La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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“Estamos esperando a que nos reubiquen y tenemos la esperanza de que sea lo más pronto posible. Cada vez que el agua crece, no podemos salir y lo perdemos todo: me toca entrar en canoa a la casa para salvar las cosas”.

El desesperado llamado es de Luis Emiliano Palacios, presidente del Consejo Comunitario del corregimiento de Almendró, en el municipio chocoano de Medio Baudó, que ronda los 20.000 habitantes.

Fredy Ramírez Valencia, alcalde de Medio Baudó, dibuja en pocas palabras la imagen de lo que ocurre en Almendró: “En este corregimiento, el río Berreberre pasa hoy por el centro del pueblo; unas viviendas quedaron a un lado y otras al otro”.

Tras los fuertes aguaceros de la última semana, varias comunidades en el departamento del Chocó se despiertan en casas que parecieran flotar sobre el agua, las calles se transforman en un cauce para que corra el río, sus enseres amanecen estropeados, así como los cultivos y alimentos, y otros pierden sus viviendas, que quedaron bajo el agua.

(Lea: “Piden diálogo ‘urgente’ tras ocupación de predios azucareros por indígenas en Cauca”)

Escenas que son consecuencia del alto nivel de las lluvias que históricamente registra el departamento del Chocó. Por ejemplo, “en Quibdó llueve, aproximadamente, 231 días al año. Esta cifra resulta similar a la observada en otras ciudades como Bogotá, donde las precipitaciones se registran en 223 días del año. Sin embargo, la gran diferencia radica en la lluvia que cae, ya que mientras en Bogotá caen anualmente 1.083 mm, en Quibdó alcanza los 7.722 mm, según un informe del Banco de la República citado por el economista Jaime Bonet en un trabajo titulado “¿Por qué es pobre Chocó?” (2007).

En medio de esa alta tendencia pluviométrica, desde hace poco más de una semana varios pueblos en Chocó están afectados por las inundaciones y aunque en algunos el agua ha ido descendiendo poco a poco, cada noche los lugareños temen un nuevo aguacero.

Solo durante la temporada de lluvias de este año, once municipios —de los 30 que tiene Chocó—, han sido azotados por las inundaciones y otros estragos provocados por las fuertes precipitaciones, lo que se traduce en 51.331 personas afectadas, según la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres del Chocó.

“En Chocó las lluvias se presentan en un lapso muy corto de días o es común que llueva toda una noche, lo que se refleja en el ascenso rápido de los niveles de los ríos”, explica Johan Londoño Giraldo, coordinador departamental para la Gestión del Riesgo. De manera que el desbordamiento de los ríos —algunos grandes como el Atrato (que afecta especialmente a Quibdó), el Baudó o el Quito y otros más pequeños (como Berreberre, Misará y Pepé)— deja bajo el agua a varias comunidades cada año.

(Lea también: “Encuesta revela que 85% de las mujeres se sienten inseguras en el espacio público”)

“Hay que comprender que en el riesgo confluyen tres cosas: la amenaza, pues en Chocó las lluvias son continuas todo el año, aunque eso no quiere decir que no haya disminuciones; la exposición, por la preferencia de estas comunidades a situarse al lado de los ríos, sea por el abastecimiento, los medios de vida o de transporte, y también la vulnerabilidad, por las condiciones económicas y la edificación de estas viviendas”, precisa Londoño.

Los municipios con la situación más grave por inundación son Quibdó, capital del departamento, en donde hay 13.684 habitantes perjudicados; Carmen del Darién, con 8.600, y Medio Baudó, con 7.630. A estos se suma Medio Atrato, Riosucio, Cantón de San Pablo, Bajo Baudó, Río Quito, San José del Palmar, Tadó y Nóvita, para un total de casi 13.000 familias perjudicadas, un muerto, 45 viviendas averiadas y 21 destruidas por completo durante esta temporada de lluvias.

Según el alcalde Ramírez Valencia, durante su administración, que inició en 2020, y en lo que va de este año, el municipio ha tenido que enfrentarse a doce inundaciones, en las que varias comunidades y corregimientos perdieron todos sus bienes, se inundaron escuelas y centros de salud, quedaron confinados en sus casas, perdieron sus cultivos, especialmente de pancoger, lo que les da sustento cada día, y se quedaron sin vivienda.

La situación es tan angustiosa que casi con impotencia Ramírez comenta: “Yo he entrado en una etapa de fatiga, pues, cada vez que como administración queremos entregarles semillas (a los campesinos) para que reactiven los cultivos, llega otra vez el río y acaba con absolutamente todo. Necesito que el Gobierno Nacional me escuche para buscar soluciones reales”.

(Le invitamos a leer: “El balance que deja las lluvias en el país”)

Cuando el río crece, el gobierno municipal responde con la entrega de bienes básicos como colchonetas, mercados, medicinas… Y aunque es lo que se requiere para atender la emergencia, Ramírez manifiesta que “lo que realmente pedimos es que haya una voluntad del Gobierno colombiano para dar una solución definitiva a la problemática”.

La mayoría los territorios inundados, por no decir que todos, son afros e indígenas. Esta última semana en Medio Baudó estuvieron inundadas 34 comunidades: 16 indígenas como Puerto Nuncidó, Trapiche, Naranjal, Puerto Limón, entre otras, y 18 fueron afros, como Bellavista, Almendró, Puerto Elacio, Puerto Libia, La Unión, Boca de Curundó y otras.

¿Qué se puede hacer para mitigar las inundaciones en Chocó ?

Para los grupos poblacionales más expuestos a la inundación en Chocó, como muchos en Colombia, el territorio está cargado de significado por razones culturales o ancestrales. Por ello, son más propensos a inundarse, en tanto históricamente se han ubicado junto al río; sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan proponer soluciones o que algunas comunidades no quieran ser reubicadas.

Precisamente, la primera alternativa es la reubicación; no obstante, para aquellas comunidades que no quieren dejar su territorio, se puede ir mitigando el riesgo desde obras y la adaptación a las inundaciones, como lo propone Londoño: “Hay que descapotar los terrenos y dragar los ríos. También es necesario reubicar los cultivos en zonas no inundables, construir puentes y muros, y adecuar las casas para que sean de mayor altura y el agua no afecte la movilidad y los hogares. Claramente, esto exige esfuerzos técnicos, logísticos y de inversión”.

Ese ha sido uno de los principales problemas; en alcaldías como la de Medio Baudó se han planteado proyectos y posibles soluciones, pero Ramírez dice: “El Gobierno ha sido muy ajeno a querer darnos la mano. Hemos formulado más de ocho proyectos que están radicados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero no ha pasado nada. Los recursos que tenemos son pocos. Somos un municipio de sexta categoría, con un presupuesto inferior a los $15.000 millones”.

(Lea: “Debilidad institucional en La Guajira: 15 gobernadores distintos en tres periodos”)

Adicionalmente, los municipios más expuestos se enfrentan a otras amenazas, como la pobreza y el conflicto armado. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Chocó fue el más afectado por el confinamiento por la violencia armada en el primer semestre de 2022 (más de 52.000 personas se confinaron).

Según el documento “La pobreza en Quibdó: norte de carencias”, de Jilmar Robledo-Caicedo (publicado en 2019 por el Banco de la República), “Quibdó presentó una tasa de incidencia de la pobreza superior al doble de todas las ciudades capitales del Pacífico, cerca de cuatro veces la de Bogotá y tres veces la de las principales ciudades y áreas metropolitanas del país” en 2017.

“Pareciera que hay unos colombianos de primera y otros de segunda. Nosotros habitamos la Colombia olvidada, en donde el Estado llega de manera poco eficiente, pero el deseo del pueblo es vivir tranquilo. Me he dedicado a formular iniciativas que busquen soluciones, pero no les prestan atención o dicen que no hay recursos”, señala Ramírez.

Por el momento, mientras el agua desciende, los habitantes de estos once municipios en Chocó aguardan a las soluciones que les puedan ofrecer los gobiernos nacional, departamental y municipal, mientras esperan que cesen las lluvias. “Por favor, vean cómo estamos sufriendo, somos una comunidad en alto riesgo y estamos esperando a que nos colaboren”, dice Palacios, habitante de Almendró.

Tras una asamblea, llevada a cabo este miércoles, se anunció que se levantará el paro en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, donde se había suspendido las clases hace, aproximadamente, dos meses.

“La asamblea de la sede Bogotá levantará el paro a partir del 13 de abril, fecha en la que se retomarán actividades académicas en semana de colchón (repaso y no toma de notas)”, se lee en el breve comunicado conocido por El Espectador, fruto de la asamblea donde estuvieron representantes de las facultades. Sin embargo, aún no es claro en qué condiciones se retomarán las clases.

(Lea El panorama “agridulce” de las mujeres en la educación superior en Colombia)

Según el comunicado, solo faltaban unas pocas facultades para acogerse a esta decisión: la de Artes, Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Agrarias y la de Ciencias.

Con esta decisión, se pone fin a la suspensión de clases que había iniciado cuando Ismael Peña asumió como rector de la Universidad Nacional, tras una decisión del Consejo de Estado que obligó a que Leopoldo Múnera se apartara de esa posición.

De hecho, este mismo 8 de abril se había conocido una resolución de la Rectoría en la cual se modificó el primer período académico de 2026 y el comienzo del segundo semestre de este año.

Fue una decisión que se tomó después de una consulta realizada el pasado 7 de abril a los decanos y decanas, a las directoras de sede y a los vicerrectores de sede.

Según esa resolución, la finalización de clases será el 25 de julio. El 29 de julio, a las 8:00 p. m., además, deberá estar reportado el 100 % de las calificaciones de los estudiantes en el Sistema de Información Académica (SIA).

Para las sedes de Manizales, Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, el calendario establece que el período intersemestral se lleve a cabo entre el 22 de junio y el 24 de julio.

En cuanto al segundo semestre de 2026, el documento señala que la inscripción de asignaturas se realizará hasta el 23 de agosto y que las clases comenzarán el 24 de agosto.

Por otra parte, el examen de admisión de pregrado quedó para el 20 de septiembre y el de posgrado para el 26 de octubre.

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Independiente Medellín inicia esta noche un nuevo reto internacional cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, en el compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto antioqueño afrontará una noche de alta exigencia frente a un rival con historia en el continente, en un partido que marcará el arranque de su camino en una zona de gran exigencia.

El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo sabe que comenzar con victoria en casa será determinante para sus aspiraciones, especialmente en un grupo de alto nivel que también integran Flamengo, vigente campeón del torneo, y Cusco. En ese panorama, sumar en condición de local aparece como una obligación para el Poderoso, que buscará hacerse fuerte ante su gente y dar el primer golpe en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Siga el minuto a minuto de Medellín vs. Estudiantes en la Copa Libertadores

73’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 1-1 ESTUDIANTES⚪️: El equipo paisa mantiene la motivación y sigue presionando para encontrar el segundo. Estudiantes se refugia y de momento, no genera peligro a la contra.

¡LA ENGANCHÓ DE VOLEA! Francisco Chaverra apareció solo por el segundo palo para estampar el 1-1 de Independiente Medellín vs. Estudiantes.

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— SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

63’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 1-1 ESTUDIANTES⚪️: Finalmente llegó el empate de Medellín, pero fue de pelota quieta. Frank Fabra sacó el centro y al segundo palo entró Francisco Chaverra que conectó el balón con pierna derecha venció a Muslera.

55’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Ingresó Daniel Cataño en Medellín y se vuelcan al ataque en búsqueda del empate.

45’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Ya se reanuda el juego en el Atanasio Girardot.

45’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Finaliza la primera parte en Medellín. Estudiantes tuvo una clara y la embocó. Medellín no exigió a Fernando Muslera, pero jugó gran parte de la primera parte en campo del Pincha. Restrepo tendrá que ajustar ese último cuarto de la cancha para conseguir el empate.

40’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: El extremo colombiano de Estudiantes comienza a generar riesgo en la banda izquierda. Ya probó en dos ocasiones el disparo tras enganchar de afuera hacia dentro. La indicación del DT es explotar esa ventaja sobre el lateral Chaverra.

30’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Medellín no sufre en defensa y se anima cada vez más. No obstante, están teniendo un gran problema de finalización. No están rematando al aco y terminan las jugadas con perdidas de balón.

20’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Las incursiones ofensivas van por el sector izquierdo, con John Montaño y Frank Fabra. Sin embargo, las jugadas constantemente terminan con centros que no conectan los compañeros.

13’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: El equipo paisa busca posesiones extensas para armar la ofensiva y encontrar el empate. Sin embargo, se genera una sensación de peligro cada vez que pasa al ataque Estudiantes.

03’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-1 ESTUDIANTES⚪️: Tiago Palacios recibió en campo contrario tras una presión alta de Estudiantes y logró sacar un remate de fuera del área. El disparo se desvió en José Ortiz y desacomodó al guardameta local. Rápido se va en ventaja el equipo visitante.

¡¡EL PINCHA PEGÓ DESDE EL ARRANQUE!! Remate de Tiago Palacios que se desvió en un defensor y se metió por encima del arquero para el 1-0 de Estudiantes vs. DIM.

📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ky5Zj53BNv

— SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

01’ ⏱️ MEDELLÍN🔴 0-0 ESTUDIANTES⚪️: Ya rueda el balón en el Atanasio Girardot. El estadio no está lleno, producto de los malos desempeños del equipo local en este semestre.

📋 Nuestra formación para el debut en #Libertadores pic.twitter.com/LirtFx6qs8

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 8, 2026

[🔴🔵] Nuestra nómina para esta noche de CONMEBOL Libertadores en el Atanasio 🏟️ pic.twitter.com/OX7z66VdXf

— DIM (@DIM_Oficial) April 8, 2026

📍🧉 Hoy, acá, arranca nuestra #Libertadores pic.twitter.com/H1pSaYlmZk

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 8, 2026

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN y Disney+

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Atado a un tronco, el soldado Alfredo Duarte Amado espera ser fusilado. Días atrás, en San Gil, había abandonado el grupo de rebeldes al que pertenecía, luego de recibir un mensaje en el que se le informaba el embarazo de su cuñada. Iba en busca de su hermano, también combatiente, para contarle que sería padre, cuando fue detenido.

El coronel Suárez que está al mando lo acusa de cobarde y de traidor a la causa. Duarte lo increpa, le dice que sigue el llamado de paz del general Rafael Uribe Uribe, que de rebeldes han pasado a bandoleros y que no quiere seguir en esa vida.

Atrás quedó el olor a pólvora. Sí, la Guerra de los Mil Días se desdibujaba, pero el pueblo seguía fragmentado por la violencia. Como en el presente, existían tratados de paz en los que se les reconocía a las tropas revolucionarias ciertas garantías y el gobierno se comprometía a liberar presos políticos, por mencionar algunas. El llamado era a la concordia, el país estaba empobrecido.

Duarte Amado lo sabía, era un campesino testigo del horror, como muchos de los que lucharon a su lado, y conocía que hasta los soldados reales buscaban un nuevo rumbo.

La brisa corre y levanta polvaredas a orillas del río Umpalá, en medio de las montañas del Cañón del Chicamocha, y enmarcan los rostros de los hombres que quieren ajusticiarlo. Antes de enfilar las armas, una corneta y un redoblante marcan la sentencia. Los justicieros con sombrero de paja, vestimenta sucia, botas gastadas y armas oxidadas, se miran y esperan la orden del coronel. El sol es inclemente.

El acusado pide el último deseo, dice que a eso tienen derecho hasta los traidores: Implora que lo dejen llegar hasta la casa de Benito Pardo, un fotógrafo. Quiere fotografiarse y enviar la imagen a su familia para que sus sobrinos sepan que existió.

El coronel cuestiona la existencia de Pardo sin despegar la mirada del soldado. ¿Logra Duarte convencer a sus captores, salvar su vida y encontrarse con su familia?

Estimado lector: El desenlace de esta historia lo conocerá en el segundo semestre de 2019. Si le da un chance a la televisión pública, a Señal Colombia y los canales regionales, en seis capítulos sabrá el rumbo que toma esta historia llamada “Adiós al amigo”, la nueva serie del director santandereano, Iván David Gaona, y la productora La Contrabanda.

“El país parece estar condenado a esa ley del eterno retorno. Las posiciones de los conservadores y nacionalistas contra los liberales o los que piensan distinto, el gobierno defendiendo a la Iglesia. Un personaje como Alejandro Ordóñez Maldonado parece sacado del pasado y puesto en el presente. Revisar nuestra historia es ver que no ha pasado casi nada que ya no sepamos”.

Tomando un café y fumando un cigarrillo, Iván David Gaona reflexiona sobre “Adiós al amigo”, grabada en distintos parajes del Cañón del Chicamocha y que tuvo como punto base el municipio de Cepitá.

(Puede leer: El público está divorciado del cine colombiano)

Está basada en la relación que se da entre un campesino rebelde -Alfredo Duarte Amado- y un fotógrafo, Benito Pardo (quien heredó el arte de la fotografía de su padre, asesinado por los conservadores al considerar que su arte era brujería), luego de terminar la Guerra de los Mil Días. La idea surge como propuesta para una convocatoria abierta a mitad de año por la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), la cual proponía a los realizadores nacionales contar historias de carácter político y social, de antes de 1950.

Él y La Contrabanda -su nueva productora-, encontraron en este fragmento de la historia de Colombia un escenario interesante de explorar, incluso, desde las relaciones interpersonales de los excombatientes, sus familias, los amigos, los hijos, el dejar las armas, la esclavitud y presencia indígena, y en especial, la de los reporteros gráficos del conflicto.

Las elecciones presidenciales de 2018 también fueron fuente de inspiración para el equipo. “Explorando y leyendo es como si no hubiera pasado un siglo, la guerra motivada por el empoderamiento del gobierno conservador, con poca participación política de los liberales, con impuestos al pueblo. Son las mismas razones del gobierno de hoy día. En otra época esto hubiera generado una guerra, pero ahora se amortigua en la “comodidad electrodoméstica” que yo llamo. Me imagino, antes no había televisor o celulares, y pues la gente salía a las armas”, comenta el director oriundo de Güepsa.

“Aquí cultivamos tabaco, melón, tomate, limones, tenemos cabros… Algo bonito debemos tener porque vinieron a grabar una serie. En Bucaramanga no es que hagan eso todo el tiempo, ¿cierto?”.

El relato de Andrés Julián Jaimes continúa mientras acelera su motocicleta y se desplaza por la carretera empedrada y empinada que conduce a esta población ubicada a hora y media de Bucaramanga, que no supera los 1900 habitantes. Hace calor, la temperatura alcanza los 25ºC.

Es mototaxista, así se gana la vida desde hace algunos años. Al estacionar su motocicleta y cobrar por el servicio, repite algunos datos que memorizó durante el recorrido: Las tropas reales y rebeldes de la época de la conquista pudieron haber pasado por lo que hoy es Cepitá, su “pueblo bonito”.

Es domingo en tarde. El equipo de rodaje que alcanza las 70 personas descansa en distintas casonas del pueblo. Algunos esperan a que abran una piscina natural para refrescarse, otros prefieren jugar Fifa en el Xbox. En los alrededores del parque las rancheras rompen con la monotonía. No corre brisa ni en las calles y menos en los balcones. Una llovizna distrae y baja la temperatura. Un grupo de trinitarios de colores vivos deja ver su belleza en los balcones y sus flores parecen alegrarse con el rocío.

A las 6 de la mañana del lunes todos deben estar en el rodaje a cielo abierto. Es la tercera semana de trabajo, a diario trabajan hasta las 5 de la tarde, pues en el Cañón se oscurece más temprano y la salida de los caminos destapados puede averiar los vehículos y los equipos.

Dichos tramos, también conocidos desde la colonia como caminos reales o de herradura, son zigzagueantes, tortuosos para los conductores, los habitantes de las parcelaciones ubicadas a orilla del río y el equipo de producción.

Pese a esto, la geografía agreste santandereana era lo que buscaban para grabar este western. “En “Pariente” fuimos tímidos en la apuesta por el cine de género. En “Adiós al amigo” lo hicimos con toda. Esto está acompañado de zooms, armas, una zona desértica. El diseño de los personajes, que tienen valores teatrales definidos, que tienen cierta inocencia, que usan armas, y que solucionan a su manera”, comenta el director.

A las 3:30 de la mañana Marina Olarte Malaver se levanta de la cama, recoge la toalla y los útiles de aseo. La luz naranja que entra de la calle marca su silueta mientras peina su cabellera negra. La noche anterior se durmió estudiando el guion; en “Adiós al amigo” interpreta a una mujer que lee tabacos y acompaña a los protagonistas en su travesía.

Como Olarte Malaver también se preparan Willington Gordillo Duarte y Cristian Alberto Hernández Castillo; los tres son actores naturales, oriundos de Güepsa, compañeros de en de “Pariente”, una de las primeras producciones de Iván Gaona, grabada en ese municipio.

Luego de acomodar su vestuario entran a maquillaje los actores Salvador Bridges (protagonista en la película “Roa”) y Julio Valencia (de la producción “Somos calentura”). Durante todo el día de rodaje los cinco estarán frente a la cámara con vestidos de época, botas y armas. Se subirán en caballos, harán apuestas, pelearán, se retratarán y beberán.

Son las 5:50 de la mañana, el sol delinea las montañas que guardan a Cepitá dentro del paisaje. El sudor corre el rostro de los actores. “¿Tienen calor?”, pregunta Hernández Castillo a los que suben a un vehículo y toman rumbo al sitio de grabación. Todos se ríen de sus ocurrencias. Canta, se burla del olor de su ropa, espanta los moscos que lo persiguen e insiste en si saldrá o no en la prensa. Es Benito Pardo, el retratista.

(Lea también: Octavo Festival Internacional de Cine de Santander)

Mientras el equipo graba, Llano Penakjuanen se entretiene mirando una siembra de tabacos y melones. Es indígena yamalero, de la comunidad de Topochales, del departamento de Casanare. Es otro de los actores que participa en el rodaje como parte de la escolta del general Rafael Uribe Uribe, a quien conoció camino a Venezuela, por los Llanos Orientales, cuando fue a buscar dinero para la causa.

Tiene 19 años, y hace tres se casó. Su hijo tiene los mismos años que lleva su matrimonio. En su comunidad es tesorero, actividad que comparte con la siembra de yuca, plátano, maíz, patilla, batata y piña. “Conocí a Iván cuando grabó un documental en mi comunidad. Para mí no es solo una serie, es una oportunidad de acercarme a otros mundos”, comenta.

Un total de 528 millones de pesos entregó la Antv para este proyecto. Como anécdota, Gaona explica que no fue seleccionado y solo otorgaban el estímulo a un único ganador. Sin embargo, otras de las categorías de la convocatoria fueron declaradas desiertas por no cumplir con los requisitos, lo que le permitió a la Autoridad Nacional premiar a un segundo lugar.

 “El ganador del segundo puesto no aceptó el dinero argumentando que era poco presupuesto, nosotros quedamos de terceros, finalmente me llamaron y acepté. Tocó hacer rendir la plata”, recuerda en medio de risas el director.

La inversión en el proyecto supera los 600 millones de pesos y el dinero adicional ha sido gestionado por el equipo de producción. La fórmula parece funcionar para Gaona, y en “Adiós al amigo” no es la excepción: es la apuesta por los actores naturales e historias de su tierra. Para él es indispensable no perder la sensación de realismo en las interpretaciones que crea, y es lo que finalmente busca a la hora de dar vida a sus personajes.

“Prepararse, actuar y luego verse, y ver la reacción de la gente, y luego seguir viéndose en otro personaje, eso genera conciencia de la representación. En Güepsa lo hemos logrado,”, concluye el cineasta.

Desde 2017 existe en el país un derecho poco conocido que permite a los jóvenes ser eximidos de la prestación del servicio militar: la objeción de conciencia. Y es que desde la expedición de la ley que lo permitió, en agosto del año pasado, solo 324 jóvenes han hecho uso de él. 

La ley 1861 del 4 de agosto de 2017, que reglamentó el servicio de reclutamiento en Colombia, estableció las causales de exoneración del servicio militar obligatorio. Entre varias razones, como ser hijo único, estar casado, ser víctima del conflicto, la ley estableció la causal de ser objetor de conciencia. 

Video: Cinco cambios en el servicio militar obligatorio

Allí mismo se estableció que los planteles educativos "buscarán que se informe a los estudiantes de último grado sobre las causales de exención al servicio militar, así como su derecho a la objeción de conciencia". A pesar de ello, esta alternativa continúa siendo desconocida a nivel general.  

"A pesar de que es un derecho fundamental, nadie esta haciendo uso de él, y miles de jóvenes, seguramente se sienten identificados con eso como yo", le dijo a Noticias Caracol Juan Diego Medina, un estudiante de Derecho que el Ejército Nacional reconoció recientemente como objetor de conciencia. 

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En el caso de Medina, los argumentos que esbozó para ejercer este derecho fueron convicciones éticas y filosóficas que le impiden, según cuenta, empuñar un fusil. Otros han argumentado razones religiosas y en todos los casos el Ejército ha respondido favorablemente a las solicitudes. 

Ahora bien, la cifra de los jóvenes que hicieron uso de este derecho es ínfima en comparación con los 64.386 muchachos que solo este año han sido incorporados al Ejército para prestar el servicio miliar. ¿Cuántos de ellos sabían que podían ejercer ese derecho?

Crecí en los años 80 viendo la serie de televisión Cosmos en la que el científico estadounidense Carl Sagan (1934-1996) explicaba la necesidad de que el ser humano entendiera el funcionamiento del universo en conexión con nuestra naturaleza. Emocionaba saber la historia de las estrellas, pero el conocimiento científico parecía un tema para genios de la estratósfera. No recuerdo que los experimentos elementales que hacíamos en la escuela y el colegio pasaran de la anécdota de la disección de ranas a investigaciones relacionadas con el profundo sentido de la vida y el deber de conservarla. (Recomendamos más de esta serie: El coronavirus y el poder de nuestras manos).

Para aquellos estudiantes realmente interesados en el tema resultó inspirador el reconocimiento internacional de científicos colombianos como el neurólogo Rodolfo Llinás y apenas en el siglo XXI podemos hablar de nuevas generaciones de especialistas en estos temas, muchas de ellas mujeres. Por ejemplo, la médica y epidemióloga Ana María Henao Restrepo, coordinadora del Plan de Investigación y Desarrollo de Diagnósticos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud; María del Pilar Lemos, PhD en inmunología e integrante de uno de los equipos que buscan la vacuna contra el COVID19 desde Seattle; las epidemiólogas Zulma Cucunubá, que trabaja en el Imperial College de Londres, e Isabel Rodríguez Barraquer, de la Universidad de California. Podría citar también a muchos virólogos y bacteriólogos que están en el frente de batalla global contra el nuevo coronavirus. Y hay muchos otros colombianos aportando a la ciencia desde otros campos. Cito al valioso colaborador de El Espectador Juan Diego Soler, astrofísico del Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania.

Cada vez hay más compatriotas interesados en aportar al mundo científico, porque colegios y universidades han mejorado los procesos de formación. Sin embargo, los presupuestos destinados por el gobierno nacional, así se haya creado un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, siguen siendo muy bajos. Uno espera que esta pandemia permita elevar el nivel de concientización y gestión. Que nos tomemos en serio el compromiso con la ciencia, unos porque este tipo de profesiones saldrán fortalecidas y serán cada vez más necesarias en un planeta amenazado por nuevos virus y la crisis climática, otros porque es una obligación ética y cultural interesarnos en estos temas, al tiempo que reclamamos que el Estado les dé prioridad.

Para inspirarnos les recomiendo la biografía de la polaca Marie Curie (1867-1934), primera mujer en ganar el Premio Nobel, primero el de Física y luego el de Química. La química española Adela Muñoz Páez recrea en este libro (sello Debate) una aventura que empieza cuando la niña observa embelesada a su padre mientras hacía lecturas de la presión atmosférica con un barómetro de precisión. Desarrolló su curiosidad con los instrumentos guardados por su papá y su mamá, profesores de ciencias, en una vitrina marcada con el letrero “aparatos físicos” y que contenía desde tubos de ensayo hasta una colección de minerales.

Es el impulso que mueve a jóvenes como la sueca Greta Thunberg, con apenas 17 años de edad y personaje global por la campaña #huelgaporelclima. En su manifiesto Cambiemos el mundo (sello Lumen) nos pide “despertar”. Pregunta: "¿Y por qué debería estar estudiando por un futuro que pronto podría dejar de existir cuando nadie está haciendo absolutamente nada por salvarlo? Además, ¿qué sentido tiene aprender datos dentro del sistema educativo cuando es evidente que los datos más importantes que nos proporciona la ciencia más erudita dentro de ese mismo sistema educativo no significan nada para nuestros políticos y para nuestra sociedad?”. Reclama escuchar y respaldar a los científicos para salvar el hábitat que nos queda.

El planeta inhóspito, reciente libro del periodista estadounidense David Wallace-Wells (sello Debate), concluye que la gran falla fue obsesionarnos por los dividendos de nuestros trabajos e industrias, “estábamos demasiado ocupados mirando nuestros flamantes teléfonos… o sencillamente no quisimos, o no pudimos, o en cualquier caso no afrontamos lo que la ciencia nos estaba diciendo”.

En Crisis. Cómo reaccionan los países en los momentos decisivos (sello Debate), el evolucionista estadounidense Jard Diamond explica cómo para que las naciones superen grandes tribulaciones como esta la ciencia es trascendental. Uno se pregunta si el mundo después del coronavirus permitirá que Estados Unidos y China nos sigan imponiendo sus aparatos de ciencia y tecnología. La mitad de las instituciones que lideran estos temas tienen sede en EE. UU. Sólo Israel, Corea del Sur y Japón invierten un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto en estos “factores predictivos del crecimiento económico nacional”. ¿Qué hará Colombia? Un dato final: el destino de un país altamente desarrollado como Alemania está en manos de la presidenta Angela Merkel, doctora en física y una de las gobernantes que mejor ha gestionado la actual crisis. Su secreto: método científico.

* @NelsonFredyPadi / npadilla @elespectador.com

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus. 

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“Trasladar a un paciente de emergencia desde aquí no es fácil. Tenemos una lancha que hace las veces de ambulancia acuática: la diferencia es que esta chalupa no está medicalizada, es decir, no tiene los equipos para monitorear al paciente durante las cuatro horas que dura el recorrido por el río hasta llegar al hospital de segundo nivel en Tumaco”. El relato es de Luz Mabi Oliveros, gerente del centro de salud del municipio de Santa Bárbara, en Nariño, donde sus 16.400 habitantes cuentan con cuatro camas de atención básica y un equipo de dos médicos generales. Esto en medio de la llegada del COVID-19 a Colombia.

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Históricamente en el Pacífico colombiano ha sido constante la precariedad del sistema de salud que a duras penas cubre, y con grandes limitantes, las cabeceras de los principales municipios y ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó. Eso sin contar con que tampoco se ha logrado llevar el mínimo vital de agua potable a los hogares de la región, lo que ha derivado cíclicamente en enfermedades que han precarizado la vida de los habitantes.

“El COVID-19 ha mostrado no solo el colapso en el sistema de salud, también la ausencia de un acueducto y alcantarillado en la mayoría de municipios del litoral”, explicó Paula Moreno, presidenta de la Corporación Manos Visibles, quien insistió en que durante décadas ha existido corrupción y permisividad en el manejo de la salud en la región: “Estas comunidades tienen centros con un número de camas reducidas, sin equipos y con personal pequeño, donde hay demoras en la remuneración”.

Este diario documentó que en municipios como Bojayá, en Chocó (el único departamento del Pacífico en el que no se han presentado casos hasta el momento), sus 11.000 habitantes cuentan tan solo con dos médicos generales.

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Carlos Murillo, secretario de Salud de Chocó, reconoce que en Bojayá no cuentan con los servicios necesarios para atender la pandemia. “En ese territorio no tendríamos la capacidad para atender en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) o en unidades intermedias. En los demás municipios tenemos una situación similar”. Sin embargo, agregó que hay cinco municipios, como el Carmen de Atrato y Condoto, donde se realizaron dotaciones recientemente en sus centros de salud. “En el hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, se está partiendo de adecuaciones locativas para implementar alrededor de 40 camas de UCI”.

A pesar de los esfuerzos de las administraciones municipales y departamentales, no cesa la preocupación por la falta de recursos destinados a la atención en salud. “Es tan grave la situación en el Pacífico, que Buenaventura, con 400 mil habitantes, no cuenta en su hospital público Luis Ablanque de la Plata con camas de UCI. Además, la clínica privada Santa Sofía solo tiene 10 camas de hospitalización, no hay suficiencia de ambulancias medicalizadas para atender emergencias o traslados a la ciudad de Cali y no existen los equipos, insumos y ventiladores que permitan adecuar una infraestructura que atienda los pacientes que puedan resultar positivos por COVID-19”, manifestó el senador Alexánder López Maya en una carta dirigida al presidente Iván Duque; a Alicia Arango, ministra del Interior; Fernando Ruiz, ministro de Salud y Protección Social, y a Ángela María Orozco, ministra de Transporte.

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Y no es para menos, pues en el caso de lugares como Buenaventura las fallas no están solo en el tema de salud. Desde la ciudad parten más de 90 embarcaciones que cubren las rutas de transporte marítimo y fluvial para atender las necesidades básicas de los habitantes de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. El problema es que, según explicó la Asociación de Transportadores Marítimo y Fluvial del Pacífico, debido al decreto de aislamiento preventivo obligatorio emitido por el Gobierno Nacional, los transportadores solo pueden llevar víveres, mas no pasajeros, lo que no cubriría los gastos operativos de la embarcación, teniendo en cuenta que el combustible ocupa el 65 % de los gastos operacionales.

“En medio de la cuarentena no hay personas que requieran transporte, por lo que llevar solo carga significa trabajar a pérdida. Si los barcos no salen, la gente no va a tener con qué comer”, explicó Óscar Gamboa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente (Amunafro) a este diario.

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Las fallas en la infraestructura en salud y los problemas de abastecimiento en el Pacífico tienen como telón de fondo una región que es apetecida por la siembra, producción y comercialización de la coca, así como la extracción de oro y la minería ilegal. En Juradó, municipio chocoano fronterizo con Panamá, las denuncias son por incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en los territorios de las comunidades negras y resguardos indígenas. El mismo grupo armado ha extendido su accionar a municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Murindó, Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, que también son zonas de control del Ejército de Liberación Nacional, lo que ha generado confrontaciones armadas, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado.

Para entender la complejidad de todo el panorama, El Espectador habló con 10 alcaldes de diferentes municipios de Chocó, Cauca y Nariño, para saber cuáles son los recursos disponibles en salud, agua y abastecimiento de víveres en medio de la llegada del COVID-19 al país.

Chocó

Jenny Lucía Rivas, alcaldesa de Juradó
Población: 6.400 habitantes.
Camas: 18.

“A pesar de que los gobiernos panameño y colombiano cerraron sus fronteras, Juradó es un municipio frontera donde llegan lanchas ilegales. Hemos pedido ayuda a la comunidad para denunciar estos casos. Nuestro miedo es que por esta situación llegue el virus a Juradó. En este momento estamos con un 40 % de abastecimiento de alimentos, espero que después del 6 de abril llegue la carga desde Buenaventura. En cuanto a la infraestructura en salud, no tenemos cómo enfrentar la epidemia.

Tenemos un centro de salud que cuenta con mínimas cosas. El sistema es administrado por una IPS que no brinda las condiciones que debe tener el centro. Además, no tenemos agua tratada, viene directamente de la quebrada. La planta de tratamiento nunca funcionó. Hace poco la población estuvo sin agua por 15 días porque desde enero no llueve. Sin embargo, nosotros hicimos los arreglos pendientes en la bocatoma”.

Úlmer Mosquera, alcalde de Bahía Solano 
Población: 12.000 habitantes.
Camas: 12

“Nosotros tenemos un hospital de primer nivel con buena infraestructura, pero falta dotación en caso de que se presente un paciente con COVID-19. Si hay que tomar una muestra, no hay forma de enviarla. Si se nos presenta un enfermo, no hay manera de tenerlo en aislamiento. El hospital solo cuenta con tres médicos para atender a la población de la cabecera municipal. Sin embargo, por ejemplo, en el corregimiento de El Valle, que tiene más de 4.000 habitantes, no hay médicos. Hay que advertir que el hospital no es del municipio, es del departamento y operado por la IPS, de la cual no hemos visto ninguna acción.

El abastecimiento de víveres es normal. Sin embargo, registramos un incremento en los precios de casi el 200 %. La Policía y la Personería explican que en Buenaventura ha aumentado el costo de los productos, al igual que en Cali. Tenemos otro problema, y es que a pesar de que está cerrado el puerto, aquí llegan pequeñas lanchas de noche y no sabemos quiénes son estas personas”.

Edilfredo Machado, alcalde de Bojayá
Población: 11.000 habitantes .
Camas: 5.

“Tenemos un centro de salud con dos médicos. Sin embargo, aquí no hay medicamentos, salas de hospitalización o de cuidados intensivos. En cuanto al agua, en Bojayá tenemos 15 corregimientos, de los cuales cuatro tienen agua, pero no es potable. Solo la cabecera municipal, que es Bella Vista, tiene agua tratada por ocho horas al día. La administración ha estado repartiendo víveres y no hay problemas de abastecimiento hasta el momento. Solo espero que el Gobierno Nacional no me deje solo, porque aquí no tenemos cómo asistir una pandemia”.

Yefer Arley Gamboa, alcalde de Nuquí 
Población: 16.200 habitantes.
Camas: 8

“Tenemos un centro de salud con dos médicos. No contamos con respiración asistida, medicamentos básicos o equipos para atender urgencias. Aquí cualquier enfermedad hay que remitirla al hospital de segundo nivel que tiene Quibdó. Sin embargo, las ambulancias aéreas por lo general no llegan o se demoran cinco días en llegar. Como la salud la maneja el departamento, a nosotros como Alcaldía nos queda hacer los reclamos del caso, pero no tenemos la potestad para tomar decisiones. No tenemos las condiciones para atender las enfermedades normales y mucho menos una pandemia.

En cuanto al agua, como estamos en verano, las fuentes de captación están secas, por lo que estamos prestando un servicio de nueve horas. Cuando esto pase, la idea es poder tener agua las 24 horas del día”.

Elio Carlino Moreno, alcalde de El Litoral del San Juan
Población: 22.000 habitantes.
Camas: 12
“Contamos con tres puestos de salud donde hay un médico y una enfermera jefe en cada uno. Nos estamos desplazando a diferentes comunidades para entregar información de prevención. Sin embargo, aquí el problema no solo es de infraestructura en salud, también el abastecimiento de víveres y agua potable. En la cabecera municipal contamos con un solo acueducto de vía subterránea para una población de 3.000 personas. Recibimos una hora diaria en un sector y una hora diaria en otro.

Además, estamos en un desabastecimiento tremendo. Nos estamos dando cuenta que los barcos sí llegan de Buenaventura, pero los artículos llegan a un precio elevado”.

Cauca

Neyla Yadira Amú Vente, alcaldesa de Timbiquí 
Población: 26.000 habitantes.
Camas: 12.

“Además de la pandemia que ya llegó al país, en el municipio hay brotes de malaria. Son 200 personas que tienen la enfermedad y desafortunadamente la gente que más la padece está en zona rural. Nosotros tenemos tres médicos generales y algunas enfermeras auxiliares. Ni en Guapi, Timbiquí y López de Micay, municipios del Pacífico caucano, contamos con un respirador mecánico. Aquí en el Pacífico hay fuerte presencia de economías irregulares, como la minería ilegal, el narcotráfico y la siembra de coca. Aquí vienen lanchas piratas para el contrabando de gasolina ecuatoriana, y es algo que no ha sido fácil controlar. Es alta la probabilidad de contagio, no por la población del municipio, sino por los ecuatorianos y las personas que llegan a vender gasolina en el municipio”

Nariño

Enrique Oliveros, alcalde encargado de Santa Bárbara 
Población: 16.400 habitantes.
Camas: 4.

“Al ser un municipio cercano a la frontera, hay personas que tienen vínculos comerciales con Ecuador. A pesar de que está prohibido el ingreso, hay gente que entra de manera irregular, lo que nos pone en riesgo. Se envió una solicitud a la Presidencia de la República para que nos apoyen con el control fluvial para taponar las entradas al municipio con la Fuerza Pública. Cuando se presentan casos de urgencia, los pacientes son remitidos al hospital de Tumaco en una lancha que utilizamos como ambulancia. Tenemos un centro de salud con dos médicos que no cuentan con los equipos de protección necesarios. Además, en medio de las fallas en salud, contamos con un acueducto en malas condiciones. El agua llega a la cabecera municipal por una hora y en la zona ruralno hay servicio”.

José Luis Rodríguez, alcalde de La Tola
Población: 8.200 habitantes.
Camas: 0.

“En este momento tenemos un centro de salud y contamos con cuatro médicos. Hay miedo en la población, porque sabemos que en Tumaco ya hay casos de COVID-19, por lo que se están tomando medidas. No solo estamos mal en abastecimiento de medicinas, lo mismo pasa con los víveres. Están tratando de coordinar con el Gobierno Nacional para que suministre combustible a los barcos que traen los alimentos a los municipios. Lo que tenemos ahora nos alcanza para aproximadamente 15 días.

En cuanto al manejo del agua, estamos tratando de desarrollar unos pozos subterráneos para poder suministrar la cantidad necesaria. Sin embargo, no es suficiente para cubrir toda la necesidad. Además, esta agua no sería potable”.

Adams Bay Rincón, alcalde de Barbacoas
Población: 45.000 habitantes.
Camas: 20, en un hospital de primer nivel. Esperan inaugurar otro hospital con 24 camas más.

“Tenemos seis médicos en un hospital de primer nivel. No tenemos respiradores o unidad de cuidados intensivos, por lo que se envió un oficio solicitando que el nuevo hospital sea de campaña y poder agregarle seis camas de unidades intermedios. Además, necesitamos tener pruebas diagnóstico, porque no sabemos si hay contagio o no en el municipio. También es importante tener un grupo de militares aquí en la
zona. En la medida de lo posible, que puedan enviarnos apoyo de sanidad del Ejército o de la Policía para poder ayudar al cuerpo médico. Además, tenemos una frontera con Ecuador donde transita nuestra comunidad indígena awá y que probablemente tiene contacto en provincias ecuatorianas como Esmeraldas, por eso es importante la militarización d la zona, pero estamos sujetos a la orden nacional”.

Luis Gerardo Valencia, alcalde de Francisco Pizarro 
Población: 14.100 habitantes.
Camas: 0.

“Contamos con una buena infraestructura que fue construida por el Fondo de Adaptación el año pasado. Tenemos cuatro médicos, per carecemos de camas hospitalarias y de ambulancias acuáticas. Además, no hemos podido brindar ayudas alimentarias a la población, salvo por los subsidios que da el Gobierno. Y a pesar de que vamos a entregar un pequeño mercado para 1.000 hogares, tengo a más de 2.000 familias sin abastecimiento de víveres. En cuanto al agua en el municipio, hay un acueducto deficiente que no abastece a toda la población. En la zona rural no hay agua potable”.

“Pensé que el verdadero dolor era el que sentía uno cuando se moría un hijo, un padre o algo así, pero después de la violencia del año 2000 he descubierto que uno tiene miles de dolores”. Esa es la forma como Arides Romero, exconcejal del municipio de Colosó, Sucre, siente la masacre de 13 personas, ocurrida el 13 de septiembre en el corregimiento de Chinulito, cuando un grupo paramilitar dirigido por el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, los acribilló por considerarlos soplones de la guerrilla.

Colosó está ubicado en los Montes de María. Por su territorio pasaban los diferentes grupos armados hacia el norte o el sur. De sus 8.000 habitantes, la mitad viven en corregimientos y veredas.

Otro afectado por la violencia es el exalcalde Dájer Manrique, quien entregó el cargo el 31 de diciembre. Su padre era conductor de transporte público del municipio. En el 2000, en un sector conocido como “curva del diablo”, en la carretera hacia Sincelejo, lo mataron los paramilitares porque creían que era colaborador de la guerrilla: “me tocó ponerme a trabajar en el carro que dejó mi papá, asumir esa labor y manejar, incluso sin licencia, ante la necesidad”.

Al corregimiento de Chinulito lo atacaron sin piedad y lo dejaron en la miseria.  Alrededor de 450 familias, que hoy reclaman indemnización colectiva e individual, tuvieron que huir por amenazas y matanzas selectivas. Luis Rafael Romero, de la vereda Arenita, asegura que en los crímenes hubo complicidad de la fuerza pública. No se guarda nada de la rabia que le da recordar esos episodios: “aquí la masacre la hicieron los paramilitares y el Ejército. Unos venían con la cara tapada y otros no”.

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Dennis Manuel Mercado es quizá el hombre más respetado por su sabiduría en el corregimiento Ceiba. Tradicionalmente calzas botas para el barro, se cuelga su machete con agarradera de color amarillo en la cintura, su gorra desgastada de color blanco y se mete todo el día a trabajar en el vivero que tiene en su finca. Ahí tiene al menos 3.000 árboles de aguacate, y mango Tommy y Lorenzo. Sueña tener un mercado sostenido y que sus hijos continúen la tradición.  Cuenta que los mataron a todos los líderes de las organizaciones sociales, como presidentes y tesoreros, y de esa manera era muy difícil sostenerse en el territorio. Durante los 8 años que estuvo por fuera reflexionaba sobre el tiempo que les iba a tomar recuperar la dinámica social productiva. El rompimiento del tejido social fue muy duro, asegura. “En Sincelejo empezaron a hacer escuela delictiva muchos niños y jóvenes. Las madres que se quedaron en Chinulito al poco tiempo empezaron a llorar a sus hijos muertos que habían engrosado bandas delictivas”.

A Sincelejo también llegó, con lo que tenía puesto, Rogelio Rojas, su esposa y sus hijas de 7, 9 y 10 años: “nos tocó dormir en las terrazas, pedir limosna para comer y eso es vergonzoso”.

Félix Mauricio Hernández trabaja como enlace comunitario y es el coordinador de la Mesa de Víctimas en Colosó. Dice que le tocó sufrir en carne propia lo que considera es un desamparo por parte del Estado: “sacaron al Ejército, a la Policía y quedamos en poder de esas bandas oscuras”. Además, cuenta que se acostaban a las 5 o 6 de la tarde sin saber quién iba a amanecer muerto.

La violencia también los dejó sin la institución más importante que tenían: el bachillerato técnico agropecuario, el mejor del departamento. “No lo hemos podido recuperar porque nos faltan $7.000 millones. El municipio no tiene, el departamento no tiene. La que tiene los recursos es la nación”, afirma el exalcalde Dájer Manrique.

¿Qué esperan las personas que retornaron?

“Cuando regresamos no encontramos nada. Era volver a empezar y sin ayuda”, dice Edith Romero lideresa de la vereda Arenita.

Las primeras 40 familias regresaron a Chinulito de manera voluntaria 5, 8 y hasta 15 años después de las masacres, pero el acompañamiento del Estado fue nulo, asegura Franklin Jaraba, quien fuera miembro de la Mesa Departamental de Víctimas  y  hoy es  secretario de Gobierno de Colosó. “El estado no ha cumplido su labor y no ha invertido en lo que dijo a la población víctima, que era el tema de vivienda”. Es por esta razón que al caminar por el corregimiento se ven decenas de casas abandonadas, con grietas y árboles que han crecido dentro de ellas.

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Los proyectos productivos con los que sueñan las víctimas están empantanados. La región es la principal productora de Ñame, un tubérculo similar a la yuca, y son cientos de hectáreas las sembradas, como lo asegura Alfredis Manuel Romero quien considera que ya es hora de que el ñame de los Montes de María sea conocido a nivel internacional. Sin embargo, no hay vías de acceso que les permitan sacarlo de las fincas. “De aquí se saca si lo vienen a comprar en máquinas o en burro para el pueblo, pero esta cosecha está estancada y si no la compran tocará tirarla por allá y que se pierda”. 

El 50 % los cultivos de ñame y aguacates en el municipio se pierden debajo de los árboles. En Chinulito no hay acueducto y el servicio de energía no es eficiente; hay veredas donde no llega. La asociación de retornados reclama viviendas dignas porque en una casa viven hasta cuatro familias. La escuela y el centro de salud deben ser reconstruidos. No hay un escenario deportivo en el corregimiento.

“En el campo se hacen necesarios los relevos generacionales porque si no, de allá de la ciudad donde usted viene se van a quedar sin comida y nos van a importar una comida llena de químicos que no vale la pena”, dice Franklin Jaraba.

Quieren ser productivos, transformar y comercializar la materia prima. Ven una oportunidad porque están ubicados en una región estratégica: al lado del Golfo de Morrosquillo donde se habla de construir un gran puerto.

Ellos no quieren saber más de violencia. “Vimos cómo la muerte se alimentaba de la guerra, como la tierra se alimentaba de lágrimas de las madres, esposas e hijos que perdieron a sus seres queridos en una guerra absurda. Queremos que no olviden el pasado pero que no convivan con él. Debemos sacar de nuestros corazones las secuelas de odio”, es el mensaje de Dennis Manuel Mercado.

Allí, donde las etnias y los colonos dependen del antojo del río Inírida, que las desplaza en épocas de inundaciones y las atrae a su cauce en verano, se puso en marcha en 2016 un plan piloto: el MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), ambicioso proyecto que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La estrategia fue concebida para ser replicada en otros territorios y entre sus objetivos están mejorar el acceso en salud y fortalecer el aseguramiento en un departamento donde el 85 % de sus 50.636 pobladores son indígenas.

Según el diagnóstico elaborado en 2014 y que sirvió de base para su implementación, el Guainía tenía una elevada tasa de mortalidad (266,12 por cada 100.000 habitantes), prevalencia de desnutrición global (23,4 frente a 13,2 del promedio país), elevada tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias (140,11 frente a 15,69 % total nacional), mortalidad por tuberculosis a tasas de 5,13, cuando la del país se establece en 1,96 y mortalidad de niños menores de cinco años a una tasa del 47,66 % frente al 15,69 % nacional.

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Oportunidades de mejoramiento

Aunque estos indicadores han mejorado en estos seis años y, sobre todo, se observa una mayor articulación entre sus principales componentes (asegurador, prestador, ente territorial e institucionalidad indígena), existen compromisos y variables por mejorar, que van desde la asignación de mayores recursos presupuestales y equipamiento de puestos y centros de salud hasta la incorporación al programa de los saberes indígenas y la oportunidad en el suministro de medicamentos, principalmente, en los lugares más dispersos.

Etnias como los curripacos —la mayor del departamento—, cubeos, tucanos, piapocos, sikuanis o jivis, guarequenas y puinaves, entre otros, tienen diferentes percepciones sobre la bondad del MIAS, pero su mayor queja es por el incumplimiento de incorporar al Modelo los saberes ancestrales, situación que se dio a conocer a una misión de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

Las distancias y características de los ríos hacen parte también de los imprevistos del MIAS que le han surgido a la financiación del programa. Aunque se cuenta con un Hospibarco, dotado de laboratorio para toma de muestras, sala de consulta y una unidad de odontología, su desplazamiento, generalmente, depende de las condiciones del río, toda vez que en verano baja el caudal y su navegación se hace imposible. Pero, además, hay comunidades que están tan alejadas que las misiones médicas tienen que prepararse para viajar entre 60 y 90 días, llevando agua, mercado y artículos de aseo y chinchorros para dormir donde los sorprenda la noche.

“Es nuestra misión. Llevo seis años como médica familiar, trabajando con las comunidades indígenas del Guainía”, relata Isabel Fernanda Martínez, una bogotana que llegó al territorio recién graduada y como funcionaria del Hospital Manuel Elkin Patarroyo, la IPS del MIAS, ha tenido que internarse en la selva, acostumbrarse a la intimidación de fieras y soportar el ataque de murciélagos, una de sus primeras e ingratas experiencias.

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Difícil acceso

De Inírida, la capital de este territorio de 72.238 kilómetros cuadrados, a San Felipe, en la frontera con Venezuela, hay 238 kilómetros de distancia y se puede llegar en pequeñas aeronaves. Sin embargo, el envío de medicamentos se realiza por el río y casi siempre, por no decir que siempre, hay que hacer trasbordo de lanchas a botes debido a los raudales. La travesía puede durar más de un mes, con temperaturas que pueden superar los 35 grados y costos de gasolina promedios de $50.000 el galón.

“Un medicamento que en Bogotá vale $10.000, llevarlo a una comunidad indígena de La Guadalupe, el caserío más lejano donde termina Colombia y empiezan Venezuela y Brasil, puede costar millón y medio”, afirma Angie Carolina Arturo Cuéllar, directora del Hospital Manuel Elkin Patarroyo, una médica joven, especialista en Gerencia en Salud, oriunda de Sibundoy, Putumayo, que llegó al Guainía para cumplir su año rural. Allí se quedó y no sabe hasta cuándo.

Con ella estuvimos en el Hospibarco, atracado en un remanso del Inírida, a la espera de un nuevo recorrido. La sola prendida puede costar $30 millones. “La misión principal del Hospibarco es acercarnos de manera eficaz a las comunidades, con una infraestructura más adecuada y con mayor comodidad para atender a las poblaciones con el fin de que no tengan que trasladarse hasta la capital para recibir la atención de bacteriología, medicina general y odontología”, explica en tono entusiasta.

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Distintas percepciones

El MIAS, que tiene un fuerte componente de involucramiento de las comunidades indígenas en su diseño, implementación y ejecución, no es percibido por igual entre ellos. Para unos está bien concebido y ha sido fundamental para aumentar el aseguramiento (ahora en manos de la EPS Coosalud), mientras que para otros el modelo no ha avanzado al ritmo esperado y se necesitan ajustes para proyectar su viabilidad.

Marcelino Horacio, indígena representante de la comunidad del Remanso, establecida en la ribera del Inírida, en las estribaciones del cerro Mavicure, dice que, si bien existe un puesto de salud, las instalaciones no están suficientemente dotadas de equipos médicos, escasean los medicamentos y los medios de transporte para remitir pacientes graves.

“Aquí es frecuente que lleguen indígenas a consulta de comunidades aledañas como del Zamuro, Piedra Alta, Venado, Huesitos, Sejalito, Paloma y La Ceiba, y no tenemos cómo atenderlos. Si son casos graves, como la mordedura de serpiente, no hay antídotos ni una lancha para llevarlos oportunamente a Inírida.

Juan Martínez Gómez, del pueblo puinave, quien ha incursionado en política, indica que el modelo es mejor que lo que había antes, pero persisten los problemas de suministro de medicamentos, aunque atribuye los contratiempos a la distancia y las dificultades de navegación. “Para llegar acá se gastan hasta tres o cuatro días, generalmente hay que hacer trasbordo y acudir a nuestra medicina tradicional”, afirma, tras señalar que en su comunidad de 350 habitantes no ha habido un solo muerto por covid-19.

A poca distancia de la cabecera municipal de Inírida está Cocoviejo, de mayoría curripaca. Allí Alirio Torcuato Tibidor, capitán de la comunidad, líder espiritual de la iglesia evangélica y promotor de artesanías, explica que el modelo es bien intencionado, pero está cojo porque no se ha cumplido con la incorporación del conocimiento y saberes ancestrales.

“Eso está contemplado en el Decreto 2561 del 12 de diciembre de 2014, en el que se estableció que la medicina ancestral sería reconocida y se pagaría por el ejercicio de los payés, sanadores, sobanderos, parteras y médicos tradicionales; eso no ha avanzado”, puntualiza.

Sin embargo, Fredy Iván Martínez, capitán de la comunidad caranacoa, con 446 habitantes, tiene otra percepción. “El MIAS ha sobresalido en el resguardo yurimorocoto al que pertenecemos. Allí, el puesto de salud funciona y hay una mejor atención a nuestra gente. Las situaciones leves las atendemos con el auxiliar de enfermería y el gestor comunitario; las más complejas las remitimos al prestador del servicio, que es el Hospital Manuel Elkin Patarroyo. Por fortuna no se han tenido inconvenientes con el suministro de medicamentos”, complementa.

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Falencias y retos

El MIAS, que tiene como antecedente ser el primer modelo en salud que contó con consulta previa, en el que participaron los pueblos indígenas de las cinco cuencas hidrográficas del departamento (Guaviare, Atabapo, Inírida, Isana-Cuyarí y Guainía-Negro), está aún en construcción y con oportunidades de mejoría.

“El modelo se implementó en 2016 y ha tenido falencias, le faltan recursos y la atención en las comunidades periféricas ha sido difícil por la dispersión poblacional; aun así, hemos tenido cambios positivos en las tasas de morbilidad y mortalidad, ampliación de la cobertura de aseguramiento y acceso a especialistas”, señala el gobernador del departamento, Juan Carlos Iral Gómez.

Con avances y tropiezos, el MIAS es un modelo diferencial en salud y una excelente apuesta del Estado, según la secretaria de Salud del Guainía, Eliana Patricia Peña Camargo, quien conoce a fondo las dificultades del territorio y los riesgos de los pobladores rurales, pues como médica, en una ocasión debió atender, sin mayores recursos tecnológicos, a un paciente que llegó con el hombro destrozado por el ataque de un tigre.

Además de los factores de dispersión geográfica, dificultades en el transporte, diversidad de etnias con familias lingüísticas distintas e inconformismo por el reconocimiento económico a quienes practican los saberes ancestrales, el modelo también ha sido afectado por la presencia de población venezolana en el territorio que demanda servicios de salud.

Opiniones

Marcelino Horacio, representante de la comunidad El Remanso:

“Hay temas que se han solucionado y otros que están pendientes. Ya se construyó nuestro puesto de salud y contamos con un auxiliar de enfermería y una gestora, pero nos falta un poco de dotación de elementos médicos y medicamentos. El mayor problema es que no contamos con una lancha, que es el único medio de transporte para llevar a Inírida, que está a unas dos horas de aquí, los enfermos graves que requieran remisión. Tenemos una planta solar que es insuficiente y muchas dificultades de comunicación con el Hospital Manuel Elkin Patarroyo, que es el prestador del programa MIAS”.

Martín Agatita Durango, médico ancestral:

“Mis abuelos me enseñaron la medicina tradicional y hoy por hoy sigo trabajando con ella. Nosotros no nos oponemos a la medicina occidental, pero necesitamos que nos reconozcan económicamente nuestro trabajo, porque así quedó establecido en MIAS y no se ha implementado por problemas jurídicos. Nosotros tenemos que internarnos dos o tres días en la selva para conseguir las plantas con las que curamos diversas enfermedades”.

Alexánder Guarín Silva, gobernador del resguardo indígena de El Paujil:

“El modelo de salud implementado en el Decreto 2561 tiene un enfoque diferencial, que incluye la participación étnica de nuestro departamento. El programa es muy bueno, pero muchas cosas se han quedado en el papel. Falta el reconocimiento de los médicos tradicionales, especialmente en el hospital, las parteras y los sobanderos, entre otros. Este resguardo indígena alberga 6.538 personas, pero tenemos deficiencias en la atención oportuna y el suministro de medicamentos. La visita que del equipo de inspección de la Superintendencia de Salud es muy oportuna para que se conozca de primera mano la realidad del asunto.

Humberto Castillo, guardia indígena:

“Hago parte de la guardia indígena del Paujil y nuestra misión es controlar la entrada de personas a nuestro puerto. Aquí tratan de entrar muchas personas ajenas a la comunidad, especialmente migrantes venezolanos. Durante la pandemia ejercimos un estricto control y por ello la pandemia del covid-19 no nos dio tan fuerte”.

Alirio Torcuato Tibidor, capitán de la comunidad Coco Viejo:

“El mayor problema del modelo de salud es que no se acepta como se debería la medicina tradicional. En mi caso, manejo treinta plantas medicinales que son efectivas. Curan heridas, llagas, limpian el estómago y, por ejemplo, muchos de nuestros 311 habitantes las utilizaron para evitar el contagio de la pandemia. El hospital de Inírida quiere que nosotros curemos, pero no nos pagan”.

Cuando los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron a dar sus versiones libres ante las salas de Justicia y Paz, un grupo de víctimas de la masacre de Barrancabermeja fueron a escucharlos. Querían conocer su versión sobre lo ocurrido, que explicaran por qué lo hicieron y, especialmente, que dijeran cómo y por qué se habían aliado con instituciones como el DAS, la Policía y las Fuerzas Militares. Pero no escucharon esas verdades, a pesar de que en la noche de la masacre los vieron actuar en connivencia con las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), quienes perpetraron la masacre comandados por Guillermo Cristancho Acosta, conocido como Camilo Morantes.

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Esta incursión marcó el inicio del poder paramilitar en el puerto petrolero, un lugar estratégico tanto económica como territorialmente. Ingresar a Barranca, según dijo Rodrigo Pérez Alzate en dos versiones libres de Justicia y Paz, significaba tener acceso a los dos flancos de la Serranía de San Lucas, es decir, hacia el río Cauca y a los valles del río Magdalena. Además, podrían entrar a los corredores que tenía el Eln para ingresar al Oriente Antioqueño y a la Serranía del Perijá. De esa manera, las Auc “aseguraban el control absoluto de los frentes guerrilleros que operaban en los departamentos de Antioquia, Cesar, Sucre, Bolívar y, principalmente, Santander”, es decir, la zona que luego controlaría el Bloque Central Bolívar, comandado por Pérez Alzate o Julián Bolívar.

Además, las Autodefensas también infiltraron la contratación petrolera, tanto por colaboración como por intimidaciones, según una sentencia de 2015 de Justicia y Paz contra varios paramilitares del Frente Fidel Castaño de las Auc.

Esas, las sentencias contra paramilitares, son las únicas que han traído justicia en relación con la masacre. No hay a la fecha ninguna decisión judicial contra instituciones o funcionarios del Estado. Esto aunque las víctimas, como Jaime Peña, recuerdan haber visto hombres con chalecos negros marcados con las letras DAS. Peña los vio cuando, cerca de las 9:30 p.m., iba saliendo de su casa para buscar a su hijo Jaime Peña Rodríguez, de 16 años, quien cinco minutos antes también había salido a reunirse con algunos compañeros de su grupo de teatro.

El padre se disponía a ver un partido de fútbol, cuando escuchó el ladrido de un perro que lo impresionó y salió a ver qué pasaba. “Por una ventana grande de la sala, veo que va mi hijo y un tipo encapuchado apuntándole por la espalda con un fusil. Pero no sospeché de nada grave, porque pensé que era la autoridad pidiendo papeles, entonces solo era ir a la cancha y reclamarlo, porque era un estudiante menor de edad”, cuenta.

Sin embargo, cuando salió a la calle, vio una camioneta de platón con hombres fuertemente armados y con los chalecos del DAS. Menos iba a sospechar, porque eran autoridad. Entonces decidió ir a la cancha, escuchó gente gritando que eran “los masetos”, es decir, los paramilitares, y que habían degollado a una persona.

A ese mismo lugar llegó Luz Almanza, desesperada buscando a su esposo Ricky Nelson García, un mecánico de motos que había salido a desvarar a un soldado. Ella también estaba en el barrio El Campín, en un bazar justo al frente de su casa, cuando llegaron los paramilitares gritando que salieran los guerrilleros, apagando la música y mandando a todo el mundo a acostarse en el piso. “Yo salí corriendo, entré a mis hijos a la casa. La gente gritaba ‘auxilio, no se los lleven’”, dice.

Los paramilitares ingresaron a la Comuna 7, cerca de la avenida Circunvalar y de una base militar, asegura Luz Almanza. Cometieron los crímenes en menos de una hora y salieron de la ciudad. En eso interceptaron a Ricky Nelson García, que ya iba de regreso, cerca del barrio 9 de Abril. Lo bajaron de su moto y lo subieron a una camioneta. Según El Espectador de la época, eran dos camionetas Ford 350 carpadas. A Luz le dijeron que la moto de su esposo estaba tirada en la calle, entonces ella corrió a buscarlo. En el camino se encontró al mismo joven degollado. Sin embargo, no se detuvo ahí, logró encontrar la moto y ver la camioneta de la que lanzaron a una mujer embarazada, una sobreviviente de la masacre.

Esa noche asesinaron a siete personas y desaparecieron a 25 más. La ciudad se paralizó durante una semana, incluso la refinería de petróleo dejó de funcionar, pues la Unión Sindical Obrera (USO) entró en cese de actividades, mientras se movilizaban rechazando la masacre y exigiendo justicia. Tiempo después, Camilo Morantes, el comandante paramilitar de las Ausac, diría que fue una equivocación, que las víctimas no eran guerrilleros, pero que igualmente los asesinaron. Lo mismo dijo Rodrigo Pérez Alzate en su versión libre, que todas las víctimas eran inocentes.

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¿Entonces quién los acusó? ¿Cuál era el objetivo de la masacre? Lo cierto es que después de este hecho, el frente Fidel Castaño se apoderó de la zona, extendiendo su dominio criminal en el Magdalena Medio y el sur del Bolívar.

Hoy, el Colectivo de Víctimas 16 de Mayo todavía está esperando una audiencia contra miembros de la Fuerza Pública involucrados en la masacre. Varios de estos uniformados, según las víctimas, están en libertad condicionada porque se acogieron a la JEP. Es el caso del coronel Joaquín Correa López. De los 25 desaparecidos han podido recuperar e identificar a cinco personas, entre esos a Ricky Nelson García. Los restos de una persona más, dice Luz Almanza, están en cadena de custodia desde 2008. Mientras aguardan justicia en el país, su caso ya está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Precisamente, con “20 años de justicia denegada y 20 años de resistencia abnegada”, como sostiene este colectivo, tienen esperanzas en que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos pueda encontrar a sus familiares y que la Justicia Especial para la Paz, ahora sí, pueda completar las verdades que quedaron a medias desde la desmovilización paramilitar.

1) Empezamos esta lista haciéndole un homenaje al sociólogo que recorrió los rincones más golpeados por el conflicto en Colombia. Recogió voces campesinas marginadas e hizo de su obra un completo relato que todos y todas deberían conocer.  Se trata de Alfredo Molano y en esta ocasión le recomendamos: "A lomo de mula. Viajes al corazón de las Farc", publicado en 2016.

En mayo de 1964 comenzó la operación militar para recuperar la entonces llamada 'república independiente de Marquetalia', que desembocaría en la cruenta y larga guerra entre las Farc y el Estado, cuyas consecuencias políticas y sociales retumban aún. Con ocasión de los 50 años de la fundación de la guerrilla viva más antigua del continente, Molano reconstruyó desde la historia y el periodismo los orígenes de las Farc. Inicialmente, los 12 textos que conforman el libro fueron publicados en El Espectador y surgen de diferentes viajes a lejanas regiones de Colombia, a las que llega lomo de mula y donde acampa la verdadera historia del surgimiento de esta organización. También incluye varias entrevistas del autor con los fundadores del grupo armado. 

2) El segundo libro es de una de las escritoras colombianas más reconocidas en el mundo: Laura Restrepo. Fue negociadora en los diálogos de paz entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur. En 2004 publicó "Delirio". 

Un hombre regresa a casa después de un corto viaje de negocios y encuentra que su esposa ha enloquecido completamente. No tiene idea de qué le pudo haber ocurrido durante los tres días de su ausencia, y con el fin de ayudarla a salir de la crisis empieza a investigar. El personaje intenta descubrir las profundas perturbaciones escondidas en el pasado de la mujer que ama. Narrada con talento y emoción, la historia principal de esta novela se fragmenta en otras que se anudan a través de personajes llenos de matices. La escritora busca brindar su visión de la sociedad colombiana de fines del siglo XX, con la violencia como un elemento característico, reflejada en la figura del narcotráfico y cómo éste corrompió todos los estratos. 

3) En 2013, el Centro Nacional de Memoria histórica (CNMH) publicó un informe de cinco cápitulos para entender la realidad de las víctimas del conflicto armado y reconocer su dignidad. En cabeza del entonces director de esta institución, Gonzalo Sánchez, el Centro Nacional de Memoria presentó "¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad". 

Este informe no es una narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente. Es un relato que se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una memoria oficial del conflicto armado. Lejos de pretender erigirse en un corpus de verdades cerradas, quiere ser elemento de reflexión para un debate social y político abierto. El país está pendiente de construir una memoria legítima, que no consensuada, en la cual se incorporen explícitamente las diferencias, los contradictores, sus posturas y sus responsabilidades, y, además, se reconozca a las víctimas.  (Lo pueden descargar gratis aquí) 

4) El escritor y poeta colombiano Samuel Jaramillo González cuenta en “Dime si en la cordillera sopla el viento”, publicado en el 2015, la violencia del país en los años 50 entre los liberales y conservadores. Desde el relato de los Polanía, una familia del departamento del Huila, muestra la frustración de las aspiraciones sociales, la zozobra y el horror ante los primeros hechos de  violencia que se extenderían por todo el país y dejarían en la memoria escenas debastadoras. 

5) La quinta recomendación es la obra imperdible del escritor santandereano Daniel Ferreira: "La rebelión de los oficios inútiles", publicada en 2014. Narra la historia de una invasión durante los años 70, cuando una multitud de campesinos sin tierra decide tomarse un lote baldío en las afueras de un pueblo colombiano. En un audaz contrapunto de voces y perspectivas este episodio se reconstruye a partir de la crónica de sucesos, el documento apócrifo y los recuerdos e impresiones de quienes narran las historia: Simón Alemán, terrateniente alcohólico y arruinado, que trata de defender sin mucha convicción el lote de sus ancestros; Joaquin Borja, el periodista, cuyas ideas se estrellan contra un muro de oscuridad y violencia, y la multitud de los trabajadores que, bajo la serena y terrenal dirección de Ana Larrota, luchan por un paraíso del que hace tiempo los despojaron. 

6) Otro de los escritores infaltables para conocer la verdad de violencia en el país es Jorge Cardona, editor general de este periódico y uno de los periodistas judiciales más respetados. Aunque ya son varios los textos que ha publicado sobre el conflicto, creemos que no pueden dejar de leer "Días de Memoria", publicado en 2009. Este texto contiene el doloroso legado de los años 80 en Colombia, desde el holocausto del Palacio de Justicia al falso sometimiento de Pablo Escobar. Cardona hace una radiografía día a día desde 1986 hasta 1991, una trágica enumeración de hechos de aquellos años que viven en carne propia la explosión del monstruo del narcotráfico.

Hay una gran cantidad de libros sobre el conflicto armado en Colombia, en esta oportunidad recomendamos solo seis, pero si ustedes tienen otros libros para hacer más amplio este intercambio, pueden dejarnos sus sugerencias en las redes sociales con la etiqueta #Colombia2020EnCasa.
 

Desde que salió de Tumaco, en noviembre del año pasado, Henry Castellanos Garzón, quien se hizo famoso en las Farc con el alias de Romaña, no había dado la cara. Apenas se conoció un video grabado con celular, que él mismo difundió por redes sociales, donde daba cuenta de que había construido un puente sobre el río Guape que sirve de frontera entre los municipios de La Uribe y Mesetas, en el Meta.

Lo encontramos un sábado, al caer la tarde, en una finca ubicada en la vereda El Diamante, en el municipio de La Uribe. El paisaje es de una belleza abrumadora. El lecho del río Duda, testigo vivo de 50 años de luchas históricas de los campesinos que colonizaron estas montañas tras el bombardeo a Marquetalia y las llamadas repúblicas independientes de El Pato y Riochiquito, da paso a una vista envidiable: por el oriente la ya deforestada Serranía de La Macarena, al sur el parque Natural Tinigüa, al occidente el Parque Natural Los Picachos y el Sumapaz se adivina apenas al norte.

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Ya no usa boina, sus botas de caucho no son las tradicionales ecuatorianas que se enfudaba en la guerra. Nos recibe con tinto endulzado con panela y apuramos la charla en cámara, porque un monumental aguacero nos acecha.

Se muestra cordial y dispuesto a desmentir dichos de todo el mundo. El primero: no salió de Tumaco por amenazas de muerte; dice se fue de allí, decepcionado, con cerca de 60 excombatientes que como él habían operado por estas montañas, y llegaron a esas tierras a finales de diciembre pasado, buscando a sus amigos y familiares, y un mejor futuro para sus proyectos productivos. Según él, las matas de piña, sábila, plátano y maíz se están pudriendo allá en el espacio territorial de Nariño, por falta de comercialización.

Segundo desmentido: nunca llamó al fiscal general Néstor Humberto Martínez -como éste aseguró en el Congreso hace unas semanas- y jamás recibió ayuda de él para los cultivos de maíz que muestra con orgullo. Los 120 millones se los dio el gobierno sueco (este diario lo confirmó) en especie: semillas y abonos. Y no son 30.000 hectáreas como dijo el jefe del ente acusador. Son apenas 30. Se ríe.

La finca en la que nos recibe tiene 120 hectáreas, pero apenas 20 están sembradas. Además del maíz, tiene sembrados de vegetales, plátano y fríjol; cuatro piscinas con cultivos de cachama; una marranera que empezó con 12 hembras que llegaron en una travesía macondiana desde Tumaco y que hoy ya tiene 80 cerdos; un corral con gallinas (las primeras, se las regaló una hermana) pavos y patos; 350 cabezas de ganado que los excombatientes han comprado con su renta mensual; un taller de ebanistería, y un cristalino caño en el que piensa montar un proyecto turístico.

Parte de la conversación transcurrió en un recorrido dominical por las otras fincas que arrendaron para sembrar maíz y girasol. Tiene 12 escoltas (excombatientes) y se mueven en camionetas con placas de Bogotá (suministradas por la UNP) por estas carreteras que las Farc construyeron con las comunidades en tiempos del despeje de Pastrana. Se pasea con tranquilidad por la trocha llena de cráteres que conoce como la palma de su mano, mientras saluda con el pito a un par de soldados que hacen un retén impensable hace unos años.

¿Cómo logra mantener la unidad y la disciplina entre 350 excombatientes?

No es fácil, porque apenas recibieron los primeros $700.000 algunos excombatientes pensaron en comprar un celular o una moto. Uno les explica que eso se termina y que, si el Gobierno no cumple con la reincorporación, pues quedan a la deriva. Les aconsejamos ahorrar para tener algo para el futuro. Aquí la norma es comprar novillos cuando van a cobrar cada mes. Ya lo han entendido, aunque no falta el que compra el celular o les mande plata a las novias o se va a tomar trago.

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¿Cómo consiguió que Suecia lo apoyara con el cultivo de maíz?

Lo primero que hicimos al llegar fue buscar unas tierras en arriendo, luego toqué puertas de diferentes oficinas del Gobierno, la ARN, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia Nacional de Tierras, varias embajadas. Les hablaba de la incoherencia del Estado: duraron años pidiendo que nos desmovilizáramos y cuando llegamos al proceso de paz, ya no nos quieren ver. Uno se pregunta por qué no han llegado las inversiones a estos territorios tan afectados durante la guerra. Por qué si no se invirtió en la guerra, tampoco se hace durante la paz. Aprovecho para agradecer a los suecos y hacemos la invitación a otras embajadas y empresarios como Colanta y Alquería. Si nos va bien tendremos 5.000 toneladas de silo de girasol y 5.000 más de maíz. No pedimos que nos regalen nada, sólo cómprennos a precio justo.

¿Cómo los recibió la comunidad?

Bien, sólo estuve 18 meses por fuera, así que todos me distinguen.

¿Lo recibieron con miedo?

Sin miedo, ellos tienen confianza en uno, fueron 40 años en los que estuvimos con ellos y ellos con nosotros.

Pero ustedes hicieron daño también en estas zonas.

Eso es lo más bonito del proceso de paz, que nos da la oportunidad para que nos digan qué errores cometimos, para pedir perdón.

¿Lo ha hecho?

Sí, ya lo he hecho, así no lo haya hecho yo directamente. Si fueron las Farc, somos un colectivo, y hay que pedir disculpas. No he encontrado la primera persona que me haya dicho algo que yo hubiera hecho. Durante estos años, la gente nos buscaba a nosotros para solucionar sus problemas de linderos, de matrimonios, de cultivos. Y ahora siguen viniendo a buscarnos para que les solucionemos esos problemas, los mando donde la junta de acción comunal. Nos acogieron con cariño.

Las víctimas de secuestro no pensarán lo mismo. Usted siempre será recordado por las pescas milagrosas.

Ya hicimos actos de perdón en Bojayá, en La Chinita, con los diputados de Cali, las víctimas de El Nogal. Y seguiremos haciendo esos actos.

¿Y sus víctimas?

Aprovecho para decirles a todos los que se sientan afectados que vengan para que hablemos de los temas, si hay que pedir perdón y hacer aclaraciones, pues lo hacemos. Para eso hemos creado el Sistema Integral de Justicia Verdad Reparación y No Repetición y la Comisión de la Verdad, para que vayamos y digamos qué nos pasó en estos años, por qué nos matamos de esa manera.

¿Qué valoración hace hoy del secuestro?

Que es un método absurdo. Desde cuando se planteó, el camarada Jacobo (Arenas) dijo que debíamos hacerlo por un tiempo porque eso se degradaba, pero no encontramos otras formas de financiarnos. Era una guerra muy dura, impuesta por Estados Unidos. Es muy doloroso tener que retener a una persona para sacarle dinero. Lo importante es que hicimos un compromiso de respetar la vida.

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En muchos casos eso no pasó.

Eso pasó por la misma presión militar, porque era una guerra muy dura. Es que una cosa es contarla ahora y otra es vivirla. Aprovecho para decirles a las personas que quieren volver a la guerra, que quieren descuartizar los acuerdos, que en la guerra se pierden vidas, valores, sentimientos, que no es lo mismo azuzar desde un escritorio o un micrófono.

Si fue tan doloroso, ¿por qué insistir en hacerlo?

Era una cuestión de vida o muerto, si no lo hacíamos nos moríamos de hambre, no podíamos conseguir la dotación para nuestro ejército o las municiones o los pertrechos. Un combate valía mucho (hace cuentas del valor de cada granada, de los cartuchos de munición). Si toda esa plata que se gastó en la guerra se invirtiera en obras sociales todos viviéramos bien. Claro, si no hubiera corrupción.

Con todos esos costos económicos y humanos, ¿valió la pena embarcarse en esa guerra?

Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos vivos. Es que nos declararon una guerra a muerte. Pregúnteles a los campesinos cómo eran los bombardeos, los ametrallamientos. Fue una guerra inútil, matarnos entre colombianos por capricho de las potencias. Eso fue lo que logramos entender en este momento. Y solucionamos ese problema, pero ahora no nos cumplen. Hay 188 países del mundo que saben que las Farc cumplieron y el Gobierno no. Y estamos aquí defendiendo el acuerdo, salvando vidas y comprobando que sí podemos resolver este problema entre colombianos.

¿Qué le dice a la base del partido que hoy puede estar con temor e incertidumbre?

Que sigan creyendo en el proceso de paz, hay que luchar para sacarlo adelante, así el Gobierno no cumpla, porque una de las banderas por la que nos alzamos en armas fue la paz. Les digo: sigan unidos. Nosotros llevamos 32 años negociando (desde el acuerdo de La Uribe, que se firmó a pocos kilómetros de aquí en 1984).

¿Y a la dirigencia de su partido?

Me da nostalgia lo que está pasando, esas no fueron las enseñanzas de Marulanda y Jacobo. Nosotros siempre luchamos por la unidad, por la fraternidad y la armonía, teníamos valores, y cuando se pierden y se lucha por el poder personal o se abandona a la base, que fue la que entregó su vida por nosotros, los que nos acompañaron en la guerra, se desfigura todo. Cuando algunos se quedan encerrados en una ciudad y no ven lo que ocurre en la base, pues es fácil sentarse a escribir; si se les da autoridad a otras personas para que escriban representando al partido, pues es peor. Por eso ha habido contradicciones con el caso de Santrich y con el camarada Iván (Márquez) y otros dirigentes.

¿Y usted por qué estaba marginado de estas discusiones?

Por eso me vine para esta finca a quedarme con mis antiguas tropas; ellos un día me dieron su vida y no puedo dejarlos abandonados, sería la muerte. Es lamentable que muchos excombatientes estén en descontento con los dirigentes. Sé que mis compañeros se van a sentir mal por lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad: hay descontento con la dirigencia. Hay que visitar a los muchachos, orientarlos como hacíamos en la guerra, orientarlos en el proceso de paz para buscar un futuro mejor.

¿Está desconectada la dirigencia de la base?

Sí. No es un secreto. Usted va a los espacios territoriales y escucha eso, es el tema del día a día entre los muchachos y muchachas. Ojalá el partido salga adelante. Hago un llamamiento a la unidad, que miremos cómo lo sacamos adelante, como nos conectamos con la sociedad colombiana que tiene necesidades y espera una orientación de parte nuestra.

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¿El Gobierno o su partido lo ayudaron en este proyecto?

Los alcaldes de La Uribe y Mesetas, y las comunidades se aterran porque no vine aquí a dar charlas políticas. Vine aquí a trabajar, no a predicar. Nos levantamos a las 4 de la mañana, estudiamos hasta las seis, todos nos embarramos, todos nos untamos. Les di curso para manejar tractor, curso de veterinaria para aplicar medicamentos a los cerdos, al ganado. Porque así como tuvimos la capacidad y la valentía de enseñarles cómo hacer la guerra, debemos tener la capacidad y la valentía para educarlos para un futuro mejor.

¿Usted sabía todo eso?

Sí, porque manejaba los recursos del bloque Oriental, tuve que aprender de agronomía, de veterinaria, de maquinaria, tuve relaciones con ganaderos, palmeros. Me quedó fácil aprender. En la guerra también sembrábamos y teníamos ganado y tractores, sembrábamos maíz, yuca, fríjol y arveja y mandábamos a Corabastos. Les vendimos muchos productos y cerdos y gallinas a los bogotanos que tanto nos odiaban. Era para autosostenernos y para sobrevivir al bloqueo que nos imponía la guerra.

¿Y ahora qué les falta?

Le hemos dicho a la Gobernación, a la Alcaldía de La Uribe, de Mesetas, póngannos a trabajar, dennos empleo, tenemos dos cooperativas y podemos contratar. Hemos dicho a todo grito que nosotros queremos la paz, sabemos construir. Ya hicimos un puente sobre el río Guape, con una rifa de un carro y 12 novillas. Recolectamos 150 millones de pesos, y nos juntamos para construirlo con los campesinos de la Esperanza, La Unión, La Floresta y El Vergel.

¿Usted está jugado con el proceso?

Sí, a pesar de las dificultades. Hay que sacarlo adelante. Eso sí le digo, si el camarada Santrich no sale en libertad, el proceso seguirá en crisis, porque sentimos miedo de que a cualquiera de nosotros nos hagan un montaje como el que le hicieron a él. Pero el daño ya lo hicieron, rompieron la confianza con el partido y en nosotros. Le recordamos al Gobierno que primero nos deben garantizar la seguridad física y la jurídica. Sin eso el proceso fracasa.

¿Qué necesita para realizar los planes a corto plazo?

Necesitamos la cosechadora para coger el maíz y el girasol, una cortadora para cortar cuatro surcos, una silo pack que es una empacadora, y las chuspas donde se empaca el silo. Y luego viene la otra etapa, que es arreglar las carreteras: son como 50 kilómetros, se necesitan 7.000 viajes de balastro y 30 alcantarillas.

¿Cómo está la atención en salud?

Están afiliados a la Nueva Eps, pero nadie cree en eso, menos mal no hay enfermos, solo dos que tienen cáncer, a uno lo atiende un extranjero que nos ayuda y para la otra muchacha hacemos colectas para las quimioterapias porque no la han atendido todavía. Conmigo andan 20 enfermeros y 10 odontólogos, tenemos cirujanos, traumatólogos, terapeutas, que saben más que los profesionales, porque en la guerra salvaron muchas vidas, pero no les han validado sus saberes y no pueden atender. Si nos pusieran cuidado, ellos podrían hacer brigadas de salud para la comunidad.

Nuevos puntos de reagrupamiento de las Farc en el Meta

Como lo reveló Colombia 2020 el pasado 19 de abril, en el país existen 33 nuevos puntos de reagrupamiento donde excombatientes de las Farc están buscando mejores oportunidades para su reincorporación exitosa, fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. El asentamiento que lidera Henry Castellanos en La Uribe es uno de los tres que hay en el Meta y se llama El Diamante, y a él pertenecen 350 personas. En jurisdicción de La Julia, también en La Uribe, hay otro en el que están cerca de 60 personas, mientras que en el campamento que se acondicionó en Mesetas, para la llegada de excombatientes que debían seguir en restricción de libertad, hay otro grupo de unas 80 personas. El Gobierno apenas empieza a reconocer estos asentamientos y sólo en algunos casos ofrece abastecimiento de alimentos. Siguen pendientes otros tipos de servicios como la seguridad. El Diamante ya pasó a la ARN su proyecto productivo para recibir financiación, están a la espera de la respuesta estatal y del apoyo de embajadas y empresarios.

Desde el 2016 a la fecha, al menos 30 líderes y lideresas sociales de la región del Pacífico han sido asesinados, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, entidad que este 28 de noviembre realizó en Quibdó (Chocó) un diálogo para reflexionar sobre las causas y afectaciones que generan estas muertes en los pueblos étnicos del país.

El narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de disidencias de las Farc, grupos como el ELN, bandas criminales y reductos del paramilitarismo han recrudecido la guerra en esta región, que comprende cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

La Comisión también reportó que desde 1986, en Colombia han asesinado a 233 autoridades étnicas, “varias de ellas en el Chocó, constituyéndolo como uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del liderazgo y la defensa de los derechos humanos”. 

En el año 2018 se presentaron 110 asesinatos de líderes sociales. De estos, 53 pertenecían a pueblos étnicos: 24 afrocolombianos y 29 indígenas, según Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

En Quibdó, durante la mañana de este jueves, estuvieron sentados Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó; Helfer Andrade, líder de la Mesa Indígena Chocó; Orlando Castillo, líder social de Tumaco; Miller Mejía Chichiliano, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica; Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal; el periodista Daniel Pacheco, director del programa de opinión Zona Franca; Richard Moreno, procurador delegado para Asuntos Étnicos; Pastor Alape miembro del Partido FARC; Euliquio Biojó Guevara, líder de Tumaco; Froilán Zapata, del Pueblo de la Memoria Histórica Carmen de Atrato; Abid Manuel Romaña, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

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El diálogo, moderado por las comisionadas Ángela Salazar y Patricia Tobón, comenzó respondiendo a la pregunta de cuáles son las afectaciones en las comunidades indígenas y afro del Pacífico de los asesinatos de sus autoridades y líderes. 
Y principalmente, según los participantes del diálogo, lo que produce es un resquebrajamiento del tejido social que hay en las comunidades y familias porque elimina la defensa por lo colectivo. El asesinato de un líder o lideresa que defiendía el derecho a la tierra, al cuidado del medio ambiente o exige mayores oportunidades de inversión sostenible en sus territorios, al morir, deja sin vocería y representación esa colectividad. 

“Matan al pastor y la oveja corre. Matas al líder y el consejo comunitario o el resguardo indígenas se debilita porque no hay autoridad”, dio a manera de ejemplo Richard Moreno, procurador delegado para Asunto Étnicos. 

Según la comisionada Patricia Tobón, en el Pacífico hay 176 consejos comunitarios y 196 resguardos indígenas.

Para el caso de las mujeres, aseguró Danelly Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras Palenque del Congal, ellas son quienes mantienen la existencia de las prácticas culturales y valores que caracteriza al Pacífico. Son muy importantes a la hora de “curar y cuidar el cuerpo y el alma”. Por eso, su muerte o desaparición, significa una pérdida de la sabiduría ancestral de los pueblos negros e indígenas. 

Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, señaló que una de las causas detrás de estos asesinatos es el olvido en el que se ha tenido a esta región, una de las que más le aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Colombia ha sido y sigue siendo racista. Se ha olvidado del Pacífico, de las zonas rurales o sectores populares”. Y añadió: “Eso se manifiesta en que el Pacífico no está conectado con el país. La única vía que está en mejores condiciones es la que va hacia Buenaventura y no se ha terminado”. 

La falta de presencia estatal, de apoyo a nivel de vías y mecanismos para comercializar sus productos, conlleva a que muchos opten por la minería ilegal o el cultivo de coca. A eso se le suma la corrupción de entidades locales y la presencia de grupos armados. Un gran llamado fue a que el gobierno cumpla con el Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que le brinda la oportunidad a los campesinos de cosechar y comercializar productos autóctonos a cambio de la erradicación de la hoja de coca de manera voluntaria. 

“El líder que está defendiendo a un río como sujeto de derechos, no solo está peleando por el derecho de su comunidad. Está protegiendo la posibilidad de que el país sea sostenible”, Andrés Ramírez, de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

Pastor Álape, excombatiente de las Farc y uno de los encargados ahora de verificar la implementación del acuerdo de paz, sostuvo que el proceso de paz es lo que ha permitido que se abra el diálogo entre distintas voces para arreglar los problemas de desigualdad y violencia que hay en tantos territorios del país. 

Para él, la implementación del acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a tierras que está consignado en ese documento, como la Reforma Rural Integral o el catastro multipropósito, son indispensables para que cese la violencia y el asesinato a defensores y líderes que protegen esos territorios, que en su mayoría no están titulados a nombre de las comunidades. 

Otros aspectos para considerar son, para él, que se insista en las 16 curules para las víctimas en el Congreso, con voz y voto en la creación de políticas públicas que los beneficien. También en que se dé inició a un proceso de paz con el ELN, uno de los grupos que ha disputado el control de los territorios que dejaron las Farc. 

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC fue muy puntual en lo que se debe hacer para que no sigan presentándose más muertes: cumplir con el capítulo étnico del acuerdo de paz, que se den las garantías individuales y colectivas de protección, que haya formalización y titulación de territorios colectivos, al igual que garantías de no repetición de hechos de violencia. 

Richard Moreno y Dora Sepúlveda, lideresa de la Mesa de Mujeres Indígenas de Chocó, agregaron a su vez que una manera de hacer resistencia en pro de los derechos de sus comunidades es la unión entre las organizaciones, entre los liderazgos; la unión de fuerzas. Pero también hicieron un llamado a que los demás colombianos, sobre todos quienes viven en ciudades capitales, conozcan y reconozcan a las personas y comunidades que luchan por sus territorios en el Pacífico. “No queremos un trato diferencial”, aseguró Moreno, “sino que nos den oportunidades en igualdad de condiciones y demostraremos que podemos prosperara de manera legal”. 

La solución para todos es que llegue el Estado. No a nivel militar, sino con inversión y educación. Asimismo, que se deje de etiquetar el territorio como un bien comercial, sino que sea visto como parte indispensable de la vida misma de todos los colombianos. Así lo consideran ellos. 

Acá puede ver el Quinto Diálogo para la No Repetición.

No basta con la entrega de unos restos calcinados. Las investigaciones de la Fiscalía General sobre los crímenes cometidos en la toma del Palacio de Justicia y posteriormente deben asegurar que no haya impunidad y esclarecer qué fue lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Así lo indicó la Corte Constitucional en un fuerte llamado de atención al ente investigador, en el cual reiteró que es necesario cumplirles a las víctimas y garantizarles verdad, justicia y reparación integral.

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El caso específico que abordó la Corte fue el de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, quien era mesero de la cafetería del Palacio: “Esta Sala le reitera a la Fiscalía General de la Nación la obligatoriedad de seguir adelante con las investigaciones relacionadas con el caso de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá y, en particular, frente a las circunstancias que rodearon la muerte de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, con el fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de la señora María del Pilar Navarrete Urrea (viuda) como víctima de estos hechos”.

En otras palabras, hizo un llamado de atención que no se limita al caso de Beltrán, sino que abarca también los de las 11 personas en total desaparecidas del Palacio de Justicia y que fueron reconocidas como víctimas de desaparición forzada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo en el que condenó al Estado colombiano. De ellas, la Fiscalía y Medicina Legal también han dado con los restos de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán en los últimos dos años.

¿En qué circunstancias murieron los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Cuánto han avanzado las investigaciones tras las entregas de sus huesos? Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, tuvo que esperar 31 años para recibir lo que quedó de su adorado Jimmy. Fue el 18 de septiembre del año pasado, justo cuando habría cumplido 60 años. La ceremonia se realizó luego de que en junio de 2017 los restos fueran identificados en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade, en el cementerio Jardines del Recuerdo de Barranquilla.

“¿Por qué el cuerpo presentaba dos disparos? Estaríamos más tranquilos con saber cómo murieron, bajo las balas de quién, qué les hicieron (…) ¿Por qué nunca apareció su brazo donde él tenía un platino? ¿Por qué su cabeza no tiene media parte?”, se pregunta todavía Navarrete. “Sería fabuloso que se investigara, saber más allá de lo que escasamente le presentan a uno. No se asoma ni un poquito de verdad. ¿Quién es el responsable?”, le dijo a El Espectador.

Para Navarrete, aunque es reparador haber encontrado y recibido los restos de su esposo, aún quedan muchas dudas, las cuales ahora también recaen sobre el caso del magistrado auxiliar Andrade. Navarrete explicó que, luego de la identificación de los restos de su esposo en la tumba del magistrado Andrade, tuvo una reunión con la Fiscalía, Medicina Legal y la familia del jurista —que ahora empieza la búsqueda de sus restos— y desde la entrega no ha tenido más contacto con la Fiscalía.

“Me he estado enterando por periódicos de las otras entregas y todo tiene una cantidad de incógnitas que son tristes. Hubo una reunión general en la que nos dijeron que iban a entregar respuestas, pero lo que han hecho es entregar restos. El caso del Palacio de Justicia requiere una atención especial, porque eso lo pidió la Corte Interamericana y no se ha hecho. Necesitamos investigaciones con más verdades”, precisó.

René Guarín, hermano de Cristina Guarín, dijo en septiembre de 2016, al recibir algunos de sus restos, que la verdad les sigue siendo “esquiva”. “Hoy recibo algunos fragmentos óseos de Cristina y siento ese sabor dulce del resultado de la persistencia, pero ese sabor agrio de no conocer toda la verdad. Hay una deuda de verdad presente todavía de parte del Estado colombiano, no sólo con la familia Guarín, sino con todas las personas que inicialmente figuraron como desaparecidas del Palacio de Justicia”.

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El jalón de orejas de la Corte Constitucional fue el resultado de estudiar una tutela que presentó Pilar Navarrete, debido a que en la Fiscalía no le respondieron un derecho de petición que presentó el 17 de mayo de 2017, en el cual solicitaba que se nombrara un fiscal que le diera un impulso al proceso, pues el caso se había quedado huérfano. Respecto a este punto específico, la Corte dijo que ya no había sobre qué pronunciarse porque se comprobó que en junio de 2017 se conformó un grupo de trabajo en el interior de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, liderado por Jorge Hernán Díaz Soto, para este proceso.

Este grupo está conformado, además de Díaz Soto, por los fiscales Jairo Humberto Oróstegui Cala y Jorge Ricardo Sarmiento Forero y los técnicos Óscar Fernando Cuenca Ramos, Luis Fernando Tinoco Arévalo y July Alejandra Churque Melo. Las familias de Héctor Jaime Beltrán, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán siguen esperando que la Fiscalía haga su trabajo, como pidió la Corte Constitucional.

¿Que si duele? Claro que duele. No hemos encontrado el cuerpo de mi niño. Van diez años y no lo hemos encontrado. ¡Qué dolor! Yo sé donde está el cuerpo. Está por allá en Cesar, en una fosa común, hay sesenta cuerpos en esa fosa y yo sé que el de mi niño está ahí. Diez años. Diez años. Y todo lo he hecho, créame que todo lo he hecho. Usted puede decir: “Encadénese en la Plaza de Bolívar” y yo le respondería: “Ya lo hice”, me encadené en la Plaza, frente al búnker de la Fiscalía, me puse las cadenawws, he llorado, ¿qué es este dolor? Todo lo hemos hecho. Yo, que siempre renegaba de los tatuajes, que jamás dejé que me hicieran nada en la piel, y me tatué el rostro de mi hijo, Óscar Alexánder Morales, en el brazo derecho: ¿sí lo ve, sí lo ve? Era lindo mi muchacho. Tenía 26 años cuando se lo llevaron. Imagínese que ese día, el día que lo mataron, yo estaba acostada y a las diez de la noche comencé a sentir un dolor en el vientre. Un dolor tan raro. Y yo soñaba que estaba como ahogada. Luego, cuando el proceso de esto empezó, el abogado me dijo que Óscar estaba agonizando a las diez de la noche, ¿sí entiende? Que yo estaba sintiendo la agonía de mi niño. Y no pasa nada, pasa el tiempo y los culpables siguen felices, burlándose de nosotras. Y usted no sabe lo que duele esto. Y yo quisiera matar a alguien, pero no puedo, sé que no debo. Las miradas dicen más que mil palabras, ¿cierto? Una vez vi a Álvaro Uribe Vélez y le mostré mi brazo con el rostro de mi hijo, uno de los casi diez mil falsos positivos de su gobierno. Él se quedó mirándome, se subía y se bajaba las gafas. De eso se trata, ¿no?, de incomodar a la gente. De ser una especie de resistencia. Ellos pensaron que matando a estos muchachos nadie los iba a extrañar, a llorar, a pedir, y acá estamos: siendo una trinchera. Intentando sobrevivir.

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Doris Tejada no mira a ninguna parte. En la fotografía que le hizo Carlos Saavedra, los ojos de Tejada parecen los de un pájaro: dos agujeros vacuos, sin expresión. Sin embargo, sus manos empuñadas con sutileza, una cura en el dedo corazón, el cabello suelto y las canas en las raíces son los vestigios de la guerra silenciosa que han librado las madres que pertenecen a Mafapo (Madres de Falsos Positivos). La organización, que antes era reconocida como las Madres de Soacha, intenta dar solución legal a las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el país entre 2006 y 2010. Según información de algunos militares, más de diez mil jóvenes fueron asesinados por el ejército y los hicieron pasar como guerrilleros para justificar su muerte.

Puede pensarse que el sufrimiento libera, que, tras superar las penas, el individuo ya sólo se pertenece a sí mismo. Que su propia memoria lo protege. Pero al final se descubre que no, no es una regla general. A menudo este saber e incluso el saber superior —el que encuentra a las víctimas enfrente del espejo y no le cuenta a nadie y no huele a rotativas— existe como un ente oculto, como una especie de reserva intangible y secreta, como las esmeraldas en una mina. Hay que separar minuciosamente el lastre de la tierra y rebuscar bien entre los escombros, entre las paredes, para finalmente verlas brillar. El brillo es lo que importa y lo que duele.

Carlos Saavedra, fotógrafo colombiano creador de la serie “Madres Terra”. / Mauricio Alvarado.

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“Siempre me ha interesado el tema de la tierra y pensé en la conexión de la mujer y la tierra: donde todo nace, pero también donde vamos a parar cuando todo muere”, cuenta Saavedra, quien en este momento está exponiendo Madres Terra en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá.

Esta exposición consta de retratos a madres de falsos positivos enterradas en la tierra de Soacha. imágenes en gran formato realizadas con una Hasselblad de formato medio.

Blanca Rubia Monroy fue la primera mamá que aceptó que Carlos la fotografiara. “Yo sentí tanta tristeza al principio de las fotos. Cuando vi que empezaron a abrir ese hueco y era como la fosa en la que metieron a mi chinito. Y veía sacar y sacar esa tierra y pensaba: ‘¿qué tal que como a Julián, mi hijo, a mí me dejen enterrada ahí?’. Yo sabía que Carlitos no me iba a hacer eso, pero cuando me metí... qué dolor. Pero, al mismo tiempo, sentí que dejé tantas cosas allá: tantos dolores de cuando estaba niña, una parte de mi corazón que se murió con Julián también se quedó enterrado ahí”.

La idea de Saavedra de enterrar a madres que no han podido enterrar a sus hijos, es tan política como dolorosa. Las historias de cada una de estas mujeres, los delitos sin resolverse, los dolores presos entre la rabia y la frustración son los componentes de cada fotografía.

La exposición ha sido mostrada en Londres y en Bangladesh y en esta ocasión que es mostrada en Bogotá, cuenta Saavedra que las encargadas de la logística fueron las mamás. Con este proyecto, Carlos Saavedra se convirtió en el primer fotógrafo colombiano en recibir el Everyday Heroine Award Grant, de la fundación Youmanity de Londres, en octubre del 2017. Este premio es otorgado a aquellos fotógrafos capaces de capturar y convertirse en la voz de mujeres comunes y corrientes, cuya historia pasa desapercibida, cambiando la forma en la cual se perciben las heroínas del día a día.

Parte de la serie “Madres Terra”, un homenaje a las madres de falsos positivos. / Carlos Saavedra. 

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Y la vida pasa, y el tiempo corre, y estas mujeres se enferman esperando y se mueren esperando. Esperando la respuesta de un Estado que no las quiere oír, que no las quiere ver y ellas, mientras tanto, sienten que ya tienen listas las tumbas, pero no tienen nada qué enterrar.

¿Se imagina ser entrevistado en la televisión por un excombatiente? ¿O sintonizarlo todos los días en un programa de radio matutino? El Acuerdo Final de Paz, el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep y varias iniciativas ciudadanas lo han hecho posible. Desde los tiempos de las Farc en la selva, comunicar sus mensajes ha sido una constante en la historia. Uno de los ejemplos más conocidos es Voz de la Resistencia, aquella emisora de la antigua guerrilla que llegaba a varias regiones del país, transmitiendo cada día desde una montaña distinta, para miles de personas en la zona rural, quienes a veces debían decidir entre sintonizar la emisora del Ejército Nacional o la de su opuesto, sin más opciones.

Después de la firma del Acuerdo de Paz, los excombatientes apasionados por la comunicación decidieron que, de ahora en adelante, las únicas armas que usarían serían micrófonos, cámaras e información. Algunos de ellos trabajan en los medios contemplados en el punto 6.5 del Acuerdo, que refiere a las “Herramientas de difusión y comunicación”, donde se pactó la creación de veinte emisoras para la paz (de las cuales funcionan dos), el magazín televisivo Mimbre y una estrategia de redes sociales que debe ejecutar el Gobierno.

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Por otro lado, hay quienes decidieron establecer lazos de reconciliación a partir de iniciativas de comunicación que integran tanto a excombatientes como a comunidades. O quienes han usado el poder de la imagen para dar su opinión respecto a la implementación del Acuerdo y la actualidad nacional.

Todas estas iniciativas de comunicación han sido mapeadas por La Paz en el Terreno. En esta entrega, lo invitamos a conocer ocho historias de cómo los excombatientes usan la radio, la fotografía y el video para generar nuevos contenidos y demostrar que desde la comunicación es posible la reincorporación a una vida civil en la que sus voces, sus rostros y sus ideas pueden ser reconocidas y divulgadas por todos.

A través del lente

Para muchos exguerrilleros de las Farc, que estuvieron más de la mitad de sus vidas entre las selvas y serranías inhóspitas de Colombia, no es sencillo dialogar sobre lo que ocurrió antes, durante y después de la guerra. Sin embargo, algunos de ellos encontraron la manera de hacerlo, como Liliany Obando, quien tras militar en la guerrilla por treinta años regresó a la vida civil y tomó una cámara para hacer memoria de lo que significó ser una mujer fariana en las selvas colombianas; o Marcos Guevara, quien antes de entrar a las filas insurgentes tenía un profundo amor por la fotografía y hoy recorre los rincones del país fotografiando las heridas de la guerra. Estas son algunas de las historias que encontrará sobre aquellos excombatientes que, a través de sus lentes, hoy le apuestan a la paz:

NC: de un noticiero insurgente a una productora audiovisual

Cuando iniciaron los diálogos de paz, un grupo de guerrilleros dejaron el monte para viajar a La Habana (Cuba) y conformar Nueva Colombia Noticias (NC Noticias), el primer noticiero insurgente que cubriría un hito histórico: la guerrilla más antigua de Latinoamérica estaba considerando dejar las armas. Cuando concluyeron la lucha armada, la iniciativa NC Noticias evolucionó para convertirse en NC Producciones, un proyecto audiovisual que apuesta al nuevo propósito de los excombatientes: una Colombia en paz.

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Mujeres farianas

“Las mujeres en las Farc fuimos el 40 % de la fuerza”, cuenta Liliany Obando, socióloga de profesión y “combatiente” de las Farc de oficio. A pesar de haberse acogido al Acuerdo de Paz, ahora utiliza su profesión y su oficio para el mismo propósito: la paz y la memoria.

Uno de estos esfuerzos de memoria fue el documental Nunca invisibles, mujeres farianas; adiós a la guerra, que da cuenta de la cotidianidad, la guerra, la maternidad y el amor, entre otros temas, que se narran desde las voces de las mismas excombatientes, pero también muestra otra de las caras del conflicto: una de las entrevistadas es la hija de una de ellas, quien sintió la guerra desde otra perspectiva.

Las cicatrices

Marcos Guevara trabajó en la imprenta de las Farc, donde aprendió a usar los programas de edición Photoshop e Illustrator. Antes de irse a la guerra, vendía mangos mientras aprendía fotografía, así que en el momento de dejar las armas decidió retomar su pasión y trabajar en proyectos comunicativos. “La comunicación nos permite legitimarnos como seres humanos y no como terroristas”, afirma Marcos.

Su amor por la fotografía lo ha llevado a recorrer el país para mostrar, a través de su cámara, la cotidianidad en la que viven muchas de las personas que sufrieron el conflicto armado. “El cuerpo como escenario de memoria” es su más reciente fotorreportaje, el cual recopila fotos de las cicatrices y heridas de guerra de sus excompañeros de combate.

Reconciliación es contar historias juntos

En este capítulo lo invitamos a conocer diversas historias que le apuestan a la reconciliación a partir del trabajo conjunto entre excombatientes y otros ciudadanos, quienes, a pesar de nunca haber empuñado un arma, reconocen que las heridas que dejó el conflicto deben ser sanadas entre todos. Por eso tomaron la iniciativa de comunicarse con quienes hoy retornan a la vida civil, dictando talleres con el objetivo de que los excombatientes se desenvuelvan con cámaras y micrófonos para contar sus historias y las de sus comunidades.

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Charras y Colinas: comunicar desde la Amazonia

El departamento del Guaviare es el comienzo de la Amazonia colombiana y allí, en medio de la selva, se conformaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aurelio Buendía y Jaime Pardo Leal. Los excombatientes que allí viven con sus familias tuvieron que construir todo con sus propias manos y, para ello, también han trabajado de la mano con las veredas más cercanas: Charras y Las Colinas respectivamente.

En cada uno de estos ETCR se han conformado grupos de jóvenes que a través de radio, fotografía y video muestran las problemáticas y los acontecimientos especiales que suceden en sus comunidades. Juventud Charras en Sintonía y Notipaz Voz de la Amazonia son colectivos de comunicaciones que, según ellos mismos afirmaron, buscan que “el Gobierno, al ver que estamos mostrando el lado que no quieren que veamos, nos ayuden un poco”.

La Montañita: “reporteritos” hijos de la paz

Los excombatientes no son los únicos que están en proceso de reincorporación. Sus hijos, quienes nacieron en medio del conflicto, hoy pueden ser considerados como semillas de paz que abren sus ojos ante la posibilidad de un país nuevo, en el que muchos crecen con expectativas diferentes a las que tuvieron sus padres a su edad.

En el ETCR de la vereda Agua Bonita, en el municipio La Montañita, de Caquetá, un grupo de estos menores se dedica a entrevistar a sus mayores, presentar noticias de la comunidad y hacer programas sobre sus experiencias de paz. Ellos son Los Reporteritos, un equipo conformado por hijos de reincorporados entre los seis y los dieciocho años, orientado por algunos padres y madres y otros voluntarios de la zona, que cada martes les enseñan cómo usar las cámaras para hacer sus propios informativos, además de realizar ejercicios de radio, con niños y jóvenes, que expresan sus opiniones respecto a otras actividades que desarrollan juntos, como clases de danza y el mantenimiento de una huerta comunitaria.

Cali: las Voces del Común en la ciudad

En Cali, los excombatientes llevan a cabo diversas iniciativas como parte de su proceso de reincorporación, entre las que se encuentra Voces del Común Pódcast, un proyecto radial que une las voces de excombatientes y otros ciudadanos caleños para sentarse a dialogar, reír y opinar sobre la actualidad de la región, además de poner la lupa sobre la implementación de cada punto del Acuerdo Final de Paz.

Voces del Común nació de una idea de Richard Romero y Sebastián Cerón, dos comunicadores sociales interesados en escuchar las voces de los excombatientes. El proyecto consistió en dictar talleres sobre producción radial con énfasis en las memorias del conflicto armado, que al llegar a su fin se convirtieron en la base para la realización de programas radiales que ahora son difundidos por internet. Así, el proyecto se convirtió en una oportunidad para pensar en grande, pues ahora busca generar un diálogo social entre los excombatientes y toda la comunidad caleña.

Para ver y oír: ¿cómo va la paz?

En el Acuerdo Final de Paz, firmado en el Teatro Colón con el recordado “balígrafo”, no solo quedaron consignadas reformas agrarias, rentas básicas, proyectos productivos y reparación a las víctimas. Además de eso, se abrieron espacios de comunicación para entender cada punto de lo acordado y el avance de su implementación.

Se trata del numeral 6.5, llamado Herramientas de Difusión y Comunicación, donde se pactó crear veinte emisoras en “frecuencia modulada” (FM) para los territorios más afectados por el conflicto armado, un espacio en televisión en el Canal Institucional y una estrategia digital en redes sociales. Aquí, algunas historias de quienes hacen parte de aquellos espacios de comunicación.

Al aire: ¿cómo suena la paz?

Chaparral (Tolima) e Ituango (Antioquia) son dos municipios de Colombia que saben lo que es vivir el conflicto armado en carne propia y por muchos años. Por eso, cuando se empezaron a planear los puntos donde estarían ubicadas las emisoras pactadas en el Acuerdo, estos lugares fueron los primeros de la lista. Esta decisión fue tomada por un comité de comunicaciones integrado por delegados del Gobierno Nacional, excombatientes de las Farc y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), entidad a la que fueron asignadas las nuevas estaciones radiales.

En estas emisoras trabajan Diana Ríos y Elías Lizcano, excombatientes que antes pertenecieron a Voz de la Resistencia, la emisora que tenía la guerrilla para transmitir desde la selva. Luego de la firma del Acuerdo Final, ambos han puesto sus voces al servicio de la paz. Cada día le cuentan a sus oyentes cómo va la implementación del Acuerdo y cómo se puede construir tejido social desde nuevos espacios radiales para la reconciliación.

“Mimbre”: tejiendo historias para la paz

Para contarle al país cómo va la paz, hay quienes prefieren usar el poder de la imagen. Así nació Mimbre, un magazín semanal que en una hora se encarga de mostrar cómo se vive la implementación del Acuerdo Final de Paz y la reconciliación en los territorios a través su espacio en el Canal Institucional, además de hacer pedagogía para que los televidentes comprendan cada punto de lo acordado.

Mimbre salió al aire en enero de 2018 y, a partir de ese momento, han difundido historias de reconciliación y construcción de paz. Para cada emisión, se reúnen delegados del mismo comité de comunicaciones que elige la programación de las emisoras de Ituango y Chaparral. Por parte del ahora partido Farc, el excombatiente Manuel Bolívar es quien asesora los contenidos del magazín. Para él, lo que se hace en Mimbre “es ante todo una práctica pedagógica, es un quehacer que demuestra la posibilidad de construir a través del diálogo, de sentarnos en una mesa a hablar, con respeto, exponer los argumentos. Es la mejor forma para poder solucionar cualquier tipo de conflicto en la vida”.