La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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En muchos barrios y veredas del país aparecen avisos como: “vendo lote pequeño” o “se vende una parte de este terreno”. El negocio pinta simple hasta que llega el paso de formalizarlo.

Ahí surge la pregunta: ¿un terreno de cualquier tamaño se puede escriturar o hay un mínimo exigido? La respuesta depende, primero, de si el predio es urbano o rural y, segundo, de si lo que se pretende vender es un lote nuevo que saldría de dividir el terreno.

Predios rurales

En el caso de los predios rurales, no existe un metraje “mínimo” uniforme. La ley establece reglas si una división de un terreno grande, por ejemplo, deja un predio por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), un umbral que varía por municipio.

La Ley 160 de 1994 prohíbe fraccionar por debajo de esa unidad y advierte que los actos que produzcan ese resultado pueden quedar viciados (podrían quedar en riesgo de nulidad).

En un concepto jurídico, el Ministerio de Vivienda recuerda que cuando se pide una licencia de subdivisión en suelo rural, el punto de partida es verificar si la división respeta la UAF.

Predios urbanos

En suelo urbano, si la compraventa implica “sacar” un lote nuevo de un predio mayor, el foco está en la subdivisión y en si esa división cumple las condiciones urbanísticas y de licencia.

El Decreto 1077 de 2015 encuadra la subdivisión dentro del régimen de licencias urbanísticas y los tamaños mínimos de lote (cuando existen) suelen quedar amarrados a la norma local: el POT y sus reglamentos por zonas, usos y tratamientos.

Antes de escriturar tenga en cuenta

Para la abogada Aura Vargas, el tamaño del lote no es lo primero que decide si una compraventa se puede llevar a escritura.

Lo primero, como se decía anteriormente, es verificar si se está vendiendo un predio ya definido o si la venta depende de “sacar” un lote nuevo de una división. En ese segundo caso es donde suelen aparecer los límites: en rural, porque la división no puede dejar el terreno por debajo de la UAF; y en urbano, porque para que ese lote exista como tal debe cumplir las reglas de subdivisión y lo que permite el POT.

Hecho ese filtro, Vargas señala que no ve una prohibición general para que una notaría escriture una compraventa solo por el tamaño. El punto, insiste, es que el lote que se pretende vender exista legalmente y no sea apenas “una parte” del terreno sin los requisitos para convertirse en predio independiente.

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En un contexto en el que los viajeros priorizan cada vez más las experiencias auténticas, la hospitalidad se posiciona como un factor decisivo al elegir destino. Así lo revela el más reciente listado de los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com, que reconoce a las ciudades más acogedoras de Colombia a partir de millones de opiniones verificadas.

El ranking destaca cinco destinos —uno por región— que sobresalen por la calidez en el servicio, la conexión cultural y la calidad de la experiencia turística, reflejando una evolución hacia un turismo más cercano y personalizado.

“Los viajeros ya no solo deciden a dónde ir, sino cómo quieren sentirse. La cercanía, el trato humano y las experiencias auténticas están marcando la pauta, y Colombia tiene una ventaja diferencial en ese sentido”, señaló Leopoldo Pérez, gerente regional para Colombia, México y el Caribe en Booking.com.

Los destinos más acogedores del país

• Villa de Leyva (Boyacá): Por tercer año consecutivo, este destino colonial encabeza el reconocimiento en su región. Sus calles empedradas, arquitectura bien conservada y ambiente tranquilo lo consolidan como un referente del turismo cultural. Para quienes buscan una estadía en armonía con el paisaje, el Hotel Vista Montaña ofrece un entorno sereno con vistas abiertas a los característicos paisajes áridos de la región, ideal para desconectarse del ritmo urbano.
• Manizales (Caldas): Ubicada en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero, la ciudad combina naturaleza, tradición y una fuerte cultura del servicio. Rodeada de montañas y cafetales, brinda experiencias ligadas al café y al contacto con la comunidad local. En este contexto, Atardeceres del Café propone una experiencia que mezcla finca cafetera, hotel boutique y glamping, con espacios diseñados para el descanso en medio de la naturaleza.

• La Tebaida (Quindío): Este municipio se ha consolidado como una puerta de entrada al Eje Cafetero, con una oferta que privilegia la tranquilidad y el contacto con el entorno. Balsora Hotel Boutique, una finca tradicional adaptada como alojamiento, destaca por su ambiente íntimo, rodeado de jardines y montañas, y por un servicio enfocado en la cercanía con el huésped.
• Anapoima (Cundinamarca)A pocas horas de Bogotá, este destino de clima cálido es ideal para escapadas cortas. Su propuesta turística gira en torno al descanso y la desconexión. La Masía Hotel Boutique ofrece una experiencia que combina elegancia y serenidad en un entorno natural, con espacios abiertos y terrazas que invitan a relajarse.
• Providencia (San Andrés y Providencia): Más allá de sus playas y el icónico mar de siete colores, Providencia destaca por la calidez de su cultura raizal. La experiencia turística aquí se construye desde la conexión con la comunidad y el entorno. Posada del Mar, ubicada frente al mar en el sector de Aguadulce, ofrece una estadía marcada por paisajes de aguas turquesa y un ambiente tranquilo que refleja la esencia de la isla.

El reconocimiento de Booking.com confirma una tendencia global: los viajeros valoran cada vez más el trato humano y la autenticidad por encima de otros factores. En este escenario, Colombia se posiciona como un destino competitivo gracias a la calidez de su gente y la diversidad de experiencias que ofrece en cada región.

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Un joven de 23 años, identificado como José Julián Fitzgerald permanece en estado crítico tras ser atacado con un bate en medio de una discusión posterior a un accidente de tránsito en Bello, Antioquia. El hecho ocurrió en inmediaciones de la glorieta de Niquía, cuando el vehículo en el que se movilizaba la víctima fue embestido por un taxi.

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Lo que inicialmente fue catalogado como un choque menor, sin personas lesionadas y escaló rápidamente a una agresión violenta. El conductor del taxi sacó un bate y atacó al joven de 23 años y al conductor del vehículo donde se movilizaba.

Este último ha sido identificado como José Julián Durango, quien también resulto herido sin gravedad. Se conoce que en la riña participaron otros dos hombres que huyeron del lugar.

El padre denunció el caso en video

El caso tomó mayor visibilidad luego de que el padre del joven herido, el escultor John Fitzgerald, conocido como el “escultor de la paz”, publicara un video denunciando lo ocurrido y pidiendo justicia. “El conductor del taxi va y saca un bate y le da mi hijo y le da también al conductor del vehículo donde ellos se transportaban”,

Ante esto, los familiares han insistido en que el ataque se dio en cuestión de segundos.

Sin capturas y estado crítico del joven

Hasta el momento, no se reportan capturas por este caso. La Policía del Valle de Aburrá confirmó que el presunto agresor ya fue identificado y es buscado, mientras avanzan las investigaciones para ubicar a los demás implicados en la golpiza.

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Según las autoridades, el joven permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Antioquia, en el municipio de Itagüí, bajo sedación y con soporte respiratorio, debido a la gravedad de las lesiones. Además, la familia aseguró que presenta fracturas en el rostro, trauma craneoencefálico y complicaciones que mantienen como pronóstico reservado.

Las autoridades indicaron que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía y que se adelantan labores para esclarecer completamente los hechos y dar con los responsables de la agresión.

Casi diez años después de que las FARC entregaran un inventario de bienes como parte del Acuerdo de Paz, el balance final muestra que, aunque una parte de esos activos sí se logró convertir en recursos para víctimas, la mayoría nunca se materializó o no pudo monetizarse por condiciones de seguridad, retrasos en la implementación, entre otras razones.

El informe de cierre de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) conocido por Colombia++20 y que consolida el proceso entre 2017 y 2026, permite por primera vez en una casi década ver en conjunto qué pasó con esos bienes: cuánto se entregó realmente, cuánto se logró vender y, sobre todo, cuáles fueron los límites del modelo.

“En las reuniones sostenidas el 9 de septiembre de 2025 y el 4 de febrero de 2026 se acordó suscribir el acta de cierre de la etapa de entrega material de bienes inventariados, toda vez que no existen más activos disponibles por entregar”, señala el informe de la SAE, elaborado el pasado 3 de marzo, pero presentando ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz el pasado 25 de marzo.

El informe de cierre se dio también en medio de otros de la Contraloría del pasado 20 de enero y que advertía de un fuerte desbalance financiero, retrasos en la entrega de dinero y bienes por parte de la antigua guerrilla para la reparación de las víctimas.

“Esta semana, a propósito de un informe sesgado de la Contraloría a inicios de este año, la SAE cerró, 10 años después, la entrega de bienes producto de la economía de guerra producto de las FARC-EP. Es un informe oficial que da cuenta del cumplimiento integral de sus compromisos lo que ha permitido que, producto de esos bienes, se haya reparado a 2.300 víctimas”, aseguró ante la Comisión Primera del Senado hace unos días el abogado Camilo Fagua, parte del sistema de defensa de las extintas FARC.

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Los problemas con el inventario

Desde el inicio, todo el proceso cargó con un problema de origen: la debilidad del inventario entregado en 2017. Lo que debía ser una hoja de ruta clara para la reparación de las víctimas terminó siendo un registro incompleto. “De la información consignada en el inventario, la SAE S.A.S. encontró que no era suficiente para determinar la existencia, estado, valor y ubicación y de esta forma individualizar los bienes declarados en el mismo”, dice el informe.

Esa falta de información obligó a un proceso largo de verificación en terreno, cruce de datos y reconstrucción que ralentizó toda la operación.

Algunos de esos bienes estaban ubicados en zonas apartadas y eso también sumaba para que el inventario no fuera preciso.

A esa debilidad técnica se sumaba otra dificultad y es que cuando comenzó el proceso de entrega, muchos de los bienes ya no se encontraban en poder de quienes los habían reportado. Según el documento, había casos en los que los activos habían sido “hurtados, llevados por la disidencia o incautados por el Ejército”. En otros, simplemente no existía claridad sobre su ubicación o condiciones o habían sido robadas las cosas que estaban dentro del inmueble.

Sin embargo, a pesar de esas dificultades, el informe muestra que sí hubo resultados concretos. El proceso diseñado tras el Acuerdo de Paz implicaba no solo recibir los bienes, sino administrarlos, sanearlos jurídicamente y venderlos para convertirlos en recursos líquidos. Ese camino, sin embargo, resultó más complejo de lo previsto.

La SAE resume ese recorrido en tres fases: “entrega material de bienes inventariados por las extintas FARC-EP; monetización y disposición final de activos; y transferencia de recursos al patrimonio autónomo para la reparación a las víctimas del conflicto armado” . Cada una de esas etapas enfrentó obstáculos distintos.

El resultado final es que una parte de los bienes sí logró convertirse en dinero. Más de $COP 45.978 millones fueron canalizados hacia el patrimonio autónomo y destinados a medidas de reparación, lo que permitió atender a miles de víctimas en distintas regiones del país.

El informe insiste en que estos recursos cumplieron su propósito dentro del sistema: “garantizar la reparación a las víctimas (…) mediante el patrimonio autónomo” .

Sin embargo, el gran lunar fue la monetización de los recursos -que debían hacerla entidades del Estado- y que fue parcial y mucho más lenta de lo esperado. Entre la entrega de los bienes y su conversión en recursos pasaron años, y en muchos casos ese proceso nunca llegó a completarse.

Los bienes que nunca llegaron (y otros que no podían venderse)

Otro de los hallazgos del informe es la cantidad de bienes que nunca se materializaron en entregas efectivas. En varias categorías, la brecha entre lo reportado y lo recibido es amplia.

En el caso de muebles y enseres, por ejemplo, de los más de 51.000 ítems incluidos en el inventario, apenas 1.830 fueron entregados. El resto quedó en el camino por razones diversas: deterioro, pérdida, inexistencia o imposibilidad de acceso.

Las condiciones de seguridad fueron determinantes. El informe recoge que, en múltiples zonas, el Estado no pudo ingresar a recuperar bienes. “Por temas de seguridad no era posible el acceso a esos campamentos. Esta situación continúa con las mismas condiciones”, se señala . Es decir, incluso años después del Acuerdo de Paz, el control territorial siguió siendo un obstáculo real para la implementación.

Episodios como el asesinato de Mario Morales, el último comandante del frente 37 y tras el Acuerdo de Paz quien se convirtió en coordinador del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, es muestra de ello.

Morales fue asesinado en 2020 luego de que le encargaran la tarea de buscar unos predios. “Le habíamos recomendado que buscara las coordenadas de unos predios que están en el inventario para la reparación de las víctimas y él andaba con un GPS recogiendo esa información para entregarla a la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, dijo entonces Pastor Alape a este diario.

Su muerte evidenció los riesgos que enfrentaban quienes intentaban materializar ese compromiso en zonas donde la violencia no había desaparecido.

A eso se suma que en varios de los territorios donde se encontraban los bienes, la salida de las FARC dio paso a una rápida reconfiguración de actores armados. Disidencias, grupos criminales y otras estructuras ocuparon esos espacios y, en muchos casos, terminaron controlando también los activos que habían sido reportados en el inventario.

La transición hacia la paz no implicó una recuperación efectiva del territorio por parte del Estado, y eso tuvo consecuencias directas sobre la posibilidad de ubicar y recuperar los bienes.

Pero incluso cuando los bienes sí fueron entregados, no siempre podían convertirse en dinero. Problemas de titulación, falta de mercado, ubicación remota o condiciones físicas adversas limitaron su comercialización. “No se contó con un informe de avalúo que determinara técnicamente los precios” y que las valoraciones iniciales “no atendieron la realidad de mercado”, dice la SAE.

En la práctica, esto significó que muchos activos tenían un valor nominal que no se traducía en ingresos reales.

El otro tema es que una parte importante del inventario correspondía a activos que, por su naturaleza, no podían venderse.

Las antiguas FARC pusieron en el inventario las “inversiones” en infraestructura que hicieron en varias zonas -carreteras, placa huellas, entre otros-, bienes de uso comunitario y el armamento que no eran susceptibles de monetización. De hecho, el documento señala que estas categorías representaban el 43 % del valor total reportado y “no tenían potencial de monetización” .

Precisiones al informe de la Contraloría

El informe de la SAE también corrige el informe que la Contraloría presentó el pasado 20 de enero en el que alertaba de incumplimientos del secretariado de las antiguas FARC en las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reparar a las víctimas.

El informe del ente de control puso el foco en el déficit para cumplir las sentencias de la JEP —que, según sus cifras, supera el 80 %— y lo vinculó con los incumplimientos en la entrega de bienes por parte de las FARC . Pero ese cruce no es del todo exacto porque la Contraloría mezcló dos cosas.

Por un lado, la insuficiencia de recursos para garantizar el cumplimiento de las primeras dos sentencias de la JEP, que se hace principalmente con recursos del Estado. Esto se da través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que paga indemnizaciones administrativas, atención psicosocial, medidas de rehabilitación y restitución. También con el Fondo para la Reparación a víctimas que se nutre de bienes entregados por las antiguas FARC o de bienes de la SAE y con recursos de cooperación internacional. En el otro lado, están los retrasos en la entrega de bienes que pertenecían a esa guerrilla.

En contexto: “Nosotros cumplimos con la entrega de estos bienes”: Ex-FARC sobre informe de la Contraloría

Y por el otro lado, los recursos para las indemnizaciones administrativas previstas en la Ley de Víctimas que se pagan a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. También con el Fondo para la Reparación a víctimas que se nutre de bienes entregados por las antiguas FARC o de bienes de la SAE y con recursos de cooperación internacional. En estos últimos es que entran los recursos provenientes de la monetización de los bienes entregados por las antiguas Farc.

El informe de la SAE es claro en ese punto: estos activos están destinados a “la transferencia de recursos al patrimonio autónomo para la reparación a las víctimas del conflicto armado”, no a financiar las sanciones de la justicia transicional. En ese sentido, usar el déficit de la JEP como medida directa del incumplimiento en la entrega de bienes termina desdibujando el problema. El dinero para las sanciones de la JEP vienen de otras fuentes.

El cierre del proceso deja una imagen menos idealizada que la que acompañó el anuncio inicial del inventario en 2017. Sí hubo recursos que llegaron a las víctimas y que permitieron materializar parte del compromiso de reparación. Pero también hubo bienes que nunca aparecieron, activos que no pudieron venderse y una sobreestimación del valor real de lo entregado.

Aquí el informe completo:

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La Semana Santa es, para millones de personas, un momento de reflexión, fe y renovación espiritual. Es una época en la que muchos piensan en el sacrificio, la fragilidad de la vida y, sobre todo, en la posibilidad de comenzar de nuevo. En este contexto, las historias de celebridades que han estado al borde de la muerte y han logrado sobrevivir cobran un significado especial. Para muchos de ellos, no se trató solo de superar un accidente o una enfermedad, sino de experimentar lo que describen como un verdadero “milagro” o una segunda oportunidad.

Mauro Urquijo: regresar después de 30 minutos sin vida

En los años noventa, el actor manizaleño se convirtió en uno de los galanes más queridos de la televisión colombiana. Su rostro se destacó en producciones icónicas como Pasión de Gavilanes, La hija del mariachi y Doña Bella. Estaba en la cúspide de su carrera, cuando en 2016 recibió una difícil noticia: tenía un grave problema cardíaco que requería cirugía urgente. La primera operación fue un éxito, sin embargo, en 2017, los médicos se dieron cuenta que una de las válvulas de su corazón seguía fallando. Era necesario volver a entrar al quirófano. Esta vez, la cirugía se extendería por doce horas. Durante el procedimiento, el artista sufrió un infarto cerebral que lo dejó clínicamente muerto durante 30 minutos. Aunque estuvo en coma inducido y contra todo pronóstico, volvió a la vida.

“Me hicieron una cirugía cardiaca a finales del 2016 y después el médico salió a dar el parte de que todo había salido bien. Cuando regresó a la sala de cirugía, yo estaba muerto”, dijo hace un tiempo en una entrevista con RCN. Ese difícil episodio le dejó algunas secuelas; sin embargo, el actor ha reconocido que haber superado esa enfermedad fue una segunda oportunidad, pues había perdido el 70% de la memoria. Después de ocho años de ausencia, en 2025 Urquijo regresó a las pantallas con la serie digital Caídos del cielo, junto a su pareja del momento, la modelo trans María Gabriela Ísler.

Travis Barker: sobrevivir al fuego y reconstruirse

El 19 de septiembre de 2008, el baterista de la banda Blink-182 abordó un Learjet 60 en el Aeropuerto Metropolitano de Columbia, en Carolina del Sur. Minutos después del despegue, el avión tuvo una falla, se salió de la pista y estalló en llamas. Cuatro personas perdieron la vida. Barker y el DJ Adam Goldstein (DJ AM) fueron los únicos que lograron sobrevivir. El músico sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60% de su cuerpo. Pasó por más de 25 cirugías, injertos de piel y estuvo meses en el hospital, enfrentando un dolor insoportable. Pero su recuperación no fue solo física. Durante años, Barker luchó contra el trastorno de estrés postraumático, el miedo a volar y episodios de depresión. “Mi hija estuvo llorando histéricamente el día que me fui de la casa... no quería que vuele ese día y decía que el techo se iba a caer y no lo entendía. Después de mi accidente, estuve cuatro meses en un hospital recibiendo morfina todos los días. Cuando estaba en el hospital, tomaba tantos medicamentos que ni siquiera sabía que mis dos amigos habían fallecido. No sabía que los pilotos habían fallecido. No recordaba nada”, contó en una entrevista.

Durante trece años se negó a subir a un avión. Las giras de Blink-182 se llevaron a cabo únicamente en Estados Unidos, viajando en autobús. Con el tiempo, logró sanar emocionalmente.

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Daddy Yankee: el disparo que cambió su destino

Ramón Luis Ayala Rodríguez, el famoso Daddy Yankee, tenía el sueño de convertirse en beisbolista profesional. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado a los 17 años cuando, en un confuso incidente, recibió un disparo en la pierna. La bala nunca se retiró por completo, y esa lesión lo forzó a dejar el deporte que tanto amaba.

Durante meses, tuvo que lidiar con un dolor físico constante y una frustración profunda. Fue en medio de su recuperación que decidió entregarse por completo a la música. Lo que parecía ser el final de su sueño, se transformó en el comienzo de una carrera que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel mundial. “Me vi obligado a tomar la música como prioridad dentro de mi vida y dije ‘ok, ya el deporte no lo es, ahora es la música’. Fue un punto bien determinante porque cuando no tienes el dinero en la mano, tienes que tomar una decisión ‘sigo estudiando o sigo haciendo este dinero’”, dijo.

En una entrevista con Ibai Llanos, Daddy Yankee compartió que ese momento también fue el comienzo de su fe. “Yo estoy vivo de milagro. Se supone que yo no estaría aquí. Los que conocen mi vida saben que yo soy un milagro de vida. Se supone que a lo mejor yo no... Se supone que yo no estuviera aquí, hablando”. En marzo de 2022, anunció su retiro de la música secular con la gira La Última Vuelta, y comenzó su vida como cantante de música cristiana.

@ibaillanos

Daddy Yankee está vivo de milagro.

♬ sonido original - Ibai

Omeris Arrieta murió 9 veces

La historia de Omeris Arrieta se destaca entre estos testimonios de vida y fe. La actriz, conocida por su papel en Chepe Fortuna, vivió un accidente cerebrovascular mientras estaba en el trabajo, un evento que transformó su vida por completo. La artista contó que durante la emergencia médica sufrió múltiples convulsiones mientras la trasladaban a un centro de salud, y en ese proceso, fue declarada clínicamente muerta en nueve ocasiones. El diagnóstico fue devastador: además del derrame cerebral, tuvo que enfrentar cuatro trombosis y quedó cuadripléjica durante un largo tiempo. Las secuelas fueron profundas: perdió parte de su memoria, tuvo dificultades para hablar, coordinar palabras e incluso para reconocer su entorno. Los médicos llegaron a advertir a su familia que probablemente no volvería a ser la misma, ni a caminar, ni a valerse por sí sola.

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Sharon Stone: un 1% de probabilidades de vivir

La protagonista de Instinto básico, Casino y El especialista se enfrentó a una delicada experiencia en 2001 cuando sufrió una hemorragia subaracnoidea potencialmente mortal, un tipo grave de accidente cerebrovascular. Durante nueve días, sufrió una hemorragia cerebral antes de someterse a una cirugía crítica. Los médicos le dieron apenas un 1% de posibilidades de sobrevivir, y su vida pendió de un hilo durante todo el procedimiento.

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“Mi arteria vertebral estaba rota, mi piscina subaracnoidea estaba llena de sangre, y sufrí un derrame que paralizó el lado derecho de mi rostro. No podía levantar mi pie izquierdo. Además, tartamudeaba mucho”, dijo en una entrevista para Vogue.

Milagrosamente, desafió las probabilidades y vivió para contarlo. Sin embargo, el camino hacia la recuperación fue largo. Sharon luchó contra dificultades del habla, problemas de memoria y problemas de motricidad. “Mi derrame me dejó una intensa sensación de paz. Hoy puedo decir que he conocido la muerte muy de cerca. En aquellos momentos sentí que mis amigos fallecidos venían a buscarme, y eso eliminó todo rastro de miedo. Perdí el pánico a intentar cualquier cosa”, dijo la actriz a la revista Harper Bazaar.

Curtis Jackson ‘50 Cent’: nueve disparos a quemarropa

El 24 de mayo de 2000, Curtis Jackson estaba sentado en el coche de un amigo frente a la casa de su abuela en Queens, Nueva York. De repente, un hombre se acercó al vehículo y, sin previo aviso, desató una ráfaga de nueve balas a quemarropa que le perforaron la mano, el brazo, la cadera, ambas piernas e incluso la mejilla izquierda. El impacto en su mandíbula alteró su forma de hablar y rapear, transformando su estilo rápido, similar al de Eminem, en el distintivo ritmo sincopado que con el tiempo lo haría famoso. En una oportunidad, dijo en una entrevista: “creo en Dios, no hay otra explicación para haber recibido nueve disparos y seguir aquí”.

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Jeremy Renner: aplastado por una máquina

El actor, reconocido mundialmente por su papel de Hawkeye en Los Vengadores y como William Brandt en Misión imposible: protocolo fantasma y Misión imposible: Nación secreta vivió uno de los accidentes más impactantes de los últimos años. El 1 de enero de 2023, mientras se encontraba en su casa cerca de Lake Tahoe, sufrió un grave incidente con una máquina quitanieves de más de seis toneladas que se puso en marcha sin querer. En un intento desesperado por detenerla y evitar una tragedia, Renner olvidó activar el freno de emergencia y, al tratar de volver a la cabina, resbaló y fue arrastrado bajo la máquina, que terminó pasándole por encima.

Sufrió al menos 38 fracturas en distintas partes del cuerpo, incluyendo costillas, columna, piernas y mandíbula. Además, presentó un pulmón colapsado y una perforación en el hígado, lo que obligó a múltiples cirugías de emergencia. Según relató el actor, durante el accidente pudo escuchar cómo sus huesos se rompían bajo el peso de la maquinaria. Confesó haber estado clínicamente muerto por unos instantes y haber vivido una experiencia cercana a la muerte, describiendo una sensación de paz antes de aferrarse nuevamente a la vida.

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Con una casi que segura presencia de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, de acuerdo a las estimaciones de todas las encuestas, la disputa parece encaminada a determinar cuál será esa figura que compita contra la ficha del progresismo que tiene en el presidente Gustavo Petro su principal promotor. Hoy, esas mismas encuestas apuntan a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes en las distintas mediciones se alternan el segundo y tercer lugar, pero con un punto en común: un mismo perfil electoral.

Además de tener como denominador común una frontal oposición al presidente Gustavo Petro - Valencia desde su asiento en el Senado y De la Espriella bajo la figura del outsider - ambos están jugando cartas similares en su apuesta por llegar a la Presidencia. Y es precisamente esa misma vía la que ha desatado una disputa entre esos sectores de derecha y que incluye a los partidos Centro Democrático y Salvación Nacional.

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El primer punto de la disputa es la búsqueda de una votación de centro que les dé ese empujón final en las votaciones del 31 de mayo mediante sus fórmulas vicepresidenciales.

Y es que la elección de Juan Daniel Oviedo tras ser segundo en la consulta presidencial del 8 de marzo con 1,2 millones de votos fue la primera apuesta “diferenciadora” que desde la campaña Valencia y los integrantes de la denominada Gran Consulta quisieron dar para demostrar que era un ejercicio político “entre diferentes”. Además, esa votación sería un colchón que podría reformar los 3,2 millones de votos obtenidos por la senadora del Centro Democrático.

Pero de forma paralela De la Espriella optó por una figura como José Manuel Restrepo, quien ya hizo parte del Ejecutivo cuando fue ministro en el gobierno Duque y que, además, representaría esa figura de “mesura” en esa campaña. Ambos buscan acercar a sectores de centroderecha e incluso algunos indecisos a los que también quieren seducir desde campañas como la de Sergio Fajardo o Claudia López, quienes ocupan los siguientes puestos en las encuestas.

No obstante, la abierta defensa de Oviedo a la comunidad LGBTIQ+, a la que pertenece, ha sido uno de esos puntos que ha llevado a sectores más radicales del seno uribista a la campaña de De la Espriella. Ello queda en evidencia en las fracturas internas del Centro Democrático en las que José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, acusó irregularidades en la escogencia de la candidatura de ese partido y por lo mismo pidió su salida de ese colectivo.

Lafaurie llegará al partido Salvación Nacional y ya anunció que su voto será por De la Espriella. Y aunque Cabal sigue ligada al Centro Democrático, su distancia a la campaña de Valencia es notoria a pesar de que en diciembre del año pasado aseguró, le acompañaría en esta carrera por la Presidencia. Incluso llegó a señalar que en este proceso el partido dejó de lado algunos de sus principales ideales.

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En esa misma disputa de votos otro nombre que se convierte en materia de discordia es el del expresidente Álvaro Uribe. Mientras Valencia es acompañada por el exmandatario en sus múltiples salidas por el país, De la Espriella cuestiona ese papel y asegura que “es momento que gobiernen los que nunca han bebido de la teta del Estado”.

Aunque no menciona de forma directa a Uribe, pues guarda formas para una posible segunda vuelta, en su campaña sí ha habido señalamientos por el papel del líder natural del uribismo. Por ejemplo, de forma reciente su jefe de campaña, el electo senador por Salvación Nacional Enrique Gómez, aseguró que “por más que intento, tampoco veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y ese es el señor que le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe ¿será que eso es lo que necesita Colombia? Necesita la independencia del Tigre”. Sin embargo, es de señalar que Gómez, a pesar de ese señalamiento, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del constituyente y exsenador Álvaro Gómez Hurtado.

Esa disputa no se ha quedado solo en señalamientos. También se han presentado múltiples choques con Tomás y Jerónimo, hijos de Álvaro Uribe, así como la militancia del Centro Democrático. Es más, de forma reciente la bancada de ese partido respaldó la fórmula Valencia-Oviedo rescatando los acuerdos comunes que se han establecido con varios sectores políticos. En su comunicado la colectividad estableció que la seguridad, el crecimiento económico y la defensa de propiedad privada, la defensa de la familia y la reducción del Estado son sus principales banderas de su campaña.

Y es que parte de las diferencias programáticas que han querido señalar desde Salvación Nacional también radican en esos puntos, especialmente el apartado de la familia apuntando a que Oviedo representa una agenda que vulnera los derechos de los niños.

Bajo esta misma consigna también es que la búsqueda de votos en los sectores religiosos se ha endurecido en las dos campañas. Las iglesias y templos de culto se han convertido en puntos de concentración para campaña en donde De la Espriella parte con la ventaja de contar con cierta militancia dentro de la Iglesia Misión Carismática Internacional, en Bogotá, agrupación religiosa también conocida como G12 y que posicionó a Sara Castellanos como senadora de Salvación Nacional y Carol Borda como representante por ese mismo partido.

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Aunque para las electas legisladoras sus votos no llegaron exclusivamente de este sector, la mayoría sí hace parte de esa iglesia que históricamente representa lo que en pasillos del capitolio denominan como “voto disciplinado”. Eso sí, Valencia también tiene su respaldo en esos sectores, pero sigue en la búsqueda de más apoyos procedente de la militancia religiosa que podría ser el punto de quiebre a favor o en contra de estas dos campañas.

Por último quedan las estructuras políticas tradicionales. La reputación de Valencia como senadora ha facilitado los acercamientos con varios partidos que hoy no tienen una candidatura fija. Conservadores, liberales, Cambio Radical y La U son esas apuestas que podrían dar un impulso más a su campaña y que para el caso De la Espriella, ya tiene algunas puertas cerradas por voluntad propia. De hecho, fue el propio candidato quien descartó recibir apoyos de esos sectores en primera vuelta pues aseguró: “Aquí no hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política, que es la que nos ha traído hasta aquí”.

En ese sentido, los caminos de esas colectividades sí se estarían enfilando para respaldar a Valencia antes de la primera vuelta. De un lado, un sector conservador ya le dio el apoyo a la senadora uribista, pero, además, desde la cúpula del partido se estarían preparando para anunciar ese respaldo. En Cambio Radical la fuerza de De la Espriella se ha minimizado y las apuestas mayoritarias estarían también en las filas uribistas; en La U, aunque habían diálogos directos con esa campaña, el bloque mayoritario también prefiere ise con Valencia - a pesar de una fuerte presencia de sectores más cercanos a la campaña de Iván Cepeda-. Finalmente en el partido Liberal la división es más notoria y existen corrientes de todos los tipos por lo que ese colectivo podría quedar en libertad.

En todo caso, la disputa que hasta la fecha se ha quedado tan solo en señalamientos, se podría recrudecer en los casi dos meses de campaña antes de las elecciones del próximo 31 de mayo. Será al término de esa jornada cuando también se defina si todo el espectro de la derecha estará alineado en una misma candidatura o si como resultado de los actos de campaña habrá una ruptura en la que es hoy la principal fuerza de oposición.

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En medio de una campaña de vacunación para mascotas, una escena sencilla pero profundamente emotiva llamó la atención de quienes estaban presentes. Una niña, al notar que su perrito estaba a punto de recibir una vacuna, se acercó sin dudarlo y le cubrió los ojos con sus manos.

Su gesto fue claro, quería acompañarlo, cuidarlo y hacer que ese instante fuera menos angustiante para él. Mientras el procedimiento avanzaba, ella permaneció a su lado, transmitiéndole calma desde el silencio.

“Yo solo quería que no tuviera miedo”, podría resumir la intención detrás de una acción que no necesitó palabras para ser entendida.

El momento refleja una realidad ampliamente respaldada por especialistas, los niños desarrollan vínculos emocionales significativos con sus mascotas desde edades tempranas.

Diversas investigaciones en psicología y desarrollo infantil han demostrado que la convivencia con animales fomenta la empatía, fortalece habilidades sociales y ayuda a los niños a reconocer y responder a las emociones de otros seres vivos.

Asimismo, se ha observado que, en situaciones de estrés o incertidumbre, los niños tienden a buscar cercanía con sus mascotas o, como en este caso, a ofrecerles consuelo, evidenciando una relación basada en el cuidado mutuo.

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Hoy, un siglo después, esas palabras vuelven a tener sentido, al menos como advertencia. Vivimos en un mundo tecnológicamente avanzado, estamos inundados de información, de máquinas y de tecnologías que nos resuelven infinidad de problemas prácticos. Sin embargo, cuando se trata de saber cómo convivir mejor, en paz y justicia social, cómo evitar el deterioro de la naturaleza, cómo garantizar un futuro próspero y seguro para las generaciones futuras, no sabemos qué hacer. Ante las guerras que nadie sabe cómo acabar, los problemas que nadie sabe cómo resolver y los odios que nadie sabe cómo apaciguar, estamos perplejos y paralizados.

¿Por qué tanta incertidumbre, tanto desconcierto? Tal vez nuestra tragedia tenga raíces más profundas. Se habla mucho de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis ambiental, pero muy poco de la crisis intelectual de nuestro tiempo. ¿A qué me refiero? A la incapacidad que tenemos para ajustar nuestra inteligencia a los desafíos que enfrentamos.

La crisis intelectual es, en buena medida, una crisis ética, de valores. No es que la gente haya dejado de creer en la justicia, la libertad, la verdad, es que esos valores se han vuelto materia de consumo individual, una marca más de identidad, como la ropa, la música, la política o el fútbol. Lo colectivo se ha diluido en disputas políticas, en emociones identitarias. Hemos reducido la sociedad a la coyuntura, al presente evanescente de las redes sociales en el que todo es cuestión de gustos, preferencias individuales y tribales.

¿Dónde recuperar el sentido colectivo, el humanismo? Desde la época de los cazadores recolectores, el Homo sapiens depende de la religión para creer, organizarse y tener esperanza. Pero las iglesias, paradójicamente, se volvieron engañosas, políticas y belicosas. Por eso los ilustrados del siglo XVIII pensaron que la religión no debería estar en las manos de obispos y sacerdotes, sino en las de ciudadanos y funcionarios sintonizados con la constitución y las virtudes públicas. A eso le llamaron “religión civil”. La política y la fe en Dios eran importantes en ese esquema, pero no podían poner en tela de juicio las bases de la civilidad, porque los consensos debían ser más fuertes que los conflictos.

Tal vez nunca logramos eso, pero al menos lo intentamos. Hoy hemos perdido la ilusión de lograrlo, el impulso de luchar por eso.

A principios del siglo XX, cuando Paul Valéry escribe su carta, Europa había llegado a una gran sofisticación intelectual, pero había perdido su humanismo, su sentido ético. Tal vez estamos en una coyuntura similar, de creatividad individual con pérdida de los ideales colectivos. Hay que recuperar el balance entre estas dos cosas antes de que llegue la tragedia, como en 1914; para eso es necesario volver a creer en la religión civil, o en algo que se le parezca; en todo caso en una ética (ajena a la política) que una el tejido social desgarrado. Esta es mi oración de Semana Santa.

¿En qué momento y por cuáles razones una zona segura se volvió despreciable? Que una temperatura se convierta en insulto es, entre todas las extravagancias del lenguaje político, la más reveladora. Llamar tibia a una persona no es solo tildarla de cobarde: es también acusarla de ubicarse en el punto donde los contrarios se tocan y se anulan. En colombiano, «no es chicha ni limoná», por lo tanto es impotable.

Aristóteles concluyó —con menos mitología y más lógica— que la virtud estaba en el justo medio de los extremos viciosos, una posición óptima en caso de duda o cuando el consenso es muy difícil. Tal vez sea esta dificultad la que nos mueve a los extremos: la vida pública es urgente, el consenso tarda mucho, ¡optemos ya por una decisión radical!

Sí, lo reconozco, hay casos donde el punto medio es inadmisible: la pederastia, el genocidio o el calentamiento global no aguantan medias tintas, lo acepto; pero descalificar la mesura porque sí (¡por mesurada!) es fanatismo puro y duro.

Es absurdo que la mera intensidad de las posiciones políticas desplace al consenso y la cautela. Es como si la veracidad de una proposición dependiera de la temperatura con que se enuncia. La retórica contemporánea de la indignación pretende algo más: no solo quiere convencer, también pretende santificar su certeza. Quien grita muy alto termina creyendo que el volumen es un argumento. En este clima, la moderación parece sospechosa: el que no grita mis consignas es cómplice del enemigo, el que matiza es un cobarde.

La biología solo medra en la zona media. La vida no ocurre en los extremos térmicos. El frío paraliza, la ebullición destruye. Fuera del rango medio donde los procesos vitales son posibles (entre 122 y –20 grados Celsius) no hay ni siquiera putrefacción. Las proposiciones heladas no evolucionan, repiten. Salmodian. Las proposiciones airadas no argumentan, proclaman. El espacio del razonamiento genuino es siempre tibio, en el sentido cabal y despreciado del término.

La política contemporánea encontró en los extremos su retórica natural. Los mensajes que se viralizan no son los más rigurosos sino los más reduccionistas. Jürgen Habermas dedicó medio siglo a demostrar que la democracia no es un torneo de fuerzas sino un diálogo entre ciudadanos dispuestos a refutar y a ser refutados. Pero su confianza en la razón sonó ingenua. «Habermas olvida que somos ángeles caídos», decían sus detractores. La verdad es que hoy su democracia deliberativa es más necesaria que nunca. Un espacio público que permanece a temperatura de ebullición no delibera, hierve.

Hay en el extremismo mucho de irrealidad, no en el sentido de que sus proposiciones sean falsas —algunas son verificables— sino en el sentido de Juan Escoto Erígena y Bernard Shaw. Estos irlandeses afirmaban que el infierno es irreal porque es inhabitable: no hay antagonistas, todos son malvados allí, y el radical necesita adversarios radicales; la existencia del adversario es la condición del combate, y el combate es la única forma de identidad que el extremista reconoce. El fanático necesita al infiel más de lo que desearía admitir. Su identidad es negativa: «Yo no soy como él». La certeza absoluta, en este caso, es menos una convicción que una adicción: requiere dosis crecientes de antagonistas para sostener la sensación de que él sí está del lado correcto de la historia.

En alguna parte, Chesterton anotó que hay algo profundamente sospechoso en una época que confunde la temperatura de las convicciones con su veracidad. Veamos un ejemplo. Consideremos dos proposiciones: «Dios existe» y «Dios existe y quien lo dude irá al infierno». La primera solo es «verificable» por la fe. La segunda agrega a esta «verificación» una violencia que no demuestra la proposición, solo la apuntala con una amenaza. El calor retórico no funciona como prueba sino como sustituto de la prueba. Como si el agua caliente fuera más agua que la fría.

La tibieza es la única temperatura donde el pensamiento no se evapora ni se congela. Montaigne, el primer ensayista moderno, escribió sin concluir. Sus ensayos terminan donde la reflexión se detiene, no donde el argumento se cierra. La tibieza que yo defiendo no es la del indiferente ni la del cobarde, sino la del que sabe que sus opiniones son provisionales, condición que, lejos de invalidarlas, les confiere vitalidad dialéctica.

Ícaro se ahogó por ascender muy cerca del sol. Dédalo sobrevivió porque voló en el nivel correcto... ¡pero no lo recordamos! La tibieza no le luce al héroe: es, como la duda, una virtud para seguir pensando sin quemar nada que sea imprescindible.

* Este texto es una versión casi literal de un ensayo del filósofo de la Universidad del Valle Andrés Cabal Godoy, alumno de mi taller de escritura. Lo escribió como un ejercicio del módulo de ensayo de divulgación. Va sin comillas porque lo edité por razones de espacio.

La discusión sobre el nuevo modelo de pasaportes en Colombia ya no es técnica ni silenciosa. Se convirtió en un debate jurídico, institucional y político que toca fibras sensibles, como soberanía de datos, fortalecimiento del Estado, cooperación internacional y libre competencia. Más allá del ruido mediático que generan los enemigos del proceso hay una hoja de ruta concreta, con fases definidas, instrumentos jurídicos firmados y procesos judiciales aún en etapa preliminar.

Lo primero que debe entenderse es que se trata de la garantía de un derecho fundamental y no de un simple trámite administrativo. En efecto, la Corte Constitucional señaló, en la Sentencia T-156 del 2 de mayo de 2025, que se trata de un documento indispensable para ejercer derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar. La Ley 2136 de 2021 también consagró el derecho de los colombianos, dentro y fuera del país, a obtenerlo.

A esto se suma un componente técnico ineludible. Colombia, como Estado miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, debe cumplir con los estándares del Documento 9303 sobre pasaportes electrónicos y lectura mecánica. Desde septiembre de 2015 el país expide pasaportes electrónicos biométricos, y la propia OACI recomienda que estos documentos no excedan un periodo de validez de diez años. El cambio de modelo, por tanto, no surge de la nada: responde a exigencias de actualización tecnológica y de seguridad internacional.

El proceso de transición comenzó formalmente en julio de 2024, cuando la Cancillería invitó a gobiernos y entidades productoras de pasaportes a presentar propuestas de cooperación técnica. Se recibieron ofertas de Alemania, Austria, Canadá, Países Bajos, Polonia y Portugal. Tras evaluación en comité de contratación, se escogió a Portugal como cooperante estratégico.

El 2 de octubre de 2024, ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento. Posteriormente, el Consejo de Ministros portugués autorizó formalmente a la Imprensa Nacional-Casa da Moneda para representar al Estado portugués en el proyecto. No se trata, entonces, de una contratación privada tradicional, sino de un esquema de cooperación entre Estados, con absoluta transparencia.

El modelo fue estructurado en fases progresivas e incluye fases como capacitación para personalización en Colombia y creación de un stock mínimo; armado y numeración local de libretas; impresión de páginas interiores y contra carátulas; y, finalmente, producción completa de páginas de datos. El horizonte es claro: transferencia tecnológica plena en un periodo de diez años, con infraestructura y capacidades instaladas en el país.

Uno de los elementos más relevantes —y menos visibles en el debate público— es la propiedad intelectual. El convenio establece que, al término del proceso, los derechos sobre los productos desarrollados serán de las entidades colombianas. En el modelo anterior, esa propiedad recaía en el operador privado. La diferencia no es menor: implica que el Estado podría eventualmente ofrecer servicios similares a otros países y, sobre todo, custodiar directamente la información de sus ciudadanos.

En enero de 2026 se firmó el Contrato Interadministrativo CI005-2026, mediante el cual la Imprenta Nacional de Colombia asumió la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas. Aunque la ley no obliga a exigir garantías en contratos interadministrativos, la Cancillería decidió incorporarlas. Inicialmente aseguradoras privadas negaron la expedición de pólizas; finalmente, se estructuró el esquema con la aseguradora pública La Previsora, tras un análisis técnico de riesgos. Las modificaciones contractuales de marzo respondieron exclusivamente a esa adecuación.

El proceso enfrenta hoy dos frentes judiciales: una controversia contractual promovida por la Procuraduría General de la Nación, que solicita la nulidad del convenio tripartito, y una acción popular presentada por un ciudadano. Ambos casos están en etapa inicial. En la acción popular se han presentado siete coadyuvancias a favor de las entidades demandadas y dos a favor de los accionantes. Está pendiente la decisión sobre la medida cautelar solicitada. No existe hasta ahora orden de suspensión.

Los críticos cuestionan la ausencia de licitación pública y la capacidad técnica inicial de la Imprenta Nacional. Sus defensores sostienen que la contratación interadministrativa está respaldada por la Ley 109 de 1994, la Ley 489 de 1998 y la jurisprudencia constitucional, y que el convenio con Portugal se ampara en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que permite acuerdos con personas extranjeras de derecho público bajo sus propias reglas.

Pero más allá de los argumentos procesales, el núcleo del debate es estratégico: durante más de veinte años, la información biométrica de millones de colombianos estuvo bajo un esquema privado. El nuevo modelo busca que esa custodia repose en servidores estatales, en instalaciones verificables de la Imprenta Nacional. En una era en la que los datos son poder, esa decisión no es menor.

El proyecto está en ejecución, con cronograma y transferencia tecnológica en curso. Si eventualmente se decretara una suspensión judicial, el riesgo advertido sería la afectación directa en la expedición del documento y, con ello, el ejercicio del derecho a la libre movilidad.

La discusión seguirá en los tribunales. Sin embargo, el país enfrenta una definición más profunda que la nulidad de un convenio o la validez de un contrato. Está decidiendo si consolida una capacidad pública estratégica en documentos de seguridad o si mantiene una dependencia estructural de terceros.

En tiempos donde identidad digital, seguridad y soberanía son temas centrales del debate global, la pregunta de fondo no es solo jurídica. Es política, institucional y de futuro: ¿quién debe producir y custodiar el documento que acredita nuestra identidad ante el mundo? Lo cierto es que los colombianos tienen hoy un nuevo pasaporte, que garantiza la soberanía nacional y la garantía de derechos. Un pasaporte que abre las puertas a un mundo en el que Colombia adquiere cada día un lugar protagónico. Somos el país de la belleza para visitar y maravillarse, y un país con uno de los pasaportes más bellos y seguros del mundo.

* Ministra de Relaciones Internacionales

Empecemos por la política. La palabra política tiene raíces en el término griego polis. En la Antigua Grecia, la polis se refería a las ciudades-Estado, como Atenas o Esparta, que funcionaban como el equivalente de lo que en la modernidad llamamos Estado-nación. En últimas, la polis era lo que permitía hablar de un “nosotros”, de un grupo de ciudadanos que hacían parte de una misma comunidad política. No en vano decía Aristóteles que quien vivía fuera de la polis es porque era una bestia o un dios. Pero, sobre todo, la polis se refería a eso que le pertenece no a cada ciudadano de manera individual, como es la propiedad privada, sino a todos en conjunto; es decir, a lo público. Por eso, el propio Aristóteles definía la política como el arte de la organización de lo público. Todo esto para decir que la política no guarda relación alguna con la vida privada. De hecho, teniendo en cuanta que la política es sinónimo de lo público, hablar de una vida privada política es poco más que una contradicción retórica.

Teniendo esto en cuenta, la izquierda no es más que una posición acerca de cómo se debe organizar lo público. Por supuesto, la particular versión de lo público que defiende la izquierda ha cambiado significativamente a lo largo de la historia. Desde que nació en la Revolución Francesa, la izquierda ha servido para describir posturas tan diversas como el republicanismo, el comunismo, el socialismo democrático, la socialdemocracia y el progresismo. Hoy por hoy, desde el fin de la Guerra Fría, la izquierda se refiere al menos a dos posturas acerca de la organización de lo público: primero, a la tesis de que el Estado está en la obligación de garantizar un mínimo de dignidad humana allá donde el mercado no puede llegar y, segundo, a la defensa radical del libre desarrollo de la personalidad, el cual solo puede ser limitado cuando ponga en riesgo la libertad ajena. Naturalmente, este es un modelo de lo público que se puede defender con o sin vida austera. Llevar un estilo de vida austera quizás le pueda servir a los creyentes para congraciarse con este o aquel poder superior. Pero acá entre mortales la vida austera está relegada a la vida privada, no guarda relación alguna con la organización de lo público y, por eso, nada tiene que ver con la política.

De hecho, la tesis de que la izquierda exige un estilo de vida austera ha servido para apartar a muchos de esta posición política ⎯sobre todo a las franjas más privilegiadas de la sociedad⎯ por miedo a ser acusados de incoherentes a la hora de satisfacer sus más íntimos deseos sibaritas. Pero ya es hora de que las elites se pongan del lado de la justicia social y del bien común de la polis en lugar de anteponer casi que exclusivamente la maximización de su privilegio. Bien decía el más grande de todos los antiguos, como Marx llamaba a Aristóteles, que la política cuenta con el potencial de satisfacer el más noble de todos los fines: el bien de la comunidad. Mientras tanto, los griegos se inventaron una palabra precisamente para describir a quienes privilegiaban el desarrollo privado por encima del progreso público: “idiotas”.

santiago.vargas.acebedo@gmail.com

Allí permaneció colgado durante 25 años, siendo testigo de sentencias trascendentales para el país como las de la despenalización del aborto, el permiso al porte de la dosis mínima, y las aprobaciones, tanto del matrimonio de parejas del mismo sexo como de la adopción homoparental.

En 2016, un abogado del despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero formuló un derecho de petición donde sostuvo que, para proteger los derechos fundamentales de los funcionarios de la Corte Constitucional de una religión distinta a la católica, el cristo debía ser retirado. Alegando que, más que un símbolo religioso, el cristo era una obra de arte que tenía un valor histórico, en ese momento la Sala Plena votó 6–3 a favor de conservarlo.

En 2022, Daniel Solano, estudiante de tercer semestre de derecho de la Universidad del Rosario, presentó la primera tutela de su vida reclamando que, dada su condición de ateo, la presencia del cristo en la Sala Plena vulneraba sus derechos a la igualdad y la dignidad. Como jueza de la tutela, la Corte Suprema solicitó un informe a la Corte Constitucional acerca del carácter histórico y cultural del crucifijo.

Cristina Pardo, la entonces presidenta de la corporación, conceptuó, al igual que su antecesora María Victoria Calle en 2016, que el susodicho cristo no comprometía la objetividad ni la imparcialidad de la Sala Plena, y que tenía un valor histórico por estar colgado allí desde 1999, y un valor cultural porque había sido elaborado por un reconocido artesano de la Candelaria, de cuyo nombre, no obstante, nadie supo dar razón.

Daniel Solano no claudicó. Después de que se la hubieran negado en primera y segunda instancia, logró que su tutela pasara a revisión de la Corte Constitucional, donde el magistrado ponente Miguel Polo le dio la razón, reconociendo que la presencia de un crucifijo en el recinto donde se debaten las controversias jurídicas más importantes del país vulnera los principios de laicidad y neutralidad religiosa.

Lo extraño es que, para cuando se dio a conocer esta sentencia, en noviembre del año pasado, el cristo ya no estaba allí. Coincidiendo con una remodelación de las instalaciones del Palacio de Justicia, fue retirado en julio de 2024 mediante una disposición administrativa, no judicial. De ese modo, subrepticiamente, en la corporación pretendieron desembarazarse del polémico inquilino sin el revuelo de un fallo como el que hoy deja en entredicho sus posturas de 2016 y 2022.

Aunque el cristo ya había sido entregado para su custodia al arzobispo de Bogotá, y por lo tanto se estaba ante un hecho superado, esta vez la Sala Plena decidió pronunciarse de fondo para desarrollar los principios de laicidad y neutralidad religiosa que garantizan la libertad de conciencia y la libertad de cultos en Colombia.

Esta histórica sentencia de unificación exhorta a las autoridades judiciales del país para que, en los recintos donde deliberan y administran justicia, “eviten incurrir en actuaciones como la que aquí se examinó”, y se abstengan de ubicar elementos religiosos que puedan excluir otros sistemas morales o que carezcan de una justificación secular verificable, consistente y suficiente.

Semejante viacrucis se le hubiese podido evitar al cristo de la Sala Plena si, en 1999, el magistrado Vladimiro Naranjo no hubiera cometido la incongruencia de entronizar el símbolo de su credo personal en el máximo tribunal constitucional de una nación que pugna por reconocerse, ya no como el país católico, apostólico y romano de la Constitución de 1886, sino como el Estado laico, plural y diverso de la Constitución de 1991.

Milenios después, incluso en estos tiempos líquidos, seguimos enfrentándonos por el destino de las piedras, y nuestros tótems son aún objeto de debate. Una estatua de Cervantes fue embadurnada en San Francisco con pintura roja y la palabra “bastardo”. El adjetivo podría ser apropiado para su literatura de criaturas marginales y manchadas, pero los motivos del ataque son un disparatado entuerto. Cuando el escritor quiso emigrar a América con 42 años, el Consejo de Indias le prohibió embarcar. Su vida era por entonces un compendio de fracasos: a los 24 años perdió la mano en Lepanto; durante un lustro fue prisionero en Argel; sus intentos de fuga acabaron mal; y de vuelta a España conoció sórdidos oficios, procesos judiciales, la excomunión y la cárcel.

Tendemos a mirar los clásicos como centinelas de tradiciones y ortodoxias, olvidando que muchos fueron en su tiempo transgresores, escandalosos y perseguidos. Cervantes, varias veces cautivo, sentía un insobornable amor por la libertad, y transmitió esa pasión a sus personajes, también femeninos. En la primera parte del Quijote, el caballero andante topa con el cortejo fúnebre de Grisóstomo, un joven que se había suicidado, incapaz de soportar el rechazo de la bella Marcela. Entre lamentos, la culpan de la muerte del amigo: “Quiso bien, fue aborrecido; rogó a una fiera, importunó al mármol, corrió tras el viento, sirvió a la ingratitud”. Sobre una peña, la propia Marcela defiende su versión de la historia: nadie está obligado a amar, tampoco una mujer. “Tengo libre condición y no gusto de sujetarme”. Acabado su discurso, vuelve sola a los caminos montañeses, y, cuando algunos intentan perseguirla, don Quijote empuña su espada y desafía a quien se atreva a molestarla.

Con ese gesto revolucionario, Cervantes se enfrentó a una larguísima tradición que inculcaba a las jóvenes la obligación de aceptar a quienes decían amarlas, aunque ellas lo percibieran como control. “El purgatorio de la hermosura cruel” o “la bella dama sin piedad” son motivos recurrentes en la literatura medieval y renacentista. Como explica Peio Riaño en Las invisibles, Boccaccio convirtió estas ideas en una fábula de atormentados fantasmas, que a su vez inspiró a Botticelli una serie de cuadros moralizantes hoy expuestos en el Museo del Prado. En un bosque, los comensales de un banquete contemplan con espanto a un jinete espectral que persigue a una mujer desnuda y aterrorizada: se abalanza sobre ella, le arranca el corazón y lo arroja a los perros. El caballero, según la leyenda, se suicidó porque su amada no le correspondía y, desde entonces, la joven está condenada a sufrir cada viernes la sangrienta ceremonia. El anfitrión ha organizado el banquete para que presencie el castigo una dama que lo rechazó. Escarmentada, ella aprende el sí y accede al deseo ajeno. “Las mujeres deben desterrar toda crueldad de sus corazones”, sentencia el relato. Final feliz.

Nacida en las páginas del Quijote, Marcela es una criatura literaria que no se resigna: razona, protesta, afirma su negativa. Con el valiente discurso de una mujer decidida a ser libre, su autor rompió tabúes y atacó el viejo edificio de las culpas. Los personajes bastardos de Cervantes nos enseñan a tomar partido por los locos cargados de razón, por el no de ellas, por pobres diablos con momentos divinos.

Entre los temas de la agenda, casi oculto bajo el rótulo de desarrollo, estaba la moratoria del ADPIC sobre las reclamaciones no basadas en una infracción. Aunque suene técnico, este asunto es clave para los países que quieran usar las flexibilidades de la propiedad intelectual.

El tratado ADPIC establece desde 1995 las normas mínimas globales para la protección de marcas, patentes y derechos de autor. Su artículo 64 introduce una herramienta problemática: permite que un país demande a otro no por violar una norma, sino por afectar sus expectativas de ganancia comercial.

En la práctica, esto implica que un país podría iniciar una disputa incluso cuando otro aplica medidas legítimas, como licencias obligatorias para medicamentos, excepciones y limitaciones al derecho de autor (incluido el fair use de Estados Unidos) o políticas de acceso al conocimiento. Dado el impacto, desde siempre se viene aprobando una moratoria para no activar este mecanismo. Esa tregua es la moratoria del ADPIC sobre reclamaciones no basadas en infracción.

Históricamente, los países en desarrollo han sostenido esta protección a través de un delicado intercambio político: aceptar la moratoria sobre aranceles digitales -que prohíbe gravar las transmisiones electrónicas y beneficia a las grandes plataformas- a cambio de mantener la del ADPIC. Ese equilibrio llegó a Camerún en riesgo.

La moratoria del ADPIC parecía condenada: antes de la reunión ministerial, Estados Unidos y Suiza manifestaron su oposición frontal. El esfuerzo que durante meses hizo Colombia por incluir el tema en la agenda parecía perdido.

En Camerún Colombia defendió la moratoria del ADPIC como una herramienta esencial de política pública, explicando su impacto en salud. Aunque inicialmente Estados Unidos y Suiza intentaron bloquear el debate, Colombia adoptó la estrategia decisiva: condicionar su apoyo a la moratoria de aranceles digitales a mantener viva la discusión sobre el artículo 64.

Con el respaldo de India y Bangladesh, Colombia logró algo impensable días antes: reactivar la negociación y vincular el destino de ambas moratorias. Se planteó que debían renovarse en los mismos términos y plazos. Así la moratoria del ADPIC revivió.

Un argumento inesperado pudo ayudar a tal cambio: la estabilidad jurídica que ofrece esta moratoria también es clave para la industria de la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende en gran medida del uso de datos amparados por excepciones al derecho de autor (especialmente el fair use). Sin embargo, todo dependía de la otra negociación.

En el debate sobre aranceles digitales, mientras Estados Unidos y la Unión Europea impulsaban una extensión permanente; países como India y Sudáfrica querían acabarla. Brasil asumió un papel intermedio, liderando la propuesta de la tercería presentada desde el grupo de Asia, Pacífico y el Caribe: renovación temporal acompañada de una evaluación de impactos.

Cuando parecía haber consenso en torno a una extensión de cinco años, Brasil endureció su posición y exigió limitarla a dos. Estados Unidos la rechazó. Sin acuerdo posible, en la medianoche del último día la directora de la OMC dio por terminadas las negociaciones: no hubo consenso y ambos temas regresarán a Ginebra.

¿Ahora qué? Algunos países en desarrollo celebran que cayó la moratoria de los aranceles digitales, les da margen para diseñar políticas monetarias. Sin embargo, ese espacio es limitado: muchos ya tienen obligaciones similares en acuerdos comerciales bilaterales.

En cambio, la pérdida de la moratoria del ADPIC tendrá consecuencias profundas. Abrirá la puerta a disputas internacionales contra políticas de acceso a medicamentos, educación y conocimiento. Para los defensores de estas causas durante décadas, el momento es crítico, por ahora ganan las grandes farmacéuticas.

La discusión seguirá en Ginebra. Allí, el cabildeo de la industria farmacéutica y de entretenimiento se activará y veremos posiblemente también el de la de inteligencia artificial.

Por su parte Colombia, sin el reconocimiento ni el aplauso que merece, dio una batalla que pocos anticipaban, logró reconfigurar una negociación que parecía cerrada. No le alcanzó en Camerún, pero mostró que hay margen para disputar el sentido de las reglas globales.

En estricto sentido, la moratoria del ADPIC ya venció y la de aranceles digitales expira mientras escribo, este 31 de marzo. El fracaso en Camerún puso en riesgo el frágil equilibrio político que las sostenía. Sin embargo, dado el interés estratégico de Estados Unidos en la digital, posiblemente pase en Ginebra, de lo contrario estaremos condenados al matoneo bilateral. Esto no ha terminado.

Seguro Colombia -como desde hace años- seguirá en la pelea, pero lo hace casi en solitario. Y ese, quizás, es el verdadero problema.

Por supuesto, la falsificación estaría cifrada en “Nombre falso”, un cuento sobre el hallazgo de un cuento inédito de Roberto Arlt. En la nota introductoria de ese cuento enigmático aparecen las iniciales R. P, de lo cual se podría deducir que el “autor” de “Nombre falso” es Ricardo Piglia. (No me parece inoportuno en esta instancia interpretativa arruinarles la fiesta a los lectores: el cuento de Arlt, o sea, el cuento dentro del cuento de Piglia, es “falso”. Es más: se trata de una “adaptación espontánea” de un cuento del escritor ruso Leonid Andréiev).

“Nombre falso”, por lo demás, tiene dos planos: el plano A (donde los “hechos reales” están aún en caos) y el plano B (donde los “hechos reales” ya se han normalizado). La versión final sería una elaboración o una manipulación ya que si los “hechos reales” no se manipularan el cuento no se alteraría. Y cuando digo que no se alteraría quiero decir que no evolucionaría. En cuanto al carácter “verídico”, se podría decir algo más: en la medida en que el lector sigue leyendo sin dudar de lo que le están contando (sin tener siquiera el impulso de verificar datos, nombres, estadísticas), debemos reconocer la eficacia de la falsificación. Al fin y al cabo, en el laboratorio de la ficción ningún indicio real se conserva en estado puro. (Desde luego, algunos lectores, un poco malhumorados, por no decir otra cosa, estarán pensando: ¿y cuál es la diferencia entre “adaptación espontánea” y “plagio”? Tal vez ninguna. Legalmente, todo está sujeto a interpretaciones. Pero yo no soy abogado. Así que mejor volvamos al tema central).

La otra vertiente de la falsificación del archivo pigliano serían los diarios de Ricardo Piglia. En su momento, en una entrevista que se publicó en El malpensante, Piglia se animó a confesar que muchas de las cosas registradas en sus diarios nunca habían pasado; sus exmujeres, incluso, cuando leían algunas páginas, le decían: “Pero eso no pasó. Eso no fue así”. El diario, entonces, sería otra forma de falsificar la experiencia. Piglia empezó a escribirlo a los 17 años, antes de irse de Mar del Plata, y lo siguió escribiendo hasta sus últimos años. El título, creo, lo dice todo: Los diarios de Emilio Renzi.

Con Renzi como antecedente fundacional Piglia tuvo al parecer una intuición: para hablar de mí, necesitaré en principio inventarme a otro, otro que sea en realidad una réplica de lo que soy yo.

Según lo denunció el senador demócrata Chris Murphy, el lunes 23 de marzo, a las 6:50 a. m., y a casi un mes de iniciada la guerra contra Irán, hubo un movimiento inusual en el mercado del oro negro: se registraron transacciones por 580 millones de dólares, una situación bastante rara a esa hora del día. Las personas que hicieron esas jugadas sabían de antemano lo que Trump iba a anunciar en su red social: que no seguiría con la idea de bombardear la infraestructura energética de Irán y que se enfocaría en las negociaciones de paz.

El efecto de ese anuncio es que el precio del petróleo se desplomó y, por lo tanto, los que apostaron a sabiendas de lo que iba a decir el presidente se llenaron los bolsillos de dólares en cuestión de minutos. “Y sabemos exactamente lo que pasó, porque los que negociaron eran miembros de la familia Trump, o gente que trabaja en la Casa Blanca, o tal vez corredores de bolsa que recibieron una llamada de un amigo con conexiones en el gobierno que les pasó el dato de lo que iba a decir el presidente”, según lo reveló el senador Murphy en su cuenta en X.

Aquí no termina la corrupción. Sus tentáculos son extensos y abarcan una cantidad inmensa de instituciones gubernamentales y personas relacionadas de manera directa con las altas esferas del poder. Por eso el exvicepresidente Al Gore no dudó en llamar al régimen impuesto por Trump “el gobierno más corrupto en la historia de Estados Unidos”. Y creo que el veterano dirigente demócrata se quedó corto.

Durante cerca de un año, ProPublica —una organización digital de periodismo investigativo— pudo recolectar un paquete de más de 3.000 documentos —que fueron publicados hace un par de semanas— “en los que se detallan las finanzas de 1.500 funcionarios nombrados por Trump, entre quienes hay excabilderos, altos ejecutivos y otros funcionarios que no quisieron dar a conocer quiénes eran sus antiguos clientes”, según lo señaló el medio digital.

Estas miles de pruebas de una podredumbre rampante en los pasillos del poder trumpista dejan al desnudo “una red de lazos financieros entre altos funcionarios gubernamentales y las industrias que deben fiscalizar. Esas relaciones han generado escrutinio porque Trump desmanteló todas las salvaguardas éticas diseñadas para evitar conflictos de interés”.

ProPublica documenta una corrupción que va de 20.000 a 48.000 millones de dólares.

El Congreso, en este momento, es un enorme monumento a la indolencia y la complicidad. Sus mayorías trumpistas circulan impávidas por el capitolio, como si nada estuviera pasando más allá de sus narices. El Departamento de Justicia y la fiscalía —ahora con un fiscal encargado, quien fuera el abogado personal de Trump— están concentrados en perseguir a inmigrantes, y poco les interesa investigar esta cadena de delitos generados en las cuatro paredes de la Oficina Oval, donde despacha esta peligrosa caricatura de gánster.

Esa impunidad con la que actúa explica, en gran parte, la otra cara de la empresa criminal: la guerra.

El Padrino, el gran timonel de la presente ola de torcidos, está sitiado. Al calor de sus delirios de grandeza, sus improvisaciones y su profunda ignorancia, nada le está saliendo bien. La guerra contra Irán ha sido, desde el principio, un desastre colosal, motivado por una mentira tras otra que recuerda la manera irresponsable y criminal en que Trump manejó la pandemia del COVID-19.

Hasta el momento, no es claro el objetivo último del ataque militar a Irán. Lo que sí queda en limpio, no solo para el estadounidense de a pie, sino para el resto del mundo, es que la gasolina está, en promedio, a cuatro dólares el galón (y puede subir mucho más), que la economía mundial puede entrar en recesión, que el Medio Oriente se convirtió en un polvorín, y Netanyahu, el gemelo de Trump en Israel, encontró la oportunidad perfecta para empujar a Estados Unidos a una guerra por la que había esperado 40 años de intentos fallidos con sucesivos presidentes gringos.

El estrecho de Ormuz está cerrado y en poder total de los iraníes; los países europeos han terminado por desconfiar a fondo del régimen de Trump y de la mayoría republicana en el poder, y, por lo tanto, decidieron no apoyar la aventura militar neoimperial, cada vez más incierta y desestabilizadora.

Todo esto ha dado un resultado concreto y esperanzador: la popularidad del presidente está en sus niveles más bajos (solo el 38 % lo apoya, de acuerdo con las últimas encuestas) y le va muy mal en casi todo: en el manejo de la economía, de las relaciones internacionales, del tema migratorio, del conflicto con Irán.

Y si bien sus acciones más grotescas siguen en total impunidad, los tribunales de justicia le han dado golpes certeros. El martes de esta semana, varios fallos debieron de haberle rebotado la bilis. Un juez rechazó la inmunidad presidencial en relación con la toma criminal del Capitolio el 6 de enero de 2021 y declaró que Trump puede ser considerado responsable por la violencia ejercida por la turba que buscaba abortar la certificación del presidente electo, Joe Biden.

Ese mismo martes otro juez declaró ilegal el decreto en el que Trump acababa con la financiación, con dineros de los contribuyentes, de la radio (NPR) y televisión (PBS) públicas. El fallo del tribunal consideró que había una violación clara de la Primera Enmienda (que garantiza, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión), pues el presidente cancelaba esa ayuda federal motivado por una actitud discriminatoria y de venganza. Y para cerrar el día con broche de oro, la justicia le frenó en seco la construcción del salón de recepciones, un proyecto ilegal que tiene desquiciado a este aprendiz de emperador. Destruyó el ala oriental de la Casa Blanca, sin permiso de nadie, y ahora la ley lo obliga a que ese salón pase por el estudio y la aprobación del Congreso.

Como nunca antes en la historia de Estados Unidos, el mundo está pendiente de lo que ocurra en las elecciones de mitad de término (de mitaca) de noviembre. Es la oportunidad única que tendrán el votante y esta democracia golpeada por todos sus flancos para ponerle controles claros y fiscalizar a fondo a El Padrino y su empresa criminal. Por supuesto, está tratando, por todos los medios, de alterar el sistema electoral. No es nada fácil y se estrellará de nuevo con las cortes. ¿Y los demócratas? Navegan en medio de corrientes encontradas. La pelea electoral apenas comienza.

En un país proclive a sobreidelogizarlo todo, suele anteponerse lo especulativo sobre los análisis serios y desprevenidos. Está ocurriendo con el debate en torno a la autonomía del Banco de la República: el Banco tuvo en su Junta voceros del sector privado, incluso de bancos extranjeros, durante décadas. Saltamos al otro extremo cuando se creó la Junta Monetaria, exclusivamente con miembros del Ejecutivo. Las reformas de la segunda mitad del siglo XX plantearon el doble argumento de que bancos privados en la Junta del emisor ofrecerían conflictos de intereses, pero los voceros del Gobierno podrían generar competencia entre ellos para privilegiar la atención a sectores específicos.

El Constituyente del 91 tuvo el cuidado de precisar el nuevo régimen definiendo al Banco “como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio” (art. 371). Diseñó la Junta Directiva y entregó al jefe del Estado su control, inspección y vigilancia (art. 372). Es decir, regló el funcionamiento de un organismo para un manejo monetario independiente de los gremios privados y del influjo directo del Ejecutivo. Pero con una autonomía simplemente administrativa, patrimonial y técnica, resulta imperativo para la Junta atender el principio de coordinación con el Gobierno, y al revés, sobre todo para tomar decisiones en materia de tasa de cambio o de inflación, que no dejan de ser temas fundamentalmente políticos.

Con muy buen juicio, el Constituyente mantuvo un equilibrio básico entre los vectores que han hecho posible la preservación del orden institucional, a pesar las penosas desigualdades que afectan al país: Estado social de derecho y economía social de mercado. De ese equilibrio nace el referido principio de coordinación entre gobierno y banco que, sin afectar su autonomía, garantiza decisiones ponderadas. También nacen de allí la Ley 31/92 cuyo texto señala que los miembros de la Junta del Banco representan exclusivamente el interés de la nación (art. 28) y el Decreto 2520/93 según el cual dicha Junta solo podrá sesionar con la asistencia de cinco de sus miembros, uno de los cuales deberá ser su presidente (art. 35). El Banco está sujeto al control político del Congreso, por lo cual la Junta debe presentarle unos informes, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

En un Estado de Derecho, ninguna autonomía es absoluta. Probablemente el ministro de Hacienda no debió proceder en la forma que lo hizo, pero, por supuesto, el resto de la Junta tampoco. Quienes hablaron de irrespeto institucional por la publicitada ruptura deben aclarar que se trató de un desacato mutuo. Además del principio de coordinación, existen otros esenciales: el de que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común (art. 333); el de que la dirección general de la economía está a cargo del Estado (art. 334); el de que la estructura del Estado y las funciones de los poderes no se pueden entender por fuera de los principios-valores de la Constitución (Sentencia T-406 de 1992). Más claro, imposible.

Con base en el cumplimiento del artículo 72 de la Ley 115 del 1994 que, reglamenta el sistema educativo colombiano y establece que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) «en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo…». En consecuencia, el MEN ha venido elaborando desde marzo de 2025 el Plan Decenal Nacional de Educación, con el propósito de poner las condiciones para la construcción de una política pública en educación.

Este es ya el cuarto Plan elaborado desde 1996 y se propone articular un diálogo nacional plural y crítico alrededor de los temas centrales sobre la educación que tenemos y la educación que necesitamos. A diferencia de los anteriores planes (1996-2005, 2006-2016, 2016-2026), este IV Plan Decenal —tanto por sus principios y propósitos, como por su enfoque metodológico—, marca una diferencia sustancial por lo menos, en los siguientes aspectos:

1. El propósito es abrir diálogos con la comunidad, escuchar los territorios, reconocer las diversidades culturales y dar la voz a las regiones. Conocer las experiencias pedagógicas alternativas, construir con las comunidades locales y las organizaciones sociales para avanzar en el reconocimiento y garantía del derecho a la educación como eje de transformación social del país. Es reconocer que lo público no es posible sin la participación de las comunidades involucradas.

2. Este Plan ha articulado instituciones, grupos sociales, académicos e investigadores con educadores populares, alcaldes y gobernadores para asegurar la apropiación y el compromiso de todos en clave de país y cultura. Resulta muy diciente que tanto FECODE como la Universidad Pedagógica Nacional se hayan vinculado a este proceso y que el Foro Nacional, y el III Congreso Pedagógico Nacional realizados (noviembre de 2025) se consoliden como referentes importantes para su construcción y análisis.

3. Dada la coyuntura de la reforma al Sistema General de Participación (SGP), aprobado en el Acto Legislativo 03 de 2024, y su urgente reglamentación por parte del Congreso, hoy es posible dar un carácter vinculante para la financiación del Plan Decenal, algo que no se había logrado en ninguno de los planes anteriores. Este punto se convierte en eje estructural y guía para que un gobierno democrático fortalezca la educación.

4. Desde el punto de vista de la metodología, se superó la costumbre instalada de reducir la participación a hacer encuestas, sumar respuestas, entregar porcentajes y legitimar una mirada cuantitativa e instrumental que compara y excluye, jerarquiza y discrimina. En su lugar, se abrió el diálogo regional mediante plenarias, mesas, foros, paneles, donde se sistematizaron experiencias, aprendizajes. En este proceso se escucharon las voces de 11 mesas temáticas (currículo, educación rural, formación de maestros, educación ambiental, mujeres y población LGTBIQ+, diversidad en la educación, educación inicial, educación especial, educación comunitaria y en los territorios, excelencia de la educación superior, educación de jóvenes y adultos), cuyas conclusiones y recomendaciones fueron recogidas y presentadas mediante 20 rutas de trabajo. Este documento se fundamenta en tres ejes: garantía plena del derecho a la educación; construcción de conocimiento público para la transformación social; y fortalecimiento del financiamiento de la educación pública.

Los últimos avances del documento reflejan una visión de la educación como transformación social que compromete a todos los actores sociales, para superar las limitaciones de una visión instrumental y reducida en función de las necesidades del mercado y de los seres humanos como capital humano hoy en disputa.

La Universidad Pedagógica Nacional ha apoyado este proceso y ha dispuesto un equipo de docentes y expertos que, desde el campo intelectual de la pedagogía, acompañan y elaboran documentos, orientan y recomiendan para hacer interpretación de todos los escenarios de diálogo, convirtiendo la polifonía de voces en una hoja de ruta legitimada para la política educativa de la próxima década. Como parte de la Comisión Mixta —que reúne 42 organizaciones—, para la elaboración del Plan, la Universidad aporta a la construcción de una interpretación estructurada y crítica de la voluntad colectiva expresada en eventos, congresos, sesiones plenarias, paneles, mesas técnicas, hasta llegar al momento culminante en el sistema de monitoreo y evaluación.

En esta experiencia quedan tensiones por resolver y asuntos por profundizar que venimos abordando con el MEN, tales como la calidad de la educación, la política de formación de docentes, la financiación adecuada, el gobierno escolar y universitario, la reforma curricular, la planta docente y sobre todo la articulación del IV Plan Decenal con las políticas y programas del nuevo gobierno nacional comprometido con la educación.

Posdata: en esta semana de recogimiento, invitamos a la reflexión sobre el rumbo del país; a construir criterios propios para no depender de la “sociedad del miedo” y del efecto rebaño que se quiere instalar en la subjetividad mediante las redes sociales a través de la violencia, la patrulla del bate y las reiteradas mentiras para llegar a dirigir el país.

*Rector Universidad Pedagógica Nacional.