Nequi ahora permite que los colombianos reciban remesas. Cifras del Banco de la República indican que 2025 fue un año histórico en esta materia, pues estos ingresos se contaron en más de USD 13.000 millones. Esta tendencia se sostiene en 2026 pues, en los primeros tres meses del año, estos dineros superaron los USD 3.346 millones.

Ante este panorama, Nequi le ha apostado a facilitar la recepción de remesas, integrando en su plataforma una herramienta que permite la recepción de dinero desde el exterior, mediante una considerable cantidad de remesadoras aliadas como Western Union, Viamericas, Monty y Echange, entre otras. También existe una integración con plataformas como Paypal y Payoneer.

Más allá de esto, también tiene su propio sistema, denominado como “Giros a un link” para hacer transferencias desde el exterior. Para esto, la app genera un enlace, el cual se puede compartir mediante canales como Whatsapp, SMS, correo electrónico o redes sociales. La persona que lo recibe debe abrirlo, seguir las instrucciones y reclamar el dinero directamente desde el celular.

Para incentivar el uso de su plataforma con estos fines, lanzó una campaña que estará activa hasta el 24 de mayo, la cual consiste en acumular puntos por cada remesa realizada a través de las remesadoras aliadas o por cada giro internacional recibido mediante Giros a un Link.

“Quienes reciban dinero por primera vez obtendrán un puntaje inicial y, a partir de ahí, sumarán puntos adicionales por cada envío igual o superior a COP 580.000. Al finalizar, los participantes con mayor puntaje podrán acceder a incentivos económicos. Es importante tener en cuenta que pueden participar personas mayores de edad que tengan su Nequi activo y reciban dinero del exterior, ya sea a través de remesadoras aliadas o mediante Giros a un Link”, explica Nequi.

La firma detalla que, en total, se entregarán premios que van desde los COP 500.000 hasta los COP 5 millones, los cuales serán abonados directamente a las cuentas de los ganadores.

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El ciclismo uruguayo vive un momento histórico. Guillermo Thomas Silva, un joven escalador que nació cerca de la costa del Atlántico, lidera la clasificación general del Giro de Italia 2026, convirtiéndose en el primer pedalista de su país en participar y en vestir la mítica maglia rosa de la corsa rosa.

“Fueron tres etapas entretenidas por aquí. Muy contentos con las sensaciones, conseguir una victoria de etapa y mantener el líder”, explicó Silva, de 24 años, quien planea seguir en los más alto de la general. “En principio mantenerlo lo máximo posible es el objetivo del equipo, pero vamos a ir día a día y que dure lo que tenga que durar”, reconoció.

Su relación con la bicicleta comenzó cuando tenía cinco años en Maldonado, su ciudad natal. Como muchos uruguayos, Silva primero puso sus ojos en el fútbol, de hecho, lo jugó hasta los 11 años, pero un día, mirando una carrera nocturna, algo hizo clic dentro de él y se decantó por el caballito de acero.

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En 2019, cuando tenía 17 años, tuvo su primera experiencia internacional como integrante del club Arte en Transfer-LPS, en España. Ese mismo año corrió el Mundial Junior que se realizó en Inglaterra. Por aquél entonces dijo que soñaba con correr en el World Tour con los profesionales, representar a Uruguay en unos Juegos Olímpicos y correr un Mundial en la categoría élite.

Se sumó a las filas de Caja Rural en 2023 como aprendiz y en 2024 pasó a competir con contrato profesional y comenzó a tener rodaje en las carreras del World Tour. Ese mismo año corrió el Mundial de Ruta que se celebró en Zúrich (Suiza), por lo que dos de los tres objetivos que se había trazado ya estaban resueltos.

El año pasado corrió su primera Gran Vuelta, la de España, y la completó en la casilla 78 de la clasificación general. Ese mismo año fue segundo en el Tour de Qinghai (China) y se consagró campeón en los nacionales de su país. Al final de la temporada firmó con Astana XDS.

¿Cómo ha sido su temporada 2026?

La temporada arrancó para Silva con un tercer lugar en la Fiesta Del Pueblo - Treinta y Tres de Uruguay, en la segunda semana de enero. Ese mismo mes se trasladó a España para correr siete clásicas. Su mejor resultado fue un undécimo puesto en el Trofeo Andratx - Pollença.

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En febrero corrió los nacionales de ruta uruguayos. No pudo validar el título en la prueba de ruta y tuvo que conformarse con el tercer lugar. También ocupó ese mismo lugar del podio en la prueba contrarreloj. Después regresó a Europa para otras carreras de un día, entre ellas el Tour de los Alpes Marítimos y la Strade Bianche.

Ya en marzo encaró su primera carrera de una semana, la Tirreno-Adriático. Entre los jóvenes fue el quinto mejor clasificado y quedó 25° en la clasificación general. A pesar de no quedar muy arriba en la lucha por la camiseta más importante, fue el mejor clasificado de su equipo.

Luego fue inscrito en la Milan San Remo y después corrió en la Vuelta a Cataluña, competencia que tuvo que abandonar por culpa de un cuadro viral que le impidió hacer parte de la salida en la previa de la etapa tres. Tuvo que esperar hasta mediados de abril para volver a la acción.

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Su regreso se dio en China, donde registró su mejor actuación en lo que va de la temporada. El uruguayo fue la gran figura del Tour de Hainan, carrera en la que no solo ganó dos etapas, sino que se adueñó del primer lugar en la clasificación general.

El Giro más charrúa de la historia

Este Giro de Italia 2026 ya quedó marcado como un capítulo histórico para Guillermo Thomas Silva y para todo el ciclismo uruguayo porque, por primera vez, un pedalista de ese país se viste con la maglia rosa y lidera la clasificación general de la carrera.

De hecho, para hacer todavía más grande su logro, es más que necesario traer a la conversación que Silva es el primer uruguayo en la historia que compite en la corsa rosa, y para hacer todavía más épico el asunto, en la segunda etapa, una de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo (Bulgaria), se quedó con la victoria.

El pedalista charrúa celebró sobre el pavé tras una definición explosiva en los últimos metros. Así fue cómo se adueñó del liderato, dando un golpe en el pelotón, el cual está más acostumbrado a ver a ciclistas de España, Eslovenia o Bélgica vestidos de rosa.

“En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo”, reconoció tras cruzar la línea de meta y agradeció el cariño que le llega desde el otro lado del Atlántico. “Están superpendientes y yo super agradecido de ellos, contento de hacer historia para un país tan pequeño”.

Más allá de lo que pase en las próximas etapas, este Giro ya es histórico porque puede convertirse en un punto de quiebre para el ciclismo uruguayo. Silva abre puertas para futuras generaciones, despierta interés en patrocinadores y refuerza la idea de que este pequeño país sudamericano, más ligado al fútbol, también puede producir corredores de élite.

El Giro de Italia 2026 llega este martes a terreno italiano tras tres jornadas en Bulgaria y continúa con una etapa que promete movimientos importantes entre los favoritos de la clasificación general. La cuarta etapa se disputará entre Catanzaro y Cosenza, con un recorrido de 138 kilómetros ideal para esprinters.

En la clasificación general aparece bien ubicado el cundinamarqués Egan Bernal (Netcompany INEOS), a cuatro segundos del líder, en la tercera posición de la general. Con el mismo tiempo aparece el alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling), segundo en la lucha por la camiseta rosada.

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La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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🔴Autoridades denuncian amenazas electorales en Meta y Guaviare

A dos semanas de las elecciones presidenciales de primera vuelta, las Fuerzas Militares y la Gobernación del Meta alertaron sobre actividades de carnetización ilegal en zonas rurales de Meta y Guaviare, atribuidas a disidencias de las Farc. Según las autoridades, este mecanismo estaría siendo utilizado para ejercer control sobre comunidades e influir en el ambiente electoral. La denuncia fue conocida durante un consejo de seguridad realizado en la Gobernación del Meta.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que el fenómeno no es reciente y advirtió que “el constreñimiento electoral en las zonas rurales del sur del departamento de Meta viene desde hace meses”. Según explicó, grupos armados estarían distribuyendo “panfletos” para presionar a la población a inscribirse de cara a las elecciones presidenciales, aunque aclaró que no se ha evidenciado orientación hacia un candidato específico.

En el mismo consejo de seguridad, el general Erick Rodríguez Aparicio, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, afirmó que estructuras bajo el mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” estarían intimidando a comunidades, especialmente en Guaviare, donde existe una disputa territorial entre ambas facciones. El oficial señaló que hay evidencia de actividades de carnetización para controlar población rural.

🔴 Los cargos contra Saab

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Alex Saab, de 55 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionado con un programa gubernamental conocido como CLAP para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después.

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en una operación militar estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero.

Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades hasta el sábado, cuando Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.

Saab se acercó al gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión de los contratos CLAP para importar alimentos al país sudamericano. Pero, en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas, facturas fraudulentas y otros documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de comida.

Parte de sus ganancias ilícitas se ocultó con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, de acuerdo con la imputación. Ahora habrá que esperar el inicio formal del juicio, la definición de su defensa, si se declara o no culpable, las condiciones de su reclusión y todo lo protocolario en un juicio federal.

🔴 Putin, rumbo a China después de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, viaja este martes a China con la esperanza de sellar importantes acuerdos de exportación de petróleo y gas, fundamentales para dar vida a su alicaída economía y, al mismo tiempo, financiar la máquina de guerra en Ucrania.

La visita tiene lugar sólo unos pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, fuera recibido en Pekín por el líder chino, Xi Jinping, lo que se puede interpretar como una confirmación de que el gigante asiático se ha convertido en el “epicentro diplomático mundial”, según el diario oficialista chino Global Times.

Con todo, el Kremlin intentó hoy desmarcarse de la visita de Trump y destacó que Rusia y China “no se alían contra nadie”, aunque adujo que sus posturas en política exterior son en muchos casos “idénticas”.

“No hay ninguna relación entre la visita de Trump y la de Putin”, dijo Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, quien recordó que la Casa Blanca postergó el viaje de su líder de marzo a mayo debido a la guerra en Irán.

La diferencia radica en que la relación entre China y EE.UU. se puede considerar entre iguales, mientras que Rusia depende en gran medida del comercio con su vecino asiático, especialmente desde que rompiera lazos con la Unión Europea.

🔴 ¿Cómo van las importaciones de Colombia?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) actualizará las cifras del comercio exterior del país para el mes de marzo de 2026. Con esta cifra se completa el panorama del primer trimestre del año.

En febrero de 2026, las importaciones fueron USD 5.741,4 millones CIF y presentaron un crecimiento de 7,8 % con relación al mismo mes de 2025.

Debido a esto, la balanza comercial registró un déficit en la balanza comercial colombiana de USD 1.235,0 millones FOB, mientras que en febrero de 2025 se presentó un déficit de USD 1.241,0 millones FOB.

🔴 Salud, seguridad y memoria histórica, en debate en el Concejo de Bogotá

Este martes 19 de mayo de 2026, a las 6:00 p. m., en el Recinto los Comuneros, la Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá discutirá varios proyectos de acuerdo relacionados con salud, seguridad, bienestar, justicia, verdad y memoria histórica en el Distrito Capital.

En la agenda aparecen iniciativas para fortalecer la atención en urgencias a personas mayores, crear una estrategia de parques públicos seguros, consolidar los llamados Navegadores de Bienestar, impulsar una estrategia ciudadana por la verdad y la memoria histórica, y adoptar medidas para descongestionar los centros de detención transitoria en la ciudad.

A la sesión fueron invitados secretarios distritales, gerentes de subredes de salud, directivos del IDRD, la Policía Metropolitana y organismos de control, en una jornada que tocará varios temas sensibles para la ciudad.

🔴 Pódcast🎙️Escuche: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia: Frutinovelas, tigres virales y debates falsos

En este nuevo capítulo de Pescao Envenenado, el pódcast de El Espectador para hablar del espinoso camino a la Presidencia de la República, hablamos de cómo la inteligencia artificial se metió de lleno en la campaña presidencial, principalmente en el espectro política de la derecha. 🎙️

Escuche aquí:

🔴 Neymar vuelve al Mundial

Carlo Ancelotti anunció la convocatoria de Brasil para la Copa del Mundo 2026 y la gran noticia fue el regreso del 10 de Santos, quien volverá a liderar a la ‘Canarinha’. El italiano aseguró que “el Mundial no lo gana el equipo perfecto, sino el más resiliente” y dejó claro el objetivo: “No tengo miedo de decir que vamos a ganarlo”. Vinícius Jr., Raphinha, Marquinhos y Casemiro también encabezan una lista cargada de figuras.

Arqueros

- Alisson – Liverpool

- Ederson – Fenerbahçe

- Weverton – Grêmio

Defensas

- Alex Sandro – Flamengo

- Bremer – Juventus

- Danilo – Flamengo

- Douglas Santos – Zenit

- Gabriel Magalhães – Arsenal

- Ibañez – Al Ahli

- Léo Pereira – Flamengo

- Marquinhos – PSG

- Wesley – Roma

Volantes

- Bruno Guimarães – Newcastle

- Casemiro – Manchester United

- Danilo – Botafogo

- Fabinho – Al-Ittihad

- Lucas Paquetá – Flamengo

Atacantes

- Endrick – Lyon

- Gabriel Martinelli – Arsenal

- Igor Thiago – Brentford

- Luiz Henrique – Zenit

- Matheus Cunha – Manchester United

- Neymar Jr. – Santos

- Raphinha – Barcelona

- Rayan – Bournemouth

- Vinícius Jr. – Real Madrid

🔴 La Biblioteca Casa del Pueblo, en el Cauca, está en riesgo por inundaciones

En la vereda de Guanacas, en Inzá, los habitantes han denunciado que la Biblioteca La Casa del Pueblo se encuentra en peligro por las continuas inundaciones que se han presentado. Esta institución, que ganó el Premio Nacional de Arquitectura en 2004 y fue construida en guadua por la comunidad y los campesinos del sector, ha sufrido daños por el agua que ha llenado los pasillos últimamente y temen que la estructura esté en riesgo de colapso.

Según reveló la revista Cambio, más de 600 libros han sufrido daños por las inundaciones. La institución, cuya construcción finalizó hace 22 años, se ha convertido en un punto de encuentro y un lugar para que los jóvenes de la vereda tengan otras alternativas frente a la guerra en la región.

De acuerdo con el informe, la comunidad de Guanacas ha alertado sobre la situación que enfrenta la estructura y afirma que se debe a irregularidades en la construcción y mantenimiento de la Transversal del Libertador, vía que conecta al Huila con el Cauca. Más allá de las afectaciones a la biblioteca, la comunidad asegura que viviendas, otros predios y la cancha de fútbol de la vereda también están en peligro.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Olivares’, señalada de dinamizar el tráfico local de estupefacientes en varios barrios de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Las personas fueron enviadas a prisión como medida de aseguramento.

Según la investigación, la organización presuntamente operaba desde 2024 en diferentes puntos de expendio ubicados en vía pública y otros sectores estratégicos de la localidad, donde habría ejercido control territorial para la comercialización de drogas bajo la modalidad de menudeo.

Entre los capturados aparecen Leidy Vanessa Sánchez Osuna, alias La Flaca, y Carlos Andrés Cárdenas Cortés, alias Care Lindo, quienes, según la Fiscalía, serían los principales articuladores de la red ilegal.

Los otros procesados fueron identificados como Alciriares Velandia Cárdenas, alias Mono; Duván Stiven Chipatecuo López, alias Tatto; Tania Valentina Rojas Pardo, alias Pepa; Yeferson Gómez, alias Flaco; Jaime Andrés Rodríguez Choachí y Gerardo Sáenz Piza.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir agravado.

Ninguno aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Fiscalía dice que instrumentalizaban a un menor

Según la Fiscalía, Leidy Vanessa Sánchez Osuna, alias La Flaca, habría instrumentalizado a su hijo menor para participar en actividades relacionadas con la comercialización y distribución de estupefacientes.

“Usted realiza las ventas delante del menor (…) también esa utilización del niño para la venta de sustancias estupefacientes”, señaló el ente acusador durante la imputación.

De acuerdo con los investigadores, integrantes de la estructura incluso se referían al niño con el remoquete de “Marlito” y, presuntamente, lo utilizaban para entregar sustancias ilícitas a consumidores del sector.

Vendían bazuco en cápsulas y cocaína en bolsas herméticas

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) y la Sijín de la Policía Metropolitana, los procesados presuntamente distribuían marihuana dosificada en cigarrillos artesanales, bazuco en cápsulas y cocaína en distintas presentaciones.

Según se conoció durante las audiencias, una sola cápsula de bazuco podía costar entre COP 7.000 y COP 10.000.

Las autoridades señalaron que las ventas se concentraban principalmente en sectores como Los Olivares, La Esperanza, San Isidro y Santa Librada, donde, presuntamente, la organización mantenía expendios permanentes.

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En 1997 se aprobó una ley (la 418) que buscaba allanar el camino para adelantar negociaciones con organizaciones armadas al margen de la ley, siempre que se les hubiera reconocido su carácter político; con ese propósito se consagró la facultad de que las autoridades judiciales “correspondientes” suspendieran las órdenes de captura contra miembros representantes de esos grupos y sus voceros. En el 2013 se expidió un decreto (el 1980) que, con la finalidad de reglamentar esa ley, precisó que la “autoridad competente” sería el fiscal general de la Nación y que a él le correspondería suspender “de plano” las órdenes de captura contra las personas que el Ejecutivo señale como voceros o miembros representantes de esas agrupaciones.

Fue una norma ingeniosa por dos razones: la primera, porque a partir de la pertenencia de la Fiscalía a la Rama Judicial y de su facultad —excepcional— para proferir órdenes de captura, se le asignó la labor de suspenderlas en estos casos concretos. La segunda, porque desde el punto de vista operativo, para el Gobierno era mucho más fácil coordinar esas acciones con un solo funcionario de alto rango que con muchos jueces de distintos niveles y zonas del país. En un intento por hacer aún más expeditas las negociaciones de paz, el decreto convertía al fiscal en una especie de “instrumento” de la voluntad del Ejecutivo al precisar que la suspensión debía ser “de plano”, es decir, sin posibilidad de valorar o controvertir la determinación adoptada por el presidente.

En el 2022 el Congreso aprobó una ley (la 2272) que permite al Gobierno emprender negociaciones con Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) con las que se adelanten conversaciones tendientes a su sometimiento a la justicia. Esta normatividad extendía a esos grupos la opción de suspensión de órdenes de captura para sus representantes y voceros, en los mismos términos que ya habían sido establecidas para los que tenían naturaleza política.

La Corte Constitucional, al revisar esta nueva ley, declaró la exequibilidad condicionada de esa potestad precisando que las órdenes de captura contra integrantes de las EAOCAI solo se pueden suspender cuando el Gobierno justifique la medida, incluyendo su temporalidad y su alcance territorial, y que únicamente es admisible cuando la autoridad competente de la Rama Judicial valore esos supuestos (C-523 de 2023). Desde el momento en que esa decisión se produjo, la Fiscalía no se limita a suspender “de plano” las órdenes de captura que le indique el presidente. Su deber es, como la fiscal Camargo ya le señaló al presidente Petro, verificar previamente si se cumplen los requisitos para que esa suspensión proceda. La precisión que en ese sentido realizó la Corte Constitucional no hace nada distinto de reconocer que la emisión y suspensión de órdenes de captura debe seguir siendo una potestad de la Rama Judicial, por lo que, para esos efectos, el presidente es incompetente. Una cosa es que las ramas del poder deban trabajar armónicamente en temas como la búsqueda de la paz, y otra que el Ejecutivo pueda arrogarse facultades de las que carece.

Antes que interés por las propuestas, en el electorado de esta campaña prevalece el miedo. Unos temen el regreso de la Seguridad Democrática con su gusto por la guerra sembrada de falsos positivos, ahora rubricada también por la fálica amenaza de un destripador; otros temen el desmoronamiento de la democracia liberal. Y el temor parece invadir también a Iván Cepeda, el hombre de izquierda que se forjó en la integridad de sus principios y en el arrojo de sus luchas por las víctimas. Su veto al debate abierto ante el país sugiere temor a la controversia democrática y a la pluralidad de opciones. Miedo a resbalar en precisiones que el presidente (su jefe de campaña, dueño de los votos y usurpador del erario con que la financia) no tolera. En particular si se trata de la Paz Total y del proyecto de constituyente.

Talones de Aquiles que dicen, la primera, del desastre que disparó el poder del crimen organizado, ahora dispuesto a presionar al electorado en 170 de los 386 municipios donde domina, según la MOE. La otra, una propuesta de constituyente corporativista concebida como fortín de grupos escogidos de la sociedad, de sus intereses, y herramienta del caudillo que la convoca para atornillarse al poder. Negada la deliberación plural, acepta Cepeda el enfrentamiento con la versión más rudimentaria de sus contradictores, territorio propicio a simplificaciones que rayan en la caricatura. Tiránica manipulación de la opinión, sin límites en la polarización. Así escamotea Cepeda la crítica y la autocrítica.

Arquitecto de la Paz Total, no reconoce el candidato fallas en esta política. Acaso por el violento contraste que su Paz Total ofrece con el contenido del Acuerdo suscrito en 2016 y con el método de negociación, calla él púdicamente. Para no contemplar los pilares de una negociación que hizo historia y cualquier relanzamiento del diálogo debería considerar: reforma rural integral; participación política; fin del conflicto armado; solución al problema de las drogas; verdad, justicia y reparación para las víctimas, implementación del Acuerdo de paz. En metodología de la negociación, el principio de que “nada está acordado mientras no esté todo acordado”; y la negociación ha de transcurrir en medio de la confrontación armada.

Cuando se le indaga al candidato por esta y otras estrategias de cambio, deriva en su propuesta de acuerdo nacional. Enhorabuena. Pero el desenlace descorazona: lo implementaría por decreto presidencial, no mediante el “engorroso” paso por el Congreso. Y si no se logra acuerdo, se convoca una constituyente. La impronta autoritaria.

¿Derogar la Constitución de 1991, única producto de un consenso nacional y situada a la vanguardia de las democracias constitucionales? Delinea ella el Estado social de derecho con extensión de los derechos legales a los económicos, sociales y fundamentales a la vida, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión; y acción de tutela, para protegerlos. Fortalece la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes. Reconoce el pluralismo político y religioso con Estado laico e introduce mecanismos de democracia directa. Traza la descentralización y la autonomía territorial, y consagra la paz como derecho y deber ciudadanos.

Humberto de la Calle (Sergio Jaramillo al lado) y Antonio Navarro, gestores y ejecutores de estos hitos de la democracia en medio siglo, descollaron también en el ejercicio del gobierno. Ya como vicepresidente y ministro el uno, como gobernador sin par, el otro, y Claudia López, figura iniciática del 91 en el tropel de la Séptima Papeleta y alcaldesa de Bogotá, exhiben la estatura de reformadores y de gobernantes que otros, en la liza, no muestran. El reto para Cepeda es grande: acometer obras de parecido tenor, dando un vuelco a la Paz Total y vida plena a la Constitución del 91.

Cristinadelatorre.com.co

Es de resaltar la importancia del informe “Daños invisibles: la violencia contra los animales en el conflicto armado en Colombia” (2017–2026), elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que no contó con el aval de la magistratura, por lo que contiene, pero también por que omite. La relación entre la evidencia científica y las resoluciones judiciales está en juego. Los más de 100.000 animales afectados representan un registro genuino y ayudan a visibilizar una dimensión ignorada del conflicto armado. Pero hay un problema cuando bienestar animal, daño ambiental y conservación de biodiversidad —como se ha visto en debates recientes— se presentan bajo un único marco de análisis. Resulta inevitable la ola de críticas y comentarios desde las ciencias de la conservación, que señalan imprecisiones y conclusiones inadecuadas. Es claro que el conflicto armado produjo enormes impactos ecológicos, sociales y culturales, pero, precisamente por lo crucial del asunto, preocupa que algunos de los argumentos sobre biodiversidad y conservación no hayan resistido a un análisis técnico. Es importante pues encontrar valor en las convergencias, que no son menores. Para una reflexión constructiva es necesario avanzar un debate constructivo.

¿Hasta qué punto un informe con imprecisiones técnicas hiere la credibilidad de la JEP? Se requiere en este sentido entender que hay dos escenarios dentro de la propia JEP. La UIA con funciones de investigación acusatoria, especialmente cuando los presuntos responsables no reconocen verdad plena o responsabilidad. No es una instancia que tenga capacidades en los temas ambientales. En este punto el llamado es a contar con insumos externos suficientes, para consolidar argumentos acordes con el conocimiento consolidado.

Distinta es la Comisión Territorial y Ambiental (CTA), instancia técnica que acompaña a la magistratura en la identificación y documentación de daños ambientales y territoriales asociados con el conflicto. La diferencia es importante porque la CTA sí tiene funciones y capacidades ambientales. Su trabajo “Herramientas para la identificación, caracterización y documentación de daños ambientales y territoriales en el marco del conflicto armado” entiende el daño ambiental como un fenómeno complejo asociado con procesos históricos de ocupación territorial, economías ilegales, debilidad institucional y disputas por el control de la tierra. Y es justamente ahí donde la discusión se debe ampliar, no sobre la base de un sentido común de valoración en paralelo entre paz y conservación, sino en la evidencia concreta del caso en Colombia, que presenta paradojas y sorpresas.

En efecto, desde hace más de dos décadas, la ecóloga colombiana Liliana Dávalos, profesora de la Universidad Stony Brook, formuló una pregunta provocadora: ¿podría la paz resultar peor para la conservación que la guerra? Su tesis sobre una “conservación armada” no pretendió romantizar a los actores armados, sino señalar que ciertas formas de control territorial limitaron la expansión de la frontera agropecuaria, la colonización y algunas economías extractivas. Los regímenes armados produjeron configuraciones territoriales que limitaron algunas dinámicas de transformación intensiva del suelo, y como se ve en otras partes del mundo, cuando colapsan sin una transición certera hacia el ejercicio del gobierno y gobernanza civil efectiva, se acelera la destrucción. En efecto, los sistemas territoriales funcionan mediante relaciones complejas donde intervienen simultáneamente actores armados, mercados, políticas públicas, ausencia estatal y dinámicas globales de apropiación del suelo. Así, si bien la Naturaleza sigue siendo víctima, el victimario no siempre es único, visible o fácilmente judicializable. En este punto la ciencia es indispensable. Caso paradigmático es lo sucedido en la Amazonia colombiana.

La discusión ambiental dentro de la justicia transicional, y otros espacios judiciales, por su complejidad debe seguir abierta. La paz, que también debe ser completa, más que solo ampliar categorías jurídicas —como los animales o la Naturaleza como sujetos de derechos—, exige establecer un marco claro del uso del conocimiento, alineado por supuesto la ponderación de los valores que están en juego. Porque los deberes se siguen manejando como tácitos, genéricos y en todo caso imprecisos para orientar las políticas públicas requeridas.

Es imperativo pues que los informes que se producen en instancias judiciales mejoren el manejo de la información y el conocimiento. En el caso que nos ocupa, tranquiliza la potestad que tiene la magistratura para sopesar y balancear los insumos en la producción de una verdad judicial dirigida a la reconciliación. Así las cosas, la JEP saldría potencialmente fortalecida de este debate necesario, a través de la diferenciación de sus instancias y sobre todo con una reflexión ampliada. Porque no solo estaría en juego la verdad judicial, sino porque este mecanismo transitorio de justicia establece la ruta para las rendiciones de cuentas en lo político. Verdad, justicia y reparación, en la relación de los humanos con la Naturaleza.

Infortunadamente, nuestros niños y niñas no han estado exentos de violencia sexual y otras formas de tortura que ejercen los responsables del conflicto armado en Colombia. De ahí los frecuentes silencios y ensimismamientos de Caché, luego de que los paramilitares desaparecieran a sus padres y a él lo convirtieran en desterrado. Sin embargo, contó con la terapia consuetudinaria basada en el amor y las conversaciones que le han brindado sus abuelos, tíos, primos y demás miembros de su familia extendida, tan parecida a las de todas las Afrocolombias. No es el caso de otros jóvenes víctimas de nuestras violencias. La antropóloga Pilar Rueda Jiménez lleva más de veinte años dialogando con esos y otros damnificados, especialmente mujeres. Relata cómo para los menores de edad violados es muy difícil buscar la sanación mediante narraciones sobre lo que han vivido. Sufren una especie de parálisis mental que contamina la totalidad de sus competencias lingüísticas y, por lo tanto, compromete su desarrollo intelectual. De ahí que si llegara a ser primera dama de la nación, dedicaría sus energías al montaje de un hospital para víctimas del conflicto armado, con énfasis en las reparaciones psíquicas que en especial urgen para quienes han padecido violencia sexual**. Apoyaría su gestión en las decenas de expertos en superación de los efectos del conflicto armado de este y otros países, con quienes ha establecido vínculos sólidos a lo largo de su carrera como gestora de paz y defensora de derechos humanos. No sería de extrañar que buscara extender ese hospital por el Sur Global.

Esa opción contrasta con el silencio de la derecha frente a los oprobios a los cuales Kristof se ha referido. Deberá pesar en la conciencia de quienes votarán el 31 de mayo el que esa ala política, además, persista en legitimar al gobierno de Netanyahu, fugitivo de la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra, así como en negar el genocidio que ha cometido contra la nación palestina.

Nota: en Nueva York, el 11 de mayo, hubo protestas contra el Gran Evento Israelí de Finca Raíz porque le hizo propaganda a la venta de propiedades dentro de los Territorios Palestinos Ocupados. La legislación internacional prohíbe y condena unos negocios que hoy parecen posibles gracias a la legitimación de la impunidad por parte de las autocracias dominantes.

*Jaime Arocha Rodríguez esdoctor en antropología cultural, miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.

** Valencia, León. 2026. Pilar Rueda Jiménez, compañera y cómplice. En Iván Cepeda, una vida contra el olvido. Aguilar, páginas 121-146

El síntoma revela un equívoco profundo: hemos confundido la polémica con la deliberación. Y son dos órdenes del lenguaje distintos, casi opuestos. Habermas sostuvo que la legitimidad democrática no proviene del voto, sino de los procesos comunicativos que lo preceden. La democracia no se mide por la cantidad de opiniones que circulan, sino por la disposición de cada hablante a someter sus pretensiones al examen de los otros, a dejarse persuadir, a transformar la propia posición en el acto de escuchar. A esa estructura la llamó acción comunicativa, y la distinguió de la acción estratégica, donde el otro no es interlocutor, sino obstáculo a vencer.

La política colombiana de esta hora opera casi exclusivamente en el segundo registro. El debate no se evita por desinterés; se evita porque el cálculo electoral juzga que exponerse tiene un costo que no compensa. La pregunta del candidato no es “¿cómo confronto mis ideas?”, sino “¿qué gano al aparecer?”. El cálculo desplaza al pensamiento. Byung-Chul Han diría que ya no habitamos una sociedad del diálogo, sino una sociedad de la información. El diálogo exige lentitud, demora, riesgo de cambiar de opinión. La información, en cambio, fluye sin fricción, no obliga a habitarla. El candidato no debate, simplemente emite. Y emite calculando el rebote, no la verdad. Hay aquí algo más grave que una falla de campaña. Hay una pedagogía silenciosa hacia el país. Cada vez que una figura pública rehúye la confrontación argumentativa, le enseña a la ciudadanía que el otro distinto es prescindible. Esa pedagogía se filtra en conversaciones familiares evitadas, en grupos silenciados, en amistades que se enfrían.

Los griegos tenían una palabra para nombrar lo que falta: parresía. Decir la verdad sabiendo que cuesta. Foucault la rescató para mostrar que la democracia no se sostiene solo con instituciones, sino con sujetos —especialmente gobernantes— dispuestos a exponerse. Sin parresía queda la administración del riesgo. Y esa administración produce candidatos sin centro, que se mueven mejor en la sombra del cálculo que en la luz incómoda del examen. Quedan dos semanas para la primera vuelta. El país no necesita más declaraciones; más bien, necesita escenas en las que las propuestas se rocen, se contradigan y se corrijan en público. La pregunta no es solo cuál candidato preferimos, sino qué tipo de palabra pública queremos volver a habitar como país.

Cuando culminó la pandemia originada por el COVID 19, algunos colegios no quisieron retornar a la presencialidad. Sus directivos estaban angustiados porque disminuían los estudiantes y los ingresos y, en ese contexto, pensaron que la virtualidad les podría reducir costos y facilitar la organización de sus actividades. Dado lo anterior, varios padres entutelaron a esas instituciones educativas porque consideraban que al permanecer en virtualidad se transgredía el derecho a la educación de sus hijos. La disputa llegó a la Corte Constitucional, que en 2022 fijó posición.

La Sentencia 410 de 2022 es muy clara. La Corte parte de un principio con enorme consenso entre los educadores, que se conoce como el principio de la integralidad. Al respecto dice: “los estudiantes van al colegio a desarrollar, además de la dimensión académica, las dimensiones sociales y emocionales mediante la convivencia, el juego, el relacionamiento con los compañeros y profesores y el tejido de lazos de amistad”. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluye: “La educación presencial resulta, entonces, irremplazable, y aunque la virtualidad se seguirá utilizando, esta debe entenderse como complemento y no como sustituto de la presencialidad… En conclusión, la Sala encuentra que se vulneró el derecho a la educación y se puso en riesgo la salud mental de los estudiantes del Colegio”.

A pesar de la claridad de la sentencia, lo cierto es que la educación virtual viene aumentando de manera descontrolada en el país desde el final de la pandemia. Algunos padres quieren tener a sus hijos bajo su custodia todo el tiempo. Les aterra la posibilidad de que se desplacen hasta las escuelas o que jueguen e interactúen con otros niños en parques, colegios y calles. Viven asustados por los riesgos que pueden correr sus hijos e hijas y, debido a lo anterior, han recurrido a la educación virtual o en casa. Sin duda, quedaron especialmente afectados por la pandemia. La desconfianza, que siempre ha sido muy alta entre los colombianos, alcanzó niveles desproporcionados en el país durante esta época. Para 2022, Colombia aparece como el cuarto país en el mundo con mayores niveles de desconfianza. El 95 % de los colombianos dice que no se puede confiar en la mayoría de las personas.

Las comparaciones que he realizado entre la población en edad escolar y la población que está estudiando formalmente me permiten estimar que cerca de 70.000 niñas, niños y adolescentes en Bogotá han pasado a modalidades no formales de educación en los últimos años. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Javeriana concluye que a nivel nacional tenemos 650.000 estudiantes menos en 2024 frente a los que teníamos en 2019. Sin embargo, la población en edad escolar solo ha decrecido en 250.000, lo que implica que tenemos 400.000 niñas, niños y jóvenes que han abandonado el sistema escolar en los últimos años. Preocupa muy especialmente que menores de edad comiencen a quedarse en casa en modalidades virtuales y de homeschooling.

Estamos demorados en reglamentar un proceso que está totalmente desregulado en Colombia. En España, por ejemplo, hay supervisión estricta sobre las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes y, si al iniciar el año un niño se retira del sistema escolar, existen mecanismos para hacer un seguimiento riguroso que determine si los padres están violando el derecho a la educación de sus hijos por abandono, descuido o sobreprotección. Lo mismo pasaría en la mayoría de los países europeos, pero muy especialmente en Francia y Alemania.

Durante la pandemia, todos fuimos testigos de que la virtualidad con niños era inviable. Los menores carecen de la autonomía, lectura y concentración necesarias para mantenerse atentos a clases ofrecidas por medio de pantallas. Así mismo, fue muy evidente el crucial papel socializador de la escuela. En ese periodo los niños no extrañaron sus clases de matemáticas o ciencias, sino muy especialmente a sus amigos y compañeros. Por eso, mientras permanecieron cerradas las escuelas, el deterioro en las competencias socioafectivas de los niños alcanzó niveles críticos. Comenzaron a evidenciar estrés, inflexibilidad, angustia y ansiedad. Durante ese periodo, el Instituto Colombiano de Neurociencias estimó que el 88 % de los niños y niñas presentaron signos relacionados con el deterioro de su salud mental. El origen estaba en la ausencia de socialización y juego entre pares.

Es muy triste que, por dificultad para manejar su propia angustia, un grupo de padres quiera exponer nuevamente a los menores a un proceso de aislamiento de sus amigos y compañeros. Pero es todavía más triste ver que el Ministerio de Educación Nacional no prioriza la tarea de frenar la deserción escolar que viene creciendo de manera muy preocupante en los colegios oficiales desde 2010 y en los privados desde 2020.

Hoy tenemos más elementos para comprender los riesgos. Como expliqué en mi columna anterior, los estudios son cada vez más concluyentes: los jóvenes actuales tienen menores niveles de lectura, pensamiento profundo y autonomía. El acceso a pantallas, videojuegos y redes es una de las causas principales de esta situación.

El LEE afirma que entre 2015 y 2025 la población que asiste a la escuela cayó en 920.000 estudiantes. De ellos, el 81 % corresponde a estudiantes que abandonaron la educación pública y solo el 19 % corresponde a retiros de colegios privados. La elevada y creciente deserción en colegios oficiales está asociada a la baja pertinencia, contextualización y calidad de la educación que ofrecen. También a dificultades socioeconómicas de las familias y a la ausencia de condiciones mínimas para garantizar el derecho a la educación en amplias zonas del país. Por su parte, la creciente deserción en la educación privada está más vinculada con padres muy ansiosos que buscan disminuir costos educativos y quieren evitar riesgos derivados del traslado de sus hijos y de su vida escolar.

Contrario a lo que se cree, la baja natalidad todavía no explica más del 20 % de los casos de deserción. Va a ser decisiva en el futuro, al tiempo que implicará la disminución de 3,1 millones de estudiantes en las próximas dos décadas, pero debemos tener en cuenta que solo a partir de 2021 comenzó a caer lentamente la población en edad escolar. El reciente informe publicado por el LEE concluye al respecto: “La evidencia muestra que, en varios niveles educativos —especialmente en educación inicial, secundaria y media—, el sistema está perdiendo estudiantes en etapas en las que la población aún existe y demanda atención, lo que sugiere fallas no solo en la oferta, sino en los mecanismos de acompañamiento, retención y transición entre niveles”.

La Sentencia SU-032 de 2022 obligó al Estado a crear las condiciones para que el derecho a la educación de los menores no fuera violado por carecer de conectividad y dispuso que pudieran recibir la educación virtual que se requería durante la pandemia. Todos sabemos que la orden fue violada durante el gobierno de Iván Duque porque el dinero que debía destinarse para esto fue robado en lo que se conoció como el escándalo de “Centros Poblados”. La conectividad tan solo llegó al 4,5 % de los municipios priorizados. Una vez culminada la pandemia, nuevamente la Corte salió en defensa del derecho a la educación de los niños y por eso la Sentencia 410 de 2022 estableció el retorno obligatorio a la presencialidad de todos los estudiantes de educación básica en el país. Lo triste en un país como Colombia es constatar que en 2021 la orden no se cumplió porque las mafias enquistadas en el poder saquearon los recursos destinados a la conectividad de los hijos de los campesinos que vivían en las regiones más aisladas. Ahora la nueva orden de la Corte tampoco se está cumpliendo por unos padres que viven con angustia y ansiedad extrema.

En consecuencia, respaldo la solicitud de la Mesa Nacional de Educación Privada para que se reconozca y reglamente la educación virtual, que hoy está totalmente desregulada en el país.

Hace una semana fui a un show en tarima de Abelardo de la Espriella y desde ese día estoy nerviosa. Tengo dos pensamientos recurrentes: el primero es que hace 10 años los medios no vislumbraron el triunfo del “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz. El segundo es que hace cuatro años Rodolfo Hernández perdió la Presidencia por apenas 700.000 votos. Un margen pequeño para alguien que a sus 77 años solo era conocido en Bucaramanga hasta poco antes de lanzarse; que tenía múltiples denuncias de corrupción; con una vicepresidenta anónima; y que a última hora abandonó la campaña, dejó de aparecer en medios y solo salió en TikTok cantando “re locos papi, re locos”.

Temo que la segunda vuelta sea entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y veo diferencias entre Abelardo y Rodolfo, más allá de sus cuestionadas hojas de vida y sus ridículos videos de reguetón. Abelardo tiene 47 años; una fórmula vicepresidencial que le disimula su narcoestética de abogado de bandidos; una estrategia de mercadeo político calcada de Donald Trump y Javier Milei; y un discurso religioso que los que no vamos a iglesias no vemos, pero cautiva a muchos de los que sí van. Lo comprobé el día que fui a su presentación en Manizales. Les pregunté a varios asistentes cómo se enteraron de esa alocución y dijeron “en el culto” y “por WhatsApp”.

En lo de WhatsApp, la campaña de Abelardo es como la de Rodolfo Hernández: existen múltiples grupos segmentados por ciudades, en los que la gente recibe todos los días (¡todos los días!) videos de saludos de Abelardo, fotos y mensajes cortos que los hacen sentir partícipes de una causa común: el antipetrismo. Para el ciudadano que toma su decisión de voto a través de WhatsApp, no hace falta leer programas de gobierno ni que su candidato vaya a debates. Tampoco necesita columnas de opinión (aunque si sale alguna favorable a su nuevo mesías la rotan por WhatsApp). Lo relevante es que alguien de confianza lo invite al grupo y, una vez allí, comprobar que no está solo porque muchos piensan similar. “¿Ustedes, al igual que yo, creen que bandido que no se someta a la ley hay que darlo de baja?”, reza Abelardo en sus shows. La lluvia de emoticones en WhatsApp equivale al “sííí” en la alocución en vivo.

Dar de baja a los bandidos, destripar a la izquierda, revertir los fallos que despenalizaron el aborto y volver obligatoria la educación religiosa en los colegios requiere otra Constitución, pero Abelardo le deja la palabra “constituyente” al petrismo. Lo que sí dice es que se volvió creyente hace seis años y con ese cuento cautiva a votantes que van desde el Opus Dei hasta la Misión Carismática Internacional. Evade aclarar si ahora es católico o pentecostal y las piezas de su campaña invitan a la “oración ecuménica”. El resto ocurre en homilías y grupos de oración: bien sea promoviendo a Abelardo, o diciendo que “el enemigo más grande que tiene el cristianismo es el comunismo”, como leí en un volante.

Su machismo ramplón, que alardea del tamaño de su pene y cojones (¿qué trauma tendrá?) no le quita votos entre su fervorosa feligresía. Al contrario, lo aplauden y escriben en redes “¡así se habla!”. Estamos ante un peligroso acto de fe.

Se cumplieron cincuenta años del fallecimiento del presidente Mariano Ospina Pérez. Era miembro de una familia que yo he dado en llamar de presidentes. Lo fue su abuelo, Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861) y su tío Pedro Nel Ospina (1922-1926), quien, por lo demás, nació en el propio palacio presidencial. De pronto, Ospina Pérez jamás pensó llegar al cargo que tuvieron sus antepasados, pero las circunstancias políticas del momento —la división del liberalismo entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gatán— le abrieron el camino, impulsado por Laureano Gómez. Ganó, a pesar de que los liberales sacaron mayoría.

Pero Ospina Pérez no fue un demócrata, a pesar de que tuvo el acierto de designar como ministro de Gobierno a Darío Echandía, sobre las cenizas del 9 de abril. Ahora se conoce un libro póstumo de Abelardo Forero Benavides, quien fue su secretario general en esa cartera. Duraron poco ante el fracaso de la Unión Nacional. Salidos del Gobierno, Forero recuerda los decretos que expidió Ospina suspendiendo “todo el funcionamiento de las instituciones democráticas”. Todos de 1949: Decreto 3518, declara turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional; Decreto 3520, suspende las sesiones del Congreso, de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Municipales; Decreto 3521, establece la censura de prensa y radiodifusión; Decreto 3522, prohíbe las manifestaciones públicas; Decreto 3519, dispone que las decisiones de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia deben tomarse en adelante, ya no por mayoría, sino con el voto afirmativo de las tres cuartas partes de sus miembros.

En otro libro, que acabo de conocer, La fragmentada Unión Nacional de Ana Carolina Reyes Cárdenas, con prólogo de Álvaro Tirado Mejía, se sostiene que esas disposiciones fueron impulsadas por el laureanismo (¿?). Habría sido preferible un presidente fugitivo… Pero, por lo demás, este libro como el de Forero, hacen una buena reseña de los acontecimientos de la época.

Es que el artículo 121 de la Constitución, cambió de sitio el Estado.

En días pasados tuve la iniciativa de socializar la herramienta “Match Presidencial” con un grupo de mis alumnos. Mi intención era, como siempre, estrictamente pedagógica en materia electoral, sin sesgos ni intereses propagandísticos. Para asegurarme de ello, estructuré el ejercicio de la siguiente manera: cada pregunta fue presentada al curso junto con información de contexto que ayudara a tomar decisiones. Además, los estudiantes tuvieron espacio para opinar y debatir antes de votar en su propio computador. Para amenizar el ejercicio, iba presentando las preguntas en un proyector y seleccionaba aleatoriamente a un estudiante para que compartiera su respuesta, la cual yo digitaba en el “Match Presidencial”.

Las primeras siete preguntas fueron calificadas de esta manera: con diálogo, debate y argumentos. Las calificaciones para cada pregunta estuvieron siempre entre 3 y 4, reflejando posiciones mesuradas frente a las decisiones por tomar.

A partir de la pregunta ocho, y hasta la última, decidí cambiar la dinámica. En lugar de permitir el argumento y el debate, solo se permitió una o dos intervenciones por pregunta, y el estudiante seleccionado aleatoriamente para votar debía hacerlo en muy poco tiempo. ¿El resultado? Votos por valores extremos, como 1 o 6. Los estudiantes comenzaron a votar en bloque y, en su mayoría, siguiendo a quien más duro gritara. La ausencia del debate y de otros puntos de vista hizo que saliera a flote nuestro extremismo.

Al final, el ejercicio nos permitió ver que, más allá de nuestra posición política, el poder de la presión y del grupo nos radicaliza. Creo que eso está pasando con la contienda electoral actual. ¿Qué clase de raciocinio puede haber en la respuesta de una persona abordada de repente por un encuestador urgido por cumplir una cuota diaria? ¿Acaso quien responde la pregunta en la calle ha tenido la oportunidad de sopesar las opciones cuando es interrumpido en su camino al trabajo, en su jornada en casa o en su oficio diario?

Estoy seguro de que, si tuviéramos la pausa, la información de contexto y el tiempo para pensar, obtendríamos otro resultado y los mejores candidatos serían los más opcionados. Ojalá los medios de comunicación, las encuestadoras y el país en general pensaran más antes de hablar.

Edgar Leonardo Duarte Forero

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Una vez más la ligereza del presidente Gustavo Petro ha puesto a Colombia en medio de un cruce de acusaciones con el gobierno de otro país. En este caso le tocó a Bolivia, que enfrenta varias semanas de protestas mientras que Evo Morales, quien intentó perpetuarse en el poder violando la Constitución, agita los ánimos en contra de la administración de Rodrigo Paz Pereira. Si la Casa de Nariño desea ejercer un rol de mediador entre las partes involucradas, necesita abandonar su habitual ceguera selectiva hacia los líderes que comparten su ideología.

En un largo mensaje de X, el presidente Petro lanzó su diagnóstico sobre lo que ocurre en Bolivia. Según él, “Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza. Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”. También habló de presos políticos, refiriéndose a Morales, quien está prófugo de la justicia en un caso que involucra relaciones sexuales con una menor de 15 años y que el expresidente boliviano ha dicho que se trata de una persecución. En respuesta, la Cancillería boliviana se extrañó por los comentarios del presidente Petro y dijo: “Las transformaciones que requiere Bolivia, tras casi dos décadas de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales, deben ser impulsadas por los propios ciudadanos, en un clima de paz, responsabilidad democrática y pleno respeto a la soberanía nacional”.

El problema con la declaración del presidente Petro es que, aunque con algo de disimulo, toma partido. A pesar de que las pasadas elecciones llevaron al poder de manera democrática a Paz, el presidente colombiano adopta la narrativa de la oposición boliviana que ha criticado la cercanía del nuevo gobierno con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos. La pregunta obvia es necesaria: si eso fue lo que votó la mayoría de los bolivianos, ¿por qué la actual administración no puede seguir su plan de gobierno?

Todo empeora cuando se observa la retórica de Morales. Desde el principio ha negado los resultados electorales. En entrevista reciente con AM 530, La Radio de las Madres de Plaza de Mayo, afirmó que “el golpe ha sido del gringo al indio. No aceptan que los indígenas podamos cambiar Bolivia”. Adicionalmente, sin sonrojarse en su arrogancia, afirmó que “el Evo pueblo sigue siendo la primera fuerza política”. También celebró las protestas que tienen al país en medio de fuertes tensiones: “La Paz está totalmente cercada; Cochabamba, cercado; Santa Cruz solo tiene salida hacia Tarija; Sucre, cortado; Oruro y Potosí, cortados, y Oruro y Chuquisaca, cortados. Prácticamente todo está paralizado”. Las exigencias de Morales es que Paz renuncie o, por lo menos, que claudique en las reformas que ha propuesto.

Bolivia está en crisis desde hace años y las fuentes del desastre son múltiples. Desde el creciente impacto del narcotráfico, pasando por el personalismo mesiánico de Morales, el golpe de Estado revertido y la existencia de una clase política con legitimidad cuestionada. Sin duda, se necesita un diálogo, pero eso requiere que los mediadores tengan diagnósticos más complejos que el planteado por el presidente Petro. Si no se reconoce la dañina estrategia de Morales en este desastre, no hay manera de encontrar soluciones.

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En las campañas y en la cotidianidad, ni la verdad ni la no violencia pueden ser regalos opcionales o estar sujetas a la sensatez de uno u otro candidato. La verdad no puede ser negociable y la violencia tiene que ser inadmisible. Condeno enfáticamente el asesinato en el Meta de dos integrantes de la campaña del Tigre; condeno las amenazas contra él, contra Paloma Valencia y contra Iván Cepeda, y me indigna la mano oscura que falazmente viste de guerrillero al candidato de la izquierda, Iván, un hombre ético y coherente, que en su vida jamás ha disparado un arma y como filósofo, político y defensor de los derechos humanos, le ha entregado todo lo que es y lo que tiene a intentar que nuestro país salga de manera concertada y definitiva, de su agobiante violencia.

De la agresión -venga de donde venga- no queda sino el cansancio, amigos distanciados y familias agrietadas; turbas enardecidas y tiros en la espalda; audiencias escépticas y saturadas de los discursos de hostilidad. Sin calificar los aciertos o desaciertos del gobierno actual y los mecanismos ejercidos por la oposición, es claro que vamos a quedar agotados luego de cuatro años de ofensas y oprobios disparados a lado y lado. “Nunca un insulto será un argumento”, dice el video al que me referí al principio. Lástima que eso no lo entendieron ni el presidente, ni varios de sus ministros ni muchos de sus opositores.

Un país en ascuas, exacerbado por todo y por todos, con los nervios de punta y la paciencia archivada en el desván, difícilmente será capaz de superar las enfermedades que lo aquejan. Por eso la o el próximo presidente de Colombia deberá reconstruir -ante todo- la emocionalidad y la confianza de la gente en el Estado, en el gobierno, en las autoridades que ojalá sean honestas (en todos los sentidos) y competentes para el cargo que ocupen.

En un círculo que puede ser tan virtuoso o tan vicioso como se conduzcan las cosas, confianza y resultados van de la mano; se necesitan mutuamente y es imprescindible volver a confiar en la institucionalidad y en quienes ejerzan el poder. Mirarlos con respeto, con empatía y con algo parecido al afecto y a la admiración como seres humanos y como funcionarios capaces de lograr resultados. La o el próximo presidente deberá recomponer un tejido social y emocional descosido por los siglos de los siglos, un sistema de salud desmembrado por el fanatismo y unas finanzas golpeadas por la improvisación. Afianzar la credibilidad del poco más de medio país que lo respalda, y ganarse la del poco menos del otro medio, que votó por su adversario. Y ¡por favor y por respeto! armonizar paz y seguridad, como lo que son: cimientos, vías y efectos complementarios (no excluyentes) para que la vida sea inviolable, y en ningún lugar de Colombia el miedo crea tener el derecho de sentarse a la mesa.

Gloria.arias2404@gmail.com