La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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Sobre este particular, es ilustrativo el mapa contemporáneo de la pobreza en Colombia. Así, el departamento del Choco acumula el mayor índice de pobreza multidimensional del país, afectando a cerca de la mitad de su población. Este que ha sido un teatro habitual de operaciones y que fue área de acción del denominado Bloque Noroccidental de las FARC (Bloque Iván Ríos), al igual que del Bloque Pacífico o Héroes del Chocó, ambos desde la década de los noventa. Hoy acumula una huella histórica de pobreza, por ejemplo, para el año 2001 el Chocó ocupaba el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del país (DNP, 2001); en 1999 registró la mayor mortalidad infantil del país con un 78.6 % (BID, 1990) y; para el 2019, presenta un porcentaje de pobreza multidimensional superior al 75%. Es decir, la actuación de las FARC y las AUC no fueron canal de solución en más de dos décadas de presencia armada.

Para el caso de la Guajira, que se presenta como otro escenario desalentador, el departamento contó con la acción del Bloque Caribe de las Farc (denominado Martín Caballero). Por su parte, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por intermedio de Salvatore Mancuso y Jorge 40 rivalizaron por el control de esta estratégica zona desértica, limítrofe, costera y despoblada. Sus acciones, además de incentivar la ilegalidad y de ser corredor hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, en tanto santuario de retaguardia y eje del contrabandismo, no coadyuvaron en gestar soluciones a las problemáticas de la región. Para 2001, el departamento ajustaba una esperanza de vida y un IDH inferior al promedio nacional (DNP,2001). En 2018 su pobreza multidimensional fue superior al 75%, lo que da cuenta de las profundas carencias que padece su población.

Similar situación se da para el siempre relevante caso caucano, donde operó el Bloque Occidental de las FARC (o Alfonso Cano) presidido por Pablo Catatumbo. Las AUC se manifestaron por medio del Bloque Libertadores del Cauca (Farallones) como una extensión del Bloque Calima. Pese a ello, desde los años noventa este departamento acumuló una de las menores tasas de IDH a nivel nacional. La esperanza de vida de su población se situó por debajo del promedio y la violencia ha sido una constante en las últimas tres décadas. En 2018 registró un índice de pobreza monetaria superior al 50% que afectó cerca de 213.000 personas y la pobreza monetaria extrema en 22% que representan 108.859 personas (DANE, 2019); su pobreza multidimensional afecta entre el 50-75% de la población, de manera que las históricas luchas armadas del Cauca tampoco son un referente de transición armada hacia “órdenes” menos desiguales.

Estos tres ejemplos conducen a señalar la inutilidad de la guerra, sin indulgencias; la violencia y el alzamiento en armas como medios efectivos de transición hacia comunidades más equitativas o sencillamente mejores, esto que pareciera un enunciado obvio, es para algunos sectores académicos y políticos una contradicción, ya que promueven lecturas limitadas y románticas, en las que hasta el último día de lucha, las armas actuaron como un medio legítimo y efectivo para la solución de luchas sociales o agrarias, ignorando que  las estructuras armadas fueron cambiando sus intereses, pero no necesariamente su discurso.  Pese a que esto es una verdad casi de aceptación general, existen grupos de opinión que se han concentrado en relativizar los hechos y las lecturas históricas de estas estructuras, presentándolo como causas legítimas que luchan contra un Estado integralmente opresor. 

En mi criterio, fue poco lo que estos actores lograron en las áreas en las que ejercieron dominio. Sabido es que la guerra no trae resultados positivos para las sociedades; quizá sí para grupos o colectivos particulares, pero en general, las mayorías son perdedoras de base en los conflictos (entre otras, porque ponen los muertos). ¿Entonces, es válido proclamar la lucha armada como instrumento para alcanzar una reforma social estructural o como un medio efectivo para el desarrollo? por muy obvia que parezca la respuesta, es necesario enfatizar en un seco y contundente ¡no!

De manera tal que, dejo el debate planteado, sobre todo en momentos en que se rencauchan argumentos sobre los posibles avances sociales a los que condujo el alzamiento en armas. Pocas explicaciones en lo contemporáneo o histórico nos pueden llevar a concluir que una nueva lucha está justificada así sea bajo premisas políticas, ideológicas o sociales; por el contrario, este falso dilema conduce a las comunidades a ser empobrecidas, invisibilizadas y victimizadas. La responsabilidad de la administración y el desarrollo debe caer en el Estado y sus instituciones, por ineficientes que sean, no en proclamas de transformación arcaicas.  

jspachecoj@hotmail.com 

Este es un un momento histórico en que más de 65.3 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa de los conflictos y la persecución a nivel mundial. No obstante, la inclusión en el evento deportivo más importante a nivel internacional de un equipo de atletas refugiados nos muestra que el deporte todavía desempeña un papel importante en la superación de fronteras y la promoción de la paz. Dos nadadores sirios, dos judocas congoleses, cinco atletas sur-sudaneses y un maratonista etíope han sido la voz y la imagen de millones de personas durante los Juegos Olímpicos, y han recordado al mundo la capacidad de superación y realización de las personas desplazadas.

Las experiencias de estos jóvenes atletas en Río 2016, demuestran que el deporte puede marcar la diferencia entre una vida en el limbo de la inseguridad y un futuro próspero. El deporte no es sólo juego, competición y sudor, es también un medio que promueve participación e inclusión, uniéndonos en el trabajo en equipo hacia un objetivo común. Es en una herramienta hacia la construcción de la tolerancia, la cohesión social y la paz.

Este tema debería llamar mucho la atención en Colombia, considerando que un acuerdo de paz es sólo el comienzo de un proceso sistemático de construcción de paz, en el cual todas las instituciones, la sociedad civil y actores sociales, incluidos el sector privado y productivo del país, tendrán que involucrarse activamente para evitar que el país vuelva a caer en un conflicto armado, como el vivido en los últimos 50 años. El deporte es, por tanto, una clave importante ya que contribuye a la construcción de una paz duradera, que es aquella que brinda seguridad, justicia, reparación y la garantía de no repetición de violaciones de derechos humanos para las víctimas de la violencia.

Conscientes de que los niños, niñas y jóvenes siempre han estado particularmente expuestos a la violencia, el reclutamiento forzado y el desplazamiento, así como del potencial del deporte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Olímpico Internacional (COI) cooperan desde hace 20 años impulsando proyectos deportivos incluyentes que permiten la creación de entornos seguros y de oportunidades de desarrollo personal a miles de refugiados y desplazados. El equipo olímpico de atletas refugiados, es uno de los frutos de más recientes de esta alianza.

En Colombia, ambas organizaciones financian proyectos conjuntos y trabajan con autoridades locales y nacionales en zonas de riesgo particularmente afectadas por el conflicto, como Chocó y Valle del Cauca. Allá, niños y jóvenes practican actividades deportivas para aprender a solucionar conflictos de manera pacífica, concientizarse sobre sus derechos y sobre cómo alcanzarlos. Al pertenecer a equipos deportivos fortalecen su capacidad de liderazgo, auto-disciplina, trabajo en equipo, cooperación, sana autoexpresión e igualdad de género. A través del respeto mutuo, ellos activamente construyen una cultura de paz hacia un futuro más próspero y una mejor Colombia.

Los entrenadores y facilitadores, que muchas veces son los propios jóvenes, se convierten en modelos positivos para sus comunidades. Además, en poblaciones indígenas se impulsan los deportes tradicionales, como competencias de canoa y tiro con arco, para garantizar la preservación de la cultura y el fortalecimiento de la identidad étnica, esto con  el objetivo final de incrementar la cohesión de una sociedad tan diversa como la colombiana.

Durante su última visita a Colombia, Jaques Rogge, expresidente del COI y actual Enviado Especial de las Naciones Unidas para los Jóvenes Refugiados y el Deporte señaló: “Es nuestro deber ayudar a los jóvenes y a la población local, y apoyarlos con los esfuerzos por encontrar la paz. Y qué mejor manera de hacerlo que a través del deporte, que es un reconocido facilitador de empoderamiento juvenil, salud, educación e inclusión social”. Su declaración es un llamado a la acción que debemos seguir, considerando que el deporte ofrece a las personas que se han visto obligadas a huir de su hogar la oportunidad de convertirse en actores de cambio y generar soluciones duraderas para el futuro. 

*Escrito por Elena D’Urzo, Asociada VNU de Relaciones Externas - ACNUR Colombia

La reincorporación de los más de 13.200 exintegrantes de las Farc avanza exitosamente en todo el territorio nacional; el compromiso del Gobierno y su apuesta por impulsar la implementación de los Acuerdos han garantizado que quienes dejaron las armas construyan sus proyectos de vida en la legalidad y tengan acceso a oportunidades económicas, educativas y sociales para su beneficio y el de sus familias.

Tal y como lo ha reconocido la comunidad internacional. Estamos cumpliendo y yendo más allá de lo pactado. Pese a que en el mes en curso se extingue la figura jurídica de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el Gobierno decidió mantener la atención, la renta básica y las garantías, por el tiempo que sea necesario, con el fin de garantizar que los 3.246 excombatientes que residen en estos espacios continúen vinculados a la vida civil.

Respecto de la reincorporación económica y para promover el emprendimiento de los excombatientes, La Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, ha cumplido la planeación para el éxito de todo el proceso.

A la fecha se han aprobado recursos para 245 proyectos productivos, 29 colectivos y 216 individuales, que vinculan a 2.183 excombatientes. La inversión supera los $17.463 millones (USD 5.29M). Adicionalmente, se han consolidado alianzas con el sector privado y aunado esfuerzos con las instituciones nacionales y regionales para apalancar las iniciativas económicas.

La vigencia de la política de estabilización Paz con Legalidad marca avances significativos en materia de reincorporación, con garantías para los excombatientes, sus familias y las comunidades que los han acogido, promoviendo la reconciliación en los territorios y trabajando por una paz exitosa y sostenible.  

La ARN realizó entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, un registro nacional, que permitió saber que el 76% de los excombatientes es optimista sobre su futuro dentro del proceso de reincorporación.

A mediados de julio, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU hicieron un recorrido por el ETCR de Caldono, Cauca. Tras escuchar a los representantes del gobierno, a las autoridades locales, a la comunidad y a los excombatientes, visitaron sus proyectos productivos. Allí, la ONU reiteró el apoyo de la comunidad internacional a la implementación de los acuerdos y mencionó la reincorporación como un ejemplo para el mundo.

Un excombatiente dijo hace poco en una entrevista radial que la reincorporación es una de las mejores cosas que le ha pasado a Colombia. Por eso estamos confiados en el futuro, dentro de un marco de paz con legalidad.

*Director General Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

Así, es un hecho cierto que el sistema educativo actual forma a los estudiantes en todo tipo de saberes y ciencias, pero ignora los más elementales, esto es, la capacidad de convivir en sociedad, el respeto de las leyes, el reconocimiento del otro, el manejo de diferencias, la resolución de conflictos, entre otros, conduciendo a que la mayoría de los adultos, jóvenes y niños, tengan alguna noción de matemáticas, física o química pero sean pésimos ciudadanos.

Ejemplo de ello es, como desde meses atrás se han levantado múltiples expresiones de inconformidad e indignación por cuenta del Código Nacional de Policía y las órdenes de comparendo (no multas) que se han impuesto a los vendedores ambulantes y otros ciudadanos en razón de dicha norma; y aunque indignarse por ello es fácil, ver el fondo del problema requiere de un compromiso más agudo; sin un código normativo que regule la vida social y un cuerpo de funcionarios que las supervisen, no es posible constituir sociedad. Relativizar este básico principio solo lleva seguir haciendo más difuso el límite entre lo lícito y lo ilícito y nubla la posibilidad de construir soluciones estructurales a los problemas sociales.  

En ese entendido, basta de satanizar las leyes, el código de policía y a quienes lo reglamentan, es impajaritable que se consolide una cultura por su respeto. La sensación general de anomia, es causa y consecuencia de la ausencia de una política estructural para formar a los colombianos como ciudadanos, en la integralidad de esta expresión, y no como está sucediendo en donde se tienen perfectos profesionales y “doctores” que no reconocen a la autoridad, ni hay respeto por los estándares mínimos de civilidad y relacionamiento social. Consecuencia de esto, es la manifestación de la violencia como un medio útil para la solución de conflictos.

De manera que, es necesario que en todas las áreas de la sociedad se reconozca la necesidad de normas como el Código de Policía y de quien, en virtud de la constitución, ha sido designado para actuar en pro de su regulación, concretamente la Policía Nacional; máxime cuando la opinión pública atrincherada desde las redes sociales, las feak news y los sensacionalismos, promueven relativizar  y resignificar absolutamente todo, haciendo casi imposible establecer un sistema de orden medianamente viable.

Según sea el contexto, se exige acción de las autoridades y contundencia contra determinadas infracciones, pero para otras se pide procrastinar y obviar lo establecido en los códigos y leyes. es decir, se utilitarizan las normas según el contexto y el nivel de afectación que esto tenga sobre los intereses particulares. Y esto que parece un problema intrascendente y cotidiano, se constituye en el ADN de la violencia, la cual tiene como colofón el(los) conflicto(s). así, el permanente estado de indignación y los reiterados discursos que promueven la resistencia a la autoridad, en cualquiera de sus manifestaciones, ha llevado a que se dé un desorden generalizado que pareciera imposible de solucionar, olvidando lo más obvio: no existe sociedad viable sin herramientas que regulan la convivencia y personas que las supervisen.

De manera tal que, es imperativo construir una cultura en todos los niveles de educación, que formen a la sociedad para tener un rol activo en la creación de las leyes, el ejercicio democrático, el respeto por los códigos-normas, las autoridades y sobre todo una formación en el reconocimiento del prójimo, del conciudadano como un sujeto de derechos, es decir, necesitamos ser primero buenos ciudadanos y después profesionales. La priorización de la academia y las autoridades debe estar en la de formación de personas que nunca vean las armas o la violencia como un medio para la manifestación de sus ideas e ideologías.   

jspachecoj@hotmail.com

Sobre esto, resalto la relación entre geografía, conflicto e historia que ha sido tangencialmente abordado por algunos académicos y centros de pensamiento pero que merece ser profundizado, en particular sobre la necesidad de comprender el conflicto armado colombiano y sus demás violencias históricas desde la óptica de la geografía regional. No se puede olvidar que este país se ha construido condicionado a su geografía y que ella ha marcado el curso de varios procesos históricos, entre ellos, el de la guerra.

Tan profundo es este postulado, que basta con revisar algunos elementos de la historia colonial y decimonónica para comprender que las dinámicas de las violencias son una calca de los mapas de la geografía humana. Desde la llegada misma de los españoles, el orden de poblamiento se dio a partir de la fundación de ciudades que, en razón de sus intereses económicos, condicionaron nuestro ordenamiento territorial. No en vano somos un país de preminencia andina con inmensas zonas demográficamente despobladas.

Similar situación se presentó en el siglo XIX pues, tras la consolidación de la independencia se experimentaron varias tensiones sobre el modelo de estado nacional a construir, matizado por la puja entre el centralismo y el federalismo (centro-periferia) y que no en pocos casos empujo a que, más que guerras civiles, se presenciaran enfrentamientos entre ciudades o provincias que se consideraban a sí mismas como estados nacionales, ya que los beneficios de las elites orbitaban preferentemente en torno a la realidad de lo inmediato que sobre un proyecto nacional. En ultimas ¿qué interés común podría existir en dicha época entre la élite momposina y la sociedad sureña de Pasto?

Esta singularidad llevó a que se presentaran tensiones, conflictos y pujas entre las ciudades coloniales, las que estaban tomando auge tras la independencia y el control central de Santa Fe, que actuó, para fortuna o desfortuna, en la construcción de la posterior centralista República de Colombia. Lo que pretendo presentar es que, la configuración de ordenes regionales que se complementan y se excluyen entre sí, no es un asunto anecdótico o un relato erudito de la historia, sino que debe ser tenido en cuenta como un condicionante del análisis del conflicto armado del siglo XX e incluso de las violencias contemporáneas.

Ejemplo de ello, es el hecho singular, pero disiente, de que nunca un ejército del interior haya invadido a la costa caribe o viceversa. El historiador Fabio Zambrano plantea que no se dieron guerras de carácter “nacional”, porque no hubo ejércitos ni caudillos que tuvieran esa capacidad y que los múltiples enfrentamientos del siglo XIX se presentaron entre pequeñas huestes de preeminencia regional. Hecho que también trabaja el historiador Charles Bergquistq frente a las características de la Guerra de los Mil Días, en la cual los conatos de enfrentamiento total se manifestaron principalmente en las regiones cafeteras y paradójicamente se repitieron a mediados del siglo XX con las guerrillas y el bandolerismo, principalmente en la región andina central.

Todas estas situaciones nos llevan a introducir el debate sobre la necesidad de comprender las violencias, incluidas las de las insurgencias y contrainsurgencias, desde una perspectiva geográfica y ambiental, esa idea que en Colombia se ha librado una lucha de carácter nacional es en muchos sentidos engañosa. Ni aún en los momentos de mayor auge y despliegue de las Farc se logró consolidar una presencia completamente nacional, ni siquiera en el desdoblamiento que experimento tras la octava conferencia, en los plenos de los años noventa, o con la Zona de Distención, este grupo armado ilegal tuvo un control universal.  Evidente es que, el conflicto logró un alcance nacional, pero no un control hegemónico y nunca abandonó el condicionante regional y transregional. 

Esta variable, que no es menor, es clave para entender el país y su guerra, el abúlico análisis que sobre esto se ha hecho es tan obvio como ausente. En esto, las Fuerzas Armadas han librado un conflicto que en muchos casos las han desbordado, actuar en un terreno por demás complejo, demanda que se libren operaciones entre dispares contextos como el desértico (La Guajira), montañoso quebrado (Antioquia, Quindío, Cauca), amazónico, de selva tropical húmeda, en los Llanos Orientales y la basta Orinoquia, entre otros, haciendo de la guerra un reto titánico.

Esto para quienes estudiamos el conflicto rodeados de paredes, pueden ser anécdotas, datos o estadísticas, pero en términos prácticos es determinante, por cuanto la diversidad climática, geográfica y física de los teatros de operaciones conlleva a que las acciones no se desarrollen desde una perspectiva nacional, sino que, tal como en la colonia o el siglo XIX, el país deba ser entendido e intervenido desde lo regional. En ocasiones una playa, un río o una montaña, han sumido a poblaciones a sufrir con mayor o menor intensidad los embates del conflicto.  

Esto es un condicionante incluso de nuestros días, ya que la persistencia de los Grupos Armados Organizados residuales y de narcotráfico, operan bajo características de influencia, regional o subregional, basta con escrutar la historia del Catatumbo, el Urabá, La Guajira o el Caquetá, para reconocer que la vida y dinámica del conflicto no necesariamente cursa desde el ámbito de lo central, viejo debate, sino que se entiende en la órbita de lo micro, lo meso y lo transregional.

La verdad histórica, reclama entendimiento estructural, de larga duración, con fuentes documentales y sobre todo superando los lugares comunes. Los nuevos estudios no resisten que se priorice la generalización, ni la simple suma de las partes, esto debe hacerse de forma diferenciada, regional y reconociendo particularidades. Hoy sigue vigente lo escrito por David Bushnell: Colombia una nación a pesar de si misma.   

jspachecoj@hotmail.com

La famosa frase “la patria por encima de los partidos” contiene una perversión de fondo que alguna vez le escuché a un destacado político colombiano: consiste en creer que las divisiones propias de los partidos son negativas. Mi profesor se refería entonces a una frase semejante que se atribuye a Simón Bolívar: “si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro…”. Como si la unidad proviniera de la “uniformidad”.

Los partidos son justamente la manifestación de la riqueza política del país, emanada de la diversidad de culturas y formas de entender el ordenamiento social. Por eso es más apropiado decir: “la patria a través de los partidos”. Lo contrario nos llevaría al totalitarismo.

Otra cosa es creer que para conseguir la paz tengamos que ponernos de acuerdo en lo ideológico, que es la razón de ser de los partidos. Si esa fuera la condición, la paz sería imposible. Es decir que la gran bandera de Álvaro Gómez, el acuerdo sobre lo fundamental, que curiosamente ha sido apropiada por candidatos de las más diversas corrientes ideológicas, en la práctica no es viable.

Si alguna vez nos pusiéramos de acuerdo sobre lo fundamental, nos sucedería lo que pregonaba Mafalda: que cuando finalmente nos supimos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. La diversidad del pensamiento es condición sine qua non del funcionamiento de la democracia, siempre que esa diversidad no incluya el derecho a prescindir del otro; y ni siquiera en eso nos hemos puesto de acuerdo.

¿Significa entonces que es imposible establecer acuerdos para construir la paz? De ninguna manera: el filósofo francés Jacques Maritain mostraba que a lo largo de la historia se han conseguido acuerdos de cooperación entre facciones que, en aspectos ideológicos, difícilmente habrían llegado a puntos en común.

Siempre existirán puntos a favor y en contra de temas como la erradicación de cultivos, el porte de armas para civiles, o la estrategia para que gobierno y ELN se sienten a negociar, y dentro de cincuenta años seguiremos discutiendo acerca de si la estrategia empleada fue o no la más apropiada. Así como seguimos discutiendo sobre la pertinencia del Frente Nacional.

Pero si pensamos en la manera de convocar a una comunidad de cultivadores de coca del pacífico nariñense, con su contexto económico, histórico, político y social específico, hay una altísima probabilidad de encontrar caminos para intentar la erradicación, a partir de iniciativas que con toda seguridad provendrán de la propia comunidad. Es decir que la paz es mejor acordarla en concreto que en abstracto.

Necesitamos del apoyo de los medios de comunicación para darle mayor visibilidad a todas esas iniciativas que abundan a lo largo y ancho del territorio colombiano, y que muestran los proyectos de construcción de tejido social que, en definitiva, están construyendo paz. Es una forma de hacer memoria de la paz y no sólo de la guerra.

Necesitamos también de nuevos liderazgos que sepan convocar a los representantes de los partidos, para que podamos ver que precisamente las diferencias entre partidos enriquecen la discusión sobre proyectos; que, aunque la idea de paz se ha convertido en bandera ideológica, sigue siendo un propósito nacional, alrededor del cual podemos reunir a las fuerzas vivas del país, porque el momento que vivimos nos llama a poner los partidos al servicio de la patria.

*Coordinador del Centro de Estudios en Educación para la Paz de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana.

Si algo positivo debe dejarnos la crisis actual es dejar de romantizar al cuidado. Sin este nuestras sociedades no existirían como las conocemos y la maquinaria capitalista no podría funcionar. Ese alto ejecutivo que invierte en las grandes bolsas del mundo simplemente no podría, porque debería hacerse cargo de alimentarse, vestirse, cuidar de sus hijos, limpiar, coordinar las tareas del hogar y un largo etcetera. Una imagen que cuando hablamos de un alto ejecutivo—hombre-- ya no tiene mucho de romántico.

El confinamiento actual en gran parte del mundo ha permitido visibilizar el valor real de todas estas tareas. Por un lado, son pésimas noticias para las mujeres, pues por la histórica división del trabajo es en ellas en quienes recae en mayor medida las responsabilidades del hogar, que por estos días se triplican.

Por otro lado, los más optimistas lo ven como una grandísima oportunidad para erosionar las normas sociales, pues la situación obliga a que los hombres empiecen a asumir en la misma proporción las tareas de cuidado. Inclusive que deban asumir la carga total pues sus parejas, en algunos casos, son trabajadoras esenciales, por ejemplo las enfermeras. Claro que esto dependerá de cuánto dure la cuarentena, el cambio de comportamiento no se dará en un par de semanas o de meses.

Aún así repensarnos la carga simbólica, que le hemos dado al cuidado, es la puerta para deconstruir la visión hegemónica de la economía. Es momento de abrir el debate sobre el sentido, los paradigmas, los sesgos – entre ellos los de género-- e ideas bajo las cuales la humanidad ha construido el modelo económico. Pocas veces nos cuestionamos quiénes y cómo construyeron este sistema – que por lo demás es reciente-- lo damos por sentado y como verdad universal. Y lo cierto es que cuando uno lo piensa a profundidad un concepto como el PIB, por ejemplo, no es más que una construcción social, está lejos de ser un postulado científico inamovible. Igualmente, el dinero tiene tanta importancia porque todos y todas compartimos su carga simbólica y hay una aceptación universal de su valor, pero hoy en realidad nada lo respalda. Eso significa que estos conceptos son volátiles y dinámicos, por ende transformables.

Ojalá esta pandemia nos permita romper los paradigmas actuales bajo los cuales está cimentada la economía. A 2017, según el DANE, la economía del cuidado representaba 190.000 miles de millones de pesos, es decir, más que cualquier otro sector del PIB del país. Ejercicios como estos de incluir en las cuentas nacionales al cuidado existen a lo largo y ancho del planeta, es un buen primer paso, sin duda. Sin embargo, el reto realmente está en que como sociedad le demos el peso y valor que merece. Nuestras madres y abuelas no son ningunas mujeres “guerreras, divinas y entregadas”. Nuestras madres y abuelas han mantenido la economía por años y por lo mismo deberían ser reconocidas. Son más productivas y relevantes que cualquier ejecutivo de Wall-Street.

*Esta columna representa la opinión de la autora, y ni no de la organización a la que pertenece.

Una de las causas de los fuertes desbalances de poder entre hombres y mujeres en las sociedades modernas es el evidente desempoderamiento económico de estas últimas. Esto causado al mismo tiempo por la intransigente división del trabajo, los hombres como proveedores y las mujeres como dadoras de cuidado. Los hombres encargados de la vida pública y las mujeres del hogar. Por supuesto, la maternidad como la mayor carga y el mayor castigo para una mujer que pretende revertir los roles, y dedicarse ella a ser su propia proveedora. Basta con mirar las mediciones sobre la brecha salarial, como cada hija/o amplia dicha brecha.

Un mercado desregularizado bajo los canones y creencias culturales actuales no hace más que reforzar y ampliar las desventajas entre los géneros. El mercado falla, y generalemente le falla a aquellos/as en situación de mayor vulnerabilidad. No se trata de satanizarlo, se trata de mirar la evidencia y reconocer que dicha “economía de libre mercado” no es siempre la respuesta para una sociedad próspera e incluyente.  El mercado falla en proveer servicios como guarderías y hospitales para todos los niveles socio-económicos, el mercado falla en brindarle trabajos dignos, estables y con igualdad de salario a las mujeres; las cifras muestran cómo países con un amplio sector público tienen mayor igualdad de género laboral, porque hay más mujeres contratadas para trabajar en lo público, que en lo privado.

Las mujeres son las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas en las crisis financieras, como lo demuestra Kisten Ghodsee, investigadora en la Universidad de Pensilvania. Crisis que por cierto son cíclicas en el sistema capitalista. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que las mujeres fueron quienes más sufrieron la crisis Europea, y las que continuan sufriendo en gran medida las políticas de austeridad que recortaron el gasto públio. La intervención del Estado es necesaria para equilibrar la cancha entre mujeres y hombres, las políticas de acceso gratuito y universal a guarderías y salud son imperantes para cualquier país que quiera alcanzar la igualdad entre los géneros.

Cuando hablamos de un país como Colombia donde la situación de las mujeres rurales y pobres es aún más compleja, este tipo de intervenciones, como bien lo expone Ghodsee, son de gran apoyo para las cabezas de hogar (en su mayoría mujeres), les permite a ellas abandonar situaciones de abuso con mucha más facilidad y les brinda libertad sexual y control sobre sus cuerpos.

Esto no es populista, ni castro-chavista. Necesitamos dejar de satanizar las políticas de intervención social, basados en el mito de la “meritrocracia”, del “que quiere puede”, de romantizar a aquellos/as que en medio de la dificultad renuncian a sus derechos humanos y dignidad para avanzar en un sistema que ha sido creado por y para beneficiar a una sola parte de la población. 

El día en que hayamos superados los sesgos y estereotipos en un cien porciento, ese día hablemos si la completa desregularización del mercado es el camino indicado.

@lmaciaslozano

Por ejemplo, comparando la tasas de homicidios de varios países de América Latina (que si bien no es el único indicador que permite medir la violencia, sí es la cifras más confiable al momento de analizar) se puede concluir que el país todavía tiene un reto para superar los fenómenos de inseguridad y violencia. La tasa de homicidios de Colombia, en 2015, fue de 25 por cada cien mil habitantes (hpcch), lo cual supera el nivel de epidemia establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los retos son grandes, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de hechos que afectan la seguridad, la convivencia y los que generan violencia, se presentan principalmente en las ciudades. Para probar dicha afirmación se ha realizado un análisis estadístico básico.

En el caso de los homicidios, del total de 12.612 hechos, que según el Instituto de Medicina Legal, se presentaron en Colombia en el 2014, el 48%, es decir 6.086, se presentaron en las 21 ciudades que tienen más de 300.000 habitantes.

Siguiendo esta lógica, se realizó el mismo ejercicio con un hecho que afecta directamente la seguridad de las personas en relación a su patrimonio económico, como el hurto a personas. En 2014, según datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol –DIJIN- de la Policía Nacional, se presentaron 94.345 hurtos a personas de los cuales el 73%, es decir, 69.252 casos, se presentaron en las 21 ciudades ya mencionadas. En las tres principales ciudades, la participación con relación al total de los casos del país es del 35%.

Por último, se analizó el caso de las lesiones, que se pueden caracterizar como hechos que pueden afectar no solo la seguridad sino también la convivencia, ya que gran parte de las mismas son resultado de riñas o discusiones. En este caso, del total de casos que se presentaron en el 2014 (80.916), el 54% se dieron en las ciudades identificadas, lo que significa 43.343 hechos, y si se tienen solo en cuenta las tres ciudades principales, éstas representan el 26% del total del país.

Según todo lo anterior, se puede afirmar que a pesar del gran reto que se presenta en el posconflicto, existe un tema que no se puede dejar al lado y es la paz urbana, que consiste en garantizar a los ciudadanos sus derechos y el ejercicio de los mismos en el contexto de las ciudades, lo cual está ligado necesariamente a la seguridad y la convivencia.

Es pertinente iniciar la reflexión sobre qué herramientas existen para dar dichas garantías; cómo a partir del escenario que se presentará con la firma de los acuerdos pueden el Estado y la institucionalidad iniciar la construcción de instancias para el manejo del tema, ya que lo que existe hoy para la mejora de las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudades es deficiente e insuficiente. Y la prueba contundente de ello son las cifras. 

*Luis Fernando Echavarría, Fundación Paz y Reconciliación.

Con la desmovilización de las AUC, hace más de una década, y tras la entrega de las armas por parte de las FARC-EP en 2016, se constituyó un panorama nuevo, en el cual muchas disidencias y manifestaciones residuales de estas desaparecidas organizaciones armadas, decidieron reciclarse para continuar en prácticas ilegales, en particular el narcotráfico.

A partir de ello, empezó una puja por la nueva denominación de estas estructuras, toda vez que, en términos legales, las entidades a las cuales representaban en el pasado ya habían desaparecido, sin embargo, aunque muchos excombatientes se reinsertaron de forma positiva a la vida civil, para muchos otros, la experiencia acumulada los incentivó a reincidir, planteando un reto sobre su nombramiento. Esta situación se agravó, con el rearme de los líderes de las otrora FARC-EP, Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes soportaron una nueva causa bajo una antigua marca.

En ese marco, cobra importancia la definición o nombramiento de estos nuevos grupos, lo cual no es problema menor, ya que de la forma como se le catalogue se define, entre otras, las maneras e intensidades para enfrentarlos, además de las características para su tratamiento político en el contexto nacional e internacional. En medio de este debate, emergen criterios periodísticos, políticos e ideológicos, que en medio de la confusión buscan referirse erróneamente a estos fenómenos armados con vocación de sus intereses o por causas del desconocimiento.

Así entonces, ante nuevas incursiones o situaciones asociadas a la seguridad y defensa, se acuñan expresiones como grupos paramilitares, disidencias, grupos residuales, terroristas, narco-guerrillas, entre las más moderadas y otras más incisivas como narco-paramilitares grupos de ultraderecha, narco-comunistas entre otros, que además de coadyuvar en la confusión, promueven un ambiente de indefinición y zozobra que se traslada a las redes sociales a manera de argumentos para la polarización y la desinformación.

En esta lógica también está participando el Ministerio de Defensa, que al parecer ha decidido acoplarse a la definición que otorga el Derecho Internacional Humanitario, alrededor de la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO), pero ante la multiplicidad de actores armados, no pueden ser nominalmente iguales, por lo que se acompañan de expresiones como Residual (GAOR) para el caso de los ex combatientes FARC y para el caso de lo que antiguamente se conocían como milicias, ahora denomina Redes de Apoyo de Estructuras Residuales (RAER).  Recientemente, se han escuchado expresiones como GAOR-E6 y se refiere a excombatientes FARC que anteriormente pertenencia al Frente Sexto de la desaparecida guerrilla, así mismo, hemos escuchado en boca de los uniformados en medios de comunicación, expresiones como GAOR-S18 que se refiere a Grupo Armado Organizado Sub Estructura 18 ya que además de estar relacionado con el antiguo frente 18, que a su vez está subordinado a una estructura de mayor jerarquía.    

Para el caso de los ex combatientes provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, varía de acuerdo a la intensidad y capacidad por lo cual se dividen en GAO y GDO, el primero se acompaña del nombre con el que popularmente se identifica, ejemplo GAO-Pelusos o GAO- Clan del Golfo y para los que poseen otro tipo de capacidades se titulan como Grupo Delictivo Organizado (GDO).

De manera que, este asunto se presenta de vital importancia, sobre todo porque los recientes procesos de paz y entrega de armas, han enseñado que la categoría frente al DIH es trascendental. Sin embargo, en un conflicto como el colombiano en el que la violencia se recicla con asombroso escamoteo, se hace necesario, en términos de construcción histórica, poder establecer hitos de diferenciación entre grupos armados que hacen tránsito hacia lo político y los que persisten en las armas, ya que la categoría o denominación no puede estar subordinada a la forma en que ellos pretendan autodenominarse, por cuanto allí emergen intereses políticos y se configuran eufemismos.

Antioquia es el departamento con mayor afectación por desplazamiento forzado en el país con 1.6 millones de personas, más de 450,000 tan sólo en Medellín. Tiene nueve subregiones diferentes, tanto geográfica como culturalmente, todas marcadas por distintos fenómenos asociados al conflicto armado. En la lógica del desplazamiento fueron zonas expulsoras y receptoras de familias que huyeron para proteger la vida. Sin embargo, todas tienen algo en común y es que han sabido hacer frente a la adversidad y proponer futuros diferentes al conflicto.

Antioquia tiene regiones que avanzan en caminos de reconciliación y desarrollo por medio de diversos programas y mecanismos. Vale la pena señalar, el uso que las comunidades del Oriente antioqueño le han dado a la memoria y a los procesos de atención psicosocial y cómo le han enseñado al país que es posible ver la cicatriz sin que duela tanto, y que la unión y el sentido de pertenencia al territorio pueden reconstruir pueblos enteros. Por otro lado, Medellín ha brindado apoyo técnico y financiero a los municipios mayormente afectados por el conflicto armado para fortalecer sus capacidades, superando obstáculos administrativos que en ocasiones impiden ver a la región en su conjunto. Mientras tanto, en Bello, con el apoyo del ACNUR, la Defensoría del Pueblo, y la Administración Municipal, se construyó la Casa de los Derechos en el centro de Granizal, un asentamiento urbano de 20,000 desplazados forzados, acercando la institucionalidad a las víctimas. Hoy, este proyecto también recibe apoyo de una fundación del dinámico y comprometido sector empresarial antioqueño.

Así como lo muestra su historia, Antioquia ha sabido reconocer los problemas para enfrentarlos con innovación y sentido de pertenencia al territorio. El Gobierno local, la sociedad civil, las comunidades y los organismos no gubernamentales han trabajado como equipo para salir adelante. En esta lógica, es un referente para Colombia. Por ejemplo, fue el primer departamento que hizo frente al desplazamiento forzado asimilándolo a un desastre natural incluyendo medidas de protección, generando así respuestas inmediatas a emergencias humanitarias como las que iniciaron a finales de los noventa.

El Gobierno local también ha reconocido el desplazamiento intra-urbano como un fenómeno que debe ser atendido, ante la necesidad de identificar nuevas formas de violencia urbana que amenazan la vida, libertad y seguridad de las comunidades urbanas, y que exponen a niños, niñas y jóvenes a riesgos de reclutamiento por grupos ilícitos. Sin embargo, también hay zonas que siguen debatiéndose en medio de la confrontación, como es el caso del Bajo Cauca y parte del Urabá. Zonas en las que hay una gran riqueza de recursos naturales que durante años han estado a merced de la dinámica del conflicto armado, como el agua, la madera y el oro.

De firmarse el Acuerdo de Paz, en el departamento habrá tres zonas veredales y un campamento para las FARC. En este marco de construcción de paz, a Antioquia se le imprime un nuevo reto, y es justamente reconciliar las visiones de desarrollo sobre principios de equidad en los territorios. Construir la paz exige contar con la experiencia de los gobiernos locales, y más aún, con las experiencias de las comunidades. Las comunidades antioqueñas, que han tenido que afrontar la presión de la violencia y la pobreza, son un referente de resistencia, creatividad y fuerza para plantear el desarrollo regional. Son esas comunidades que han vivido el conflicto, las que con mayor fuerza anhelan la paz, y la posibilidad de construir un presente y un fututo sin la presión de la guerra.

Son las víctimas y sus memorias de desplazamientos forzados masivos, reclutamiento forzado de menores, desapariciones, falsos positivos y destrucción de pueblos, que hoy se autodenominan sobrevivientes, con quienes se debe trabajar hombro con hombro en la reconstrucción de la confianza y con ello, la paz.

Desde 2000, el ACNUR ha estado presente en Antioquia y fue testigo de cómo los actores armados capitalizaron las ausencias estatales en las llamadas zonas rojas. Romper dicha estigmatización y favorecer la presencia Estatal en estas zonas debe ser la respuesta, ad portas de un momento histórico para la sociedad colombiana.

Hoy, el ACNUR Antioquia trabaja de la mano con las comunidades apoyando sus procesos de incidencia para el restablecimiento de sus derechos, con la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, las Alcaldías de Medellín, Bello, Ituango, entre otras, fortaleciendo sus capacidades de respuesta para la construcción de soluciones con las víctimas, así como con la sociedad civil y empresarial.

Para nosotros, éste es el camino a la paz y a la reconciliación.

*Escrito por Bertrand Blanc, Jefe de Oficina, Antioquía y Chocó ACNUR, y Joan Sebastian Diaz Parra, Coordinador de protección, Antioquía ACNUR. 

Por Juan David Cárdenas*

La semana pasada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo el IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, con la presencia de más de 2000 académicos de todo el continente y en el contexto de la pregunta: “¿Democracias en recesión?”. La reflexión giró en torno al estado de las instituciones democráticas en la región.

Los temas dominantes del congreso no podían ser otros: la crisis que se vive en Venezuela y las consecuencias que esto ha traído para la región, los escándalos de corrupción que han permeado, sin excepción alguna, a todos los países de la región, y el auge de los procesos de democracia directa, movilización y canalización de demandas sociales en espacios alternativos.

El problema general, sobre el cual quiero poner énfasis, y que trasciende las ideologías dominantes en cada uno de nuestros países, tiene que ver con la falta de legitimidad, no solo de los políticos, sino de la política y las instituciones y las consecuencias que esto trae sobre la estabilidad de nuestros sistemas políticos. Esto lleva a plantear la pregunta sobre la recesión de las democracias en países que a través de distintas vías democráticas “formales liberales” habían logrado grandes avances sociales, más allá de que en la mayoría de los casos los discursos de dichos gobiernos iban en contra de la idea del liberalismo sobre todo en el ámbito de lo económico.

El escándalo Odebrecht nos ha demostrado que la corrupción y la ambición no distinguen colores e ideas políticas. Lo más grave de esta situación es que más allá de la crisis de imagen, de los problemas legales y de sanciones morales que puedan tener los políticos involucrados, en este panorama se dilapidan la poca legitimidad y credibilidad que los ciudadanos latinoamericanos tenían en sus sistemas políticos.

Adportas del comienzo de la campaña presidencial en Colombia estos debates son más relevantes que nunca. Se podría afirmar que nuestro sistema político está en un momento de transición en donde, en medio de una sociedad polarizada, los valores democráticos pueden terminar tomando ese camino hacia la recesión, y no porque pueda aparecer el fantasma del castrochavismo, sino porque las fuerzas políticas que vienen tomando fuerza podrían llegar a desmontar grandes avances democráticos que el país ha conseguido, no necesariamente ligados al proceso de paz.

Este temor no es infundado. Basta ver como los procesos de transición, unos democráticos, otros a través de la fuerza, de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, no han redundado en sociedades más estables y más democráticas. Simplemente hay que mirar casos como los de Brasil, Argentina, Honduras, Guatemala y Paraguay, entre otros, para concluir que la recesión de los valores democráticos no obedece tanto a las orientaciones ideológicas de los gobiernos sino a cómo estos se ponen al servicio de intereses alejados a las necesidades de sus sociedades, lo que redunda en el mantenimiento o, en el peor de los casos, en el agravamiento de sus condiciones de vida.

Más allá de los debates teóricos sobre los distintos modelos democráticos en pugna, pareciera ser que el problema en nuestra región tiene que ver con las élites dominantes, los liderazgos hegemónicos y los modelos político-económicos imperantes. Esto ha generado una brecha cada vez más amplia entre los gobernantes y los gobernados, minando la legitimidad y la gobernabilidad de la clase política y aumentando la desconfianza ciudadana hacia sus instituciones.

Este último escenario descrito es el más peligroso de todos. Es allí, en medio de la debacle institucional y de la apatía ciudadana, donde los discursos populistas antidemocráticos encuentran el caldo de cultivo para establecer bases sólidas que lleven al poder a personajes cuya última preocupación es el respeto por los valores democráticos.

Dentro de dos años, en Monterrey, México, se volverá a reunir la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y el panorama seguramente tendrá que ser distinto. No necesariamente, mejor. Debemos esperar qué rumbo tomarán países como Chile, Colombia y México en sus elecciones presidenciales y analizar la estabilidad/inestabilidad de los gobiernos de los demás países de la región. Igualmente, el papel de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump y su influencia en la región marcarán un nuevo camino para la política latinoamericana. El tiempo, no el periódico, lo dirá.

*Jefe del Departamento de Comunicación Pública

Facultad de Comunicación

Universidad de La Sabana

Los Personeros, figura creada por la Constitución de 1991, se convierten en representantes de la comunidad para la defensa de sus derechos, promueven la participación ciudadana, vigilan la actuación de los funcionarios públicos, y apoyan las medidas de protección y atención a las víctimas.

En medio de las múltiples afectaciones que han sufrido las víctimas en todo el territorio nacional, los Personeros Municipales son quienes reciben a las personas que tienen que huir de sus territorios, toman sus declaraciones y gestionan con diferentes instituciones del Estado y otras organizaciones, la respuesta para la protección efectiva de sus derechos.

Por ello, para ACNUR la labor de las Personerías Municipales ha sido invaluable para la protección de las víctimas de desplazamiento. Y lo será aún más en el escenario del post acuerdo, entre otras, por tres razones: para apoyar la consolidación de la presencia del Estado en todo el territorio nacional, promover los derechos de las víctimas y hacer que ellas realmente sean el centro del Acuerdo, e impulsar procesos de soluciones sostenibles para población desplazada.

ACNUR, en representación del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, estuvo presente en la VIII Asamblea Nacional de Personerías realizada en Pereira. Asistí allí para llevar el mensaje de apoyo a la labor de las Personerías y la necesidad fortalecer las herramientas técnicas con las que cuentan y garantizar una ruta de protección expedita para la atención de las situaciones de riesgo que ellos enfrentan, como defensores de los derechos humanos en el territorio.

*Por Jozef Merkx, Representante de ACNUR en Colombia

Respondiendo a los desafíos que ha comportado el conflicto armado en el país, y ahora al reto de la implementación del Acuerdo de Paz, desde el año 2006, en línea con las directrices del Comité Permanente Interagencial, agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales y nacionales con presencia en Colombia se han organizado en espacios de trabajo llamados Clústeres o grupos temáticos, donde se realizan análisis de riesgos y se coordinan actividades de respuesta, con especial atención a los grupos más vulnerables, como son las mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, discapacitados y adultos mayores.

En Colombia actualmente existen siete clústeres a nivel nacional en materia de salud, seguridad alimentaria y nutrición, recuperación temprana, educación, albergues, protección, y agua y saneamiento. El trabajo en clústeres nos ha permitido fortalecer la coordinación entre agencias del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil, analizando necesidades humanitarias y posibles acciones de respuesta con base en la información recabada por los miembros de los clústeres y por los Equipos Locales de Coordinación.   

Uno de estos clústeres es el de Protección, compuesto por más de 30 agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales en Colombia.  El Clúster de Protección trabaja a nivel nacional y en los cinco departamentos donde tiene presencia. Su objetivo es brindar seguimiento, análisis y respuestas frente a riesgos ocasionados por el accionar de grupos armados o por desastres naturales. Para 2017, el Clúster centrará su trabajo en tres áreas principales. La primera tiene como objetivo analizar y visibilizar riesgos que enfrentan las comunidades para el acceso a servicios y el ejercicio de derechos, y enlazar con las autoridades competentes para explorar posibles acciones de prevención y respuesta. A modo de ejemplo, el Clúster ha dado seguimiento a los riesgos y vacíos generados por el conflicto armado en el departamento de Chocó y, con base en la información de las organizaciones en terreno, ha participado en la selección de proyectos para responder a las necesidades identificadas bajo el Fondo Humanitario de Colombia.  

La segunda área de trabajo busca brindar orientación a las víctimas, en particular ante incidentes de violencia basada en género, la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar, y casos de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y remitirlos a las rutas institucionales. En este eje se llevan a cabo actividades de formación y sensibilización a las comunidades sobre cómo actuar ante este tipo de incidentes, con el fin de crear o consolidar mecanismos de autoprotección.

La tercera línea de acción se centra en la consecución de soluciones duraderas para la población desplazada. Es decir, el acompañamiento a procesos de retorno, reubicación o integración local urbana con el fin de que la población desplazada pueda retomar su proyecto de vida, superando las causas que motivaron su desplazamiento y accediendo, en condiciones de igualdad, a la gama de derechos y servicios previstos en la normativa nacional.

Ante las oportunidades y retos que se plantean con la implementación del Acuerdo de Paz, la continuidad de un espacio de coordinación como el Clúster de Protección es clave para que los actores humanitarios puedan concretar acciones que complementen las iniciativas institucionales a la hora de identificar y analizar la evolución de la situación en las comunidades durante el proceso de construcción de paz.

Para mayor información sobre el Clúster de Protección puede consultar:

http://www.globalprotectioncluster.org/en/field-support/field-protection-clusters/countries/colombia.html

y https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/protecci%C3%B3n/documents

*Escrito por Alba Marcellán, coordinación del Clúster de Protección.

Paradójicamente, en Colombia, que nos encanta compararnos y seguir las buenas prácticas de los países “más desarrollados” (en donde mayoritariamente el aborto es legal), aún hay quienes quieren devolvernos al oscurantismo, eliminando la legalidad del procedimiento en las tres casuales que lo hacen hoy posible: riesgo de la salud mental o física de la mujer gestante, malformación del feto y violación. La lucha, sin embargo, es por no condicionar el aborto, la lucha continua por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos sin condición alguna.

Bastante evidencia científica existe ya, mostrando que los índices de aborto no aumentan por legalizarlo, al contrario las muertes y afectaciones físicas y psicológicas disminuyen, nuevamente beneficiando sobre todo a aquellas con menos posibilidades económicas. Asimismo, le da mayor control e información sobre el fenómeno a las autoridades y hacedores de políticas públicas para tomar decisiones más acertadas en pro del bienestar social.

(Escuche: (Pódcast) El aborto legal es casi inexistente en zonas de conflicto armado)

La deuda con las mujeres más pobres en la ruralidad, a esas que esta sociedad quiere castigar, es aún más grande que garantizarles el derecho al aborto. Los embarazos no deseados vienen atados a la violencia y estereotipos de género a los que están expuestas diariamente, a la falta de acceso a información -sobre todo aquella relacionada con sus derechos sexuales y reproductivos-, a la falta de oportunidades en el sistema educativo y posteriormente en el mercado laboral. Según un estudio de Profamilia, las niñas viviendo en zonas rurales dispersas tienen mayor probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. Igualmente, hoy 53% de las mujeres pobres en la ruralidad sufren complicaciones durante el proceso de interrupción voluntaria del embarazo.

Por otro lado, el discurso sobre acceso a métodos anticonceptivos es superfluo y cómodo –sin asegurar que no sea necesario-. Lo que ocurre es que garantizar únicamente acceso sin otro tipo de intervenciones en las normas sociales, y en el sistema en general es un esfuerzo en vano.

(Lea también: “Necesitamos que el aborto no esté en el código penal”)

En el libro “Repensar la Pobreza”, de Duflo y Banerjee (recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía), se expone un experimento realizado en una comunidad rural en Kenia. Los resultados muestran que las niñas de este lugar comprenden perfectamente que al tener relaciones sexuales sin protección existe una alta probabilidad de quedar embarazadas. También entienden que si quedan embarazadas, especialmente de un hombre mayor, este se hará cargo de ellas y de su bebé; en una sociedad que pocas oportunidades educativas y laborales le brinda a las mujeres, esta está muy lejos de ser una decisión irracional. Cuando estas niñas reciben uniformes escolares gratuitos (muchas de ellas no pueden financiar el costo de dichos uniformes y abandonan la escuela) el índice de deserción escolar disminuye, y asimismo los embarazos. Por este tipo de intervenciones y políticas es que deberían estar abogando los “provida”, por mayores oportunidades para las mujeres y niñas más pobres. Así es como se realmente se salvan vidas.

El único pecado de estas mujeres y niñas es nacer pobres y campesinas. Colombia necesita más y mejores políticas que les permitan a ellas desarrollar todo su potencial, y evitar embarazos tempranos y/o no deseados. Y Colombia necesita urgentemente legalizar el aborto sin condición. El aborto debe ser legal, seguro y gratuito.

La Segunda Guerra Mundial devastó el suelo de la vieja Europa, pero el efecto de sus bombardeos atravesó la barrera de la atmósfera y llegó a detectarse en el borde del espacio, según una nueva investigación de la Universidad de Reading (Reino Unido), que afirma que las ondas de choque producidas por las enormes bombas lanzadas por los aviones aliados en las ciudades europeas eran lo suficientemente grandes como para debilitar la atmósfera superior electrificada, la ionosfera, por encima del Reino Unido, a 1.000 kilómetros de altura. 

Para Chris Scott, profesor de Física Espacial y Atmosférica, "es sorprendente ver cómo las ondas causadas por las explosiones pueden afectar el borde del espacio. Cada ataque liberó la energía de al menos 300 rayos. El enorme poder involucrado nos ha permitido cuantificar cómo los eventos en la superficie de la Tierra también pueden afectar a la ionosfera". 

Se sabe que la fuerza de esta capa de la atmósfera está fuertemente influenciada por la actividad solar, pero es mucho más variable de lo que se puede explicar con el modelado actual. La ionosfera afecta a tecnologías modernas como las comunicaciones de radio, los sistemas de GPS, los radiotelescopios y algunos radares de alerta temprana. Ssin embargo, no está claro el alcance del impacto en las comunicaciones de radio durante la Segunda Guerra Mundial. (Lea: Un estudio de la NASA prueba que la contaminación extrema frena el crecimiento de las nubes)

Los científicos utilizarán los nuevos hallazgos para comprender mejor cómo las fuerzas naturales desde abajo, como los rayos, las erupciones volcánicas y los terremotos, afectan a la atmósfera superior de la Tierra.

En el estudio, publicado este miércoles en Annales Geophysicae, los científicos observaron los registros diarios en el Centro de Investigación de Radio en Slough recogidos entre 1943-45. Las secuencias de pulsos de radio en un rango de frecuencias de onda corta se enviaron a entre 100 y 300 km por encima de la superficie de la Tierra, para revelar la altura y la concentración de electrones de la ionización dentro de la atmósfera superior.

Estudiaron los registros de respuesta de la ionosfera alrededor del tiempo de 152 grandes ataques aéreos aliados en Europa y encontraron que la concentración de electrones disminuyó significativamente debido a las ondas de choque causadas por las bombas que detonan cerca de la superficie de la Tierra. Se cree que esto ha calentado la atmósfera superior, mejorando la pérdida de ionización.

Aunque el bombardeo de Londres "Blitz" estuvo mucho más cerca de Slough, la naturaleza continua de estos ataques y el hecho de que hay mucha menos información sobre ellos que sobrevivieron hizo que sea más difícil separar el impacto de estas explosiones de la variación estacional natural. 

Los registros detallados de las incursiones de los Aliados revelan que sus aviones de cuatro motores normalmente portaban bombas mucho más grandes que los aviones bimotores de la Luftwaffealemana. Estos incluyen el Grand Slam, que pesaba hasta 10 toneladas.

Según explica Patrick Major, historiador y coautor del estudio, "la tripulación aérea involucrada en los ataques informó que sus aviones sufrieron daños por las ondas de choque de la bomba, a pesar de estar por encima de la altura recomendada. Los residentes recordarían haber sido arrojados por el aire por las ondas de presión de las minas de aire explotando, y los marcos de las ventanas y las puertas se volarían de sus bisagras. Hubo incluso rumores de que envolver toallas húmedas alrededor de la cara podría evitar que aquellos en refugios sufrieran un colapso de los pulmones debido a las ondas expansivas, lo que dejaría intactas a las víctimas externamente". (Puede leer: La Vía Láctea casi choca con otra galaxia, y todavía pueden verse los efectos)

Los investigadores ahora necesitan la colaboración de los ciudadanos para ayudar a digitalizar más datos atmosféricos tempranos, para comprender el impacto de los cientos de bombardeos más pequeños durante la guerra, y ayudar a determinar la energía explosiva mínima requerida para desencadenar una respuesta detectable en la ionosfera.

La última vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizó la categorización de “pandemia” fue en 2009 cuando la gripe porcina (H1N1) llegó a cerca de 35 países. Hoy, once años después, un contagio masivo vuelve a aparecer en el mundo, pero la tecnología -que implementó mayores desarrollos desde entonces- se ha convertido en una herramienta fundamental, utilizada por algunos gobiernos para intentar contener el impacto del nuevo coronavirus que hasta el momento ha causado más de 180.000 contagios y por lo menos 7000 muertes.

Desde que se reportó el primer caso de contagio, el pasado 31 de diciembre de 2019 en Wuhan (China), los principales países que registraron los mayores casos de Covid-19 utilizaron como principal herramienta de contención a la tecnología, representada en aplicaciones móviles para detectar la gravedad de los síntomas, el teletrabajo y las clases virtuales gracias a sistemas de videollamadas, drones que esparcen desinfectante o vehículos autónomos que llevan suministros médicos.

En el caso de China, país donde se dio el primer contagio, la tecnología comenzó a ser crucial apenas unos días después de poner en marcha los protocolos de seguridad sanitaria. Por ejemplo, desde el 4 de febrero empezaron a funcionar los drones "Agras" que rociaron con desinfectante, hecho a base de clorina o alcohol etílico, las principales zonas afectadas. "Los drones pueden mejorar notablemente la forma en que China pretende erradicar el virus en áreas públicas: pueden cubrir mucho más terreno que los métodos tradicionales, mientras reducen el riesgo de los trabajadores quienes, de otra manera, potencialmente pasarían más tiempo expuestos tanto al virus como al desinfectante", señaló a través de un comunicado DJI, la empresa de tecnología China que utilizó los drones.

Lea: "Tenemos un mensaje muy simple para todos los países: hagan pruebas, pruebas, pruebas": OMS

Otra de las preocupaciones del gobierno chino era el flujo de contagio que podían causar actividades comunes como la entrega de domicilios. Por ello, la empresa Meituan Dianping, un sitio web de entrega de alimentos de Beijing, introdujo en varios restaurantes asociados a la aplicación, robots programados para llevar alimentos solicitados. También, Pudu Technology, con sede en Shenzhen, una compañía que generalmente fabrica robots para la industria de la restauración instaló sus máquinas en más de 40 hospitales de todo el país para ayudar al personal médico.

En el país asiático con más de 3.100 muertes reportadas, elementos cotidianos como el transporte público se convirtieron en una potencial amenaza. Por ello, en ciudades como Pekín y Shanghái, las empresas empezaron a utilizar Rayos Ultravioletas (UV) para desinfectar los asientos, tubos y ventanas de los automóviles. La empresa de transporte público de Shanghái, Yanggao, convirtió un túnel de lavado clásico para autobuses en una zona de desinfección equipada con 120 tubos UV. Este nuevo proceso reduce la duración de la operación de 40 a 5 minutos. "Desde el comienzo de la epidemia se buscaba un medio de desinfección más eficaz, en términos de mano de obra y de coste", explicó a la AFP, Qin Jin, director general de la compañía.

El antiguo procedimiento requería de la presencia constante de dos empleados. Antes de limpiarlo, rociaban líquido desinfectante en el vehículo. "El problema es que a veces no llegábamos a ciertos rincones", explicó Qin. Yanggao se asoció con un proveedor de sistemas de difusión ultravioleta, con el que desinfecta parte de su flota. La empresa china tiene dos espacios en los que se pueden tratar más de 250 autobuses al día, de los 1.000 que cuenta la compañía de transporte.

Aunque el procedimiento ha resultado efectivo, la Organización Mundial de la Salud recomienda tener un tratamiento cuidadoso con los rayos UV pues pueden llegar a causar cáncer cuando tiene un contacto inadecuado con la piel. Si bien los rayos ultravioletas no suelen utilizarse en el transporte, "no hay razón para que no funcione" en este sector, señaló Paul Tambyah, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional de Singapur.

Por ahora se sabe que la medida ha resultado efectiva y no se han reportado consecuencias adversas. "Los rayos UV son muy utilizados en los hospitales para desinfectar las habitaciones de los pacientes después de su salida. Esto permite matar a los patógenos resistentes a los antimicrobianos, la tuberculosis y otros agentes infecciosos”, agregó a la AFP Tambyah.

China es, sin duda, una potencia mundial en tecnología y en tiempos de crisis supieron poner a su servicio la tecnología que desde años atrás los ha convertido en los principales referentes de desarrollo mundial. "En la batalla contra Covid-19, hay diversas tecnologías emergentes que han realizado inmensas contribuciones de una manera inesperada, creativa y sorprendentemente receptiva", señaló, semanas atrás a la BBC, Lu Chuanying, un alto funcionario de Global Cyberspace Governance.

Big data y aplicaciones contra la pandemia

El caso de Corea del Sur es también uno de los más renombrados pues, aunque llegó a ser uno de los lugares con mayores infectados, junto con China, Italia e Irán, el número de fallecidos representa una tasa de mortalidad del 0,6% una cifra menor que la de EE. UU. que registró su primer caso el mismo día que el país de Asia oriental.  El diagnostico temprano masivo ha sido una de las principales razones que han permitido tener el control de la situación, y para ello, las aplicaciones y el análisis de big data han sido cruciales.

Las aplicaciones para seguir los casos de coronavirus en Corea del Sur han estado durante semanas dentro de las más descargadas en Google Play. La app Corona100m, por ejemplo, advierte a los usuarios cuando se encuentran a menos de 100 metros del lugar donde ha estado un paciente confirmado con coronavirus, los desarrolladores de esta herramienta digital informaron en febrero que su aplicación había sido descargada más de un millón de veces.

Lea: Crecimiento exponencial, una idea que debe quedar clara durante la pandemia

En el caso de China, también se implementó una aplicación, llamada Alipay Health Code, para teléfonos móviles creada por departamentos gubernamentales y la Corporación de Tecnología Electrónica de ese país. La aplicación solicita a los usuarios su nombre y número de identificación y automáticamente genera un código QR que servirá como “semáforo” para detectar casos sospechosos.

¿Cómo funciona?, cada día los usuarios deben responder preguntas con referencia a su temperatura, los lugares visitados en los últimos 14 días, síntomas y el contacto con otros afectados. Al finalizar la información la aplicación suelta tres colores: verde si no hay peligro; amarillo para quienes han visitado zonas de riesgo durante los 14 días previos y rojo para quienes deben permanecer en cuarentena.

¿Y la privacidad?

Aunque la visión que se tiene en occidente del tratamiento masivo de datos en sistemas virtuales termina siempre en el histórico debate por la privacidad, para las culturas orientales es una situación normalizada. Carolyn Bigg, abogada de la firma DLA Piper en Hong Kong, le dijo a la BBC hace unas semanas que "tanto en China como en Asia, los datos no son considerados como algo que deba ser bloqueado, sino como algo que puede usarse siempre y cuando se haga de forma transparente, con consentimiento. Desde la perspectiva china, es un servicio realmente útil para las personas. Se trata de una herramienta poderosa que muestra cómo la información puede usarse para hacer el bien", añadió Bigg.

Sin embargo, el periódico estadounidense The New York Times, por ejemplo, afirmó que la aplicación Alipay Health Code estaría compartiendo información con la policía. Incluso, muchos aseguran que estas aplicaciones de salud obtienen datos de operadores de telefonía, agencias de salud y transporte, así como de empresas estatales. "La privacidad ya se estaba convirtiendo en algo del pasado en China. Un brote como este solo acelerará ese proceso", expresó a la BBC, Elliott Zaagman, que cubre la industria tecnológica en China.

La CoronApp colombiana

El pasado 8 de marzo se lanzó en el país la aplicación de descarga gratuita llamada CoronApp – Colombia que, según el presidente Iván Duque, “permitirá a los colombianos tener información en la palma de su mano respecto a temas que salgan de última hora y de medidas preventivas” sobre el coronavirus. La plataforma tiene en el despliegue de inicio las noticias recientes del Instituto Nacional de Salud (INS) y permitirá que colombianos y viajeros reporten su estado de salud como parte integral del monitoreo de síntomas que permita la detección rápida de casos.

Lea: Coronapp, la aplicación con la que gobierno colombiano informa sobre coronavirus

Según informaron las autoridades, CoronApp además ofrecerá información puntual sobre otras enfermedades, sus síntomas y tratamientos, así como las líneas y puntos de atención más cercanos gracias a la geolocalización. Aunque ya cuenta con más de 57.000 descargas, son frecuentes los comentarios de los usuarios por su mal funcionamiento y las quejas en redes sociales porque no permite el registro e ingreso. El intento de Colombia de montarse a la ola de la tecnología no se puede comparar con potencias como China o Corea del Sur, pero sí deja una idea en el aire, una premisa que denota tal vez, un futuro cambio en la mentalidad de un país que puede, en la medida de sus posibilidades, empezar a hacer un uso más activo de las herramientas que hasta el momento han cambiado la historia de una nueva pandemia.

Más de once solicitudes han llegado al grupo de investigación de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia desde esta mañana, después de anunciar que tras dos semanas de trabajo lograron asilar el virus SARS-COV2 en uno de sus laboratorios. La noticia, transmitida por Facebook Live, es un hallazgo científico que permitiría evaluar directamente medicamentos y protocolos utilizados para combatir la pandemia que ya suma 46 fallecimientos y 1.576 casos confirmados en Colombia por el Instituto Nacional de Salud (INS). (Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real) 

El Espectador contactó a la coordinadora del grupo de investigación de Inmunovirología de la UdeA, María Teresa Rugeles, para entender más a fondo qué significa este anuncio. Una lista de medicamentos y desinfectantes por comprobar en casi 15 botellas de cultivos es la tarea más urgente para la experta y su equipo de trabajo. 

¿Qué significa que hayan aislado el virus SARS-COV2 dentro de un laboratorio?

Esto es un hallazgo cientifíco importante por varias razones. Primero porque este virus tiene una capacidad de mutación muy grande y es importante que nosotros acá en Colombia podamos caracterizar el virus que tenemos y eventualmente cuando salgan vacunas o algún tipo de tratamiento saber si puede ser útil para el virus. En más corto plazo, en las redes sociales están comentando una lista de medicamentos que están siendo actualmente utilizados para tratar otras patologías, como el tratamiento de la malaria, el lupus, entre otros, que podrían servir para hacerle frente al nuevo coronavirus. Realmente nosotros no tenemos la capacidad de evaluar esto si no tenemos el virus en cultivo. Con este adelanto podemos hacer pruebas de laboratorios de medicamentos que ya han sido probados en seres humanos.  

Otra razón es que en Medellín hay muchos desarrollos de emprendedores tratando de establecer protocolos de desinfección en instrumentos quirúrgicos, superficies y ropa del personal de salud. Tener el virus aislado nos permite también evaluar cuán efectivos son estos desarrollos. Porque una cosa es el diagnóstico de la infección en el que se descarta un pedacito del virus, pero nosotros tenemos un virus que está creciendo dentro de un tubo de ensayo. 

Hace dos días, el Instituto Nacional de Salud (INS) anunció que había logrado secuenciar el genoma del COVID-19, ¿cuál es la diferencia entre secuenciarlo y aislarlo en un tubo de ensayo como hicieron ustedes? 

Para secuenciar un virus no necesitas aislarlo. El nuevo coronavirus son microorganismos vivos constituidos por proteínas y un ácido nucleico. En el caso del SARS-COV2 es ARN, también llamado ácido ribonucleico o RNA. Ellos lo que hicieron fue que separaron el componente de ARN y lo sacaron secuenciado, eso nos permitió conocer qué tan parecido es el virus que está en Colombia con el que inició esta pandemia en China, lo cual es extremadamente importante. Pero el aislamiento del virus, que es la particula viral creciendo, es lo que nos va a permitir a nosotros evaluar porque no se puede poner un medicamento al RNA porque el RNA no es capaz de replicarse solo a diferencia de lo que nosotros tenemos que es una celula con una cantidad de virus y mañana tenemos unos más y así sucesivamente. Lo único que permite la secuenciación son las características genéticas pero no caracterizar la respuesta inmune que la gente está generando contra el virus ni cómo va evolucionando.

Una de las oportunidades que brinda este logro es probar medicamentos. Si tenemos en cuenta que aún no hay cura, ¿cuáles son los primeros que se evaluarán? ¿por qué podrían ser útiles para combatir el COVID-19?

Cuando uno hace una revisión de literatitura son varios los compuestos que tienen ese potencial, nosotros tenemos una lista y estamos trabajando con otros grupos de la UdeA que tienen más experiencia. No sé cuáles vayan a ser la prioridad para los primeros ensayos porque tenemos que hacer un análisis de la disponibilidad que hay en el mercado sobre estos medicamentos. Hay un par de medicamentos que certifican para disección por el virus de la inmunodeficiencia humana, como el virus de mayor experiencia, que se ha propuesto que puedan servir para este virus porque ambos tiene la característa de tener RNA, ese ácido nucleico. Hay otros que han sonado que son cloroquina e hidroxicloroquina, que son medicamentos en la linea que utlizan para combatir la malaria pero no te sabría decir por cuál vamos a arrancar.

Hoy tenemos la primera reunión para saber las pruebas que vamos a priorizar porque desde la mañana ya hemos recibido una serie de solicitudes de desinfectantes. Además en Colombia, gracias a su biodiversidad, se cuenta con productos naturales y también hemos recibido solicitudes de sustancias que ya cuentan con la aprobación de Invima, que están interesados en evaluar su efectividad. No hemos tenido mucho tiempo, apenas el sábado a las 6:00 p.m. fuimos conscientes de este hallazgo. 

¿Cómo se confirma que se tiene un virus aislado? 

El virus son organismos que tienen que crecer en un cultivo de celulas. El martes de la semana pasada pusimos esas células en contacto con el virus, que estaba en la muestra del paciente confirmado. El viernes, después de revisar todos los días cambios, empezamos a ver que las células que tenían las muestras del pacientes empezaron a mostrar unos cambios, a verse redondeadas, unas empezaron a morir. Para entonces teníamos una sospecha muy alta de los efectos citopáticos, que son cambios en la célula, característicos de lo que se ha descrito en la literatura sobre el coronavirus. 

El sábado recogimos ese medio en el que estaban las células e hicimos un protocolo similar al diagnóstico que se hace a los pacientes. La primera prueba que aplicamos se llama PCR en tiempo real que es una prueba para hacer diagnótisco en los pacientes, nos dio positiva. Aplicamos otra técnica, la inmunofluorescencia indirecta, que es coger las células con el virus y hacer un proceso con unas moléculas que se llaman anticuerpos que nos iba a detectar las células que estaban infectadas, también nos dio positiva. Con ambas pruebas, más los cambios morfológicos del cultivo, podríamos confirmar que lo que teníamos en ese cultivo era el SARS COV-2.

¿Hay posibilidad de que este virus que aislaron cambie a otro que no esté circulando en el país? 

El virus es una estructura que tiene un ácido nucleico que es, en este caso, el ARN. Él tiene que duplicar su ácido nucleico, que también se conoce como división de células, y en esa duplicación debe cometer errores en la enzima que explica ese ácido, en varias rondas de duplicación el virus puede haber cambiado, lo que llamamos mutado. Por eso es tan importante que cada país caracterice la cepa que está circulando porque el de nosotros puede ser muy distinto al que nos llegó de China o de España, por eso es tan importante que desarrollemos la capacidad de aislar nuestros propios virus ya que muta muy fácilmente. Es probable que aparezcan otros virus con características diferentes en otras partes del país. Inclusive nosotros vamos a seguir aislando otras cepas virales con el fin de hacer un estudio de evolución viral y probablemente hayan características diferentes.

¿Cómo van a practicarse tantos experimentos para esta muestra? 

Desde el viernes mismo que vimos los efectos empezamos a amplificar el virus. Él está en unas botellas de cultivo, entonces empezamos a amplificarlo y ya no tenemos 4 como al principio sino 15 donde el virus está creciendo, en algunos días tendremos 30 botellas con las que empezaremos a priorizar los medicamentos y protocolos. 

Grupo de de investigación en Inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. / fotografía tomada del Twitter @Wbeimar_a

Wbeimar Aguilar Jiménez, doctor en inmunología de la Universidad de Antioquia y miembro del grupo de investigación en Inmunovirología que fue creado en 1987, explicó también en un hilo de Twitter qué significa este hallazgo científico: 

El sábado lo supimos. Aislamos el virus Sars-Cov-2 en un laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. #Eldesparche

— Wbeimar (@Wbeimar_a) April 7, 2020