La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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A David Cucaita varios lo han llamado loco, como diría Alberto Cortez, “por construir castillos en el aire”. Él les da la razón. Su quimera son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles, cita a la que aspira llegar en 2028. Sin embargo, hay un obstáculo. Lo advierte: “Hasta la fecha nunca me he ganado una medalla de oro. No soy ni campeón nacional en individual. ¿Qué tan loco debo estar para querer llegar a unos Paralímpicos y no haber sido ni el mejor de mi país?”. La respuesta es fácil: mucho. Para estar en la máxima cita del deporte adaptado se necesita, al menos, aparecer en el top nacional. Y después, para entrar a una lista tan selecta —como lo es la que protagonizan todos aquellos que compiten en una paralimpiada—, hay que ser el mejor a nivel continental y panamericano. A ese oasis solo van los mejores del mundo.

Cucaita ha llegado a estar en esa discusión, siendo, en su momento, uno de los mejores ranqueados del mundo. No piensen, tampoco, que el boyacense es un completo descabellado. Es ahí cuando entra el contexto: él viene de un largo parón después de que, hace un par de años, se sometió a una dolorosísima operación para alargarse la pierna derecha. Eso lo llevó a estar quieto durante mucho tiempo y a perder ritmo de competencia.

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No obstante, tan pronto como volvió, dejó todo. Incluido su trabajo como psicólogo deportivo para enfocarse de lleno en el anhelo: llegar a unos Juegos Paralímpicos. “Si lo logro quiero que lo que más se recuerde, a pesar de tantos fracasos, es la forma en la que puede durar en esto tantos años. No saben la cantidad de veces en las que perdí una final, o en las que ni siquiera llegué, y sentía que era un perdedor, que no servía para esta mierda, que boté el tiempo durante un año para perder contra alguien que acababa de llegar”.


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Le pasó hace una semana en Chile y Brasil, dos torneos en los que se reactivó su estatus de competidor internacional después de años ausente. Tras su operación, llegar hasta ahí fue todo un logro. Y más si se tiene en cuenta que todo fue financiado con su dinero, el cual recaudó a partir de la creación de contenido en sus redes sociales. Pero la competencia le mostró una vez más la crudeza de su anhelo.

En resultados, el balance es corto: no logró superar la fase de grupos en ninguna modalidad. Pero, en el juego, hay otra lectura. Compitió de tú a tú con jugadores del top 10 mundial y estuvo muy cerca, a un punto, de vencer a uno del top 30. “No estoy lejos”, así lo resume. Y el ranquin empieza a reflejarlo. Pasó de no aparecer, previo a Chile, a ubicarse en el puesto 85 antes de Brasil. Y, tras esta gira, ahora ya es 60 del mundo. El salto no lo pone aún entre los mejores, pero sí lo devuelve a la conversación.


En esa tozudez, la de volver una y otra vez después de tantas derrotas, está su locura, pero también su virtud. Su espíritu se ha moldeado así desde que tiene conciencia, aunque si hay algo que le molesta a Cucaita es que lo pongan como un ejemplo de vida. “Muchas veces se quiere mostrar a la persona con discapacidad como una fuente de inspiración simplemente por existir, como si nuestro papel fuera inspirar a los demás o hacerlos sentir mal porque ‘están completos’ y no hacen lo mismo. No voy con eso. Soy lo que soy por muchas cosas que salieron bien en mi contexto y por las personas que me han acompañado. Quiero mostrar que una persona con discapacidad, en muchos aspectos, es alguien del común. Como cualquiera. No tengo que ser admirado solo por el hecho de existir. Si me gano la admiración, que sea por lo que hago. Porque también me enamoro, me equivoco, salgo con amigos y me mato entrenando”.


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David Cucaita hoy tiene 27 años. Aunque se crió en Tunja, nació en Chiquinquirá porque su mamá, que daba clases en Pauna, rompió fuente en pleno colegio. En el afán por dar a luz, el hospital más cercano era el chiquinquireño. Y sobre el parto, la escena fue estrambótica, pues las enfermeras se escandalizaron cuando salió del vientre. Así lo cuenta la mamá, Luz Mery Vargas. “¿Qué le pasó al niño? ¿Dónde están los brazos? ¿Qué le pasó a la pierna?”, decían las encargadas. La sorpresa fue tanta, relatan los Cucaita Vargas, que se afanaron por mostrarle a la mamá que no le habían cambiado a su hijo. Y ella, por supuesto, también se sorprendió; el bebé había llegado al mundo con malformaciones en tres de sus cuatro extremidades: en los brazos y en la pierna derecha.


Dos enfermedades distintas: focomelia en miembros superiores, que implica la no formación o formación incompleta de las extremidades —en su caso, ausencia en un brazo y desarrollo parcial en el otro, con apenas dos dedos—, y hemimelia de peroné en la pierna derecha, es decir, la ausencia de ese hueso, lo que le generó múltiples deformidades y un acortamiento significativo.


Su papá, Ernesto Beyer Cucaita, dice que “fue un niño que jamás se acomplejó”. Y saca pecho al recordar que eso también fue labor de ellos, que en la tienda que tenían en el primer piso de la casa lo ponían en una caja para que atendiera a los clientes, o que, cuando había que ir a hacer mandados, lo mandaban por la carne y el efectivo exacto para que no se enredara con las vueltas. Es más, dice el papá, que fue de niño, cuando el ajedrez lo agotaba hasta fundirle el cerebro, que descubrió el tenis de mesa. Él mismo, junto a su primo Luis Carlos, complice de todas sus jugarretas. “Nadie le enseñó a agarrar la raqueta. Fue como cuando empezó a escribir o a caminar, lo hizo solo”.

El profe que lo descubrió, una tarde por coincidencia en un club de pimpón en Tunja, fue Giovanni Fonseca. Pensó que era un jugador convencional. Pero al mirarlo con atención vio en el niño, más allá de sus limitaciones físicas, una gran capacidad para resolver el juego. Cucaita sabía adaptarse y tenía un agarre intuitivo que terminó siendo su sello. “Me llamó la atención su juventud; un niño de 12 o 13 años que jugaba muy dinámico y activo. Su agarre es intuitivo, es el único que puede tener”.


Desde ese momento, el entrenador empezó a moldear la técnica personalizada de su pupilo. Esa singularidad es también su mayor obstáculo. En el para tenis de mesa hay varias categorías y divisiones: TT1 a TT5 corresponden a jugadores en silla de ruedas, TT6 a TT10 son los deportistas que compiten de pie y TT11 está reservada para atletas con discapacidad intelectual.


Cucaita compite en TT6, la más exigente entre los caminantes, “porque combina limitaciones en los trenes inferior y superior”, explica Fonseca. Es algo poco común incluso dentro del circuito paralímpico. En Colombia es peor el panorama, porque prácticamente no tiene rivales directos. Eso lo ha obligado a competir en categorías superiores para poder medirse.


Esa falta de competencia local ha marcado su carrera y es la razón por la cual su crecimiento depende del fogueo internacional. “Él tiene que foguearse muchísimo para volver a su nivel, sobre todo internacionalmente, porque acá no hay jugadores de su clase y su limitación es muy específica”, dice su antiguo entrenador, quien insiste en que solo enfrentando a rivales de su categoría en el exterior podrá cerrar la brecha que hoy lo separa de la élite.


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Por supuesto, esa distancia no frenará su camino: “Tengo varios planes para llegar. Quedar en el top 10 del ranquin o clasificar a través de los Parapanamericanos de Lima. También está el Preolímpico o llegar por invitación, con wildcard. Si soy sincero: no sé si lo voy a lograr. Sé que he perdido muchas veces, pero sigo intentándolo”.


Es obstinado, por eso empezamos el texto con la canción de Alberto Cortez, que dice: “Quiso volar igual que las gaviotas. Libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron: ¡Pobre idiota! ¡No sabe que volar es imposible! Mas extendió las alas hacia el cielo. Y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo. Guardando la cordura”.


Los Paralímpicos son su castillo en el aire y el camino hacia esa cumbre apenas comienza.

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Preparación

Precalienta el horno a 180°C.

En un bowl, mezcla los huevos, el yogur griego, la leche, la vainilla y la miel hasta que todo esté bien integrado.

Agrega el zumo de limón y la ralladura, mezcla nuevamente.

Incorpora la harina de avena y el polvo de hornear, mezcla suavemente hasta obtener una mezcla homogénea.

Añade los arándanos y mezcla con movimientos envolventes.

Lleva la mezcla a un molde previamente engrasado.

Hornea durante 20–25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Deja enfriar unos minutos y ahora si a disfrutar.

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Un poco de la historia del limón

El limón es un fruto originario del Sudeste de Asía, entre India y China. En el siglo 4 a. C,, el rey Alejandro Magno fue quien lo introdujo a los países mediterráneos durante sus viajes. Después fue trasladado a América por Cristóbal Colón. Inicialmente se volvió muy popular en países como México.

Además de ser reconocido por sus altas cantidades de vitamina C, este fruto es un ingrediente muy utilizado en la cocina para preparar batidos, jugos, helados, mermeladas, pescados, también como conservante y aromatizador.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Comprar vivienda con apoyo estatal es un logro. Venderla después, otro.

La pregunta sobre los tiempos permitidos aparece en notarías, cajas de compensación y chats de asesoría, casi siempre acompañada de filas, turnos y respuestas incompletas.

La respuesta corta: 10 años.

Ese plazo aplica a viviendas VIS y VIP adquiridas con subsidios de Mi Casa Ya, cajas de compensación, esquemas de concurrencia o programas territoriales.

Ese límite queda inscrito en el certificado de tradición como una anotación que bloquea cualquier transferencia mientras esté activa. Las notarías revisan ese punto antes de avanzar con una escritura, y si la restricción sigue vigente, el proceso se detiene.

La base está en la Ley 3 de 1991, la Ley 388 de 1997, la Ley 2079 de 2021 y la reglamentación de Fonvivienda sostienen el mismo principio: el subsidio se otorga para garantizar acceso y permanencia, no para dinamizar el mercado de reventa.

Por eso, las viviendas nuevas con subsidio se mueven rápido, mientras que las usadas con restricción activa casi no circulan.

¿Por qué existe este plazo?

El subsidio está diseñado para acceso y permanencia.

El Estado financia una parte de la compra con la condición de que la vivienda cumpla su función habitacional durante un periodo prolongado. Ese es el espíritu detrás de la restricción.

¿Se puede vender antes de los 10 años?

Sí, pero el camino es estrecho. Existen dos rutas:

1. Devolución del subsidio recibido: la devolución puede ser total o proporcional, según el programa y el tiempo transcurrido. Ese cálculo lo define la entidad que asignó el beneficio.
2. Autorización de la entidad que lo otorgó: requiere una solicitud formal. Las cajas de compensación, Fonvivienda o las alcaldías evalúan motivos como traslado laboral, dificultades económicas o cambios en la composición del hogar.

El primer camino implica pagar el valor del subsidio. En algunos casos, el monto se ajusta según el tiempo transcurrido.

El segundo requiere una solicitud formal. Las entidades evalúan situaciones como traslado laboral, dificultades económicas o cambios en el hogar.

Ambas opciones terminan en el mismo paso: levantar la restricción en el registro.

¿Qué pasa con subsidios parciales?

La regla es la misma.

El tamaño del subsidio no modifica la restricción. Un aporte pequeño activa la misma condición que uno mayor.

¿Aplica igual en programas de ciudades?

Sí.

Programas de Bogotá, Medellín, Barranquilla y otros territorios mantienen el mismo esquema de diez años. Las alcaldías o entidades locales administran las autorizaciones anticipadas.

¿Qué documentos se necesitan para vender?

• Certificado de tradición actualizado.
• Soporte de levantamiento de la restricción.
• Paz y salvo del subsidio, cuando hubo devolución.
• Autorización formal, si la venta es anticipada.
• Escritura original del inmueble.

¿Qué puede frenar una venta?

• Restricción vigente en el folio de matrícula.
• Solicitud de autorización incompleta o negada.
• Devolución pendiente del subsidio.
• Errores en datos del propietario frente a registros oficiales.
• Procesos sucesorales o embargos sobre el inmueble.

¿Qué pasa si se intenta vender sin levantar la restricción?

La notaría no autoriza la escritura.

Y si alguien intenta rodear el proceso con contratos privados, el riesgo jurídico es alto: la transferencia no queda registrada y el comprador queda expuesto.

¿Se puede arrendar la vivienda durante esos 10 años?

Depende del programa y de las condiciones firmadas al momento de recibir el subsidio.

En muchos casos se exige ocupación como vivienda principal. El arriendo puede generar incumplimientos y abrir procesos de revisión del beneficio.

¿Cómo verificar el estado de la vivienda?

El certificado de tradición y libertad concentra la información clave.

Ahí se ve la anotación del subsidio, la vigencia de la restricción y cualquier carga adicional sobre el inmueble.

Revisarlo antes de negociar evita pérdidas de tiempo.

En un entorno de tasas altas y oferta nueva más lenta, la movilidad residencial depende de reglas claras. La de los diez años sigue siendo una de las más determinantes.

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El mundo de las motos cada vez está más cerca de las pistas. Buena parte de ese interés ha sido gracias a la apuesta de las marcas por conformar un equipo que dispute el GP Colombia, la competencia más importante de motovelocidad en el país, organizada por Fedemoto, y por eso el anuncio de la nómina de pilotos que este año buscará el título para su divisa y uno de sus lanzamientos más esperados son motivos suficiente para hablar con Alejandro Millán, gerente de marca de BMW Motorrad en Colombia.

¿Cómo les fue en esa primera temporada? ¿Qué aprendieron como marca?

BMW Motorrad tuvo un equipo de motovelocidad hace casi 10 años y estuvimos como unos ocho años por fuera. Esta es de esas apuestas donde uno como equipo, porque fue todo el equipo, gracias al análisis y al profesionalismo, nos dimos cuenta de que teníamos una falencia y un gran hueco en el segmento “sport” y el mundo “roadster”. También tratamos de hacer un equipo con gente muy seguida en redes sociales, con buena amplificación de mensajes. Cuando uno suma esa amplificación, una marca reconocida y excelentes productos, creo que logramos combinar todo bien para armar el equipo. Si bien, y soy 100 % sincero, los resultados deportivos pudieron ser mejores el año pasado, en términos de exposición de marca logramos algo importante. Quisimos darle la misma experiencia que vive un cliente cuando compra una moto en una vitrina, pero llevada a los pilotos y al público en el autódromo. Esta es una marca aspiracional, y cuando le mostramos eso a los motociclistas, junto con personajes aspiracionales, ahí hicimos un clic. Eso ha hecho que estemos vendiendo más en este segmento y que haya más confianza.

Más allá de las ventas, frente a innovación técnica, motos y motorización, ¿qué se puede esperar?

Si comparamos la tecnología de este año versus el año pasado, es básicamente la misma, siendo sincero. Son motos que se lanzaron hace año y medio, en noviembre de 2024, y el 80 % de nuestros pilotos tiene motos de ese lanzamiento. Son motos con las últimas programaciones de BMW en motor, transmisión y suspensión. Tenemos muy buena tecnología tanto en altas como en bajas velocidades, en ciudad o en autódromo. Eso caracteriza a BMW: una moto confiable en todos los sentidos.

¿Cómo ven el primer cierre del mercado en el primer semestre y lo que viene?

Le soy sincero, estuvimos impresionados con el mercado el año pasado, llegando a más de 1.100.000 motos. Eso nos pone en un mapa mundial muy fuerte. El 96 % es de bajo cilindraje, pero en el segmento “premium”, donde estamos nosotros, también tuvimos un efecto positivo. No creí que terminando el primer trimestre estuviéramos creciendo más de un 30 %. La dinámica este año ha sido excelente. En enero hubo temor por la emergencia económica, porque afectaba a motos de más de 260 cc, pero tras la suspensión el mercado reaccionó. Tuvimos buen febrero y el mejor marzo en ventas. Hoy estamos creciendo cerca de un 30 % frente al año anterior, muy similar al mercado, y esperamos que siga así.

En un año electoral como este, ¿qué esperan como marca?

Más que lo electoral, es la confianza del consumidor y la tasa de cambio lo que mueve el mercado. Sea de derecha o izquierda, lo que más impacta es la confianza del consumidor. Hemos tenido buenos resultados incluso en contextos distintos; entonces hacia allá es donde lo estamos viendo.

Ahora que crece el proyecto, ¿qué pueden esperar para esta nueva temporada?

Las bases ya están. Ya le creen al equipo, ya hay buena exposición. Ahora nos vamos a enfocar más en lo deportivo. Crecimos el equipo, estamos aumentando probabilidades de hacerlo mejor y también hemos vinculado gente con buen alcance en redes. Mostrar sus experiencias como pilotos hace que la gente tenga referentes y se quiera acercar a la marca.

¿Qué metas tienen en ventas y lanzamientos?

Queremos tratar de sobrepasar las 2.200 motos este año. El año pasado vendimos más de 2.100, el mejor año de la historia. Vamos a lanzar la nueva F450GS, que para mí es la moto más importante de la marca en los últimos años. Es el reemplazo de la 310 GS, que ha sido la más vendida. Esperamos que genere buen volumen. La preventa comienza el 21 de mayo en la Feria de las Dos Ruedas en Medellín. Creemos que esa moto nos va a ayudar bastante.

¿Cómo ven a Bogotá y Medellín como mercados?

Son nuestras dos ciudades más importantes, representan cerca del 70 % de las ventas. Bogotá entre el 45 % y 55 %, Medellín entre el 15 % y 20 %. Medellín es la cuna de las motos de alto cilindraje, especialmente de aventura, donde tenemos muy buena participación. Bogotá también es muy fuerte, y estamos trabajando en mejorar el segmento de entrada para acompañar la llegada de la 450.

Israel Romero dedica su vida al vallenato. Nació el 15 de octubre de 1955 en Villanueva, La Guajira. El acordeonero, conocido como “Pollo Irra”, descubrió su pasión por la música desde muy joven. A los 12 años ya tocaba el acordeón con una habilidad impresionante, acción que marcaría el comienzo de una carrera que cambiaría el rumbo del género. Hijo de Escolástico Romero y Ana Antonia Ospino, y el quinto de nueve hermanos, creció en el corazón de una de las dinastías musicales más emblemáticas del Caribe colombiano. Su formación no se limitó solo al arte: completó sus estudios de bachillerato y más tarde comenzó a prepararse en derecho en Barranquilla, la ciudad donde también tomaría una de las decisiones más importantes de su vida.

El nacimiento de una leyenda

Cuando Israel llegó a Barranquilla, la ciudad lo recibió como si fuera un músico destinado a brillar. Allí se reencontró con Rafael Orozco Maestre. Se habían cruzado antes en Manaure, durante una presentación, y entre ellos había florecido una gran amistad. El 16 de junio de 1976 unieron sus nombres y sus talentos bajo un nombre que, en su momento, Israel explicó de manera sencilla: “Binomio porque éramos los dos, y oro porque es Organización Romero Orozco”. Rápidamente la agrupación revolucionó el vallenato con un sonido moderno y una propuesta ambiciosa con temas como “La creciente”, “Momentos de amor” y “Bonito amor”.

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Romero no solo fue un maestro del acordeón, sino también un gran estratega. Bajo su dirección el Binomio de Oro inició giras que comenzaron en Colombia y rápidamente se expandieron a Venezuela, el Caribe y otros países de América y Europa. “Nosotros en todo el trasegar de nuestra trayectoria, de nuestro recorrido por el mundo, hemos tenido momentos muy brillantes, muy espectaculares, uno diferente al otro; primero cuando comenzamos a convertir en nacional la música en ciertos lugares donde no había llegado nuestro género aquí en nuestro país. Nos tocó visitar ciudades como Quibdó, Cali, Medellín, Leticia y toda la geografía nacional, y después cuando salimos a internacionalizar a través de Venezuela el vallenato. Comenzamos por Venezuela, Aruba, Curazao, Martinica, todas esas islas y luego a Estados Unidos, Europa y a toda Latinoamérica. Después vinieron muchos premios en Venezuela y Colombia, muchos Congo de Oro, después una gran presentación en el Madison Square Garden. Hay muchos momentos que vivimos intensamente y que seguimos viviendo con nuestra agrupación”, dijo el artista para “Vea”, de El Espectador.

Dificultades, pausas y un legado que sigue vigente

La vida de Romero ha estado marcada por altibajos. En 1988 recibió un diagnóstico de cáncer que lo llevó a hacer una pausa en su carrera musical. Sin embargo, gracias a un tratamiento efectivo, logró vencer la enfermedad y volvió a los escenarios en 1989. Años más tarde, el 11 de junio de 1992, se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida: el asesinato de Rafael Orozco. Ese trágico suceso detuvo al grupo. De hecho, el “Pollo Irra” pensó en retirarse definitivamente de la música; no obstante, reorganizó la agrupación, que desde entonces se conoce como Binomio de Oro de América. “Mis recuerdos con mi compadre Rafael Orozco son exquisitos, fueron grandes hasta que Dios se lo llevó, pero lo tenemos en el corazón. Él se llevó su parte física, pero energética y espiritualmente vive con nosotros”, dijo.

La “universidad del vallenato”

Bajo su dirección, el Binomio se convirtió en un semillero donde han florecido voces como las de Gaby García, Jean Carlos Centeno, Richard Salcedo, Jorge Celedón, Júnior Santiago, Alejandro Palacio, entre otros. “Yo estoy muy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de tener en mi agrupación a grandes artistas, grandes lumbreras que hoy brillan con luz propia y también ejecutores del instrumento, los que pasaron por aquí, por la universidad del vallenato, tanto del acordeón como de los otros instrumentos que son parte de la música vallenata. Hoy día cada uno de ellos está haciendo su propio camino, y eso para mí es un orgullo”.

Esa visión formativa también ha dejado su huella en el ámbito familiar. Hoy su hijo Israel David sigue su legado dentro de la agrupación. “Todo lo que nos ha sucedido ha sido muy especial, muy bueno, y que mi hijo sea el portador ahora de la antorcha del Binomio de Oro es una obra que más en mi trasegar de la vida es mi universidad del vallenato. Le estoy dejando el legado a él, lo estoy entrenando lo mejor posible, sobre todo para que maneje ese profesionalismo, esa disciplina, ese buen comportamiento social como lo hicimos nosotros, y él realmente lo ha asimilado muy bien”.

Innovador con raíces firmes

Para su hermano, el compositor Rosendo Romero, el mayor logro de Israel Romero ha sido darle un giro moderno al vallenato sin sacrificar su esencia. Su enfoque no solo fue musical, sino también empresarial: profesionalizó la agrupación, mejoró sus estándares logísticos y la posicionó como una orquesta de renombre internacional. “Mi hermano ha sido una persona que innovó, pero nunca se separó de la raíz, que es lo más importante que él ha hecho en su carrera profesional. Lo que el Binomio propuso fue emprendimiento. La agrupación era una empresa, fueron los primeros que tuvieron mánager, su propia oficina, fueron los primeros en viajar en buses climatizados, en estar en buenos hoteles, en viajar en avión y todas esas cosas que le dieron el estatus de orquesta internacional. Son 50 años de trayectoria. Creo que la vigencia del Binomio de Oro es indiscutible”.

Un merecido homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata

La 59ª edición del Festival de la Leyenda Vallenata, que se lleva a cabo en Valledupar desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2026, le dedicó el homenaje especial, a él, a su agrupación Binomio de Oro de América y al recuerdo y legado de su compadre Rafael Orozco. Este reconocimiento es, sin duda, uno de los más esperados por los apasionados del folclor colombiano. “Estoy muy contento, muy complacido, con todo lo que pasó alrededor de este certamen tan maravilloso. Seguimos vigentes, porque tenemos cada vez más interés en la gente que nos sigue, más proyección internacional”, dijo el artista, quien ha sido inspiración para las nuevas generaciones, a quienes les deja un mensaje claro: “Mi consejo es que vuelvan a la poesía, que sepan que el vallenato es poesía, respeto y es nuestro orgullo. No podemos dejarlo destruir por la vulgaridad, por las expresiones negativas. A los muchachos de la nueva ola que tocan muy bien sus instrumentos, que hacen buena música, pero les falta que aboquen a la poesía, les digo que se aboquen al buen comportamiento, que la tarima hay que respetarla, porque el público que quiere al artista es grande”. Medio siglo después, el “Pollo Irra” sigue tocando. Su historia continúa.

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La playa de Copacabana, en Río de Janeiro, volvió a recibir un gran espectáculo musical con la presentación de Shakira en la noche del 2 de mayo, un concierto gratuito que reunió a cerca de dos millones de personas. El evento hizo parte de la iniciativa cultural y turística ‘Todo no Rio’ y se integró a su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, en lo que ha sido señalado como uno de los conciertos con mayor asistencia de su carrera.

Desde horas antes del inicio, la marea humana ya ocupaba toda la franja costera, en un montaje que transformó la icónica playa en un escenario masivo con pantallas gigantes, torres de sonido y una producción de escala internacional.

Así fue el concierto de Shakira en Copacabana 2026

El espectáculo comenzó con un despliegue visual de drones que iluminaron el cielo con figuras alusivas a la artista, incluyendo una loba y mensajes de amor a Brasil, como “Te amo, Brasil”, lo que marcó el inicio de una noche altamente emocional y simbólica.

Shakira abrió su presentación con ‘La Fuerte’, seguida de una cadena de éxitos que encendieron a la multitud: ‘Girl Like Me’, ‘Las de la intuición’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘La Tortura’, ‘Whenever, Wherever’ y ‘Waka Waka’, entre otros temas que recorrieron distintas etapas de su carrera.

Según registros de medios como G1/Globo y Euronews Brasil, el show se extendió por más de dos horas y mantuvo una energía constante con coreografías, cambios de vestuario y una puesta en escena que combinó tecnología, baile y una narrativa definida.

¿Quiénes fueron los invitados de Shakira a Copacabana?

Uno de los momentos más celebrados del concierto fue la participación de Anitta, quien subió al escenario junto a Shakira para interpretar por primera vez en vivo su colaboración ‘Choka Choka’.

Más adelante, el show abrió paso a una secuencia dedicada a la música brasileña. Allí, Caetano Veloso apareció en el escenario junto a Shakira para interpretar el clásico ‘Leãozinho’, en una presentación acompañada por guitarra en vivo y una fuerte respuesta del público. Posteriormente, Maria Bethânia se unió a la artista colombiana para interpretar ‘O Que É, O Que É?’, de Gonzaguinha.

El cierre de este bloque de invitados estuvo marcado por la aparición de Ivete Sangalo, quien compartió escenario con Shakira en la interpretación de ‘País Tropical’, de Jorge Ben Jor. Su participación fue una de las más celebradas de la noche y consolidó el carácter colaborativo del espectáculo en su paso por Brasil, integrando distintas generaciones de la música del país en un mismo escenario.

¿Qué otros momentos marcaron la noche?

Uno de los instantes más virales fue el discurso de Shakira en portugués, donde recordó su primera visita a Brasil a los 18 años y expresó su emoción por volver a cantar frente a millones de personas. También dedicó parte del show a las mujeres y a las madres solteras, en un mensaje de empoderamiento que ha sido constante en su gira.

El inicio con drones, las interpretaciones en vivo y la conexión con el público fueron descritos por G1 como “apoteósicos”, con una artista completamente entregada al escenario y al público brasileño.

El inicio del concierto registró un leve retraso respecto a lo programado, lo que generó expectativa entre los asistentes que ya colmaban la playa de Copacabana, así como algunos rumores en redes sociales. Sin embargo, una vez iniciada la presentación, el espectáculo se desarrolló con normalidad.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió formalmente el estudio de la solicitud que busca revocar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Mediante un auto fechado el 16 de abril de 2026, la autoridad electoral ordenó la apertura y práctica de pruebas para esclarecer presuntas irregularidades en la recolección de las firmas que avalan su aspiración.

El proceso se originó a raíz de una petición interpuesta por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien solicita anular la inscripción del candidato, la cual está avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Defensores de la Patria”. Según el denunciante, la campaña habría radicado de mala fe documentos falsos y apoyos que no corresponden al puño y letra de los ciudadanos registrados en los formularios, señalando que estas conductas podrían encuadrar en delitos como falsedad en documentos públicos, fraude procesal y concierto para delinquir.

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Frente a las acusaciones, la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández determinó que el tribunal aún no cuenta con los elementos de juicio suficientes para emitir una decisión de fondo, por lo que decretó el recaudo probatorio.

En este sentido, el CNE le dio un plazo de cinco días hábiles a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional para entregar los formularios E-6P, y E-8P de la inscripción de esa candidatura; la certificación del número total de firmas entregadas por la campaña, cuántas de estas fueron declaradas válidas y cuáles fueron los motivos legales para rechazar o anular los apoyos invalidados.

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El tribunal electoral también le solicitó al denunciante Marceliano Julio Fonseca Bolívar compartir de “forma clara, precisa y concreta la causal de revocatoria que invoca, de la misma forma que allegue el material probatorio que considere útil, conducente y pertinente a la solicitud objeto de estudio”; esto debido a que Fonseca no presentó material probatorio en su denuncia.

También pidió al movimiento Defensores de la Patria y a su candidato, Abelardo De la Espriella, presentar evidencias para defenderse ante estas acusaciones y pronunciarse sobre estos hechos en los próximos cinco días.

Tras conocerse la indagatoria, De la Espriella aseguró que su candidatura está en firme. “Todas las firmas recogidas fueron verificadas y validadas por la Registraduría. Y con ellas se sustentó mi aval; la inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado. No hubo irregularidades, todo fue revisado hasta la saciedad”, aseveró el aspirante de Defensores de la Patria.

Puede leer aquí el auto:

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Hace unos días se conoció que el Ministerio de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, estaría trabajando en una posible reforma del Decreto 1279 de 2002, que define cómo se calculan los salarios de los profesores de planta de las universidades públicas. Es un modelo que fue creado, en principio, para incentivar la investigación en el país, pero tras más de dos décadas, hoy genera tensiones y preguntas en el sector. Los casos de algunos pocos docentes que han reportado salarios mensuales que oscilan entre los COP 50 y los COP 60 e, incluso, se acercan a los COP 90 millones, constituyen una de las razones para que algunos actores pidan una reforma urgente.

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Una de las primeras aclaraciones que hace Diego Cortés, del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, para abordar esta discusión, es que estos casos no representan a la mayoría de los profesores de las universidades. Por ejemplo, un análisis de Guberney Muñeton, profesor de la Universidad de Antioquia (UdeA), encontró que en 2024 el salario promedio de los docentes de planta en esa institución rondaba los COP 10.500.000. Al ampliar la mirada a nivel nacional, identificó que apenas el 1 % alcanza esos salarios exorbitantes. “Esos casos provienen de prácticas específicas que ya se conocen, pero siguen intactas”, dice.

En la Universidad Nacional ocurre algo similar. Según Andrés Mora, quien se desempeñó recientemente como rector encargado, antes de Ismael Peña, la mayoría de los profesores gana menos de COP 15 millones mensuales. Un grupo menor se ubica hasta los COP 20 millones y, a partir de ahí, los salarios más altos son escasos, pues no representan ni el 1 %.

Sin embargo, justo por esos profesores es que, nuevamente, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar ese sistema, pues, para algunos conocedores del sector, tiene unas grietas que hay que sellar.

Se trata de un sistema que, como explica Ignacio Mantilla, matemático y exrector de la Universidad Nacional, estableció un esquema que le permite a los profesores “ganar” puntos, lo cual se ve representado en un mejor salario. Son puntos que, anota, son asignados principalmente por los títulos que tenga cada persona, su trayectoria y su producción académica. Su valor se ajusta cada año con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, mientras en 2002 cada punto costaba cerca de COP 6.000, hoy ronda los COP 23.924.

Son puntos que se acumulan a lo largo de la carrera y tienen efectos permanentes. Por ejemplo, una publicación hecha hace diez años sigue impactando el ingreso actual de un docente. Es decir, que si un profesor obtuvo 100 puntos en 2010, ese valor se incorporó a su base salarial y, desde entonces, es dinero que se ha mantenido hasta este año. “Hay maestros que han acumulado a lo largo del tiempo muchos puntos por esas publicaciones”, reconoce Mantilla.

En su más reciente columna de opinión, Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, sintetiza lo que está sucediendo: “el problema no es que se premie la investigación, sino que ese premio sea permanente, acumulativo y salarial, sin topes efectivos ni relación clara con la disponibilidad presupuestal de las instituciones”.

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Ramón Fayad, profesor emérito y exrector de la Nacional, tiene una analogía para señalar que, si bien con el decreto de 2002 se buscó incentivar la producción académica, ha habido algunos casos que abusaron de esa falta de límites y comenzaron a publicar artículos a un ritmo sorprendente. “Es como si Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa hubiesen publicado cinco o seis novelas en un año. No es algo ilegal, pero es imposible”, plantea.

Un modelo pensado para incentivar la investigación

El modelo que hoy está siendo debatido no nació con el decreto de 2002. Es la versión más reciente de un esquema que empezó a tomar forma en los años noventa. Orlando Acosta, químico y profesor de la Nacional, recuerda que surgió en esa universidad en medio de los bajos salarios de los profesores de carrera.

Uno de los primeros cambios quedó consignado en el Decreto 910 de 1992. La idea era simple: buscaba convertir la formación, la experiencia y la producción académica en puntos, y esos puntos, a su vez, en salario. Con ese sistema, un docente podía sumar un puntaje por casi todo su recorrido: desde el pregrado y el posgrado hasta su lugar en el escalafón y sus publicaciones. Cada punto tenía un valor definido y el ingreso resultaba de toda la acumulación.

Para administrarlo, se crearon comités encargados de evaluar la producción y asignar los puntos. Allí se decidía qué contaba como producción académica y cuánto valía. En pocos meses, el modelo empezó a extenderse a otras IES, por petición de los propios docentes, y terminó consolidándose en normas como el Decreto 1444 de 1992. Con el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer las primeras tensiones. Hubo casos en los que se buscaban puntos con publicaciones de baja exigencia (por ejemplo, sin una revisión por pares rigurosa) o con productos que difícilmente pasarían filtros académicos más estrictos, como textos publicados en periódicos.

Esas grietas llevaron a varios ajustes. A comienzos de los 2000, el Gobierno, encabezado por Andrés Pastrana, intentó introducir cambios mediante el Decreto 2912 de 2001 para limitar el impacto de algunos reconocimientos en el salario y trasladarlos a bonificaciones que los docentes recibían una única vez. La reacción fue inmediata: sindicatos y profesores advirtieron que estas medidas afectaban el desarrollo de la ciencia en el país. Tras protestas y negociaciones, se expidió el Decreto 1279 de 2002, que sigue vigente.

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Francisco Lloreda, ministro de Educación de la época y pieza clave en la construcción de este documento, nos contó en 2024 que el objetivo era afinar el modelo, especialmente para que los títulos académicos y la experiencia siguieran siendo los factores que más puntos otorgaran a los docentes. También se dio libertad a las universidades para conformar los comités de asignación de puntos.

Hoy, en la práctica, eso quiere decir que los profesores reciben puntos por publicar en revistas indexadas, clasificadas en categorías como A1, A2, B o C, así como por la difusión de sus trabajos en otros formatos.

En palabras más sencillas, indica Diego Cortés, el sistema parte de una lógica: los profesores ingresan con un salario de enganche, cercano a los COP 4.500.000, y este crece con el tiempo a medida que acumulan puntos. De acuerdo con el decreto, los artículos pueden otorgar 15 puntos si se publican en revistas A1; 12 en A2; 8 en B; y 3 en C. Los puntajes se asignan completos si hay hasta tres autores; se reduce a la mitad si son cuatro o cinco autores; y se divide entre la mitad de quienes firman el artículo, en caso de que sean seis o más.

Si bien el objetivo era fortalecer la investigación, en opinión de Cortés, el modelo también terminó derivando, en algunos casos, en salarios exorbitantes, un aumento acelerado de artículos académicos e incluso coautorías repetidas. Dos décadas después, el sistema sigue siendo el principal referente para determinar los salarios de los docentes de carrera en las universidades públicas.

Las grietas del sistema

Los problemas con las publicaciones aparecieron casi al mismo tiempo que el Decreto 1279. En un comienzo, eran admitidas aquellas revistas que contaran con pares académicos (que garantizan una revisión del artículo) y que hicieran parte de Publindex, el sistema del Minciencias diseñado para evaluar y clasificar la calidad científica de las revistas en el país. Pero con ese ajuste se abrió otro grifo difícil de contener: en muchos departamentos de las universidades empezaron a surgir revistas especializadas y con ellas también aparecieron prácticas cuestionables.

Otro profesor de la U. Nacional, que entiende los retos del modelo pero prefiere no ser citado, recuerda a colegas que se evaluaban entre sí y, en ese proceso, terminaban acumulando puntos.

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Años después, en 2017, Colciencias (hoy Minciencias) encontró que una buena parte de esos artículos tenía bajo nivel de citación. Como el factor de impacto era reducido, decidió disminuir el número de revistas válidas para asignar puntaje salarial, explicó Margarita Garrido, directora de la entidad entre 2008 y 2012, en entrevista con este diario en 2024. Favio Andrés Flórez Carranza, coordinador de revistas científicas de la Editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, también señaló en 2018 que esta depuración se percibía necesaria “por los deficientes indicadores de calidad y los problemas de sustentabilidad en el régimen salarial…”. Así, de 604 revistas postuladas, solo 121 pasaron a la fase final y, finalmente, se clasificaron 100 en categorías A1, A2, B y C.

A pesar de estos ajustes, el valor de algunos sueldos volvió a llamar la atención, pues ha habido profesores que incrementaron su nivel de producción de artículos de forma acelerada. ¿Cómo? A través de otras prácticas como, explica Muñeton, la publicación en revistas predadoras (o Predatory Journals, como las conocen en inglés).

En algunas ocasiones, estas revistas cobran por publicar, pero no cuentan con procesos editoriales rigurosos que garanticen una profunda evaluación de pares. OMICS International es una de las más conocidas. En algunos casos, incluso, los artículos terminan siendo retirados. “Pero los puntos no se eliminan. Siguen siendo parte del salario”, recalca Cortés, candidato a doctor en Ciencias Económicas.

También hay empresas que ofrecen publicar artículos en tiempos cortos en revistas con las que tienen convenios. A esto se suman situaciones en las que el docente es editor o tiene vínculos con la revista en la que publica. “Al final terminan aceptando sus mismos papers”, asegura Muñeton, que agrega una práctica más: hay textos que no cumplen estándares académicos, pero terminan siendo incluidos como artículos formales.

Otra práctica es la que algunos llaman el “cartel de la citación”. “Yo te cito a ti, tú me citas a mí”, resume Cortés. Y a esto se suma la coautoría con estudiantes de posgrado, donde los alumnos escriben los artículos y el profesor, como asesor, aparece como autor. “A veces la contribución es mínima, pero recibe el 100 % del valor del punto. Sin contar que también le pagaron por la asesoría”, menciona Muñeton, economista y especialista en estadística.

Para Andrés Mora, PhD en Desarrollo y Estudios Políticos, estos comportamientos tienen un origen estructural porque el sistema privilegia la investigación sobre otras funciones universitarias: “No premia o no valora a los profesores que hayan hecho formaciones específicas en temas pedagógicos”.

En ese contexto, la prioridad se desplazó hacia la producción de artículos y, como advierte Luz Karime Abadía, de la U. Javeriana, en su columna, el problema no es incentivar la investigación, sino la forma en que ese incentivo terminó operando dentro del sistema. Por eso, como recuerda Cortés, hay un viejo refrán entre quienes hacen parte de la academia: “publica o muere” o publish or perish, como le dicen en inglés.

Topes, ¿una solución?

Desde hace años se han planteado distintas propuestas para modificar este sistema. Ignacio Mantilla, por ejemplo, recuerda que durante su segundo período como rector de la Universidad Nacional (2015-2018), propuso establecer un tope: que a un profesor se le reconociera económicamente una sola vez por cada artículo publicado. “Sería como un estímulo anual o limitar lo que va a la base salarial a un número determinado de puntos”, plantea.

Para Guberney Muñeton, sin embargo, ese tipo de medidas no resuelve el fondo del problema. Antes de poner límites, sostiene, habría que identificar qué prácticas están generando dudas o irregularidades.

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En 2018, el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Representantes Universitarios (ASPU) también pusieron sobre la mesa otra alternativa: fijar un tope salarial cercano a los COP 15 millones y, a cambio, otorgar beneficios según la categoría académica (profesor auxiliar, asistente, asociado y titular). La propuesta no prosperó.

Ahora, la discusión volvió a abrirse con el borrador de decreto del Ministerio de Educación que se conoció en las últimas semanas. En una primera versión, que se filtró, una de las ideas que generó mayor rechazo fue la de atar los salarios de los docentes a los de gobernadores o alcaldes. A los ojos de Muñeton, esto habría congelado los ingresos de profesores en ciudades de menor categoría desde el primer día, “condenando a las regiones a una regresividad fuertísima en términos educativos”.

Ese punto fue eliminado en un segundo borrador. En su lugar, reapareció la idea de establecer topes, aunque sin definiciones claras. Jorge Cáceres Malagón, profesor de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander (UIS), advierte que, sin reglas homogéneas, estos límites podrían abrir la puerta a nuevas desigualdades entre universidades, al quedar sujetos a decisiones internas y a la disponibilidad presupuestal.

Por ahora, y en medio de todas estas posiciones encontradas, el ministro Daniel Rojas precisa que están recogiendo las inconformidades del sector. “No vamos a emitir ningún decreto modificatorio del 1279 sin antes escuchar a todos los actores implicados”, dice a El Espectador.

El siguiente paso, subraya Rojas, será abrir mesas de trabajo. “Responsablemente, lo que pudiéramos dejar son unas bases para que el próximo gobierno tenga información más detallada y pueda tomar una decisión correcta”, añade.

Mientras avanzan esas discusiones, desde la academia han surgido otras propuestas. Ramón Fayad plantea que las bonificaciones podrían ajustarse con el IPC y entregarse una única vez, como ocurre en la mayoría de las universidades privadas. Muñeton, por su parte, insiste en que es necesario regular los comités que asignan puntajes y revisan cómo evalúan la producción académica, porque, a su juicio, “ese es gran parte del problema”.

Por ahora, el debate sigue abierto y con otras preguntas sobre las que no hay respuesta clara: ¿Cómo construir un sistema que premie el mérito sin terminar desdibujándolo? Si se establecen topes, ¿qué ocurrirá con quienes ya los superaron?

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El martes pasado se cumplieron dos meses de la guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. A pesar de obedecer a una lógica ya conocida en las tensiones entre estos países, el conflicto sí ha redefinido, en cierta forma, a los ganadores y perdedores en este tipo de escaladas. Claro, si hablamos de “ganar” hay que mencionar que el presidente Donald Trump ha clamado más de una vez la victoria en esta guerra, a pesar de que luego diga que la victoria está cerca.

De tanto usarla, ¿se devalúa la palabra “ganar”? Es relativo, pero el desgaste también se ve cuando, pese a plazos cortos y anuncios de victorias inminentes, Trump advierte que el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolongará. Es una medida de la han hecho uso tanto Estados Unidos como Irán, que controla los puertos cercanos a este paso marítimo por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial y entre el 20 y 30 % del gas natural. “El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Están sofocados como un cerdo relleno”, afirmó el presidente a Axios la semana anterior.

La cuestión es que, incluso si Estados Unidos levantara su bloqueo mañana mismo, eso no garantizaría el regreso de la estabilidad ni de las condiciones de seguridad previas al 28 de febrero, cuando comenzó la guerra. Más allá de la presión militar que ejerce con su despliegue en Oriente Medio, no puede asegurar a sus aliados que sus barcos podrán transitar nuevamente sin riesgo. Lo que gana en demostración de fuerza lo pierde en control estratégico: deja de ser un asunto puramente energético —en el caso de Ormuz— y abre la puerta a cuestionar cómo funcionará el sistema en adelante. Más que redefinir quién gana la guerra, lo que está en juego es cómo se reparten el poder, los costos y la capacidad de decisión en el sistema internacional.

“Puedes destruir instalaciones nucleares, y aun así no controlar el caos que generas. Cuando esa distancia entre lo que proclamas y lo que logras se vuelve visible, deja de ser un problema de imagen y empieza a erosionar la arquitectura de disuasión misma”, explica Dorian Kantor, analista y consultor en Kantor Consulting.

El analista recuerda un elemento que, a la luz de este planteamiento, puede interpretarse como una derrota para EE. UU. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, Washington declaraba mantener Ormuz abierto como un interés permanente, y ya van dos ocasiones en que eso se pone en duda. Cuando Trump comparó a los iraníes con un “cerdo relleno”, también advirtió que el bloqueo podría durar meses. Siguiendo la lógica de ganadores y perdedores, y mirando a Irán, pese a que el conflicto ha dejado más de 3.000 muertos —según el último informe oficial a inicios de abril—, Kantor resalta una victoria, aunque sea modesta: Irán entendió que no necesita ganar militarmente, sino resistir el tiempo suficiente para que el costo político del atacante se vuelva insostenible.

El problema, como ya se ha visto, es que esto no se limita a una cuestión regional. Con Ormuz cerrado, los mercados reaccionan a cada decisión y declaración. Sin embargo, como explica David Castrillón-Kerrigan, analista y docente de la Universidad Externado, a estas alturas los países ya no esperan que Estados Unidos garantice la seguridad: se están adaptando. Según “The Economist”, Guyana es uno de los principales beneficiados indirectos de la crisis: su economía petrolera se ha quintuplicado desde 2019 y, con el alza de precios tras la escalada con Irán, sus ingresos se han disparado. En cifras concretas, los ingresos petroleros pasaron de unos USD 370 millones semanales a cerca de USD 623 millones, impulsados por precios más altos y mayor producción.

Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, anunció su retiro de la OPEP y de la OPEP+, el grupo de grandes exportadores que fija topes de producción e influye en la oferta y los precios a nivel global. La decisión desafía el poder de Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos y con una influencia marcada en las dinámicas de la OPEP entre los productores de Oriente Medio. Todos se están moviendo, ya sea con anuncios como este o de forma más discreta, pero proyectando algo que quizás Estados Unidos ha dejado de ofrecer: confianza. “En quien más pienso es en China, que ha mostrado que sus políticas en años recientes han sido correctas. Blinda su economía de los altibajos en las cadenas globales de valor, incluido el sector energético”, señala Castrillón.

Si se habla de China, vale la pena mencionar que, cuando comenzó el contrabloqueo de EE. UU., un petrolero con su bandera cruzó el estrecho, desafiando la advertencia. Ante la misma pregunta, Kantor no señala a un ganador claro, pero sí describe movimientos relevantes, aunque ambiguos: Japón incrementa su gasto en defensa mientras amplía sus canales diplomáticos; Corea del Sur mantiene interlocución con Beijing; e India, aunque participa en el Quad (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, foro estratégico informal entre India, Estados Unidos, Japón y Australia), sigue comprando petróleo ruso con descuento. A su juicio, no se trata de una autonomía plena, pero tampoco de un alineamiento automático. También Rusia, por supuesto, que esquiva la presión de EE. UU. en medio de la tensión en otra región.

Para cerrar con la misma lógica del artículo, Castrillón advierte sobre los países más vulnerables: aquellos profundamente dependientes de la cooperación internacional, países pequeños en Asia y África, naciones insulares y Estados del Pacífico y el Caribe. “Estos van a perder, y será muy difícil para ellos sobrevivir. No son solo países pequeños; pienso incluso en Cuba. Son los que van a perder mucho”, concluye. En resumen, esta guerra deja de ser solo un conflicto entre Estados y se convierte en un fenómeno que está redistribuyendo costos y margen de maniobra a escala global. Como dijo Trump, les funcionó más apretar en Ormuz que usar su capacidad militar.

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A las 2:20 de la tarde del 17 de abril, dos helicópteros del Ejército rompieron el silencio sobre la vereda Las Cruces, en Ataco (Tolima). Desde el aire, lo que se veía no era solo una mina ilegal de oro: era un territorio transformado por la explotación. Un parche de bosque talado, más de 20 huecos llenos de agua, montículos de tierra de hasta seis metros y, en medio del barro, decenas de personas moviendo bateas. Alrededor de 100 personas entre hombres, mujeres, niños, todos cubiertos de lodo. Abajo, el Estado llegaba tarde; arriba, la operación apenas comenzaba, en una zona donde la autoridad se disputa entre fusiles, retroexcavadoras y economías ilegales que se consolidaron en los últimos años.

Ese punto, uno de los 2.249 identificados por las autoridades, resume un fenómeno que ya desbordó las categorías tradicionales de criminalidad en Colombia. La minería ilegal de oro, con ingresos que superan los USD 22.000 millones, dejó de ser una actividad marginal para convertirse en una de las principales fuentes de financiación de grupos armados. Según el Ejército, este negocio resulta más rentable que el narcotráfico, más fácil de producir y, en muchos casos, más difícil de rastrear por las autoridades. El negocio no solo financia estructuras ilegales, sino que también redefine economías locales, crea redes de dependencia y sostiene una cadena que conecta territorios periféricos con mercados legales nacionales e internacionales.

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Según la fuerza pública, ese yacimiento es controlado por la estructura Ismael Ruiz, de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”. Por eso, en esa tarde de abril, la operación militar tenía un objetivo claro: intentar destruir la maquinaria. Pero en cuestión de minutos, la realidad sería otra, pues buena parte del problema también tiene que ver con la capacidad de control social que tienen los grupos armados. Cuando los soldados descendieron sin tocar tierra y avanzaron hacia las máquinas, no solo enfrentaron a operadores o vigilantes. En minutos, entre 15 y 20 personas rodearon a las tropas para impedir capturas y frenar el operativo. Luego llegaron más. En cuestión de minutos, la asonada había iniciado.

La respuesta de la comunidad no fue ni improvisada ni espontánea. Fue la respuesta organizada de una economía que se defiende porque depende de ella, pero también porque detrás existen estructuras que coordinan, financian y sostienen la resistencia frente a la intervención estatal. Para el Ejército, no hay dudas sobre quién controla ese negocio. Según el coronel Jhaderson Torres Enciso, comandante de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, la minería ilegal y el narcotráfico “van de la mano” y comparten actores, rutas y estructuras. La diferencia es estratégica: el oro se inserta con mayor facilidad en circuitos legales.

Mientras la cocaína exige clandestinidad en toda su cadena, el metal puede terminar certificado, exportado y vendido en mercados internacionales. Ese tránsito, de lo ilegal a lo aparentemente legal, es el corazón del problema, pues permite que las ganancias se mezclen con economías formales y dificulten el rastreo de su origen criminal. Ahí es donde la economía ilícita se conecta con redes más amplias. Según expertos en el tema, como el profesor de la Universidad del Tolima, Andrés Tafur, o el abogado Esteban Bello, especializado en desarrollo minero-energético sostenible, el oro extraído en lugares como Ataco entra a circuitos de “legalización” bajo dos modalidades.

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Una, mediante documentos de origen, y la segunda, a través de intermediarios que compran a bajo precio y lo revenden con certificación. Ambos sostienen que, mientras un barequero puede recibir cerca de COP 200.000 por gramo, en el mercado legal se paga más del doble. La diferencia no es solo ganancia, pues también existe el margen que sostiene la estructura criminal, financia su expansión territorial y permite que el dinero circule sin mayores controles dentro de economías que aparentan legalidad. Ese sistema, en todo caso, no opera en el vacío. La trazabilidad del oro es, justamente, uno de los mayores vacíos que enfrentan las autoridades.

Aunque existen mecanismos como el registro de origen para la comercialización, en la práctica estos sistemas pueden ser manipulados o suplantados con relativa facilidad. Eso permite que el oro extraído en condiciones ilegales termine integrado en cadenas formales sin mayores obstáculos. Para investigadores y expertos, este es uno de los puntos más críticos: no se trata solo de extracción ilícita, sino de un circuito que logra insertarse en la economía legal. Así, el problema deja de ser exclusivamente territorial y se convierte en un asunto estructural que involucra controles estatales débiles y posibles fallas en la supervisión institucional.

Justamente, un problema que se exacerbó, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el control territorial que ejercían las Farc en regiones como el sur del Tolima se fragmentó. Lo que siguió no fue un proceso de formalización ni de presencia estatal sostenida, sino una disputa por las rentas ilegales. A Ataco, un municipio de cerca de 16.000 habitantes, llegaron en pocos años más de 4.000 personas atraídas por la bonanza del oro. Con ellas también llegaron nuevos actores armados, intermediarios y redes que terminaron reorganizando el territorio alrededor de una economía ilegal en expansión. Esa transformación también evidencia una deuda histórica del Estado en regiones como el sur del Tolima.

La falta de alternativas económicas, sumada a la débil presencia institucional, ha permitido que actividades ilegales se consoliden como única opción de sustento. Para analistas, el problema no radica únicamente en la acción de los grupos armados, sino en la incapacidad estatal para ocupar de manera efectiva los territorios tras la salida de actores como las Farc. Sin inversión sostenida, sin control administrativo y sin oferta social suficiente, el vacío fue llenado por economías ilícitas que hoy no solo generan ingresos, sino que también estructuran la vida comunitaria y redefinen las reglas de convivencia. En ese contexto, la intervención del Estado se ha concentrado en un eslabón: la maquinaria.

Destruir excavadoras, inutilizar motores, dispersar asonadas. El pasado 17 de abril, el grupo Marte del Ejército logró explotar seis máquinas y afectar otras tres. Pero la escena final revela el límite de esa estrategia. Mientras los helicópteros regresaban para evacuar a las tropas, los barequeros ya estaban retomando sus herramientas. El ciclo se reinicia en cuestión de horas, lo que evidencia que la acción militar, sin una intervención integral, resulta insuficiente para desmantelar la estructura económica que sostiene la explotación ilegal. “Como la ley prohíbe la maquinaria sin título, la fuerza pública persigue las máquinas, pero no la estructura detrás de ella”, advierte el abogado Esteban Bello.

En la práctica, eso ha permitido que los grupos armados desarrollen redes de abastecimiento que reemplazan rápidamente lo destruido. Desde la pandemia, la fuerza pública le ha seguido la pista a cómo estas economías se han sofisticado: logística, financiación, control territorial y, sobre todo, capacidad de adaptación frente a la intervención estatal. Es un modelo que aprende, se reorganiza y persiste, incluso después de operativos de alto impacto como el desplegado en esta zona del Tolima. El caso de Ataco también permite ver la dimensión social del fenómeno. Jhon Arias*, de 64 años, fue uno de los barqueros de la mina que intentó frenar la operación.

“Aquí trabajamos señoras, niños y adultos mayores. Nosotros no tenemos pensión y a mi edad ya nadie me da trabajo”, dijo el hombre. Sus ingresos dependen de las décimas de oro que logre sacar en jornadas de más de 16 horas (una décima equivale a 0.1 gramos). Algunos días gana apenas COP 100.000. Otros, ni siquiera lo suficiente para comer. Esa precariedad convive con una economía que, aunque ilegal, se convierte en la única alternativa para cientos de personas en regiones donde el Estado no ha logrado ofrecer opciones reales. El contraste no solo es entre esta mancha de lodo y el bosque verde de la región, sino también entre las personas. A pocos metros de la asonada donde estaba Jhon Arias, un hombre sin barro en la ropa, con cadenas de oro en el cuello, observaba la operación y daba órdenes.

Según las autoridades, sería el enlace con las disidencias. La escena es la fotografía de la estructura completa: mano de obra vulnerable, intermediarios visibles, mandos invisibles que conectan la extracción con el mercado global, y un Ejército en su misión de destruir la maquinaria. Ante ese panorama, surge otra pregunta de fondo, pues el problema no es solo cuántas minas ilegales como esta existen, sino qué tan lejos llega esa cadena. Desde Ataco hasta Bogotá, y de ahí a mercados internacionales, el oro recorre un camino que mezcla informalidad, corrupción y vacíos institucionales, pues aunque llega a los territorios con uniformados en operación, no lo hace con la capacidad para intervenir la economía.

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Las cadenas de corrupción son tan amplia que no tener un permiso, no es un impedimento para que cualquiera pueda vender oro en una compraventa. “Los vendedores preguntan al cliente si es oro tipo A, es decir, que cuenta con el permiso, o tipo B, que no tiene ningún papel para trazar su origen y que se compra más barato”, aseguró el abogado Bello. Luego, el vendedor hará pasar ese oro tipo B por legal bajo el permiso que tenga otra persona y así el metal puede ser vendido en mercados internacionales con “un origen legal”. Otra ruta, dice Bello, es sacar el oro directamente desde las minas en lanchas hasta Panamá, país que no pide ningún certificado, y desde ahí pasa a mercados de Estados Unidos o Europa.

Mientras tanto, las investigaciones sobre economías ilegales en el país siguen mostrando un patrón recurrente: la dificultad para desarticular no solo la operación visible, sino las redes que la sostienen. La acción estatal suele concentrarse en los eslabones más expuestos, mineros, maquinaria, puntos de extracción, mientras los niveles superiores permanecen más difusos. Esa asimetría en la intervención genera un efecto limitado, pues las estructuras se recomponen con rapidez. En la práctica, el Estado logra interrumpir temporalmente la actividad, pero no modificar las condiciones que la hacen posible ni los incentivos económicos que la mantienen activa en amplias zonas del territorio nacional.

Eso pasó en Ataco. Aunque el Ejército tenía el objetivo de destruir toda la maquinaria, quedaron 11 clasificadoras sin detonar, pero la asonada de la comunidad lo impidió. Había niños e incluso una mujer en embarazo, a la que le pidieron que se subiera a una de las máquinas. Hacia las cinco de la tarde, el capitán del operativo ordenó el repliegue de todos hacia los dos helicópteros se aproximaban a la mina. Al tiempo, desde los aparatos que no lograron destruirse, la gente vitoreó la salida de los 36 militares encargados para la misión. Los barequeros, incluyendo Jhon Arias, recogieron sus bateas para seguir trabajando y recuperar el tiempo perdido.

Por eso, más que un operativo puntual, lo ocurrido en Las Cruces es una radiografía. Muestra, también, cómo una economía ilegal puede organizar territorio, movilizar comunidades, resistir al Estado y, al mismo tiempo, insertarse en circuitos legales. Un sistema que no se desmonta con explosivos ni con helicópteros, porque su verdadero motor no está en la mina, sino en la red que convierte ese oro en poder económico, control social y capacidad de influencia en distintos niveles del país. Mientras tanto, Jhon Arias sigue trabajando en la mina porque él, como sus compañeros, saben que por encima de las operaciones militares, cada décima de oro representa el dinero para vivir un día más.

*Nombre cambiado para proteger la seguridad del barequero.

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El estado emocional de los gatos, a menudo subestimado por su fama de animales independientes, puede tener un impacto significativo en su salud general. Especialistas en comportamiento animal advierten que estos felinos son capaces de desarrollar cuadros de tristeza y depresión que, si bien no resultan mortales por sí mismos, pueden derivar en complicaciones físicas graves.

Diversos factores pueden alterar el equilibrio emocional de un gato. La ausencia de un miembro del hogar, modificaciones en su entorno cotidiano o la falta de estímulos adecuados son algunas de las causas más frecuentes.

Ante estas situaciones, los animales pueden manifestar cambios evidentes como apatía, disminución del apetito o alteraciones en su interacción habitual.

El problema surge cuando estas condiciones se prolongan en el tiempo. El estrés sostenido debilita el sistema inmunológico, lo que facilita la aparición de infecciones y otros trastornos.

Además, la negativa a alimentarse puede desencadenar enfermedades de alto riesgo, como afecciones hepáticas, mientras que la inactividad contribuye al deterioro progresivo de su estado físico.

Otros signos que pueden alertar a los cuidadores incluyen vómitos, diarrea o deshidratación. Aunque los gatos no expresan sus emociones de manera evidente, estos cambios en su conducta suelen ser indicadores claros de malestar.

Frente a este panorama, los expertos recomiendan mantener rutinas estables, ofrecer espacios enriquecidos con juegos y garantizar la interacción diaria.

Estas medidas resultan clave para preservar su bienestar emocional. En casos más complejos, la intervención de un veterinario es fundamental para evaluar posibles tratamientos.

Así, aunque la tristeza no sea una causa directa de muerte, su impacto indirecto puede comprometer seriamente la salud del animal. Atender las necesidades emocionales de los gatos se convierte, entonces, en un aspecto esencial para asegurar su calidad de vida y longevidad.

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Aunque hace algunos años su nombre era desconocido para el público colombiano, Jay Torres se ha convertido en uno de los rostros más recurrentes del entretenimiento en el país. Su presencia en la tercera temporada de ‘La reina del flow’, producción de Caracol Televisión, así como su participación en el reality ‘La casa de los famosos Colombia’, lo han posicionado en diferentes formatos televisivos que han ampliado su visibilidad en la industria.

En una reciente entrevista con la revista ‘Vea’, el artista puertorriqueño hizo un repaso por su historia de vida y recordó el complejo camino que recorrió antes de consolidarse como figura del entretenimiento. Entre sus declaraciones, habló de las decisiones que marcaron su rumbo, los momentos más difíciles que enfrentó en el exterior y la profesión que estudió antes de dedicarse por completo al arte, una faceta poco conocida de su trayectoria.

¿Qué estudió Jay Torres antes de convertirse en artista?

Mucho antes de aparecer en la televisión colombiana o de dedicarse a la música, Jay Torres tomó un camino completamente distinto. Tras terminar el colegio, decidió enfocarse en el área de la salud y estudió Ciencias Biomédicas. Posteriormente, realizó una maestría en Fisiología, con la intención de orientar su carrera hacia la rehabilitación de deportistas.

“Le tuve mucho miedo y respeto a la música… veía que eran millones tratando de estar en la industria”, explicó el artista al recordar por qué optó inicialmente por una ruta académica más estable.

Su interés por la ciencia no era ajeno a su entorno. Desde joven estuvo ligado al deporte, especialmente al básquetbol, disciplina que practicó de manera constante y que incluso le permitió acceder a becas durante su formación escolar. Sin embargo, mientras avanzaba en su carrera académica, la música seguía apareciendo como una inquietud.

Con el tiempo, esa dualidad se convirtió en un punto de quiebre. Jay Torres decidió dejar atrás su camino en la ciencia para apostar por el entretenimiento, una decisión que lo llevó a trasladarse a Estados Unidos y enfrentarse por primera vez a la industria musical de forma directa.

Fue en Miami donde comenzó una de las etapas más difíciles de su vida. Según relató, el proceso estuvo marcado por rechazos constantes por parte de la industria musical.

“De 60 puertas que toqué, ninguna abrió”, recordó en su charla con Vea.

A esa situación se sumaron dificultades económicas que lo obligaron a asumir trabajos fuera del mundo artístico. Jay Torres contó que trabajó como mesero y bartender, mientras intentaba sostener su carrera musical en paralelo. Incluso, confesó que llegó a atravesar momentos de inestabilidad habitacional.

“Llegó un momento en donde no tenía dónde vivir… dormía en el carro varias veces. Llegué a hacerlo durante un mes”, relató sobre esa etapa en Miami.

Pese a ese panorama, el boricua insistió en mantenerse dentro del camino musical hasta que su carrera tomó un giro inesperado al llegar a Colombia. Allí no solo continuó desarrollando su proyecto artístico, sino que también se abrió paso en la actuación, participando en la tercera temporada de ‘La reina del flow’ y posteriormente en el reality ‘La casa de los famosos Colombia’, producciones que ampliaron su exposición en el país.

Hoy, Jay Torres transita entre la música y la actuación, con una historia que él mismo reconoce como un proceso en construcción constante, marcado por decisiones difíciles, riesgos personales y una apuesta definitiva por el arte. Recientemente, estrenó el videoclip de ‘Deli’, su nueva canción, cuya protagonista es la presentadora Alejandra Serje.

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¿Cuándo perdió el ojo izquierdo?

Sufrí esa lesión permanente el 16 de diciembre de 2019, cerca de las 7 de la noche, cuando ingresaba a la sede de la universidad Nacional, en Bogotá, por la entrada de la avenida 30 con calle 45.

¿Por qué estaba en la Nacional si usted estudiaba en otro centro universitario?

En esos días había protestas y manifestaciones. Un grupo de la Nacional que participaba en el movimiento estudiantil, había convocado a líderes de otras universidades para realizar la última marcha del año en contra del llamado “paquetazo” de reformas que el gobierno Duque había presentado ante el Congreso, como la laboral y la pensional. Ese mismo día, hacia las 2 de la tarde, unas 200 personas marchamos desde la Nacional hacia el centro. Cuando la alcaldía (Peñalosa) dio la orden de evacuar la plaza con el argumento de que se iba a ocupar el espacio con un evento navideño, decidimos retornar a la Nacional en donde estaban programadas varias actividades culturales. Como dije, nosotros llegamos a la calle 45 alrededor de las 7 p.m., y ya había enfrentamientos entre los manifestantes y los policías del ESMAD. Yo estaba al final de la marcha y cuando estaba entrando al campus, un agente me lanzó una bomba aturdidora.

¿Cómo recuerda el instante preciso en que la aturdidora lo impactó?

Alcancé a ver una ráfaga de luz, un destello, a menos de un metro y por el lado izquierdo de mi cuerpo. Después de ese primer momento, sentí el choque de partículas de cosas que salían del artefacto cuando estalló. Entonces escuché un estruendo muy fuerte y, de inmediato, perdí, por completo, la visión. Fue una cuestión de segundos.

¿Otros manifestantes fueron heridos esa noche?

Solo otra persona fue herida en la cabeza pero no sufrió daños graves. A mí me tocó la peor parte.

¿Alguien lo auxilió en ese momento?

Sí. Me auxilió una brigada de derechos humanos voluntarios. Ellos me trasladaron al hospital Méredi, ubicado muy cerca de la universidad, en una ambulancia. Me examinaron varios cirujanos en la sala de urgencias. Enseguida dictaminaron pérdida total del ojo. Al día siguiente me practicaron una cirugía para la enucleación (extirpación) del globo ocular.

Una pérdida como la que usted sufrió, es, además, de la disminución de la condición física, un golpe psicológico. ¿Cómo reaccionó?

Antes que pensar en mí, al principio me preocupé por la reacción de mi mamá porque sabía cuál iba a ser la magnitud de su sufrimiento. En lo que a mí respecta, tuve doble repuesta, como usted dice, física y emocional. Colapsé con la noticia: empecé a vomitar, casi me desmayo, tuve intensos dolores de cabeza y otros síntomas de rechazo. Estuve en área de observación durante tres días y Medicina Legal me dio incapacidad por otros 45 días.

¿Se acuerda del rostro de su atacante? ¿Ha podido reconstruir esos segundos tan definitivos en su vida o ha intentado borrarlos de su memoria?

Tengo, en mi mente, el recuerdo de ese momento con nitidez. A pesar de que ya estaba oscuro, vi la silueta de un hombre vestido de negro, con un casco del ESMAD y una prenda parecida a una capucha que le tapaba el rostro. Solamente podía ver sus ojos. A pesar de que yo iba entrando al campus de espaldas a él, alcancé a darme cuenta de que me lanzó un objeto.

¿Tiene memoria de cómo era esa mirada? No me refiero a la precisión de una identificación judicial sino a la “foto” que tiene, en su cerebro, sobre el último instante, antes de perder su visión y su ojo…

La recuerdo claramente. No olvido que el atacante parpadeó antes de lanzarme la bomba. Su mirada era decidida, fría. Sentí que él sabía lo que iba a hacer y que no tuvo ninguna duda al momento de ejecutar su misión.

El diagnóstico médico ¿qué indicó? ¿Le dijeron, desde el principio, que no existía ninguna posibilidad de recuperación?

El diagnóstico fue terminante: estallido ocular severo con fisuras óseas; pérdida total de córnea, esclerótica, retina, iris y demás; los cirujanos dijeron que solo encontraron la bolsa ocular y los tejidos alrededor de la cuenca. Por ende, que no había ninguna posibilidad de recuperar la visión. Por el contrario, me informaron que tendría que usar prótesis por toda mi vida.

Usted solo tenía 26 años de edad ¿Cuánto tiempo le tomó sobreponerse?

Mucho tiempo. Pude sobreponerme por el amor que siento por la vida, por las personas que amo y por los proyectos que quería realizar. Fue un proceso largo, difícil, pero superé la pérdida del ojo de manera consciente, apoyado, también, en que me refugié en Dios. Y aquí estamos.

El inicio de su nueva etapa vital debió ser, por lo menos, desconcertante…

Sí, así fue. Primero, entré en una etapa de conmoción; siguió un estado de negación; después llegaron momentos de asimilación y aceptación. Lentamente, hice consciencia de la realidad con que tenía que aprender a vivir. Hasta cuando, con mi red de apoyo, decidí trasformar la narrativa del sufrimiento por la de proyección de otros planes que nunca había imaginado para mi futuro.

En estos siete años que han transcurrido desde cuando sufrió esa pérdida, ¿cómo ha evolucionado su vida? ¿Retomó proyectos interrumpidos, volvió a estudiar o a qué se dedica?

Después de ese momento que me transformó, decidí aprender a readaptarme a la sociedad a partir de la aceptación de mi lesión. Recuperé algunas actividades cotidianas laborales y recreativas. Volví a jugar futbol, a montar en bicicleta y a desarrollar otras habilidades y destrezas. De esa manera fui acumulando fuerzas para retomar mi proyecto educativo, unido a las actividades del movimiento que lideramos con el fin de reivindicar las vidas de personas a quienes les haya sucedido lo mismo que a mí.

¿Se refiere a la fundación de una organización con víctimas de agresiones oculares cometidas por el grupo antidisturbios de Policía, ESMAD, en que usted ha estado empeñado?

Sí. En enero de 2020, en el Centro de Atención Psicosocial al cual he asistido para lograr estabilidad psicológica, me presentaron a cuatro víctimas de la violencia ocular de la Policía: 3 hombres y una mujer. Ya me había enterado de que había otros sobrevivientes del mismo trauma en Chile y que ellos estaban conformando un colectivo. Así que decidimos crear un grupo, también en este país, para denunciar estos delitos de lesa humanidad y para dedicarnos a otras actividades relacionadas con el apoyo y recuperación de las víctimas. Durante el año 2020, hicimos los preparativos y le dimos forma colectiva. Y el 9 de abril del 2021, día de conmemoración de las víctimas del Estado, creamos, formalmente, el Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD, MOCAO Colombia.

¿Cuántos miembros integran esa agrupación hoy por hoy?

Somos 80 miembros en todo el país, entre los cuales hay ocho mujeres.

Todos los integrantes de MOCAO, ¿participaron en marchas del llamado “estallido social” y fueron atacados por fuerzas policiales con artefactos que les produjeron la pérdida de uno de sus ojos?

Sí, señora. Todos y cada uno de nosotros perdimos un ojo por ataques del ESMAD, no solo en Bogotá sino en varias ciudades del país. Pero tenemos información de que el número nacional de víctimas de violencia ocular policial, es mayor. No hay datos precisos sobre cuántos más, porque nos faltan referencias o porque algunos sobrevivientes no desean que los contactemos.

El daño físico y emocional que se sufre, ¿es similar o hay diferencias entre ustedes?

No hay respuesta sencilla. Es un tema muy complejo y subjetivo pues cada persona enfrenta su situación de manera distinta. Lo que sí es igual en todos nosotros, es la permanencia de las secuelas postraumáticas en el ámbito del desarrollo personal.

¿Cuáles?

Padecemos o padecimos en mayor o menor grado, depresión, dificultad para socializar o para retomar actividades laborales; incapacidad de sostener relaciones personales; complicaciones a la hora de conciliar el sueño, aislamiento, intentos de suicidio, trastorno de bipolaridad y otros trastornos. En el área de la salud física, hemos pasado por falta de apetito, consecuente disminución de peso corporal, vértigo, pérdida de campo visual, incapacidad de medir la distancia, por ejemplo, cuando se intenta alcanzar un objeto con la mano. Es una larga lista de inhabilidades, la mayoría, repito, permanentes.

¿Cuáles objetivos tiene su organización?

MOCAO es un movimiento diverso y pluralista que trabaja con enfoques artísticos, culturales, políticos, investigativos, legales, defensa de derechos humanos y realización de proyectos personales o colectivos. A la fecha, contamos con logros que nos hacen sentirnos orgullosos porque apenas cumplimos cinco años de existencia: escribimos informes que han sido reconocidos por sus aportes, aquí y en otros países, uno de ellos titulado Represión en la mira. Hemos realizado un encuentro nacional de víctimas de violencia ocular; tenemos grupo de teatro; participamos en la mesa del proyecto de reforma policial; recibimos un diploma de reconocimiento de la organización del Premio Nacional de Derechos Humanos y hacemos parte del Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, CIIVO, dedicado a documentar traumas oculares causados por el uso desproporcionado de la fuerza de la Policía cuyos cuerpos antidisturbios enfrentan, con armas supuestamente “menos traumáticas”, las protestas sociales.

Su movimiento, ¿presta algún tipo de apoyo financiero a las familias de los afectados oculares? Deben enfrentar una situación económica difícil después de un trauma que afecta a todo el círculo cercano por cuanto la víctima es un joven en plena etapa productiva de su vida.

Tenemos proyectos de integración para fortalecer las actividades de emprendimiento de los miembros de MOCAO y sus familiares. Ayudamos a financiar y a orientar sus planes.

¿En cuántos otros países existen organizaciones similares a la de ustedes?

MOCAO se fundó inspirado en la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO), de Chile, en donde muchos jóvenes sufrieron lesiones similares a las nuestras, producto de la violencia estatal durante el estallido social ocurrido en ese país latinoamericano, en octubre de 2019. Además, hay sobrevivientes de ataques policiales que organizaron sus propios movimientos, en Cataluña (comunidad autónoma en España), Chile, Brasil, Perú, Argentina, Estados Unidos y Bangladesh. Hace poco más de un mes, en marzo pasado, realizamos el segundo encuentro internacional de miembros de organizaciones como la nuestra. Asistimos unas cien personas. Decidimos, entre otros, dos puntos: 1. Que el día internacional de los sobrevivientes de violencia ocular será cada 18 de marzo, a propósito de la fecha de nuestra reunión. Y 2. Que vamos a cambiar la narrativa del “victimismo” por la de resistencia. Por eso, precisamente, estamos abandonando el término “víctimas” por el de “sobrevivientes”.

Si ese fenómeno es tan recurrente en diversos países, ¿ustedes creen que los traumas oculares ocurridos durante ataques policiales, no es accidental sino un plan internacional de los cuerpos de seguridad organizado con ese objetivo?

Todo indica que se trata de una agenda policial compartida en varios países, basada en una doctrina, en manuales de formación interna y en la capacitación de personas que se encargan de ejecutarla. Tenemos relatos consistentes con esa hipótesis. Hay, en proceso, investigaciones al respecto.

Si eso es cierto, sería escandaloso: ¡¿conformar un plan de policías antidisturbios, en el mundo, para que sus agentes ejecuten la orden de atacar manifestantes con el objeto de sacarles los ojos?! Me parece aterrador…

Por lo pronto, sabemos que es una problemática que se ha visto en conflictos que se han presentado en varios continentes. Lo que sí puede afirmarse, es que esa práctica ha sido replicada, a nivel internacional, con tres elementos en común: a.- Capacitaciones y manuales de tiro similares a grupos antidisturbios, por parte de unos formadores. b.- La cátedra imperante es la doctrina del “enemigo interno” en contra de los sectores sociales. C.- La utilización, por parte de las Policías locales, de armamento “no letal”, que es exportado o importado por los gobiernos. Su objetivo es específico: la represión y control de las manifestaciones sociales.

Volviendo a su tema personal, ¿ha sido reparado económicamente por el Estado, por las secuelas que le quedaron?

Instauré una demanda en el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá, en 2023. El fallo de primera instancia fue a mi favor: condena al Estado y al ministerio de Defensa a indemnizarme por la mutilación que sufrí. Esa reparación todavía no se ha hecho efectiva porque aún falta el fallo de segunda instancia. No pude instaurar una denuncia penal, precisamente porque no pude dar la identidad de mi atacante.

¿Nunca fue contactado por entidades oficiales en el gobierno Duque o en el gobierno Petro?

Inicialmente me llamaron de la Fiscalía pero, como dije, no se pudo adelantar la denuncia. En el gobierno Petro tuve conversaciones con funcionarios de los ministerios de Salud, Trabajo y Educación. También con el de Defensa.

Finalmente, ¿es cierto que usted trabaja con la senadora Aida Quilcué, hoy aspirante a la vicepresidencia de Colombia?

Sí, es cierto. Nos conocimos en distintos espacios de diálogo, a nivel nacional e internacional. Actualmente hago parte del equipo de trabajo de la mayora, senadora y candidata a vicepresidenta Aida Quilcué, motivo por el cual me siento orgulloso y honrado. En mi proyecto de vida, y debido a que la mayora debe retirarse pronto del Congreso, espero poder seguir aportando a la construcción del tejido social que necesita Colombia para lograr la transformación de sus territorios.

¿Cómo llegamos aquí?


El arreglo institucional que gobierna la política monetaria en Colombia hoy se origina en la Constitución de 1991. El cambio fundamental introducido en ese momento consistió en dar mayor independencia al Banco de la República —la institución a cargo de la emisión de la moneda y la política monetaria desde 1930—con respecto al resto de la política económica. Le otorgó como función principal velar por “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”. Al mismo tiempo, se mantuvieron nexos con otras dimensiones de política económica a través de la presencia del ministro de Hacienda, del nombramiento de los miembros independientes del Banco por parte del Presidente de la República, y de un mandato para ejercer sus funciones “en coordinación con la política económica general”. Este cambio fue producto de un proceso democrático y consensual en el que participaron los partidos políticos, diversos movimientos sociales y los electores colombianos, representados a través del voto popular en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El cambio que se introdujo con la Constitución de 1991 no fue caprichoso. Buscó limitar el uso de la política monetaria como motor permanente de dinamismo económico, aunque manteniendo puentes de coordinación con el resto de la política económica, por dos razones: 1) esta estrategia acaba convertida en inflación; 2) como corolario, acaba resultando inefectiva para conseguir el ansiado crecimiento económico. El ajuste institucional se dio luego de dos décadas en que los colombianos habían tenido que acostumbrarse a vivir con inflaciones mayores al 20 % anual.

En efecto, las presiones inflacionarias que se habían convertido en permanentes comenzaron a bajar a partir de 1991, y para los años 2000 la inflación se situó en niveles de un dígito. Después de 2010 tendió a estabilizarse en el rango-meta de 2-4 % anual. El gráfico 1 muestra que la inflación comenzó a caer al tiempo con el logro de la independencia del Banrep, y que su senda descendente continuó hasta estabilizarse en el rango-meta actual en la década de 2010. Posteriormente se observaron picos temporales; en particular, el pico entre 2021 y 2022 generó una brecha con respecto al rango de la meta, la cual aún no se ha logrado cerrar.

La mayor independencia también redujo las presiones sobre el Banco para intervenir en la tasa de cambio. Usar la política monetaria para definir la tasa de cambio dificulta utilizarla para llevar las tasas de interés a niveles que controlen la inflación. Por eso, el cambio de régimen cambiario hacia una flotación libre en los años 2000 le dio libertad al Banrep para poder enfocarse en el manejo de la tasa de interés y la inflación (gráfico 1). El tipo de cambio flotante también generó mayor estabilidad macroeconómica al reducir el efecto de los choques externos sobre la producción y desempleo del país.

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A pesar de que el activismo de la política monetaria durante la posguerra fue una práctica generalizada en el mundo, diversos estudios empezaron a mostrar los problemas de esa estrategia. Se hizo claro que, aunque una política monetaria laxa puede dinamizar la actividad económica en el corto plazo, intentar hacerlo de forma recurrente se traduce en mayor inflación, con efectos pequeños o nulos en el crecimiento de largo plazo. Estos estudios también mostraron que cuando las empresas y los hogares con negocios anticipan el aumento de la inflación, ajustan los precios que cobran al consumidor o las tarifas de su trabajo de forma preventiva, lo que acelera la inflación misma.


Las realidades electorales someten a los gobiernos a presiones particularmente fuertes para dinamizar la economía, mientras que para los electores es difícil distinguir la conexión entre la política económica y el nivel de precios. Una autoridad monetaria que depende del Ejecutivo no puede comprometerse a minimizar el uso recurrente de la política monetaria como herramienta para impulsar el crecimiento o el empleo. Se propusieron entonces cambios institucionales en la organización de la autoridad monetaria, con el fin de otorgarle la independencia necesaria que le permita resistir la tentación de empujar la actividad por razones electorales.

En consecuencia, muchos países se movieron hacia arreglos institucionales con mayor independencia de sus bancos centrales. Los estudios posteriores han mostrado que esa mayor independencia se tradujo en una menor inflación, sin efectos adversos sobre el crecimiento económico a largo plazo. En América Latina, específicamente, también se observa que la mayor independencia de los bancos centrales del Ejecutivo se ha traducido en una disminución sostenida de la inflación.

¿Cómo cambió la Constitución del 91 la forma de hacer política monetaria?

Desde una perspectiva histórica, la independencia del Banco de la República es el resultado de una trayectoria institucional de más de un siglo de avances, retrocesos y aprendizajes. El Banco ha operado bajo distintos marcos institucionales y formas de gobernanza desde su fundación en 1923, los cuales han estado asociados a distintos objetivos macroeconómicos y distintos resultados en materia de inflación.

Se distinguen tres grandes etapas: el modelo ortodoxo inicial (1923–1950), el período intervencionista (1951–1991) y la etapa de independencia desde 1991. Estos cambios institucionales reflejan transformaciones en el papel del banco central, desde la estabilidad del patrón oro hasta el control de la inflación.

A partir de 1923, la política monetaria del Banco estuvo en manos de una junta con representación de miembros del gobierno (tres de diez) y de la banca, inicialmente con un objetivo principal de estabilidad de precios (incluso por momentos amarrando la emisión monetaria a tener respaldo perfecto en reservas de oro). En ese período inicial, la inflación promedio fue cercana al 5 % anual.

El cambio posterior fue gradual, pero profundo: la junta del Banco fue incorporando paulatinamente representaciones de gobiernos locales o gremios productores. La junta directiva autorizó al Banco a efectuar operaciones cada vez más amplias con los diferentes actores de la economía nacional, como el Gobierno, los bancos e instituciones diversas tales como el Banco Central Hipotecario (BCH), la Caja Agraria, el Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Federación Nacional de Cafeteros, la Caja Colombiana de Ahorros, la Siderúrgica de Paz del Río, entre otros. La inflación durante el período anterior a 1951 presentó una marcada volatilidad, con años por encima del 20 % y otros de deflación. Los cambios institucionales que otorgaron mayor influencia al Ejecutivo en la política monetaria y de crédito coincidieron con un período de inflación alta y volátil, como se observa en el gráfico 1.

La creciente tendencia a incorporar objetivos de fomento y dinamismo económico en la conducción de la política monetaria se formalizó y reforzó en 1951. Las reformas de ese año ampliaron el papel del Banco en la promoción del desarrollo económico, y su Junta Directiva reflejaba ese objetivo. Posteriormente, la creación de la Junta Monetaria en 1963 implicó un control público directo sobre la política monetaria. Durante este período, el Banco asumió funciones de financiamiento del sector público y de estabilización del ciclo económico, utilizando instrumentos como el crédito dirigido y los encajes.

A medida que la política monetaria fue absorbiendo funciones de financiamiento y de fomento, la inflación promedio subió al 9,3 % entre 1952 y 1963 y al 19,8 % entre 1964 y 1991. En este sentido, la reforma de 1991 restableció, bajo un arreglo institucional distinto, la convicción de que la política monetaria produce mejores resultados cuando no queda permanentemente subordinada a objetivos fiscales, crediticios o sectoriales.

Hasta el arreglo institucional adoptado a partir de la Constitución de 1991, Colombia tenía una política monetaria definida por el Ejecutivo que privilegiaba los objetivos de fomento de la actividad económica general y sectorial, facilitando, a través de la emisión y regulación monetaria, préstamos a empresas. Como lo predice la teoría, esto condujo a una inflación persistente de dos dígitos.

Con la nueva Constitución, el mandato privilegia el control de la inflación en coordinación con otras áreas de la política económica, encargadas de temas como el fomento y el desarrollo.

Las nuevas reglas de juego establecieron que las decisiones monetarias quedarían en manos de una junta de siete miembros: cinco independientes, el gerente y el ministro de Hacienda. Cada gobierno, a mitad de su mandato, elige a dos de los cinco miembros independientes, lo cual garantiza que los miembros de la Junta sean escogidos por una autoridad elegida democráticamente. Sin embargo, en el papel, los votos de esos miembros y los del ministro no forman una mayoría, lo cual aísla las decisiones de la junta de potenciales intereses políticos de corto plazo del Ejecutivo.

La voz del Ejecutivo en la junta es el ministro de Hacienda, a través de quien hay coordinación, intercambio de información, ideas y preocupaciones con el gobierno de turno.

En la práctica, la posibilidad de tener una mayoría de miembros independientes escogida por un solo gobierno se ha hecho realidad debido a retiros extemporáneos, cuyos reemplazos los debe nombrar el mismo gobierno. Sin ir más lejos, el gobierno actual ha elegido a tres de los cinco miembros independientes por esa razón.

A pesar de eso, el arreglo ha funcionado en buena parte porque los miembros elegidos por los gobiernos pueden compartir sus preferencias políticas, pero no son —o no deberían ser— representantes del gobierno en la Junta, sino, como su nombre lo indica, miembros independientes.

La autonomía del Banco no depende únicamente del texto constitucional ni del diseño formal de la junta. La reelección presidencial introducida en 2006 potencialmente redujo esa autonomía, al abrir la posibilidad de que un mismo gobierno nombre a la mayoría de los miembros independientes. Este riesgo no se traduce automáticamente en una captura política si se preserva la transparencia en las decisiones, una deliberación real al interior de la junta y la imposibilidad de que el gobierno despida a los miembros nombrados por él.

La independencia del Banco no significa ausencia de debate ni distancia absoluta frente al gobierno, sino la existencia de un marco institucional en el que los desacuerdos pueden tramitarse sin que los dominen el calendario electoral, las urgencias fiscales o la tentación de usar la emisión como atajo de corto plazo.

Disenso y balance entre los objetivos

Las controversias son frecuentes en la conducción de la política monetaria. Como el mandato del Banco de la República no se circunscribe únicamente a velar por una inflación baja y estable, sino que incorpora la coordinación con el resto de la política económica, con frecuencia sus otros objetivos pueden ir en contravía de la estabilidad de precios.

Durante el siglo XXI, en casi la mitad de las reuniones del Banco de la República, la decisión relativa a la política monetaria no ha sido acogida de manera unánime por sus siete miembros: en casi la mitad de las reuniones hay disenso entre ellos.

Esto señala una sana discrepancia sobre la lectura de la coyuntura económica, los efectos que tendrá la política escogida y la ponderación entre los diferentes objetivos del Banco. Este último punto es muy importante: es perfectamente válido valorar de manera distinta los costos y los beneficios que puede tener una decisión de la Junta. La independencia del Banco hace que esas discusiones se puedan dar en un marco que no responde a prisas electorales, afugias fiscales ni a cálculos que solo ponderen los efectos de corto plazo.

Con ese arreglo, la sociedad logra que sus preferencias sociales se reflejen en la composición de la Junta del Banco y que haya coordinación con el resto de la política económica gracias a la voz y el voto del Ministro de Hacienda, pero sin que los afanes de los gobiernos que van nombrando sus miembros terminen en equilibrios de inflación alta.

Regresar a arreglos institucionales en los que el Banco está al servicio de financiar a sectores económicos escogidos por el gobierno o al propio gobierno, o romper las barreras que le permiten a la Junta tomar decisiones sin mirar el calendario electoral, sería un retroceso. Colombia ya probó esas aguas y, como lo predice la literatura, no salió bien.

* Andrés Álvarez, Marcela Eslava, Manuel Fernández, Marc Hofstetter, Fernando Jaramillo, David Pérez-Reyna, Fabio Sánchez, Mateo Uribe-Castro, Hernando Zuleta.

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A buena hora

Por estos días en los que la campaña presidencial entra en su recta final y la polarización sube de tono, se conoció un dato que no es menor. Resulta que por el robustecimiento del sistema electoral, que incluye un blindaje contra el fraude, la Registraduría tiene la capacidad de entregar este 31 de mayo los resultados finales del preconteo antes de las 8 de la noche del domingo. Eso quiere decir que sobre esa hora el país sabrá si tendremos o no segunda vuelta (prevista para el 21 de junio siguiente) y de paso, si la hay, quiénes la disputarán. La celeridad es parte del proceso de confianza en el que se trabaja para garantizar un tránsito democrático en el poder.

Bajo custodia

Y hablando de asuntos electorales, hay uno que se consolidó esta semana. El código fuente de los programas de software que se usan durante las elecciones ya está siendo auditado por delegados de todos los partidos y campañas, incluyendo a los que envió el presidente Gustavo Petro. Pero la base tecnológica, que no se entrega para esquivar riesgos y vulnerabilidades que luego sí le puedan abrir la puerta a un fraude, se le entregó en custodia a la Procuraduría. La intención es que, a través del Ministerio Público, cualquier autoridad judicial o de otra índole que quiera hacerle verificaciones pueda dar ese paso con la vigilancia que se requiere.

Sin mención

La red X es la principal vitrina del presidente Gustavo Petro; ahí opina de todo, la usa para impartir órdenes oficiales y de paso guiar a sus seguidores. De hecho, pese al cargo que ostenta, la defiende como una cuenta personal. Por eso, no pasó desapercibido que su homóloga en Venezuela, Delcy Rodríguez, no hiciera ninguna mención de la cita que los dos tuvieron hace una semana en Caracas a través de esa misma plataforma. Sí es verdad que el gobierno del país vecino desplegó información en torno a este encuentro, solo que en la misma Casa de Nariño quedó la duda de por qué, sabiendo del interés del colombiano por X, la heredera del chavismo no replicó ningún mensaje allí.

Póngale la firma

Hace ocho días, en este mismo espacio, se anticipó que el presidente Gustavo Petro comenzaría una campaña frontal por la asamblea constituyente que su administración impulsa para extender el periodo de su proyecto político a través de la candidatura de Iván Cepeda. Ahora, con ese proceso ya andando, reporteros de este diario también supieron que ya se recogieron más de 900.000 firmas y que la intención, con el respaldo del jefe de Estado, es completar durante la recta final de la contienda presidencial las 1,4 millones de rúbricas que hacen falta para viabilizar la apuesta proselitista del Ejecutivo. Además, según quienes saben de esa mecánica, a la cuenta bancaria que se abrió para recaudar recursos le han entrado ya más de COP 35 millones.

División de derechas

La derecha sigue con sus encrucijadas y divisiones. Y no solo por las peleas que se desatan cada tanto entre las campañas de Paloma Valencia y de Abelardo de la Espriella, sino por lo que pasa internamente en esas toldas. Este diario contó esta semana las peleas que no han podido superar en este sector ideológico, y ahora —desde la coalición de la candidata del Centro Democrático— reconocieron otro lío. En efecto, se evidenció que cada vez que la fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo afirma algo en público que toca al expresidente Álvaro Uribe, de inmediato hay molestia en la base dura del uribismo. Y si es la aspirante Valencia la que remarca sus posturas con fuerza, en el centro terminan asustados. “Se emberracan en cada lado”, contó uno de los asesores. Por eso, se intenta casi a diario mostrar unidad entre esta llave para evitar que haya fuga de apoyos. Se promueve orden, pero pareciera que eso es lo que les falta.

La gran apuesta de un colombiano I

Este sábado 2 de mayo se realiza en Estados Unidos la edición 152 del legendario Derby de Kentucky, para muchos la carrera de caballos más famosa del mundo. Pues detrás de la historia de El Puma, uno de los potros que participará, está la del empresario colombiano Ramiro Restrepo, cuya familia emigró a ese país luego del cierre de los hipódromos en Colombia y allí pasó de jinete a agente inversionista de animales certificados como pura sangre inglesa. En ese camino creó la firma de inversiones JR Ranch y ya participó del triunfo del potrillo Mage en el Derby de Kentucky 2023. Esta vez fue uno de los promotores de la compra del caballo preparado por el entrenador venezolano Gustavo Delgado, a quien apodan El Puma por su parecido con el famoso cantante. El equipo tiene posibilidades, entre veinte, de ganar los más de tres millones de dólares que le dan al que recorra primero los 2.000 metros de la pista de arena, porque tiene sangre de campeón heredada del padrillo Essential Quality, pedigrí por el que pagaron 150.000 dólares. Además, viene de imponerse en el Tampa Bay Derby y de quedar segundo en el Derby de La Florida. La famosa “carrera de las rosas”, generalmente adornada con flores importadas desde nuestro país, puede ser aún más colombiana.

La gran apuesta de un colombiano II

A propósito de caballos, en 1998, cuando la industria nacional de las carreras se había declarado en bancarrota por exceso de impuestos y malas inversiones, cuando nacían con la lápida al cuello los hipódromos de Villa de Leyva (Boyacá) y Los Comuneros, en Guarne (Antioquia), un caballo criado por uno de los exiliados hípicos colombianos casi gana la triple corona estadounidense como lo hiciera el legendario Secretariat. Se llamaba Real Quiet; ganó el Derby de Kentucky, el Preakness Stakes, y perdió el Belmont en “foto-finish”, por una nariz. Nos recordaron que fue Eduardo Gaviria Segura, fallecido empresario químico que había instalado un pequeño criadero en Florida luego del cierre del Hipódromo de los Andes, quien crió al supercampeón. Contra todos los pronósticos, porque se burlaban de su potro y lo apodaban despectivamente “fish” (“pez”), lo entrenó, empezó a ganar carreras y le vio tanta calidad que convenció a uno de los accionistas de la cadena McDonald’s de comprarlo e inscribirlo en las pruebas selectivas hacia la triple corona, empezando el primer sábado de mayo en Kentucky.

Inteligentes y democráticos

Con la participación del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, la Universidad del Norte de Barranquilla será sede del 13 al 15 de mayo del XIV Encuentro Internacional del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP), uno de los más importantes foros académicos para reflexionar sobre el futuro del periodismo. Bajo el eje temático “Periodismo, Inteligencia Artificial y Democracia Digital”, el evento abordará cuestiones clave como la ética informativa, la desinformación, la automatización, la gobernanza tecnológica y la transformación del ecosistema mediático. El encuentro es organizado por el Departamento de Comunicación Social y Periodismo de Uninorte, que reunirá a las facultades de Comunicación y Periodismo acreditadas por CLAEP, organismo adscrito a la SIP. Intervendrán destacados académicos continentales como Carlos Scolari, Sebastián Valenzuela y el reconocido periodista colombiano de Univisión Gerardo Reyes.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

Iba a arriba, y cayó en… cuesta

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El alcalde Fico está vendiendo libros en la Feria, a precios de quema.

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Mordisco se ríe a mandíbula suelta.

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Condenado Maduro. Le dieron la mujer por cárcel.

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Uribe será ministro de Defensa, con Paloma. Y Petro de Salud, con Cepeda.

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Lucho, buenos Díaz.

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Las políticas económicas populistas incluían aumentos considerables de los salarios reales y del gasto público y una nula atención al déficit fiscal o la inflación. Las estrategias involucraban siempre alguna forma de apelación al ‘pueblo’ y al anti-elitismo. Como los números son tercos esas aventuras acabaron en su mayoría con gobiernos quebrados e inflaciones de varios dígitos.

¿Por qué no había Colombia tenido populismo económico? Urrutia citaba ocho razones:

La primera, Colombia había tenido una democracia estable durante más de 160 años, con solo dos breves periodos de gobierno militar, en contraste con otros países latinoamericanos donde el populismo surgió en contextos de crisis institucional o transición democrática. (En el s. XXI cambiamos un articulito, luego lo borramos, ahora vuelve el ruido de la Constituyente).

Segundo, los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, habían sido fuertes evitando la emergencia de líderes carismáticos con agendas populistas. (Esa fortaleza se perdió el siglo XXI).

Tercero, los presidentes solían ser tecnócratas o intelectuales con conocimiento en economía y aversión a políticas populistas. (Hmmm)

Cuarto, el sistema político colombiano se había basado en el clientelismo, es decir, la distribución de favores y recursos públicos a cambio de apoyo político, en vez de grandes programas de redistribución macroeconómica típicos del populismo. El clientelismo había permitido una redistribución progresiva del gasto público vía acceso a servicios públicos y subsidios para los más pobres, sin recurrir a políticas fiscales o monetarias expansivas que generaran inflación. (El gasto público está desbocado y hay un ataque al Banco de la República para que se una a la fiesta expansionista).

Quinto, aunque Colombia tenía una distribución del ingreso muy desigual en los años 60, había una mejora significativa en las últimas décadas lo que reducía la demanda social por soluciones populistas. (Esas mejoras se estancaron en niveles muy altos).

Sexto, las áreas clave de la política económica como el Ministerio de Hacienda, Junta Monetaria y el Departamento Nacional de Planeación habían estado en manos de tecnócratas, aisladas de la política clientelista y de presiones populistas. (Hmmm.)

Séptimo, la clase política y la sociedad colombiana habían mostrado una baja tolerancia a la inflación, que era vista como un fenómeno negativo y políticamente costoso. (Con salarios, pensiones y otros precios tan indexados a la inflación, es plausible que ahora la toleremos más).

Octavo, la existencia de una prensa libre e independiente había permitido el escrutinio y la crítica de cualquier intento de política económica populista, desincentivando su adopción. (La prensa ha vivido ataques enormes del gobierno y hay un uso desvergonzado de medios e influenciadores adscritos al gobierno empujando su causa).

Quizás, si Urrutia estuviera escribiendo sobre este tema en 2026 el texto lo habría titulado Sobre la llegada del populismo económico a Colombia y tendría ocho argumentos que explicarían su paulatina adopción.

@mahofste

La operación no la puede realizar el mercado. La presencia del Gobierno por conducto del ministro de Hacienda es indispensable para devaluar la moneda, elevar la tasa de ahorro, y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente. La tarea no la puede realizar el mercado por la vía de la tasa de interés. Se necesita la presencia del Estado para devaluar la moneda, ya sea que el Banco de la República adopte un sistema de cambio fijo o entregue recursos de emisión al Gobierno para que adquiera divisas en el mercado.

La operación no la puede realizar el mercado por la vía del alza de la tasa de interés de referencia del Banco de la República que revalúa la moneda y baja la tasa de ahorro. Se configura un círculo perverso en que la revaluación y la baja del ahorro se acentúan y se refuerzan.

La verdad es que la economía venía de un estado de ahorro menor que la inversión y se enfrentó con el instrumental keynesiano que amplía el gasto público y reduce el ahorro. El tipo de cambio bajó 35% en términos reales, la tasa de ahorro descendió 40% con respecto a la tendencia histórica, y el déficit fiscal que fue 3% del producto en promedio durante quince años hasta 2019, alcanzó 5,8% del producto en 2025.

Así la oferta disminuyó y la demanda aumentó, y tiene la manifestación más clara en la caída de la tasa de ahorro y el crecimiento económico que esta sobrestimado por el procedimiento de cálculo de las cuentas nacionales basado en la demanda. La solución es un sistema que devalúe la moneda en forma drástica para elevar el ahorro, y reduzca el déficit fiscal y en cuenta corriente.

La economía está en un claro estado de desequilibrio en que la oferta es inferior a la demanda. En razón que la demanda no crea su propia oferta, la solución no resulta del mercado. Esta condicionada a la intervención del Estado para devaluar la moneda en forma drástica y reducir el déficit fiscal y en cuenta corriente.

Se tiene una economía en desequilibrio con exceso de demanda. La ampliación de la demanda con políticas keynesianas no eleva el crecimiento económico y eleva la inflación. Lo que se requiere es aumentar el ahorro para expandir la oferta y lograr un mayor crecimiento del producto, y más, para reducir la inflación. En una economía en equilibrio el aumento de la demanda subiría la producción, mientras en una economía de oferta en desequilibrio el alza de la demanda no afecta la producción. Se confirma que el ahorro es el principal determinante de la producción.

Luchó gran parte de los 44 años que vivió por defender la idea de la libertad. La razón debía llevar a esa libertad, y esos dos estados, a una infinita ampliación de la conciencia humana, que potenciaría la creación, la ciencia, el arte. En últimas, el conocimiento, esencial para el desarrollo de la humanidad. “El fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan de su razón libre…”, afirmaba, y agregaba que no era necesario “negar la vida para obtener la salvación. Todo lo contrario, según las palabras de Jesús, la meta de la humanidad es que ‘tengan vida y la tengan en abundancia’”.

El Tractatus de Spinoza fue publicado por vez primera de forma anónima, y luego de su muerte fue prohibido por los estados de Holanda. Más tarde, la Iglesia lo incluyó en sus índices de libros prohibidos, igual que el resto de los textos que Spinoza dejó y que fueron salvados por algunos de sus seguidores. Eran profanos, ateos, blasfemos, según las autoridades, y fueron enterrados, igual que el nombre de su autor. Las hojas en borrador que quedaron de Spinoza, pese a la persecución y a los investigadores que pretendían encontrarlas e incinerarlas, se multiplicaron en copias de copias y terminaron circulando por varios países más allá de Holanda. Algunos de sus estudiosos tuvieron que exiliarse y enviar sus cargamentos “spinozianos” al destino elegido destino por medio de diversos tejidos de redes clandestinas.

Doscientos años más tarde, días más, días menos, Hegel y Schelling, entre otros, resucitaron a Baruch Spinoza, y reivindicaron sus ideas y textos. Un siglo más tarde, Giles Deleuze afirmó que había sido “el príncipe de los filósofos”. Según quienes estudiaron su vida y su obra, Spinoza pensaba e incluso murmuraba y hablaba en voz alta, mientras se dedicaba a limpiar y pulir lentes en su estudio de Ámsterdam. Jamás aceptó una moneda a cambio de sus escritos, y menos, honores o cargos. Le quitaban libertad, solía sugerir.