La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

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Un campamento de minería ilegal de gran escala, instalado sin ningún tipo de permiso en la Sierra Nevada de Santa Marta, dejó al descubierto el mayor punto de deforestación asociado a esta actividad en el Magdalena. El área intervenida, de aproximadamente cinco hectáreas, presenta un nivel de degradación ambiental considerado crítico por las autoridades.

El complejo fue ubicado en el sector de Cerro Lucano, en límites entre los municipios de Ciénaga y Zona Bananera, donde funcionaba una explotación aluvial de oro a cielo abierto con maquinaria pesada y operación sostenida. El hallazgo se dio en medio de un operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -Corpamag-, el CTI de la Fiscalía y el Ejército, que permitió desmantelar la infraestructura ilegal en una zona de difícil acceso, pero fuertemente intervenida.

Maquinaria y operación continua

En terreno, los técnicos evidenciaron una estructura completamente instalada. Dos retroexcavadoras sobre orugas, sistemas industriales de bombeo para la extracción de agua y adaptaciones para generación de energía sostenían la operación minera.

“Se trataba de una actividad completamente ilícita, sin título minero ni licencia ambiental”, explicó el subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag, Gustavo Valdés Pertuz, tras la inspección.

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Cinco hectáreas arrasadas

El balance técnico confirmó el arrasamiento total de la cobertura vegetal nativa, especialmente bosques riparios, fundamentales para la protección de las fuentes hídricas.

Además, se identificaron suelos abiertos en profundas excavaciones y zanjas, con una alteración severa del terreno que compromete la estabilidad del ecosistema.

Uno de los impactos más graves recae sobre el sistema hídrico. Durante la inspección se evidenciaron vertimientos constantes de lodos y sedimentos en cuerpos de agua, así como riesgo de contaminación por combustibles. Las fuentes hídricas presentan cambios visibles en su calidad, con pérdida de claridad y alteraciones en su dinámica natural.

Investigación y medidas en curso

Las autoridades ya identificaron los predios donde se desarrollaba la actividad ilegal y avanzan en la valoración de los daños para imponer medidas preventivas, incluida la suspensión inmediata de actividades. Este caso podría derivar en procesos penales por delitos como explotación ilícita de yacimientos, daño a los recursos naturales y ecocidio.

El llamado desde el territorio

Desde Corpamag reiteraron el llamado a las comunidades para denunciar este tipo de actividades, especialmente el ingreso de maquinaria pesada a zonas rurales.

“Es el mayor punto de deforestación por minería ilegal que hemos encontrado en el Magdalena. Necesitamos que la gente denuncie, ya que están ubicados en una zona de difícil acceso y el apoyo de la comunidad es fundamental”, señaló Valdés.

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El hallazgo confirma la magnitud con la que la minería ilegal sigue expandiéndose en la Sierra Nevada de Santa Marta, dejando impactos que, en pocos meses, transforman y causan daños irreversibles al territorio.

Sorprendidos

El viernes, cuando “The New York Times” confirmó que el nombre del presidente Gustavo Petro aparece en expedientes judiciales en Estados Unidos –sin que eso signifique que haya algún proceso en su contra–, se armó todo un revuelo en el Gobierno. Una información de esa magnitud no se esperaba, porque el siguiente paso en la normalización de relaciones entre Bogotá y la Casa Blanca era pedir el retiro del mandatario de la llamada lista Clinton. Tanto la Casa de Nariño como la Embajada en Washington están buscando el origen de las indagaciones. El momento electoral por el que atraviesa Colombia también es objeto de análisis tras esas revelaciones.

¿Lejos del estrés?

En la última semana fue tema de conversación en corrillos políticos el estado de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Había muchas versiones. Y el miércoles en la noche, durante la reunión de bancada de Cambio Radical –partido que salió golpeado de las pasadas elecciones legislativas–, el asunto fue parte de la conversación. Fuentes de esa colectividad confirmaron que había expectativa sobre el futuro inmediato del exfuncionario y jefe natural de esa fuerza, pero que los mensajes que llegaron desde su entorno, tanto en Colombia como en Estados Unidos, les dieron tranquilidad a los congresistas. En todo caso, la expectativa se mantiene porque una de las recomendaciones médicas es que evite escenarios de estrés, y la política es uno de ellos.

¿Y los colombianos?

En medio de las conversaciones que cada tanto se dan a nivel de Estado entre Colombia y Venezuela, llamó la atención de la Casa de Nariño un mensaje del Palacio de Miraflores en torno a un tema sensible. Desde Caracas se informó que en las cárceles venezolanas cada vez hay menos “presos políticos”, por lo que los colombianos que, según Bogotá podrían tener esa condición –y siguen detenidos–, quedan en una especie de limbo. La estadística no es clara sobre cuántos connacionales están presos en el país vecino, pero con la afirmación de la administración de Delcy Rodríguez se debe enfocar su atención consular en términos de justicia ordinaria. Sus familias piden que no se baje la guardia en el seguimiento a sus casos.

De paro en paro

La Política de Paz Total del presidente Gustavo Petro sigue estancada; y la oposición ya dice que “fracasó”. El caso es que la situación humanitaria de Chocó lo refleja. En lo que va de la actual administración se han contabilizado al menos 12 paros armados, que no son otra cosa que acciones criminales que constriñen a la población civil. De esas, el grueso las ha perpetrado el ELN, precisamente una de las organizaciones con las que el Ejecutivo ha tendido puentes de diálogo. La inteligencia oficial y las autoridades departamentales han encontrado que cada vez que hay un episodio de estos, lo que se busca es mover cocaína o cuadrillas armadas. En campaña el mandatario dijo –según él– que en tres meses desarmaba a los elenos; ahora solo restan cinco meses de mandato y eso no pasó.

En veremos

La asamblea constituyente que promueve la Casa de Nariño se está desinflando en la campaña presidencial de su ungido. Resulta que el candidato Iván Cepeda y el grueso de sus asesores no la ven como una acción prioritaria si llegan al Gobierno; además, por ser un tema tan polémico, genera resistencia en sectores de centro a los que se busca atraer hacia estas toldas de cara a la primera vuelta. El aterrizaje de Juan Fernando Cristo tiene ese objetivo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro no descarta mantener viva su propuesta y personas de su entorno dicen que es la base de un proyecto de más largo aliento que se consolidaría una vez deje el poder el 7 de agosto próximo.

Muy cotizada

Esta semana corrió con fuerza en varios medios que Sergio Fajardo ya tendría en la mira a Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, como su eventual ministra de Ambiente si llega a la Casa de Nariño. Lo que no se ha dicho es que ese mismo ofrecimiento no es exclusivo: otras campañas presidenciales también la han tanteado con la misma intención. En los círculos de opinión la lectura es clara: Baptiste se volvió una ficha atractiva en distintos sectores, capaz de cruzar orillas sin mayores resistencias. Su nombre gusta en toldas multicolores.

Sintético

Esta semana James Rodríguez habló de una dolencia física por los entrenamientos que tiene que hacer en cancha sintética en su nuevo club, el Minnesota United, de la liga profesional estadounidense. Varios analistas lo criticaron por la falta de continuidad en su juego, pero un allegado al 10 de la selección Colombia nos explicó que se trató de un comentario que tiene que ver con su plan preventivo de lesiones de cara a consolidarse en ese equipo y al Mundial de Fútbol de mitad de año, teniendo en cuenta que el próximo 12 de julio cumple 35 años. Ya en la Liga mexicana había evadido canchas sintéticas cuando jugaba en el León. Y nos contó un dato curioso: uno de los primeros negocios en que invirtió James es un complejo de canchas sintéticas de fútbol en Ibagué llamadas Top 10. Quedan en la vía a Calambeo, y allá la zona social está decorada con camisetas originales de la selección Colombia, del Porto, del Mónaco, del Real Madrid; una con el número 7, que le obsequió a James Cristiano Ronaldo “con cariño”; la que David Luiz le regaló para calmar su llanto el día en que Brasil eliminó a Colombia en el Mundial de Brasil, y una de Touré Yaya. También hay memorabilia de sus compañeros de selección, por ejemplo una 9 de Falcao y los guantes autografiados de su excuñado David Ospina.

El trasteo

Luego de su tercer triunfo como profesional del circuito PGA, ganando una bolsa de más de USD 1.700.000, el colombiano Nicolás Echavarría se trasteó a Jupiter, poblado ubicado 90 millas al norte de Miami, condado de Palm Beach, en Florida. Allí se van a vivir los golfistas más reconocidos de la gira estadounidense, porque cuenta con las mejores condiciones de clima y canchas de entrenamiento. Es la sede de su amigo y consejero Camilo Villegas, así como de las actuales estrellas del deporte Rory McIlroy, Justin Thomas, Dustin Johnson y Patrick Cantlay, por citar algunos, incluso de leyendas como Tiger Woods. Todos se encuentran en el restaurante de este último, el Woods Jupiter, o para practicar en el Bears Club. No hay que olvidar que Nicolás es hijo del expresidente de Valores Bancolombia Emilio Echavarría, y sobrino del exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría. El próximo reto deportivo de Echavarría hijo es el legendario Masters de Augusta, la segunda semana de abril.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

El apartamento de Roa (el de Ecopetrol) tuvieron que remodelarlo, porque se lo vendieron crudo.

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El exministro Cristo se entregó antes del Viernes Santo.

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¿Y acaso Delcy Rodríguez no era la ahijada de Padrino?

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¿Será que a Diosdado lo salva un Cabello?

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Los del Nuevo Liberalismo quedaron como el afiche de Galán, con la boca abierta y los crespos hechos.

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Debió regresar a París y quedó Ingrid… ma.

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El paramilitarismo en Colombia no puede entenderse como un fenómeno localizado en una región específica ni como una respuesta aislada a la insurgencia. Su origen está ligado a una compleja confluencia de intereses políticos, económicos y sociales en medio de contextos de violencia generalizada. Tal como lo señaló la Comisión de la Verdad en 2022, no se trata únicamente de una estructura armada, sino de “un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos”. En ese sentido, el paramilitarismo surgió como una forma de acción contrainsurgente, pero también como un mecanismo de control territorial y social con múltiples actores involucrados.

Esta lectura histórica ha sido reforzada por expertos que han estudiado el fenómeno en perspectiva comparada. En diálogo con El Espectador, Alejandro Valencia, comisionado de la Comisión Verdad, señaló que uno de los hallazgos centrales del informe es que “no se le puede endilgar a un solo actor” ni a una región específica, pues el paramilitarismo fue “un sinnúmero de relaciones que se fueron tejiendo” entre élites políticas, narcotraficantes, fuerza pública y actores locales en todo el país. Esa configuración, que varió en el tiempo y en los territorios, refuerza la idea de un entramado nacional. Incluso en sus primeras expresiones, más que un origen localizado, hubo múltiples focos simultáneos que respondieron a dinámicas de poder.

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Entre los analistas del conflicto armado o historiadores, existe el consenso de reconocer que, incluso antes de la irrupción de los grupos guerrilleros en los años 60, ya existían expresiones de violencia que hoy pueden interpretarse como antecedentes del paramilitarismo. Durante la violencia partidista, grupos como los “pájaros”, los “chulavitas” o los “limpios” ejecutaron prácticas de persecución, despojo de tierras y eliminación de opositores. Estas acciones, aunque no estaban formalizadas como estructuras paramilitares, compartían lógicas similares de guerra sucia. Con la consolidación de los grupos insurgentes, estas dinámicas se reconfiguraron y dieron lugar a nuevas formas de respuesta desde el Estado y el poder.

En 1962, ocaso del gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo, el Ejército diseñó el Plan de Operaciones Lazo, un documento que buscaba enfrentar las primeras manifestaciones insurgentes mediante acciones militares y civiles. Este plan incluyó estrategias de inteligencia y logística para intervenir territorios considerados focos de subversión. Su objetivo era eliminar a los llamados “bandoleros” y prevenir la expansión de grupos armados. En ese contexto sociopolítico, comenzó a consolidarse una visión de seguridad nacional que integraba a distintos actores en la lucha contra la insurgencia, sentando las bases de futuras alianzas entre civiles y fuerzas militares.

Luego, durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, el Estado de Sitio permitió la expedición de normas orientadas a fortalecer la defensa nacional. Influenciadas por la doctrina anticomunista impulsada desde Estados Unidos, estas políticas consolidaron la idea del “enemigo interno”. En ese marco, se promovió la acción cívico-militar como una estrategia para enfrentar a las guerrillas. Esta concepción no solo involucró a las Fuerzas Armadas, sino también a sectores civiles, económicos y políticos, ampliando el espectro de actores en la confrontación. Así, se institucionalizó una lógica de cooperación que abriría la puerta a formas más difusas de participación armada.

Dos normas resultaron clave en este proceso: el decreto 1381 de 1963, que creó el Comité Nacional de Acción Cívico Militar, y el decreto 3398 de 1965, que organizó la defensa nacional. Este último estableció la obligación de ciudadanos y empresas de colaborar con la lucha contrainsurgente. Además, permitió que civiles accedieran a armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, con autorización estatal. Esta disposición representó un punto de inflexión, pues legitimó la participación armada de actores no estatales. Más tarde, en el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo, a través de la ley 48 de 1968 estos y otros decretos se convirtieron en legislación permanente. Solo hasta 1989 la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional desde la convicción de que se había convertido en una fachada para el paramilitarismo.

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Sin embargo, cuando el alto tribunal adoptó esa decisión en medio del embate del narcoparamilitarismo en 1989, mucha sangre ya había corrido en los territorios sin suficiente claridad respecto de sus orígenes. Durante las décadas previas, el Estado de Sitio otorgó amplios poderes a las Fuerzas Armadas, especialmente en materia judicial, lo que facilitó prácticas extralegales. Gobiernos como los de Misael Pastrana y Alfonso López enfrentaron un crecimiento sostenido de la insurgencia, mientras se fortalecían respuestas contrainsurgentes cada vez más agresivas. En ese contexto, la falta de controles efectivos permitió la expansión de estructuras armadas ilegales que operaban con distintos niveles de tolerancia institucional.

El Estatuto de Seguridad de 1978, promulgado durante el gobierno de Julio César Turbay, profundizó estas dinámicas al otorgar mayores facultades a las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia. Aunque buscaba contener la expansión guerrillera, no logró reducirla y, por el contrario, coincidió con el aumento de acciones contrainsurgentes. En el discurso oficial predominó el negacionismo frente a la existencia del paramilitarismo, incluso al punto de referirse a estos grupos como “los mal llamados paramilitares”. Esta postura dificultó el reconocimiento del fenómeno y retrasó las respuestas institucionales frente a su crecimiento y agresividad.

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Hasta que sobrevino un capítulo de violencia que mostró el calibre del dilema no resuelto. A finales de 1981 fue secuestrada por el M-19 en Medellín la estudiante Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez, tres narcotraficantes y aliados de un adinerado personaje que posaba como político y benefactor público: Pablo Escobar Gaviria. Este grupo no solo persiguió a insurgentes, sino también a abogados y líderes de izquierda. La creación del MAS evidenció la consolidación de una justicia privada armada, con respaldo económico y conexiones con sectores de poder. Su accionar dejó en evidencia la existencia de estructuras paralelas que operaban al margen de la ley.

El MAS se expandió rápidamente y se convirtió en símbolo de la guerra sucia en Colombia. En medio de la alarma social, fue Gabriel García Márquez desde las páginas de El Espectador, quien llamó las cosas por su nombre: “El MAS es un grupo organizado para combatir acciones políticas con métodos ilegales y matar a los opositores del sistema”. Con el cambio de gobierno, llegó Belisario Betancur, con su política de promover diálogos de paz. El primer obstáculo fue justamente la acción del MAS. Betancur le pidió al procurador Carlos Jiménez desenmascarar esta organización, y su informe divulgado en 1983 provocó una crisis, al vicular dineros del narcotráfico y el apoyo de oficiales de las Fuerzas Armadas a esta estructura de violencia.

A finales de la década de 1980, la violencia se intensificó en medio de la expansión del paramilitarismo y el narcotráfico. La elección popular de alcaldes en 1988 desencadenó ataques contra la Unión Patriótica. En respuesta, el gobierno de Virgilio Barco expidió el Estatuto para la Defensa de la Democracia con el deliberado propósito de fortalecer el Estado en su lucha conjunta contra los grupos guerrilleros, el paramilitarismo y el narcotráfico. La norma permitió la creación de los jueces de orden público, y una de esas funcionarias, la juez Martha Lucía González, reveló a la justicia el modus operandi de una de las organizaciones del paramilitarismo.

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La jueza González constató que a través de la fachada de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), se estructuró una organización paramilitar, con el respaldo de unidades militares y de policía, el apoyo de funcionarios públicos y los dineros de tres capos de la droga: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño. La juez tuvo que salir exiliada y, como no pudieron matarla, asesinaron a su padre, Álvaro González, y a la jueza María Helena Díaz. La justicia reaccionó creando una comisión de investigadores para esclarecer el foco de paramilitarismo, y doce integrantes de esa comisión judicial fueron asesinados en la masacre de La Rochela en enero de 1989.

Ese fue el preámbulo de un año aterrador en el que el narcoparamilitarismo desbordó sus cauces. En medio de magnicidios, carrobombas y masacres fue que la Corte Suprema declaró inexequibles los decretos y normas de los años 60 que habían involucrado a civiles en la acción de defensa de los territorios. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, el gobierno Barco admitió en el Congreso la existencia de esos grupos de justicia privada, en medio de revelaciones de alto calibre, como la contratación de mercenarios israelíes, británicos y sudafricanos para entrenar a esas organizaciones en el Magdalena Medio. Sin embargo, con la irrupción del gobierno de César Gaviria, la prioridad fue enfrentar a Pablo Escobar.

Entonces, en medio de la ofensiva oficial, surgió el paramilitarismo para contener al más incorregible. Los antiguos aliados de Escobar se unieron bajo la organización clandestina de Los Pepes, que decidieron enfrentar al capo del cartel de Medellín con sus mismas armas. Por cada atentado de Escobar, ocurrió un asesinato de sus allegados. Al final el capo murió baleado en diciembre de 1993 en el tejado de una casa de Medellín, y aunque la Policía se atribuyó la acción y todo el esquema de ofensiva contra el capo, tras bambalinas también ganaron Los Pepes, que no fueron otros que la Casa Castaño, el cartel de Cali y otros asociados del narcoparamilitarismo.

Antes de concluir el gobierno Gaviria se expidió el decreto ley 356 de 1994 que, bajo el contexto de la seguridad privada, permitió la creación de las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir). En pocas palabras, reeditó la ya conocida fachada de protección legal al paramilitarismo. La norma fue reglamentada en el gobierno Samper y algunos Pepes y otros aliados pasaron a ser un componente del Estado en su lucha contrainsurgente. Dos años después, la Corte Constitucional les puso unas condiciones que no pudieron cumplir, pero ya habían mutado al ritmo de la guerra a una expresión mucho más violenta. Para 1997, Carlos Castaño concretó la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En ese momento quedó claro que el paramilitarismo tenía expresiones de violencia en distintas regiones, con las posibilidades de incidir en los destinos de los municipios a través de la cooptación de recursos y las alianzas con políticos. Su crecimiento coincidió con un aumento significativo de la violencia. Según el informe “¡Basta ya!” del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1996 y 2005 se alcanzaron los niveles más altos de victimización. El paramilitarismo, organizado en bloques regionales, fue responsable de gran parte de las masacres y desplazamientos. Su capacidad de incidir en la política local y en la economía consolidó su poder en amplias zonas del país.

Por eso, y en medio de estas complejidades, hay datos claves para resaltar. Por ejemplo, que se trató de un fenómeno nacional, y que “reducirlo a una región es una simplificación de un contexto supremamente difícil”, como lo explicó Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas y miembro del grupo de expertos, académicos e historiadores que integraron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. En esa misma línea, Juan Ugarriza Uribe, profesor del Rosario y miembro del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Conflicto y Paz, insistió en que nunca se trató de un fenómeno con una cuna regional, sino “una decisión de Estado con sus tres poderes públicos aprobando que los civiles hicieran parte del conflicto”.

(En contexto: Pablo Escobar y la historia de la noticia que marcó su muerte política)

Estas mismas advertencias las explicó Andrés Macías, doctor en Estudios de Paz y Conflicto y profesor de la Universidad Externado. Para el experto, la idea de ubicar el paramilitarismo en una sola región desconoce su carácter desigual y extendido: “Este fenómeno no se puede reducir a un solo departamento”. Entre otras razones porque “tampoco ocurrió de la misma manera ni al mismo tiempo en todo Antioquia”, puntualizó Macías en diálogo con este diario. A su juicio, esa asociación responde más a disputas políticas que a evidencia histórica, en la medida en que la visibilidad de ciertos territorios ha distorsionado la comprensión del fenómeno, que en realidad se desarrolló con lógicas similares en distintas regiones del país.

Por su parte, el comisionado Alejandro Valencia señaló que muchas de las interpretaciones actuales parten de lecturas incompletas o interesadas de la historia, que omiten la complejidad de los actores involucrados. En su análisis, el problema no es solo de interpretación, sino de uso: el paramilitarismo ha sido explicado como si respondiera a una única lógica, cuando en realidad fue “un sinnúmero de relaciones que se fueron tejiendo” entre distintos sectores. Esa simplificación, advierte, facilita que el fenómeno sea utilizado en el debate público sin atender a su verdadera dimensión histórica y estructural.

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Al respecto, el profesor Juan Ugarriza agregó que en estas disputas por la historia también está en juego el uso selectivo de la memoria del conflicto: “Se usan de manera selectiva cosas que son reales (…) pero se utilizan como arma arrojadiza, editando el contexto”. En ese proceso, agrega, “esas medias verdades terminan siendo mentiras”, en la medida en que se omiten elementos fundamentales del contexto histórico. Para Ugarriza, esta práctica no busca necesariamente esclarecer el pasado, sino posicionar narrativas que resultan funcionales a disputas políticas actuales. Por eso, concluye el experto, en lugar de contribuir a una comprensión más amplia, el uso político de la historia termina reduciendo su alcance y complejidad.

En 2002, de un proceso de paz fallido con las Farc en la era Pastrana y de violencia desbordada, el gobierno Uribe optó por una cuestionada negociación con el paramilitarismo que permitió la expedición de la ley de Justicia y Paz. Y como estaba anunciado, en medio de los reclamos de las víctimas de estas organizaciones, empezaron a aflorar verdades que, como un iceberg, por lógica se volvieron contra el Estado, las Fuerzas Armadas y la clase política. El escándalo de la parapolítica confirmó lo que la sociedad se negaba a aceptar: que, en muchas regiones de Colombia, el paramilitarismo había crecido al amparo de las autoridades civiles y militares, los dirigentes políticos y otros sectores del poder económico y social.

En la otra orilla de la guerra, las Farc optaron por una negociación de paz con el gobierno Santos, con suficientes evidencias de que también incurrieron en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La Justicia Especial de Paz (JEP) hoy se encarga de mostrar al país el alcance de esa violencia y trata de llegar al fondo de las verdades del paramilitarismo y de las Fuerzas Armadas en la misma guerra. Pero hoy, casi 70 años después del comienzo del actuar insurgente y de la reacción antisubversiva, es claro que, para ir a la génesis de ambas expresiones de violencia contra la población civil no combatiente, más que en territorios específicos, hay que buscar en las entrañas del poder político, económico y social para identificar los detonantes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El presidente Petro denunció un ataque militar a territorio colombiano desde Ecuador mediante bombardeos sobre supuestos laboratorios de cocaína en la frontera. El presidente Noboa respondió a esas declaraciones eran “falsas”. Esta crisis entre los dos países, imposible de imaginar hasta hace poco tiempo, ¿podría escalar?

Me parece que es importante separar la pregunta en dos premisas: una cosa es la crisis creciente entre Ecuador y Colombia, que viene alimentándose hace tiempo; y otra, el bombardeo y la denuncia de Petro. La bomba encontrada en el lado colombiano de la frontera, es un problema, y se espera el esclarecimiento de los hechos. Aunque el presidente Noboa ha desmentido esa denuncia, la evidencia muestra que el artefacto explosivo es de propiedad ecuatoriana y también ha cambiado la posición de las Fuerzas Armadas de este país. Hoy ya se habla de una comisión para verificar el caso y se plantean dos hipótesis: que se trataría de un error o de un “rebote”. Lo que sí es claro es que el gobierno de Noboa, en alianza con inteligencia militar de Estados Unidos, ha posicionado las organizaciones “narcoterroristas” y sus redes como enemigos importantes de la región. Y que, bajo esta premisa, Ecuador activó, a inicios de marzo, la operación Exterminio Total bombardeando un pueblo de la provincia de Sucumbíos, frontera con Colombia, con un saldo de 27 cuerpos calcinados.

La información sobre 27 cuerpos calcinados también ha sido replicada por el presidente colombiano, pero aquí se ha negado su veracidad. En Ecuador, ¿está confirmada la noticia y por quién?

Es noticia en los medios de comunicación, pero, particularmente, el medio digital GK (de periodismo de investigación) publicó un reportaje con visitas en campo, en que se plantea que ese hallazgo es un hecho, pero ejecutado en el lado de Ecuador. De todos modos, también hay denuncias, en Colombia, sobre bombardeos ocurridos antes de marzo, ligados a iniciativas opacas que se produjeron en momentos en que las fuerzas militares de Estados Unidos han regresado a Ecuador con el argumento ya dicho: que vienen a servir de apoyo para combatir el “narcoterrorismo”. Así que, entre la bomba encontrada ahora y los posibles bombardeos anteriores, habría una acción sistemática que pondría en evidencia una intencionalidad reprochable de Ecuador, dadas las relaciones tradicionales de cooperación y paz con Colombia.

Precisamente, la denuncia de Petro coincide, en el tiempo, con el desarrollo de las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador, en la frontera con Colombia. Si a ese señalamiento se añaden las fotos de la bomba caída en este lado, podría pensarse que hay verdades por descubrir. Esos indicios, ¿son suficientes para darle credibilidad a los presuntos operativos extranjeros sobre territorio colombiano y habría riesgo de que las tensiones se profundicen hasta llegar a una confrontación armada?

En otro momento habría resultado difícil imaginar una escalada militar. No ocurrió en 2008, cuando Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe y también con apoyo de la inteligencia militar de Estados Unidos, bombardeó un campamento de las FARC en Angostura, Ecuador (provincia de Esmeraldas), para atacar al guerrillero Raúl Reyes, lo que provocó una crisis diplomática y la ruptura de relaciones entre nuestros países. Sin embargo, esta es una época distinta y la probabilidad de una confrontación militar proviene de otro contexto: más allá de la bomba hallada en suelo colombiano, es un hecho que existe una alianza del gobierno Noboa con el de Trump, un presidente que promueve la creciente escalada de narrativas y acciones de guerra, en la cual, los gobiernos progresistas y de izquierda constituyen una amenaza para sus intereses.

Entonces, ¿cree que Trump escoge gobiernos latinoamericanos o los desecha según su tendencia política?

Sí, entre otras razones. No hay que minimizar la enorme presión que Trump ejerce sobre la región latinoamericana, en general. Por un lado, invadió Venezuela, amenaza a Cuba y critica al gobierno de Petro; y por el otro, presiona a Estados con gobiernos subordinados para que entren en la lógica de la guerra, reconozcan amenazas donde no las hay y se “preparen” mediante la compra masiva de armas del complejo militar industrial de Estados Unidos, una de las bases de su economía.

¿Noboa preside un gobierno “subordinado” al de Trump?

Sí, totalmente.

Sobre el artefacto explosivo encontrado, se ha establecido que es de origen estadounidense (Mark-82) y que existe en el armamento de las fuerzas militares de Ecuador. El ejército de su país, ¿puede ejecutar un ataque aéreo con ese tipo de bombas? La pregunta surge por cuanto el gobierno ecuatoriano ha sostenido que no tiene capacidad para realizar ese tipo de lanzamientos.

Desconozco esa información, pero, actualmente, la capacidad militar del Ecuador está creciendo bajo el paraguas de los tratados entre los dos países y la alianza con las fuerzas de Estados Unidos. La propuesta Exterminio Total que mencioné antes pone mucho énfasis en el uso de armamento pesado, completamente desproporcionado, en contra de sujetos y territorios que deberían ser contenidos con otras acciones e inteligencia policial.

¿Qué es la operación Exterminio Total? ¿En qué consiste y cuánto hace que fue activada?

Exterminio Total ha llamado el gobierno Noboa a la estrategia de combate y eliminación de los grupos de delincuencia organizada, hoy definidos, insisto, con el término “narcoterroristas”. Pero hay muy poca información sobre la misma y lo que se sabe al respecto es poco claro. Ese programa tiene la misma dinámica del llamado Plan Fénix que activó Noboa al inicio de su administración para hacerle frente a la escalada de la violencia, pero sobre el cual tampoco conocemos indicadores, resultados o cifras. Con la operación Exterminio Total se ha reforzado la alianza entre el gobierno Noboa y Estados Unidos en materia de cooperación militar. En ese marco se instauró el toque de queda en las provincias de la costa y se ha planteado que se exterminarán las economías ilegales presentes en esas regiones.

Según lo que ha sostenido el presidente de Ecuador, ¿cuánta responsabilidad le cabría al gobierno colombiano en los hechos violentos que se han acrecentado en ese lado de la frontera?

Es difícil medir la responsabilidad del gobierno de Colombia. Sin duda, debe haber errores en la política de contención de las economías ilegales y del narcotráfico. No obstante, hay que considerar que estamos frente a un poder regional y una fuerza logística ilegal que no tiene precedentes en la historia. Este es un fenómeno de carácter global. Justamente debido a esas características, el ejercicio de contención y control de las economías ilícitas debería ser de largo aliento, de cooperación internacional y de inteligencia regional. Para lograrlo, se necesita una política exterior fuerte, relaciones de cooperación y propuestas de reforzamiento del derecho internacional; no confrontaciones armadas o “guerras comerciales”.

Este pico de la crisis colombo-ecuatoriana se da días después de otra alianza que Trump creó y anunció hace unos días: Cumbre Escudo de las Américas, como la llamó. A su acto inaugural invitó a 12 mandatarios latinoamericanos, entre ellos, a Noboa. Se trataría de una asociación para crear una “coalición anticarteles” y “atacar narcoterroristas”. Fueron excluidos los presidentes de Colombia, Brasil y México. ¿El ataque en la frontera puede enmarcarse en los objetivos de esa alianza? Y, ¿Cómo afectarían la seguridad y soberanía de Colombia?

Sin duda, la Cumbre Escudo de las Américas hace parte de los propósitos de Trump articulados con el secuestro de Maduro en Venezuela, el cerco a Cuba y los bombardeos a lanchas en el Caribe. Hay una intención deliberada que sigue el patrón realizado, también, con Europa y la OTAN, de reforzar las posiciones conservadoras, animar las narrativas belicistas y empujar el rearme de los Estados. Con ello, reaviva, como dije, la economía nacional vinculada al complejo militar e industrial norteamericano. En esa dinámica, los gobiernos de Argentina y Ecuador, entre otros, se subordinan a los intereses de Estados Unidos y, con ellos, arrastran a sus sociedades en conjunto.

La cercanía de Ecuador con los intereses de Estados Unidos, ¿es notoria y reconocida? ¿En cuáles actos del gobierno se harían evidentes?

Ya se han firmado entre los dos países, no uno, sino varios acuerdos militares: se permitió la reinstalación de bases militares estadounidenses, a pesar de que nuestra Constitución lo prohíbe; se autorizó la apertura de una oficina del FBI y, recientemente, se firmó un acuerdo con Palantir, una empresa famosa que procesa datos con fines militares. Frente a una posible pérdida o extensión de la guerra en Irán, la estrategia de Trump gira hacia América Latina con más fuerza.

El acuerdo con la firma Palantir, ¿en qué consiste?

Lo que sabemos de Palantir es que procesa la información del Big Data (macrodatos) que producen en los teléfonos y máquinas tecnológicas de nuestros territorios. A partir de esa información extraída, se toman definiciones en materia de estrategias militares, gubernamentales y de intervención. Ese sistema se ha usado, en Estados Unidos, para perseguir a migrantes y, en Gaza, para eliminar gazatíes. Teniendo en cuenta esos dos ejemplos que le acabo de dar, el futuro sobre lo que pueda ocurrir en Ecuador y sobre una probable confrontación entre nuestros dos países, es tremendamente grave, no solo por sus implicaciones militares, sino también por las consecuencias que se puedan producir en el campo de la soberanía nacional y los derechos humanos.

De acuerdo con lo que usted dice, y aunque no tuvieron tanto despliegue mediático, Trump mencionó, como otros objetivos de Escudo de las Américas: “ponerle fin a la inmigración ilegal masiva y a la injerencia extranjera en el hemisferio”. ¿Cuál es su lectura sobre estos propósitos?

Las acciones de Trump en contra de los inmigrantes son complejas, pues recogen una vieja demanda de sus bases electorales y del nacionalismo conservador. Se trata de una idea trasnochada que pone en riesgo su economía y la economía de los países latinoamericanos que dependen de las remesas, como Ecuador y El Salvador. Entonces, el combate a la inmigración, que hace parte de sus promesas de campaña, tendrá efectos complejos para la región. Sobre “la injerencia extranjera en el hemisferio”, esta se enfoca en expulsar a China de América Latina. Es una propuesta con efectos dudosos porque China se ha convertido en uno de los principales socios de inversión en este lado del continente.

Las tensiones Ecuador – Colombia se iniciaron hace un par de meses, cuando Noboa anunció, intempestivamente, el incremento del 30% a los aranceles de productos colombianos, citando, de nuevo, la presunta falta de cooperación de Colombia. Examinadas las acciones de Noboa con la perspectiva de hoy, ¿puede deducirse que el presidente ecuatoriano ya se había concertado con Estados Unidos para ser rudo con Petro mientras este era recibido en la Casa Blanca?

Podría ser, pero no quiero especular. No obstante, sí se puede comentar que la decisión de Noboa, aunque tuvo un eco mediático, se vio como un acto bastante torpe e improvisado. El mandatario ecuatoriano no consideró los efectos nocivos de esa decisión para la población fronteriza, las relaciones comerciales y las empresariales. Mientras él intentaba etiquetar al gobierno de Petro, este era recibido en la Casa Blanca por Trump, un gesto político que no ha tenido con el mandatario de Ecuador.

Las diferencias ideológicas entre los mandatarios de Ecuador y Colombia son insalvables. ¿Esa distancia también determina la actual confrontación entre los dos países? O, ¿existen otros elementos internos y externos que conducen a escalar las tensiones?

Las posiciones ideológicas de uno y otro gobierno condicionan el conflicto pero, en el contexto actual, la polarización entre derecha e izquierda se ha convertido en un determinador de la política nacional y regional. Es importante observar que la polarización que aparece como un problema nacional hace parte de la política regional, claramente condicionada por Estados Unidos. Sus objetivos son difíciles de descifrar: por un lado, expresan la presión de las élites nacionales que se sienten amenazadas; por el otro, reflejan los intereses norteamericanos. El problema es que esos objetivos, aunque las élites se subordinen al poder de Trump, tienen un costo enorme para la sociedad, incluso para las propias élites.

A su juicio, el presidente de Ecuador, ¿está actuando en el marco de la Constitución de su país en su declaratoria de “guerra” comercial, política y militar a Colombia?

Definitivamente, no. La Constitución de Ecuador recoge gran parte de las demandas de la sociedad y las organizaciones sociales que, en su momento, participaron en el proceso constituyente que fue ratificado por el 60% de la población en un referéndum. En ese proceso se instalaron una serie de principios entre los cuales se encuentra la prohibición de permitir, en territorio nacional, la instalación de bases militares extranjeras; el rechazo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la promoción de la resolución pacífica de conflictos; la defensa militar limitada a riesgos reales sobre la soberanía territorial; el reconocimiento de la objeción de conciencia y un enfoque de seguridad humana. Un modelo que podríamos llamar de “constitucionalismo pacifista y humanista”. Pero el gobierno se ha saltado todos los candados constitucionales para impulsar una política oscura, de espaldas de la sociedad.

¿Por eso Noboa ha acudido a los estados excepcionales?

Sí. De manera singular, los relatos de guerra, el narcotráfico y la amenaza del crimen organizado se han convertido en los argumentos que le permiten mantener los “estados de excepción”, los toques de queda, la presencia de los militares en las calles y, con todo lo anterior, la “legitimación” de la fractura de los candados constitucionales.

En uno de sus principios, la Constitución ecuatoriana “condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio de solución de los conflictos” en sus relaciones con la comunidad internacional. ¿Cómo puede, entonces, explicarse la conducta agresiva de Noboa frente a Colombia? O, ¿actuaría diferente si el gobierno colombiano estuviera presidido por otro jefe de Estado distinto a Petro?

Sí. Si el gobierno de Colombia estuviera alineado con la derecha, con seguridad, su posición sería otra. Basta observar que, frente al Perú, otro de los países productores de coca, de la que una parte también transita por el Ecuador, el gobierno Noboa no ha dicho nada. La “crisis diplomática” con Colombia, instalada y promovida por él, así como su posición frente a Venezuela y México, son demostración de que el gobierno está vinculado con las posiciones del gobierno de Trump y de la derecha latinoamericana. Su lógica, su relato y sus acciones amplifican las posiciones conservadoras de la región. Además, buscan afectar la imagen y posición de Petro. Y, con esto, influir en la disminución de las posibilidades de que el candidato presidencial colombiano Iván Cepeda gane las elecciones.

¿Usted no descarta la posibilidad de que Noboa actúe frente a Colombia como lo ha hecho como una forma de incidir, aunque sea indirectamente, en los resultados electorales de Colombia?

Hay que tomar, con pinzas, las acciones de Noboa. Sin duda, los efectos que se deriven de las decisiones del presidente ecuatoriano en esta crisis incidirán en el campo político colombiano, en particular, porque pueden convertirse en insumos para los sectores conservadores de su país en contra de Cepeda. Pero esa dinámica no es nueva. En Ecuador han ocurrido episodios similares, como sucedió cuando se difundieron unas acusaciones, dándoles credibilidad pero sin contrastación, a las versiones de que el partido de Rafael Correa era un instrumento político de las FARC, lo mismo que se está diciendo hoy en Colombia en contra Cepeda.

No recordaba ese episodio, originado también y presuntamente, en los datos encontrados en el computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, en 2008…

Eso demuestra que hay una acción coordinada o, al menos, un comportamiento parecido entre las fuerzas conservadoras ecuatorianas y los sectores de derecha colombianos cuando se enfrentan a propuestas progresistas.

¿Cuál es la situación política actual del gobierno Noboa entre los ecuatorianos: goza de respaldo o se encuentra enfrentado a una oposición fuerte de tal modo que un conflicto internacional sería útil como estrategia de cohesión interna?

Según algunos analistas, la reacción desproporcionada del gobierno Noboa frente a Colombia está asociada a una estrategia mediática que busca desviar la atención de los problemas internos, entre los cuales están la violencia, la corrupción, una crisis de salud sin precedentes y las denuncias de sus propios vínculos con el narcotráfico. Lo cierto es que el gobierno ha perdido popularidad: las encuestas optimistas muestran un 30% de aceptación y un rechazo del 60%. Al mismo tiempo, el 70% de la población mira el presente con pesimismo. Pero, si consideramos que el gobierno no puede mostrar cifras positivas de su gestión, aún así, el 30% de favorabilidad significa una aceptación alta.

“Su actitud frente a Colombia parece una imitación de Trump”

El objetivo de las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos en la frontera es, según han dicho, la destrucción de laboratorios de cocaína y el ataque a los grupos ilegales. Noboa argumenta que la seguridad de su país se ha deteriorado. Esa situación, ¿legitima los bombardeos a espaldas de Colombia?

Ese argumento es difícil de legitimar. El gobierno de Ecuador ha perdido mucha credibilidad. Las organizaciones que hacen seguimiento a sus discursos, como “Lupa Media” (empresa tecnológica ecuatoriana que combate la desinformación), muestran que los datos oficiales son errados, carecen de fuentes y, en muchos casos, son simples mentiras. Pero, más allá de que esté en juego la confianza ciudadana en Noboa, su gobierno y la cancillería disponen de otras herramientas diplomáticas para ejercer presión o criticar las políticas colombianas. Su actitud y respuesta frente al problema con Colombia parecen una imitación de los comportamientos de Trump. Se ha comprobado que las propuestas de Noboa no han afectado las economías ilegales ni a los grupos de crimen organizado, y que, tampoco, ha disminuido la violencia. En cambio, las estadísticas indican que Ecuador es, hoy, uno de los países más violentos del continente.

La primera vez que las aspas de un aerogenerador giraron impulsadas por el viento de La Guajira todavía no se hablaba de transición energética en Colombia. En 2003, cuando el Cabo de la Vela no era el corregimiento turístico que es hoy, Empresas Públicas de Medellín (EPM) llegó a instalar 15 turbinas eólicas para aprender sobre el potencial de los vientos del norte que golpean la península. Ya habían dialogado durante tres años, desde 1999, con tres comunidades indígenas Wayuu sobre el proyecto, sus impactos y la forma en la que las compensarían por utilizar su territorio para el primer experimento de energía eólica en el país.

Con corrientes de viento que pueden superar velocidades de 11 metros por segundo, casi el doble del promedio mundial, La Guajira llamó la atención de empresas colombianas y multinacionales. El mapa del departamento no tardó en llenarse de puntos y líneas ubicados en lugares estratégicos en donde el viento sopla más fuerte, convirtiéndolo en uno de los lugares con mayor potencial para producir “energía limpia” en el continente.

Poco después, esos puntos se convirtieron en proyectos con nombre propio. David Rodríguez Viloria, indígena Wayuu de la comunidad Irraipa, recuerda que fue en 2010 cuando “llegaron a poner una antena” para medir la fuerza de los vientos en su territorio. Lo mismo pasó con decenas de comunidades dispersas desde Punta Gallinas, pasando por el Cabo de la Vela, hasta Wimpeshi, en la frontera con Venezuela.

Para ese momento, seis años después de que se puso en marcha el primer aerogenerador de EPM, el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) empezó a hablar de transición energética. “Los expertos me dicen que La Guajira, en el norte del país, es uno de los lugares más privilegiados del mundo”, dijo el entonces presidente durante una visita a Alemania en 2011, refiriéndose al potencial de la energía eólica y solar en esta región.

Las expectativas ante la llegada de empresas al territorio no tardaron. “Nos dijeron que iban a mejorar las vías, que iba a haber hospital”, señala Rodríguez. En un territorio abandonado por el Estado, como ha señalado la Corte Constitucional en varias oportunidades, la posibilidad de tener inversión social y en infraestructura llamó la atención de todos. Sin embargo, desde entonces, solo uno de los 16 parques eólicos planeados en el departamento ha entrado en funcionamiento: Guajira I, ubicado en el Cabo de la Vela y operado por Isagen, una empresa de capital canadiense. Es, además, el único parque eólico del país generando energía, luego de que EPM apagara sus aerogeneradores en 2023.

Todos los demás han tenido retrasos desde 2019, cuando se hizo evidente una crisis de relacionamiento entre las compañías y las comunidades Wayuu, que terminó con la salida de proyectos de la región. Hubo denuncias sobre malas prácticas por parte de algunas empresas y una ruptura del tejido social en muchas comunidades, como advirtió un informe de Indepaz publicado en 2023. La idea de que La Guajira fuera el motor de la transición energética se apagó durante varios años.

Hoy parece que hay vientos a favor de lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado en repetidas ocasiones una “revolución energética”. Casa Eléctrica, uno de los proyectos más grandes que se han planeado en el departamento, a cargo de la multinacional AES, espera construir los aerogeneradores de su parque eólico en el último trimestre de 2026. Es decir, empezaría a operar en 2027, produciendo 180 megavatios de energía, suficiente para abastecer a unas 500.000 personas.

Terminaron la consulta previa y establecieron un sistema de compensaciones sociales y ambientales, del que las comunidades ya están recibiendo recursos. Este proyecto, dicen los empresarios, “envía un mensaje” para avanzar con otros 14 proyectos que ya deberían estar operando pero que tienen retrasos. ¿Podrá, por fin, despegar la transición energética en La Guajira?

La bonanza de las energías renovables

Al subir al cerro Kamaichi en el Cabo de la Vela —conocido por los turistas como “el pilón de azúcar”—, la fuerza del viento hace difícil caminar. Las tiendas de artesanías, hechas en yotojoro y madera, tienen que cubrir sus laterales con telas para evitar que las corrientes se las lleven. Desde la cima del cerro se ven hombres y mujeres Wayuu que recorren el desierto a pie o en bicicleta. “La gente aquí ya está acostumbrada”, dice un guajiro al verlos cargar galones de agua como si el viento no estuviera soplando.

En la cultura Wayuu “hay una visión plural de los vientos. Cada uno es una persona, cada uno tiene un código moral. Hay vientos con relaciones antagónicas, de cooperación, de engaño o de violencia. Algunos vientos traen el hambre y la sequía, como Jouktai, pero otros son amorosos, como Jepirachi, que es el viento alisio del nordeste”, explica Weildler Guerra, un antropólogo Wayuu que ha dedicado su vida a estudiar la cultura de su pueblo. Pero para las compañías que empezaron a llegar a La Guajira a construir parques eólicos, dice Guerra, “los vientos son agentes geofísicos inertes que generan energía y dinero”. Ese fue el primer desencuentro.

No era la primera vez que llegaban personas ajenas a su territorio para explotar recursos. La Guajira ha tenido varias bonanzas antes de la llegada de las energías renovables: de perlas, de sal, de carbón y de gas. Todas han traído conflictos con las empresas y disputas entre clanes, señala Rodríguez. Las principales son por el derecho sobre la tierra, que se hereda únicamente por línea materna y cuyas autoridades ancestrales son quienes toman las decisiones, con la participación de toda la comunidad.

Lewis Martínez, miembro de la comunidad Casushi, que hace parte del área en la que se construirá Casa Eléctrica, hace una distinción importante: hay conflictos que sí tienen que ver con la presencia de la empresa y hay otros que vienen de antes. “Cualquiera que sea, desde las comunidades siempre tratamos de resolverlos por la vía del diálogo”, asegura. Además de la tierra, las disputas se generan por la expectativa de que una empresa pueda suplir lo que el Estado no ha logrado: agua potable, alimentación, educación de calidad o servicio de energía.

El problema con los proyectos de energía eólica, dice Rodríguez, es que las comunidades se enteraron muy tarde de qué se trataba. Mientras tanto, en el resto del país se hablaba sobre el rol clave de la transición energética en el proceso para abandonar los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y la urgencia de poner en marcha los aerogeneradores. Muchas comunidades, incluso hoy, “no tenemos claro cómo es el negocio, qué es lo que van a hacer con los proyectos”, agrega.

“Con mucha frecuencia se ve a los Wayuu como agentes no económicos, sino personas que son objeto de caridad. El país ha creado una noción de caridad sobre la Guajira. Entonces, llegan estos proyectos, que son por el interés de la nación, y a los guajiros se les pide que se sacrifiquen por el interés de la nación. O sea, que no tengan expectativas económicas”, apunta Guerra.

En ese ambiente de desconfianza y conflictos, entre 2019 y 2024 se conocieron los anuncios de renuncia a la construcción de proyectos de energía eólica por parte de empresas como Enel o EDP Renovables. Alegaban dificultades en las consultas previas, bloqueos a las obras por parte de las comunidades y una “inviabilidad” para continuar con sus inversiones. En la otra cara de la moneda, el informe de Indepaz denunciaba acuerdos para el uso de la tierra entre algunas empresas e indígenas que no eran autoridades legítimas en sus comunidades, y la escalada de conflictos sociales alrededor de los recursos que traería la transición energética.

Los planes de vida Wayuu

Cuando se habla de transparencia en el proceso de concertación para levantar un parque eólico en tierras Wayuu, un punto fundamental para las comunidades, las compañías han cometido algunos errores. “Desafortunadamente, las empresas fueron muy cerradas en publicar y en demostrar el trabajo que venían haciendo en el territorio”, reconoce Diego Patrón, gerente del proyecto Casa Eléctrica en AES Colombia. Además, tardaron en involucrar a otros actores que podrían facilitar su relacionamiento con las comunidades, como universidades y centros de investigación.

Pero no fue el único factor que afectó los primeros años de relación entre las compañías y los Wayuu, a juicio de Patrón. “Las empresas llegaron muy solas a La Guajira, un poco a ciegas. Y las comunidades también estaban muy solas, no había presencia institucional”, coincide Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa ANDI Más Guajira, una agremiación de empresas del sector minero-energético en esta región.

Todo esto tiene que ver con que, en un principio, “se entendió la transición energética enfocada únicamente en la mitigación del cambio climático y la reducción de emisiones contaminantes, pero no con un énfasis en el desarrollo local”, explica José Vega, del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés), una organización que ha trabajado por la inclusión de las comunidades en los proyectos eólicos de La Guajira.

Junto a la Universidad de La Guajira, este instituto creó un diplomado de transición energética justa para comunidades Wayuu. No solo para entender cómo funcionan los proyectos eólicos y el negocio de venta de energía, sino para conocer sobre los derechos de participación de las comunidades en el proceso de consulta previa y la concertación de compensaciones y beneficios por el uso de su territorio.

Además, elaboraron una herramienta con las comunidades para georreferenciar los proyectos, sus áreas de influencia, los lugares de importancia espiritual y cultural, y los puntos en los que se ubicará la infraestructura energética.

Las empresas —como AES Colombia o EDF, una multinacional con presencia en La Guajira— siguieron esta línea y empezaron a hacer talleres para que las comunidades conocieran los proyectos. “Algo que aprendimos en el camino es que todo esto hay que hacerlo en Wayunaiki y en su territorio, en presencia de toda la comunidad. Esa es la forma en la que se establece un diálogo con los Wayuu”, apunta Patrón, de AES.

A todo esto se sumó la presencia de entidades como el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Defensoría del Pueblo, en donde “ahora hay equipos especializados para apoyar el proceso de concertación”, agrega el gerente de proyecto de Casa Eléctrica.

Lewis Martínez, de la comunidad Casushi en Casa Eléctrica, asegura que este proceso les permitió formular un plan de vida acordado con todos los miembros de su clan familiar. Un plan de vida es un documento que establece las acciones de desarrollo local que se van a implementar durante los 25 años en los que funcionará el parque eólico. “Los temas primordiales para nosotros fueron el agua para la sequía, tener un centro de salud, invertir en educación y mejoramiento de vivienda”, cuenta. Además, acordaron utilizar parte de los recursos para hacer proyectos productivos con chivos, un animal clave en la economía de las familias guajiras.

La idea es que AES les entregue los recursos por medio de una fiducia que ya está funcionando. Según las estimaciones que compartió Diego Patrón con El Espectador, se trataría de entre el 30 % y el 35 % de las utilidades del proyecto y tienen tres componentes: uno fijo, que es el acuerdo que hicieron con las 19 comunidades de Casa Eléctrica por la ocupación de su territorio; y dos variables, que son las transferencias por la generación de energía y la mitad de los ingresos del proyecto por la venta de certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono.

“Nosotros ya estamos administrando esos recursos y tenemos una mesa de concertación con las comunidades para definir cómo se invierten”, dice Martínez.

Un caso similar ocurre con la comunidad Samutpio, del proyecto Joüttalein, operado por la empresa EDF, según cuenta Elías Silva Jusayú, una de las autoridades de la comunidad. Sin embargo, a diferencia de Casa Eléctrica, este no tiene una fecha de inicio de construcción. Intentamos contactarnos con EDF para conocer los motivos detrás del retraso en el inicio de las obras, pero no obtuvimos respuesta.

¿Viento a favor para la transición energética?

Casa Eléctrica podría ser “la punta de lanza” de los proyectos de energía eólica en La Guajira, afirma Vega, del Instituto Ambiental de Estocolmo. “Hemos visto un cambio frente al panorama que teníamos hace unos años, cuando el ambiente era principalmente de desconfianza e inviabilidad. Pero tampoco quiero decir que todo es perfecto, que ya no hay ningún problema”, añade el investigador. Para él, será clave que todos los procesos que han iniciado en los últimos años, especialmente la presencia y colaboración entre entidades del Estado, se mantengan para que otros proyectos logren concertaciones con la participación de las comunidades, para poder iniciar su construcción.

Otro aspecto que han aprendido las empresas, señala Baquero, de la ANDI, “es que esta transición tiene que ser planificada, no es algo que se pueda dar de un día para otro”. Y en ese camino, destaca, todavía quedan varios retos por resolver, como que todas las empresas puedan entender a profundidad el sistema normativo Wayuu para adelantar las consultas previas, tener “reglas de juego claras” para hacer las concertaciones con las comunidades. Además, asegura que requieren “persistencia”.

Rodríguez, Silva y Martínez, miembros de las comunidades Irraipa, Samutpio y Casushi, son enfáticos en que la transparencia es uno de los puntos más importantes para los Wayuu cuando llega alguien a sus territorios. “No se pueden seguir desconociendo las normas Wayuu, siendo poco transparentes con los proyectos o generando división entre las comunidades”, resalta el antropólogo Guerra.

“Nos queda bastante por avanzar”, reconoce Baquero, “pero ya hay hechos que demuestran que, a pesar de los traspiés que han tenido estos proyectos, en el departamento se pueden recoger frutos”.

Las certezas que hoy da Casa Eléctrica, sin embargo, contrastan con otros proyectos como Alfa y Beta, los más grandes que se construirían en La Guajira. EDP Renovables, la empresa a cargo de estos parques eólicos, renunció a su construcción a finales de 2024 y desde entonces no ha habido noticias sobre qué ocurrirá con la infraestructura y los acuerdos que lograron con algunas de las comunidades. De momento, “estamos esperando”, dice uno de los habitantes del área de los proyectos, en medio de rumores sobre el interés de Ecopetrol en comprar estos parques, como hizo con Windpeshi, el proyecto al que renunció Enel. Mientras tanto, nadie da razón, pues no hay funcionarios de la empresa ni un lugar al cual acudir para preguntar.

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Ha dicho que la justicia agraria debe ser una política de Estado. ¿Por qué?

Porque el problema de la tierra en Colombia no es coyuntural, es estructural. El campesinado ha sido históricamente víctima del conflicto y del despojo, y lo mínimo que debería garantizar el país es que pueda acceder a una parcela para reconstruir su vida. Ese propósito no puede depender del gobierno de turno. Tiene que ser una decisión de Estado que una al país alrededor de la dignidad campesina y de la posibilidad de producir.

¿Cómo se está avanzando hoy en la reforma agraria y cuál es el balance en cifras a nivel nacional?

Hoy hay un cambio de escala. Hemos logrado gestionar cerca de 775.000 hectáreas en todo el país. De esas, 429.000 ya están en el Fondo de Tierras y más de 305.000 han sido entregadas y están en manos de campesinos que las habitan. A eso se suman cerca de 800.000 hectáreas que están en la SAE y en el Fondo de Reparación, que también pueden entrar al proceso.

Venimos de un rezago muy grande. Cuando llegamos, apenas se habían comprado alrededor de 1.300 hectáreas para los firmantes de paz. Incluso esos proyectos estaban en riesgo porque no tenían tierra. Hoy ya hay 19.000 hectáreas destinadas a ese propósito. Es un proceso que requiere tiempo, porque no es solo entregar tierra, sino formalizarla y garantizar que quede jurídicamente en manos de quienes las necesitan.

¿Qué decir sobre Córdoba, el frente frío que inundó el departamento y las tierras que siguen disputadas allí?

En Córdoba hay una historia muy particular. Desde 1930 existen ciénagas y playones asociados a una cultura anfibia: en verano se cultiva y en invierno se pesca. Esos territorios son baldíos de la nación, no se pueden titular, pero desde finales de los años 80 fueron ocupados ilegalmente y terminaron en manos de mafias o grandes intereses.

Córdoba está llena de campesinos y pescadores que han vivido masacres, violencia, desplazamiento, jefes paramilitares y también silencio por parte del Estado. Nosotros llegamos para devolverles las tierras, pero también la dignidad y los derechos. A quienes fueron daminificados por las fuertes lluvias les fueron entregadas 188 hectáreas.

Recuperarlos implica restituir un equilibrio: no solo devolverles la tierra a quienes históricamente la habitaron, sino también recuperar su función ambiental. En la ciénaga de Corralito (Cereté), por ejemplo, los campesinos no podían ni pescar ni cultivar. Hoy están volviendo a las comunidades.

Allí ya hemos avanzado en cerca de 44.000 hectáreas gestionadas, beneficiando a unas 400 familias que han recibido unas 12.000 hectáreas.

¿Cómo manejaron la tierra los gobiernos anteriores?

La diferencia es significativa en términos de escala. En el gobierno de Iván Duque se gestionaron alrededor de 13.000 hectáreas y en el de Juan Manuel Santos cerca de 10.000. Hoy estamos hablando de 775.000 hectáreas gestionadas, lo que refleja un cambio en la velocidad y en la prioridad que se le ha dado al tema.

Más allá de las cifras, el reto sigue siendo estructural: no se trata solo de gestionar tierra, sino de garantizar que llegue efectivamente a quienes la necesitan y que se sostenga.

En el terreno, ¿a qué resistencias se han enfrentado en los procesos de recuperación de tierras?

Nos hemos enfrentado a todo. Desde amenazas directas hasta disparos al aire para impedir el ingreso a predios. En muchos casos, quienes controlaban estas tierras eran estructuras criminales, y hoy incluso hay nuevas organizaciones que han ocupado esos espacios.

También hemos visto cómo se instrumentaliza a comunidades rurales: les pagan para bloquear vías o impedir operativos. Esto ocurre en regiones como el Magdalena Medio, donde predios que pertenecieron a viejas estructuras del narcotráfico hoy están en disputa por nuevos actores.

La tierra sigue siendo un escenario de poder y de conflicto, y por eso cada recuperación implica no solo un trámite jurídico, sino una intervención compleja en el territorio.

Más allá de la entrega, ¿cómo garantizar que la tierra realmente se pueda producir y que los campesinos no sean revictimizados?

Ese es uno de los grandes retos del país. La tierra por sí sola no resuelve el problema. El campesino tiene la vocación y sabe trabajarla, pero necesita garantías: vías, acceso a mercados, vivienda y acompañamiento institucional.

Ahí es donde todavía falta articulación. La reforma agraria no puede ser solo de tierras, tiene que involucrar a todo el Estado. Si no resolvemos las condiciones estructurales y las dinámicas de violencia, existe el riesgo de que el campesino vuelva a ser desplazado. La pregunta de fondo es si vamos a seguir revictimizando o si vamos a enfrentar esas causas.

La reforma también ha generado tensiones entre comunidades, como en Cauca o Necoclí (Antioquia). ¿Cómo se están gestionando esos conflictos sociales y étnicos?

Colombia es un país diverso, y eso se refleja en el territorio. En lugares como Necoclí (Antioquia) hay un predio 10 veces mayor al perimetro del municipio, lo que impide la expansión urbana del lugar. Esas tierras, conocidas como la Virgen del Cobre, tienen salida al mar y pertenecieron a alias “El Alemán”. Pero con la gestión logramos entregar 1.143 hectáreas a manos de asociaciones campesinas y víctimas de la violencia en Necoclí.

En Cauca, que es uno de los territorios más complejos, hemos apostado por la interlocución. En el norte del departamento logramos instalar mesas de diálogo entre comunidades afro, indígenas, campesinas e ingenios azucareros. Desde octubre de 2024 no se han vuelto a registrar invasiones, y los conflictos se están tramitando en esas mesas, no en la vía de hecho. No es una solución inmediata, pero sí un cambio importante: pasar de la confrontación a la concertación.

¿Qué queda pendiente para que la reforma agraria realmente transforme el país?

Queda mucho por hacer. Hay obstáculos institucionales importantes, como la falta de una jurisdicción agraria que permita resolver los conflictos de manera más ágil. Ese proyecto lleva meses sin avanzar en el Congreso. También hay limitaciones presupuestales: hoy contamos con cerca de COP 1,2 billones, que resultan insuficientes frente a la magnitud del reto.

Además, todos los días se capturan personas vinculadas a economías ilegales que tienen tierras, lo que muestra que el problema sigue creciendo. Pero también hay una oportunidad: si logramos consolidar la reforma agraria como una política de Estado, avanzar en la formalización y articular al resto de las instituciones, podemos transformar el campo y este país.

La reforma agraria no es solo repartir tierra. Es una apuesta por construir un país distinto, más justo y en paz.

Desde 2014, cuando Suecia presentó la primera política exterior feminista (PEF) al mundo, esta ha sido adoptada por un total de 14 países y abandonada posteriormente por 5 de ellos, mientras que 8 más han manifestado interés en desarrollarla. En noviembre de 2022, Colombia se convirtió en la tercera de América Latina, después de México y Chile, en anunciar su intención de lanzar una PEC pacifista, interseccional y participativa.

Más allá de los distintos matices nacionales, toda política exterior feminista evidencia un compromiso ético con la igualdad de género, la paz, la justicia social, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y otros grupos vulnerables y el cuidado, y busca integrar estos elementos al ejercicio internacional, tanto bilateral como multilateral. Para ello, también aboga por el desmantelamiento del patriarcado, un sistema social que históricamente ha otorgado poder y privilegio a los hombres al tiempo que ha reproducido la opresión y discriminación de las mujeres y las personas de sexualidades diversas.

Además de ser la raíz estructural de la concentración del trabajo de cuidado no remunerado y la pobreza de tiempo en las mujeres y niñas, la brecha salarial con los hombres y el continuum de violencias de género, el patriarcado concibe el reparto de poder como un juego de suma cero, con lo cual refuerza la subrepresentación femenina en cargos de liderazgo político, económico y militar. Su vínculo orgánico con otros sistemas como el racismo y el capitalismo también explica la desigualdad y subyugación basadas en raza, etnia y clase social, entre otros.

La incorporación de una política exterior feminista fue una apuesta congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia: potencia mundial de la vida” dado el compromiso del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez con la transformación estructural, la paz integral, la seguridad humana, la justicia social y ambiental, y los enfoques de género, interseccional y étnico-territorial, así como el reconocimiento de las mujeres en su diversidad como actores esenciales de cambio. Desde sus inicios se pensó como una estrategia complementaria al primer Plan de Acción Nacional (PAN) de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones sobre Mujer, Paz y Seguridad, una deuda histórica del Estado colombiano en cuya construcción participaron organizaciones de mujeres feministas, campesinas, indígenas y afrodescendientes y personas LGBTIQ+ de todo el territorio nacional.

En el caso específico de la PEF y luego de sortear las etapas iniciales de elaboración con amplia participación de la sociedad civil y academia, a mediados de 2024 se creó la figura de una embajadora itinerante para subrayar el lugar prioritario de los asuntos de género dentro de la política exterior del Gobierno Nacional y para liderar y coordinar el trabajo diplomático relacionado con esta agenda entre las distintas misiones multilaterales y bilaterales de Colombia en el exterior, así como con la Cancillería. Dicho trabajo se ha concentrado en aumentar la visibilidad y el protagonismo de Colombia en distintos espacios regionales e internacionales en función de la defensa de la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTIQ+, así como la socialización de las experiencias vividas y buenas prácticas vinculadas a la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Estas últimas han sido sistematizadas en coordinación con el programa de cooperación Sur-Sur, “De Colombia al Mundo” de la APC Colombia con miras a apoyar la integración de los enfoques de género y diversidad sexual a las políticas de paz desarrolladas en otros países.

Pese a los logros, que no son intrascendentes, la PEF colombiana enfrenta desafíos múltiples. Primero, al ser un instrumento separado del espectro conjunto de la política exterior del país, su despliegue no ha sido sistemático. Tampoco ha contado con el respaldo institucional necesario. Segundo, los avances en su formalización son escasos. Además de oficializarse tan solo cuatro meses antes de terminar el Gobierno, el enfoque de género no ha sido transversalizado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se ha implementado un protocolo robustecido de prevención de violencias basadas en género y los puestos directivos de la Cancillería evidencian disparidades marcadas entre hombres y mujeres. De 74 cargos de embajador en planta externa —sumando embajadas, misiones, consulados generales y embajadas itinerantes— 45 son ocupados por hombres y 29 por mujeres, distribución lejana de la paridad sustantiva, mientras que en planta interna 18 posiciones directivas son ejercidas por hombres y 11 por mujeres.

Tercero, la voluntad política ha sido contradictoria. Al tiempo que la Casa de Nariño ha apoyado proyectos de envergadura como la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la emisión de directivas presidenciales para la adopción de protocolos contra la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación y para la protección de la población LGBTIQ+ y la firma del decreto de la PEF, por solo nombrar algunos, regularmente el primer mandatorio ha tenido pronunciamientos sexistas y absuelto incluso a figuras públicas acusadas de violencia de género. Lejos de ser inofensivos, estos actos legitiman y reproducen relaciones de dominación ancladas en el patriarcado que el Gobierno nacional ha prometido combatir.

En el contexto mundial actual, caracterizado por el aumento de las guerras, la conflictividad, la violencia —comenzando por la de género— la polarización política y el gasto militar, el deterioro ambiental acelerado y la parálisis creciente del orden multilateral basado en reglas, la derecha radical viene tergiversando globalmente las agendas de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y derechos LGBTIQ+ en función de un proyecto autoritario, nacionalista y patriarcal común. No se tratan de asuntos de “nicho” ni “ideologías” amenazantes que las narrativas cristianas alternativas sobre la mujer y la familia están llamadas a combatir, sino la punta de lanza para sembrar divisiones dentro de nuestras sociedades y atacar los derechos humanos y la democracia en general. Entender y combatir esta avanzada extremista es una tarea urgente en la que la política exterior feminista, a la par con otras centradas en la protección, dignificación y cuidado de la vida, tiene un papel crucial que jugar. Ojalá perdure.

* La autora estuvo en el equipo de empalme del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y posteriormente ejerció los cargos de embajadora alterna en la Misión de Colombia ante Naciones Unidas y embajadora itinerante para los Asuntos de Género y Política Exterior Feminista.

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Un estudio reciente de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) reveló que la presencia de perros en espacios interiores puede modificar de forma significativa la calidad del aire, al incrementar la liberación de partículas, microorganismos y ciertos gases en ambientes cerrados.

La investigación se llevó a cabo en una cámara ambiental controlada en Friburgo, Suiza, donde científicos analizaron cómo la actividad de estos animales influye en la composición del aire dentro de recintos cerrados.

Los resultados mostraron que el simple movimiento de los perros, como sacudirse, rascarse o interactuar con las personas, genera liberaciones repentinas de partículas en el ambiente.

Cada vez que los animales se movían, los sensores detectaban aumentos momentáneos de contaminación en el aire interior. En esos episodios se liberaban partículas relativamente grandes que incluyen polvo, polen, fragmentos de plantas y diversos microorganismos.

Además, el estudio identificó que los perros de mayor tamaño pueden emitir entre dos y cuatro veces más microorganismos que las personas presentes en la misma habitación. Sin embargo, los investigadores señalaron que esta diversidad microbiana no necesariamente representa un efecto negativo.

Según explicó Dusan Licina, profesor del laboratorio de la EPFL donde se desarrolló el estudio, la exposición a una mayor variedad de microbios podría incluso favorecer el desarrollo del sistema inmunológico, especialmente en niños.

No obstante, advirtió que el impacto real de estos microorganismos sobre la salud aún no se comprende completamente y puede variar entre individuos.

El análisis también examinó las reacciones químicas relacionadas con el ozono en interiores. Los resultados indicaron que los perros generan alrededor de un 40 % menos de derivados del ozono que los humanos. En las personas, este gas reacciona con compuestos grasos presentes en la piel, como el esqualeno, produciendo aldehídos, cetonas y pequeñas partículas.

Aunque los perros no producen esqualeno de forma natural, los investigadores indicaron que esta sustancia puede transferirse a su piel tras el contacto con humanos y posteriormente reaccionar con el ozono, generando subproductos químicos.

En cuanto a las emisiones respiratorias, el estudio determinó que los perros liberan cantidades de dióxido de carbono (CO2) y amoniaco similares a las de sus dueños. Incluso, en el caso de razas grandes como mastines o terranovas, la producción de CO2 puede equipararse a la de un adulto en reposo.

Los científicos también observaron que la proporción de amoniaco emitido en relación con el CO2 exhalado es mayor en los perros. Este gas se produce en pequeñas cantidades durante la digestión de proteínas y puede liberarse a través de la piel o la respiración.

A pesar de estos hallazgos, los investigadores recordaron que los perros pasan gran parte del tiempo descansando, lo que implica una respiración más lenta y, en algunos casos, irregular, factor que también influye en la dinámica de emisiones dentro de los espacios interiores.

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El director general de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido (VNPCS), Francisco Muñoz, envió una carta a la Fiscal General de la Nación, pidiendo que se continúe con el proceso de las denuncias instauradas por la veeduría, relacionadas con los restos del naufragio del Galeón San José.

En este documento, el director enunció una serie de hechos que evidenciarían una “intrusión comprobada en el sitio y de un posible saqueo continuado del contexto arqueológico del Galeón San José”. Muñoz dijo que en 2021 se realizó una denuncia a partir de esto que se menciona, pero que la Fiscalía de ese entonces hizo un traslado del trámite a la Comisión de Acusaciones del Congreso, lo cual tuvo como consecuencia que la denuncia fuera paralizada hasta 2024.

Ese año, desde la veeduría se presentó una ampliación de esta denuncia, con registros que demostrarían intrusiones violentas y un posible saqueo en este sitio arqueológico en 2016 y 2022. No obstante, el director dijo que hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de avance.

Entre las evidencias del presunto saqueo, Muñoz mencionó que, frente a la denuncia de 2024, la Fiscalía alegó que debido a la profundidad de los restos del galeón, no había riesgo ni capacidad de intrusión. Sin embargo, para Muñoz el hecho de que, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, el Estado colombiano haya podido acceder a los restos ubicados a 600 metros de profundidad, evidenciaba la posibilidad de que “terceros con verdadera capacidad tecnológica hayan podido acceder al pecio en el pasado o puedan hacerlo en el presente”.

Por otra parte, el director señaló otro hecho alarmante: el hallazgo de un fragmento de cuerda de fibra vegetal adherido al cañón que se extrajo en 2025. De acuerdo con Muñoz, la supuesta preservación de fibras vegetales durante más de 300 años bajo el agua no correspondería a los procesos naturales de descomposición de este material, lo que podría indicar intervención humana más reciente.

Además, el director afirmó que la prensa financiera internacional, como el medio de comunicación Bloomberg, han demostrado en recientes investigaciones la existencia de una nueva generación de cazadores de tesoros, cuyo modus operandi coincidiría con los actores a quienes el Estado colombiano autorizó el acceso a este sitio en 2016.

Por otra parte, Muñoz manifestó que durante el periodo en el que estuvo paralizado el proceso la Fiscalía archivó investigaciones importantes relacionadas con este caso. Entre ellas la supuesta filtración de las coordenadas de ubicación del Galeón San José. Las coordenadas se encontraban bajo la custodia de la Armada Nacional, pero en 2015, presuntamente por la intervención del entonces Ministerio de Cultura, pasaron a conocerse y ser manejadas por la empresa privada que adelantó la exploración ese año.

A esto se le suma otra denuncia por el manejo irregular del sobre lacrado donde se guardan estas coordenadas. De acuerdo con el director, en 2019 este sobre salió del Archivo General de la Nación sin la debida autorización del Presidente de la República y sin un registro claro de quien tuvo acceso a estas coordenadas.

En 2023 y 2024, la veeduría le advirtió al presidente Gustavo Petro que las exploraciones debían detenerse para proteger este sitio arqueológico y que no se afectara la inspección judicial por las denuncias en proceso, ya que cualquier intervención podría alterar la escena y los rastros de intrusiones previas.

A pesar de estas advertencias, en 2025 el Gobierno Nacional, a partir del proyecto de investigación “Hacia el corazón del Galeón San José”, realizó intervenciones en el sitio, donde recolectaron objetos arqueológicos del naufragio, como un cañón de bronce, un fragmento de cuerda, tres macuquinas, dos tazas de porcelana y muestras de sedimento.

Ante esto, la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido le envió una carta al presidente Petro, solicitando “detener las actividades extractivistas del Galeón San José”. Esto debido a que el grupo de académicos tenía preocupación por la rigurosidad del método científico que se estaba aplicando en la extracción y conservación de estas piezas, además del carácter “secreto y excluyente” del proyecto.

En 2024, el equipo del proyecto de investigación en este sitio manifestó que no existía la tecnología necesaria a nivel nacional para una intervención efectiva de este contexto arqueológico. A pesar de esto, el proyecto de intervención y extracción continuó el año siguiente.

Por último, al finalizar la carta, Muñoz le exigió a la fiscal general que se protegiera la zona de los restos del galeón y que solo se le otorgara acceso a la Armada Nacional hasta que se realizará una inspección judicial en el sitio. Además, también solicitó que se diera el aseguramiento y la preservación de todo el material probatorio referente a las denuncias, así como “la protección y custodia de las actas de reuniones de altas instancias gubernamentales relacionadas con el manejo del caso”.

“Anticipo al país que, si esta inactividad persiste y las instituciones continúan minimizando la gravedad de los hechos, seguiré acudiendo a todas las instancias legales necesarias. Así mismo, por lealtad preferente con la sociedad colombiana, impulsaré que la información relevante sea conocida por la ciudadanía a través de los mecanismos legales disponibles, cuando su restricción resulte incompatible con el interés general”, concluyó Muñoz.

La primera, una crisis fiscal. Tras un primer periodo durante el gobierno Petro en el que parecía que gobernarían manteniendo una coherencia entre los ingresos y los gastos públicos, que no cometería el error clásico de los gobiernos populistas en América Latina de descuadernar las cuentas, finalmente sucumbió a las tentaciones de corto plazo y puso al mando del Ministerio de Hacienda a alguien que le dijera que sí a todo, justo lo que no debe hacer el guardián de los dineros públicos. Así, violó la regla fiscal que acotaba sus egresos y puso al país en una senda fiscal que hará ver el problema de final de siglo pasado como un juego de niños. Si llega un gobierno que quiera parar esa locura antes de que los mercados financieros lo hagan a las malas, el ajuste será muy serio y pasará por un rol relevante del Fondo Monetario Internacional.

La segunda crisis es la de seguridad. Se han vuelto paisaje noticias como la revelada esta semana por este diario reportando que en Santa Marta todos los negocios están extorsionados. Esa historia se repite a lo largo del país. La paz total que predica el gobierno y el anuncio del propio presidente de que lograría un acuerdo con el ELN a los tres meses de tomar el mando, han terminado en un fracaso elocuente. Tras cuatro años al mando, tenemos un crimen empoderado y fuerzas del orden debilitadas.

La tercera crisis es silenciosa hasta que llega. Colombia no tiene suficiente energía para el año 2027, especialmente si se materializan los recientes pronósticos climáticos que apuntan a que tendremos un Niño a finales de este año y que puede ser fuerte. Si eso es así, los boyantes embalses de comienzo de año serán un recuerdo nostálgico y tendremos energía cara y racionada. Si para ese entonces continúan los precios del gas mundial por las nubes como ahora, esa crisis será catastrófica porque paliar la sequía pasa en Colombia por prender plantas generadoras que dependen en buena parte del gas. Estando tan encima la amenaza de apagón, evitarlo sentándose en el gobierno en agosto luce imposible, pero la tarea de reconstruir una oferta apropiada de energía pasará por recuperar la inversión en el sector—agobiado, entre otras cosas, por las enormes deudas del propio gobierno con sus operadores—y romper los cuellos de botella que estrangulan a diferentes eslabones de la cadena.

La cuarta crisis ha tocado a miles de hogares colombianos que ahora no reciben ni los medicamentos ni la atención médica que hasta hace un par de años daban por garantizada. El gasto en salud de los hogares de sus propios bolsillos ha venido aumentando, así como el aseguramiento privado. El sector está completamente desfinanciado y su recuperación requerirá grandes recursos que, en medio de la primera crisis, la fiscal, serán especialmente escasos.

X: @mahofste

La derecha, aquí y en todo el planeta, se caracteriza por posturas que incluyen homofobia, racismo, misoginia y xenofobia. Hoy todas estas ideas discriminatorias las encarna Trump, que en su discurso de posesión afirmó que Estados Unidos solo reconoce dos sexos, masculino y femenino; que ha atacado a la población trans, ha hecho alusiones sexuales ofensivas contra las mujeres, se ha burlado de algunas por su aspecto físico, ha sido mencionado reiteradamente en el caso Epstein y ha hecho una campaña agresiva contra el aborto. Sus expresiones racistas dan vergüenza. Afirmó que los negros son todos perezosos, caracterizo a Obama y su mujer como simios, y se refirió a Haití y a los países africanos como “agujeros de mierda”. Milei, otro rabioso ultraderechista, ha dicho que las parejas de homosexuales que adoptan son pedófilos, relacionó la supuesta ideología de género con abuso infantil, y cerró el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Frente a esa derecha furiosamente reaccionaria supondríamos que la izquierda encarnaría la defensa a ultranza de las libertades individuales. Pero no. La izquierda radical en eso ha sido siempre retardataria. Ya hemos visto cómo muchos regímenes comunistas, entre los que se cuenta Cuba, persiguieron a los homosexuales con verdadera saña, llevándolos a las cárceles, al exilio o al suicidio. Y que la guerrilla colombiana durante años castigó el homosexualismo, ejerció violencia contra la población trans, y violó los derechos de las mujeres, esclavizándolas y obligándolas a abortar.

No se me ocurre afirmar que Petro ha llegado a tales extremos, pero sí que ha incurrido en los mismos pecados de homofobia, machismo y racismo de sus antípodas ideológicos. El trino de hace unos días contra Juan Daniel Oviedo es indigno de un presidente que dice respetar la comunidad LGBTIQ+: “Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. (…) Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”. Recordemos, además, que este gobierno ha amparado a Morris y Benedetti, acusados de maltrato a sus mujeres; que defendió a Víctor de Currea, señalado de presunto acoso sexual, que afirmó que “una gran mujer será la que acompase su cerebro con su clítoris” y que “las mujeres hoy (…) actúan de acuerdo a las hormonas”; que ninguneó a Francia y que retó a Carlos Rosero diciéndole “a mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir un actor porno”. Y, sin embargo, se llama progresista.

Habermas enfrentó una pregunta difícil: ¿es posible defender la razón y la modernidad después de ver tantas atrocidades cometidas usando medios racionales, como el colonialismo, las bombas atómicas o Auschwitz? Su respuesta fue afirmativa, pero siempre y cuando uno hiciera una especie de salto hacia adelante. No había que quedarse en lo que él llama la “razón instrumental”, sino pasar a la “razón comunicativa”.

La distinción es esencial: la razón instrumental es la que nos permite usar los medios más eficaces para alcanzar un fin. Es poderosa ya que optimiza el logro de un resultado. Sin embargo, puede ser atroz ya que no discute la validez del fin. Esa razón nos permitió erradicar la viruela. Pero esa razón permitió también que los nazis discutieran racionalmente (como lo hicieron en 1942 en la Conferencia de Wansee sobre la “solución final”) cuál era la forma de exterminar más eficientemente a los judíos.

Habermas concluye entonces que la razón instrumental no basta, aunque eso no lo lleva a abandonar las apuestas de la Ilustración por la razón, sino que lo lleva a ir más allá: debemos complementarla con una razón comunicativa, que consiste en la práctica de ofrecer razones a nuestros interlocutores para llegar a acuerdos compartidos, que no estén deformados por la violencia ni por el engaño, por cuanto buscamos convencer a los demás, pero aceptamos también la posibilidad de ser convencidos por ellos.

Esta razón comunicativa permitió a Habermas retomar el imperativo categórico de Kant (“actúa de tal manera que tu máxima de conducta pueda valer como principio universal”) y reformularlo en clave comunicativa: para este autor sólo pueden reclamar validez aquellas normas en que todos los interesados se ponen de acuerdo (o podrían ponerse de acuerdo), sin coacción y como participantes en un diálogo. De esta manera, el principio de universalización kantiano funciona como el principio ético intersubjetivo para la fundamentación de normas comunes. En sus palabras, “el peso se traslada desde aquello que cada uno puede querer sin contradicción alguna como ley general, a lo que todos de común acuerdo quieren reconocer como norma universal”.

Esta ética comunicativa es la base con la cual Habermas defiende su concepción deliberativa de democracia, que desarrolló en Facticidad y validez, un libro imprescindible para pensar el derecho y la democracia, pero imposible de resumir en pocas líneas. Quiero tan solo destacar su tesis de que la legitimidad de la democracia no consiste en la imposición de la voluntad de las mayorías (con sus posibles prejuicios), sino en la posibilidad de llegar a decisiones a través de un proceso deliberativo o de discusión pública en que todos los afectados puedan participar en igualdad de condiciones.

En síntesis, en este mundo polarizado y fragmentado entre tribus en conflicto, Habermas le apuesta a la posibilidad de llegar a acuerdos a través del diálogo racional. Una apuesta más actual que nunca.

Termino con una anécdota que resume esa apuesta. A mediados de los ochenta, para publicar un texto, debíamos escribirlo primero a mano y luego hacerlo transcribir por mecanógrafas expertas. Marta, quien me apoyaba en ese trabajo, corregía mis errores con gran criterio. Una vez yo cité: Habermas “Conciencia moral y acción comunicativa”. Y ella corrigió: “Haber más conciencia moral y acción comunicativa”. Marta, como siempre, acertó: necesitamos más conciencia moral y más acción comunicativa, y ese era realmente el mensaje de Habermas.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

Los dioses y las patrias ajenas parecen siempre falsos, o al menos de segunda categoría. Todavía hoy muchos horrores (el de Irán, el de Gaza, el de Ucrania) se cometen en nombre del propio Dios y de la propia patria. Esas banderas, hasta el día de hoy, han sido siempre un asco y despiertan en las personas un ardor asesino y una confianza irracional en la victoria. Si Dios está de nuestra parte, no podemos rendirnos ni podemos perder. En Irán se enfrentan dos fanatismos con vocación de martirio. Eso lleva a las guerras de exterminio que hoy llamamos genocidio.

Esta semana se revivió el lío insoluble de la Conquista de América y el exterminio físico y cultural de los indígenas. El rey de España reconoció algo obvio ante el gobierno de México: que hubo abusos. México celebró las declaraciones, pero aún le parecen insuficientes. Exigen que el rey pida perdón de rodillas. Al oír al rey, la extrema derecha española, de repente, dejó de ser monárquica y se puso en pie de lucha. Una de sus voceras, Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la comunidad de Madrid, figura del PP, pero en pactos con Vox), sacó a relucir lo de la cruz, como si la conquista hubiera sido un asunto de monjes misioneros que llegaron a América en son de paz, con el solo propósito de dar la noticia de los evangelios dando bendiciones. Y por ahí derecho imponer nuestra lengua a punta de arcabuces, como si en ningún otro idioma fuera posible transmitir la verdad o la belleza. Lo de Ayuso es más ignorancia o idiotez que mentira. O la más burda propaganda que se cree sus propias mentiras. Así no fueron las cosas, y basta leer las crónicas de Indias escritas por los mismos conquistadores para saber, incluso desde su punto de vista parcializado, cómo ocurrió la conquista.

Ahora bien, tanto la posición de México como la de Ayuso representan extremos sin sentido. En el ADN de los más blancuzcos (en México o en Colombia) está la clave del pasado y de la historia de casi todos nosotros: los hombres solos que vinieron aquí, casados o solteros que fueran, por seducción o por la fuerza, queriendo o sin querer ellas, se arrejuntaron y formaron lo que somos. Los descendientes más directos de la Conquista no son los españoles, sino nosotros mismos, los criollos y mestizos. Aquí no hay puros. Y ni los conquistadores eran monjes pacíficos ni los indígenas mansas palomas inofensivas, ingenuas e inermes. Si no fuera por la falta de inmunidad contra enfermedades comunes en Asia, en África y en Europa, mucho menor habría sido el exterminio y el genocidio, que lo hubo.

Tenemos que cargar con ese destino ambiguo (desesperado y desesperante para algunos) de ser al mismo tiempo víctimas y verdugos. Y de este duro destino, que nos define como lo que somos, mestizos, solo nos podemos recuperar dejando de tener complejo de hijueputas (o de malparidos, hijos de la Malinche o de la Chingada), es decir, dejando también de ser racistas y resentidos (contra los blancos, contra los negros o contra los indios). Viviremos siempre jodidos y enfermos de rabia si no nos reconciliamos con nosotros mismos. Tenemos que perdonar y perdonarnos en vez de exigir perdón, porque no hay inocentes entre los españoles que vinieron y se fueron, ni entre nosotros que nos mezclamos y nos quedamos.