La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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Uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de múltiples toneladas de heroína, metanfetaminas y marihuana a lo largo de 25 años, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados.

Tenerlo ahí fue una tarea casi imposible. Joaquín el "Chapo" Guzmán se hizo célebre por ser el capo más escurridizo de todos. Se escapó varias veces de prisión en espectaculares fugas hasta enero de 2017, cuando después de haber sido capturado, el gobierno decidió enviarlo a Estados Unidos, donde enfrenta 11 cargos por narcotráfico. Está encerrado en la prisión de alta seguridad de Metropolitan Correctional Center, en Nueva York.

Ver más: El largo historial criminal del "Chapo" Guzmán

El despliegue de seguridad es grande, pues las autoridades temen que use sicarios para secuestrar y asesinar a quienes se atrevan a hablar en su contra. Sus abogados rechazan que su cliente represente una amenaza para testigos o jurado debido a las extremas medidas de seguridad con las que se le mantiene, en una celda en aislamiento, lo que según uno de ellos, Eduardo Balarezo, hace imposible que pueda tener contacto con sus socios del narcotráfico.

La prisión más segura de EE. UU.

Tampoco tiene contacto con otros presos, ni con su esposa, y no sale al patio debido a su historial tras haberse fugado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en México, la última de ellas a través de un túnel al que accedió desde su celda.

Ver más: Cronología de la vida criminal del "Chapo" Guzmán

Sólo se le permite una hora para ejercitarse y una llamada mensual de 15 minutos a su madre y hermana que es escuchada por las autoridades. También cuenta con una Biblia y un diccionario de inglés a español.

A sus abogados tampoco se les permite tener contacto físico con su cliente, lo que alegan ha sido un obstáculo para preparar su defensa, y ni siquiera a sus hijas de siete años que le han visitado, ya que todo ocurre en una habitación con una pared de vidrio, desde la cual Guzmán sólo puede mantener una conversación.

Algunos reos que han estado en sus mismas condiciones han calificado la sección 10 South de la cárcel en la que se encuentra de "cámara de tortura".

Además, la comitiva del traslado siempre es vigilada desde un helicóptero policial. Esas medidas se repetirán ahora dos veces al día, y en horas punta, mientras dure el juicio, que podría extenderse hasta 3 o 4 meses.

Cadena perpetua

Será un juicio histórico, uno de los más mediáticos, tal vez el más esperado por el Gobierno de EE. UU. en mucho tiempo, la prensa y el público, ya que el interés por la vida de este mexicano, de baja estatura, -de ahí su alias-, cabello muy oscuro y que a simple vista parece inofensivo, sobrepasa las fronteras de su país, y ha llegado hasta a series para la televisión a nivel internacional.

El presunto capo ha acaparado la atención tanto por los delitos que se le imputan y su lujosa vida al margen de la ley, como por evadir a las autoridades, su relación con la actriz Kate del Castillo y sus dos espectaculares fugas de prisiones en México, la primera tras haber cumplido casi ocho años de prisión.

Ver más: Kate del Castillo y el "Chapo"

Todos los cargos se relacionan con la distribución de droga, lo que incluye blanqueo de dinero y porte de armas, desde el imperio que se alega construyó como líder del Cártel de Sinaloa, y que según ha señalado la DEA, sigue siendo una de las mayores amenazas para EE.UU.

En este proceso, en el que se espera que su joven esposa Emma Coronel, con quien tiene hijas gemelas de 7 años, se sitúe en primera fila como ha ocurrido durante las audiencias previas al juicio, la defensa la encabezarán el conocido abogado neoyorquino Jeffrey Lichtman y Eduarzo Balarezo, nacido en Ecuador.

El Cártel de Sinaloa, que se alega dirigió durante dos décadas y que controla el tráfico de drogas en varias regiones de México, en particular en la costa del Pacífico, es el de mayor expansión internacional, en comparación con otros cárteles mexicanos.

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Mantiene centros de distribución en varias ciudades de EE.UU y la droga llega a través de puntos a lo largo de la frontera de México con California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas.

La DEA identifica como sus líderes, además de a Guzmán Loera, a Ismael Zambada García y Rafael Caro Qintero, aún fugitivos, y Dámaso López Núñez, extraditado este año a EE.UU.

Con información de EFE y AFP

La situación del Magdalena Medio es crítica. Así lo advirtió la Corpo ración Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) mediante un comunicado que publicaron el 3 de enero en su cuenta de Twitter. Allí describían que en diciembre de 2021 se registraron ocho homicidios en dos de sus 44 municipios: tres en Barrancabermeja (Santander) y cinco en San Pablo (Bolívar), siendo Wílmar Ascanio Angarita, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) la última víctima.

¿El motivo de disputa? Grupos al margen de la ley buscan detentar el control del territorio y las actividades características de la subregión. La ganadería, la pesca, la minería legal e ilegal, y el cultivo de palma de aceite son sus principales motores económicos, que abarcan los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Caldas, Cesar y Bolívar.

“Los grupos armados acuden a la minería y a la extorsión porque los fortalecen para sus actividades económicas, como la adquisición de armas y el tráfico de estupefacientes”, afirma Juan Pablo Aguirre, capitán de la Policía Nacional del Magdalena Medio.

De los 44 municipios que componen el Magdalena Medio, en Antioquia se encuentran Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y Maceo. Este último declaró toque de queda de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. hasta el 28 de febrero por el incremento de hechos violentos.

Uno de los casos que despertó las alertas en la subregión fue el de René Higuita, exjugador de la selección de Colombia y el Atlético Nacional. El 28 de diciembre del año pasado, el exarquero publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve de sombrero y ensillando a un caballo. “Ya no solamente hay que pagar el impuesto en la ciudad, sino acá en el monte”, dijo Higuita.

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Otros sectores de la población también han sido víctimas de extorsión y violaciones a los derechos humanos por parte de actores armados. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Eln, disidencias de las desmovilizadas Farc y demás grupos del crimen organizado son algunos de los que tienen presencia en el Magdalena Medio.

La finca de Higuita, por ejemplo, está entre Puerto Berrío y Yondó. Allí la ganadería es una de las principales actividades económicas. Ganaderos, comerciantes y demás personas que habitan estos territorios son los más afectados por las extorsiones.

Pero este hecho criminal se realiza de manera diferente en lo urbano y lo rural. El personero de Yondó, Gonzalo Jiménez, afirma que “en el casco urbano las bacrim extorsionan a los tenderos y comerciantes pequeños. La cuota oscila entre $200 mil y $1 millón. La excusa que utilizan los actores ilegales es camuflarlas por una suma de dinero a cambio de cuidar el sector”.

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Adicionalmente, grupos armados como guerrillas y disidencias han incrementado su presencia en la ruralidad desde que comenzó la pandemia. La suma de las extorsiones está determinada según el número de cabezas de ganado o el tamaño del terreno que posean las víctimas. “Ellos se justifican diciendo que es para contribuir a la causa, y que a cambio ellos otorgan seguridad. También, desde 2021 con alerta temprana, se informó sobre el crecimiento del microtráfico. Por eso las extorsiones se han incrementado hacia las personas pudientes de la región, como pasó con el exarquero de la selección de Colombia, pero ese tipo de vacunas siempre han existido”, dice Jiménez.

Aunque las extorsiones son recurrentes, el número de denuncias es considerablemente bajo. Jiménez asegura que “la gente denuncia muy poco, a menos que haya un tipo de amenaza que los haga ir. Muchas personas que no pagan la extorsión se ven obligadas a desplazarse por miedo. Ese es el modus operandi”.

Como prueba de esto, El Espectador intentó comunicarse con varios comités ganaderos de la subregión para hablar sobre la situación de la zona, pero ninguno de ellos concedió entrevistas.

¿Más amenazas a los derechos humanos?

Las extorsiones no son los únicos delitos que ocurren en la zona. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, hasta septiembre de 2021 se había denunciado un aumento en los homicidios de la subregión, con 53 asesinatos registrados frente a 40 de 2020. Además, Credhos informó en su comunicado sobre ocho homicidios más en diciembre de 2021.

Esta corporación también se pronunció sobre el aumento de desplazamientos forzados masivos e individuales, amenazas, atentados, homicidios y desapariciones forzadas, específicamente en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Wilches y Barrancabermeja. “Las causas están relacionadas esencialmente con las disputas territoriales entre grupos armados ilegales por el control de rutas y economías ilícitas”, menciona Credhos.

Asimismo, como expresa el informe “¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?”, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) junto a Colombia Nunca Más, la Fuerza Pública ha cumplido un papel determinante en los hechos violentos cometidos contra la población. Su colaboración con grupos paramilitares se ha comprobado en algunos casos de desaparición forzada de la subregión.

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¿Qué ha pasado con la alerta de Higuita?

Desde que la noticia fue publicada en diversos medios del país, Higuita ha tenido respuesta por parte de varios sectores, además de la oficialidad. “Sabemos que estamos en un conflicto no solamente en el Magdalena Medio, sino en todo el país. Hace 30 años estoy en la zona, y la verdad es que quiero permanecer”, le dijo el exarquero a El Espectador.

Como respuesta a las crecientes amenazas, el 27 de enero se efectuó una reunión en Bucaramanga, entre las autoridades de Antioquia y Santander. Su propósito: crear nuevas estrategias para combatir la criminalidad en la subregión.

Una de las decisiones más importantes fue la creación de un grupo de Comando y Control compuesto por las autoridades policiales y militares de ambos departamentos, así como el fortalecimiento de la inteligencia para identificar a los grupos ilegales, la mejora de los dispositivos tecnológicos para monitoreo y vigilancia, el aumento de patrullajes y retenes en las vías, y la creación de mecanismos de evaluación y revisión para verificar la efectividad de los operativos.

Aunque René Higuita no denunció ante la Fiscalía las extorsiones en su contra, se han adelantado acciones por parte de las autoridades locales para esclarecer los hechos. La alerta pública que hizo el exarquero sobre la situación de la subregión fue una de las motivaciones para estas nuevas medidas de seguridad. La violación a los derechos humanos se ha cometido de manera histórica en el Magdalena Medio no solo hacia los ganaderos, sino contra otros miembros de la sociedad.

A primera hora del pasado sábado, un grupo de aproximadamente 10 drones golpeó las instalaciones del gigante estatal Aramco, el mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el corazón de la industria petrolera del reino de Arabia Saudita. El daño, que en este caso no fue humano, pues no se han detectado heridos o muertos, yace en el sector económico y en la imagen internacional del reino árabe de cara a futuros ataques de sus adversarios.

Los ataques implicaron la suspensión de la mitad de la producción de Aramco, lo que se traduce en un impacto sobre cerca del 6 % del suministro de crudo a nivel global. La empresa, responsable de todas las excavaciones de petróleo y gas en Arabia Saudita, cuenta con las segundas mayores reservas del mundo —después de Venezuela—, con cerca de 260.000 millones de barriles.

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Todavía en caliente, los primeros en reivindicar el hecho fueron los rebeldes hutíes, un grupo armado que opera en Yemen y que tiene el apoyo del gobierno de Irán. El tema no es de poca monta teniendo en cuenta el sensible momento que pasa la relación entre Teherán y Washington. Y precisamente, horas después del ataque cada posición involucrada señaló a alguien diferente como responsable.

Estados Unidos arremetió contra Irán a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo: “Irán ha lanzado un ataque sin precedentes contra el suministro mundial de energía. No hay evidencia de que los ataques provinieran de Yemen”. Mientras Teherán, a través del portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Musavi, rechazó ayer esas declaraciones y afirmó que se trata de “acusaciones y comentarios estériles, ciegos, incomprensibles e insensatos”.

Al tiempo, Shaylyn Hynes, vocera del Departamento de Energía de Estados Unidos, afirmó que su país está dispuesto a ofrecer sus reservas de petróleo para mitigar el impacto de los ataques en el suministro energético mundial. Ese departamento controla la Reserva Estratégica de Petróleo, que, según reportó Efe, cuenta con las mayores provisiones de crudo para casos de emergencia de todo el mundo, que se encuentran bajo tierra en el golfo de México.

Efectos de un posible conflicto

¿Podría haber una escalada militar? Según Amirali Hajizadeh, comandante de la rama aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, la fuerza de élite de la República Islámica de Irán, es posible, aunque ninguna de las partes involucradas tiene intención de hacerlo en principio. “Las tensiones actuales, con fuerzas que están frente a frente en el terreno, pueden desencadenar un conflicto armado. Irán está preparado para una guerra total, pero ni nosotros ni los estadounidenses queremos la guerra”, declaró.

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Aunque Arabia Saudita dice que puede responder militarmente, lo cierto es que ya son varios los ataques que hacen pensar en posibles vulnerabilidades de sus sistemas de defensa. Mientras sus pozos petroleros, desperdigados por una vasta extensión geográfica, se presentan como un blanco complicado, sus refinerías son vulnerables a posibles ataques rebeldes.

La zona de Abqaiq, una de las dos atacadas el sábado, es la más vulnerable de todas, según un informe del Center for Strategic and International Studies de Washington. Es, además, la mayor refinería y planta de estabilización petrolera de Aramco, con una capacidad de más de siete millones de barriles diarios, según la compañía.

El amplio sistema de oleoductos, estaciones de bombeo y puertos de Aramco en el golfo Pérsico y el mar Rojo también se muestra frágil frente a potenciales ataques. En mayo, por ejemplo, los drones de los rebeldes hutíes atacaron dos estaciones de extracción del oleoducto que une el este y el oeste del reino, lo que lo dejó inoperativo durante varios días.

Las infraestructuras petroleras también son vulnerables a los ciberataques, un peligro cada vez mayor para cualquier gobierno del mundo. En 2012, Aramco fue una de las víctimas de Shamoon, un agresivo programa maligno de borrado de discos. Se considera que es el peor ciberataque al país hasta la fecha. Por último, está el agua. Las plantas desalinizadoras proporcionan más del 70 % del agua potable del reino, según datos oficiales, y Ras al Jair, la mayor planta desalinizadora del mundo, localizada en la costa del golfo Pérsico de Arabia Saudita, parece vulnerable a los ojos de los expertos. De ser atacada, el suministro de agua del reino podría verse gravemente afectado.

Mal momento para Aramco

El ataque a la infraestructura de Aramco, considerada no solo la petrolera más grande sino la empresa más rentable del mundo, se da justo cuando la compañía estatal se prepara para ofertar públicamente parte de sus acciones. Lo sucedido durante el fin de semana no solo tendrá efectos económicos globales, sin duda, sino también en la confianza de los eventuales inversionistas. Este domingo, el índice de la Bolsa de Valores de Arabia Saudita cerró con una caída de 1,05 %.

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La salida de Aramco a la bolsa —con la venta de 5 % de su capital— forma parte del plan del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, anunciado hace cerca de tres años para diversificar la economía. En ese momento fue considerada la oferta pública más grande del mundo.

Arabia Saudita espera obtener unos US$100.000 millones con la operación. Como recordó la AFP este domingo, la entrada de Aramco a la bolsa se ha retrasado en varias ocasiones como consecuencia de condiciones adversas en el mercado.

El fin de semana, Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo de Aramco, visitó la zona afectada y aseguró que la empresa está tomando medidas para recuperar su capacidad de producción lo más pronto posible.

De acuerdo con Álvaro Younes, presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles y otros Energéticos (Fedispetrol), las verdaderas repercusiones del ataque no se sabrán hasta que un estudio dictamine la magnitud de los daños y el tiempo que tardarán en repararse. Por lo pronto, dice, es posible prever algún impacto en los precios del petróleo hacia el alza.

Respecto a la oferta de reservas que hizo el gobierno de Donald Trump, Younes afirma que da un mensaje positivo, pero, no obstante, no se sabe qué capacidad tiene Estados Unidos para suministrarlas de inmediato. Efectos a nivel local, como el incremento en el precio de la gasolina en Colombia, concluyó Younes, son una posibilidad que, sin embargo, depende de las decisiones que tome el Gobierno.

Si bien la crisis en Nicaragua ya va para casi dos años sin soluciones a la vista, la figura de una joven estudiante de medicina de origen belga se ha convertido en uno de los nuevos símbolos de las protestas que buscan derrocar al gobierno de Daniel Ortega.

Su nombre es Amaya Coppens y en palabras de su padre, Federico Coppens, es una mujer que “pelea contra lo que considera injusto. Desde niña fue muy alegre, pero también terca e independiente”. De acuerdo con él, ese mismo carácter de su hija la llevó a unirse al movimiento estudiantil que exige la salida del poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Un activismo que le ha costado la libertad ya en un par de ocasiones.

De hecho, el nombre de Coppens ganó notoriedad tras su primera captura, en septiembre del 2018. La persecución gubernamental contra los estudiantes y manifestantes obligó a la joven y muchos otros estudiantes a refugiarse en “casas de seguridad”. Pero, según cuenta su madre, la ubicación de su escondite fue delatada y Coppens fue capturada el 10 de septiembre por policías y paramilitares.

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Tras su aprehensión, la policía nicaragüense anunció con bombos y platillos a la opinión pública que habían capturado a “una peligrosa terrorista”. La familia de la joven y organizaciones como Amnistía Internacional y Front Line Defenders acusan que Amaya fue detenida arbitraria e ilegalmente por ejercer su derecho constitucional a la protesta.

“La presentaron con todo un arsenal pero fue puro montaje”, dice su padre y asegura que el armamento exhibido (tres escopetas, una pistola y un cargador con ocho proyectiles) fue sembrado por las autoridades.

Bajo los supuestos cargos de terrorismo, secuestro y tenencia de armas ilegales, Amaya Coppens fue llevada a una fría cárcel en Managua. Estuvo en prisión durante nueve meses, hasta que en junio pasado fue liberada bajo una polémica ley de amnistía que benefició a unos 500 presos políticos.

Pero con su libertad no terminaron los problemas para ella. A su salida de la cárcel, la joven nicaragüense comenzó a experimentar los hostigamientos por parte de la fuerza pública y las milicias sandinistas, leales al gobierno de Ortega. La activista denunciaba a través de sus redes de apoyo y sus cuentas en Facebook y Twitter la presencia sospechosa de militares cerca a su vivienda, ubicada en la ciudad de Estelí, casi 150 kilómetros al norte de Managua. Incluso, de acuerdo con la activista, su casa fue violentada con piedras.

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Eso, sin embargo, no la persuadió de detenerse en su lucha en las calles en Nicaragua. Tras su liberación, rápidamente la joven estudiante de medicina se reincorporó al Movimiento Universitario 19 de Abril, considerado por el gobierno como un grupo terrorista y al que acusan de cometer crímenes tales como “asesinato, asaltos, terrorismo, secuestros, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, incendios, torturas, lesiones y exposición de personas al peligro”.

De nuevo en las calles, la represión gubernamental volvió a caer sobre ella y algunos de sus compañeros. El 14 de noviembre, cuando regresaban de la sureña ciudad de Masaya, adonde habían viajado para intentar abastecer de agua a once madres que estaban en ayuno en la iglesia San Miguel, fueron arrestados por la policía nicaragüense.

Las mujeres demandaban la liberación de más de 150 opositores que están presos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, pero una semana después suspendieron la huelga por el deterioro que sufrió su salud por falta de agua y asistencia médica.

La policía acusó al grupo de traficar armas y los vinculó a una supuesta estructura delictiva que pretendía cometer actos terroristas contra infraestructuras públicas.

El caso llamó la atención nacional e internacional, pues muy poco tiene que ver el donar agua con el tráfico de armamento. La solidaridad con Coppens y su grupo fue tal que fueron llamados “el grupo de los aguadores” e, incluso, han inspirado poemas.

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“Amaya otra vez / vestida de azul / Amaya otra vez / llevada a prisión”, rezan los versos breves y sonoros que la poeta Gioconda Belli dedicó a la líder estudiantil y que lleva la consigna “libertad para los trece aguadores”.

Casi tres meses después de su captura, Coppens, junto con otros 91 presos políticos fueron liberados por una nueva amnistía gestionada por la Iglesia católica y otras organizaciones sociales. Sin embargo, salieron bajo la figura de un “régimen especial”, pues los crímenes de los que los acusan no han prescrito.

De hecho, se espera que esta semana la joven y “los aguadores” vayan a juicio por tráfico de armas, uno de los cargos que la policía les atribuye.

“Aquí ninguno está libre en Nicaragua. Si uno habla demasiado alto, si uno denuncia lo que está sucediendo, el sistema político y policial es capaz de inventar lo que sea para tenernos encerrados”, reclamó la estudiante de 25 años. Esta semana se sabrá si, como dice el poema, otra vez irá o no prisión.

El 30 de diciembre del año pasado comenzó el trámite para concretar una audiencia clave para retomar la fumigación áerea con glifosato, que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional. En la diligencia se revisará el Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a que se hiciera de manera virtual por la emergencia sanitaria, algo a lo que organizaciones sociales y de académicos se oponen abiertamente.

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Dejusticia, Elementa, Consultoría en Derechos, Corporación Acción Técnica Social y Corporación Viso Mutop le enviaron una cara a la ANLA pidiendo que se suspenda esta audiencia. En la misiva, las organizaciones solicitaron que “se suspenda la realización de las reuniones informativas y de la audiencia pública ambiental hasta que se termine el aislamiento preventivo obligatorio o se establezca un mecanismo acorde a los estándares constitucionales de participación ciudadana”.

Además, denuncian que, desde inicios de marzo le solicitaron a la ANLA que la audiencia se realizara de manera presencial, sin que la entidad la convocara y luego llegó la pandemia del coronavirus, que impide la realización de una diligencia así. Según la organizaciones, una audiencia virtual iría en contra de las órdenes de la Corte Constitucional que exigen contar con mecanismos de amplia participación y consulta con las comunidades directamente afectadas por las fumigaciones aéreas.

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Las organizaciones le dijeron a la ANLA que la pandemia no justifica la realización de esta audiencia de manera virtual. De acuerdo con la misiva, “más de la mitad de la población que se identifica como campesina, no conoce los mecanismos de participación ciudadana, lo que dificulta la activa participación en escenarios de los cuáles no tiene información previa, como es el caso de la audiencia pública ambiental”. A esto se le suman las barreras tecnológicas existentes en el campo.

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De este modo, la población directamente interesada en las decisiones que se tomarían en esa audiencia, continúa la comunicación, no tendrían acceso a la participación. “La realización a través de medios virtuales de la audiencia pública ambiental no cumple con los elementos esenciales del derecho a la participación en materia ambiental”, añaden.

“La orden cuarta de la sentencia dispone que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), solo puede modificar la decisión de no reanudar el PECIG, hasta haber realizado un proceso decisorio que debe tener como una de sus características la evaluación del riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado”, explican.

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Para las organizaciones, la propuesta de la ANLA hace parte “de una falsa dicotomía: que debe escoger entre hacer la audiencia pública de forma virtual -no presencial- o de forma presencial. En cambio, se olvida que tiene una tercera opción: suspender el trámite hasta que haya garantías para desarrollar la diligencia”. Así las cosas, las organizaciones esperan que sea retirado el requerimiento de una sesión virtual para definir si las fumigaciones deben reanudarse o no, permitiendo entorno que favorezca la participación y el conocimiento de las decisiones.

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Cuatro días duró prófugo de la justicia el exrector de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Ramsés Vargas Lamadrid, quien tenía en su contra una orden de captura desde el pasado miércoles por supuestas irregularidades al interior de la institución educativa. El exdirectivo, capturado este domingo en un hotel de esa ciudad por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se suma a las ocho detenciones realizadas el miércoles de la semana pasada. Hoy será presentado ante un juez de garantías.

ATENCIÓN: #CTI de la #Fiscalía capturó en #Cartagena a Ramsés Vargas, ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe. Mañana será presentado ante un juez de #Barranquilla pic.twitter.com/kBl3x3K18P

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 26 de noviembre de 2018

También que sus objetivos al frente de la rectoría eran “fortalecer la gobernabilidad institucional, la academia como esencia del Alma Máter, consolidar la investigación y la proyección social canales fundamentales para aportar desarrollo en un contexto social”. “Mi prioridad es asegurarle a la región que la Universidad Autónoma del Caribe se mantenga y fortalezca como un gran patrimonio intelectual que es", señaló Vargas tras su nombramiento.

(Lea aquí: Ramsés Vargas, exrector de la Uniautónoma, está prófugo de la justicia).

Ramsés Vargas estudió Derecho en la Universidad de la Sabana, en Bogotá. Según la hoja de vida publicada por el Ministerio de Educación, el detenido tiene un máster en Políticas Públicas y Política Económica de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y Mercados Financieros de la Universidad de Cambridge, en Estados Unidos. También cuenta con dos especializaciones, la primera en Alta Gerencia de la Uniautónoma y la segunda en Gerencia Financiera de la Universidad Javeriana.

Igualmente, cuenta con un diploma en Banca de Desarrollo de la Universidad de Miami y ha sido interlocutor permanente de la Comunidad Internacional de Donantes en países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Corea, Suecia y la Unión Europea, e interlocutor en el Sistema de Naciones Unidas para países como Estados Unidos, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Afganistán, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Polonia y Turquía.

Ramsés Vargas es hijo de Sonia Lamadrid y Eduardo Vargas Osorio, exempleados de la universidad. Según la revista Semana, su madre fue hasta abril de este año miembro de la Sala General y su padre un trabajador en las épocas de Mario Ceballos Araújo, exesposo de Gette y fundador del centro educativo.

(Lea también: Panama Papers: el secreto del cuestionado exrector de la Uniautónoma, Ramsés Vargas).

Cuando Ramsés Vargas Lamadrid asumió la rectoría de la universidad, aseguró que llegó a “limpiar la casa”. Y no era para menos, pues el centro educativo venía de saqueos económicos y la única responsable fue Gette. Ahora, desde hace un bien tiempo la universidad se encuentra en la mira de las autoridades por presuntas irregularidades que llevaron de nuevo a la crisis financiera y administrativa del centro educativo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en noviembre del año pasado el entonces rector y representante legal de la institución reformó un estatuto (131-031 del 5 de diciembre de 2003) para implementar una medida administrativa con la que supuestamente se autorizaba el recaudo del dinero en efectivo por gastos pecuniarios. Este recaudo, según la Fiscalía, provenía de los pagos de matrículas y, al parecer, se les habría dado una administración desleal. Los nueve detenidos habrían acordado perpetrar una defraudación superior a los $16.000 millones.

En marzo de este año el ente investigador realizó una inspección judicial a la Universidad. Ante este hecho y las constantes denuncias por presuntas irregularidades, su abogado Iván Cancino manifestó que "mi cliente está en total disposición de atender los llamados que haga la justicia, en aras de aclarar todos los asuntos y dudas que haya sobre su gestión como rector de la Universidad”.

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El general en retiro de la Policía, Mauricio Santoyo, tiene a cuestas una segunda restricción de su libertad mientras avanza una investigación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo dictaminó un fiscal delegado ante la Corte Suprema que lo investiga por aparentes negocios ilícitos que, dice, sostuvo Santoyo con altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia en los 30 años que estuvo en la Fuerza Pública.

El alto oficial está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras es investigado por su posible rol en la desaparición de defensores de derechos humanos cuando estuvo al frente del Gaula de la Policía en Medellín. Y, además, está siendo investigado por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio del periodista Jaime Garzón. 

(Lea también: Los pendientes del general (r) Santoyo con la justicia en Colombia)

Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos y tras cumplir casi ocho años de pena en ese país, fue deportado a Colombia en abril de 2019. Sus líos comenzaron entre 1997 y 1999, cuando fungió como jefe del Gaula de la Policía de Medellín. Durante esos años, según lo documentó la Fiscalía, falsificó varias órdenes de fiscales para interceptar comunicaciones a distintas organizaciones sociales. 

Según informó la Fiscalía, varios testimonios de exparamilitares que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz lo vinculan en negocios ilícitos con la estructura criminal de La Oficina (otrora llamada La Oficina de Envigado). Los testigos aseguran que "cabecillas de las entonces Auc, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública".

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Por estos favores, al parecer, Santoyo recibió una suma superior a los $1.700 millones. Ahora, la Fiscalía busca dictaminar qué tanto de su patrimonio, que por estos días asciende a más de $6.000 millones, proviene de negocios ilícitos. Es por eso que la dirección especializada de extinción de dominio impuso medidas cautelares sobre sus bienes y los de su familia mientras es investigado por estos delitos.

Además de estos posibles negocios con paramilitares, Santoyo ya rindió indagatoria por su rol en la posible desaparición de los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero. Desde el 6 de octubre de 2000 no se tiene noticia de ellos. Se conoce que ese día, Ángel José Quintero declaró en la Fiscalía de Medellín sobre la desaparición de miembros de su familia y, horas después, hacia las diez de la noche, fue retenido junto a Monsalve por hombres armados en el centro de la capital antioqueña.

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Otro caso por el que ya rindió indagatoria el alto oficial es la presunta desviación de las pesquisas por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. En 2016, la Fiscalía aseguró que Santoyo promovió el secuestro de dos sicarios del caso Garzón para entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y así evitar que hablaran. Es decir, ayudó a la desaparición de dos fichas claves en el entramado, pues en su momento el DAS concertó capturas de personas que nada tuvieron que ver.

¿Qué piensa cada vez que encuentran indicios de que una contratación para la coyuntura del COVID-19 representó un desfalco al erario?

En el ámbito personal, experimento dolor y preocupación; en el institucional, procedo convencido de que hay que actuar aquí y ahora. Cada día con mayor decisión, para desarraigar la cultura de la corrupción, que nos cuesta $50 billones al año. Las crisis dejan ver la miseria humana, pero también ofrecen la oportunidad para rescatar nuestros valores y principios. Son más los que hacen las cosas bien y eso nos llena de optimismo y sentido de futuro. (“Es importante que se sepa que tres gatos cazan más que uno”, procurador Fernando Carrillo)

¿Cuál ha sido el hallazgo que más lo ha impactado y por qué?

Han sido varios. No los individualizo para no caer en riesgos de prejuzgamientos e impedimentos. Pero me han indignado los presuntos sobrecostos en los alimentos que se suponen reservados a las personas que más sufren actualmente. No podemos tolerar que eso siga ocurriendo, que campesinos tampoco tengan acceso al crédito que se les ofrece legalmente y menos que el personal de la salud, expuesto a los mayores riesgos, no tenga a la mano los elementos mínimos de protección.

¿Se vienen más sanciones para mandatarios locales?

Los procesos nos irán dando la pauta. Llegaremos hasta donde la evidencia técnica que estamos recopilando nos lo indique. No podemos olvidar, sin embargo, que aquí no cuentan solo los castigos, sino que también cuenta la prevención. Yo creo que la decisión de actuar juntos la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría es de por sí un factor disuasivo que puede evitar muchas cosas. Nos hemos impuesto la meta de proteger el recurso público en su propia fuente y no tener que esperar, como ocurría antes, cuatro o cinco años para recuperar apenas el 0,4 % de lo que se perdía.

¿Cómo entender que en tantas regiones se hayan visto tan rápido tantos sobrecostos o contratos con contratistas sin experiencia?

Si bien no podemos descartar la mala fe en algunas actuaciones, creo que le falta calidad a la gerencia pública y que cientos de servidores no están familiarizados con las normas que rigen la contratación y, en particular, con las disposiciones sobre el régimen de urgencia manifiesta. Entonces, ese coctel del enriquecimiento fácil y la ignorancia termina siendo explosivo en cuanto a detrimento del patrimonio público. (Corrupción, la pandemia en el COVID-19 que se busca frenar a tiempo)

¿Han encontrado relación entre los contratos cuestionados y, por ejemplo, financiadores de campañas políticas?

Los operadores de nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) están perfilando de cuerpo entero a los contratistas. En la oportunidad procesal se conocerá en detalle quiénes son cada uno de ellos. Estamos actuando con determinación, sin prisa, pero sin pausa, y en un tiempo razonablemente breve el país conocerá los resultados completos de nuestras actuaciones.

¿Qué diagnóstico hace de la corrupción en el país a raíz de lo que han encontrado?

Que es un mal que intenta usurpar la identidad nacional. Si nos aprovechamos indebidamente de los recursos para los más vulnerables, jamás podremos sacar de nuestro ADN las células malignas de ese problema. Por eso insisto en que hay que golpearla ya, contundentemente, para que se convierta en un factor disuasivo para el que pretenda hacer las cosas mal. Quiero decir también que hay muchos funcionarios pulcros que se levantan a diario a construir país y a trabajar por sus comunidades. No podemos caer en el facilismo de que todo el mundo es corrupto, porque eso no es así. Nosotros, los organismos de control, estamos para luchar contra el otro porcentaje, contra el que cree que el erario es el botín de su voracidad inescrupulosa.

Si estas alertas son por contrataciones en medio de la pandemia, ¿qué se puede esperar del resto?

A la Contraloría le correspondió prácticamente estrenar el nuevo modelo de control fiscal al calor de la crisis desatada por la pandemia. Esa ha sido su prueba de fuego y, hasta ahora, la ha sorteado bien. Esto no deja de ser una ventaja, porque cuando retornemos a la normalidad, ya tendremos afinados los instrumentos y la experiencia para vigilar y controlar los procesos contractuales en tiempo real, como lo estamos haciendo hoy.

¿Cree que los mandatarios regionales están abusando del poder que les dio la emergencia por el coronavirus?

Yo no categorizaría a los servidores por su origen o su órbita de acción. La administración pública es una sola, independientemente de sus niveles. Y nosotros apuntaremos en la dirección en la que lo indiquen las pruebas; tanto en la periferia, como en el centro.

¿Qué empresa o contratista ha sido la más beneficiada durante el COVID-19 o concentra la mayoría de los contratos?

Desde la época en que me desempeñé como auditor general de la república, he encontrado en la caracterización de los carteles de contratistas una buena herramienta estratégica para saber dónde se concentra su poder. Tengan la seguridad de que esta vez, y de aquí en adelante, buscaremos llegar al núcleo de ese poder. Los resultados se conocerán a la luz de nuestras decisiones, en el momento oportuno. Por ahora puedo confirmar que siguen pululando los que yo llamo “contratistas multipropósito”, aquellos que dicen servir para construir puentes, organizar matrimonios y comercializar mercados. (Así se ha gastado la plata la gobernación del Cesar para atender la pandemia)

¿Qué sector (alimentos, transporte, compra de material sanitario) ha sido el que más irregularidades en contratación ha presentado durante la pandemia?

Durante los primeros cuarenta días de la emergencia económica, ecológica y social, hemos advertido especiales vulnerabilidades en la contratación de alimentación y de dotación para el sector salud. Algo que es inaceptable en esta hora en la que la vida, la salud y la subsistencia son los motivos de las principales preocupaciones del país.

¿Cómo surgió la idea, que no se había visto antes, de que se juntaran las tres “ías” más importantes del país?

Estamos viviendo un periodo excepcional que exige respuestas institucionales distintas. El volumen de la contratación, la vulnerabilidad de las personas que requieren apoyo, las limitaciones presupuestales y las restricciones de movilidad aérea, terrestre y personal, exigen de nosotros una acción concertada en donde las facultades y las capacidades de cada uno complementen el accionar de todos. Aprovechamos también la coyuntura favorable que nos ha dado el más reciente modelo de control fiscal, que nos permite actuar con mayor sentido de oportunidad y con criterio de prevención. Es mucho lo que está en juego y no vamos a ser inferiores al desafío. La sociedad reclama resultados urgentes, oportunos, contundentes y rigurosos, y eso es lo que le vamos a dar trabajando juntos.

Al momento de juntar fuerzas, ¿qué ha sido lo más complicado?

No ha habido cosas complicadas, todos hemos puesto al servicio del otro nuestras investigaciones y nuestra capacidad tecnológica y humana. Nuestros equipos de trabajo se han integrado bien, han construido empatía y, con la retroalimentación que reciben, han gestionado conocimiento muy útil, tal como lo estamos demostrando en estos tiempos de crisis.

¿No podría verse como una unión desmedida de fuerzas?

En absoluto. Esta unión pretende resultados oportunos y contundentes. Nuestro accionar está sometido a la constitución y a las leyes y, por lo tanto, ahí no hay posibilidad de nada desmedido o arbitrario. Cada uno de nosotros es consciente de que hay un debido proceso, una presunción de inocencia, un derecho de defensa y un control permanente de nuestro accionar por nosotros mismos, por los medios, por las veedurías y por la jurisdicción competente. Nadie podrá decir que estamos pasando por encima de sus derechos. En este momento tenemos una realidad jurídica y presupuestal en la que miles de funcionarios públicos deben contratar con sentido de urgencia y en forma directa. Necesitamos que esta situación no conduzca a que se pierdan los recursos que tanto estamos necesitando. En este caso, podemos decir que se hace realidad el viejo refrán de la unión hace la fuerza.

Sobre Finagro, la entidad salió a defender su trabajo explicando que nada irregular está sucediendo con los créditos, ¿qué opina la Contraloría? ¿Se mantienen en sus hallazgos?

En este país hay libertad de expresión, derecho de defensa, presunción de inocencia, debido proceso y, por supuesto, los funcionarios pueden dar las explicaciones que les pidan los medios de comunicación según su saber y entender. Nosotros alertamos sobre créditos que se estaban concentrando en los grandes empresarios del sector agropecuario, dejando de lado a los pequeños y medianos productores.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

El departamento del Quindío forma del parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), que en 2011 fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Se trata del segundo departamento más pequeño de Colombia (1.845 km²), habitado por unas 600.000 personas, y se caracteriza por sus extensos paisajes verdes y una variedad de climas que atrae a turistas nacionales y extranjeros.

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En ese escenario están enclavados la cuenca del río La Vieja, que —según Parques Nacionales Naturales de Colombia— tiene 15 áreas protegidas y 21 municipios; mientras el PCC registra 53 áreas protegidas, entre principales y secundarias, con 51 municipios.

Luis Alberto Vargas Ballén, secretario del Consejo de Cuenca POMCA Río La Vieja, comenta que un sector de la sociedad civil está preocupado porque “se ha ido incrementado la entrega de títulos y la aceptación de solicitudes mineras en zonas ambientalmente protegidas como en el PCC, que abarca 51 municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle de Cauca”. Asegura, además, que en los municipios del PCC y de la cuenca del río La Vieja hay 172 títulos mineros, y de esos títulos hay en explotación 146, en exploración 17 y otros 9 en construcción y montaje; así como 59 solicitudes de títulos mineros vigentes.

A manera de reflexión, que haya 59 solicitudes mineras vigentes no quiere decir que sean aprobadas. Es como afirmar que cuando un juez admite una demanda le está dando la razón al demandante y no es así. Le comentamos esto a Vargas Ballén y él argumenta que “si estuviéramos actuando frente a una entidad responsable eso podría ser así. Por ejemplo, en el páramo de Santurbán (Santander) no se podía ni siquiera admitir solicitudes ni dar títulos y vea el problema que hay allá. ¿Por qué? Porque recibieron solicitudes”.

¿Qué dice la ANM?

Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería (ANM), en una aclaración reciente a otro medio de comunicación, señaló que “las solicitudes presentadas por los particulares interesados en desarrollar actividades mineras en Colombia se constituyen en meras expectativas; es decir, probabilidades de adquisición futura de un derecho”.

En el documento, la ANM reseña que los títulos mineros otorgados a particulares no son autorizaciones para la explotación del territorio, sino un derecho para que exploren el territorio en búsqueda de los minerales de su interés, y que muchos no superan esa etapa porque los minerales del área son insuficientes en calidad o cantidad.

Además, afirma la ANM, deben obtener de la autoridad ambiental competente la licencia ambiental con su respectivo plan de manejo ambiental. “¡Sin licencia ambiental, no hay proyecto minero!”, afirma.

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Sobre la válida inquietud de Ballén respecto a los títulos mineros en el PCC, en el documento mencionado, la ANM precisó que la entidad tiene la obligación legal de aceptar, tramitar solicitudes sobre áreas restringidas de actividad minera y, si es el caso, otorgar un título minero; pero hay límites que cumplir, pese a la luz verde para conceder dichos títulos: “Toda actividad de exploración o explotación sobre el área queda restringida, o condicionada, a que las autoridades competentes determinen si existe compatibilidad entre las actividades propuestas y los fines de las áreas restringidas. Ese es el caso del PCC, en cuya área no puede haber ningún tipo de actividad de exploración ni explotación minera sin concepto favorable de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura”.

Al responderle a Vargas Ballén un derecho de petición, Parques Nacionales Naturales de Colombia explicó que los sitios inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco hacen parte de las “distinciones internacionales”, para las cuales se determina que “las distinciones internacionales tales como Sitios Ramsar, Reservas de Biosfera, AICAS y Patrimonio de la Humanidad, entre otras, no son categorías de manejo de áreas protegidas, sino estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica”. Y añadió que las autoridades que designan las áreas protegidas deben priorizar estos sitios con el fin de adelantar acciones de conservación .

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Sobre el papel, todo indicaría que las cosas van bien en el Quindío; pero los temores rondan a los quindianos. Vargas Ballén habla de la contaminación del agua para consumo humano en la bocatoma del río Quindío, por la presencia de metales pesados como mercurio, plomo o cadmio, que provendrían de la actividad minera.

Inquietudes válidas que también deberían movilizar a las autoridades local y departamental, así como a las entidades respectivas para tomar acciones en defensa del territorio. Por ahora, Vargas Ballén lidera desde la sociedad civil una movilización para evitar daños al ecosistema y a la salud humana y ambiental.

El pasado 18 de marzo, diez vehículos militares atravesaron Bérgamo (Italia) para trasladar 65 ataúdes a hornos crematorios a unos 200 kilómetros de distancia, pues los servicios funerarios no dan abasto, reportaron la BBC y otros medios de comunicación. No es la única vez que se ha visto una escena así en ese país, cuya cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus ha superado la de cualquier otro: más de 15.000. En Ecuador, que tiene un tercio de la población de Colombia y el triple de contagios confirmados (van por encima de los 3.400, según su Ministerio de Salud Pública), las imágenes recientes son también dramáticas: cadáveres en las calles porque el sistema colapsó.

Qué manejo darle al tema de los decesos por esta enfermedad es un reto que hoy enfrentan 191 naciones y Colombia, por supuesto, no es la excepción. El Gobierno trata de evitar a toda costa un escenario caótico, por eso, entre sus decisiones recientes, emitió un documento: “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19”. La resolución, de 13 páginas, tiene como objetivo orientar a las IPS, autoridades judiciales y servicios funerarios “con el fin de disminuir el riesgo de transmisión en los trabajadores del sector salud, funerario, familiares, comunidad en general y demás autoridades involucradas”. Y la orden es una: dar prioridad a las cremaciones.

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En el documento, paso a paso se indica el protocolo a seguir si una persona, probablemente o con confirmación, muere por COVID-19; los elementos de bioseguridad que deben usar quienes manejen el cuerpo y cómo desinfectar el lugar donde el paciente falleció. La manipulación de los cadáveres será la menor posible y solo se harán necropsias médico-legales con orden de fiscal, si se sospecha que la causa de muerte es violenta. “La instrucción es muy clara: a personas que mueran con diagnóstico de coronavirus no se les practica ningún tipo de autopsia. Por lo tanto no llegarán a Medicina Legal ni a ninguna mesa de autopsia de ningún hospital”, le explicó a este diario un alto funcionario de Medicina Legal.

En Colombia, hasta ahora, van 35 personas que murieron por COVID-19 y la cifra va en aumento. Por eso, reclama Cristina Arango, “ya es hora de tener, por lo menos, los escenarios de contagio y de mortalidad planeados”. Ella es la directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente en Medellín, la cual hace parte de la Corporación Nacional e Internacional de Funerarias El Remanso. Arango señala que es urgente que el Gobierno y la red funeraria del país se hablen para dimensionar los efectos del nuevo coronavirus y evaluar la capacidad de los hornos crematorios (que en el país suman un poco más de 300, según Fenalco) para adoptar medidas, en caso de que la capacidad colapse.

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“Se pueden establecer tres escenarios: uno positivo, uno negativo y otro muy negativo. De manera que nosotros podamos actuar a tiempo”, anota Arango, quien explica una falencia enorme de entrada que, se supone, debería resolverse en el menor tiempo posible: ninguna agremiación o autoridad estatal se ha puesto en la tarea de hacer un inventario de los servicios funerarios en el país. “La capacidad como sector no está dada”, resalta Arango, explicando que, básicamente, habría que preguntarle a cada funeraria del país con qué cuenta para saberlo. En Medellín, dice ella, usando incluso un horno que hay para mascotas, podrían cremarse 168 cuerpos cada día.

“Voy a ser cruda: el área metropolitana de Medellín tiene la capacidad para 100 muertos de COVID-19 diarios, además de los muertos de todos los días. Más de 100 nos pueden hacer colapsar. En Bogotá no puedo decir, pero incluso puede ser menor porque allá tienen menos hornos. El llamado es a que, por favor, pensemos unos escenarios para poder hacer una planeación de respuesta. No hay cifra ni siquiera de supuestos”, concluye Arango, no sin antes expresar la “incertidumbre impresionante” en que se encuentra su sector. “Fenalco sacó un documento con recomendaciones a nivel nacional para facilitar el tema funerario, pero una cosa es lo que ellos digan y otra es lo que nosotros estemos en capacidad de hacer”.

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Este diario supo que el gremio funerario ya ha tenido al menos una reunión con miembros del Ejército. Las imágenes que han llegado desde Italia, y el hecho de que en Madrid(España), hace un par de semanas se tomara la determinación de recurrir al Ejército para transportar a sus muertos por COVID-19, les hace pensar a las funerarias que los militares podrían ser claves si los números de muertos en Colombia se dispararan a decenas o cientos diarios. “El Ejército sí prestaría ese servicio si el presidente lo ordena”, fue lo que se limitó a decir un funcionario de la institución. Esa orden, por ahora, no se ha emitido ni se ha visto la necesidad para ello.

En Cali, el pasado 22 de marzo, se presentó el segundo deceso por el nuevo coronavirus en el país: una mujer de 70 años. Allí van cinco muertes atribuidas al virus, según el Instituto Nacional de Salud. Su alcalde, Jorge Iván Ospina, dice que la ciudad está preparada para la situación y cuenta con la cobertura suficiente. Además, le dijo a este diario que “en relación con las personas que por su vulnerabilidad socioeconómica no tengan para asumir los costos, la alcaldía de Cali correrá con los gastos a través de la línea de pobres de solemnidad, y con recursos de la Secretaría de Bienestar, Seguridad y Justicia se asumirá la cremación”.

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Esta es una medida que se adoptará en todo el país según el documento expedido por el Ministerio de Salud, que ha establecido que ningún cadáver de paciente de COVID-19 podrá ser trasladado a un sitio distinto al lugar de su fallecimiento, por lo que, en ausencia de hornos crematorios, los cuerpos deberán ser inhumados “en sepultura o bóveda”. En los municipios o ciudades pequeñas, es lo más probable que pase. En Cota, por ejemplo, hay un solo horno crematorio que presta sus servicios para toda la Sabana de Bogotá, explica Luz Edith Jiménez, gerente del Parque Cementerio El Paraíso. Su límite de cremaciones es diez por día. Para aumentar su capacidad, dice Jiménez, “vamos a hacer campamentos para las obreros y así garantizar el servicio las 24 horas”.

La resolución del Ministerio de Salud puso a correr a las funerarias y centros médicos del país, a comprar bolsas para cadáveres de mínimo 150 micras de espesor y a adquirir elementos de bioseguridad para todos los que manejen esos cuerpos. Camilo Cárdenas, vocero de la Secretaría de Salud de Medellín, le dijo a El Espectador que los esfuerzos del Gobierno se han centrado en el fortalecimiento del sistema de salud y en las medidas de choque para evitar la propagación del virus. Asimismo, asegura que las decisiones gubernamentales adoptadas hacen “impensable” (al menos por ahora) un escenario de muertes masivas diarias por COVID-19 en Colombia: lo que todo el país desea y espera.

En 2021, en Colombia más de siete mil personas fallecieron en siniestros viales y 20.285 resultaron lesionadas, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En particular, preocupa que el año pasado perdieron la vida en siniestros viales 471 menores de edad, un aumento del 5 % frente al promedio entre 2017 y 2020. Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia lo describió como un problema serio de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), aliado de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS) publicó en octubre de 2020 el “Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030”, con un enfoque para garantizar un sistema seguro compuesto por: una infraestructura vial y vehículos seguros, usuarios responsables, respuesta después de accidentes, transporte multimodal y planificación del uso de la tierra.

De acuerdo con estos elementos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia formuló el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, que debe empezar a funcionar en el primer semestre de este año.

En charla con El Espectador, Nhan Tran, jefe de seguridad y movilidad de la OMS, menciona los elementos prioritarios que el país debe mejorar, las claves del éxito en otros países y la importancia de reducir el uso de carros gradualmente. El funcionario asistió al Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil (FISEVI), celebrado en Colombia del 9 al 11 de marzo.

¿Qué elementos son prioritarios en el Plan Nacional de Seguridad Vial para la década en Colombia?

Los dos elementos que consideramos más importantes son el transporte multimodal y la planificación del uso de suelos. Eso se refiere a que tenemos que diversificar los medios de transporte, que es considerado como uno de los factores importantes para mejorar la seguridad. Si tenemos menos carros y más transporte público, hay menos choques. Pero para hacerlo debemos asegurarnos, por ejemplo, de que los carriles para bicicletas sean seguros, así como los andenes.

La mayoría de los países en Latinoamérica tienen un gran número de motocicletas, y eso se debe tomar en consideración cuando se piensa en ciudad. No se debería pensar únicamente en ganar más espacio para los carros. Creo que eso es muy relevante para el contexto colombiano. En ciudades como Bogotá el espacio es limitado y sabemos que en los años siguientes va a haber un crecimiento en la población.

El manejo de la velocidad es importante también. Sabemos que cuando diseñamos bien las vías, se pueden manejar las velocidades. Es más probable que las personas conduzcan rápido en vías amplias que en calles angostas, así como en las glorietas. La velocidad en las ciudades en lugares de mayor riesgo, como zonas residenciales, debería ser de 30 km/h.

¿Qué países se consideran casos de éxito por garantizar la seguridad vial y cómo enfrentaron los desafíos?

En Europa tenemos ejemplos como Suecia, Noruega e incluso Francia. En Asia, Corea del Sur ha tenido grandes mejorías en los últimos 10 años. Todos los países han tenido estrategias similares, en el sentido de que han establecido como objetivo cero muertes por siniestros viales. Uno de los elementos comunes es que la meta no es eliminar los choques, sino prevenir los fatales. Reducir la velocidad es uno de los factores más importantes para disminuir la fatalidad.

Todos estos países han adoptado buenas prácticas y se han unido a las convenciones de las Naciones Unidas para el tráfico vial. Muchas de estas establecen estándares mínimos de seguridad para los vehículos. Esto no pasa en Latinoamérica, no hay un país que haya establecido estos estándares. Esto es un desafío, porque los fabricantes de carros podrían seguir vendiendo vehículos inseguros. La seguridad vial no puede ser un asunto político, se tiene que hacer una inversión continua y verlo como algo fundamental.

¿Qué se puede decir sobre la estrategia pedagógica que se debería adoptar para educar a los ciudadanos en sus comportamientos?

Mi punto de vista es distinto al de muchas personas. Creo que es importante sensibilizar a las personas y hacerles ver que las muertes en carretera no son aceptables, que el compromiso que debemos adquirir es que haya cero muertes. Pero creo que la educación no es la primera cosa que deberíamos hacer. Para mejorar el comportamiento de los usuarios viales, debemos diseñar sistemas que sean intuitivos y lógicos.

Incluso los suecos no conducirían a 30 km/h en vías amplias. Si diseñas una ciudad en donde esa velocidad es tu objetivo, tiene que ser algo intuitivo. Una vez tengas eso, debes educar e informar a las personas sobre las reglas.

¿Qué significa el concepto de “la redundancia es crucial”, mencionado en el Plan de Seguridad Vial de la OMS?

Básicamente que debemos enfocarnos en exagerar y ser muy redundantes en el contexto de la seguridad vial. No nos podemos respaldar únicamente en que un elemento va a funcionar. Digamos que queremos que las personas reduzcan su velocidad. En un mundo perfecto solo se establecería que el límite de velocidad es de 30 km/h y todo el mundo debería seguirlo. Pero, además, ponemos un refuerzo policial para que la gente obedezca y se diseña una vía más angosta con reductor de velocidad. Esos son los elementos que calificamos como redundantes, básicamente estás repitiendo tu mensaje de distintas formas.

La redundancia parte de asumir que lo peor va a suceder en cualquier escenario y que, incluso ahí, el ciudadano va a estar a salvo.

¿Cree que las grandes ciudades deberían reducir la compra de carros y promover, por ejemplo, el transporte público y las bicicletas?

Sí. Se podría pensar en una medida simple como reducir el espacio de parqueo para carros porque se trata de ser coherente con la política pública. Si se dice que se quiere menos carros en las ciudades, pero hay muchos parqueaderos, se manda un mensaje contrario.

Sé que en Bogotá y otras ciudades tienen la medida del Pico y Placa, pero una sola medida no dará resultados, porque, por ejemplo, la gente pagará para tener exenciones. Cuando se incorporan varias medidas, se están priorizando otras formas de transporte. Si se quiere más espacio para caminar, andar en bicicleta, bus o metro, entonces se debe tener una política coherente, sin continuar incentivando que manejar sea la alternativa más fácil. Sé que tengo una posición muy radical, pero creo que, para alcanzar cambios, se deben tomar decisiones difíciles.

En Colombia hay seis aviones tipo Casa C-295 a cargo del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). Son aeronaves que la institución usa, generalmente, para el transporte de asalto y de rescate y que, ahora, volarán prestando atención médica. Ante la emergencia por la pandemia que sigue afectando al mundo entero, la Fuerza Aérea Colombiana adecuó estas aeronaves para transportar a pacientes en estado crítico por COVID-19 hacia el centro del país.

Según la Fuerza Aérea, todas las aeronaves de este tipo se pueden adecuar para este propósito. El avión, de fabricación española, puede aterrizar en pistas no preparadas, no pavimentadas o que estén bajo el mando de una torre de control, haciéndolo idóneo para la labor de evacuación de pacientes de COVID-19 en las regiones más inhóspitas del país.

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El C-295 tiene la capacidad de transportar 71 soldados o 24 camillas en evacuaciones aeromédicas. Sin embargo, las modificaciones hicieron que el avión se dividiera en tres secciones. La tripulación conformada por un piloto, un copiloto, un técnico de vuelo y un maestro de carga permanecerá aislada en la cabina de mando designada como la primera sección. Se ha dispuesto el resto del avión (segunda y tercera sección) para el personal médico y las dos unidades de cuidados intensivos con que cuentan los aviones.

La Fuerza Aérea explica que un médico y un enfermero de vuelo de la institución prestarían la atención durante los vuelos de traslado de pacientes diagnosticados con COVID-19. En la iniciativa de la Fuerza Aérea participan todas las entidades de salud del Estado para determinar si un paciente necesita ser trasladado hacia una ciudad o no. La decisión no está en manos de la Fuerza Aérea, pero esta se mantiene atenta a las solicitudes del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo, responsables de autorizar las evacuaciones y solicitar el apoyo de estas unidades de atención médica aérea.

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La adecuación se ordenó desde el inicio de la emergencia, en un intento por prestar un apoyo oportuno a la situación sanitaria que hoy afronta el país. Hasta la fecha, el C-295 ha realizado un solo vuelo para evacuar a un paciente de Covid-19 diagnosticado en Puerto Leguízamo (Putumayo). Para este traslado, la Fuerza Aérea contó con la capacitación del Ministerio de Salud en cuanto a las medidas de protección y a la manipulación de equipos médicos utilizados previamente en la evacuación de los ciudadanos colombianos en China.

El vuelo para evacuar a los ciudadanos colombianos en Wuhan (China), epicentro de la epidemia, partió desde Catam el 22 de febrero, a las 3:00 a.m. En él se trajeron de regreso a Colombia a los 13 connacionales y contó con 13 personas de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes fueron acompañados por personal del Instituto Nacional de Salud y de la Cruz Roja Colombiana. El avión Júpiter de la FAC fue especialmente acondicionado para esta operación humanitaria y el Ministerio de Salud capacitó a la tripulación para tomar todas las medidas de prevención. Desde esta evacuación, la institución ha contado con el mismo entrenamiento para contribuir en medio de la pandemia, esta vez en territorio nacional.

En 2009, la FAC recibió dos aviones tipo Gran Caravan C-208B totalmente medicalizados, como parte del convenio entre el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Defensa Nacional. A la fecha, ya se ha confirmado que tres miembros activos de la Policía y un oficial de la Fuerza Aérea dieron positivo en la prueba del COVID-19. Aunque el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue enfático en asegurar que se diseñó un estricto protocolo de seguridad para evitar un contagio masivo en las Fuerzas Armadas, este riesgo se hace latente con el aumento de uniformados en las ciudades.

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La comunidad campesina denomina “Los dos ríos” como una región que abarca los territorios del Bajo Cauca y nordeste antioqueño, centro y sur del Cesar, sur de Bolívar y Magdalena Medio (ver mapa, abajo). Se trata de un territorio estratégico por su ubicación entre los dos principales ríos del país, Magdalena y Cauca, que rodean las montañas de la cordillera Central, en especial la Serranía de San Lucas, en donde hay gran variedad de riquezas naturales renovables y no renovables.

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Allí, desde el año 2020, según denuncias de organizaciones sociales, se registra una fuerte avanzada paramilitar del Clan del Golfo, que amenaza con intensificar su presencia en ese territorio.

“Vemos que ese avanzar paramilitar en la región se está dando en el sur de Bolívar, por los municipios de Simití y Santa Rosa; en el nordeste antioqueño, en Segovia y Remedios, y en el Bajo Cauca, en municipios como Cáceres (Antioquia), explica Gerardo Amador Caballero, vocero del “Paro regional indefinido por la vida y la permanencia en el territorio”, en diálogo con El Espectador.

Las denuncias, según el Congreso de los Pueblos -un movimiento social y político basado en Colombia y con capítulos en América Latina y Europa-, aseguran que “Los dos ríos” es azotada por los enfrentamientos, los retenes ilegales, los señalamientos, los asesinatos selectivos, el posicionamiento de los paramilitares en puntos estratégicos para ellos del territorio, así como los desplazamientos y la amenaza directa a la comunidad por la presión ejercida para que trabajen en función de sus intereses.

En 2020, Indepaz registró el asesinato selectivo de por lo menos 24 líderes y lideresas en los departamentos de Bolívar y Antioquia, al menos 13 de estos perpetrados en la región de “Los dos ríos”, entre ellos el del líder del movimiento social Fernando de Jesús Gaviria, asesinado el 29 de agosto de 2020, junto a Omaira Alcaraz, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto San Juan, del municipio de San Pablo, sur de Bolívar.

Además, se reportaron más de 72 familias desplazadas por grupos paramilitares, por lo menos 12 masacres con un saldo de 46 personas asesinadas y decenas de personas amenazadas en la región.

Amador lamenta que este contexto de violencia se ha agudizado en el territorio pese a las denuncias que se han hecho, pero que “no han tenido eco en el Gobierno Nacional (...). “Nos preocupa que se presenten desplazamientos de más de 300 paramilitares en las zonas rurales donde, curiosamente, hay presencia del Ejército, por lo que también hemos denunciado la complicidad de la Fuerza Pública con el accionar paramilitar”.

Fruto de esas denuncias, de acuerdo con Amador, el 22 de febrero de 2022, en el municipio de San Martín (Cesar), fueron asesinados Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos líderes campesinos históricos que fueron parte del movimiento campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Entre los hechos más recientes, el 12 de agosto del año pasado la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) lanzó una alerta humanitaria por las comunidades ubicadas en la Serranía de San Lucas, consideradas en estado de vulnerabilidad ante las disputas territoriales entre Grupos Armados No Estatales (GANE) por su geografía estratégica que garantiza la explotación ilegal de minería de oro, la calidad de tierra para los cultivos de uso ilícito y la entrada a zonas montañosas de difícil acceso para establecer centros de acopio de los estupefacientes.

(Estatuto Temporal de Protección (ETPV) 2023: requisitos y cómo solicitarlo)

Al hablar de la riqueza de la región, en el sur de Bolívar hay más de 50 títulos mineros y la misma cantidad de solicitudes en la línea de explotación de metales preciosos, afirma Amador.

El nordeste antioqueño, por su parte, se distingue por su riqueza aurífera. En 2019, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia señaló en su perfil socioeconómico del nordeste, que “la minería aún está lejos de ser generadora de riqueza para la subregión debido a los altos índices de informalidad e inadecuados parámetros de modernización; asimismo, las disputas por el control de la explotación de los recursos generan desplazamiento forzado, despojo de tierras, contaminación y agotamiento de recursos naturales (…)”.

En esta subregión, entre 2016 y 2022, tras el vacío de poder generado luego de la salida de la zona de las antiguas Farc-Ep, confluyeron diferentes grupos armados ilegales con interés expansivo, ante la debilidad del Estado para avanzar en el copamiento del territorio de manera integral, más allá de la presencia de las Fuerzas Militares.

En ese complejo panorama, por lo menos ocho organizaciones del orden nacional y que forman parte de las plataformas campesinas y del coordinador nacional agrario, y de la plataforma política del Congreso de las Pueblos, en la región de “Los dos ríos” se declararon en emergencia humanitaria y están convocando a una movilización pacífica -a finales de este mes-, “Paro regional indefinido por la vida y la permanencia en el territorio”, para exigir garantías para una vida digna y sin amenazas para el campesinado.

“Hasta el momento no se evidencia un compromiso serio del ‘Gobierno del cambio’”, asegura un comunicado del Congreso de los Pueblos. Además, proponen un tribunal popular para denunciar e impulsar el desmonte del paramilitarismo y en el que se exige que haya garantías para su realización y la presencia de las instituciones competentes del Gobierno Nacional.

Las acciones del Gobierno

Desde que Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia han transcurrido cinco meses y medio, y a comienzos de este año el país recibió con gran expectativa el inicio del cese al fuego bilateral con cinco grupos armados entre el 1° de enero y el 30 de junio, que -de acuerdo con cálculos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)- se traduciría en que cerca de 15.000 hombres alzados en armas suspenderían acciones violentas en los territorios en los que operan.

El cese incluye a la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo o Agc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que agrupan en suma unas 80 estructuras, entre frentes y columnas.

Como lo informó Colombia+20, según registros de Indepaz, el Clan del Golfo o Agc está presente en 279 municipios, mientras el Eln en 91, convirtiéndose en los dos grupos con más control territorial del país. También tienen los ejércitos con más combatientes: más de 5.000 personas son parte de las filas del Clan del Golfo.

Esta estructura paramilitar, derivada de las Autodefensas Unidas de Colombia, es una de las más grandes y con mayor presencia en el país. Su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 y extraditado en mayo de 2022. Al mando quedó Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.

Antioquia es el departamento que más se beneficiaría de este cese al fuego bilateral, porque sus regiones de Bajo Cauca y Urabá concentran acciones de los cinco grupos armados ilegales con los que se acordó el cese.

El sur de Bolívar y Córdoba también se favorecerían del restablecimiento humanitario. En esta zona el conflicto se agudizó por la fuerte actividad de grupos armados, como el Clan del Golfo, que ejercen el control territorial.

Que la familia Yaver Escobar tuviera que escapar de intentos de secuestros hacía parte de su vida cotidiana. Se les volvió casi una costumbre ver a Anuar Yaver Cortés, el esposo de Sonia Escobar y el papá de Anuar Jalil y Catalina, camuflarse entre matorrales, cambiar el rumbo de sus viajes en carretera y hasta disfrazarse de enfermero en una ambulancia para escapar de la constante amenaza de las Farc, que intentaron llevárselo a la selva más de siete veces. Las estrategias de camuflaje para evitar el rapto y proteger su integridad funcionaron por más de cinco años. Pero no fueron lo suficientemente eficaces para esquivar los tiros de un sicario desde una moto en el centro de Aguachica (Cesar), que acabaron con la vida del político hace ya 10 años.

En homenaje a su memoria, su familia recordó lo sucedido el 16 de agosto de 2007. Confiesan que, por miedo, no han querido seguir el proceso judicial. La prensa registró el suceso sin muchos detalles. Los medios dijeron que, en Aguachica, donde Yaver era candidato para la Alcaldía, habían asesinado a un líder político del Partido Liberal. Que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había prometido las garantías de seguridad para que se pudieran realizar las elecciones ofreciendo una recompensa de $30 millones para dar con el paradero de los responsables, dinero que, supuestamente, terminó robándose la Policía —tres agentes fueron arrestados en 2009 por estos hechos—. Pero no explicaron que Yaver era un líder que había dedicado su vida a llevar los servicios básicos a los municipios más apartados del Cesar.

Tampoco contaron que Yaver fue uno de los impulsores para crear la Cámara de Comercio en la región. “Estuvo detrás de la construcción de la terminal de transportes, en la estructuración del proyecto para hacer un acueducto y alcantarillado, en la llegada del primer carro de bomberos, y fue él quien impulsó la idea de llevar la Universidad Popular del Cesar al municipio”, recuerda su hijo, Anuar Jalil Yaver. Sonia Escobar lo acompaña en la tarea de rememorar el trabajo social al que, dice, siempre se dedicó su esposo: “Lo caracterizaba la nobleza y desde el comienzo de su carrera siempre se dedicó a trabajar por los demás. Llegaba a la casa tardísimo y madrugaba sin problema. Y nunca lo escuché quejarse. Era un conciliador”.

¿Por qué si sus calidades humanas eran tan pulcras lo mataron? Esa es la pregunta que en silencio tratan de responder Sonia Escobar, Catalina y Anuar Jalil Yaver. Y es él, el mayor de la familia, quien toma la vocería para contestar: “Él no quiso ni ser de los guerrilleros ni de los paramilitares. Y eso, en una zona como el Cesar, se paga muy caro”. A Anuar Jalil Yaver las amenazas lo obligaron a salir de la región. Fueron tan tenebrosas que la Unidad Nacional de Protección le asignó, por un tiempo, un esquema de seguridad.

La arremetida contra la política en el César

Uno de los departamentos del país más golpeados por la presencia paramilitar fue el Cesar. Y a su vez, uno de los municipios más afectados por esa dinámica fue Aguachica. Fue allí en donde las autodefensas instalaron bases estratégicas. De acuerdo con las cifras que ha recopilado la Fiscalía, solamente en esta zona del sur del departamento se registraron 5.826 víctimas de los hombres de uno de los más temidos jefes paramilitares, Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada. Él mismo ha confesado que participó en tres masacres en fincas y veredas de Aguachica en donde asesinaron por lo menos a 14 personas.

En diciembre de 2014, el Tribunal de Bogotá recopiló las acciones violentas del exjefe paramilitar, que recobró su libertad en 2015, y dio cuenta de que Prada participó en el desplazamiento y el asesinato de seis funcionarios públicos de Aguachica, entre los que estaban Luis Fernando Rincón, exalcalde del municipio, y el concejal José Mario Saldaña Flórez. El crimen se dio antes del asesinato de Anuar Yaver. Fue este tribunal el que explicó que, en esa zona del país, los paramilitares utilizaron una estrategia de exterminio político de quienes no estaban de acuerdo con su presencia.

La idea de que alguno de los miembros sobrevivientes de la familia Yaver pudiera correr la misma mala suerte de su padre y esposo hizo que se refugiaran en Bogotá y dejaran en manos de la justicia la responsabilidad de encontrar a los responsables del crimen. Aún en la capital, los temores persisten. Hay procesos judiciales abiertos y varios involucrados están prófugos. “Lo que sabemos de la investigación es lo que sale en prensa. Pero lo que sabemos es que ha sido una investigación desviada y que no se ha logrado sancionar a los autores intelectuales del asesinato porque siguen en libertad”, comenta Catalina Yaver.

El rastreo del proceso judicial confirma su versión. En total, hay cuatro personas condenadas y tres de ellas están en la cárcel por haber planeado el crimen: Sandra Patricia Orejanegra, alias la Mona; Elmo José Mármol Torregroso, alias el Poli, y Norberto Plaza Vega, alias Amigazo. Los dos primeros llevaron su caso hasta la Corte Suprema de Justicia para probar que eran inocentes y que habían terminado involucrados en el caso por testigos falsos. En octubre de 2012, el alto tribunal negó el recurso y confirmó la condena. El Amigazo dijo ante las autoridades que la Mona y el Poli no tenían nada que ver en el asunto. Sin embargo, la jueza de primera instancia que los condenó dijo que había encontrado varias inconsistencias en la versión de Plaza Vega y no lo tuvo en cuenta en su decisión de enviarlos a la cárcel durante 35 años.

Las incoherencias del testimonio del Amigazo quedaron consignadas en su condena, que, al igual que la de la pareja, fue emitida por la jueza Luisa Pinto, del Juzgado Único Penal de Valledupar, en 2009. En su primer relato, Plaza Vega dijo que el asesinato de Anuar Yaver había sido un accidente porque el objetivo del atentado era Carlos Fernando Pérez, quien acompañaba al líder político el 16 de agosto de 2007. Explicó además que el crimen lo había ordenado alias Douglas, miembro de la banda las Águilas Negras, porque Pérez se rehusaba a pagar una vacuna. Sin dar una explicación concreta, en su siguiente interrogatorio le dijo a la jueza que sabía de primera mano que Douglas, en compañía de otro compañero de la banda, alias Hitler, había recibido de un reconocido político de la región $250 millones para matar a Yaver.

El Amigazo terminó su interrogatorio diciendo que mientras no le dieran algún beneficio no iba a decir el nombre del político. Sin embargo, el cuarto condenado dentro de este expediente es el exalcalde de Aguachica Gustavo Maldonado Estupiñán, quien para la época del crimen era uno de los contrincantes de Anuar Yaver en las elecciones para la Alcaldía. La jueza de Valledupar lo condenó en junio de 2016 y dijo que el asesinato había tenido motivos políticos y que Maldonado era el determinador. Para la época de la condena, el exalcalde ya tenía una sanción disciplinaria de la Procuraduría, que lo encontró culpable en 2014 de haber celebrado contratos en el municipio sin los requisitos adecuados. Maldonado fue capturado en 2012 por estos hechos, pero, según la familia de Yaver, está prófugo.

Su caso está en revisión, en segunda instancia, en el Tribunal Superior de Valledupar. Por este mismo juzgado pasó también el caso de otro implicado en este caso, pero de quien, a diferencia de las cuatro personas condenadas, la justicia todavía no ha establecido su responsabilidad. Se trata de Wilson Estupiñán, alias el Chamo, un personaje de Aguachica que es conocido como el primo del exalcalde Maldonado Estupiñán y porque, además, varios paramilitares han dicho que era un financiador de los frentes Héctor Julio Peinado, bajo el mando de Juancho Prada, Resistencia Motilona de las Auc y las Águilas Negras. Su caso está en la Corte Suprema de Justicia, pues la Fiscalía presentó la casación después de que, en primera y segunda instancia, los jueces de Valledupar los absolvieran. El caso está en el despacho del magistrado Eugenio Fernández Carlier.

“Los testigos que se han retractado, los que han cambiado de versiones sin razón y las absoluciones con pruebas claras nos permiten afirmar que ha sido una investigación manipulada”, denuncia Catalina Yaver, quien le pide al Estado, a nombre propio, que proteja a su familia, que haga todo lo posible para capturar a los responsables y que el caso de su padre no quede en la impunidad. Fue ella quien hace 10 años le advirtió a su padre, en vano, del peligro que corría. “Le pedí que dejara la política porque de héroes están llenos los cementerios”.

El Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos de los procesos judiciales en Colombia entre este lunes 16 de marzo y el próximo viernes, 20 de marzo, por la emergencia generada por el coronavirus (Covid-19). Así lo anunció su presidenta, la magistrada Diana Remolina. De esta manera, las audiencias judiciales previstas para esta semana no deberán realizarse como una medida de seguridad y para proteger la salud pública. La magistrada explicó que este lunes se analizará si se suspende todo el funcionamiento de la Rama Judicial. "Lo que todo el mundo está esperando es que definamos si habrá un cierre absoluto de actividades y esa es una decisión que vamos a tomar hoy".

(Lea: Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real) 

El acuerdo expedido ayer domingo exceptúa a los despachos judiciales que cumplan la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas que actualmente estén presos, asegurando que, en todo caso, esas diligencias podrán hacerse de manera virtual. Igualmente, los trámites de tutela deberán continuar. La magistrada Remolina hizo un llamado a la ciudadanía para no acudir a las sedes judiciales para ninguna actuación y, por eso, no habrá atención al público. "Un llamado al autocontrol. La suspensión de los términos implica para los ciudadanos que no vayan a las sedes judiciales. No es necesario porque los procesos están suspendidos. El trabajo administrativo y de los jueces no está suspendido y mientras tanto se tomaron medidas de prevención como tener jabón e intensificar las labores de limpieza", dijo.

Atendiendo a la necesidad de proteger a nuestros jueces, magistrados, empleados y usuarios, el Consejo Superior de la Judicatura tomó desde esta noche la decisión de suspender, inicialmente, hasta el 20 de marzo los términos judiciales. pic.twitter.com/0lpHjPbxNJ

— DARB (@DianaRemolinaB) March 16, 2020

En virtud de la emergencia de salubridad pública del país, #SalaPenal y #SalaDePrimeraInstancia de @CorteSupremaJ suspende las audiencias públicas durante la presente semana. En breve, más información. #QuedarseEnCasaEs #QuedateEnLaCasa #MedidasDrasticas

— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 16, 2020

(Conozca: Suspenden clases en colegios públicos y privados de Colombia por Coronavirus)

La Superintendencia de Sociedades, con el fin de contener la propagación del coronavirus y atendiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional, determinó suspender los términos judiciales para los procedimientos de mercantiles y de insolvencia, entre el 17 y el 22 de marzo de 2020, inclusive que se adelantan en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín. Así mismo, la Contraloría General de la República suspendió los términos procesales, a partir de hoy hasta el 31 de marzo próximo, en los procesos auditores, administrativos sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares fiscales, peticiones y demás actuaciones administrativas que tramita el organismo de control.

Abogados y jueces critican la decisión

En ese sentido, anunciaron en una rueda de prensa que cerrarán sus despachos hasta el día viernes, a pesar de la decisión del Judicatura. “Esta medida implica el cierre de las edificaciones y la suspensión de los términos que corren en todos los procesos y actuaciones constitucionales y legales a nuestro cargo. La medida incluye cualquier gestión o trámite virtual”.

“Como consecuencia del cierre, requerimos al Consejo Superior de la Judicatura y las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales para que adopten las medidas de protección a los funcionarios y empleados de los Centros de Servicios Judiciales y Oficinas de Apoyo Judicial. Reclamamos de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería de Bogotá, la adopción de medidas idóneas y eficaces que propendan por el bienestar de sus funcionarios y empleados”, indicaron los jueces en un comunicado.

Mientras tanto, los abogados que deben llevar audiencias penales ante juzgados de conocimiento criticaron la decisión de la Judicatura.  El Colegio de Abogados Penalistas, cuyo presidente es Francisco Bernate, por ejemplo, asegura que debe suspenderse todas las actividades judiciales con excepción de los asuntos que se relacionan con la libertad de personas.

Comunicado Oficial del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia frente al reciente pronuciamiento del @judicaturacsj @CancinoAbog @fbernate @OSierrAbogado @Rodriparada @MarlonDiazyDiaz @SoyDefensor_ @PipeCab @julcostaduran10 @RubenDAcostaO #SuspensionDeAudienciasYA pic.twitter.com/DQSXrzynPV

— Colegio de Abogados Penalistas de Colombia (@CPenalistas) March 16, 2020

Gracias @judicaturacsj Xdecisión tomada pero INSUFICIENTE. No hay como realizar audiencias virtuales con tres o más abogados y procesados + fiscal y procurador que cumpla con garantías.jueces y funcionarios de la rama siguen en riesgo al ir a su trabajo #SuspensionDeAudienciasYa

— Iván Cancino (@CancinoAbog) March 16, 2020

Por favor tengan en cuenta q lo q está en juego es la vida y la salud de las personas. Las medidas de @judicaturacsj son superficiales, desconectadas de la realidad y claramente riesgosas. @CPenalistas #SuspensionDeAudienciasYa / https://t.co/0DsNJsFgTL… https://t.co/Pa9aK71DKh

— Jhonny M. Díaz O. (@JhonnyDyDGroup) March 16, 2020

Ahora @judicaturacsj considera que los funcionarios de control de garantías son inmunes y que las audiencias con privados de la libertad no contagian...

Ojo, el juicio no puede hacerse de manera virtual por expresa prohibición legal.#suspensiondeaudienciasya

— SantiagoTrespalacios (@SoyDefensor_) March 16, 2020

Para @judicaturacsj NO HAY RIESGOS en audiencia de conocimiento con personas detenidas... #SuspensiónDeAudienciasYa @CPenalistas https://t.co/HMzbwrqOAY

— Julio Enrique Acosta Durán (@julcostaduran10) March 16, 2020

*Nota de la editora: esta noticia se actualizó a las 9:44 de la mañana tras rueda de prensa del Consejo Superior de la Judicatura.

En un pabellón de la cárcel La Picota de Bogotá deberá permanecer José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (filial de Grupo Aval), tras ser condenado a 11 años y nueve meses de prisión. Según el juez 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Melo supo y autorizó un soborno de la multinacional Odebrecht por US$6,5 millones al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien estaba a cargo del INCO (la antigua agencia de infraestructura, hoy ANI) en 2009, año en que se abrió la licitación de la Ruta del Sol 2 y se adjudicó su contrato por más de $2 billones.

Ese pago, del cual Melo sabía —según el fallo en su contra—, se hizo para asegurar que la Concesionaria Ruta del Sol, conformada por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y el grupo Solarte, se quedara con la construcción de ese importante corredor vial. Se trata de la condena más alta que hasta el momento ha proferido la justicia colombiana en contra de alguien procesado por el caso de corrupción que sacudió a Latinoamérica, al punto que en Semana Santa de este año el expresidente peruano Alan García prefirió quitarse la vida que ir a la cárcel por este episodio.

Melo recibió su condena conmovido, agarrándose la cabeza y rodeado de las lágrimas de su familia, en el complejo judicial de Paloquemao. El expresidente de Corficolombiana quedó a disposición del Inpec mientras surte el trámite de apelación de la condena que emitió el mencionado juzgado, el cual había dictado sentido de fallo condenatorio a principios de abril. El despacho sentenció que Melo “se amangualó con el sector público para comprar la moralidad pública”.

El fallo contra Melo podría ser también el inicio de una nueva línea de investigación penal por los sobornos de Odebrecht. Con la decisión se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue a cinco personas más que no estaban en la mira de esa entidad, aunque sí en el radar de la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Se trata de Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero; María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y esposa de un alto directivo del Grupo Aval; Andrés Sanguinetti, hermano de un expresidente uruguayo y quien habría ayudado a Odebrecht a lavar dinero a través de la banca de Andorra (Europa); Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

Sarmiento Gutiérrez es uno de los empresarios más reputados de este país y fue testigo en favor de Melo. En sus declaraciones, Sarmiento Jr. señaló que Melo no recibió bonificaciones por la licitación de la Ruta del Sol 2 y que no tuvo conocimiento del soborno que recibió el exviceministro Gabriel García Morales. Igualmente dijo que no fue testigo de las reuniones entre Corficolombiana y los directivos de Odebrecht, pero que era su labor verificar que se estuviera negociando el memorando de entendimiento.

Durante el juicio, Sarmiento Gutiérrez fue mencionado por el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Júnior. “(Melo) me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro (García Morales), pero que tenía dificultad en Grupo Aval, que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Júnior”. Y Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, dijo que tuvo tres reuniones con la cúpula del Grupo Aval en Bogotá en las que habrían participado Melo, “el señor Sarmiento” y las cabezas de la multinacional brasileña. El testigo no aclaró si se estaba refiriendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, o a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

En diálogo con El Espectador, fuentes cercanas al Grupo Aval manifestaron: “Consideramos normal la compulsa de copias, es un procedimiento ordinario que no indica culpabilidad, sino que pide una investigación. En el proceso se mencionó el nombre de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, sí, pero se mencionó solo de oídas. Contra él no hay una sola reunión comprometedora ni un solo testimonio de alguien que haya dicho que se sentó con el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez a hablar de coimas”.

¿Quiénes son los otros implicados?

El empresario cartagenero Juan Manuel Barraza fue superintendente general de Puertos de Cartagena y gerente de la Comisión Nacional de Regalías. Luiz Antonio Bueno aseguró en el juicio de Melo que las reuniones en las que se pactó el soborno que García Morales aceptó haber recibido se dieron en el apartamento de soltero de Barraza. El empresario le dijo a la W Radio a comienzos de este año: “Nunca se ha dicho que yo haya participado de esas reuniones. Cuando esos encuentros se adelantaban, yo estaba en Estados Unidos haciendo una maestría y prestaba el apartamento”.

Según dijo el abogado de Barraza en su momento, Abelardo de la Espriella, García Morales es su amigo de infancia. Esta relación los ha llevado a realizar varios negocios juntos por medio de la sociedad Canal Logistic. Sin embargo, ha negado en reiteradas ocasiones que el empresario tuviera conocimiento de actividades ilegales o relación con el escándalo de Odebrecht.

María Victoria Guarín es una alta funcionara en la Corporación Financiera Internacional (IFC), un organismo multilateral adscrito al Banco Mundial al que se le confió la estructuración del megaproyecto vial de la Ruta del Sol. Según las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestas prácticas irregulares en favor de la Concesionaria Ruta del Sol, Guarín habría tramitado las expectativas que tenían sobre las condiciones del proyecto, a pesar de un posible conflicto de intereses entre ella y su pareja, Diego Solano Saravia, quien es vicepresidente de planeación corporativa del Grupo Aval.

La SIC tiene en su poder correos electrónicos en los que Melo Acosta supuestamente informó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez de ese vínculo. “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”, le dijo Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en un correo.

Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana, fue testigo en favor de Melo en el juicio. Según declaró, el exdirectivo Luiz Antonio Bueno Júnior no le mencionó nada sobre la existencia de un acuerdo para pagar el millonario soborno al exviceministro Gabriel García Morales. Insistió, según recoge el diario El Tiempo, en que las reuniones que sostuvo con Bueno fueron de carácter técnico y en relación con el proceso de adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol 2.

Ramírez también fue incluido en el pliego de cargos que la SIC presentó en 2018 y en el que se dice que Episol, Corficolombiana y Odebrecht habrían intentado celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar “un cartel” con sus competidores (Odinsa, Impregilo y OHL). Para sustentar esta afirmación, la entidad encontró un correo del 22 de julio de 2009 que remitió Gustavo Ramírez al hoy condenado José Elías Melo, con copia a Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana. S

Según la SIC, el correo resume una “reunión llevada a cabo con Luiz Antonio Bueno Júnior (director de Odebrecht en Colombia), en el que éste le habría planteado la conformación de un acuerdo anticompetitivo en la modalidad de cartel, que, como ya se dijo, podría tener uno de dos propósitos”.

El último de los mencionados es Andrés Sanguinetti, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, quien tenía a su cargo la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA) en ese país y que habría ayudado a la empresa brasileña a lavar dinero. Sanguinetti Barros también es investigado de manera preliminar en Perú, en la investigación Lava Jato de la Fiscalía, por dineros que entregó en ese país a nombre de la multinacional brasileña.

Para hacerlo, Odebrecht habría enviado millonarias sumas de dinero a través del banco de Andorra, camuflados como supuestos servicios que en realidad nunca prestó. En ese contexto aparece Sanguinetti: él, como encargado de la cuenta de la empresa que pagó sobornos en todo Latinoamérica, habría viajado a distintos países para entregar ese dinero.

Fuera de casa pero de local, en Cartagena (por las obras del Metropolitano), Junior de Barranquilla recibe a Palmeiras en su estreno en la Copa Libertadores 2026. Duelo de altísimo voltaje para el cuadro tiburón contra uno de los mejores equipos del continente, vigente subcampeón de la competición.

Los barranquilleros han levantado el nivel en las últimas semanas, tras un arranque irregular, y esperan estar a la altura del duelo. Los brasileños son siempre candidatos a llevarse la corona y llegan con una de las figuras de la selección de Colombia en sus filas: Jhon Arias.

¿Cómo va el partido de Junior? Siga acá el minuto a minuto del partido

⏱️ MINUTO 80′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-1 PALMEIRAS 🟢⚪|

Junior aguanta como puede. Palmeiras lo tiene metido en su área a punta de centros.

⏱️ MINUTO 71′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-1 PALMEIRAS 🟢⚪|

Jhon Arias tiene descontrolada a la defensa de Junior. Brillante desborde por la banda y el remate que se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 70′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-1 PALMEIRAS 🟢⚪|

Luis Fernando Muriel entra a la cancha. ¿Será el revulsivo que necesita el cuadro barranquillero?

⏱️ MINUTO 66′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-1 PALMEIRAS 🟢⚪|

Khellven enmudeció a Cartagena. Remate potente y afuera por muy poco. El disparo de media distancia es una de las armas con las que Palmeiras intenta irse en ventaja.

⏱️ MINUTO 61′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-1 PALMEIRAS 🟢⚪|

Junior reaccionó al golpe. Tremendo remate que contuvo el arquero Carlos Miguel.

⏱️ MINUTO 58′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-1 PALMEIRAS 🟢⚪|

Otro remate de Palmeiras. Junior empieza a perder concentración en el fondo.

⏱️ MINUTO 55′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-1 PALMEIRAS 🟢⚪|

Ramón Sosa empata el juego. Desatención en el fondo de Junior, que dio ventaja a su espalda. El VAR estudió el fuera de lugar, pero el jugador estaba habilitado. Partido igualado.

¡APARECIÓ RAMÓN! Sosa durmió a la defensa con su velocidad y anotó el 1-1 de Palmeiras vs. Junior tras una floja salida de Silveira.

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— SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

⏱️ MINUTO 47′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Excelente jugada de los brasileños. Buena coneión de paredes, liderada por Jhon Arias. Terminó con un remate de Allan potente que asustó a todo el estadio local.

⏱️ MINUTO 45′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Se juega de nuevo en Cartagena. Junior gana parcialmente y busca mantener su ventaja.

⏱️ MINUTO 45′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Se acabó el primer tiempo y en Cartagena se está gestando la sorpresa.

45’⌚▶️ |1-0| ¡ENTRETIEMPO! @JuniorClubSA 🆚 Palmeiras
#Libertadores #VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/p1NIHsQ2cg

— Junior FC (@JuniorClubSA) April 9, 2026

Junior pegó primero y supo sostener la ventaja en un primer tiempo intenso en Cartagena. El equipo barranquillero se fue arriba temprano, con un penalti bien ejecutado por Teófilo Gutiérrez, y desde entonces cedió la pelota para apostar al orden defensivo y al contragolpe.

Palmeiras asumió el control del balón, empezó a cargar el área con centros y generó peligro —con remates como el de Marlon Freitas—, pero se encontró con un bloque firme y un arquero seguro. La figura ofensiva de los brasileños fue Jhon Arias, siempre activo por la izquierda, aunque sin lograr romper la resistencia de Junior antes del descanso.

⏱️ MINUTO 45′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Ya se cumplieron los 45 reglamentarios de la primera parte. Agregaron cinco minutos. Palmeiras sigue dominando el balón y ha empezado a encontrarle huecos a la defensa de Junior.

La figura de los brasileños es Jhon Arias. El colombiano es el receptor de todos los balones de ataque por la banda izquierda. El chocoano es el de las ideas, es el jugador explosivo. Buena primera parte, en medio de las dificultades que ha tenido el equipo brasileño.

⏱️ MINUTO 39′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Marlon Freitas probó desde afuera del área. Potente remate que contuvo bien el arquero de Junior. La más peligrosa del partido del cuadro brasileño.

⏱️ MINUTO 34′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Peligrosa llegada del cuadro brasileño. Sin embargo, decretaron fuera de lugar. El verdao sostiene la pelota, pero le cuesta superar el cerco defensivo de Junior.

⏱️ MINUTO 21′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Jhomier Javier Guerrero hizo tremenda jugada en el área de Palmeiras y casi marca con un remate cruzado al segundo palo. Junior aguanta, cede la pelota e intenta herir al contragolpe.

⏱️ MINUTO 16′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Palmeiras empieza a llenar de centros peligrosos el área de Junior, que responde a la contra. Partido intenso en los primeros minutos.

⏱️ MINUTO 14′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Palmeiras sintió el golpe y empezó a presionar a un Junior replegado. Silveira empieza a atajar balones.

Video: así fue el gol de Junior de Barranquilla, lo hizo Teo

¡TEO, SIEMPRE TEO! Gutiérrez abrió el pie y marcó el 1-0 de Junior ante Palmeiras.

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⏱️ MINUTO 9′ | ⚪🔴 JUNIOR 1-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUNIOR DE BARRANQUILLA. Lo hizo Teófilo Gutiérrez de penalti. Cobro a la derecha, certero. El arquero tomó viaje para el otro lado y el cuadro tiburón se va arriba en el marcador.

⏱️ MINUTO 7′ | ⚪🔴 JUNIOR 0-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

Penalti para Junior. Tras chequeo del VAR, en una de las primeras acciones de juego, el cuerpo arbitral decreta penalti.

⏱️ MINUTO 0′ | ⚪🔴 JUNIOR 0-0 PALMEIRAS 🟢⚪|

¡Empezó en Cartagena! Junior se mide contra Palmeiras en la primera fecha de la Copa Libertadores.

Los equipos saltan a la cancha. Todo está listo en Cartagena para un nuevo partido de Copa Libertadores.

Este será el XI inicial de Junior de Barranquilla

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— Junior FC (@JuniorClubSA) April 8, 2026

Así formará Palmeiras: Jhon Arias, titular

ESTAMOS PRONTOS PRA ESTREIA NA #LIBERTADORES! 📋💚#JUNxPAL #EscalaçãoSEP pic.twitter.com/2mh8GO12GH

— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 8, 2026

El partido, por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026, se jugará desde las 7:30 de la noche, en el Estadio Jaime Morón de Cartagena. Lo transmite ESPN y Disney+.

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