreno italiano tras tres jornadas en Bulgaria y continúa con una etapa que promete movimientos importantes entre los favoritos de la clasificación general. La cuarta etapa se disputará entre Catanzaro y Cosenza, con un recorrido de 138 kilómetros ideal para esprinters.

En la clasificación general aparece bien ubicado el cundinamarqués Egan Bernal (Netcompany INEOS), a cuatro segundos del líder, en la tercera posición de la general. Con el mismo tiempo aparece el alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling), segundo en la lucha por la camiseta rosada.

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La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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Una buena fotografía puede ser la puerta de entrada a una nueva familia. Con el propósito de fortalecer las estrategias de adopción y brindar herramientas útiles a quienes trabajan por el bienestar animal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará este jueves 4 de junio un taller gratuito de fotografía enfocado en perros y gatos.

La actividad, denominada “Taller Práctico de Fotografía para Animales”, se llevará a cabo entre las 3:30 p. m. y las 6:00 p. m. en la Casa Memoria Suba, ubicada en la carrera 125B #131A-35. La participación será completamente gratuita y no requiere inscripción previa.

La invitación está dirigida especialmente a organizaciones animalistas, fundaciones, hogares de paso, rescatistas independientes y miembros de la Red de Aliados del IDPYBA, aunque cualquier persona interesada en aprender a fotografiar animales de compañía podrá asistir.

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El objetivo principal del encuentro es enseñar herramientas prácticas que permitan capturar imágenes capaces de resaltar la belleza, personalidad y características de perros y gatos que esperan una oportunidad de adopción. De acuerdo con el Instituto, una fotografía atractiva y bien lograda puede aumentar significativamente la visibilidad de un animal en redes sociales y campañas de adopción, facilitando el proceso para encontrar una familia responsable.

Durante la jornada, los participantes aprenderán técnicas básicas para retratar animales de compañía, aprovechar la iluminación, mejorar los encuadres y capturar expresiones y comportamientos que transmitan la esencia de cada perro o gato. Además, se abordarán aspectos relacionados con la construcción de imágenes que generen empatía y conexión con potenciales adoptantes.

La iniciativa hace parte de las estrategias que impulsa el Distrito para fortalecer la cultura de protección animal en Bogotá y apoyar el trabajo que realizan organizaciones y ciudadanos comprometidos con el rescate y cuidado de animales en condición de vulnerabilidad.

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Las personas interesadas podrán acercarse directamente a la Casa Memoria Suba este jueves 4 de junio entre las 3:30 p. m. y las 6:00 p. m.

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Ante el paro que anunció la Unión Sindical Obrera (USO), Ecopetrol activó, de manera preventiva, un plan de contingencia nacional para garantizar la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles y energéticos.

El sindicato informó en la mañana de este martes que estará en paro durante 24 horas.

Según la USO, hay falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. “Denunciamos que hasta el momento no existe ningún progreso en el diálogo debido a la respuesta nula, negligente y dilatoria por parte de la vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol”, argumentó el sindicato en un comunicado.

Entre otras cosas, sobre la mesa está la solicitud de que los trabajadores con una antigüedad igual o superior a 16 meses solo puedan ser despedidos por causa justa legal comprobada en un procedimiento disciplinario; aumentos salariales; ajuste a los auxilios económicos para el sindicato y que la empresa se comprometa a preservar y potenciar el negocio tradicional de hidrocarburos, destinando al menos el 80 % del presupuesto de inversión nacional a proyectos y activos del negocio.

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En este escenario, la petrolera estatal informó que dispuso las “medidas operativas necesarias en sus diferentes instalaciones y centros de trabajo para asegurar la prestación del servicio público esencial a su cargo y mitigar cualquier posible afectación a la operación”.

El presidente de la USO, Martín Ravelo, dijo en Caracol Radio que el proceso de negociación se encuentra estancado. Además, afirmó que existe una posición “revanchista” por parte de la vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional, según él, debido a la postura que ha mantenido el sindicato frente a la permanencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol.

La USO ha dicho que Roa, imputado por dos delitos, debe dar un paso al costado en la presidencia, por los posibles efectos reputacionales de las investigaciones. El pasado 6 de abril, en medio de una polémica sin precedentes en la empresa más grande e importante del país, la junta directiva informó que Roa tomaría vacaciones por siete semanas y después, desde el 28 de mayo, tomaría una licencia no remunerada de 30 días.

La semana pasada, la junta directiva autorizó el desplazamiento del inicio de la licencia no remunerada por una incapacidad médica reportada el 26 de mayo, y que tiene una duración de 30 días.

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Ecopetrol rechazó las afirmaciones relacionadas con el proceso de negociación y dijo que mantiene su disposición al “diálogo constructivo que permita avanzar en la búsqueda de acuerdos sostenibles durante la etapa de arreglo directo”. Agregó que dicha etapa está activa y pidió mantener conversaciones fundamentadas en el respeto.

La petrolera defiende que cuenta con un modelo de relacionamiento con las organizaciones sindicales basado en el diálogo y en el cumplimiento de la normatividad legal. Por ahora, Ecopetrol seguirá monitoreando la situación.

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Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en una ceremonia discreta, pero el primer look nupcial de la cantante no pasó inadvertido. La artista británico-albanesa y el actor, conocido por su participación en Animales fantásticos, celebraron una boda civil en el Old Marylebone Town Hall, un ayuntamiento londinense que también ha sido elegido por distintas figuras públicas.

La ceremonia se realizó este domingo y contó con un pequeño grupo de familiares y amigos, según informó AFP. Al salir del lugar, la pareja fue recibida con confeti y pétalos de flores, una escena íntima que contrastó con la fuerza visual del traje blanco que eligió Dua Lipa para casarse.

La boda llegó después de una relación que comenzó en enero de 2024 y que la pareja había mantenido con un perfil relativamente discreto. El compromiso ya había sido mencionado por la propia Dua Lipa en una entrevista con la edición británica de Vogue.

Sin embargo, el foco de la conversación no quedó solo en la ceremonia. Para su boda civil, Dua Lipa no eligió un vestido de novia tradicional, sino un traje blanco de Schiaparelli Couture diseñado por Daniel Roseberry. Esa elección confirmó el peso que la moda tiene en la imagen pública de la artista.

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El traje de Schiaparelli con el que reemplazó el vestido de novia

Vogue España detalló que Dua Lipa lució un traje de falda blanca a medida de Schiaparelli Couture. El conjunto estaba compuesto por una americana de cady marfil con botones dorados y una falda asimétrica a juego. En lugar de un velo clásico, llevó un sombrero blanco de ala ancha firmado por Stephen Jones, además de guantes blancos y zapatos blancos de Christian Louboutin.

La elección es importante porque se aleja de la imagen más convencional de la novia de celebridad. Dua Lipa eligió una silueta precisa, más cercana a la sastrería que al vestido de princesa, pero sin perder el lenguaje ceremonial del blanco, los guantes y el sombrero.

Ese equilibrio explica por qué el look funcionó: era discreto para una boda civil, pero suficientemente memorable para una artista que ha construido parte de su imagen pública desde la moda.

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La referencia a Bianca Jagger y el guiño setentero

La historia detrás del look también pasa por una referencia icónica. Vogue señaló que el conjunto recordaba el atuendo que Bianca Pérez Morena de Maciá, más conocida como Bianca Jagger, llevó en su boda con Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones, el 12 de mayo de 1971 en Saint-Tropez.

Esa comparación ayuda a entender mejor la elección de Dua Lipa. Bianca Jagger convirtió el traje blanco y el sombrero en una de las imágenes nupciales más recordadas de los años setenta. Dua Lipa retomó esa idea, pero la llevó a su propio terreno: Alta Costura, joyería de impacto y una lectura más contemporánea del matrimonio civil.

La joyería también reforzó ese efecto. Según Vogue, la cantante, rostro y musa de Bvlgari, llevó un collar Serpenti Haute Joaillerie de oro rosa, con dos esmeraldas talla pera y diamantes talla brillante por un total de 38,28 quilates. La publicación añadió que usó pendientes de diamantes por un total de cinco quilates.

Callum Turner, según Vogue España, vistió un look personalizado de Ferragamo: americana cruzada de lana azul marino oscuro con solapas de pico, pantalón de sastrería a juego y camisa clásica de popelina de algodón en el mismo tono. Su elección mantuvo la sobriedad de la ceremonia y dejó el foco visual en el gesto de moda de Dua Lipa.

@adaytorememberlondon Yesterday, The Steps of Old Marylebone Town Hall were graced by two people very much in love. We are honoured to have been part of Dua Lipa and Callum Turner’s wedding day. After 100+ years, we still feel pure joy when couples choose us for the biggest moments of their lives. Wishing them a lifetime of joy, adventure, and every happiness. Congratulations, Dua and Callum. @Dua Lipa #callumturner #weddingceremony #oldmarylebonetownhall @WestminsterCityCouncil ♬ original sound - Alyssa Francisco

Sobre lo que viene después, AFP informó que la boda podría ser seguida por una fiesta de tres días en Sicilia, según reportes de prensa. Vogue España también mencionó que diversos medios hablan de una segunda celebración en Palermo, con invitados famosos y rumores sobre un segundo vestido.

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Un video que circula en redes sociales abrió un nuevo debate sobre los procedimientos policiales en Bogotá. En las imágenes se observa a varios uniformados interviniendo a un joven que se encontraba tocando guitarra junto a su perro en inmediaciones del centro comercial Parque Colina, en la localidad de Suba.

Las grabaciones provocaron reacciones de rechazo entre algunos usuarios, quienes cuestionaron la actuación de los uniformados y consideraron desproporcionada la intervención contra un músico callejero.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró a El Espectador que la intervención se produjo tras reiterados llamados de ciudadanos y personal de seguridad del sector.

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De acuerdo con la versión entregada por la institución, vecinos, visitantes y trabajadores de la zona han presentado en repetidas ocasiones quejas por el ruido generado en ese punto, situación que ha motivado constantes solicitudes de acompañamiento policial.

También indicaron que la seguridad del centro comercial suele comunicarse con frecuencia con las autoridades por este caso y que las patrullas acuden regularmente para atender requerimientos relacionados con convivencia y ocupación del espacio público en los alrededores del establecimiento.

Según la Policía, durante el procedimiento los uniformados le solicitaron al joven retirarse del lugar. No obstante, aseguran que este reaccionó de manera grosera frente a los requerimientos de la autoridad, situación que habría derivado en la confrontación registrada en video.

La institución señaló además que realizó verificaciones internas sobre el caso y que no encontró anotaciones adicionales relacionadas con el procedimiento. Mientras tanto, las imágenes continúan generando debate en redes sociales sobre los límites de la intervención policial y el uso del espacio público en la ciudad.

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El cabezazo es un recurso clave en el fútbol. Para anotar goles tras un centro desde la esquina o de tiro libre, para rechazar en defensa y, en algunas ocasiones, para hacer un pase a un compañero.

Pero golpear el balón con la cabeza podría tener efectos negativos en las personas, algo por lo que la neurociencia se ha preocupado desde hace varios años. Estudios de la Universidad de Columbia han llamado la atención en el pasado sobre el riesgo de daño cerebral acumulativo en jugadores de fútbol amateur que cabecean con frecuencia un balón.

Ahora, un grupo de científicos de los Países Bajos, miembros del Amsterdam University Medical Center, hizo una investigación para testear esto en un grupo de 302 jugadores amateur de fútbol. Todos eran adultos y se dividían entre quienes cabeceaban el balón y quienes no lo hacían durante un partido.

El estudio se realizó durante 11 partidos y tomaba tres muestras de sangre en cada uno. Una de las muestras se tomaba antes del partido, la segunda se tomaba justo al terminar el partido, y una más entre 24 y 48 horas después de terminar el partido.

Los científicos, que publicaron sus resultados en la revista JAMA Neurology, se centraron en analizar ocho proteínas que se han relacionado con el deterioro cerebral y como biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer.

En su análisis, encontraron dos proteínas que incrementaban sus niveles en las personas que cabeceaban el balón dos o más veces durante un partido, en comparación con aquellos que no lo hacían. Se trata de las proteínas p-tau217 y S100B, que son indicadores de deterioro cerebral.

Al revisar las muestras de sangre tomadas hasta 48 horas después del partido, el estudio encontró que los niveles de ambas proteínas volvían a sus niveles habituales en ese período de tiempo. Para los científicos, eso plantea varias preguntas.

Por una parte, plantean los investigadores, aunque la presencia de estas proteínas no es un indicador inequívoco sobre la aparición de enfermedades neurodegenerativas, sí abre una invitación a la ciencia para realizar más investigaciones que permitan entender si hay un efecto a largo plazo.

También abre un debate sobre lo que ocurre en el cuerpo cuando los niveles de estas proteínas incrementan y luego vuelven a sus niveles habituales. Una pregunta fundamental para los científicos es si, a pesar de regresar a la normalidad, su incremento genera un daño que persiste en el tiempo.

Otras investigaciones, como la de la Universidad de Columbia publicada en 2024, o una de la revista Frontiers publicada en 2016, han advertido de posibles efectos del cabeceo frecuente entre adultos que practican el deporte de manera amateur. Aunque los indicios ya cuentan con evidencia, los científicos insisten en que se requieren más investigaciones para establecer su relación con la aparición de enfermedades neurodegenerativas u otras consecuencias del deterioro cerebral.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha decidido ganarse el apoyo de la población más joven de la ciudad con una medida insólita. Mediante un decreto ejecutivo firmado el lunes, 1 de junio, Mamdani abolió formalmente la hora de ir a la cama para todos los niños y niñas de la ciudad durante el periodo en que los New York Knicks disputen las finales de la NBA.

Los Knicks se medirán a partir de este miércoles contra los Spurs de San Antonio, buscando su primer título de campeonato desde 1973 en lo que marca su primera aparición en las finales desde 1999.

“Por la presente ordeno que las horas de dormir en la Ciudad de Nueva York quedan derogadas durante las Finales de la NBA para que los niños de todas las edades puedan animar a sus New York Knicks”, señala el artículo firmado por Mamdani.

Tras la firma del documento oficial en la Alcaldía, un grupo de niños rodeó al mandatario para estampar sus huellas de manos a modo de rúbrica simbólica.

“Como alcalde, te ves obligado a tomar muchas decisiones difíciles. Esta no fue una de ellas”, bromeó Mamdani en sus redes sociales.

La racha como aficionado de los deportes del alcalde pasa por un momento dorado. La semana pasada celebró el título del Arsenal en la Premier League inglesa, festejó la barrida de los Knicks ante los Cavaliers de Cleveland por las finales de la Conferencia Este y anunció una lotería de boletos a USD 50 para el Mundial de Fútbol, lo que fue bien recibido por la ciudadanía.

Sin embargo, la medida promete complicar las mañanas de los padres neoyorquinos, quienes tendrán que lidiar con el cansancio escolar de sus hijos mientras dure la serie definitiva del baloncesto profesional.

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La movilización de la agenda infantil coincide con el primer gran paquete de medidas de su administración para esta población. El alcalde Mamdani se unió este martes a la gobernadora Kathy Hochul para lanzar las solicitudes del nuevo programa gratuito “2-K” de educación inicial para niños de dos años, el cual ofrece cuidado infantil y educación inicial gratuita para niños de esta edad en Nueva York y etá respaldado por una inversión estatal de USD 1.200 millones en cuidado infantil.

La iniciativa comenzará este otoño con 2.000 cupos distribuidos en distritos seleccionados como Washington Heights, Fordham y el este de Brooklyn, operando en jornadas completas de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. con miras a expandirse hasta volverse universal.

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 2 de julio y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy

Para este 2 de julio, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

A la hora, la estación General Santander, deja de prestar servicio por procedimiento de policía.

Siniestro vial entre tractocamión y bus escolar en la localidad Fontibón, calle 23G con carrera 106, sentido Oriente - Occidente.

El sistema empieza operación con normalidad.

Anthony Zambrano y Miryan Daniela siguen dando de qué hablar entre los seguidores del ‘Desafío Siglo XXI’. Apenas unos días después de anunciar su compromiso, la pareja volvió a captar la atención en redes sociales con una nueva publicación que dejó ver uno de los detalles más comentados de la propuesta de matrimonio.

El pasado fin de semana, los exparticipantes del reality revelaron que llegarán al altar luego de que el atleta sorprendiera a Miryan durante la celebración de su cumpleaños. Ahora, tras aceptar la propuesta, la joven compartió varias fotografías en Instagram en las que mostró por primera vez el anillo de compromiso que recibió de quien será su esposo.

Así es el anillo de compromiso de Miryan y Zambrano, del ‘Desafío’

La publicación fue compartida por Miryan en su cuenta oficial de Instagram y estuvo acompañada por una breve descripción: “Amo el amor”. Junto al mensaje, la exparticipante del programa publicó varias imágenes en las que aparece sonriendo y disfrutando de una salida en pareja.

Sin embargo, más allá de las fotografías del momento, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En algunas de las imágenes, Miryan decidió posar mostrando en primer plano la joya que recibió durante la propuesta de matrimonio realizada por Zambrano.

Las fotografías permiten apreciar con claridad el diseño de la joya. El anillo está compuesto por una banda delgada en tono plateado, decorada con pequeñas piedras brillantes incrustadas a ambos lados, y una gema central de color verde intenso y corte rectangular, similar a una esmeralda. El contraste entre la piedra principal y los detalles transparentes le aporta un aspecto elegante y llamativo.

En una de las imágenes, la joven extiende su mano hacia la cámara mientras sostiene la de Zambrano, lo que permite ver la joya con mayor detalle.

La publicación generó numerosas reacciones entre seguidores de la pareja, quienes aprovecharon los comentarios para felicitarlos por el compromiso y desearles éxito en esta nueva etapa. Varios usuarios destacaron tanto la historia de amor que nació durante el reality como la sencillez y elegancia de la joya elegida para la propuesta.

Hasta el momento, ni Zambrano ni Miryan han revelado detalles sobre la fecha de la boda o los preparativos para el matrimonio. Sin embargo, las publicaciones compartidas durante los últimos días muestran que ambos continúan celebrando el compromiso y disfrutando de los primeros momentos como prometidos.

La relación entre los dos se consolidó tras su paso por el ‘Desafío Siglo XXI’, donde además de construir un vínculo sentimental lograron convertirse en los campeones de la competencia. Meses después de aquella victoria, la pareja se prepara ahora para afrontar un nuevo desafío: comenzar una vida juntos fuera de las cámaras.

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Desde el momento en el que se conoció el resultado de las elecciones presidenciales de primera vuelta se ha levantado, por parte de Presidencia, un debate sobre la veracidad de los resultados electorales. A través de varios trinos sueltos, el jefe de Estado, Gustavo Petro, ha cuestionado el preconteo y asegura, sin pruebas sustanciales, que hay inconvenientes con el censo electoral.

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Detrás de está polémica, la Registraduría, la Procuraduría, la OEA y la Misión Observación Electoral de Colombia (MOE) aseguran que los resultados de estas elecciones son transparentes y seguros. Esta mañana la Registraduría Nacional aseguró que ya se completó el proceso de los escrutinios casi en su totalidad y que al comparar con los resultados del preconteo de votos es similar en un 99,94 %.

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Aunque en un primer momento, desde la campaña del oficialismo se mencionó que se tenía información de presuntas irregularidades con el proceso, este lunes el candidato Iván Cepeda, aseguró que no se han encontrado pruebas suficientes para asegurar que esas irregularidades son verídicas, algo que sin embargo, no ha hecho Petro, quien este martes volvió a enviar un mensaje relacionado con este tema.

Por su parte, desde la Registraduría se le confirmó a El Espectador que “no hay ninguna posibilidad de adicionar cédulas de ciudadanía a un censo electoral que se distribuye mesa a mesa en 122.020 mesas de Colombia”, aseguró el registrador a El Espectador. Y agregó: “El censo electoral se cerró hace un mes, un mes, y semanalmente se ha tenido reuniones con todos los partidos y las campañas para recibir cualquier inquietud”.

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Además, desde la MOE, Alejandra Barrios destacó la gestión hecha por las instituciones y aseguró que las elecciones de primera vuelta transcurrieron con plena tranquilidad. “La MOE agradece a todas las personas que hoy, de forma voluntaria, participaron en la observación electoral tanto en territorio nacional como en 49 ciudades de 27 países. De igual forma, reconoce el trabajo que continuarán realizando quienes desde el equipo de la MOE observarán los escrutinios en los próximos días. Asimismo, la MOE resalta la rapidez en la difusión de los resultados preliminares por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), conforme a los simulacros que se habían realizado”, dijo.

E incluso, desde la Misión de Observación Electoral de la OEA ya se dio luz verde a los resultados y se aseguró que se avalaban las elecciones y se reconocía la rapidez con la que se había informado a la ciudadanía de los dos ganadores que pasaron a segunda vuelta.

Además, desde la MOE UE y el Parlamento Europeo hablaron de forma directa del tema de participación en política que tiene bajo el foco a Petro, de el papel del presidente de Ecuador, Daniel Noboa y de alertas con el tema de financiación. Así lo precisó, Leire Pajin, jefe de la Misión de Parlamento Europeo: “La campaña se ha vivido en un tema de fuerte polarización, con cruces de graves acusaciones entre las candidaturas, con la participación indebida del presidente de la República, y otros cargos públicos, así como la injerencia externa del presidente de Ecuador. [...] Se nos ha trasladado la inquietud sobre la financiación desigual de la campaña, clientelismos y la falta de controles sólido sobre el origen de los dineros y mecanismos de fiscalización”. Y agregó: “Pese a todo ello, el proceso electoral ha sido democrático, transparente y ha demostrado, una vez más, su trazabilidad y su gran fortaleza”

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Por su parte, desde la Procuraduría hicieron un llamado nuevamente para confiar en las instituciones y en la transparencia de los resultados y aseguró que no hay indicios de irregularidades.

Mientras tanto, el presidente Petro sigue de lleno en el debate electoral y llega a la segunda vuelta con más fuerza en su discurso, a pesar de la advertencia del Consejo de Estado en la que se le pedía que evitara referirse al tema electoral en favor de algún candidato.

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La política pública del Gobierno actual de Colombia tiene como uno de sus enfoques la transición energética justa, sustituyendo progresivamente las energías basadas en combustibles fósiles e impulsando aquellas renovables como la solar o la eólica, mientras se tiene en cuenta el beneficio y la dignidad de las comunidades y los territorios.

La ecorregión que comprende desde la Serranía del Perijá (Cesar) hasta el Complejo cenagoso de Zapatosa (Magdalena y Cesar) fue priorizada para esta transición, siendo una de las 13 ecorregiones incluidas en Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) titulado “Colombia, potencia mundial de vida”. En esta zona se ubica el conocido corredor minero, que en los últimos años se ha convertido en el corazón de los diálogos sobre la transición energética.

“Este ecorregión es un territorio que cuenta con unas condiciones ambientales, ecosistémicas y de biodiversidad excepcionales, debido a la conectividad que se da entre ecosistemas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y el Complejo cenagoso de Zapatosa; que conecta una franja muy importante de bosque seco tropical con una red de ríos que descienden de la serranía hacia el río Cesar y desemboca en Zapatosa, vital para la reproducción, crecimiento, alimentación, desove y descanso de peces que migran por la macrocuenca Magdalena”, resaltó Gustavo Segura, Coordinador del proyecto Recuperación socioecológica del Corredor de vida del Cesar, un proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad e implementado por el Consorcio Alma Natura.

Pero también es el principal productor de carbón del país. Según el documento “Minería de carbón en Colombia: transformando el futuro de la industria” del Ministerio de Minas y Energía, en 1980 llega la minería de carbón al Cesar inicialmente a la Jagua de Ibirico. Eso se traduce en más de cuatro décadas donde la principal fuente de empleo ha sido la minería, pues según la Asociación Colombiana de Minería hasta el 2023 “generaba más de 72 mil empleos entre directos e indirectos en el departamento del Cesar”, en los municipios de Codazzi, Becerril, El Paso, Chiriguaná, Chimichagua y La Jagua de Ibirico, los mayores productores del mineral. Así que la transición energética en este territorio, es un reto enorme.

Pero, ¿qué significa transitar hacía un Corredor de Vida? Además de la energía, es un proceso social, económico, ambiental y territorial, que tiene en cuenta su diversidad y las necesidades de las comunidades. Por eso se debe evolucionar de transición energética justa y empezar a hablar, planificar y actuar hacia una transición territorial justa.

“Este enfoque propone una transformación profunda basada en el reconocimiento de la diversidad territorial, que integra dimensiones sociales, culturales y ecológicas, en el fortalecimiento de la gobernanza para gestionar contextos complejos y diferenciados; y en la reconciliación y reconstrucción del tejido social y la confianza entre múltiples actores, como parte esencial del cambio”, señaló Nancy Vargas, subdirectora técnica de Fundación Natura.

Y añadió, “porque también existen otros procesos que generan impacto como, por ejemplo, la ganadería o la agricultura. Entonces, bajo ese escenario los recursos de la transición energética pueden jugar un papel crucial para mejorar dichas prácticas, fortalecerlas, crear nuevas líneas productivas y vincular a muchos más actores en el territorio. El enfoque de transición territorial permite ver el escenario de manera más completa y las oportunidades de integrarse a la transformación de un territorio climáticamente complejo, con muy bajo nivel de agregación a nivel económico y generación de empleo, con ecosistemas muy afectados y degradados, y con comunidades organizadas que pueden brindar grandes aportes. Algunas, por sí mismas, ya vienen transitando”.

Y es que frente a procesos económicos, productivos y laborales de industrias que dependen de recursos naturales no renovables, es decir que tarde o temprano se agotarán, como el carbón, el petróleo y otros minerales, hay que empezar a encontrar opciones que permitan el desarrollo del territorio y una vida digna para sus habitantes.

¿Cómo se reemplaza un sector que representa la tercera parte de la economía de la región?

Como lo indicó Nancy Vargas, “desde el territorio, la gente ha empezado a buscar sus propias fuentes de ingreso, la bioeconomía es un ejemplo claro de eso. Organizaciones locales como el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, vienen promoviendo un proceso de fortalecimiento comunitario y de gobernanza territorial, a través de las escuelas de transición. Se ha iniciado el diálogo en torno a la transición en la región, en el que se destacan puntos importantes como la diversificación económica y el empleo, las alianzas estratégicas, la normatividad y el pacto por el corredor de la vida, eje central de conversación entre el Gobierno Nacional y las comunidades locales”.

Es por eso que, como el primer escalón para que la transición territorial justa suceda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con la implementación técnica del Consorcio Alma Natura (compuesto por la Fundación Alma y la Fundación Natura), implementaron la primera fase del proyecto Recuperación sociológica del Corredor de Vida del Cesar: Perijá-Zapatosa, una iniciativa que “impulsó acciones orientadas a la transición, sostenibilidad y reconversión productiva territorial desde: la restauración ecológica y productiva en áreas estratégicas para la conectividad, sistemas agroforestales, silvopastoriles y patios productivos que contribuyen a la seguridad alimentaria local; impulso organizativo y productivo a iniciativas comunitarias de bioeconomía; el establecimiento de veedurías ciudadanas y el impulso a procesos de monitoreo comunitario para fortalecer el acceso a la información, la toma de decisiones y la gobernanza territorial”, explicó Gustavo Segura.

Y es precisamente ese enfoque productivo y de bioeconomía, el que ha permitido fortalecer emprendimientos sostenibles que pueden ser una opción económica y laboral a mediano y largo plazo. Que crecen paralelamente, diversifican la economía de la región, promueven el empleo y formalizan el pago de impuestos, mientras se disminuye la extracción minera, pues este proceso toma tiempo. Y que pueden impulsar a otros habitantes a involucrarse e implementar sus propias ideas de negocio.

La bioeconomía es “un modelo socioeconómico que se basa en la innovación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad y la biomasa, para generar bienes y servicios de alto valor agregado, protegiendo los ecosistemas”, según lo detalla el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Y en el marco del proyecto, se “buscó fortalecer el desarrollo local sostenible apoyando las alternativas económicas comunitarias del territorio con la actualización de la información de las diversas redes y cadenas de valor agroalimentarias basadas en la biodiversidad, y negocios para la restauración y usos sostenibles de los productos del bosque; creando en cada una de ellas capacidades técnicas y financieras para mantener la sostenibilidad de sus actividades productivas a mediano y largo plazo con diferentes instrumentos económicos y de financiación, gestionados con autonomía e independencia. Incluyendo la creación de encadenamientos productivos y comerciales que promuevan la sostenibilidad económica de las alternativas comunitarias”, explicó Segura.

En este proceso participaron 35 emprendimientos de los siete municipios intervenidos: Codazzi, Becerril, El Paso, Chiriguaná, Chimichagua y La Jagua de Ibirico (Cesar) y El Banco (Magdalena); enfocados en cinco cadenas de valor: pesca artesanal, artesanías con palma estera, corozo (o uvita de lata como lo conocen en la región), productos agroalimentarios y viveros; impactando 1591 personas (770 mujeres y 821 hombres).

“Esto nos ha cambiado la vida, ya que antes hacíamos un trabajo manual de exprimir 100 frascos de jugo de naranja en 3 días y ahora con las maquinas hacemos un proceso más rápido que permite que nuestra empresa crezca”, resaltó Arelys Moreno de la Fundación mujeres innovando desarrollo, quienes han creado un producto innovador llamado Naranjable, una jalea a base de naranja, hierbas y especias, que combina atributos de sabor, calidad y beneficios para la salud, 100% natural, que sirve como complemento de vitamina c y ayuda a mejorar la garganta y quitar resfriados.

En el departamento hay ideas innovadoras y sostenibles, que no han contado con el apoyo suficiente para superar los procesos normales de un emprendimiento y eso es lo que más valoran las mujeres que crearon Naranjable. “Nos capacitaron de tal forma que el proceso nos ha cambiado la mentalidad y la forma de ver las cosas. Ahora ya iniciamos la siguiente parte que es la comercialización”, señaló Moreno.

La participación de mujeres rurales y jóvenes en este proceso es una fortaleza que impulsa modelos de economía solidaria, equidad de género y valorización de los conocimientos tradicionales asociados al uso sostenible de la biodiversidad. Pero también permite abrir la puerta laboral a los más jóvenes y hacer recambio generacional para que las iniciativas perduren.

“Si esto se sigue replicando por todo el Corredor de Vida, se multiplicarán los beneficios, ya no serán las 27 familias que hacen parte de la asociación, si no más. Ayudará a tener nuevas fuentes de empleo, a la transición y a volver a nuestros temas ancestrales como la agricultura, la pesca artesanal y otros que se vinieron olvidando en el tiempo”, destacó Charles Adolfo Maestre, representante de Asoprag, una asociación creada por familias del municipio de El Paso, quienes se dedicaban a actividades asociadas a la minería, pero que ahora están diversificando su economía a través del viverismo y la producción de especies menores como: gallinas, cría de cerdos, piscicultura, entre otras.

Sin embargo, “la bioeconomía no solo se basa en la biodiversidad nativa, también en la capacidad de transformación que da valor agregado a un producto. En la región identificamos varios potenciales y ¿qué pasa con el café, el cacao, la producción agropecuaria local tradicional? Allí hay alternativas de bioeconomía que dependen de la innovación en la transformación y en el avance hacia modelos de economía circular”, resaltó Nancy Vargas.

Y añadió “la transición implica la redefinición de la economía, rescatando la identidad local. La bioeconomía puede ser una solución a largo plazo, pero no la única”. Por eso, Gustavo Segura imagina una región donde “exista una economía basada en la identidad local, que reactive el campo manteniendo la vocación productiva del suelo, diversificada, con enfoque de innovación y transformación de productos y subproductos, articulada entre distintos actores y con otras actividades económicas. Que se aseguren los canales de comercialización, se fortalezca la institucionalidad agropecuaria local y que sea un proceso colectivo, no impuesto”.

La transición territorial justa se perfila hoy como una de las principales apuestas para que el corredor minero enfrente los cambios sociales, económicos y ambientales que demanda el futuro. Más allá de reemplazar actividades productivas, implica generar oportunidades reales para las comunidades, reducir desigualdades y fortalecer modelos de desarrollo sostenibles e inclusivos. Para lograrlo, será clave que los gobiernos locales, regionales y nacionales promuevan las condiciones necesarias para que los territorios lideren sus propios procesos de transformación.

Hoy, el corredor minero comienza a consolidarse como un Corredor de Vida: un territorio de oportunidades que inspira a otras regiones del país y demuestra que la transición territorial justa sí es posible. Este proceso evidencia que la articulación entre comunidades, organizaciones ambientales, entidades públicas, academia y cooperación, puede construir caminos reales hacia un futuro más resiliente, donde la restauración ecológica, la bioeconomía y el fortalecimiento del tejido social se convierten en alternativas sostenibles para las comunidades.

La participación de pescadores, viveristas, jóvenes, mujeres rurales y líderes comunitarios refleja que las transformaciones territoriales solo son duraderas cuando integran el conocimiento técnico con los saberes locales, el cuidado de los ecosistemas y la dignificación de la vida. Así, la ecorregión Perijá-Zapatosa se proyecta como un referente nacional de la transición territorial justa, capaz de reconciliar la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y las oportunidades económicas para las generaciones presentes y futuras.

Recientemente, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que desde el Distrito se romperían relaciones con Aguas de Cartagena y Veolia, empresa operadora asociada, debido a la crisis que enfrenta la ciudad. Para dar solución a los constantes inconvenientes en el servicio, Turbay propuso una hoja de ruta que incluye, además, la creación de una empresa pública que se encargue del control del agua, pero, ¿qué tan sencillo sería ejecutar la idea?

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El contexto

Aunque los problemas de abastecimiento y los cortes de agua en Cartagena se venían presentando desde hacía varios meses, el pasado 11 de mayo Aguas de Cartagena (Acuacar) anunció cortes programados por sectores como medida preventiva para garantizar el suministro en las zonas más afectadas.

La empresa le atribuía la situación a una combinación de factores operativos y climáticos, pues la Planta de Tratamiento El Bosque —que abastece cerca del 90 % de la ciudad— enfrentaba dificultades en sus procesos de purificación debido a las condiciones del agua captada, entre ellas la proliferación de microalgas, lo que reducía la producción de agua potable. Además, aseguraba que había problemas técnicos en la red, un aumento en el consumo por las altas temperaturas y las limitaciones de suministro que históricamente afectan a algunos sectores periféricos del Distrito.

Entre las medidas planteadas por Acuacar estaba la entrada gradual en operación del sistema de abastecimiento desde la planta de Pasacaballos, que estaba prevista para mediados de este mes de junio, además de la construcción de nuevas redes matrices, intervención que se extendería por cerca de un año y que buscaría mejorar la prestación del servicio en barrios con mayor dificultad.

Acabar el contrato con ACUACAR y crear una empresa de servicios públicos, la hoja de ruta que propone el Distrito

Este lunes 1 de junio, durante la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Distrital, el alcalde de la ciudad confirmó la ruptura de todo tipo de relaciones institucionales con ACUACAR y Veolia, y dijo que se pondrían en marcha acciones para poner fin al vínculo legal con la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

“Hoy hay mucha gente que no piensa en celebraciones, sino en cómo resolver el padecimiento del agua. Es un derecho fundamental, no una moneda de cambio o una estrategia de presión”, aseguró Dumek Turbay.

En conversación para El Espectador, la alcaldía de Cartagena expresó que actualmente se encuentran en estudio los mecanismos jurídicos y las acciones legales que podrían emprenderse tras el anuncio realizado por el alcalde. Según indicó la oficina de prensa, el mandatario dio instrucciones a la Oficina Asesora Jurídica del Distrito para evaluar alternativas.

Pero acabar un contrato no es tan sencillo, no dependería únicamente de la voluntad de la administración distrital. Además, el contrato no está próximo a vencer, pues se extiende hasta 2031, por lo que una terminación anticipada no se limita a definir si una de las partes decide hacerlo, sino también a establecer si existen razones legales y contractuales, cuáles serían las responsabilidades derivadas de esa decisión y qué ocurriría con las obligaciones e inversiones asociadas al contrato por parte de ambos.

De hecho, desde la administración aclararon para esta nota que, aunque ya está definida, no revelarán por ahora la estrategia jurídica ni las acciones legales que están llevando a cabo. Esto, porque como mencionaron, “no consideran conveniente exponerlas públicamente frente a la otra parte involucrada”.

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Por otra parte, el mandatario dijo que presentará ante el Concejo Distrital una propuesta para crear una empresa de servicios públicos domiciliarios, que asumiría el manejo del agua potable, alcantarillado y saneamiento básico en Cartagena. Pero, nuevamente (y de acuerdo con los lineamientos de Función Pública), la constitución de una nueva entidad requiere estudios de viabilidad financiera, administrativa y operativa, pues " las empresas de servicios públicos domiciliarios son sociedades comerciales que deben cumplir, además de las disposiciones especiales de la Ley 142 de 1994, todas las que resulten aplicables a las sociedades anónimas y en general, a las sociedades comerciales", tal y como lo indica la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por eso, a pesar de los anuncios realizados por la Alcaldía, no existe aún modificación en la operación del servicio. Aguas de Cartagena continuará siendo la encargada de prestar el servicio de acueducto en la ciudad mientras el contrato permanezca vigente y no exista una decisión que altere formalmente esa situación. Es todavía una idea cuya materialización dependerá de decisiones legales posteriores.

En 1781, la ciudad de La Paz sufrió un cerco indígena que impidió el ingreso de alimentos. La población llegó a padecer hambre extrema. Los registros de la época indican que muchos habitantes se alimentaron de mulas, perros y gatos, e incluso existen referencias de casos de antropofagia. Han pasado 245 años y la sede de Gobierno atraviesa una nueva situación de aislamiento. Esta vez, además de las dificultades para el abastecimiento de alimentos, ambulancias quedaron varadas en las carreteras, el oxígeno medicinal y algunos medicamentos comenzaron a escasear, mientras los llamados de emergencia se multiplicaron. Al igual que en el pasado, sectores campesinos acusan al poder central de incumplir compromisos y exigen la salida del mandatario de turno.

El cerco de 1781 se desarrolló en dos etapas y se prolongó durante casi seis meses. En la actualidad, la ciudad vive un mes de bloqueos carreteros que han afectado el abastecimiento y la movilidad. Aunque los contextos históricos son profundamente distintos, ambos episodios comparten un elemento común: la confrontación entre sectores movilizados del área rural y el poder político asentado en La Paz. Más de dos siglos después, los nombres de Bartolina Sisa y Túpac Katari siguen ocupando un lugar central en el debate político boliviano.

El diario de un sobreviviente

En 1781, Francisco Tadeo Diez de Medina era juez de la Corona Española. Había nacido y crecido en Nuestra Señora de La Paz y residía cerca del centro político de la ciudad. Su vivienda, ubicada junto a la Catedral, permanece en pie hasta hoy y funciona como Museo Nacional de Arte.

Cuando Túpac Katari, su esposa Bartolina Sisa y miles de indígenas decidieron cercar la ciudad, Diez de Medina se convirtió en uno de los principales cronistas de aquellos acontecimientos.

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En su Diario del alzamiento de indios conjurados contra la ciudad de Nuestra Señora de La Paz dejó constancia del asedio, que se extendió durante casi seis meses. El primer periodo comprendió del 13 de marzo al 30 de junio y el segundo, del 6 de agosto al 19 de octubre.

Los pueblos de Omasuyos, Pacajes y Sica Sica se levantaron contra la Corona española. El historiador Fernando Cajías de la Vega recordó, en el suplemento Rascacielos, que los diarios de la época reconocen que durante las expediciones militares organizadas para contener la rebelión se pasó “a cuchillo” a unos 300 indígenas.

Bolivia aún no existía y el descontento contra el dominio español se extendía por amplias regiones del Alto Perú. En ese escenario emergió la figura de Túpac Katari como uno de los principales líderes de la insurrección.

En el diario de Diez de Medina aparece frecuentemente rodeado por centenares de seguidores. El cronista lo describió así: “Bajó con mascaroncillos dorados en cada rodilla que llaman mascaipachas, y en cada hombrera, y un sol al pecho como acostumbran los incas”.

Su figura despertaba temor entre las autoridades y los habitantes de la ciudad. Cuando Bartolina Sisa fue detenida y encarcelada, Katari amenazó con reducir La Paz “a cenizas” si ella era ejecutada. La mujer, además de lavandera y tejedora, ejercía liderazgo militar y asumía la conducción del cerco durante las ausencias de su esposo.

Las consecuencias del asedio fueron devastadoras. El 30 de mayo de 1781, Diez de Medina escribió: “La hambre es cada día más sensible y así se ve comer a la gente pobre carne de mulas, de borricos, perros y gatos...”. Cuando los alimentos comenzaron a desaparecer, el hambre alcanzó niveles extremos.

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El fin del cerco

Las estimaciones históricas señalan que decenas de miles de indígenas participaron en el cerco. Diversos investigadores sostienen que las fuerzas rebeldes sufrieron enormes pérdidas frente a un ejército mejor armado.

Sebastián Segurola, comandante militar y gobernador de La Paz, calculó que unas 10.000 personas murieron en la ciudad durante el conflicto, muchas de ellas debido al hambre y las enfermedades. Otras versiones elevan la cifra hasta 15.000 fallecidos.

Tras romper el cerco, las tropas españolas emprendieron la persecución de Túpac Katari. El líder indígena intentó reorganizar a sus seguidores en el altiplano, pero fue capturado el 9 de noviembre de 1781. Condenado a muerte, fue descuartizado.

Bartolina Sisa murió el 5 de septiembre de 1782. Fue ejecutada en la plaza principal de La Paz. Ninguno de los dos cayó en el olvido. Con el tiempo, ambos se transformaron en símbolos de resistencia indígena y lucha social.

El cerco de 2026

Desde el 1 de mayo de 2026, las carreteras que conectan a La Paz con otras regiones del país permanecen bloqueadas por sectores afiliados a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.

Las consecuencias han sido graves. Según reportes oficiales y denuncias públicas, varias personas fallecieron debido a que las ambulancias no lograron atravesar los puntos de bloqueo.

El transporte de oxígeno medicinal desde el oriente hacia el occidente del país también resultó afectado, obligando a hospitales a suspender procedimientos médicos.

El abastecimiento de alimentos se ha convertido en otro problema para los paceños. La compra de carne y verduras es cada vez más difícil y costosa. En algunos mercados, el kilo de pollo supera los 35 bolivianos, mientras en Santa Cruz se comercializa a menos de la mitad de ese precio.

El impacto económico también alcanza al turismo y al comercio. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior estima pérdidas superiores a los mil millones de dólares durante el primer mes de conflicto.

El presidente Rodrigo Paz, que lleva seis meses en el cargo, ha insistido en la necesidad de dialogar con los sectores movilizados. El 25 de mayo declaró: “Yo les pregunto a los dirigentes: ¿están dispuestos a responder ante la historia por cada vida que se perdió esperando una ambulancia?”.

Los dirigentes rechazan esa postura. Jaime Arias, representante de las bases movilizadas, respondió: “Se han firmado varios acuerdos y ninguno se ha cumplido. Ahora quieren hacer firmar otro acuerdo más. La medida seguirá firme hasta que se vaya el presidente Paz”.

En la misma línea, Vicente Salazar, secretario ejecutivo de la Federación Departamental Túpac Katari, afirmó: “El Gobierno se sienta, firma actas, nos da la mano frente a las cámaras y luego se olvida. Llevamos meses exigiendo soluciones para la devaluación que está matando al pequeño productor y solo recibimos promesas vacías”.

Por su parte, el Gobierno sostiene que detrás de las protestas existe una estrategia de desestabilización impulsada por sectores vinculados al expresidente Evo Morales.

Salazar rechaza esa acusación: “Nos tratan de narcos, de masistas, de pagados. Somos pueblos indígenas y estamos sufriendo la crisis económica; las protestas responden al malestar social y a la difícil situación que atraviesan las familias”.

Morales, desde el Chapare, ha pedido la renuncia del mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones.

La batalla virtual

La confrontación no ocurre únicamente en carreteras y plazas. También se desarrolla en las redes sociales.

El caso de Rubén Callisaya Marca, mallku de justicia de la comunidad Checa Belén, ilustra esta situación. Aunque falleció el 9 de mayo por causas ajenas al conflicto, posteriormente comenzó a circular información que lo presentaba como la primera víctima mortal de los bloqueos.

Las noticias falsas se han convertido en un combustible adicional para la polarización. En redes circulan versiones sobre supuestas renuncias presidenciales, cargamentos militares ocultos en vuelos humanitarios y otras afirmaciones sin sustento.

El racismo también reaparece en el debate público. Mientras unos son descalificados como “indios”, otros son llamados “kharas”, término utilizado de manera despectiva para referirse a personas consideradas blancas.

Después de un mes de conflicto, las posiciones siguen alejadas. Algunos sectores exigen una intervención más firme del Estado; otros continúan apostando por el diálogo. Entre tanto, los nombres de Bartolina Sisa y Túpac Katari vuelven a instalarse en el centro de una crisis que, aunque distinta a la de 1781, revive viejas tensiones entre el campo y la ciudad.

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Cuando recibí la invitación para asistir a la premiere de Squatters: Okupas, hubo una imagen que llamó mi atención. En el afiche promocional aparecía una flor amarilla creciendo entre el cemento y una alcantarilla oxidada. A simple vista parecía una escena cotidiana, pero también una metáfora poderosa; la vida abriéndose paso en medio de la adversidad.

Esa primera impresión terminó siendo una antesala perfecta de lo que encontraría horas después en la pantalla.

La premiere, realizada junto a los suscriptores de El Espectador en el Centro Cultural Skandia, ofreció una experiencia cercana e íntima con los creadores y protagonistas de esta historia. La velada comenzó a las 6:30 p. m. con la apertura de puertas y la llegada de los asistentes a la sala de proyección, donde fueron recibidos por la directora y cineasta colombiana Catalina Santamaría.

A las 7:00 p. m., las luces se apagaron y comenzó la proyección del documental, una obra que le tomó cerca de veinte años realizar. El largometraje sigue la vida de una comunidad que habitó edificios abandonados en Nueva York, transformando estos espacios en escenarios de resistencia, creación artística y construcción de comunidad.

Más allá de ofrecer una mirada policial o legal sobre quienes habitaron estos edificios, el documental da cuenta de personas resilientes que encontraron en estos espacios una forma de crear comunidad y construir nuevas maneras de habitar la ciudad. Para Santamaría, este lugar representó un abrazo al corazón, pues en ocasiones sintió la soledad de estar lejos de su tierra.

La película nació de la necesidad de Santamaría de contar la historia de Ricardo Peña, un poeta colombiano que vivía en Umbrella House, un edificio squat que había sido ocupado en 1998 por una artista holandesa y dos estadounidenses. Fue él quien la acercó a este universo. Tras su fallecimiento, la directora sintió la necesidad de preservar su memoria y la de otros habitantes de estos espacios. La sección de El Magazín Cultural de El Espectador conversó con Catalina Santamaría sobre el proceso detrás de esta producción (ver entrevista aquí).

Sebastián Toro, suscriptor de El Espectador, afirmó: “El documental permite reflexionar sobre cómo podemos unirnos como sociedad para alcanzar grandes objetivos. Deja importantes matices para el análisis y demuestra que, cuando las ideas se unen, pueden impulsar grandes transformaciones sociales”.

Una vez finalizada la proyección, los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar con la directora sobre el proceso creativo del documental. La conversación también contó con la participación de algunos de sus protagonistas, quienes compartieron sus experiencias y evocaron, entre la nostalgia y la melancolía, los recuerdos de aquellos años.

La noche concluyó con un brindis y un espacio de encuentro entre los asistentes, la directora y los protagonistas, quienes intercambiaron impresiones y reflexiones sobre Squatters: Okupas.

Recuerda que tu también puedes asistir a este tipo de eventos de manera gratuita siendo parte de nuestra comunidad.

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Una investigación de tres meses permitió a las autoridades capturar en Bogotá a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Satanás, señalada de extorsionar a comerciantes, propietarios de parqueaderos y dueños de lavaderos de vehículos en la capital y en Soacha.

Las capturas se realizaron en el barrio Las Acacias, en la localidad de Kennedy, durante un operativo adelantado por el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el marco de la denominada Operación Ámbar, una ofensiva nacional contra estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión.

Los detenidos, conocidos con los alias de “Jhon” y “Muelón”, son señalados por las autoridades de intimidar a sus víctimas mediante panfletos, videos amenazantes, disparos contra fachadas de establecimientos comerciales e incluso atentados sicariales para obligarlas a pagar cuotas extorsivas.

Más información sobre Bogotá: Fiscalía imputará cargos a docentes por caso Valeria Afanador en Cajicá.

Así operaban los Satanás

Según la investigación, la estructura utilizaba una combinación de amenazas físicas y digitales para sembrar miedo entre comerciantes de Bogotá y Soacha.

Las autoridades aseguraron que los ahora capturados enviaban mensajes intimidatorios y grababan videos mientras cometían acciones violentas. Posteriormente, remitían ese material a las víctimas como mecanismo de presión para exigir pagos periódicos.

La investigación comenzó tras varias denuncias presentadas por afectados, quienes alertaron sobre la modalidad de extorsión que venía afectando distintos sectores comerciales.

Con el material recopilado durante el proceso investigativo, la Policía realizó un allanamiento en Kennedy, donde logró ubicar y capturar a los dos presuntos integrantes de la organización.

Los delitos por los que fueron judicializados

Tras su captura, alias “Jhon” y alias “Muelón” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Policía, deberán responder por los delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades ahora buscan establecer si los capturados estarían relacionados con otros hechos de intimidación denunciados por comerciantes en Bogotá y municipios cercanos.

La captura hace parte de una operación nacional

La acción contra Los Satanás fue una de las intervenciones desarrolladas dentro de la Operación Ámbar, que dejó 134 capturas en distintas regiones del país.

La ofensiva permitió afectar al menos 14 estructuras criminales investigadas por secuestro, extorsión y otros delitos conexos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y departamentos como Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Magdalena, Risaralda y La Guajira.

Entre las organizaciones impactadas aparecen Los Pachencas, Los Costeños, Los Pepes, Los Centauros del Clan, Los Helios y grupos residuales asociados a disidencias armadas.

Durante los operativos también fueron incautados 260 elementos, entre ellos armas de fuego, munición, granadas, motocicletas, un vehículo y teléfonos celulares.

La extorsión sigue golpeando a comerciantes

La captura de presuntos integrantes de Los Satanás ocurre en medio de una preocupación creciente por las extorsiones contra comerciantes y pequeños empresarios en Bogotá y Cundinamarca.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, las denuncias por extorsión en Bogotá mostraron una reducción importante durante el inicio de 2026, al pasar de 330 casos reportados en el mismo periodo de 2025 a 47 denuncias en 2026, una disminución del 85,8 %. Las autoridades atribuyen la caída a operativos contra estructuras criminales y al fortalecimiento de la denuncia ciudadana.

En Cundinamarca, la Gobernación informó que entre 2025 y abril de 2026 fueron capturadas 39 personas por este delito y se evitó el pago de más de COP 750 millones que organizaciones criminales exigían a comerciantes y ciudadanos. Los operativos incluyeron acciones contra estructuras que operaban en municipios como Soacha, donde precisamente Los Satanás han sido señalados de ejercer presión sobre negocios locales.

La peligrosa banda Satanás

Los Satanás se han convertido en una de las estructuras criminales más mencionadas por las autoridades de Bogotá durante los últimos años. Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, la organización tendría origen en redes delincuenciales vinculadas a ciudadanos extranjeros y ha sido relacionada con extorsiones, homicidios selectivos, amenazas a comerciantes, tráfico de estupefacientes y cobros ilegales en sectores de Bogotá y municipios vecinos como Soacha.

Su nombre ha aparecido en investigaciones por ataques contra establecimientos comerciales, distribución de panfletos intimidatorios y atentados sicariales utilizados para obligar a las víctimas a pagar “vacunas”. Las autoridades sostienen que el grupo opera bajo una estructura fragmentada, con células encargadas de ejecutar amenazas, recaudar dinero y coordinar acciones violentas, lo que ha dificultado su desarticulación total pese a las capturas realizadas en los últimos años.

Entre 2024 y 2026, diferentes operativos permitieron la captura de decenas de presuntos integrantes, aunque los organismos de seguridad advierten que la organización mantiene capacidad para reconfigurarse y seguir operando en algunos sectores de la capital y la región.

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Con la mirada llena de angustia y cansancio, después de casi dos años sin comparecer ante la justicia, el general en retiro del Ejército Mario Montoya Uribe reapareció durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El excomandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, investigado en la justicia transicional por su presunta relación con grupos paramilitares y posible responsabilidad en cientos de ejecuciones extrajudiciales, fue llamado a versión voluntaria ante la instancia creada con el Acuerdo del 2016.

Durante dos jornadas, este 1 y 2 de junio, los magistrados Catalina Díaz Gómez y Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, escucharán al exuniformado hablar sobre hechos ocurridos en la región Caribe entre los años 2003 y 2008, relacionados con falsos positivos y alianzas paramilitares. Durante esos años, el general (r) Montoya Uribe fue comandante de la Primera División del Ejército con sede en Santa Marta (Magdalena), del Comando Conjunto Caribe Número 1 y del Ejército Nacional.

Esta diligencia que se adelanta por estos días ante la justicia transicional tiene una particularidad. Hace parte de la llamada fase nacional del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado en todo el país. Sin embargo, el general (r) Montoya Uribe enfrenta una investigación propia por su presunta responsabilidad en al menos 118 casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. El militar en retiro ha negado su responsabilidad.

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Montoya, el Ejército y los falsos positivos

Durante años, el general (r) Mario Montoya Uribe ha intentado esquivar a la justicia. Su nombre ha aparecido en investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, presuntas relaciones con grupos paramilitares y hechos tan sangrientos como la Operación Orión, entre el 16 y el 25 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, donde 87 civiles fueron asesinados y 90 desaparecidos. Sin embargo, sus estrategias para evadir los procesos en la justicia ordinaria y en la transicional lo han tenido lejos de dar respuestas.

Su caso primero estuvo en manos de la Fiscalía General de la Nación. En 2016, Montoya Uribe iba a ser imputado en la justicia ordinaria por su responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales. Un proceso que se frenó por su ingreso a la JEP y que, pese a que la administración de Francisco Barbosa intentó revivirlo en 2021, quedó congelado por una orden del Tribunal Superior de Bogotá. ¿La razón? El caso pasó a estar en manos de la JEP en 2018, cuando el exmilitar se acogió a la justicia transicional.

En julio de 2022, Montoya Uribe fue llamado a rendir versión libre ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Luego, en 2023, fue imputado por los crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por su presunta responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales. Pese a la crudeza de los relatos de otros comparecientes que han confirmado su política sangrienta cuando era comandante del Ejército en Antioquia, Montoya no aceptó su responsabilidad.

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Hasta ese momento, Montoya Uribe solo había sido llamado a responder por hechos ocurridos entre 2002 y 2003, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada, en Antioquia. Luego, la justicia transicional lo llamó a comparecer dentro de la fase nacional del caso 03, por los hechos ocurridos entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, tiempo en el cual comandó dos unidades militares en el Caribe y alcanzó el punto más alto de su carrera militar, como comandante del Ejército en el gobierno de Uribe Vélez.

En ese contexto, la JEP requirió al exmilitar para que comparezca de forma libre sobre al menos 30 versiones voluntarias que han entregado exmilitares que estuvieron a su cargo o que trabajaron con él. Entre esa información, hay declaraciones entregadas por dos exaltos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez y seis generales de la República, dos de ellos antiguos inspectores generales del Ejército cuyas investigaciones abrieron un escándalo que obligó a Montoya Uribe a renunciar a la institución en noviembre de 2008.

La primera vez que la JEP llamó a Montoya a rendir versión dentro de la fase nacional del caso 03 fue en febrero del 2020, en el marco del cierre de la investigación de ese expediente. La audiencia se iba a reanudar en abril pasado, con el objetivo de indagar sobre la forma en la que, al parecer, desde el Comando de las Fuerzas Militares se emitieron “directivas y circulares orientadas a exhortar a las unidades militares al respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

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En ese momento, la diligencia no se pudo adelantar porque Montoya Uribe recusó a la magistrada Catalina Díaz Gómez, una de las togadas encargadas de escuchar su versión libre. El exmilitar argumentó que la magistrada, por ser una de las relatoras del caso relacionado con falsos positivos y haber participado en audiencias de observaciones de víctimas y de reconocimiento de responsabilidad, entre otras diligencias en las que él ha sido incriminado por otros comparecientes, no sería imparcial ante su declaración.

“No sería dable que participara la señora magistrada Catalina Díaz, toda vez que ya ha conocido y ha adoptado decisiones de fondo al interior del caso 03, al proferir específicamente el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) en el subcaso Antioquia y en consecuencia determinarme como máximo responsable, sin que se viese afectada su imparcialidad e independencia”, señaló Montoya Uribe en su recusación. El recurso fue estudiado y negado por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Con un auto de 15 páginas emitido el pasado 15 de mayo, esa instancia le cerró la puerta a la petición de Montoya Uribe: “La división metodológica adoptada para la instrucción del Caso 03 (...) no implica una ruptura procesal del caso, sino una organización estratégica de su investigación (...) Ello entrañaría el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia, procedimiento que ni la ley autoriza ni la lógica justifica”, señala la decisión, que le dio vía libre a la audiencia de esta semana.

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Las cuentas pendientes del general (r) Montoya

La audiencia de esta semana al general (r) Mario Montoya Uribe no es la única responsabilidad que tiene el exmilitar con la justicia transicional. Los magistrados Catalina Díaz Gómez y Óscar Parra Vera buscan recaudar información para esclarecer si los patrones macrocriminales documentados por la JEP en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros sitios del país. Mientras tanto, el expediente propio contra el exmilitar se mueve a pasos lentos.

Tanto la justicia ordinaria como la JEP han sostenido en sus imputaciones que Montoya Uribe tuvo un rol determinante para ejercer presión sobre la tropa y que dieran “resultados en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’ o ‘carrotanques de sangre’”. Pese a las evidencias que lleva a cuestas, el exalto oficial negó su culpabilidad y, por eso, en diciembre de 2024 su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), llamada la fiscalía de la JEP, para que defina si llama o no a juicio adversarial al exmilitar.

Aunque el expediente lleva más de un año en manos de la UIA, no se ha movido significativamente. En su momento, la fiscalía de la JEP le dijo a El Espectador que estaban dentro de los términos de la ley para avanzar en el caso de Montoya Uribe. La UIA tiene un año para indagar al exmilitar, prorrogable por seis meses más, y un año extra para pasar de la indagación a la investigación formal. Esa fase del proceso es clave porque en ella se define si el excomandante del Ejército es llamado a juicio o no.

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En caso de ir a juicio adversarial, el caso quedaría en manos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y Montoya Uribe enfrentaría una pena de hasta 20 años de cárcel. Ya la justicia transicional ha tomado decisiones de este tipo, como la que emitió en diciembre de 2025 en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, condenado a 20 años de cárcel tras no aceptar cargos y comprobarse su responsabilidad en más de 70 ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).

Sin embargo, para las víctimas, el no reconocimiento de responsabilidad por parte del general (r) Montoya Uribe y los escasos avances en el proceso van más allá de la decisión de la UIA de llamarlo o no a juicio. Su preocupación es que durante años el exmilitar le ha hecho el quite a la justicia con recursos para dilatar el proceso, como le dijo a este diario en su momento Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, que reúne a más de 30 familiares de las víctimas de la mencionada Operación Orión, en Medellín.

“Mario Montoya nunca ha reconocido su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Hay una estrategia negacionista, justificatoria de los hechos y de dilación para que no avance el proceso”, dijo la jurista. Agregó: “Las víctimas tienen derecho a la justicia. Eso implica investigación, esclarecimiento de los hechos, juzgamiento y sanción. Y eso es en lo que vemos que no se ha avanzado. La justicia transicional no puede aportar a la estrategia de impunidad sobre las graves violaciones de derechos humanos”.

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Pero no es solo en el caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, donde el excomandante del Ejército durante el gobierno Uribe Vélez tiene cuentas pendientes. La JEP también incluyó su caso dentro del subcaso Antioquia del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. En ese expediente, fue llamado a rendir versión voluntaria de forma puntual por los hechos relacionados con la Operación Orión.

La teoría que sostiene la JEP es que cuando Montoya Uribe fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, se habrían cometido graves crímenes de guerra y de lesa humanidad por unidades militares a su cargo, en el marco de varias operaciones militares que se adelantaron entre los años 2001 y 2003. Aunque los expedientes por ambos casos son distintos e independientes en la JEP, la realidad a la fecha es una y es la misma que denuncian las víctimas: conforme pasa el tiempo, la impunidad se extiende.

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Una compleja situación de seguridad y orden público se registra en la zona rural del municipio de Suárez (Cauca). El Ejército confirmó que las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” perpetraron un ataque con drones cargados con explosivos. Siete civiles resultaron heridos: cinco menores de edad y dos adultos.

El Ejército Nacional confirmó que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 14 mantienen operaciones en contra de las disidencias de las Farc, específicamente contra la estructura Jaime Martínez, al mando de alias “Iván Mordisco”. Los ataques comenzaron en la tarde del 1 de junio.

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“La reacción de las tropas, sumada al apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), permitió repeler la agresión e identificar el punto de lanzamiento de los explosivos. Al momento, nuestras tropas no reportan novedades”, señaló el Ejército.

El pasado 18 de mayo, las autoridades confirmaron otro ataque atribuido a la estructura Jaime Martínez, también en zona rural de Suárez. De acuerdo con las Fuerzas Militares, durante los combates, los integrantes de ese grupo habrían intentado emplear explosivos lanzados mediante rampas.

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Las autoridades señalaron que dicho ataque buscaba generar afectaciones a la población civil y a la fuerza pública. Estos hechos se suman a la cadena de atentados que comenzó el pasado 24 de abril en Cali (Valle del Cauca) y que posteriormente se extendió al departamento del Cauca.

Uno de los ataques más violentos se presentó el pasado sábado 25 de abril en El Túnel, cuando un cilindro cayó sobre una buseta y estalló. En total, 20 personas murieron y cerca de 30 más resultaron heridas. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa señalan al grupo Jaime Martínez como responsable de los hechos.

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