La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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“Margarita entregó su vida a la defensa de los derechos humanos y a la dignidad humana. En Segovia (Antioquia) no hay hoy una persona tan entregada a la gente como ella”. Así recuerda Ivonne Guzmán a su hermana, Margarita Guzmán Restrepo, líder sindical asesinada a la edad de 34 años, el 25 de marzo de 1997, a las 8 de la mañana, en la oficina de Inspección Municipal de Segovia, donde trabajaba como secretaria. Los sicarios entraron y, tras confirmar que era ella, le dispararon hasta causarle la muerte.

Margarita fue una de las fundadoras del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios del departamento de Antioquia (Sintraofan) en su municipio y la única mujer de la lista de 35 asesinatos que puso esta organización, entre 1994 y 2007.

Sintraofan era el sindicato de trabajadores públicos más grande de Antioquia por su defensa a los derechos laborales. Pero por la persecución, las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos que padeció en el conflicto armado pasó de tener alrededor de 1.520 socios a 280. El paramilitarismo casi lo extermina.

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“El sindicato fue pionero en la defensa de los derechos laborales, era sólido y económicamente estable, por lo que todo el mundo quería afiliarse. Por eso, la única forma que tenían para estigmatizarlo era decir que era de izquierda en un momento del país en que decir eso era ponerle una lápida. Pero más que de izquierda, este era y es un sindicato que reclamaba derechos laborales, que reclamaba los pagos atrasados o las primas no reconocidas, que denunciaba con las autoridades estas irregularidades, con la Procuraduría y la Contraloría, y por eso era considerado una organización de “revoltosos”, dice Hernando Echeverri, quien aceptó la presidencia de este sindicato hace 20 años, en medio de asesinatos, desplazamientos y el ruego temeroso de su familia porque no aceptara el cargo. Desde entonces le ha tocado lidiar con amenazas y desplazamientos, pero ha logrado demostrar que el trabajo del sindicato es justo y transparente. Y aunque no han vuelto a tener el número de asociados de los años 90, sí cuentan hoy con más de 600 inscritos y una lucha incansable por la memoria de los compañeros que como Margarita Guzmán fueron asesinados. 

Por eso, este jueves, en Medellín, en un acto público y simbólico, Sintraofan entregará un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que recoge los asesinatos, desplazamientos y agresiones que padecieron con ocasión del conflicto armado, entre 1994 y 2007, que buscaron disolver su fuerza sindical y lo lograron en 14 de sus subdirectivas.

Sintraofan fue fundado el 22 de mayo de 1970 y congregó a trabajadores de 45 municipios de este departamento, que desempeñaban labores, en su mayoría, de construcción, aseo, mantenimiento y conducción de vehículos, contratados por entidades del Estado.

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Entre junio de 1995 y mayo de 2007, en 45 municipios de Antioquia, 76 trabajadores afiliados a Sintraofan fueron despedidos de forma masiva y sin justa causa. En ese mismo período fueron asesinados 35 de sus miembros y dos familiares en retaliación porque los sicarios no encontraron a su objetivo, y 1.470 sufrieron amenazas contra su vida, correspondientes en su mayoría a las subdirectivas de Andes, Arboletes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Frontino, Necoclí, Pueblo Rico, Salgar, San Francisco, Tarazá, Vegachí y Yalí, siendo obligados a desplazarse. 

Las violaciones fueron perpetradas por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con la complicidad de agentes de Estado, según denuncian las víctimas, y se ha podido determinar por la justicia. Uno de esos casos emblemáticos fue el alcalde de Yalí, Óscar Mira, quien persiguió al sindicato en diferentes espacios y que en 2005 confirmó el rumor que lo rondaba cuando se desmovilizó como comandante paramilitar del bloque Héroes de Granada, en el municipio de San Roque, al nordeste antioqueño, de la mano del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo, conocido como “Don Berna”.

Tal fue la violencia y la impunidad que ha padecido Sintraofan, que el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 27 de diciembre de 2005, con el apoyo del Grupo Interdisciplinario GIDH. La CIDH admitió el caso y hoy se encuentra a la espera del informe final desde el año 2016.

En la década de los 90, al tiempo que se fortalecía el paramilitarismo en todo el país, en toda Antioquia se incrementaron las persecuciones a las organizaciones sindicales, cívicas y populares. Solo en 1995, fueron despedidos sin justa causa 60 trabajadores del sindicato en Frontino y 16 en Toledo. 

Para 1997, debido a las amenazas y el desplazamiento forzado, la directiva central de Sintraofan conformó un comité de desplazados para recibir en Medellín a los miembros de varias subdirectivas, y como consecuencia de las denuncias que presentó la junta directiva del sindicato, recibieron una llamada que los amenazó con ponerles una bomba en el edificio en el que se albergaban.

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En 1999, la subdirectiva de Sintraofan, a la que pertenecía Hernán de Jesús Álvarez, fue disuelta forzadamente. Ese mismo año fue asesinado su presidente, Luis Humberto Herrera Gallego. Días después de su asesinato, Hernán de Jesús Álvarez fue amenazado de muerte por los paramilitares, diciéndole que dejara de denunciar que la disolución sindical se debía a la presión paramilitar. Fue asesinado tres años después, cuando en un retén paramilitar fue identificado. Ese 22 de febrero de 2002 lo bajaron de un vehículo, junto a otros compañeros, le dispararon en la cabeza y en el tórax, y le dijeron que eso le pasaba “por sapo”. 

En junio del año 2000, los paramilitares citaron a todos los miembros del sindicato a una reunión en la que les dijeron que habían sido declarados objetivo militar y que tenían que renunciar al sindicato. Y un año después, en diciembre de 2001, hicieron lo mismo en el municipio de Andes, pero apartaron a uno de sus integrantes y lo asesinaron frente a sus compañeros. 
El 12 de junio de 2002, por ejemplo, Gildardo Uribe y otros dos compañeros de la subdirectiva rindieron declaraciones en un proceso laboral que había instaurado un miembro del sindicato en Yolombó, y al regresar fue asesinado por paramilitares. Esos solo son algunos de los 37 homicidios que se perpetraron. 

Por todos estos hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió 22 procesos penales que durante años se mantuvieron en etapa previa, sin mayores resultados de justicia, y por eso fueron en su mayoría archivados. Aunque muchas víctimas no pudieron denunciar de forma oportuna, por el control paramilitar que ejercían en los municipios antioqueños que servía para que se enteraran casi inmediatamente de las denuncias que se presentaban. “Ante la impunidad y el silencio que han tenido estos hechos, entregamos este informe a la JEP y a la Comisión de la Verdad para que tomen cartas en el asunto y se esclarezcan tantos años de violencia. Es un reconocimiento a la lucha de las familias y los compañeros que esperan con esto contribuir a que se honre la memoria de quienes asesinaron o victimizaron”, sostiene Hernando Echeverri.

El nuevo año para los habitantes del corregimiento de Charras, en San José del Guaviare, llegó con la noticia de que el espacio territorial de las Farc que queda a 10 minutos a pie del caserío, donde los excombatientes han hecho su proceso de reincorporación desde noviembre de 2016, será trasladado a otro lugar por arreglo entre el Gobierno y la exguerrilla.

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El anuncio lo hizo Andrés Stapper, director de la Agencia de Normalización y Reincorporación (ARN). Serán cinco los espacios de reincorporación que se van a trasladar: Tumaco (Nariño), Pradera (Putumayo), Yarí (Meta), Ituango (Antioquia) y Charras (Guaviare). Colombia 2020 estuvo en esta última zona a comienzos de este año y notó la preocupación que causó este anuncio a la comunidad. “Esta zona volverá a quedar muerta otra vez”, señaló Alberto Cifuentes, uno de los pocos habitantes que regresaron a Charras después del desplazamiento masivo de 2002.

Para la comunidad, la firma del Acuerdo de Paz fue la ilusión de una vida tranquila y digna. Con el espacio de reincorporación llegaron las promesas del Estado de comercialización de cultivos, vías, electricidad y agua potable. Mejor dicho, era la ilusión de que el abandono estatal histórico, al igual que la guerra, llegarían a su fin.

“El Estado nos volteó a mirar”

Apenas en 2013 ese caserío volvió a levantarse de nuevo, pero no es ni la sombra de lo que fue a comienzos de los años 2000: un pueblo boyante por la bonanza cocalera, con redes eléctricas, repleto de comercios y de gente que usaba relojes y collares de oro. Pero entonces vivía bajo el dominio de grupos paramilitares como el bloque Centauros y los frentes 1, 7 y 44 de las Farc.

La vía que comunica a Charras con San José, mejor conocida como la Trocha Ganadera, fue por donde pasaron los paramilitares enviados por Carlos Castaño hacia Mapiripán (Meta) para cometer la masacre ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Cinco años después, la intensificación de los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y Ejército provocó el desplazamiento masivo de las familias de Charras. Era un pueblo fantasma.

“Con la dejación de las armas de las Farc y su llegada acá, a Charras, hubo más tranquilidad en el territorio. Se mejoró el trazado de la vía que nos comunica con San José, aunque la promesa era pavimentarla, y eso no ha ocurrido”, dijo Jorge Caballero, antiguo presidente de la Junta de Acción Comunal de Charras.

Contó también que el espacio de reincorporación puso de nuevo a Charras en el panorama nacional, y recordó la visita del expresidente Juan Manuel Santos, en mayo de 2017, cuando lideró la firma de los convenios de sustitución voluntaria de los cultivos de coca con 500 familias. “Ese programa ha fracasado”, agregó. “Nosotros erradicamos, pero no han llegado los proyectos productivos ni tenemos las vías para sacar el plátano o la yuca. Muchos volvieron a resembrar coca”.

Caballero explicó que Charras y las veredas de los alrededores aceptaron erradicar sus cultivos de coca y lo hicieron. No quedó mata alguna, según él. Sin embargo, solo recibieron los pagos de $1’800.000 del primer año para seguridad alimentaria. No saben qué pasó con los cultivos y la asistencia técnica que promete el programa.

Aun así, cree con que la salida de los excombatientes se alejará mucho más la poca atención del Estado que les llegó.

Pero hay una preocupación mucho más grande entre ellos: su seguridad. Así lo expresó Eugenio Tapiero, campesino del caserío: “La Policía y Ejército que cuidan el espacio de reincorporación se irán, lo mismo que la ONU. Después de que ellos se vayan volverán otra vez los grupos armados a tomarse esta región”.

Temen que, como en el pasado, los actores armados presentes en el Guaviare tomen represalias con ellos por su cercanía con el espacio de reincorporación y los excombatientes. Según la Defensoría del Pueblo, por el río Inírida y la región del Guayabero están las disidencias de los frentes 1 y 7 de las Farc. También están presentes las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las razones de los habitantes de Charras justifican su preocupación. El aviso del Gobierno los puso en alerta, pero ante una decisión que ya no puede echarse para atrás piden que les cumplan con las promesas del Acuerdo de Paz y que se den las garantías para que no se repita la historia de violencia que vivieron años atrás.

¿Por qué se van los excombatientes?

Sin embargo, la decisión de irse fue estudiada y consensuada con el Gobierno. Se tomó porque ese terreno está dentro de una zona de reserva forestal, es decir, en un área protegida por el Estado donde no se puede cultivar ni titular tierras. “Era inviable adelantar allí proyectos productivos para los excombatientes. Por eso les propusimos que ubicaran un predio más cercano a polos de desarrollo, que tuviera oportunidad de titularidad y vocación productiva del suelo”, explicó Andrés Stapper, director de la ARN.

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“Desde el comienzo tuvimos todos los obstáculos: esto era un desierto, no podíamos construir casas más dignas y duraderas, ni tener títulos de tierras o desarrollar nuestros proyectos. Nos preguntamos si esa Ley de Reserva Forestal solo aplica para nosotros y los campesinos, porque si usted va a mirar acá hay terratenientes sembrando palma y con ganado en grandes extensiones de tierra”, añadió Gamboa.

El predio elegido por los exguerrilleros queda en la vereda Las Lomas, en el corregimiento de Boquerón, ubicado entre Charras y San José del Guaviare, a una hora y media de distancia entre cada uno. Está en zona de reserva campesina y cuenta con mejores suelos para cultivar. Se espera que allá vivan próximamente las 146 personas que habitan el lote en Charras, entre exguerrilleros y sus familias.

Aceptaron el traslado con algunas condiciones, afirmó Gamboa. “La primera: nos vamos hasta que las viviendas y servicios públicos estén listos. Segundo, que haya inversión social en Charras y veredas cercanas. Tercero, que el proyecto de ecoturismo Manatú (el único que han podido desarrollar en ese territorio) se implemente con la gente de Charras como una manera de garantizar nuestro compromiso con ellos. Cuarto, que podamos participar en el diseño del pueblo y las viviendas. Y quinto, que también haya inversión en el Boquerón, la comunidad que nos va a recibir”.

De acuerdo con Stapper, si bien no hay certeza del tiempo exacto que tomará hacer el traslado, sí esperan que no tome más de dos años culminar todo el proyecto: viviendas, servicios públicos, puestos de salud, vías, entre otras.

“Ya activamos la ruta de compra de esta tierra en Boquerón con la Agencia Nacional de Tierras. Eso puede durar aproximadamente entre tres a siete meses”, señaló, y agregó que están trabajando en paralelo con otras entidades, como el Ministerio de Minas y el de Vivienda, para definir las rutas de conectividad, los recursos para las viviendas y la definición de los lotes para los excombatientes. También están coordinando con la Alcaldía y la Gobernación para modificar los planes de ordenamiento territorial y hacer inversión pública.

Resaltó que durante este proceso de transición, el Gobierno seguirá haciéndose cargo de los arriendos, la manutención y los arreglos locales que necesiten los excombatientes que viven en Charras. Y apenas se logre comprar el terreno, se irán adelantando los proyectos productivos.

Respecto a las preocupaciones de los habitantes de Charras, Stapper afirmó que la inversión estatal sobre esta comunidad no se irá, ya que es uno de los 170 municipios priorizados en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según información del Gobierno, hay seis obras proyectadas en la vereda de Charras, entre ellas el mejoramiento de la escuela y la construcción de un sistema séptico, que significan una inversión de más de $450 millones.

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En cuanto a su seguridad, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU le aseguraron a este medio que seguirán las alertas que puedan presentarse en esta población tras la salida de los excombatientes.

Así los excombatientes se vayan, el Gobierno está en la obligación de cumplirles también a las comunidades con inversión social.

Hace menos de un mes, antes de acabar la legislatura que presidió en el Senado Ernesto Macías Tovar, del partido Centro Democrático, se firmó una ley radicada en el Congreso por la senadora María Fernanda Cabal, también del partido de Gobierno, “por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones”.

El articulado fue poco debatido, y quizás esa sea la razón para que solo un mes después uno de sus artículos haya suscitado una enorme controversia, en especial entre sectores y representantes de víctimas del conflicto armado. Se trata del artículo 9 de la Ley 1979, del 25 de julio, que señala que el Centro Nacional de Memoria Histórica “dispondrá de un espacio físico en el Museo de la Memoria destinado a exponer al público las historias de vida de los Veteranos de la Fuerza Pública, exaltando particularmente sus acciones valerosas, su sacrificio y contribución al bienestar general”.

“La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, establece que la memoria no puede ser estatal. Ahora, esa construcción de memoria puede tener múltiples relatos de actores del conflicto armado, pero lo que no debería pasar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene a cargo la administración del Museo de Memoria, es que la versión de integrantes de la Fuerza Pública se tome como la versión oficial del conflicto armado”, dijo al respecto Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompaña casos de graves violaciones a los derechos humanos y que considera demandar algunas disposiciones de la ley por considerarlas inconstitucionales. 

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La controversia se suma a la polémica que ha suscitado el Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército, firmado por el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, y que se conoció esta semana a través de una publicación de El País de España. El plan busca crear una narrativa institucional del conflicto armado que exalta las victimizaciones de la Fuerza Pública y su heroísmo durante el conflicto armado.

El Museo de la Memoria, que según la ley 1979 deberá asignar un espacio para los veteranos de guerra, es una apuesta de reparación simbólica contemplada en la Ley de Víctimas de 2011, pero cuya construcción no ha visto la luz nueve años después de su expedición, aunque se espera que empiece en septiembre su proceso de licitación y contratación, como confirmó en entrevista con este diario su director, Rafael Tamayo.

“Tener un espacio en el Museo de Memoria para exaltar la memoria de los veteranos de guerra es gravísimo”, aseguró Adriana Arboleda, abogada y representante de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a víctimas de violaciones a los derechos humanos de la Fuerza Pública, especialmente en Antioquia: “Es la muestra de que el Estado no tiene un compromiso real y serio con la justicia y con lo que ocurrió en el conflicto armado (...) Solo en Antioquia hemos documentado mil ejecuciones extrajudiciales con 90 víctimas. La Fuerza Pública sigue teniendo un discurso justificatorio de este accionar. El mismo con el que los generales llegaron a la Jurisdicción Especial de Paz a ‘demostrar su inocencia’ y no a reconocer su responsabilidad en serias y graves violaciones a los derechos humanos”.

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Y agregó: “El general Mario Montoya, por ejemplo, sigue diciendo que la operación Orión fue una operación legítima cuando solo en el segundo día de esa operación se desapareció forzadamente a seis personas con la ayuda y cooperación de agentes del Estado. En total, suman alrededor de 300 personas desaparecidas en el marco de esas operaciones militares en la Comuna 13, que se sabe fueron coordinadas y realizadas con paramilitares, como dicen varios fallos. Eso sin mencionar que hasta el momento no ha sido posible que la Fuerza Pública entregue una verdad sobre las víctimas de desaparición forzada”.

Esta última preocupación también es compartida por la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, quien, durante la entrega de 276 casos de personas desaparecidas recopilados por la exguerrilla de las Farc, aseguró que hasta el momento no se ha consolidado un canal de comunicación con la Fuerza Pública ni han recibido ningún tipo de información que permita trabajar en la búsqueda de los desaparecidos. La Comisión de la Verdad, informó El País, también ha venido enfrentando obstáculos de acceso a información y en los nueve meses de vigencia que tiene no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército.

Para Gloria Luz Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en el caso de la desaparición forzada, donde “el Estado es responsable por acción directa de sus agentes o por omisión al cumplimiento de sus obligaciones porque permitió que se los llevaran”, es “un insulto” que el Museo de la Memoria tenga un espacio destinado a exaltar acciones “valerosas de la Fuerza Pública”. “Al parecer, el Museo lo van a utilizar para lo de siempre: un espacio hegemónico del Estado para ocultar los crímenes atroces que han cometido y volver héroes a los verdugos”, aseveró.

Luz Marina Hache, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), también es clara en decir que “las Fuerzas Armadas han sido parte directa del conflicto armado y han cometido delitos”. Y asegura: “En las Fuerzas Militares hubo un compromiso con decir la verdad, pero ¿cuál verdad? ¿Vamos a seguir en el ocultamiento de una verdad que enloda a las Fuerzas Militares? Están los falsos positivos, por ejemplo”.

Dentro del Movice han documentado casos que incluyen a 16.000 víctimas de acciones perpetradas por la Fuerza Pública en alianza con el paramilitarismo. Esto incluye delitos como la desaparición forzada, el homicidio, desplazamientos forzados y amenazas.

A su vez, Rafael Tamayo, director del Museo de la Memoria, cuya administración está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, tampoco pudo negar su preocupación por el artículo 9 de la Ley de Veteranos y mencionó que le preocupa “la asignación de espacios en el museo, porque con esa lógica llegará un momento donde la administración del espacio y la misionalidad pueda verse afectada con este tipo de intervenciones”. Por eso confía en que “la reglamentación de la ley logre de alguna manera encontrar un camino mucho más concertado”.

Ahora bien, como lo señala Juan Carlos Ospina, aunque han existido delitos y políticas de la Fuerza Pública que han violentado derechos humanos, sin duda, “también hay gente honorable, que le sirve al país, que ha defendido derechos, y en esa medida el hecho de que haya una norma que planee unos beneficios o una atención a estas personas en la Ley de Veteranos no significa de entrada una apología a la guerra. Por el contrario, da reconocimiento a quienes lo merecen. La pregunta de fondo es: ¿quiénes lo merecen y bajo qué consideraciones? ¿Son las mismas que se tuvieron para ascender a los militares cuestionados por falsos positivos?”, se preguntó.

¿Quiénes son los veteranos?

La Ley 1979 define a los veteranos como “todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservista de honor”, así como los que hayan participado “en nombre de Colombia en conflictos internacionales” y quienes sean víctimas, según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Pero así planteado puede ser problemático, porque no diferencia a quienes se hayan retirado voluntariamente de los que hayan sido retirados por procesos o sanciones disciplinarias, por ejemplo. Esto, según Ospina, debe ser revisado por la Corte Constitucional.

“Por ejemplo, el brigadier general Velandia Hurtado fue acusado de la desaparición de Nydia Érika Bautista y sancionado disciplinariamente en el año 1995. Luego, por avatares de la vida, resultó en retiro voluntario y ha habido un proceso judicial. Esa persona está en retiro. Por más que haya sido voluntario, en este momento lo está por una sanción disciplinaria y una desaparición forzada. Esa persona no puede ser un veterano para efectos de un reconocimiento de su labor”, dice Ospina.

A esto se suma el artículo 25 de la ley, que habla de quienes pierden estos beneficios, no de quienes no pueden acceder a ellos. La ley dicta lo siguiente: “El Veterano que haya sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionado disciplinariamente por conductas gravísimas en actos ajenos al servicio no podrá acceder a los beneficios de ley”. Y aclara que las condenas o sanciones deben estar en firme.

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Ospina piensa que, una vez más, esto debe ser revisado. Por ejemplo, la parte en la que menciona “actos ajenos al servicio”. “Esta es una gran discusión porque históricamente pasaba que se consideraba como un acto de servicio una ejecución extrajudicial, porque ‘fue cometida en función del servicio porque llevaba el arma’. Y no. Si se clasifica entre actos cometidos en servicio o no, se están dejando de lado actos cometidos en servicio que son graves violaciones a los derechos humanos”.

Además, la ley solo contempla la pérdida de beneficios para los condenados, dejando abierta la posibilidad de que los procesados tengan estos beneficios. “Una cosa es que un veterano pierda los beneficios y otra es que no pueda acceder a ellos. No deberían poder acceder a beneficios quienes estén procesados. Con el alto grado de impunidad que hay en este país, a las personas las demoran 30 años procesándolas, entonces durante 30 años una de estas personas va a gozar de estos beneficios que dispone la ley, solo por su condición, sin considerar que está cuestionada moralmente o incluso directamente vinculada a graves violaciones de derechos humanos o del DIH”.

No se trata de que el Museo de la Memoria no tenga los testimonios y vivencias de los militares o policías que, de acuerdo con el derecho internacional humanitario que reglamenta la guerra, sufrieron victimizaciones, como el secuestro, la tortura o las mutilaciones producto de las explosiones de minas antipersonales. Se trata de que el Museo de la Memoria y el derecho a la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado siga siendo titular de las víctimas y no sea un espacio oficialista o de revictimización, donde el Estado y sus agentes desconozcan sus responsabilidades y excesos en un conflicto que hoy tiene más de ocho millones de víctimas registradas.

Diez mujeres fueron asesinadas por defender los derechos humanos en el primer semestre de 2019, según el último informe de la organización Somos Defensores. Y aunque la cifra de homicidios de líderes hombres es mayor (con 49 casos), hay que resaltar que las agresiones contra las mujeres aumentaron un 3 % en el primer semestre de 2019, con relación al mismo período del año pasado. En algunos departamentos como el Putumayo, por ejemplo, la Alianza de las Mujeres Tejedoras de Vida tiene trece amenazadas y una desaparecida: Deyanira Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2018. El departamento con mayores agresiones es Cauca, con 22 para el período analizado.

De esas diez mujeres asesinadas hay al menos tres casos emblemáticos, por lo que representaban para sus comunidades. Ellas son María del Pilar Hurtado, de 34 años y madre de cuatro hijos, quien ejercía un liderazgo para buscar la legalización de unos predios en un asentamiento del sector Los Robles en Tierralta (Córdoba), de propiedad del padre del alcalde Fabio Leonardo Otero. El 21 de junio pasado, tras ser descrita de forma despectiva en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), fue asesinada por dos hombres que le dispararon frente a su casa y ante uno de sus hijos.

La otra líder es Maritza Isabel Quiroz, una mujer rural y reclamante de tierras despojadas por el paramilitarismo, de sesenta años, quien por esta lucha recibió amenazas en 2018. La Corte Constitucional había solicitado medidas de protección para su vida y la de otras mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Santa Marta (Magdalena). El 5 de enero de este año fue asesinada en su vivienda, ubicada en la vereda de San Isidro de esa municipalidad. Y, finalmente, la médica de 45 años Sonia Rosero González, precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís (Putumayo) y líder de una campaña de no violencia contra la mujer en ese departamento. Murió cuando desconocidos le dispararon mientras estaba en la entidad de salud donde trabajaba.

El informe del programa no gubernamental Somos Defensores, que se publica este miércoles y trata sobre la situación de los líderes en el primer semestre del año, llama la atención, más allá de los homicidios, sobre otro tipo de agresiones que están viviendo estos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos en sus territorios. Si bien los asesinatos disminuyeron en el primer semestre de 2019, cuando se registraron 59 homicidios contra 77 en el mismo período de 2018, preocupa el incremento de amenazas, atentados, desapariciones, judicializaciones y robo de información, pues se registraron 591 casos en este primer semestre; es decir, 194 más que en el del año pasado.

Así, por ejemplo, las amenazas individuales se incrementaron en un 75 % y fueron el tipo de agresión con mayor número de casos: 477 registros. Siguen los atentados con 27, las detenciones arbitrarias con 22 y el robo de información sensible con seis. “Es muy preocupante ver cómo la intimidación y las amenazas se han configurado como una de las principales formas de obstaculizar o impedir el ejercicio legítimo de liderazgo y defensa de los derechos humanos”, advierte el documento. De esos hechos, amenazaron a 147 mujeres y seis sufrieron algún atentado.

En general, subraya el informe, los mayores responsables de dichas amenazas, entre enero y junio de 2019, fueron las estructuras sucesoras del paramilitarismo (Caparros, Pelusos, Pachencas, Agc y Águilas Negras), con 309 casos; luego sigue una alamarmante cifra por esclarecer de actores desconocidos, con 84 casos, después las disidencias de las Farc, con 52, y, finalmente, el Eln, grupo guerrillero al que se le endilgan 32 de estos hechos. Los departamentos donde más se sufre este flagelo son Cauca (115), Arauca (48), Antioquia (40), Córdoba (34), La Guajira (32), Valle del Cauca (32), Risaralda (25), Santander (23), Bolívar (20) y Chocó (19).

El informe llama la atención sobre el discurso negacionista del actual Gobierno frente a las agresiones contra los líderes sociales. Por eso, dice que “si bien algunos funcionarios del Gobierno afirman que entre agosto de 2018 y mayo de 2019 los homicidios bajaron en un 32 %, haciendo énfasis en que se cometieron en cincuenta municipios del país, el informe contraría dicha afirmación aduciendo que estos homicidios se cometieron en veinte departamentos”. Es decir, mientras el Estado habla de que el 96 % del territorio nacional se encuentra libre de asesinatos contra defensores, el programa Somos Defensores habla del 70 % del territorio nacional afectado por este fenómeno.

Una diferencia interpretativa que, incluso, tuvo un capítulo aparte durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló a finales de septiembre en Washington y donde ese tribunal internacional le preguntó al Estado colombiano que quiénes erán las Águilas Negras que amenazaban a los líderes sociales. 

Allí, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “la labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo” e hizo un llamado para reforzar la protección de los líderes. No obstante, Francisco Barbosa, consejero del Gobierno para los Derechos Humanos, dijo que “solo en 66 municipios de los más de mil que tiene el país se han presentado asesinatos de líderes sociales. En Colombia no en todas partes se violan los derechos humanos. Su apreciación es inaceptable”, replicó.

El 4 de abril es el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, conmemoración estipulada por las Naciones Unidas para evidenciar en todo el mundo las consecuencias del uso indiscriminado de estos artefactos explosivos. 

Colombia continúa siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, solo superado por Afganistán. Desde 1990 hasta el 31 de marzo del 2020, de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado 11.841 víctimas. Por eso, en el país hay más de diez organizaciones de carácter civil nacionales e internacionales y una Brigada de Desminado Humanitario del Ejército que se han encargado de despejar territorios con presencia de minas. Sin embargo, el reto es grande. 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia hay vigentes cinco conflictos armados con distintos grupos, como el ELN, Clan del Golfo, EPL, disidencias de las Farc y el enfrentamiento entre el EPL y el ELN en la zona del Catatumbo. Además, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, aseguró que hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas antipersonal en Colombia en el 2019. En total fueron 352 personas afectadas.

Ante esta problemática Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz y director del Programa de Desminado Humanitario en el país habló con Colombia2020 sobre los esfuerzos del gobierno para evitar más accidentes con minas antipersonal y cómo se está llevando a cabo la atención a las víctimas de este hecho. Ante la declaratoria del cese del fuego por el ELN ante la emergencia del coronavirus, Ceballos aseguró es insuficiente si no viene acompañado de un compromiso público de desinstalar las minas que han sembrado.

En lo que va de 2020, ¿cuántas víctimas de minas antipersonal se han registrado? 

Ya llevamos desafortunadamente 37 víctimas.El año pasado sumamos un total de 111; en 2018, 178, y en el 2017 fueron 57. Vimos que después de la firma del acuerdo de paz hubo un periodo inicial donde el número de accidentes por minas antipersonal bajó, pero tristemente muchos de los espacios que tenían controlados las Farc empezaron a ser cooptados por otros grupos armados que comenzaron a instalar nuevas minas. 

¿Cuál es el trabajo que está realizando el Gobierno Nacional para evitar el aumento de más víctimas?

De las 11.841 víctimas de minas antipersonal en el país, el 61% son personas de la fuerza pública y el 39% son civiles. Un dato que es muy estremecedor es que de estas once mil víctimas 2.305 murieron y de ellas, 255 eran menores de edad. Esto no puede seguir sucediendo, por eso el gobierno colombiano ha intensificado la labor de lucha contra las minas antipersonales desde dos puntos de vista. El primero, a través del fortalecimiento del desminado humanitario con la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, que está desarmada y con unos parámetros distintos a los de la fuerza pública, y con diez organizaciones de carácter civil. Esto ha permitido que por primera vez en la historia de un país un gobierno pueda entregar en menos de 16 meses 113 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, entregados por el presidente Iván Duque. Como meta este año queremos entregar otros 36. 

El número de municipios que en total han sido declarados como libres de minas antipersonal asciende a 391. Hay 165 que aún no pueden ser intervenidos por la presencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, tanto las de Iván Márquez como las de Gentil Duarte y grupos como Los Pelusos y Los Caparros. 

¿Los municipios declarados libres de minas antipersonal en qué departamentos están?

Los más afectados y donde hemos puesto mayor atención son Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Putumayo y lo que se conoce como el Bajo Cauca Antioqueño. Ahí hemos intensificado las labores de desminado humanitario y nos ha arrojado estos buenos resultados. Quiero aclarar que donde nosotros hemos declarado municipios libres de sospecha de minas no han vuelto a ocurrir accidentes. 

¿Cuántas de las tierras que antes tenían minas han sido devueltas a sus dueños o a las comunidades? 

Todo el programa de Restitución de Tierras necesita una certificación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con Descontamina Colombia, para que esas tierras puedan ser devueltas a sus propietarios. La entrega de los títulos afortunadamente ha venido acelerándose a través de la Agencia Nacional de Tierras en los últimos meses. No tengo la cifra exacta, pero es un número creciente de títulos de propiedad que están siendo entregados principalmente en zonas rurales para permitirle al campesino o al desplazado retornar a sus parcelas para que puedan desarrollar de nuevo sus proyectos de vida. 
Esto también ha implicado el despeje de zonas de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de afrodescendientes. 

En 165 municipios no se podido hacer el desminado. ¿Cuáles son?

La razón principal de que no hayan podido descontaminarse estos municipios es por la presencia de actores armados. Hay un factor relacionado también y es la presencia de dos economías ilícitas: los cultivos ilícitos de la coca y la minería de extracción ilícita. Hay una coincidencia histórica en los corredores de movilidad de los grupos armados y los lugares donde todavía existe el desafío de poder hacer desminado humanitario, pero no por eso se deja de hacer el desminado militar, que se hace cuando no hay esas condiciones de seguridad. 

Los departamentos donde están estos municipios son la zona del Catatumbo, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. 

¿Cómo ha sido la articulación con los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito o con la erradicación forzada? 

Hay gran coordinación con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, que es la encargada de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En cada uno de los 170 municipios Pdet hay una alta coordinación con la labor del desminado. La otra es con la Agencia Nacional de Tierras ya que, como dije antes, no es posible ningún título de restitución si previamente no se ha verificado que el territorio esté libre de minas antipersonales. 

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En un evento de Colombia2020 aseguró que dentro de la prórroga a la Ley de Víctimas se va a mejorar la atención para las víctimas de minas antipersonal y a sus cuidadores. ¿Cuáles serán estas mejoras? 

Dentro de la filosofía de la prórroga de la ley está hacer mayor énfasis en la necesidad de la atención integral a la familia de una víctima de minas antipersonal. La víctima es quien sufre en carne propia la afectación de la mina, pero también toda la familia en sus hábitos y necesidades económicas y psicosociales, por lo tanto, la filosofía de incluir en esa prórroga de la Ley de Víctimas una atención a los cuidadores y la familia será una prioridad. 

¿Y la atención psicosocial también será una prioridad? 

La atención de las víctimas tiene varias etapas. La primera parte es salvar la vida de la persona y ahí interviene todo el Estado, pero es también responsabilidad del nivel municipal. Después se hace un acompañamiento en el tratamiento, pero insisto en que es corresponsabilidad de las instancias regionales. Posteriormente sigue siendo una prioridad el acompañamiento psicosocial. Este se hace a través de la colaboración de muchas entidades del sector privado y la sociedad civil y el Sistema Nacional de Salud, obviamente con sus retos a nivel regional. 

¿Pero en municipios donde no hay un buen sistema de salud qué pasa? 

En ese caso se recurre a que el Sistema de Salud Departamental atienda a estas personas para que las remita a hospitales de categoría superior. Ahí hay grandes retos, pero se cuenta con una colaboración activa de entidades de la sociedad civil. Hay fundaciones como la Restrepo Barco que han venido especializándose en el acompañamiento a las víctimas y trabajan en conjunto con el gobierno nacional. Con ellos también hacemos algo importantísimo que es la educación en el riesgo de minas. Venimos fortaleciendo a las asociaciones de víctimas de minas antipersonal a través del financiamiento de actividades que también incluyen el componente psicosocial y la educación en el riesgo de minas. Estamos trabajando con 14 organizaciones de la sociedad civil que incluyen organizaciones indígenas y afrodescendientes. 

¿Cómo va la solicitud de prórroga de la Convención de Ottawa?

Este año estamos solicitando una prórroga para que durante un periodo de cinco años, hasta 2025, más Colombia pueda avanzar en la limpieza de esos territorios de minas antipersonal. Se presentará formalmente en junio de esta año, pero ya se envío el documento preliminar el 31 de marzo de acuerdo con los requisitos de la propia convención y fue elaborado de manera conjunta con todos los operadores civiles de desminado en el país y consultado con todos los países donantes que apoyan el desminado en Colombia. Ese documento se convertirá antes de que se acabe este año en un Conpes. 

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Como mencionó, el ELN es uno de los actores armados que continúan instalando minas. Dentro de este escenario del cese del fuego y la importancia de que no hayan más víctimas, ¿se podría dialogar con ellos ese compromiso de dejar de usar estos artefactos?

Nosotros hemos dicho que ese cese del fuego será insuficiente si no va acompañado con otros tipo de actos. El ELN en estos momentos de pandemia por el coronavirus no puede seguir instalando minas antipersonal porque eso impide que los campesinos puedan llegar a sus parcelas. En ese contexto no resulta justificable de ninguna manera que se continúen instalando minas, por eso les exigimos un compromiso público de desinstalar las minas especialmente donde hay afectación del agro colombiano. 

También es muy importante que ese cese al fuego implique dos conductas fundamentales: la entrega de los menores de edad reclutados por ellos y la entrega de los secuestrados, de lo contrario sería un cese al fuego solo de palabra. 

Ya se firmó el convenio con Naciones Unidas para que el equipo de desminado de la exguerrila de las Farc, Humanicemos DH, empiece a funcionar. ¿Qué falta para que eso ocurra y usted qué opina de que sean ellos los que se sumen a esta labor humanitaria?

Hemos hecho un gran esfuerzo conjunto con la Unión Europea y Unmas, la unidad de desminado humanitario de las Naciones Unidas, para que sea una realidad este proyecto. Como comisonado de paz y corresponsable de la implementación de los acuerdos veo con gran satisfacción que este es un ejemplo mundial en el cual personas que participaron precisamente en la instalación de las minas ahora sean las encargadas del desminado humanitario. Estamos en la etapa final de la certificación de cada uno de los desminadores, que la hará Unmas en un periodo de tiempo que calculamos no vaya más allá de dos meses, obviamente teniendo en cuenta los retos que tiene el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Después vendrá el monitoreo que hará esta entidad dentro de los dos años siguienes. Estamos seguros de que Humanicemos será una estancia supremamente exitosa, no solamente por las labores de desminado que va a realizar sino por la simbología que implica como parte de la implementación del acuerdo de paz. 

“Nos están matando”, han dicho los indígenas del Cauca —y de otras regiones del país— con insistencia, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Y esta semana que acaba de pasar se volvió en un ejemplo contundente e irrefutable de que sus palabras no exageran ni distorsionan la realidad: a los indígenas del Cauca los están matando. Naciones Unidas estima que, en lo que va de este año, 52 personas han sido asesinadas en territorio nasa, en el norte del Cauca, y que ese pueblo indígena ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques. Un panorama grave en el que no se avizora un mejor futuro a corto plazo.

La Iglesia católica también respondió a la sangre que está corriendo en el Cauca. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán, anunció una peregrinación a Tacueyó, el corregimiento donde se ejecutó una masacre el pasado 29 de octubre. Se anunció que, en todo el país, las campanas de las iglesias repicarán a las 12 del día. “Como cristianos creemos que la vida de cada ser humano es digna, sagrada, es querida por Dios, es irrepetible. La misión por la vida es defender al más frágil y vulnerable”, decía la convocatoria por redes sociales. Si hay un lugar donde la paz se embolató, ese, sin duda, es el Cauca.

Lo ocurrido en la última semana pareciera recordar los peores días de la guerra. Como si la masacre de nueve personas —cinco indígenas y cuatro topógrafos— en dos episodios distintos en Toribío y Corinto no fuera suficiente sangre derramada, el sábado 2 de noviembre en la mañana, familias ubicadas en zona rural de Corinto se despertaron con el sonido de las balas. Enfrentamientos entre militares de la Tercera División y hombres de la columna móvil Dagoberto Ramos confinaron a más de 300 familias. Se trata, justamente, del grupo disidente de las Farc al que las autoridades y los propios indígenas atribuyen las masacres que se perpetraron el 29 y el 31 de octubre pasado.

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A partir de ahí la cosa solo empeoró. Al tiempo que los combates tenían lugar, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó del secuestro de Fabián Eduardo Rivera, escolta del líder indígena Bernardo Ciclos. Rivera estaba de descanso, visitando a su novia, pero en cuestión de horas la UNP confirmó su homicidio por supuestos disidentes de las Farc. “Así no se construye la paz”, reclamó la entidad. El cuerpo de Rivera fue hallado en La Betulia, zona rural de Suárez, el mismo lugar donde hacia las 8 de la mañana del lunes 2 de septiembre de este año fueron masacrados la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, su madre y cuatro personas más, también por disidentes de las Farc.

Luego del homicidio del escolta Rivera, medios de comunicación del suroccidente del país registraron un segundo ataque contra un escolta de la Unidad Nacional de Protección en el nororiente del Cauca. “Se movilizaba en una camioneta, la cual terminó impactada por disparos de arma de fuego”, señaló el diario El País de Cali. “Los responsables de asesinatos en el Cauca son narcotraficantes y estructuras disidentes que han tratado de intimidar a las comunidades”, manifestó el presidente Iván Duque desde Armenia. “Esta situación es consecuencia del aumento de cultivos ilícitos que se presentó en años anteriores. Este Gobierno frenó esa tendencia”.

La explicación del jefe de Estado, sin embargo, palidece frente al infierno que está viviendo el Cauca, pues detener la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca no ha significado nada en la reducción de la violencia en esa zona del país. Horas después de este episodio, en la noche del sábado, fue asesinado Alexánder Vitonás Casamachín, un indígena de 18 años. “Autoridades indígenas confirman un nuevo asesinato en la vereda Loma Linda, municipio de Toribío, la víctima fue identificada como Alexánder Vitonás Casamachín”, confirmó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La lista, entonces, seguía aumentando.

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Luego vino el primer atentado sicarial del fin de semana. La víctima, que por poco se salvó de ser parte de las lúgubres estadísticas del Cauca, fue Arbey Noscué, coordinador de la Guardia Indígena de Toribío. La versión del propio Noscué es que el arma del sicario “se encascaró”, lo que le dio el chance de huir. El atentado se perpetró el domingo 3 de noviembre y lo sucedió un nuevo asesinato: el del comunero Jesús Mestizo. Era fundador e integrante de la Asociación Indígena Avelino UI, la cual articula el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la coordinación social y política Marcha Patriótica. Este homicidio también lo confirmó el CRIC.

La noche del domingo cerró con otro ataque. Esta vez fue en Corinto: el blanco fue la guardia indígena y las víctimas directas fueron dos jóvenes, Oveimar Silva y Luis Ángel, que resultaron heridos. “Siguen presentándose hechos de violencia que desarmonizan el territorio y el proceso comunitario”, reprochó el indígena nasa y senador de la República Feliciano Valencia. “Ante toda esta matanza en nuestros territorios decimos: ¡no me quito el bastón!”, agregó, en referencia especialmente a la Guardia Indígena de su pueblo, hombres y mujeres armados únicamente de bastones para proteger a los suyos y su tierra, hoy plagada de cultivos de uso ilícito, especialmente de marihuana.

El narcotráfico y el interés que en él tienen grupos como el Clan del Golfo, estructuras del Eln, los Pelusos y disidencias de las Farc —con el cartel de Sinaloa tras bambalinas— han hecho del Cauca la región más convulsionada desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Allí, como en tantas otras regiones del país, la salida de las Farc dio paso a una disputa brutal por el control territorial, donde las rentas del narcotráfico son el trofeo en la mira. La respuesta del Gobierno hace unos días fue anunciar que enviará, de aquí a diciembre, a 2.500 miembros del Ejército para contrarrestar la violencia. La misma ONU le advirtió al gobierno Duque que esa medida podría resultar ineficiente ante tan complejo escenario.

México es un ejemplo claro de que repeler la expansión narco con Fuerza Pública puede llevar a una violencia aún más atroz y la principal damnificada, es posible preverlo, será la población civil, en este caso particular el pueblo nasa, el cual resistió durante años la presencia de las Farc en su territorio y ahora se opone a la ambición desmedida que se disparó entre múltiples grupos armados. O al menos trata de oponerse. Este lunes, una semana después de la primera masacre, el presidente Iván Duque anunció que se desplazaba a Popayán con el ministro de Defensa y la cúpula militar para liderar un consejo de seguridad.

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Sus anuncios, en general, fueron los esperados. Dijo que “el narcotráfico es el mayor enemigo de nuestro país, de los líderes sociales, de los pueblos indígenas” y que “este fenómeno se enfrenta con seguridad y justicia, pero también llegando a los territorios con estas alternativas sociales”. Habló de acelerar la contratación de los proyectos de red terciaria, red educativa, desarrollo rural, electrificación, deporte y recreación. “En el norte del Cauca vamos a hacer presencia con proyectos de impacto”, señaló. Una promesa que este departamento le pide a gritos —y con muchos muertos de por medio— al primer mandatario que cumpla con urgencia.

Después de una audiencia el pasado martes 23 de junio en la que una jueza de control de garantías decidió prorrogar, a pedido de la Fiscalía, la medida de aseguramiento contra 10 personas que son señaladas de perpetrar el atentado contra el centro comercial Andino (Bogotá), el 17 de junio de 2017, cuatro amigas de los detenidos fueron seguidas por un hombre. La denuncia la hicieron a través de un comunicado público que se conoció el 26 de julio.

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En el documento, firmado por un grupo de familiares y amigos de los detenidos llamado ‘Libres e inocentes’, quedó consignado que desde la estación de Transmilenio de Paloquemao “un hombre de tez blanca, calvo, fornido y que vestía de jean azul oscuro, gorra, chaqueta y botas tipo militar de color negro sigue a 4 personas que estaban acompañando la audiencia”. El sujeto las habría seguido hasta la estación de destino “poniendo atención a la conversación que ellas llevaban, al bajarse del Transmilenio, el hombre continúa con el seguimiento y de manera invasiva y descarada se acerca a escuchar la conversación que aún mantienen las jóvenes las cuales advierten de su presencia y se detienen, al verse descubierto este hombre expresa que le duele el estómago, se dirige al semáforo que se encuentra en verde y cruza la calle sin tener ni cuidado con los carros que estaban pasando”, prosigue el comunicado.

Las denunciantes prefirieron no revelar su identidad debido a temor a represalias. Pero los hechos no se limitaron al seguimiento. Según la denuncia, el miércoles 24 de julio personas que se identificaron como miembros de la Policía intentaron ingresar a un apartamento en el que se encontraba una de las mujeres que había asistido a la audiencia visitando a unos familiares. “El familiar de las jóvenes les expresa que desconoce lo que está sucediendo, que no entiende qué pasa y que sin una orden judicial y mucho menos sin una identificación no dará ingreso, los policías insisten durante un rato de manera fuerte y ante la negativa del familiar, finalmente se retiran”, reza el comunicado.

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Ese hecho se suma a otras acciones de persecución que han denunciado familiares y amigos de las 10 personas que se encuentran detenidas por el atentado en el centro comercial Andino. También familiares de Violeta Arango, quien se encuentra prófuga y estaría en las filas del Eln, han expresado que fueron víctimas de amenazas. A eso se suma que el 5 de julio de 2018 ingresaron a la oficina de la apoderada de uno de los señalados de perpetrar el atentado y le robaron algunos documentos, a pesar de que había objetos de valor en el lugar estos no se los llevaron.

El proceso judicial

La decisión de la jueza de control de garantías de prorrogar la medida de aseguramiento contra las 10 personas señaladas del atentado se dio por un proceso diferente al del atentado. Vale la pena recordar que una jueza ordenó ponerlos en libertad condicional el 24 de agosto de 2018 debido a que la Fiscalía hizo una solicitud extemporánea para que estos siguieran detenidos.

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Tras algunas demoras para materializar la libertad, a las salidas de las cárceles de La Picota, la Modelo y El Buen Pastor las 10 personas fueron recapturadas. Familiares y apoderados denunciaron que en las capturas que se efectuaron en La Picota hubo una irregularidad debido a que aseguran que la libertad nunca se materializó porque fueron capturados adentro del centro penitenciario.

La nueva orden de captura se dio porque la Fiscalía las señaló de pertenecer al Eln. La audiencia del pasado martes pertenecía a ese nuevo proceso. La decisión de prorrogar la medida de aseguramiento causó malestar entre los detenidos y sus seres queridos. Los apoderados apelaron la decisión.

Otro proceso diferente es el que se adelanta por el atentado en el centro comercial Andino, que se encuentra en audiencias preparatorias. Hace poco El Espectador reveló que el juicio fue parcialmente anulado debido a que la Fiscalía no incluyó dentro del escrito de acusación a Natalia Trujillo. Ese hecho generó un llamado de atención del Tribunal Superior de Bogotá hacia el ente acusador y hacia la jueza de primera instancia que había decidido subsanar el error.

En el comunicado que dio a conocer las nuevas denuncias por acoso a las personas que han apoyado a los 10 detenidos aseguran se trata de montajes judiciales. A su vez, los seis hombres y cuatro mujeres que se encuentran en La Picota y El buen pastor están defendiendo su inocencia en ambos procesos. La Fiscalía ha presentado una serie de pruebas con las que busca probar la vinculación de esas personas tanto con el atentado como con estructuras urbanas del Eln. Todas las partes se encuentran a la espera de la decisión de la jueza luego de la apelación de la prorroga de la medida de aseguramiento.

Mi amigo Eduardo González, experto en comisiones de la verdad en diferentes lugares del mundo, publicó un video en Twitter que materializa la noción de distopía: un militar apunta con un arma larga a un hombre en pantaloneta y chanclas para obligarle a que se meta en su casa a partir de las medidas de cuarentena por coronavirus. Eduardo comentó la imagen: “te apunto con un arma de guerra para salvarte la vida”.

La mañana del día en que vi su comentario había estado en un webinar muy valioso organizado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia con miembros representantes de Haití, Filipinas y Kenia. Fue impresionante constatar cómo en contextos similares pero que tienen poca comunicación entre ellos se presenta hoy la misma circunstancia: el abuso policial exacerbado en las ciudades como eje principal de las violaciones a los derechos humanos en diferentes países, con la ejecución tergiversada de medidas restrictivas que resultan inevitables en medio de la pandemia.

Al webinar reaccionó una representante de Amnistía Internacional compartiendo un reporte alarmante con diferentes violaciones a los derechos humanos atribuibles a gobiernos o grupos armados que, además, están afectando el derecho a la información de la ciudadanía en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, menciona cómo el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha dicho que las personas que transmiten el virus son peores que los terroristas, lo que no sólo ha llevado a que las personas oculten sus síntomas por miedo sino que ha autorizado a que a otras se les maltrate por sospecha. También relata cómo en India se ha citado a periodistas en estaciones de policía a que den explicaciones sobres sus últimos reportajes y enumera casos de detenciones a comunicadores que se han dedicado a presentar cifras del avance de la COVID-19 en Azerbayán, Kazajastán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Uganda, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina.

En Colombia, medidas inevitables de prevención que no son cuestionables en sí con respecto a la garantía de derechos y libertades también han sido tergiversadas, mal aplicadas, o utilizadas como excusa en medio de la exacerbación de casos de abuso policial que hicieron parte del debate electoral de 2019, así como de las noticias del paro de noviembre. Por ejemplo, el concejal Diego Cancino planteó públicamente denuncias de casos de violencia sexual contra mujeres donde han participado policías que las han detenido:

“El pasado 22 de marzo una mujer que sacó a pasear su mascota fue abordada por miembros de la Policía y conducida al CAI de Laureles en Bosa y, posteriormente, a la UPJ. Los policías cometiendo una serie de irregularidades la encierran, la roban, la extorsionan, la maltratan, le pegan, la manosean y finalmente la desnudan. Es un claro caso de abuso policial que incluye violencia sexual de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014 y el derecho internacional”.

En regiones del país donde aún no se logra la paz completa como en zonas de Nariño, Chocó, Cauca y el sur de Córdoba, en las que aún impera la opresión violenta, se ha denunciado que grupos armados pretenden hacer cumplir el confinamiento ejecutando la estrategia de apuntar con armas de guerra a los habitantes con el argumento de salvarles la vida.

Tratándose de contextos, situaciones y dimensiones diferentes, los ejemplos mencionados apuntan a una misma cuestión. En la pandemia, como en cualquiera de las muy graves crisis que ha enfrentado la historia de la humanidad, no puede tolerarse la vía de las violaciones a los derechos humanos. Es claro que corremos el riesgo de no poder cerrar la puerta por donde entran el autoritarismo y la antidemocracia. De ahí que por estos días también sea imprescindible defender una cultura contraria a la barbarie, enaltecer la memoria de la dignidad que nos afirma las certezas, esas que, por cierto, han nacido en las peores circunstancias que nos han tocado vivir. Pero sobre todo, son fundamentales el rechazo social y la justicia que, además de responder a los hechos, conjuran que no nos degrademos como sociedad mientras enfrentamos el peligro.

*Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

De acuerdo a una de las propuestas hechas en la Habana, el fiscal general Néstor Humberto Martínez decidió crear la Unidad Especial de Investigación, enfocada en investigar organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, actores privados y aquellos que atenten contra la implementación del Acuerdo Final.

Como resultado, el pasado 13 de septiembre el fiscal general encargó la dirección  de la Unidad a Alexandra Valencia,  quien hasta ese momento se desempeñaba como presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Valencia había realizado un trabajo constante desde la Procuraduría y los juzgados, dejando una gran estela de controversias debido a los fallos que había proferido relacionados con el accionar paramilitar y la participación de otros actores en el conflicto armado. Uno de los fallos, lo emitió en el Tribunal de Bogotá en octubre de 2014 contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y seis líderes más del bloque Catatumbo, en el que expresó cómo algunos medios de comunicación se habían prestado, presuntamente, para difundir las ideas de los paramilitares.

La actuación de Valencia generó tanta polémica que, en julio del año 2009, fueron condenados a prisión dos policías y un funcionario del CTI de la Fiscalía por seguirla e interceptarla ilegalmente cuando realizaba pesquisas contra la parapolítica desde la Procuraduría, como lo señala El Espectador.

Así, en el marco de la JEP, uno de los grandes retos está en establecer cuál es la responsabilidad de otros actores por su actuación dentro del conflicto armado. Por esta razón, la Unidad Especial de Investigación deberá esclarecer si realmente hubo apoyos al paramilitarismo y las Farc, como grandes aportes a la verdad y la justicia.  

A raíz del fracaso en la mesa de diálogo del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, hubo una percepción escéptica del apoyo que se le dio desde gran parte de la sociedad civil y el sector privado, y la manera como debía manejarse posteriormente la situación del conflicto. Bajo este escenario, llegó a la presidencia Álvaro Uribe, con un discurso de mano dura y la promesa de recuperar el control territorial del país.

En efecto, la política implantada por Uribe generó un incremento en la percepción de seguridad,  crecimiento económico y la sensación que los triunfos militares sobre las Farc estaban dando resultado a partir de la confrontación armada. Estos factores incentivaron la inversión pública y privada en el país, mientras,  de forma paralela se dio el incremento del paramilitarismo y su vinculación con la política local y nacional, como una forma de resistencia a los cambios que desde 1991 venían dándose en el país con la entrada en vigencia de la Constitución.

Paralelo a esto, cuando se hace una lectura a nivel internacional sobre las consecuencias que generan los conflictos armados, todas coinciden en que lo único que se puede encontrar son aspectos negativos sobre la economía de un país. No obstante, el caso colombiano es levemente opuesto a lo que indica la experiencia internacional. Pese a los daños generados en la infraestructura pública y privada por parte de grupos al margen de la ley, la radiografía del PIB durante el último medio siglo demuestra que la economía nacional se mantuvo, y en algunos casos llegó a aumentar.

En el conflicto colombiano, con el proceso de aprendizaje de los agentes económicos que se enfrentaron a esta situación de incertidumbre, generó que las consecuencias directas se redujeran a medida que la guerra se prolongaba. Uno de los mejores ejemplos son las extorsiones, en donde los actores privados tenían dos estrategias: ceder a los “contratos de seguridad” que ofrecían los grupos paramilitares o las guerrillas, o no pagar y asumir las consecuencias con su vida.

Sin lugar a dudas, como opción de supervivencia,  algunos agentes de sectores los  económicos que tenían presencia en las regiones, de manera individual, tuvieron que ceder a las extorsiones de los grupos armados, internalizando los costos y normalizando sus actividades comerciales. Lo cuestionable es ¿cómo definir cuándo hubo apoyo directo a grupos paramilitares o guerrilleros, o si esto fue resultado de las presiones criminales y ausencia del Estado?

Casi 8 de cada 10 colombianos habitan las ciudades más representativas del país, en donde también se concentran las empresas que más aportan al PIB nacional, con lo cual perciben el conflicto como ajeno de su realidad. De esta manera, la economía nacional no tuvo que enfrentarse directamente y a gran escala a colapsos graves durante el conflicto armado.

Ahora bien, en el caso de Alexandra Valencia, quien iba a durar seis años en la dirección de la Unidad Especial, debido a las modificaciones del nuevo acuerdo que surgió luego del triunfo del No en el Plebiscito, se anuló su nombramiento y se suscribió un nuevo mecanismo de selección. Es en este escenario, donde surgen los grandes retos de la JEP en cuanto a la responsabilidad en la participación de otros actores en el conflicto armado y quién deberá asumir ahora su dirección.

*Esteban Salazar, asistente de investigación - Fundación Paz y Reconciliación

En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el fin de generar conciencia en torno a ese delito, prevenir que ocurra y proteger a las víctimas. En este sentido, previo a la conmemoración, desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia queremos visibilizar esta lucha y, atendiendo a la coyuntura actual, evidenciar el riesgo que afrontan los refugiados y migrantes.

La trata de personas es una violación a los derechos humanos. Implica la cosificación de las personas y una profunda vulneración de su dignidad. La Corte Constitucional señaló que la trata de personas menoscaba los derechos a la autonomía, la libertad, la vida, la integridad y la seguridad, entre otros. Por su parte, el Código Penal Colombiano y la Ley 985 de 2005 la definen como la captación, traslado y/o acogida de una persona para sacar provecho de ella, bien sea dentro del territorio nacional o en el exterior.

Es importante resaltar que el hecho de que una persona acepte ser explotada no le quita la responsabilidad al explotador. Sin embargo, la falta de comprensión del fenómeno, la naturalización de algunas finalidades del delito (mendicidad ajena, matrimonio servil, trabajo forzado, entre otras) y la permisividad social ante ciertas prácticas de explotación, reducen la identificación y denuncia de la trata de personas, aumentan las posibilidades de que ocurra y refuerzan factores de riesgo como los estereotipos de género, de raza y de lugar de procedencia.

El contexto actual

Las preocupaciones no giran en torno a la mitigación de la migración, sino a cómo garantizar asistencia humanitaria inmediata y sistemas de asistencia mediata para la supervivencia digna y, de acuerdo con lo que nos atañe este día, mecanismos de protección para un ingreso, tránsito y permanencia seguros de los migrantes y refugiados.

Las cifras oficiales de Migración Colombia indican que actualmente Colombia es el país con mayor número de migrantes provenientes de Venezuela (a mayo de 2019, se estima un aproximado de 1.260.000 migrantes). Este contexto constituye un factor de riesgo para que delitos como la trata de personas tengan lugar y pone a los refugiados y migrantes en una situación de vulnerabilidad. Al respecto, distintas investigaciones a nivel global han utilizado el Modelo Ecológico para profundizar en este vínculo.

¿Existe un riesgo de trata de personas para los migrantes?

Para llegar a esta cifra se usó una batería de 21 indicadores, la cual compartimos a continuación. Esta buscaba indagar sobre los grados de libertad y autonomía de los refugiados y migrantes y sus posibles restricciones. Del total de entrevistados, el 19 % presentó entre 11 y 21 indicadores.

Resulta urgente reducir los riesgos y vulnerabilidades económicas, sociales y culturales, así como las desigualdades y estereotipos de género, raciales y de lugar de procedencia. Como bases del Estado de derecho, debemos garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y el restablecimiento de sus derechos. También es necesario luchar contra la impunidad y proteger a poblaciones particularmente vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, refugiados y migrantes no acompañados, los refugiados y migrantes en situación de irregularidad y quienes han sido objeto de tráfico ilícito.

En el marco del 30 de julio, hacemos un llamado a reforzar el compromiso contra la trata de personas y en pro de una migración segura, ordenada y regular. Para ello es fundamental que como sociedad rompamos la normalización de la explotación, que las autoridades fortalezcan su capacidad de identificación y respuesta ante el delito, y que la comunidad internacional trabaje coordinadamente con los gobiernos.

Avanzar en este propósito nos acerca al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular al Objetivo 5: alcanzar la igualdad de género como base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible; al Objetivo 8: garantizar condiciones para el trabajo decente como parte del progreso democrático; y al Objetivo 16: lograr un mundo en paz, con justicia e instituciones sólidas con reglamentaciones eficientes.

La tarea es posible y confiamos en que la articulación de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional permitirá poner fin a la trata de personas.

Porque las rechiflas de Armenia, Pereira y Cali, como las llama Herbin Hoyos, son muy diferentes de los escraches. Me refiero a las convocatorias públicas de las Madres, las Abuelas y los Hijos en Argentina frente a las casas de los responsables de violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar para rechazar la impunidad. Con música, con fotos, con megáfonos, en Colombia o en España donde también se han hecho frente a excombatientes insurgentes, despojadores de tierras o dueños de bancos, los escraches siempre han significado un reclamo claro de justicia y jamás han sido un espectáculo de odio, porque ello resultaría incompatible con la dignidad de quienes los promueven y el objetivo que persiguen.

Las rechiflas, como lo relata el señor Herbin, carecen de ese horizonte de justicia. No están allí para eso, ni pueden entonces considerar la suma de injusticias que pretenden ser resueltas con el Acuerdo de Paz en su conjunto. ¿Para qué, entonces? El problema de las borracheras es que no tienen una explicación coherente. Pueden comenzar más o menos espontáneas, pero no es eso lo que determina su carácter. Reúnen rabia, miedo y esa cosa que se apodera de las gavillas. Una rabia profunda que puede ser frente a Timoleón o las FARC, pero que no es necesariamente contra él o eso porque también se puede producir como el llanto actuado que se termina sintiendo de verdad, por extracción de recuerdos asociados a cualquier violencia en el alma. Un miedo que tiene la carga real e imaginaria de 50 años de guerra, pero que también es contra nosotros mismos y que si no estuviera ahí nos devolvería al mundo del pánico que es el anonimato. La oportunidad de linchar, menos pesada que la de matar, es algo que también se puede hacer por experimentar si el contexto lo permite. Ya vendrán las justificaciones.

Es cierto que algo no está funcionando, así que mejor no intentemos ocultarlo. La reconciliación, siempre lo dijimos, será producto de la implementación del Acuerdo de Paz y no la voz decretada por su firma. No estamos reconciliados, ni de lejos, y más difícil será estarlo en la medida en que seamos menos capaces de cumplir con la ruta trazada. Pero el aplazamiento o el condicionamiento de la participación política de FARC, en virtud del objetivo de la reconciliación es, al final, una propuesta inaceptable de silenciamiento. Rodrigo Londoño está ganando para él y su gente un espacio de participación que no es un favor ni el producto de las amenazantes armas que ya no poseen, sino lo que merece su historia y la democracia precaria que hemos tenido. La desautorización política frente a los abucheos violentos, que debería ser la actitud de todos los partidos, los medios y las instituciones, incluyendo las Iglesias, resulta imperativa en este momento. Del mismo modo, que empiecen la Comisión de la Verdad y la JEP, permitiría que se canalizaran dolores reales que necesitan expresarse, con los juicios que correspondan para quienes los tienen que recibir.

Lo que a mí y a muchas personas nos preocupa es que la embriaguez de violencia, atizada cada día más por el afán de protagonismo de Herbin Hoyos o las acciones del ahora candidato Jaime Restrepo, alias Samuel, entre otros, necesiten concretarse en sangre para que se les aparezca el sentido de la justicia que demuestran no conocer.

“Supongo que uno de los motivos por los que la gente se aferra tan obstinadamente a sus odios es porque, cuando el odio se disipe, presienten que se verán obligados a lidiar con el dolor”. Eso lo dijo James Baldwin, uno de los más brillantes pensadores afroamericanos. Yo no tengo nada más que agregar.

José Antequera Guzmán 

Los impactos del conflicto armado se han percibido con mayor intensidad en las zonas rurales, donde la violencia ha cobrado el más alto número de víctimas y ha agudizado las condiciones de pobreza e inequidad, que desde el centro del país no se alcanzan a reconocer en toda su amplitud. El proceso de paz  sería una oportunidad para que la institucionalidad materialice la protección de estas comunidades que habitan en la periferia del país, quienes en comparación con las poblaciones del centro, es decir, de las capitales, han enfrentado graves necesidades estructurales durante años. Este puede ser un momento clave para redirigir los esfuerzos y abordar  las deudas históricas de ampliar los servicios y el bienestar de estas poblaciones periféricas,  donde muchas veces las acciones del Estado se concentraban en el conflicto armado y sus dinámicas.

En la periferia colombiana, también destacan las denominadas zonas urbanas, que sin embargo conservan una vocación rural, dado que muchos de los centros poblados se han constituido con la recepción misma de población desplazada de zonas rurales. Esto provoca que se agudicen brechas sociales en lo que respecta al acceso a servicios públicos como energía, acueducto y alcantarillado con respecto a las grandes ciudades del país, las cuales facilitaron en parte el fortalecimiento de grupos armados en estas zonas.

Los contrastes entre el  centro y la periferia permiten reconocer desafíos territoriales para la población y el Estado, en particular para la institucionalidad civil, que deberá materializar esfuerzos adicionales con el fin de propiciar condiciones favorables para reafirmar un proyecto de nación incluyente y favorable desde las comunidades, que garantice la construcción de alternativas sostenibles para la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población víctima

Desde el trabajo del ACNUR en los territorios periféricos, como es el caso del Departamento de Nariño, se ha identificado y a la vez promovido una respuesta coordinada de la institucionalidad en su conjunto orientada a garantizar la protección y los derechos humanos de las comunidades en situación de desplazamiento, con énfasis en poblaciones indígenas,  comunidades afro,  mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta perspectiva diferencial es fundamental en la búsqueda de soluciones duraderas para casos de desplazamiento prolongado, retornos y reubicaciones.

Con base en esta experiencia, se puede entender que re-descubrir la periferia significa impulsar propuestas de soluciones duraderas con las poblaciones, ya que éstas son las que mejor conocen su realidad y pueden aportar ideas creativas y útiles para resolver los retos a los que se enfrentan. Cabe destacar que tanto las instituciones locales como las víctimas del desplazamiento forzado requieren del acompañamiento y el apoyo de la institucionalidad nacional para dar forma y viabilidad a sus proyectos y así conformar parte de una estrategia a un programa de nación incluyente que garantice sus derechos. Por ello, afianzar las relaciones de confianza entre comunidades periféricas e institucionalidad será clave.

Con el fin de alcanzar esta meta, el ACNUR seguirá trabajando como lo ha venido haciendo, por medio de estrategias integrales de soluciones que responden holísticamente a la totalidad de los problemas de las poblaciones desplazadas. En este marco, por medio de proyectos y acciones complementarias a las de la institucionalidad, como es el fortalecimiento comunitario orientado a la exigibilidad de derechos, la reconstrucción del tejido social y al diseño de proyectos desde el territorio, se busca contribuir al alcance de soluciones duraderas enfocadas en la restauración de los derechos humanos.

Así mismo, el Estado debe garantizar presencia efectiva de la institucionalidad civil en el ámbito rural, redescubriendo condiciones geográficas, distancias y apoyando a gobiernos locales en procesos de planeación y gestión territorial, a través de la implementación efectiva de planes, programas y proyectos.

A su vez, será necesario promover procesos de formación y gestión pública conjunta entre la sociedad civil, universidades y centros de educación para apoyar a las instituciones en pro de la gobernabilidad y la reducción de la brecha entre centro y periferia. Esto contribuirá al fortalecimiento de las instituciones en los territorios con la intención que ocupen potenciales vacíos de poder, evitando que otros actores armados impongan su poder mediante la violencia generalizada.

Esta perspectiva implica aceptar la coexistencia de distintos proyectos políticos, concede también la posibilidad de una lógica de adversarios legítimos con quienes el ejercicio del desacuerdo no se exprese por la violencia sino por el diálogo y las relaciones políticas. La buena coordinación entre la sociedad civil, las víctimas y el Estado en todos sus niveles permitirá definir el camino para la consolidación de soluciones duraderas que reparen las afectaciones territoriales y permitan la construcción de paz desde los territorios.

* Esta columna fue escrita por Oscar Fernando Garzón, UNOPS Protección con Base Comunitaria – Oficina de Acnur Pasto

Primero, es esencial que sigan las negociaciones. A pesar de los tropiezos y ataques recientes del Eln, la vuelta a la guerra es la peor de las opciones. Aunque muchos creen que se puede vencer al grupo guerrillero por la vía militar, hay poca evidencia que afirma la posibilidad de una victoria bélica sino muchas pruebas de los costos humanitarios que conllevaría el reinicio del conflicto: continuidad de muertes de militares y civiles, uso de minas antipersonales, ataques contra la infraestructura petrolera, desplazamiento forzado, y más.

Además, los colombianos y su élite política tendrán que decidir si quiere un conflicto de baja intensidad por un tiempo indefinido, con los daños correspondientes a la economía, al pueblo y al esfuerzo de redefinir su imagen a nivel internacional de un país narcotraficante y en guerra a un destino turístico en paz. Un conflicto de tiempo prolongado con el Eln minaría todos estos propósitos.

El intento de seguir negociando, sin embargo, no puede desconocer los enormes obstáculos que complican la mesa de negociación. Por el lado del Eln, su rechazo a la prórroga del cese bilateral muestra que  se ha dividido en su postura hacia la negociación, y ha decidido, por su historia trágica de fracciones internas, poner la unidad por encima de cualquier otra cosa. El resultado es que las unidades más beligerantes e intransigentes del Eln han ganado poder actualmente, tirando toda la organización hacia su posición extremista.

A la vez, la histórica estrategia del Eln de construir poder popular en el terreno ha hecho que haya prevalecido la búsqueda de poder político local a menudo a pesar de los costos políticos a nivel nacional. Para algunas unidades de esta guerrilla, no seguir con el cese bilateral era mejor en términos de poder local, en su escenario de operación, a pesar del evidente costo político nacional e internacional. Finalmente, el hecho de que el frente de guerra oriental haya hecho la mayoría de los atentados después de la terminación del cese refuerza el argumento de que alias Pablito, exjefe de ese frente, sigue opuesto a la negociación. Designarlo miembro del Comando Central (Coce) en el quinto congreso a finales de 2014 se ha vuelto un bumerán para los demás miembros del Coce: en vez de tener más poder sobre él, pareciera que él ahora tuviera influencia sobre ellos.

Pero la crisis en la negociación no es la responsabilidad exclusiva del Eln. El gobierno acaba de nombrar un equipo negociador robusto y experimentado, pero fueron introducidos en un escenario difícil. A la vez, no hubo una clara voluntad para asegurar que la mesa transitoria, la cual funcionó entre el 5 y 12 de diciembre, lograra su objetivo de resolver los problemas del cese. Igualmente, no hubo una reacción contundente y oportuna del gobierno frente al retiro de los miembros del Eln del mecanismo de verificación – compuesto por miembros del Eln, del Gobierno, de la ONU y de la iglesia – el 25 de diciembre de 2017. Con este nuevo equipo, el Gobierno buscaba acelerar las negociaciones, pero antes tenía que haber mostrado que más urgencia y voluntad en el proceso.

Finalmente, debido a  la terminación del cese bilateral y el reinicio de acciones violentas por parte del Eln, las voces en contra de las negociaciones con el grupo guerrillero han fortalecido. En un año electoral, será difícil para el gobierno no tomar una posición más recalcitrante frente a su contraparte en la mesa, limitando drásticamente los temas sobre los cuales está dispuesto a discutir como resultado de la participación social, por ejemplo.

A pesar de este contexto turbulento y amenazante, se puede todavía avanzar en la negociación. En primer lugar, hay que renegociar el cese bilateral, teniendo en cuenta qué era el objetivo del cese en su inicio: aumentar la confianza entre las dos partes, y entre la sociedad y el proceso de negociación. Hay que buscar un nuevo cese bilateral que pueda cumplir con estos dos objetivos pero que a la vez es políticamente atractivo. ¿Cómo se vería entonces?

En primer lugar, el nuevo cese bilateral tiene que ser medible, verificable y cumplible, con un lenguaje claro para que ambas partes entiendan su alcance. Por lo tanto, el núcleo del nuevo cese debería enfocarse principalmente en las acciones militares entre las dos partes. Poniéndole el énfasis en lo estrictamente militar le da más control directo a las partes sobre lo que ocurre, lo cual hace que sea más fácil de cumplir. Por lo tanto, puede generar más confianza. Debería incluir todavía las exigencias al Eln de no atacar la infraestructura petrolera; no secuestrar (o tomar rehenes, en su lenguaje); el no uso de minas antipersonales; y el no reclutamiento.

Se podría también considerar unos protocolos específicamente para los territorios o contextos en los cuales el Eln tiene conflictos abiertos con otros grupos armados, los cuales deberían preservar la autodefensa de la guerrilla en caso de ser atacada. Podría incluir un compromiso de no atacar a ningún otro grupo armado sino avisarle a un sistema de alerta temprana que hace parte del mecanismo de verificación en caso de saber de la presencia de un actor armado ilegal en el territorio, lo cual activa una reacción del Estado. En fin, es el Estado y la Fuerza Pública quienes tienen el deber de actuar contra los grupos armados, incluso los “paramilitares”, por ejemplo.

Del lado del Gobierno, los compromisos deberían reemplazarse por unos que puedan cumplirse y que sean visibles en el corto plazo. Uno de los defectos del primer cese bilateral era que los compromisos del gobierno fueron muy ambiguos, y sus efectos difíciles de percibir: por ejemplo, “(fortalecer) el llamado de sistema de alertas tempranas para que la protección a los líderes sociales se fortalezca…”. El lenguaje era opaco, y con un Estado tan lento como el colombiano, poco realista.

La importancia de la violencia contra líderes sociales sigue intacta. El Gobierno y el Eln podrían pedirle a una organización de su confianza que haga un diagnóstico sobre lo que ocurre con los líderes y lo entregue a la mesa para que sirva de insumo para el punto 1 o el punto 5. En su metodología, se podría llevar a cabo con miembros de ambas delegaciones, audiencias públicas con organizaciones sociales, locales, regionales y nacionales sobre qué hacer para mejorar la protección a los líderes sociales. El Estado tiene el deber de protegerlos con o sin cese bilateral. Alentar la democracia directa en este asunto tendría dos fines: convencer al grupo guerrillero de un nuevo cese con un asunto importante para él, y aumentar la confianza de la sociedad colombiana en el proceso de negociación después del golpe que acaba de recibir. Además, es cumplible dentro de seis meses, por ejemplo.

Una vez acordado el nuevo cese, se debería avanzar con la agenda propia y su primer punto,  la participación social. Este tema es fundamental para el Eln, pero la guerrilla tiene que tener claro un hecho esencial: es imposible llevar a cabo el mecanismo de participación sin cese bilateral. La mesa, por lo tanto, debería reflejar ese hecho como incentivo para buscar rápidamente un nuevo cese y empezar con la participación de las sociedades de las regiones. Finalmente, en un mundo ideal, el Eln rectificará su decisión de dejar terminar el cese al declarar una tregua unilateral hasta que se acuerde un nuevo cese bilateral, el claro reclamo del pueblo que está cansado de la guerra.

*Analista Senior para Colombia de International Crisis Group

Casualmente, la semana pasada estuve visitando la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá. Un espacio que acentuó mi desaprobación de la política criminal reaccionaria que se basa en la institucionalización del miedo y el aislamiento. Los balsámicos olores una vez se entra al establecimiento, los relatos de roedores merodeadores en las noches, los bloques de cemento generadores de un frío quiebra huesos, espacios asimilables a cajas de fósforo sin sol ni ventilación, la inexistencia de colchoneta y el valor para un acceso a esta, el recrudecimiento de la violencia física y psicológica, así como los patrones de dominio económico y relaciones de poder en este micro espacio, son parte del terror diario de aquellas personas privadas de la libertad. Este terror es el que merece ser contado para exhibir otra de las tantas realidades que nos son ajenas.

Vivimos en una sociedad selectiva que no solo jerarquiza, sino que estratifica mediante la existencia de grupos inferiores y superiores según una serie de características que terminan siendo tan solo ficciones. Al parecer, la población carcelaria pertenecería entonces a aquella población inferior residual a causa de la comisión de un crimen (o la acusación de haberlo cometido), cualquiera que este sea. Así, la persona condenada o sindicada es sinónimo de peligro, riesgo e inseguridad, y es el sentimiento de inseguridad el que nos aleja de la otredad.

Siguiendo a autores como Sharon Zukin, la política del miedo cotidiano se podría entender como aquella que corrompe y alimenta nuestra conocida cultura de violencia. El resultado de la fidelidad a una tal política son las propuestas que aún siguen siendo populares entre candidatos para las próximas elecciones del 27 de octubre.

¿Nuevas cárceles? No, esa no es la solución ante un comportamiento por fuera de la ley, ni ante el hacinamiento, siendo este una de las situaciones que han acarreado la declaración del estado de cosas de inconstitucionalidad (ECI) del Sistema Penitenciario y Carcelario por la Corte Constitucional en dos oportunidades (en 1998 y 2013).

Este tipo de respuesta es la herramienta previsible de dicha política del miedo, la cual va ligada a la necesidad de la compra de protección, el estímulo del crecimiento de la industria de la seguridad privada, y la militarización del espacio público. De su mano, las medidas de sanción penal se han basado en una estrategia émica, en los términos de Claude Lévi-Strauss en Tristes Trópicos. Con esto, las prisiones son una medida, de castigo y sujeción social, que ha logrado expulsar a quienes las componen, tras ser etiquetados como ajenos a o el residuo de. Por lo mismo, esta institución prevé el aislamiento físico, prohíbe el diálogo, quebranta los lazos familiares y todo tipo de relación social.

La seguridad y defensa de una comunidad no puede definirse mediante el establecimiento de guardias gigantes en la puerta de ingreso ante la cual el paso es denegado a aquellos considerados como malhechores. Se requiere una negociación de la vida en común y la no criminalización de las diferencias residuales, luego de comprender que las acciones de gran parte de quienes hoy están en un establecimiento carcelario corresponden a dinámicas socioeconómicas feroces que requieren transformación de carácter estructural.

Afrontar la crisis carcelaria implica también una reconstrucción de las formas de relacionamiento con quienes se encuentran privados.as de la libertad. Lo anterior, con el fin de contra atacar la segregación social y la delincuencia que este modelo genera, en oposición a su fin resocializador. Ejemplo de ello son iniciativas como las lideradas por la Fundación Acción Interna cuya misión se basa en creer en las segundas oportunidades. Para que lo vean con sus propios ojos, y si se encuentran en la ciudad de Cartagena, les invito a que vayan a la cárcel de mujeres de San Diego. Allí, esta Fundación promueve la reconstrucción de las relaciones entre las mujeres privadas de la libertad con la población no carcelaria, siendo las primeras quienes cocinan y atienden uno de los restaurantes más conocidos de la zona al día hoy. Por cada dos días de trabajo, obtienen una reducción de su pena. Este tipo de espacios son aquellos que entrevén y potencian las similitudes para apreciar la diferencia y edificar a partir de ello.

Con todo, un Estado que garantice la dignidad del ser humano y la democracia no puede ser un caldo de cultivo para la hostilidad, la exclusión, la aversión y el repudio de la otredad.

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Al conmemorarse una década de la intrépida operación militar vale la pena destacar algunos aspectos de Jaque.

1. Jaque puso en la cima moral al Ejército Nacional pues demostró, sin disparar un cartucho, que la inteligencia estratégica y operacional brinda una ventaja irreversible. Los ataques contra Jaque, que siempre se darán, provienen en gran medida de la espectacularidad del engaño concebido por la inteligencia técnica luego complementado por la inteligencia humana con el rescate de 15 seres humanos secuestrados, torturados y maltratados por años. Lo sé, Jaque es increíble, pero sucedió. Salvó muchas familias.

2. Lo curioso  es que la parte menos conocida de la Operación Jaque para los expertos es la más significativa: el engaño utilizado durante meses para mover y reunir a los secuestrados simulando técnicamente ser las Farc. Las evidencias físicas como lo encontrado en el computador de alias “Cesar” se encuentran bajo recaudo judicial y serán pieza esencial en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición respecto al tema prioritario del secuestro.

3. Jaque cumplió con un planeamiento, preparación y ejecución bajo el amparo del derecho constitucional operacional, el derecho administrativo y, claro está, el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.

4. Preparando estas letras conmemorativas tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los protagonistas directos de la operación y encontré un elemento común en sus testimonios: el compromiso con la vida de los secuestrados y el respeto por los adversarios engañados; hubiera sido demasiado fácil, pero perfido haber realizado una ofensiva bélica después del rescate. Eso en palabras de uno de los actores principales demuestra quién tuvo legitimidad en el accionar durante el conflicto. 

5. Jaque se dio diez años después de la retoma de Mitu y mostró el cambio  en el enfoque político militar por parte del Estado siendo el pináculo estratégico a nivel operacional. Si el 2002 marcó el comienzo del fin de las Farc políticamente amén del secuestro de un senador utilizando la zona de distinción, el 2008 demostró que en ninguna parte estarían seguros y que además por ausencia de mando y control no solo eran vulnerables, sino que se encontraban desvertebrados como organización, por lo menos en el territorio colombiano. 

6. Existen muchos mitos, cuestionamientos y percepciones frente a Jaque. Analizándolas en conjunto  se pueden describir desde las mismas aristas que existen para interpretar lo que sucede en una guerra asimétrica, irregular y degradada. Existieron al mismo tiempo muchos interesados en la libertad de Ingrid Betancur y muchos canales utilizados al mismo tiempo; por otro lado el gobierno americano recibía continua información sobre sus ciudadanos plagiados y ni qué decir de la actividad litigiosa diferencial de los abogados defensores de alias "Gafas" y "Cesar". Sin embargo, diez años después la única verdad es qué hay muchos seres humanos felices y tratando de reconstruir su vida después de Jaque; los héroes siguen en el anonimato y se espera que así sigan pues lograron, sin buscar protagonismo, lo que nadie había hecho en la historia de la guerra: configurar a nivel estratégico el engaño humanitario.

*Asesor y Consultor internacional. Perito en derecho operacional Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Emulando lecciones de muchos países, hemos avanzado en Colombia con instituciones como el CNMH, pero también con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, la Casa Museo de Memoria de Medellín, con iniciativas autónomas e independientes que se agrupan en la gran Red de Lugares de Memoria, con presupuestos en algunos municipios y departamentos para estos temas, y con lineamientos incluso desde el Ministerio de Cultura. No obstante, la no consolidación de una política pública para que este esfuerzo no tambalee según los cambios de gobierno ha producido escollos en muchos de estos proyectos y en su relación aún no clarificada con las iniciativas independientes. Ahora, además, esa falta de claridad da lugar a increíbles amenazas de que el CNMH se convertirá en un burdo aparato de propaganda a favor de las versiones que defienden los partidos de gobierno con recursos públicos que pueden ascender a 40 mil millones de pesos anuales.

Las políticas de la memoria no implican manipular la comprensión que hoy tenemos acerca de que la memoria histórica es un campo en disputa. Por el contrario, parten precisamente del reconocimiento del carácter político de los relatos que aprendimos nosotros y que terminarán aprendiendo nuestros hijos sobre lo que hemos vivido, y de la decisión de que éstos, en vez de construirse al antojo de “vencedores”, se construyan con el mayor apego a las evidencias pero con el respeto absoluto por la pluralidad, manteniéndolos cerrados a las mentiras pero abiertos a la discusión y a su interpretación. Ello con el objetivo de que, más allá de recordar o conmovernos, seamos capaces de movilizar siempre nuestro pensamiento y nuestra acción en función de una verdadera no repetición cimentada en el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos.

En vez de estar enredados en rumores sobre postulaciones que no cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo del director del Centro Nacional de Memoria Histórica, necesitamos avanzar hacia la superación de las limitaciones con que ha venido avanzado en la dirección correcta. Necesitamos hablar de mayor participación en las decisiones de ésta institución. Hablar del futuro de la misma considerando la existencia de la Comisión de la Verdad; del avance del Museo Nacional de la Memoria al que todavía no le vemos construcción y que se dijo que empezaría en octubre de 2018; de la recuperación de lugares que están regados en todo el país donde se han cometido torturas y asesinatos y que pueden ser dispuestos ahora a la educación y la cultura.

No queremos ver al partido de gobierno frotándose las manos para reescribir trabajos rigurosos que se han realizado. Necesitamos ver un mayor respaldo a la Comisión de la Verdad, y una mayor proyección del CNMH en labores que se reconfiguran a partir del Acuerdo de Paz, vinculadas con la divulgación, la pedagogía y la animación del pensamiento crítico con base en la reflexión sobre la violencia y el conflicto.

El soldado requiere de un nivel de consciencia superior, por ello  la educación y la prevención son  su antorcha y su destino. No cualquiera vive del honor y lo asume felizmente y con altura; el honor es un valor que sólo se encuentra reservado  para hombres y mujeres excepcionales, porque incluso los soldados por nosotros ¡si por nosotros¡ renuncian a ser ellos mismos; abandonándolo  casi todo, incluso familia,  por la gloria que significa  servir sin esperar nada a cambio. Pero igualmente no  cualquiera debe ser soldado; quién carece de valores y principios verdaderos o los tiene trastocados no debe uniformarse jamás; y  sí  lo ha hecho, no importando su grado, simplemente será un humano disfrazado.

No cualquiera debe ser soldado porque pocos están dispuestos a declinar ante riquezas materiales, libertades y privilegios, incluso a ver limitados algunos  derechos fundamentales por resguardar la civilidad. No cualquiera debe ser soldado porque ellos  son conscientes que son los primeros en rendir cuentas, siendo en extremo transparentes, honrados, honestos dignos e imparciales; además de prudentes, resilientes  y pausados,  sin dejarse jamás presionar para los designios de la Constitución abandonar. Por eso no cualquiera puede y debe ser soldado. Finalmente no todos pueden y deben ser soldados, porque ellos son los únicos que entienden bajo el fragor del fuego y la degradación propia de la ordalia, que el único propósito de la contienda desde hace tiempo, pasando por Cicerón, San Ambrosio y Aquino,  debe ser la paz.

El  soldado por si fuera poco es el único que comprende porque la vida del vencido es sagrada como la de la población civil. Para ser soldado de verdad, más allá del juramento,  se necesita conocer a fondo el significado  de mística,  servicio,  virtud, resignación y sentimiento;  para ser soldado  se requiere tener empatía con la comunidad y mucha  inteligencia emocional.  Tristemente en esta postmodernidad cada vez menos se encuentran personas dispuestas a sentir, pensar y actuar con un mínimo de coherencia, esa que  denominamos  esencial, la  que se necesita para vestirse de honor eterno.  Por eso no cualquiera puede y debe ser soldado. Ser soldado requiere de esa coherencia vital y esencial a la que se le denominará vocación porque no nace de la mente sino del corazón.

Para ese entonces el país venía de  sufrir una fuerte arremetida guerrillera durante la administración de Andrés Pastrana y comenzó a presentarse también  la expansión paramilitar a lo largo y ancho del territorio. En 2002, el 70 o 75% del total de municipios del país tenía presencia guerrillera importante y las ciudades capitales no escapaban a este fenómeno, al tiempo en que se intensificaban las masacres promovidas por las Autodefensas al mando de Carlos Castaño.  

Las cifras de la Federación Colombiana de Municipios indican que entre 1998 y 2002 fueron secuestrados 17 alcaldes, amenazados 554 y asesinados 54. La cifra de alcaldes que despacharon fuera de su municipio era de 300 en noviembre de 2002.

A partir de ese momento todo aquel que se atreviera a hablar de diálogo de paz o de invitar a una marcha en favor de esta causa, inmediatamente era tildado de aliado de la guerrilla. Aun así la movilización social durante los primeros seis años del mandato uribista, según estudios elaborados por el  Cinep, no cesó.  “Un total de 1.120 municipios del país (cifras del Dane), 554 sirvieron de escenario para las protestas.

La movilización social alcanzó en 2007 el mayor auge observado desde 1975, cuando se reportaron 800 protestas y en el año 2008 la cifra llegó a 950. Las capitales de los departamentos fueron las mayores concentradoras de las manifestaciones, debido a la visibilidad que poseen”.

Ante el constante señalamiento  a las protestas sociales en Colombia de estar infiltradas por la ilegalidad, voces de la misma sociedad civil pidieron respetar las manifestaciones públicas y colectivas como parte del conjunto de los derechos establecidos por la Constitución de 1991, en su artículo 37.

Hoy,  luego de que en Colombia fue posible hablar de diálogos de paz y tras la derrota del Sí en el plebiscito, la movilización social que en el pasado fue señalada de estar infiltrada por la ilegalidad, hoy tiene carta abierta para pedir la implementación de los Acuerdos de Paz, con el ánimo de evitar a toda costa que municipios y veredas en donde se ha vivido con mayor intensidad el conflicto armado, se vean expuestos a una nueva ola de violencia producto de una nueva guerra entre las Farc y el Estado.

Es así como en las últimas semanas, millones de personas se han manifestado en toda Colombia después de la estrecha victoria del No en el plebiscito, en las mayores movilizaciones que recuerde el país a favor de la paz.

Estas movilizaciones son motivadas por el cansancio de una guerra de décadas, a un costo humano bastante alto. Pero el resultado del plebiscito del domingo 2 de octubre, incluyendo la altísima abstención de 63 por ciento, lo puso en tela de juicio pese a la apretada diferencia de votos existente entre las opciones del Sí y el No.

Ante esta creciente movilización ciudadana en favor de la paz, Gobierno y Farc deben escuchar el clamor de estos miles de ciudadanos que se han manifestado en contra de que Colombia retorne a la guerra y nuestros territorios se vean inmersos en una especie de “No futuro”, evitando de paso que estos logren el progreso que durante décadas se les ha negado por el miedo a la violencia.

La estabilización del país tras la firma de una paz estable y duradera es un tema que no da espera, y es a la sociedad civil a quien le corresponde elevar esta exigencia al Gobierno Nacional y a las Farc, para que no permitan que lo logrado en materia de paz se caiga por dilaciones de la oposición política.

Las movilizaciones sociales que se han dado en las últimas semanas en favor de la paz, no deben cesar, por el contrario, estas deben aumentar en mayor cantidad en las distintas ciudades de Colombia, para que así quede demostrado que el número de personas que anhelan la paz es muchísimo mayor, al que se manifestó en contra de estas en el plebiscito.

*Óscar Sevillano