La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Mi amigo Eduardo González, experto en comisiones de la verdad en diferentes lugares del mundo, publicó un video en Twitter que materializa la noción de distopía: un militar apunta con un arma larga a un hombre en pantaloneta y chanclas para obligarle a que se meta en su casa a partir de las medidas de cuarentena por coronavirus. Eduardo comentó la imagen: “te apunto con un arma de guerra para salvarte la vida”.

La mañana del día en que vi su comentario había estado en un webinar muy valioso organizado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia con miembros representantes de Haití, Filipinas y Kenia. Fue impresionante constatar cómo en contextos similares pero que tienen poca comunicación entre ellos se presenta hoy la misma circunstancia: el abuso policial exacerbado en las ciudades como eje principal de las violaciones a los derechos humanos en diferentes países, con la ejecución tergiversada de medidas restrictivas que resultan inevitables en medio de la pandemia.

Al webinar reaccionó una representante de Amnistía Internacional compartiendo un reporte alarmante con diferentes violaciones a los derechos humanos atribuibles a gobiernos o grupos armados que, además, están afectando el derecho a la información de la ciudadanía en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, menciona cómo el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha dicho que las personas que transmiten el virus son peores que los terroristas, lo que no sólo ha llevado a que las personas oculten sus síntomas por miedo sino que ha autorizado a que a otras se les maltrate por sospecha. También relata cómo en India se ha citado a periodistas en estaciones de policía a que den explicaciones sobres sus últimos reportajes y enumera casos de detenciones a comunicadores que se han dedicado a presentar cifras del avance de la COVID-19 en Azerbayán, Kazajastán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Uganda, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina.

En Colombia, medidas inevitables de prevención que no son cuestionables en sí con respecto a la garantía de derechos y libertades también han sido tergiversadas, mal aplicadas, o utilizadas como excusa en medio de la exacerbación de casos de abuso policial que hicieron parte del debate electoral de 2019, así como de las noticias del paro de noviembre. Por ejemplo, el concejal Diego Cancino planteó públicamente denuncias de casos de violencia sexual contra mujeres donde han participado policías que las han detenido:

“El pasado 22 de marzo una mujer que sacó a pasear su mascota fue abordada por miembros de la Policía y conducida al CAI de Laureles en Bosa y, posteriormente, a la UPJ. Los policías cometiendo una serie de irregularidades la encierran, la roban, la extorsionan, la maltratan, le pegan, la manosean y finalmente la desnudan. Es un claro caso de abuso policial que incluye violencia sexual de acuerdo con la Ley 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014 y el derecho internacional”.

En regiones del país donde aún no se logra la paz completa como en zonas de Nariño, Chocó, Cauca y el sur de Córdoba, en las que aún impera la opresión violenta, se ha denunciado que grupos armados pretenden hacer cumplir el confinamiento ejecutando la estrategia de apuntar con armas de guerra a los habitantes con el argumento de salvarles la vida.

Tratándose de contextos, situaciones y dimensiones diferentes, los ejemplos mencionados apuntan a una misma cuestión. En la pandemia, como en cualquiera de las muy graves crisis que ha enfrentado la historia de la humanidad, no puede tolerarse la vía de las violaciones a los derechos humanos. Es claro que corremos el riesgo de no poder cerrar la puerta por donde entran el autoritarismo y la antidemocracia. De ahí que por estos días también sea imprescindible defender una cultura contraria a la barbarie, enaltecer la memoria de la dignidad que nos afirma las certezas, esas que, por cierto, han nacido en las peores circunstancias que nos han tocado vivir. Pero sobre todo, son fundamentales el rechazo social y la justicia que, además de responder a los hechos, conjuran que no nos degrademos como sociedad mientras enfrentamos el peligro.

*Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

De acuerdo a una de las propuestas hechas en la Habana, el fiscal general Néstor Humberto Martínez decidió crear la Unidad Especial de Investigación, enfocada en investigar organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, actores privados y aquellos que atenten contra la implementación del Acuerdo Final.

Como resultado, el pasado 13 de septiembre el fiscal general encargó la dirección  de la Unidad a Alexandra Valencia,  quien hasta ese momento se desempeñaba como presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Valencia había realizado un trabajo constante desde la Procuraduría y los juzgados, dejando una gran estela de controversias debido a los fallos que había proferido relacionados con el accionar paramilitar y la participación de otros actores en el conflicto armado. Uno de los fallos, lo emitió en el Tribunal de Bogotá en octubre de 2014 contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y seis líderes más del bloque Catatumbo, en el que expresó cómo algunos medios de comunicación se habían prestado, presuntamente, para difundir las ideas de los paramilitares.

La actuación de Valencia generó tanta polémica que, en julio del año 2009, fueron condenados a prisión dos policías y un funcionario del CTI de la Fiscalía por seguirla e interceptarla ilegalmente cuando realizaba pesquisas contra la parapolítica desde la Procuraduría, como lo señala El Espectador.

Así, en el marco de la JEP, uno de los grandes retos está en establecer cuál es la responsabilidad de otros actores por su actuación dentro del conflicto armado. Por esta razón, la Unidad Especial de Investigación deberá esclarecer si realmente hubo apoyos al paramilitarismo y las Farc, como grandes aportes a la verdad y la justicia.  

A raíz del fracaso en la mesa de diálogo del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, hubo una percepción escéptica del apoyo que se le dio desde gran parte de la sociedad civil y el sector privado, y la manera como debía manejarse posteriormente la situación del conflicto. Bajo este escenario, llegó a la presidencia Álvaro Uribe, con un discurso de mano dura y la promesa de recuperar el control territorial del país.

En efecto, la política implantada por Uribe generó un incremento en la percepción de seguridad,  crecimiento económico y la sensación que los triunfos militares sobre las Farc estaban dando resultado a partir de la confrontación armada. Estos factores incentivaron la inversión pública y privada en el país, mientras,  de forma paralela se dio el incremento del paramilitarismo y su vinculación con la política local y nacional, como una forma de resistencia a los cambios que desde 1991 venían dándose en el país con la entrada en vigencia de la Constitución.

Paralelo a esto, cuando se hace una lectura a nivel internacional sobre las consecuencias que generan los conflictos armados, todas coinciden en que lo único que se puede encontrar son aspectos negativos sobre la economía de un país. No obstante, el caso colombiano es levemente opuesto a lo que indica la experiencia internacional. Pese a los daños generados en la infraestructura pública y privada por parte de grupos al margen de la ley, la radiografía del PIB durante el último medio siglo demuestra que la economía nacional se mantuvo, y en algunos casos llegó a aumentar.

En el conflicto colombiano, con el proceso de aprendizaje de los agentes económicos que se enfrentaron a esta situación de incertidumbre, generó que las consecuencias directas se redujeran a medida que la guerra se prolongaba. Uno de los mejores ejemplos son las extorsiones, en donde los actores privados tenían dos estrategias: ceder a los “contratos de seguridad” que ofrecían los grupos paramilitares o las guerrillas, o no pagar y asumir las consecuencias con su vida.

Sin lugar a dudas, como opción de supervivencia,  algunos agentes de sectores los  económicos que tenían presencia en las regiones, de manera individual, tuvieron que ceder a las extorsiones de los grupos armados, internalizando los costos y normalizando sus actividades comerciales. Lo cuestionable es ¿cómo definir cuándo hubo apoyo directo a grupos paramilitares o guerrilleros, o si esto fue resultado de las presiones criminales y ausencia del Estado?

Casi 8 de cada 10 colombianos habitan las ciudades más representativas del país, en donde también se concentran las empresas que más aportan al PIB nacional, con lo cual perciben el conflicto como ajeno de su realidad. De esta manera, la economía nacional no tuvo que enfrentarse directamente y a gran escala a colapsos graves durante el conflicto armado.

Ahora bien, en el caso de Alexandra Valencia, quien iba a durar seis años en la dirección de la Unidad Especial, debido a las modificaciones del nuevo acuerdo que surgió luego del triunfo del No en el Plebiscito, se anuló su nombramiento y se suscribió un nuevo mecanismo de selección. Es en este escenario, donde surgen los grandes retos de la JEP en cuanto a la responsabilidad en la participación de otros actores en el conflicto armado y quién deberá asumir ahora su dirección.

*Esteban Salazar, asistente de investigación - Fundación Paz y Reconciliación

En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el fin de generar conciencia en torno a ese delito, prevenir que ocurra y proteger a las víctimas. En este sentido, previo a la conmemoración, desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia queremos visibilizar esta lucha y, atendiendo a la coyuntura actual, evidenciar el riesgo que afrontan los refugiados y migrantes.

La trata de personas es una violación a los derechos humanos. Implica la cosificación de las personas y una profunda vulneración de su dignidad. La Corte Constitucional señaló que la trata de personas menoscaba los derechos a la autonomía, la libertad, la vida, la integridad y la seguridad, entre otros. Por su parte, el Código Penal Colombiano y la Ley 985 de 2005 la definen como la captación, traslado y/o acogida de una persona para sacar provecho de ella, bien sea dentro del territorio nacional o en el exterior.

Es importante resaltar que el hecho de que una persona acepte ser explotada no le quita la responsabilidad al explotador. Sin embargo, la falta de comprensión del fenómeno, la naturalización de algunas finalidades del delito (mendicidad ajena, matrimonio servil, trabajo forzado, entre otras) y la permisividad social ante ciertas prácticas de explotación, reducen la identificación y denuncia de la trata de personas, aumentan las posibilidades de que ocurra y refuerzan factores de riesgo como los estereotipos de género, de raza y de lugar de procedencia.

El contexto actual

Las preocupaciones no giran en torno a la mitigación de la migración, sino a cómo garantizar asistencia humanitaria inmediata y sistemas de asistencia mediata para la supervivencia digna y, de acuerdo con lo que nos atañe este día, mecanismos de protección para un ingreso, tránsito y permanencia seguros de los migrantes y refugiados.

Las cifras oficiales de Migración Colombia indican que actualmente Colombia es el país con mayor número de migrantes provenientes de Venezuela (a mayo de 2019, se estima un aproximado de 1.260.000 migrantes). Este contexto constituye un factor de riesgo para que delitos como la trata de personas tengan lugar y pone a los refugiados y migrantes en una situación de vulnerabilidad. Al respecto, distintas investigaciones a nivel global han utilizado el Modelo Ecológico para profundizar en este vínculo.

¿Existe un riesgo de trata de personas para los migrantes?

Para llegar a esta cifra se usó una batería de 21 indicadores, la cual compartimos a continuación. Esta buscaba indagar sobre los grados de libertad y autonomía de los refugiados y migrantes y sus posibles restricciones. Del total de entrevistados, el 19 % presentó entre 11 y 21 indicadores.

Resulta urgente reducir los riesgos y vulnerabilidades económicas, sociales y culturales, así como las desigualdades y estereotipos de género, raciales y de lugar de procedencia. Como bases del Estado de derecho, debemos garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y el restablecimiento de sus derechos. También es necesario luchar contra la impunidad y proteger a poblaciones particularmente vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, refugiados y migrantes no acompañados, los refugiados y migrantes en situación de irregularidad y quienes han sido objeto de tráfico ilícito.

En el marco del 30 de julio, hacemos un llamado a reforzar el compromiso contra la trata de personas y en pro de una migración segura, ordenada y regular. Para ello es fundamental que como sociedad rompamos la normalización de la explotación, que las autoridades fortalezcan su capacidad de identificación y respuesta ante el delito, y que la comunidad internacional trabaje coordinadamente con los gobiernos.

Avanzar en este propósito nos acerca al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular al Objetivo 5: alcanzar la igualdad de género como base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible; al Objetivo 8: garantizar condiciones para el trabajo decente como parte del progreso democrático; y al Objetivo 16: lograr un mundo en paz, con justicia e instituciones sólidas con reglamentaciones eficientes.

La tarea es posible y confiamos en que la articulación de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional permitirá poner fin a la trata de personas.

Porque las rechiflas de Armenia, Pereira y Cali, como las llama Herbin Hoyos, son muy diferentes de los escraches. Me refiero a las convocatorias públicas de las Madres, las Abuelas y los Hijos en Argentina frente a las casas de los responsables de violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar para rechazar la impunidad. Con música, con fotos, con megáfonos, en Colombia o en España donde también se han hecho frente a excombatientes insurgentes, despojadores de tierras o dueños de bancos, los escraches siempre han significado un reclamo claro de justicia y jamás han sido un espectáculo de odio, porque ello resultaría incompatible con la dignidad de quienes los promueven y el objetivo que persiguen.

Las rechiflas, como lo relata el señor Herbin, carecen de ese horizonte de justicia. No están allí para eso, ni pueden entonces considerar la suma de injusticias que pretenden ser resueltas con el Acuerdo de Paz en su conjunto. ¿Para qué, entonces? El problema de las borracheras es que no tienen una explicación coherente. Pueden comenzar más o menos espontáneas, pero no es eso lo que determina su carácter. Reúnen rabia, miedo y esa cosa que se apodera de las gavillas. Una rabia profunda que puede ser frente a Timoleón o las FARC, pero que no es necesariamente contra él o eso porque también se puede producir como el llanto actuado que se termina sintiendo de verdad, por extracción de recuerdos asociados a cualquier violencia en el alma. Un miedo que tiene la carga real e imaginaria de 50 años de guerra, pero que también es contra nosotros mismos y que si no estuviera ahí nos devolvería al mundo del pánico que es el anonimato. La oportunidad de linchar, menos pesada que la de matar, es algo que también se puede hacer por experimentar si el contexto lo permite. Ya vendrán las justificaciones.

Es cierto que algo no está funcionando, así que mejor no intentemos ocultarlo. La reconciliación, siempre lo dijimos, será producto de la implementación del Acuerdo de Paz y no la voz decretada por su firma. No estamos reconciliados, ni de lejos, y más difícil será estarlo en la medida en que seamos menos capaces de cumplir con la ruta trazada. Pero el aplazamiento o el condicionamiento de la participación política de FARC, en virtud del objetivo de la reconciliación es, al final, una propuesta inaceptable de silenciamiento. Rodrigo Londoño está ganando para él y su gente un espacio de participación que no es un favor ni el producto de las amenazantes armas que ya no poseen, sino lo que merece su historia y la democracia precaria que hemos tenido. La desautorización política frente a los abucheos violentos, que debería ser la actitud de todos los partidos, los medios y las instituciones, incluyendo las Iglesias, resulta imperativa en este momento. Del mismo modo, que empiecen la Comisión de la Verdad y la JEP, permitiría que se canalizaran dolores reales que necesitan expresarse, con los juicios que correspondan para quienes los tienen que recibir.

Lo que a mí y a muchas personas nos preocupa es que la embriaguez de violencia, atizada cada día más por el afán de protagonismo de Herbin Hoyos o las acciones del ahora candidato Jaime Restrepo, alias Samuel, entre otros, necesiten concretarse en sangre para que se les aparezca el sentido de la justicia que demuestran no conocer.

“Supongo que uno de los motivos por los que la gente se aferra tan obstinadamente a sus odios es porque, cuando el odio se disipe, presienten que se verán obligados a lidiar con el dolor”. Eso lo dijo James Baldwin, uno de los más brillantes pensadores afroamericanos. Yo no tengo nada más que agregar.

José Antequera Guzmán 

Los impactos del conflicto armado se han percibido con mayor intensidad en las zonas rurales, donde la violencia ha cobrado el más alto número de víctimas y ha agudizado las condiciones de pobreza e inequidad, que desde el centro del país no se alcanzan a reconocer en toda su amplitud. El proceso de paz  sería una oportunidad para que la institucionalidad materialice la protección de estas comunidades que habitan en la periferia del país, quienes en comparación con las poblaciones del centro, es decir, de las capitales, han enfrentado graves necesidades estructurales durante años. Este puede ser un momento clave para redirigir los esfuerzos y abordar  las deudas históricas de ampliar los servicios y el bienestar de estas poblaciones periféricas,  donde muchas veces las acciones del Estado se concentraban en el conflicto armado y sus dinámicas.

En la periferia colombiana, también destacan las denominadas zonas urbanas, que sin embargo conservan una vocación rural, dado que muchos de los centros poblados se han constituido con la recepción misma de población desplazada de zonas rurales. Esto provoca que se agudicen brechas sociales en lo que respecta al acceso a servicios públicos como energía, acueducto y alcantarillado con respecto a las grandes ciudades del país, las cuales facilitaron en parte el fortalecimiento de grupos armados en estas zonas.

Los contrastes entre el  centro y la periferia permiten reconocer desafíos territoriales para la población y el Estado, en particular para la institucionalidad civil, que deberá materializar esfuerzos adicionales con el fin de propiciar condiciones favorables para reafirmar un proyecto de nación incluyente y favorable desde las comunidades, que garantice la construcción de alternativas sostenibles para la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población víctima

Desde el trabajo del ACNUR en los territorios periféricos, como es el caso del Departamento de Nariño, se ha identificado y a la vez promovido una respuesta coordinada de la institucionalidad en su conjunto orientada a garantizar la protección y los derechos humanos de las comunidades en situación de desplazamiento, con énfasis en poblaciones indígenas,  comunidades afro,  mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta perspectiva diferencial es fundamental en la búsqueda de soluciones duraderas para casos de desplazamiento prolongado, retornos y reubicaciones.

Con base en esta experiencia, se puede entender que re-descubrir la periferia significa impulsar propuestas de soluciones duraderas con las poblaciones, ya que éstas son las que mejor conocen su realidad y pueden aportar ideas creativas y útiles para resolver los retos a los que se enfrentan. Cabe destacar que tanto las instituciones locales como las víctimas del desplazamiento forzado requieren del acompañamiento y el apoyo de la institucionalidad nacional para dar forma y viabilidad a sus proyectos y así conformar parte de una estrategia a un programa de nación incluyente que garantice sus derechos. Por ello, afianzar las relaciones de confianza entre comunidades periféricas e institucionalidad será clave.

Con el fin de alcanzar esta meta, el ACNUR seguirá trabajando como lo ha venido haciendo, por medio de estrategias integrales de soluciones que responden holísticamente a la totalidad de los problemas de las poblaciones desplazadas. En este marco, por medio de proyectos y acciones complementarias a las de la institucionalidad, como es el fortalecimiento comunitario orientado a la exigibilidad de derechos, la reconstrucción del tejido social y al diseño de proyectos desde el territorio, se busca contribuir al alcance de soluciones duraderas enfocadas en la restauración de los derechos humanos.

Así mismo, el Estado debe garantizar presencia efectiva de la institucionalidad civil en el ámbito rural, redescubriendo condiciones geográficas, distancias y apoyando a gobiernos locales en procesos de planeación y gestión territorial, a través de la implementación efectiva de planes, programas y proyectos.

A su vez, será necesario promover procesos de formación y gestión pública conjunta entre la sociedad civil, universidades y centros de educación para apoyar a las instituciones en pro de la gobernabilidad y la reducción de la brecha entre centro y periferia. Esto contribuirá al fortalecimiento de las instituciones en los territorios con la intención que ocupen potenciales vacíos de poder, evitando que otros actores armados impongan su poder mediante la violencia generalizada.

Esta perspectiva implica aceptar la coexistencia de distintos proyectos políticos, concede también la posibilidad de una lógica de adversarios legítimos con quienes el ejercicio del desacuerdo no se exprese por la violencia sino por el diálogo y las relaciones políticas. La buena coordinación entre la sociedad civil, las víctimas y el Estado en todos sus niveles permitirá definir el camino para la consolidación de soluciones duraderas que reparen las afectaciones territoriales y permitan la construcción de paz desde los territorios.

* Esta columna fue escrita por Oscar Fernando Garzón, UNOPS Protección con Base Comunitaria – Oficina de Acnur Pasto

Primero, es esencial que sigan las negociaciones. A pesar de los tropiezos y ataques recientes del Eln, la vuelta a la guerra es la peor de las opciones. Aunque muchos creen que se puede vencer al grupo guerrillero por la vía militar, hay poca evidencia que afirma la posibilidad de una victoria bélica sino muchas pruebas de los costos humanitarios que conllevaría el reinicio del conflicto: continuidad de muertes de militares y civiles, uso de minas antipersonales, ataques contra la infraestructura petrolera, desplazamiento forzado, y más.

Además, los colombianos y su élite política tendrán que decidir si quiere un conflicto de baja intensidad por un tiempo indefinido, con los daños correspondientes a la economía, al pueblo y al esfuerzo de redefinir su imagen a nivel internacional de un país narcotraficante y en guerra a un destino turístico en paz. Un conflicto de tiempo prolongado con el Eln minaría todos estos propósitos.

El intento de seguir negociando, sin embargo, no puede desconocer los enormes obstáculos que complican la mesa de negociación. Por el lado del Eln, su rechazo a la prórroga del cese bilateral muestra que  se ha dividido en su postura hacia la negociación, y ha decidido, por su historia trágica de fracciones internas, poner la unidad por encima de cualquier otra cosa. El resultado es que las unidades más beligerantes e intransigentes del Eln han ganado poder actualmente, tirando toda la organización hacia su posición extremista.

A la vez, la histórica estrategia del Eln de construir poder popular en el terreno ha hecho que haya prevalecido la búsqueda de poder político local a menudo a pesar de los costos políticos a nivel nacional. Para algunas unidades de esta guerrilla, no seguir con el cese bilateral era mejor en términos de poder local, en su escenario de operación, a pesar del evidente costo político nacional e internacional. Finalmente, el hecho de que el frente de guerra oriental haya hecho la mayoría de los atentados después de la terminación del cese refuerza el argumento de que alias Pablito, exjefe de ese frente, sigue opuesto a la negociación. Designarlo miembro del Comando Central (Coce) en el quinto congreso a finales de 2014 se ha vuelto un bumerán para los demás miembros del Coce: en vez de tener más poder sobre él, pareciera que él ahora tuviera influencia sobre ellos.

Pero la crisis en la negociación no es la responsabilidad exclusiva del Eln. El gobierno acaba de nombrar un equipo negociador robusto y experimentado, pero fueron introducidos en un escenario difícil. A la vez, no hubo una clara voluntad para asegurar que la mesa transitoria, la cual funcionó entre el 5 y 12 de diciembre, lograra su objetivo de resolver los problemas del cese. Igualmente, no hubo una reacción contundente y oportuna del gobierno frente al retiro de los miembros del Eln del mecanismo de verificación – compuesto por miembros del Eln, del Gobierno, de la ONU y de la iglesia – el 25 de diciembre de 2017. Con este nuevo equipo, el Gobierno buscaba acelerar las negociaciones, pero antes tenía que haber mostrado que más urgencia y voluntad en el proceso.

Finalmente, debido a  la terminación del cese bilateral y el reinicio de acciones violentas por parte del Eln, las voces en contra de las negociaciones con el grupo guerrillero han fortalecido. En un año electoral, será difícil para el gobierno no tomar una posición más recalcitrante frente a su contraparte en la mesa, limitando drásticamente los temas sobre los cuales está dispuesto a discutir como resultado de la participación social, por ejemplo.

A pesar de este contexto turbulento y amenazante, se puede todavía avanzar en la negociación. En primer lugar, hay que renegociar el cese bilateral, teniendo en cuenta qué era el objetivo del cese en su inicio: aumentar la confianza entre las dos partes, y entre la sociedad y el proceso de negociación. Hay que buscar un nuevo cese bilateral que pueda cumplir con estos dos objetivos pero que a la vez es políticamente atractivo. ¿Cómo se vería entonces?

En primer lugar, el nuevo cese bilateral tiene que ser medible, verificable y cumplible, con un lenguaje claro para que ambas partes entiendan su alcance. Por lo tanto, el núcleo del nuevo cese debería enfocarse principalmente en las acciones militares entre las dos partes. Poniéndole el énfasis en lo estrictamente militar le da más control directo a las partes sobre lo que ocurre, lo cual hace que sea más fácil de cumplir. Por lo tanto, puede generar más confianza. Debería incluir todavía las exigencias al Eln de no atacar la infraestructura petrolera; no secuestrar (o tomar rehenes, en su lenguaje); el no uso de minas antipersonales; y el no reclutamiento.

Se podría también considerar unos protocolos específicamente para los territorios o contextos en los cuales el Eln tiene conflictos abiertos con otros grupos armados, los cuales deberían preservar la autodefensa de la guerrilla en caso de ser atacada. Podría incluir un compromiso de no atacar a ningún otro grupo armado sino avisarle a un sistema de alerta temprana que hace parte del mecanismo de verificación en caso de saber de la presencia de un actor armado ilegal en el territorio, lo cual activa una reacción del Estado. En fin, es el Estado y la Fuerza Pública quienes tienen el deber de actuar contra los grupos armados, incluso los “paramilitares”, por ejemplo.

Del lado del Gobierno, los compromisos deberían reemplazarse por unos que puedan cumplirse y que sean visibles en el corto plazo. Uno de los defectos del primer cese bilateral era que los compromisos del gobierno fueron muy ambiguos, y sus efectos difíciles de percibir: por ejemplo, “(fortalecer) el llamado de sistema de alertas tempranas para que la protección a los líderes sociales se fortalezca…”. El lenguaje era opaco, y con un Estado tan lento como el colombiano, poco realista.

La importancia de la violencia contra líderes sociales sigue intacta. El Gobierno y el Eln podrían pedirle a una organización de su confianza que haga un diagnóstico sobre lo que ocurre con los líderes y lo entregue a la mesa para que sirva de insumo para el punto 1 o el punto 5. En su metodología, se podría llevar a cabo con miembros de ambas delegaciones, audiencias públicas con organizaciones sociales, locales, regionales y nacionales sobre qué hacer para mejorar la protección a los líderes sociales. El Estado tiene el deber de protegerlos con o sin cese bilateral. Alentar la democracia directa en este asunto tendría dos fines: convencer al grupo guerrillero de un nuevo cese con un asunto importante para él, y aumentar la confianza de la sociedad colombiana en el proceso de negociación después del golpe que acaba de recibir. Además, es cumplible dentro de seis meses, por ejemplo.

Una vez acordado el nuevo cese, se debería avanzar con la agenda propia y su primer punto,  la participación social. Este tema es fundamental para el Eln, pero la guerrilla tiene que tener claro un hecho esencial: es imposible llevar a cabo el mecanismo de participación sin cese bilateral. La mesa, por lo tanto, debería reflejar ese hecho como incentivo para buscar rápidamente un nuevo cese y empezar con la participación de las sociedades de las regiones. Finalmente, en un mundo ideal, el Eln rectificará su decisión de dejar terminar el cese al declarar una tregua unilateral hasta que se acuerde un nuevo cese bilateral, el claro reclamo del pueblo que está cansado de la guerra.

*Analista Senior para Colombia de International Crisis Group

Casualmente, la semana pasada estuve visitando la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá. Un espacio que acentuó mi desaprobación de la política criminal reaccionaria que se basa en la institucionalización del miedo y el aislamiento. Los balsámicos olores una vez se entra al establecimiento, los relatos de roedores merodeadores en las noches, los bloques de cemento generadores de un frío quiebra huesos, espacios asimilables a cajas de fósforo sin sol ni ventilación, la inexistencia de colchoneta y el valor para un acceso a esta, el recrudecimiento de la violencia física y psicológica, así como los patrones de dominio económico y relaciones de poder en este micro espacio, son parte del terror diario de aquellas personas privadas de la libertad. Este terror es el que merece ser contado para exhibir otra de las tantas realidades que nos son ajenas.

Vivimos en una sociedad selectiva que no solo jerarquiza, sino que estratifica mediante la existencia de grupos inferiores y superiores según una serie de características que terminan siendo tan solo ficciones. Al parecer, la población carcelaria pertenecería entonces a aquella población inferior residual a causa de la comisión de un crimen (o la acusación de haberlo cometido), cualquiera que este sea. Así, la persona condenada o sindicada es sinónimo de peligro, riesgo e inseguridad, y es el sentimiento de inseguridad el que nos aleja de la otredad.

Siguiendo a autores como Sharon Zukin, la política del miedo cotidiano se podría entender como aquella que corrompe y alimenta nuestra conocida cultura de violencia. El resultado de la fidelidad a una tal política son las propuestas que aún siguen siendo populares entre candidatos para las próximas elecciones del 27 de octubre.

¿Nuevas cárceles? No, esa no es la solución ante un comportamiento por fuera de la ley, ni ante el hacinamiento, siendo este una de las situaciones que han acarreado la declaración del estado de cosas de inconstitucionalidad (ECI) del Sistema Penitenciario y Carcelario por la Corte Constitucional en dos oportunidades (en 1998 y 2013).

Este tipo de respuesta es la herramienta previsible de dicha política del miedo, la cual va ligada a la necesidad de la compra de protección, el estímulo del crecimiento de la industria de la seguridad privada, y la militarización del espacio público. De su mano, las medidas de sanción penal se han basado en una estrategia émica, en los términos de Claude Lévi-Strauss en Tristes Trópicos. Con esto, las prisiones son una medida, de castigo y sujeción social, que ha logrado expulsar a quienes las componen, tras ser etiquetados como ajenos a o el residuo de. Por lo mismo, esta institución prevé el aislamiento físico, prohíbe el diálogo, quebranta los lazos familiares y todo tipo de relación social.

La seguridad y defensa de una comunidad no puede definirse mediante el establecimiento de guardias gigantes en la puerta de ingreso ante la cual el paso es denegado a aquellos considerados como malhechores. Se requiere una negociación de la vida en común y la no criminalización de las diferencias residuales, luego de comprender que las acciones de gran parte de quienes hoy están en un establecimiento carcelario corresponden a dinámicas socioeconómicas feroces que requieren transformación de carácter estructural.

Afrontar la crisis carcelaria implica también una reconstrucción de las formas de relacionamiento con quienes se encuentran privados.as de la libertad. Lo anterior, con el fin de contra atacar la segregación social y la delincuencia que este modelo genera, en oposición a su fin resocializador. Ejemplo de ello son iniciativas como las lideradas por la Fundación Acción Interna cuya misión se basa en creer en las segundas oportunidades. Para que lo vean con sus propios ojos, y si se encuentran en la ciudad de Cartagena, les invito a que vayan a la cárcel de mujeres de San Diego. Allí, esta Fundación promueve la reconstrucción de las relaciones entre las mujeres privadas de la libertad con la población no carcelaria, siendo las primeras quienes cocinan y atienden uno de los restaurantes más conocidos de la zona al día hoy. Por cada dos días de trabajo, obtienen una reducción de su pena. Este tipo de espacios son aquellos que entrevén y potencian las similitudes para apreciar la diferencia y edificar a partir de ello.

Con todo, un Estado que garantice la dignidad del ser humano y la democracia no puede ser un caldo de cultivo para la hostilidad, la exclusión, la aversión y el repudio de la otredad.

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Al conmemorarse una década de la intrépida operación militar vale la pena destacar algunos aspectos de Jaque.

1. Jaque puso en la cima moral al Ejército Nacional pues demostró, sin disparar un cartucho, que la inteligencia estratégica y operacional brinda una ventaja irreversible. Los ataques contra Jaque, que siempre se darán, provienen en gran medida de la espectacularidad del engaño concebido por la inteligencia técnica luego complementado por la inteligencia humana con el rescate de 15 seres humanos secuestrados, torturados y maltratados por años. Lo sé, Jaque es increíble, pero sucedió. Salvó muchas familias.

2. Lo curioso  es que la parte menos conocida de la Operación Jaque para los expertos es la más significativa: el engaño utilizado durante meses para mover y reunir a los secuestrados simulando técnicamente ser las Farc. Las evidencias físicas como lo encontrado en el computador de alias “Cesar” se encuentran bajo recaudo judicial y serán pieza esencial en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición respecto al tema prioritario del secuestro.

3. Jaque cumplió con un planeamiento, preparación y ejecución bajo el amparo del derecho constitucional operacional, el derecho administrativo y, claro está, el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.

4. Preparando estas letras conmemorativas tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los protagonistas directos de la operación y encontré un elemento común en sus testimonios: el compromiso con la vida de los secuestrados y el respeto por los adversarios engañados; hubiera sido demasiado fácil, pero perfido haber realizado una ofensiva bélica después del rescate. Eso en palabras de uno de los actores principales demuestra quién tuvo legitimidad en el accionar durante el conflicto. 

5. Jaque se dio diez años después de la retoma de Mitu y mostró el cambio  en el enfoque político militar por parte del Estado siendo el pináculo estratégico a nivel operacional. Si el 2002 marcó el comienzo del fin de las Farc políticamente amén del secuestro de un senador utilizando la zona de distinción, el 2008 demostró que en ninguna parte estarían seguros y que además por ausencia de mando y control no solo eran vulnerables, sino que se encontraban desvertebrados como organización, por lo menos en el territorio colombiano. 

6. Existen muchos mitos, cuestionamientos y percepciones frente a Jaque. Analizándolas en conjunto  se pueden describir desde las mismas aristas que existen para interpretar lo que sucede en una guerra asimétrica, irregular y degradada. Existieron al mismo tiempo muchos interesados en la libertad de Ingrid Betancur y muchos canales utilizados al mismo tiempo; por otro lado el gobierno americano recibía continua información sobre sus ciudadanos plagiados y ni qué decir de la actividad litigiosa diferencial de los abogados defensores de alias "Gafas" y "Cesar". Sin embargo, diez años después la única verdad es qué hay muchos seres humanos felices y tratando de reconstruir su vida después de Jaque; los héroes siguen en el anonimato y se espera que así sigan pues lograron, sin buscar protagonismo, lo que nadie había hecho en la historia de la guerra: configurar a nivel estratégico el engaño humanitario.

*Asesor y Consultor internacional. Perito en derecho operacional Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Emulando lecciones de muchos países, hemos avanzado en Colombia con instituciones como el CNMH, pero también con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, la Casa Museo de Memoria de Medellín, con iniciativas autónomas e independientes que se agrupan en la gran Red de Lugares de Memoria, con presupuestos en algunos municipios y departamentos para estos temas, y con lineamientos incluso desde el Ministerio de Cultura. No obstante, la no consolidación de una política pública para que este esfuerzo no tambalee según los cambios de gobierno ha producido escollos en muchos de estos proyectos y en su relación aún no clarificada con las iniciativas independientes. Ahora, además, esa falta de claridad da lugar a increíbles amenazas de que el CNMH se convertirá en un burdo aparato de propaganda a favor de las versiones que defienden los partidos de gobierno con recursos públicos que pueden ascender a 40 mil millones de pesos anuales.

Las políticas de la memoria no implican manipular la comprensión que hoy tenemos acerca de que la memoria histórica es un campo en disputa. Por el contrario, parten precisamente del reconocimiento del carácter político de los relatos que aprendimos nosotros y que terminarán aprendiendo nuestros hijos sobre lo que hemos vivido, y de la decisión de que éstos, en vez de construirse al antojo de “vencedores”, se construyan con el mayor apego a las evidencias pero con el respeto absoluto por la pluralidad, manteniéndolos cerrados a las mentiras pero abiertos a la discusión y a su interpretación. Ello con el objetivo de que, más allá de recordar o conmovernos, seamos capaces de movilizar siempre nuestro pensamiento y nuestra acción en función de una verdadera no repetición cimentada en el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos.

En vez de estar enredados en rumores sobre postulaciones que no cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo del director del Centro Nacional de Memoria Histórica, necesitamos avanzar hacia la superación de las limitaciones con que ha venido avanzado en la dirección correcta. Necesitamos hablar de mayor participación en las decisiones de ésta institución. Hablar del futuro de la misma considerando la existencia de la Comisión de la Verdad; del avance del Museo Nacional de la Memoria al que todavía no le vemos construcción y que se dijo que empezaría en octubre de 2018; de la recuperación de lugares que están regados en todo el país donde se han cometido torturas y asesinatos y que pueden ser dispuestos ahora a la educación y la cultura.

No queremos ver al partido de gobierno frotándose las manos para reescribir trabajos rigurosos que se han realizado. Necesitamos ver un mayor respaldo a la Comisión de la Verdad, y una mayor proyección del CNMH en labores que se reconfiguran a partir del Acuerdo de Paz, vinculadas con la divulgación, la pedagogía y la animación del pensamiento crítico con base en la reflexión sobre la violencia y el conflicto.

El soldado requiere de un nivel de consciencia superior, por ello  la educación y la prevención son  su antorcha y su destino. No cualquiera vive del honor y lo asume felizmente y con altura; el honor es un valor que sólo se encuentra reservado  para hombres y mujeres excepcionales, porque incluso los soldados por nosotros ¡si por nosotros¡ renuncian a ser ellos mismos; abandonándolo  casi todo, incluso familia,  por la gloria que significa  servir sin esperar nada a cambio. Pero igualmente no  cualquiera debe ser soldado; quién carece de valores y principios verdaderos o los tiene trastocados no debe uniformarse jamás; y  sí  lo ha hecho, no importando su grado, simplemente será un humano disfrazado.

No cualquiera debe ser soldado porque pocos están dispuestos a declinar ante riquezas materiales, libertades y privilegios, incluso a ver limitados algunos  derechos fundamentales por resguardar la civilidad. No cualquiera debe ser soldado porque ellos  son conscientes que son los primeros en rendir cuentas, siendo en extremo transparentes, honrados, honestos dignos e imparciales; además de prudentes, resilientes  y pausados,  sin dejarse jamás presionar para los designios de la Constitución abandonar. Por eso no cualquiera puede y debe ser soldado. Finalmente no todos pueden y deben ser soldados, porque ellos son los únicos que entienden bajo el fragor del fuego y la degradación propia de la ordalia, que el único propósito de la contienda desde hace tiempo, pasando por Cicerón, San Ambrosio y Aquino,  debe ser la paz.

El  soldado por si fuera poco es el único que comprende porque la vida del vencido es sagrada como la de la población civil. Para ser soldado de verdad, más allá del juramento,  se necesita conocer a fondo el significado  de mística,  servicio,  virtud, resignación y sentimiento;  para ser soldado  se requiere tener empatía con la comunidad y mucha  inteligencia emocional.  Tristemente en esta postmodernidad cada vez menos se encuentran personas dispuestas a sentir, pensar y actuar con un mínimo de coherencia, esa que  denominamos  esencial, la  que se necesita para vestirse de honor eterno.  Por eso no cualquiera puede y debe ser soldado. Ser soldado requiere de esa coherencia vital y esencial a la que se le denominará vocación porque no nace de la mente sino del corazón.

Para ese entonces el país venía de  sufrir una fuerte arremetida guerrillera durante la administración de Andrés Pastrana y comenzó a presentarse también  la expansión paramilitar a lo largo y ancho del territorio. En 2002, el 70 o 75% del total de municipios del país tenía presencia guerrillera importante y las ciudades capitales no escapaban a este fenómeno, al tiempo en que se intensificaban las masacres promovidas por las Autodefensas al mando de Carlos Castaño.  

Las cifras de la Federación Colombiana de Municipios indican que entre 1998 y 2002 fueron secuestrados 17 alcaldes, amenazados 554 y asesinados 54. La cifra de alcaldes que despacharon fuera de su municipio era de 300 en noviembre de 2002.

A partir de ese momento todo aquel que se atreviera a hablar de diálogo de paz o de invitar a una marcha en favor de esta causa, inmediatamente era tildado de aliado de la guerrilla. Aun así la movilización social durante los primeros seis años del mandato uribista, según estudios elaborados por el  Cinep, no cesó.  “Un total de 1.120 municipios del país (cifras del Dane), 554 sirvieron de escenario para las protestas.

La movilización social alcanzó en 2007 el mayor auge observado desde 1975, cuando se reportaron 800 protestas y en el año 2008 la cifra llegó a 950. Las capitales de los departamentos fueron las mayores concentradoras de las manifestaciones, debido a la visibilidad que poseen”.

Ante el constante señalamiento  a las protestas sociales en Colombia de estar infiltradas por la ilegalidad, voces de la misma sociedad civil pidieron respetar las manifestaciones públicas y colectivas como parte del conjunto de los derechos establecidos por la Constitución de 1991, en su artículo 37.

Hoy,  luego de que en Colombia fue posible hablar de diálogos de paz y tras la derrota del Sí en el plebiscito, la movilización social que en el pasado fue señalada de estar infiltrada por la ilegalidad, hoy tiene carta abierta para pedir la implementación de los Acuerdos de Paz, con el ánimo de evitar a toda costa que municipios y veredas en donde se ha vivido con mayor intensidad el conflicto armado, se vean expuestos a una nueva ola de violencia producto de una nueva guerra entre las Farc y el Estado.

Es así como en las últimas semanas, millones de personas se han manifestado en toda Colombia después de la estrecha victoria del No en el plebiscito, en las mayores movilizaciones que recuerde el país a favor de la paz.

Estas movilizaciones son motivadas por el cansancio de una guerra de décadas, a un costo humano bastante alto. Pero el resultado del plebiscito del domingo 2 de octubre, incluyendo la altísima abstención de 63 por ciento, lo puso en tela de juicio pese a la apretada diferencia de votos existente entre las opciones del Sí y el No.

Ante esta creciente movilización ciudadana en favor de la paz, Gobierno y Farc deben escuchar el clamor de estos miles de ciudadanos que se han manifestado en contra de que Colombia retorne a la guerra y nuestros territorios se vean inmersos en una especie de “No futuro”, evitando de paso que estos logren el progreso que durante décadas se les ha negado por el miedo a la violencia.

La estabilización del país tras la firma de una paz estable y duradera es un tema que no da espera, y es a la sociedad civil a quien le corresponde elevar esta exigencia al Gobierno Nacional y a las Farc, para que no permitan que lo logrado en materia de paz se caiga por dilaciones de la oposición política.

Las movilizaciones sociales que se han dado en las últimas semanas en favor de la paz, no deben cesar, por el contrario, estas deben aumentar en mayor cantidad en las distintas ciudades de Colombia, para que así quede demostrado que el número de personas que anhelan la paz es muchísimo mayor, al que se manifestó en contra de estas en el plebiscito.

*Óscar Sevillano

En múltiples aspectos de la vida pública, como los sociales, académicos, políticos e incluso en los medios de comunicación se está renunciando al debate técnico y argumentado, la política ha vencido; consecuencia, ya no importa la veracidad, tan solo la pugna por vender una idea ante la opinión, plena manifestación de la posverdad. Como resultado el país carece de soluciones tangibles, que se deriven de acuerdos esencialmente sociales y no necesariamente políticos.

Hoy estamos ante un panorama de transición sin transición, en ello no hace falta establecer culpas o culpables, ni recaer en el cliché de señalar al gobierno o al Estado como único culpable de absolutamente todo, ya que es una responsabilidad de la sociedad, como conjunto, en la que se comparten cargas, entre la administración, la oposición y los terceros apáticos, el momento actual no permite argumentos de ostracismo o inmunidad.

Al apreciar las evidencias históricas, se observa que un país no se construye a partir de radicalismos políticos, máxime cuando hemos presenciado y documentado el estrepitoso fracaso de las ideas y los modelos comunistas-socialistas; así como la incapacidad del sistema capitalista-neoliberal por resolver problemas graves y sentidos como el de la inequidad social y la concentración exagerada de la riqueza. Sin embargo, es mucho más difícil, pero conveniente, comprender que las sociedades prosperan más y mejor cuando se construyen desde el consenso y no desde la exclusión. Señores, el muro ya cayó y seguimos aferrados a sus ladrillos.  

Personalmente experimento un agotamiento frente a las formas y los discursos políticos que han totalizado el debate nacional, en particular los que propugnan por el mesianismo (de todos los sectores y partidos) y que han ayudado a nublar cualquier debate sensato. Las cosas no marchan bien y todo parece indicar que no van a terminar bien.

Seguro es, que el país acumula problemas serios y estructurales, que se han visto empantanados por el lobbismo y las agendas político-ideológicas, pero atención, esto no es un problema del gobierno actual, sino un asunto de raigambre histórica, que se ha manifestado, por lo menos, a lo largo de todo el siglo XX. Los mismos con las mismas y el país persiguiendo un debate que cambia de rostros y colores, pero que sigue procrastinando las soluciones de fondo. Conclusión, menos política más país.

jspachecoj@hotmail.com

Porque la polarización no sólo implica la orientación de posiciones en direcciones contrarias al punto de la difícil reconciliación. También significa la reducción de esas posiciones en supuestos binarios, y sobre todo, la concentración de la atención en los mismos y en la contradicción entre ellos. Los medios cumplen un rol tan importante en esa cadena que no se puede hablar hoy en el mundo de polarización sino como un fenómeno mediático, aunque exista y se exprese de muchos modos a nivel social.

El papel de algunos medios se ilustra bien con el modelo de atracción pugilístico que tienen varios programas de debate político. Aunque el boxeo ya no sea un deporte tan popular como antes, uno puede asistir a la recreación de varias peleas por radio y TV en un solo día. Por la mañana se podía escuchar hasta hace poco la campana del primer combate, literalmente, en el programa que conduce Hassan Nassar. Al medio día transmiten “El cuadrilátero W” con Vicky Dávila, donde también suena la campana de un ring de boxeo y donde incluso se puede ver la pantalla de la transmisión por Internet dividida en cuatro con un locutor apurado en cada una de ellas, como en las mejores contiendas por los campeonatos mundiales. Y por la noche, si uno quiere más, el mismo escenario con su correspondiente campana vuelve de nuevo en “Partida W”.

La preocupación sobre la polarización sin reconocimiento del papel y la responsabilidad de los medios implica una incoherencia denunciando el mismo problema del que se participa. Además, se enfoca en una polarización muchas veces ficticia que se desarrolla en escenarios donde importa el binarismo en sí porque sube el rating y no los verdaderos conflictos. Ello permite que se acepte sin mayores reproches la disonancia cognitiva con la que actúan ciertos personajes. Iván Duque, por ejemplo, hablaba en un último foro con candidatos presidenciales sobre polarización llamando a concentrarnos en el presente, al tiempo que se concentraba en el pasado de sus adversarios, para evadir el pasado de sus amigos, del mismo modo y en el sentido contrario. Vicky Dávila que hacía de árbitro más que de moderadora, obviamente no le podía decir nada porque de eso se trataba el deporte.

Según el discurso recurrente, la polarización vendría siendo algo así como una pandemia de la que son culpables exclusivamente los líderes políticos, y que significa que estamos divididos entre santistas y uribistas, izquierda y derecha, los del sí y los del no, y entre los que dicen que Venezuela es una dictadura y el resto. Gracias a la acción valiente de muchos parlamentarios hay también hoy una diferenciación importante entre los corruptos y los que no lo son, pero falta mucho para que los conflictos sociales silenciados por tanto tiempo tengan el lugar que les corresponde en lo que llaman esfera pública. Tales conflictos terminan reducidos al esquema promovido por el uribismo entre legalidad Vs ilegalidad y duran tanto en la agenda mediática como las películas colombianas independientes en la cartelera de Cine Colombia. Y aún ahí, en el segundo grado de importancia que les confieren, se les trata como problemas de polarización natural, como “refriegas”, “encontrones”, “rifirrafes”, sin que puedan posicionarse como preocupaciones generales. Sepultados bajo esa indiferencia inmoral están los muertos en Segovia y Remedios por la acción del ESMAD.

El conflicto no es contrario a la democracia, es su esencia. Hay democracia porque hay conflicto y para solucionar el conflicto. Consolidar esa oportunidad histórica requiere de muchos esfuerzos que también llaman a una responsabilidad de los medios en sus métodos y en sus concepciones. Acuérdense de Chéjov que decía que si pones una pistola en el escenario desde la primera escena, alguien tendrá que terminar disparando.

El 9 de enero de 1999, un grupo con las siglas AUC, entró en el caserío de Tigre, departamento de Putumayo. Ese día, en el pequeño parque del corregimiento al tío le descargaron una ráfaga de fúsil en la cabeza. Quedó irreconocible pero tuvo suerte, a otros les abrieron el vientre y les pusieron los genitales en la boca. Ahí, puede decirse, comenzó esta historia.

Al padre de Jeferson lo asesinaron en 1993, algunos años antes de su nacimiento. La investigación nunca avanzó en la Fiscalía, solo cinco tiros, esto es, cinco tiros anónimos. Tal vez de la guerrilla o de los paramilitares o del ejército. Cinco Tiros como cinco maldiciones desterraron a su esposa, viuda con cuatro niños, huyendo de Caquetá al Tigre, donde sucedió la masacre seis años después. Entonces acá comienza esta historia.

Aquel día de 1999, la gente recibió al ejército nacional entre júbilo y alborozo, sin saber lo que vendría en la noche. Mientras pasaba el día, la vía principal fue cortada desde Villagarzón, Putumayo, y silenciosamente los héroes de la patria abandonaron el pueblo a su suerte. Esto es, los héroes abandonando al pueblo a su suerte. Así es el comienzo de todas las masacres, también de esta, que ya es nuestra.  

Sacaron personas inocentes de sus casas, acusadas de guerrilleros. Cortaron cuellos sin pudor y fue en esa noche donde calló el tío, y el amigo del tío, y los amigos de los amigos, y también familiares de Jeferson. Durante toda la noche como en una danza macabra transcurrieron las torturas en el pequeño parque. Con el sol de la madrugada los verdugos marcharon, y tras la amenaza de volver en 24 horas, la viuda con sus hijos al hombro decidió huir, y acá comienza realmente esta historia: Jeferson huyendo con su familia.

Probaron suerte en Villagarzón, pero las cosas no salieron bien. Regresaron a Caquetá, lugar donde comenzó esta historia, al pueblo de Curillo. Allí, la hermana de Jeferson, adolescente de 14 años es acosada por los héroes aquellos que abandonaran al pueblo a su suerte. Las amenazas del ejército nacional sobre la menor son permanentes, como los hostigamientos a su casa y las acusaciones de guerrillera.

Para evitar la misma suerte del tío, de sus amigos y del caserío donde un día fueron felices, la madre desafiando a los dioses envió a su hija a otro pueblo de la zona intentando evitar el destino al parecer escrito en sangre. Pero la maldición de Tigre hubo de perseguirla hasta Solita, Caquetá.

Con el pasar del tiempo y uniendo versiones, Jeferson logró reconstruir el destino de su hermana: el ejército la ubicó y la secuestró. Luego la llevó hasta el lugar de las torturas, una casa abandonada en Solita. Por más de 48 horas estuvo retenida pero escapó disfrazada, y con ayuda de lugareños pasó los retenes de las AUC y el ejército nacional. Así llegó a La Dorada en Caldas. Después todo es oscuro, difuso, como esta historia.  

Desde el año 2000, fecha de la tragedia, o de la otra tragedia, ni Jeferson ni su madre recibieron noticias de Juri Milena Prado Murcia, solo versiones de ser perseguida sin tregua y sin descanso por el ejército nacional. Cuando la madre corrió a la Fiscalía le dijeron que, “seguramente anda en cosas de jóvenes, mi señora, en unos meses vuelve, no hay por qué preocuparse”. Por su parte, el ejército de los héroes de la patria fue más honesto: “eso les pasa por pobres y putas, por guerrilleras”. Y con el eco de estas palabras, ahora si comienza esta historia u otra tragedia, hija de las anteriores.    

Con la política Paz con Legalidad, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, el Gobierno Nacional está llegando a los 170 municipios más afectados por la violencia, la pobreza, la presencia de cultivos ilìcitos y la ausencia estatal. Los PDET son, sencillamente, una gran herramienta para transformar estos territorios.

Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, estos programas son el ejercicio de planeación participativa más grande en el mundo, promovido por un gobierno. En ellos, el Gobierno Nacional no impuso las soluciones a sus necesidades, fueron las comunidades las que se empoderaron en la construcción de visión de sus territorios para el futuro.

Estabilizar los territorios más afectados por la violencia requiere del compromiso decidido del Gobierno central, gobiernos locales, cooperantes internacionales, sector privado y comunidades. Si entre todos enfocamos nuestros esfuerzos en estas zonas, alcanzaremos la paz territorial. De lo contrario, corremos el riesgo de que la violenta vuelva a extenderse con todo el impacto que ello implica.

El programa Obras PDET de la Agencia de Renovación del Territorio - ART, que hace parte de los PDET, ha dispuesto más de 200 mil millones de pesos en la construcción de 1.200 obras de infraestructura de ágil ejecución, para mejorar la calidad de vida de las comunidades. La construcción de placa-huellas, parques, instalaciones deportivas, casetas comunitarias y paneles solares, entre otras, ha generado 3.200 empleos y han fortalecido cerca de 500 organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios y organizaciones productivas. Y se invertirán 173 mil millones para construir otras mil obras de este tipo, con lo que se espera fortalecer a nuevas 500 organizaciones.

Adicionalmente, con el mecanismo Obras por Impuestos, logramos que 62 grandes empresas construyan proyectos que generan desarrollo, por más de 467 mil millones de pesos. Este es un ejemplo del trabajo coordinado entre el Gobierno y el sector privado.

Igualmente, se han invertido $86 mil millones en el desarrollo de proyectos productivos de cacao, pimienta, fique, beneficiando a 12 mil familias en municipios PDET.

Los PDET son un ejercicio a 15 años, planeados con mucho rigor. Estamos llegando con obras para generar confianza, y así construir con las comunidades un proyecto integral de desarrollo en las zonas más afectadas por la violencia. Desde la ART vamos a seguir acompañando a las comunidades en el camino hacia la estabilización de los territorios, para alcanzar una realidad con equidad y oportunidades.

*Director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART

El punto V del Acuerdo Final además de la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de personas dadas como desaparecidas, aparecen otras instancias encargadas de acompañar ese trabajo, de hacer seguimiento y de aportar a que esas tareas respondan a las demandas que tienen las víctimas en su diversidad. En el acápite 5.2 del Acuerdo se hace referencia al ‘Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos’ y en el 5.2.3, específicamente, se hace referencia a la ‘Prevención y protección de los derechos humanos’. Es en este contexto en el que el Acuerdo establece la “[C]reación de una comisión asesora convocada por la Defensoría del Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz. La Defensoría del Pueblo y representantes de las organizaciones de derechos humanos acordarán su composición y funcionamiento.”

Este mandato general fue reglado por la Defensoría del Pueblo mediante Resolución 519 del 11 de abril del presente año, con la cual creó la Comisión como “órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional, las instituciones del Estado y las organizaciones de derechos humanos y paz” con el objeto de asesorar y formular recomendaciones técnicas al Estado y las organizaciones en materia de política pública en estos temas, con particular énfasis en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.

El Plan Nacional de Acción es un compromiso político –más no jurídico pues no proviene de un tratado internacional- adquirido por los Estados que respaldaron la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que se emitió en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y cuyo numeral 71 indica que “La Conferencia (…) recomienda que cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.”

Desde el gobierno de Ernesto Samper y luego en el de Andrés Pastrana se trabajó en el diseño del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, para lo cual durante varios años se realizaron mesas sectoriales a nivel nacional y local que abordaron los diversos temas que debía incluir ese Plan y que recogieron las inquietudes, reclamos y necesidades particulares de los grupos que directamente se verían impactados por un documento de política pública de esa naturaleza. Aunque hubo avances importantes y se logró recoger información valiosa, con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe al poder, la dinámica que había permitido estos avances, se vio impactada por el asesinato creciente de defensores de derechos humanos y líderes de diversos sectores y zonas, lo que hizo necesario congelar ese esfuerzo para crear lo que se conoció como la Mesa Nacional de Garantías que como lo indica su nombre, buscaba concentrarse en la creación de garantías que le permitieran a estas personas seguir ejerciendo su trabajo, su liderazgo y sus derechos de manera libre y segura. El asunto fue de tal magnitud en su momento, que el Plan desapareció de la agenda, para dar paso a la creación, en 2011, del Sistema Nacional de Derechos Humanos creado para generar una articulación interinstitucional en derechos humanos, que soportara las pretensiones de la Ley de Víctimas y contribuyera a ambientar las negociaciones de paz que iniciarían poco después. Solo en el marco de esas deliberaciones en La Habana es que el Plan Nacional de Acción vuelve a abordarse y que se habla de retomar ese ejercicio al que se había instado en Viena más de dos décadas atrás.

Hoy entonces, la recién conformada Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz está llamada a utilizar ese conocimiento técnico y su composición diversa -que busca reconocer los distintos enfoques involucrados- a promover que se impulse la expedición de ese Plan por tanto tiempo postergado y a que su contenido responda a los requerimientos de las poblaciones inmersas y que realmente recoja de viva voz esos reclamos y demandas que existen y que con seguridad se han transformado con el paso de los años.

El reto inmediato de esta Comisión será poder incidir desde el conocimiento técnico de los temas de derechos humanos y de los distintos enfoques diferenciales en la puesta en marcha de un compromiso muy antiguo de Colombia en esta materia. Sin embargo, el mayor desafío de su trabajo a mediano y largo plazo será entender el impacto de su gestión en el marco del proceso de construcción de paz que hoy –a pesar de tantas dificultades- se está viviendo en el país. Los criterios de prevención y protección de los derechos humanos deberán orientar el propósito último de la no repetición para que el trabajo del Sistema Integral creado por los Acuerdos, encuentre un respaldo con vocación de permanencia en la política pública y la institucionalidad ordinaria en derechos humanos. Y estará en manos de la Comisión saber incidir técnicamente en un momento en el que lo político transversaliza todo el devenir público en Colombia.

*Miembro principal de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz en representación de Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS de la Universidad de Los Andes.

Pero la JEP, y esto hay que decirlo sin tapujos, es prueba del terrible fracaso de la justicia ordinaria para cumplir con los estándares de lucha contra la impunidad en la era de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con hechos sucedidos en la guerra. A la JEP también es cierto no se le ve hasta ahora como un tribunal de reconciliación y paz por tantos problemas que nos aquejan como sociedad polarizada y  enferma y por los trasplantes hechos de los peores defectos de la justicia ordinaria; el origen de ciertos magistrados; problemas de corrupción; filtraciones especiales y la  politización a través de la presión de ciertos stakeholders, sobre todo extranjeros.

Pero esa JEP respecto a los agentes de estado uniformados (porque los demás agentes estatales terminaron evadiendo la rendición de cuentas no entendiendo el boomerang frente a la jurisdicción universal por ejemplo) resulta ser más garantista que esa justicia penal ordinaria de la cual se quejaron por décadas, pues basta revisar los textos de asociaciones como Acore, Acorpol, entre otras y sus sentidas y justas quejas. Esa justicia ordinaria además no entendía de DIH, ni de derecho operacional, ni mucho menos de doctrina militar. Y ni que decir de los reclamos militares durante años contra la Procuraduria General de la Nación por el  denominado  "Síndrome de la Procuraduria".

Hoy hay más de mil doscientos militares beneficiados por la JEP y en cercanía de sus familiares, bajo condicionamientos serios y acompañados por la comunidad internacional. Estos militares y policías, como los del sonado caso de la masacre de Mondoñedo, están dispuestos a pasar la página contribuyendo a entender la guerra negada. Estuvieron estos militares y policías otrora detenidos  en la guerra y cometieron errrores, otros horrores y están dispuestos a reconocer si es del caso lo que pasó en los términos hoy establecidos constitucionalmente, y ahora que fue sancionada la Ley estatutaria de la JEP todos esperamos que produzcan decisiones de fondo con eficacia y efectividad.

Por otro lado,  el Sistema Integral ha permitido que la sociedad y la comunidad internacional conozca el drama de miles  de miembros de las FFAA víctimas de la guerra, de los veteranos olvidados por el Estado y la sociedad durante décadas y el dolor de sus familias. Todo lo anterior no lo hubiera garantizado la justicia ordinaria, ni la contenciosa administrativa  con tantos yerros sobre la responsabilidad estatal por el conflicto armado, ni mucho menos  instancias administrativas o legislativas. Es hora de que la JEP demuestre que puede, pero  más allá es hora también de que la justicia ordinaria se actualice y entienda que la guerra continúa y todos los hechos relacionados con el conflicto armado luego del primero de diciembre del 2016 son de su competencia. Este escenario paradójico no lo hemos no entendido, ahora contamos con dos escenarios judiciales diferentes que tendrán que trabajar de la mano y de forma imbricada, pues la JEP seguramente empezará a fijar parámetros e interpretaciones que servirán en todo caso para resolver graves problemas que se siguen suscitando.

*Profesor titular Universidad Católica. Asesor y consultor internacional. 

En primer lugar, es fundamental que el Gobierno sea coherente con el discurso de diálogo y construcción de paz con enfoque territorial que promueve desde la mesa de negociación de La Habana. No puede suceder que el diálogo y la concertación sean la base de la construcción de acuerdos que pongan fin al conflicto armado, pero que no sean un referente para la tramitación de conflictos y protestas sociales.  Jean Paul Lederach ha dado luces importantes acerca de la concepción de construcción de paz; esta implica entender que los conflictos no se “finalizan” –como lo plantean el Gobierno y la oposición–, sino que se transforman. El resultado esperado de las negociaciones es transformar el conflicto armado en apertura política, mejores condiciones para la ruralidad del país y un nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Así mismo, los conflictos sociales deben tratarse desde la perspectiva de la transformación para lograr cambios institucionales, normativos y relacionales, que permitan solucionar las causas objetivas de los conflictos sociales en los territorios.

La segunda lección para el Gobierno es que un conflicto social latente y mal manejado se traduce en violencia colectiva con altísimos costos. Trece paros camioneros en los últimos quince años no son el resultado de una situación fortuita o coyuntural; son el resultado de años de incumplimiento y falta de seguimiento a acuerdos, de políticas públicas insuficientes y permisivas con la corrupción, que ayuda a explicar el problema de sobreoferta que aqueja al sector. Al pésimo manejo del ejecutivo se le suman los abusos por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD. Continúa la estigmatización de la protesta social, y para superarla se requiere la adopción del enfoque de seguridad humana en las tareas de control del orden público y manejo de la seguridad.

Del lado de la sociedad civil también hay lecciones importantes. Por un lado, se debe señalar que la protesta social como derecho no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, acciones que atenten contra los derechos de los demás o contra el interés general. Bloquear vías, atacar vehículos, lanzar piedras y papas bomba no son otra cosa que una forma de chantaje y vandalismo. Nuestros anhelos de paz deben venir acompañados de formas innovadoras y creativas de protesta, entre otras razones, porque las vías de hecho han probado ser útiles para llamar la atención de la institucionalidad, pero poco efectivas para proveer soluciones de fondo a las distintas demandas de la ciudadanía.

En términos de costos y beneficios, es evidente que el balance del paro es negativo: 2.5 billones de pesos en pérdidas económicas (Cifras de Fenalco), escases de alimentos en Boyacá y Nariño (este último incluyendo medicamentos), 977 licencias de vehículos de carga y 377 licencias de conducción suspendidas, entre otros. Teniendo en cuenta que los acuerdos logrados luego de cuarenta y cinco días de paro no se alejan mucho de las pretensiones y propuestas iniciales de Gobierno y transportadores, la pregunta es: ¿valía la pena paralizar al país con tan grandes pérdidas?

La última lección que nos deja este paro tiene que ver con los liderazgos sociales. Desde amenazas con bloquear la entrada de alimentos a las ciudades capitales hasta la destrucción de vehículos de carga ajenos al paro,  han hecho parte de las estrategias promovidas por algunos líderes camioneros para llamar la atención del Gobierno. Por si fuera poco, el vínculo de líderes camioneros como Pedro Aguilar con el cartel de la chatarrización llevan a preguntarse acerca de qué tan bien están representados los intereses de los pequeños propietarios de camiones. Es imperativo que generemos nuevos liderazgos, alejados de las lógicas de corrupción y de las posiciones radicales; se necesitan líderes que entiendan que las vías de hecho no funcionan y que el diálogo es la herramienta fundamental para el postconflicto. Debemos pasar de un modelo de diálogo basado en posiciones, a uno basado en intereses colectivos. Para el caso de los camioneros, su posición enfatizaba la necesidad de mantener la tabla de fletes, sin embargo, de haberse dado, esta intervención sobre el mercado hubiera generando mayor sobreoferta de vehículos, agudizando la problemática que se intentaba solucionar.

En gran medida, el éxito en este nuevo intento por construir paz en Colombia depende de nuestra capacidad de aprovechar el postconflicto para generar transformaciones sustantivas, no solamente en el ámbito formal de las leyes y las políticas públicas, sino también en la cotidianidad de la relación Estado-Comunidades. Las luchas sociales deben darse en el marco del respeto por el interés general, y el Gobierno debe atenderlas brindando todas las garantías para ejercer el derecho legítimo a la protesta.

*Alexader Riaño,  Coordinador de la línea de investigación de  Conflictos Asociados al Desarrollo, Fundación Paz y Reconciliación.