La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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El dólar cerró a la baja. la moneda estadounidense cerró las negociaciones del día en COP 3.700. lo que representa una caída de COP 5 frente al último precio del jueves (COP 3.775).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 6 de marzo es de COP 3.767,94, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, influencia con fuerza las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Sin embargo, lo que hace contrapeso en Colombia es el precio del petróleo, porque al ser un país exportador de crudo, una buena parte de las divisas que entran se deben a sus exportaciones.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Los criminales van a las prisiones a hacer un posgrado en el crimen en vez de resocializarse. Eso pasa porque están embutidos como sardinas en las celdas y porque la justicia cree que la cárcel es la fórmula mágica para todos los delitos.

Este programa, el sexto de una serie de siete que terminará en diciembre, fue hecho con el apoyo de la campaña Instinto de Vida y Open Society Foundations (OSF). Pueden ver el resto de programas aquí: http://bit.ly/2AIW69J

Conozcan la campaña aquí: http://bit.ly/2oxZjit

Si quieren saber más sobre este tema, pueden consultar estos enlaces:

¿Por qué la cárcel no disuade a los criminales?

Críticas al modelo carcelario

El desastre de Brasil y otros latinoamericanos

Cifras históricas del Inpec sobre el sistema carcelario en Colombia

Los niveles de reincidencia en Estados Unidos (un modelo para analizar)

Comisión de Seguimiento en Colombia sobre el sistema carcelario

Para ver el programa que le dedicamos a la corrupción en Yopal (del que hablamos al final de esta pulla) pueden entrar aquí: http://bit.ly/2z7OpbV

En Colombia nos sobran motivos para rabiar. La Pulla es un espacio de opinión para aportar contexto y reflexión a la fugaz indignación de los colombianos. Emberráquese con argumentos. Emberráquese con nosotros.

La Pulla es escrito por Juan Carlos Rincón Escalante (@jkrincon), Juan David Torres Duarte y María Paulina Baena (@mapatilla). Baena es la presentadora. 

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Supuse que en ese conversatorio Ospina sumaría fuerzas con su invitado para darles el golpe de gracia a Galileo, Newton y Einstein. Pero no fue así: ante los “desatinos” y “fracasos” del creador del cálculo infinitesimal (todo es posible en estos tiempos de la posverdad) el poeta se mostró sensible y condescendiente. Ospina lo expresa de manera lírica: “La ecuación intenta sus malabares, pero alrededor se desesperan los ángeles”.

Quién hubiera pensado, la poesía convertida en arma para refutar a Einstein y en instrumento para desenmascarar las imposturas de Newton ¡Poesía, filosofía y ciencia, de la mano, qué síntesis magistral! Sorprende hasta dónde puede llegarse con esa sensiblería, que solo servía, pensaba yo, para seducir impúberes. Y no denigro de la poesía, aunque no creo que sea de buen gusto acompañar con guacharaca la música de Bach.

Pero esa compasión con los débiles de mente se torna más adelante en dureza: “El pobre Galileo y el pobre Newton son dos literatos patéticos que intentan atrapar la realidad en palabras, pero han renunciado de antemano a la imaginación, a la fantasía, a la emoción, a la metáfora. No me extraña que no lo logren”. Y a renglón seguido, el poeta filósofo nos advierte en su habitual tono sacerdotal: “La realidad es demasiadas cosas para que pueda caber en el incómodo recipiente de la razón…”.

Me sorprende que Ospina pudiera ver algún asomo de imaginación o metáfora en los Principia Matemática de Newton. Cualquiera que haya leído Es Tarde para el hombre habrá visto cuán fácil se desborda el receptáculo de su razón. Por eso no es extraño verlo razonando fuera del recipiente. 

Es evidente que ni William ni Vallejo entienden que las teorías científicas no son otra cosa que metáforas del mundo. ¿Es acaso la gravedad un campo, una fuerza o una geometría pseudoriemanniana del espacio tiempo? ¿Es el electrón una onda de probabilidad o su espín un vector de un espacio 2-dimensional complejo? Esas metáforas están escritas en otro lenguaje, y es otra la sintaxis, y para apreciar su belleza se necesita saber algo de matemáticas, más allá de poder sumar las once pulsaciones del endecasílabo o las catorce del alejandrino.

No debe alarmarnos, señala Ospina, si Vallejo se atreve a rebatir a Einstein, y para apoyar su argumento nos da este ejemplo: durante mil años se creyó que las moscas tenían cuatro patas, pues así lo afirmó Aristóteles, hasta un día en que alguien se dio a la tarea de contarlas, y descubrió que eran seis. Su ejemplo, sin embargo, no puede ser más desafortunado, pues contar patas es precisamente labor de científicos, no como Vallejo, que sin tener que contarlas sabe de antemano que las moscas tiene una pata.  

Y si de respetar autoridades se trata, su zalamería no conoce límites, hasta el punto de tachar de necios a quienes critican ese refrito del Manualito, según él, solo porque su lectura “los obliga a pensar”. ¿Podrán imaginarse cuántas horas de meditación habrá dedicado Ospina a desembrollar las leyes de la mecánica celeste o las ecuaciones tensoriales de la Relatividad General como para terminar convencido de las “imposturas” que Vallejo denuncia en su librito?

Más que un conversatorio, lo que presenciamos esa noche en el auditorio José Asunción Silva de Corferias fue un show de vanidad y adulación mutua. De un lado, el iracundo consuetudinario, esta vez algo senil, pero cada vez más repetitivo y monótono. Del otro lado, el romántico relamido, procurando con frecuencia desviar la conversación hacia un lado menos bochornoso… Y no faltó el episodio del teléfono celular repicando en el bolsillo del abrigo de Vallejo (cuando nos dijo que no usaba celular), y la conversación “casual” con su pariente Nora, el show de Tola y Maruja que no podía faltar.

Desde su pedestal de gran gurú, Ospina remata el vergonzoso espectáculo con un consejo solemne: “Muchachos, lean Las bolas de Cavendish, disfruten el esplendor del lenguaje tratando en vano de atrapar el mundo. Sientan el verdadero espíritu de esta época, y sientan la nobleza de Fernando Vallejo…”.

Me pregunto, ¿de qué nobleza nos habla? Tal vez cuando Vallejo insulta sin distinciones, usando vocabulario de barriada; o cuando tilda de payasos y estafadores a todos los académicos por igual, y a todos los físicos sin distinción; o tal vez cuando se aprovecha de manera infame de la tragedia personal de un colega (antes su íntimo amigo) para ultrajarlo ¡Qué gallardía, qué grandeza!

Y en cuanto al “verdadero espíritu de esta época”, vale la pena recordar las palabras del filósofo español Jesús Mosterín: “Desdeñosos de la filosofía escolástica, los humanistas despreciaban la incipiente actividad científica. Los resultados de Copérnico y Galileo eran ignorados o confrontados con hostilidad...”.

¡Qué poco ha cambiado el mundo! Cinco siglos después y aún persisten esos mismos personajes, fantaseando en su majadería, creyendo esta vez que la patanería o la cursilería son suficientes para echar abajo el monumental edificio de la ciencia, sin duda el patrimonio intelectual más grande de la humanidad. ¡Qué desvergüenza, qué pobreza intelectual! 

El proyecto de ley pretende afrontar el problema de los reincidentes agravando las penas para aquellos casos en los que el autor, después de haber cometido “por lo menos” dos delitos que tengan conminada una pena de prisión de al menos tres meses, cometa un nuevo delito, pues el autor demostraría de ese modo “que las condenas anteriores no le sirvieron de advertencia” (§48, párr. 1 del proyecto). En los hechos, esto constituye una regla de “three strikes and you are out”, mediante la cual se aumenta sustancialmente la pena mínima (¡hasta un máximo de diez años, de conformidad con el §48, párr. 3!), aunque sin justificar de forma plausible cómo puede lograrse el objetivo esperado, es decir, la reducción de la reincidencia.

De hecho, el proyecto aborda con cierta ligereza las cifras estadísticas disponibles (en Alemania) sobre la reincidencia al afirmar en la página 2 que “[c]on la ... severidad de las sanciones no se reduce la tasa de reincidencia, sino que ésta aumenta drásticamente”. Pero esto sólo es correcto cuando se comparan sanciones de diversa clase: las penas privativas de libertad sin libertad condicional ostentan la tasa más alta de reincidencia. Pues si se considera la duración de las sanciones, entonces el panorama resulta completamente diferente, dado que las tasas de reincidencia en los casos de penas privativas de libertad que sobrepasan los dos años y, sobre todo, los cinco años son claramente más bajas que las de las penas privativas de libertad más cortas. (Jehle et al., Legalbewährung etc., 2016).

Sea como fuere, si los autores del proyecto suponen que la tasa de reincidencia aumenta con la severidad de las sanciones, entonces resulta contradictorio exigir penas más altas para reducir la reincidencia. Además, en la actualidad la criminología empírica reconoce en general que una mejor disuasión no se consigue con penas más severas, sino con una mayor probabilidad de detección y de sanción. Ante todo, contribuye a ello que las personas dispuestas a delinquir puedan calcular mejor dicha probabilidad. Una tasa de reincidencia más baja en el caso de penas más altas también podría deberse incluso a otras razones; así, en el sistema de justicia penal alemán, las penas privativas de libertad más cortas se imponen sólo en el caso de personas con un pronóstico negativo respecto al ulterior cumplimiento de la ley (Legalbewährungsprognose), mientras que las sentencias largas se imponen debido a la gravedad del hecho e incluso a personas respecto de las cuales ese pronóstico es positivo. Por lo tanto, las cosas son más complicadas de lo que sugiere el proyecto de ley.

Más allá de esas deficiencias de contenido, el lenguaje mismo del proyecto merece una mayor atención, pues él refleja el espíritu del derecho penal nacionalsocialista. En primer lugar, como acertadamente ha dicho el exmagistrado de la Corte Suprema Thomas Fischer en Spiegel Online, el proyecto retoma la idea fundamental de la ley nazi sobre los delincuentes habituales de 1933; en ese sentido, sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que el terreno para dicha ley fue preparado por el Programa de Marburgo de Franz von Liszt, de 1833, con su exigencia de “inocuización” de los delincuentes incorregibles. El proyecto de ley del AfD es pues un ejemplo de continuismo (retrógrado) del derecho penal nacionalsocialista. El verdadero escándalo consiste en el hecho de que adopta la terminología nazi y sus correspondientes contenidos político-criminales, tales como: “normas de la comunidad”, “delincuentes habituales particularmente nocivos para la sociedad”, “encierro”, “inclinación nociva”, “análisis del carácter del autor”, “actitud interna negativa”, “obstinada hostilidad al derecho” (en la nota 12 del proyecto de ley este término es atribuido al reconocido criminalista Franz Streng [Juristische Schulung, 1993, p. 924], pero en verdad no se encuentra allí).

El proyecto de ley se presenta entonces como la expresión de un derecho penal de autor guiado por la actitud interna y para el cual no es relevante el hecho concreto —en el sentido del derecho penal del hecho, predominante en Alemania—, sino más bien la “culpabilidad por la conducción de la vida” (Edmund Mezger). De hecho, el mismo Mezger, citado por el AfD en la nota 15 del proyecto, ya había enfatizado en 1934 la orientación racial y étnica del “nuevo” derecho penal y, además, había puesto de relieve los “típicos grupos de enemigos de la sociedad”, exigiendo la “exclusión de los elementos racial y étnicamente dañinos” del ámbito de la comunidad del pueblo (Mezger, Deutsche Juristenzeitung, pp. 97-104).

Para Mezger, la culpa no sólo debía medirse por el hecho, sino sobre todo también por el carácter y la personalidad del autor (derecho penal de autor), más exactamente por la conducción de la vida y la culpabilidad por la decisión. El proyecto de ley adhiere a ello cuando habla de la “verificación judicial del carácter del autor” (p. 7) y subraya la “relevancia de la vida pasada del autor” (p. 8). Incluso, el proyecto va más allá, dando un paso desde el derecho penal de autor hasta el derecho penal del ánimo (Gesinnungsstrafrecht), cuando señala que se ha de “valorar, respectivamente ... el ánimo negativo del autor” (p. 8).

Si, además, el proyecto de ley pretende hacer del concepto de “inclinación nociva” un criterio para agravar las penas (§ 48, párr. 3), con ello también asumiría el enfoque nacionalsocialista centrado en el autor y basado en la biología criminal. En ese sentido, los nazis introdujeron ese término en el derecho alemán a través del decreto referido a las condenas indeterminadas, del 10 de septiembre de 1941, y lo incorporaron, más tarde, a la Ley del Tribunal de Menores del Imperio de 1943 (Höffler, Festschrift Kreuzer, 2018, 239-49). El hecho de que ese concepto siga en la Ley del Tribunal de Menores alemana (véase, por ejemplo, el §17, párr. 2) no mejora la situación, pues sólo demuestra el continuismo nacionalsocialista (orientado al futuro) del derecho penal republicano. Sin embargo, el proyecto de ley del AfD va incluso un paso más allá, ya que busca trasladar un concepto todavía existente en el derecho penal juvenil (más bien orientado al autor) al derecho penal de adultos.

Por qué el AfD utiliza esa terminología nazi es una pregunta que sólo ellos pueden responder. Pero el hecho de que lo hagan es algo que habla ya por sí mismo: muestra o el olvido de la historia o la conciencia de esa historia. Ambos casos deberían llevarnos a reflexionar.

* Kai Ambos es catedrático (prof. titular) de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal internacional y derecho comparado en la Georg-August-Universität (GAU) Göttingen. Recientemente ha publicado un libro sobre el derecho penal nazi (“Nationalsozialistisches Strafrecht”, 2019), cuya traducción al castellano se encuentra en curso. Este texto fue publicado originalmente en “FAZ Einspruch” y traducido por Rodolfo González Espinosa, doctorando de la GAU, y revisado por Gustavo Urquizo, doctorando y docente de la GAU, y el autor.

Las soluciones integrales ambientales tienen la ventaja de estar ligadas desde un principio a lo concreto y a lo inmediato. La realidad dice que la situación colombiana es triplemente crítica, en lo ecológico, lo económico y lo social. Lo inmediato surge de la conciencia de que una modificación rápida de la economía es imprescindible y urgente. Sin esa modificación económica todo se quedará en promesas y en la repetición de estudios ya hechos. Pero ese cambio en la economía actualmente está vedado por la llamada regla fiscal; hoy el manejo de nuestro propio dinero permanece en otras manos y en otras mentes. En Colombia hoy es imposible generar suficiente empleo para restaurar el ambiente y, al mismo tiempo, aliviar la pobreza sin que el dinero necesario sea aprobado en el mercado financiero internacional.

Afortunadamente existen ejemplos exitosos de expansión monetaria que demuestran que esas normas son innecesarias y dañinas, me refiero, por ejemplo, a la teoría del “Gran impulso” aplicada después de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra de Corea. Fue esa teoría la que permitió recobrar la economía europea mediante el Plan Marshall y abrió la puerta para que Estados Unidos lograra generar el milagro de Corea del Sur. Mediante el rápido aumento de la cantidad de dinero disponible, con emisiones y auxilios, se logró, en pocos años, revivir países que estaban en la miseria. Actualmente la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha propuesto aplicar esa teoría.

En nuestro país, dotado de una biodiversidad enorme, los argumentos ambientales podrían sumarse a los económicos y a los sociales, y obtener tanto del Banco de la República como de fuentes externas las decisiones necesarias para que un gran impulso monetario modifique integralmente la situación generando en lo público y en lo privado cientos de miles de empleos restauradores de los ecosistemas. El dominio del narcotráfico podría también debilitarse si irrigáramos las regiones productoras con dineros legales para reforestar, restaurar y recuperar el territorio, lo que podría ser interesante en Estados Unidos. Aporto esa idea a la posible conversación nacional.

La policía necesitaba encontrar unos responsables a toda costa y para conseguirlo ejerció una violenta e indebida presión sobre los jóvenes, quienes pese a clamar su inocencia, terminaron declarándose culpables. No bastaron ni las incongruentes versiones dadas por cada uno de ellos, que de hecho confirmaban su no culpabilidad, ni la falta de pruebas concretas para que fueran enviados a prisión. El impacto mediático y la necesidad de encontrar culpables fue tan fuerte que hasta el mismo Trump, desde su postura extremista y su millonaria comodidad, alcanzó a sugerir el regreso de la pena de muerte por este hecho a través de un costoso artículo publicado en cuatro periódicos neoyorquinos. Sin duda, se trató de un momento demasiado doloroso: cuatro vidas de 15 años y una vida de 16 terminaron injustamente en la cárcel ignorando por completo cuál sería su suerte.

Uno de ellos, Korey Wise, ayudó a fundar en asocio con la Universidad de Colorado Boulder el Korey Wise Innocence Project. El objetivo del proyecto es apoyar y revisar casos criminales donde han sido condenadas personas inocentes para que no solo vuelvan a ser libres, sino también puedan rehacer su vida. Y es que volver a la vida tras una injusticia de estas proporciones pareciera no hacer parte de la supuesta y equívoca racionalidad con la que ingenuamente creemos que funciona el mundo. Por fortuna, hay personas como Korey Wise que han logrado mantener su deseo de vivir y seguir adelante. Por fortuna, su experiencia es aleccionante para darnos cuenta de lo que significa la libertad y de lo importante que es querer la vida.

¿Pero cómo se vuelve a la vida tras una injusticia de esta magnitud? Para Ndume Olatushani, esposo de la directora del Wise Innocence Project, quien estuvo 27 años en prisión (20 de los cuales fueron en el corredor de la muerte) luchar por su inocencia daba sentido a su vida. Esa lucha la logró revelar a través del arte, como expresión visible del sufrimiento vivido. De la misma manera que lo formulara en su libro El hombre en busca de sentido el médico austriaco Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto: “lo  que  importa  no  es  el  sentido  de  la  vida  en  términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado”. Es difícil para la mayoría de nosotros dimensionar estas lecciones cuando no nos hemos visto enfrentados a estas situaciones extremas. Es imposible, por más que se quiera, ponerse en el lugar del otro y compartir su dolor para entenderlo mejor. En casos como este la empatía apenas da para admirar a los seres humanos que han tenido la entereza de seguir adelante en medio de la adversidad y para tener compasión de su dolor y sufrimiento.

En un mundo como el de hoy, y de manera más concreta en un país como el nuestro, estas experiencias deberían abrir caminos para entender mejor el impacto de la injusticia a diferentes niveles y lo difícil que es para las víctimas regresar a la vida. Pensar en todas esas personas que se han visto atrapadas en situaciones de violencia estructural es lo mínimo que podemos hacer si deseamos un país en paz. Por desgracia, en los últimos meses se ha ido perdiendo ese deseo desde las instituciones y pareciera existir un desánimo generalizado por lo que pueda pasar. Estamos entrando en un delicado statu quo donde no solo lo urgente no deja tiempo para lo importante, sino también la manera como se prioriza el futuro del país está dejando de lado la defensa de la vida como valor supremo. No existen hoy en día discusiones de fondo sobre cómo recomponer ese valor y urge volver a ellas cuanto antes. Ni las elecciones ni lo que está pasando en otros países nos debe alejar de esa importante tarea de lo que significa el regreso de la vida en Colombia.

@jfcarrillog

El Consejo de Estado, además de ser órgano consultivo del Gobierno, es la máxima autoridad judicial frente a las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas. En un país como Colombia, en el que el Estado se inmiscuye prácticamente en todas las actividades de los ciudadanos, el correcto y oportuno ejercicio de esa función contencioso-administrativa es vital para la realización de los derechos constitucionales. Los temas de impuestos, contratación estatal, sanciones y multas, licencias, conflictos electorales y otros tantos que son competencia del Consejo de Estado, afectan el bienestar de millones de colombianos. Lamentablemente, este organismo está colapsado por el alud de procesos. Se encuentran represadas miles de sentencias de las que depende la suerte de personas y empresas que muchas veces dejan de existir antes de que se dicte justicia.

La figura de la suspensión provisional, diseñada para detener los efectos jurídicos de un acto administrativo manifiestamente ilegal, es una valiosa herramienta para enfrentar entuertos como la torpeza o la corrupción de esos funcionarios públicos que se arropan en la presunción de legalidad de sus decisiones. Sin embargo, el trámite de esta figura en el Consejo de Estado se ha vuelto tan tortuoso que en algunos casos pasan años antes de que se tome una decisión que debería ser inmediata. La entidad padece serios problemas logísticos. Por falta de salas, una simple audiencia inicial, que no debería tardar más de un mes en realizarse, se demora más de un año.

El Consejo de Estado, venerable institución bicentenaria, requiere la urgente atención del Congreso de la República y del Gobierno. Antes que soluciones maximalistas y lugares comunes, sería mejor escuchar de los candidatos presidenciales sus ideas sobre cómo enfrentar la emergencia de nuestro sistema judicial.

@jcgomez_j

Por lo pronto, aceptando que las barreras que existían en Cámara y Senado se superaron gracias a la promesa de que la nueva ley nos convertirá en un país digital, quedan por resolver muchos interrogantes.

Por ejemplo, ¿cómo se va a mitigar el traumatismo institucional mientras se diseña e implementa el regulador convergente, se restructura el ministerio de las TIC y se liquida la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)?

¿Cómo asegurar que los cuantiosísimos recursos que, según el gobierno tendrá el nuevo fondo de las TIC, se destinen sin favoritismos a garantizar la libertad de información, estimular la creatividad y fomentar la industria nacional de contenidos?

¿Si será cierto que los alivios económicos a los operadores se reflejarán en mejores servicios y tarifas óptimas para los usuarios?

La conectividad digital universal era un objetivo del siglo pasado. Colombia no lo logró, a pesar de los cientos de miles de pesos que se destinaron a subsidios, tanto a la oferta como a la demanda. Eso revelaría un estruendoso fracaso de la política de telecomunicaciones que se ejecutó durante los últimos 20 años. Sería conveniente que los dos anteriores ministros de las TIC defendieran sus ejecutorias, pues uno de los argumentos que utilizó el actual gobierno para promover su proyecto de ley fue el déficit de cobertura y calidad de los servicios.

Con todo, la nueva ley se pliega a la escuela tradicional que sostiene que el futuro digital de nuestro país depende de esos subsidios; el anacrónico modelo Robin Hood.

Al respecto hay que recordar otra vez el caso de Israel -el país Star-Up- que hoy está en la cumbre digital a nivel mundial. Eso se logró al cabo de 30 años de consistentes políticas y ejecutorias con la participación del gobierno, las universidades y la iniciativa privada. Habrá que analizar el texto de nueva ley de TIC en Colombia para saber si efectivamente ese el camino para que nuestro país llegue a la tierra prometida digital. @jcgomez_j

El Gobierno deberá diseñar e implementar la compensación del IVA a partir de las plataformas existentes como Sisbén IV, Familias en Acción o adulto mayor. Si fracasa en este propósito habrá quemado una herramienta de redistribución en momentos en que la equidad es el principal propósito de política pública ante el estancamiento secular de la economía global.

Se deberá cerrar el negocio de Medimás EPS, de conformidad con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pasado mes de abril, y que fue apelado ante el Consejo de Estado. Se deberán seguir cerrando EPS que se instrumentalizan como máquinas de corrupción y se deberán judicializar más inescrupulosos que, por encima de la vida humana, usufructúan lo público en su exclusivo beneficio.

Se deberá definir el nuevo fiscal general, que defina si habrá ruptura o continuidad con la sucia gestión del funesto Martínez Neira, quien dejó en el fango una institución de la que tanto depende la lucha contra los corruptos y bandidos que tiene ahogada a la nación en sus porquerías.

Se deberán reglamentar plataformas como Rappi y Uber, que constituyen una realidad no entendida por nuestros legisladores y autoridades administrativas, que prefieren tomar medidas de corto plazo y por conveniencia politiquera.

Se adjudicará a nuevos operadores el manejo de Electricaribe, con gabelas financieras con cargos a los impuestos de los contribuyentes y sin hacer respetar los mínimos de eficiencia por parte de los privados, socializando riesgos al tiempo que se privatizan rentas públicas.

Se pondrá en funcionamiento la Holding Financiera para lograr economías de escala y supuestamente frenar nidos de corrupción como lo han sido Banco Agrario, Fiduprevisora, Findeter o el Fondo Nacional del Ahorro, capturadas por un ministro de Hacienda como Carrasquilla, que representa la corrupción técnica por sus antecedentes con los Bonos Agua.

Y serán muchos más los pendientes, pero tal vez ni siquiera alguno de los anteriores podrá ser resuelto por este improvisado gobierno. ¡Feliz año nuevo!

El literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 establece los términos dentro de los cuales las entidades promotoras de salud (EPS) deben cancelar a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) las facturas por servicios, fijando los plazos, con el fin de permitir el flujo de recursos como condición esencial que garantizan la calidad y oportunidad para los usuarios.

El contralor de Medimás, con fecha 4 de octubre de 2019 y radicado NURC 1-2019-630322, advirtió al superintendente de Salud sobre el descomunal monto de los pasivos de esa EPS con cerca de 2.000 IPS y profesionales que componen su red de atención. Con corte de agosto 2019, notificó que la deuda insoluta ascendía a $1,99 billones con IPS y $0,8 billones con otros acreedores, exigiendo también “realizar al menos la capitalización de que trata la Resolución 2426 de 2017, con el fin de mejorar la difícil situación financiera que atraviesa”.

Como la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres) ha hecho entrega a Medimás EPS de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que esta a su vez debe trasladar a las clínicas, hospitales y profesionales por los servicios brindados a los pacientes, los crecientes pasivos con IPS sugieren un posible desvío de recursos públicos que pone en peligro inminente la estabilidad de todo el sistema de salud.

Esta hemorragia financiera de Medimás EPS significa una sistemática vulneración de los derechos a la salud y a la vida para más de tres millones de afiliados, razón por la cual la Contraloría General de la República debe adelantar, de forma prioritaria y urgente, las acciones fiscales para determinar a los responsables de este desvío de recursos públicos y, junto con la Procuraduría General, obligar al superintendente de Salud a que cumpla la ley y/o sancionarlo por omisión. Las demoras en la toma de estas decisiones implican varios delitos.

@jrobertoacosta1

Pero la mermelada ha empezado a distribuirse mas allá de lo público. Al 3% de las empresas mas poderosas del país se les entregarán $6 billones de los $9 billones de beneficios aprobados con la reforma tributaria. A quienes el próximo año hagan posturas para comprar Electricaribe se les otorgará $2 billones, con cargo a nuestros impuestos, en préstamos a traves del nuevo Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE).

Y al hueco fiscal que dejarán los anteriores $11 billones se sumaran los $2,3 billones que costará la supuesta devolución del IVA  al 20% de la población de menor ingreso. Así las cosas, mientras el gobierno se declara ganador por haber pasado su reforma tributaria, repitiendo el curso y perdiendo valioso tiempo, las finanzas públicas perderán casi 1,5% del PIB, volviendo trizas la Regla Fiscal.

Y por si fuera poco, en materia de salud no se cierra la hemorragia de corrupción que corroe parte de los $48 billones que anualmente se entrega a las EPS a lo largo del territorio nacional. Aunque por cuenta de la Ley 1949 de este año la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de cuatro EPS entre las que se destacan Cruz Blanca y SaludVida, obligando el traslado de mas de 2,7 millones de afiliados, aún sigue operando la peor de todas: Medimas.

La Procuraduría solicitó esta semana la intervención forzosa administrativa para liquidar Medimás que pierde mensualmente $108 mil millones, tiene deudas por $2,8 billones y un patrimonio negativo de $1,02 billones, en clara causal de disolución. Por su parte la Contraloría ha venido investigando irregularidades que se concretarán en hallazgos fiscales que superan los $2 billones con incidencias penales a todo nivel y que deberán ser tenidos en cuenta por el Consejo de Estado que deberá ratificar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó dejar sin efecto el negocio de Medimas.

Pero como el negocio de la salud aceita y reparte mermelada por todo el país, pues poco o nada hace este Gobierno, alimentando a la corrupción con su inoperancia. Ahí tienen su Navidad.

@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com

El comercio crece al 5,9%, pero vendiendo mas productos importados los cuales crecen al 10% en términos reales a pesar de la subida del dólar, mientras las exportaciones se estancan con apenas 1,9% de aumento. El otro sector disparado es el financiero, con crecimiento del 8,2% y alimentando peligrosamente un “consumo al debe”, mientras la superintendencia financiera les otorga plazo hasta el año 2024 para ajustarse a los requerimientos de solvencia patrimonial exigidos por Basilea III y que actualmente incumplen peligrosamente.

En este impulso de consumo, llama la atención el gasto del Gobierno, con un crecimiento del 3.5%, mostrando que eso de la austeridad no es la política predominante: se puede comprobar con los suntuarios gastos de publicidad de entidades como el Ministerio del Deporte o Findeter. Si Findeter no atiende al público por ser una “banco de segundo piso” ¿Que imagen busca lavar con tanta propaganda?

Desafortunadamente esta demanda de bienes importados, alimentada con crédito bancario y el derroche gubernamental, no está siendo satisfecha con producción nacional. La industria manufacturera solo crece 1,5%, el sector agropecuario con un flojo 2,6% y el sector minero apenas 1%. Al mismo tiempo la construcción se desploma en 2,6% y el sector de comunicaciones cae 0,6%. Si estos sectores representativos de la oferta interna y generación de empleo no se recuperan el mercado laboral tampoco va a recuperarse de su permanente destrucción de puestos de trabajo. No importará que paupericen el salario mínimo.

La Ley de Financiamiento fracasó en su promesa de generar crecimiento por el lado de la oferta y producción interna para que usara mas mano de obra local y de los 1,6 millones de inmigrantes venezolanos que, afortunadamente, han aportado con su consumo para este crecimiento de corto plazo basado en la sola demanda. De no corregirse el rumbo, este flojo crecimiento se desinflará rapidamente, enardeciendo aún mas a un país que este gobierno ha envenenado con su polarización y arrogancia.

@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com

Lo anterior se llama autopréstamos, tristemente célebres por generar crisis financieras como la del Grupo Gran Colombiano en los años 80 y constituye permitir operaciones financieras con inconvenientes conflictos de interés, prohibidas internacionalmente.

Pero el Decreto 1385 viola abierta y flagrantemente el Decreto-ley 656 de 1994, que en su artículo 13 obliga a las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales “abstenerse en general de realizar cualquier tipo de operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran”.

Y como decreto-ley mata decreto, pues en diciembre del año 2015 se demandó ante el Consejo de Estado por nulidad esta norma, pero solo hasta el viernes 3 de abril del año 2020 se fijó audiencia inicial de fijación del litigio. Más de cuatro años para resolver en derecho algo tan sensible para 15 millones de afiliados del régimen de ahorro individual, que acumula cerca de $300 billones.

Cuando le expuse el tema a Iván Duque, en su calidad de senador, me manifestó su apoyo para tumbar el Decreto 1385, pero como presidente ha desplegado a través del Ministerio de Hacienda, y la coadyuvancia de Asofondos, una agresiva estrategia jurídica para que la demanda de nulidad contra el Decreto 1385 no prospere y se mantenga esta gabela que el gobierno de Juan Manuel Santos otorgó a los grupos económicos en detrimento de un manejo ortodoxo de las inversiones de las AFP.

Por lo anterior, es imposible crear tanta alharaca de oposición del uribismo contra Santos, cuando en materia de negocios parecieran tener los mismos jefes. Tan es así que la misma Superintendencia Financiera apoya no solo el Decreto 1385, sino también el Decreto 1486 del año pasado, que permite a Luis Carlos Sarmiento, como persona natural, vender y comprarle acciones de su propiedad a AFP Provenir. Ojo.

@jrobertoacosta1 / jrobertoacostaopinion@gmail.com

Como es y debe ser la tradición de un medio tan respetado como El Espectador, hoy debo abandonar, y aspiro que sea con tiquete de regreso más adelante. A mis lectores de esta columna, creo necesario entonces dedicarles esta columna para agradecerles su fidelidad a estas notas y su paciencia cuando encontraron algo que no era de su agrado. Pero debo especialmente también agradecer a Fidel Cano. Aún recuerdo aquel encuentro en un avión, en el que me invitó a ser parte de una nueva apuesta del periódico al darle vida a su sección de El Salmón. Dejaba en aquel momento una década del mismo ejercicio de una columna en el Nuevo Siglo. Ha sido fascinante ver el devenir de este proyecto editorial económico de El Espectador, y no tengo sino palabras de agradecimiento por haber sido parte del mismo. Intenté hacer con responsabilidad una columna que combinara los temas empresariales, económicos y de educación. Tres asuntos que se han convertido en los compañeros de mi vida profesional y que creo deben tener muchos más puntos de tangencia.

Habiendo sido un educador por mucho tiempo, siempre tuve como convicción que uno tiene y se debe un compromiso con su país, independiente de los sacrificios que deba asumir. He tenido siempre como norte que en nuestras actuaciones, cualquiera que ellas sean, debemos privilegiar el bien común sobre el particular, y tenemos la obligación de responder por los privilegios que algunos hemos tenido en la vida, para que todos tengan las mismas oportunidades. Que como ciudadanos construyamos equidad y prosperidad, y que tengamos en mente ser solidarios y respetuosos de la diferencia en una sociedad.

Trabajar en educación de calidad es, sin duda, una forma a través de la cual proveemos un servicio público, y a través de ella se construye bien común, pero me llega el momento en el que hay que dar un paso adelante y servir con responsabilidad, con dedicación, con el máximo de mis fuerzas, a propósitos de país. Por ello, cuando el Presidente electo Iván Duque, generosamente me llamó a servir al país, acepté dicho desafío. Porque es fácil criticar o hacer recomendaciones desde una columna como esta, pero mucho más difícil trabajar directamente para construir una mejor política pública, y porque parte de nuestra vida como ciudadanos es entender que en el marco de una ética de lo público, en algún momento es necesario construir ese bien sagrado de lo público. Como lo he dicho en este espacio, no siempre ese trabajo público es una tarea que se agradece y como me lo han señalado quienes han ejercido dicho rol, hay veces en los que se siente ingratitud. Pero, justamente, es indispensable entender que si privilegiamos ese bien común sobre el particular, el servicio de lo público no es precisamente para obtener aplausos y reconocimiento, sino para genuinamente construir una mejor sociedad.

Gracias a El Espectador por este espacio, a Fidel Cano por asumir el riesgo de invitarme, y a todos mis lectores por estar ahí cada domingo.

jrestrep@gmail.com / @jrestrp

Dicen que la quinta es la vencida. Ya veremos si eso es posible en el marco de un Congreso que en estos meses va a estar más conectado con las elecciones. A esta dificultad se va sumar el argumento de que la medida cuesta mínimo $400.000 millones, cifra que en un apretado contexto fiscal no es un asunto menor. 

Lo curioso es que ahora la iniciativa vino del propio Fiscal General, como un camino para enfrentar los dineros que en efectivo aparentemente guardaron algunos grupos o ex grupos al margen de la ley, o en general dineros de economías subterráneas que se encuentran “encaletados” o “embodegados” para evitar, no sólo el pago de impuestos, sino pendientes de ser “lavados”. 

Presentada así, la iniciativa es menos parecida a dos de las tres razones que han llevado a muchas naciones en el mundo a seguir este camino. La primera razón que se esgrime es la misma de nuestras cinco propuestas que busca simplificar las operaciones contables, reducir los costos de transacción y acercarnos a los órdenes de magnitud de países más desarrollados. La segunda razón fue la que intentaron usar los políticos en 2016, que es enfrentar la inflación, asunto que en realidad ha funcionado en muchas naciones que han hecho una redenominación de sus monedas para enfrentar hiperinflaciones y que tiene ejemplos en Perú, Brasil o Rusia. Pretender usar este argumento ahora en Colombia no tendría sentido pues ya estamos de nuevo en el rango de meta del Banco. 

La nueva propuesta se parece más bien al proceso de “desmonetización” que implementó India en 2016, que buscaba sacar del mercado 80 % de la moneda circulante debido al fenómeno de atesoramiento por fuera del sistema financiero que animaba corrupción, ilegalidad y evasión fiscal. Curiosamente, y ello serviría de lección en nuestro caso, el gobierno indio estimaba que 20 % del circulante existente iba a desaparecer porque las personas, por temor a ser capturadas en su ilegalidad o evasión, no se aproximarían a cambiarlo en el plazo definido. Al final, 99 % del circulante fue cambiado, incluso a pesar de los errores de implementación. 

Lo que me inquieta es que, siendo este el odre nuevo con el que se presenta la vieja propuesta de eliminación de los tres ceros, el Banco de la República sale a decir que el proceso de cambio debe ser largo y durar cerca de tres años, con una implementación igualmente larga porque aún falta todo el trámite en el Congreso. 

Concebida así, la propuesta es entonces la misma de las ultimas cuatro ocasiones y únicamente serviría para simplificar las operaciones. Si la implementación es larga, las economías subterráneas o grupos o ex grupos al margen de la ley sabrán rápidamente cómo reemplazar su moneda por divisas y otros bienes poco a poco, directamente, o a través de testaferros, al punto que al final será un modelo generoso y lento de lavado de activos, que si bien puede traer nuevos recursos al sistema, no enfrenta el problema descrito por el Fiscal. 

Seguir el camino de las últimas cuatro propuestas me lleva a pensar que es una ruta costosa y no esencial. En cualquier caso, lo que sí debemos garantizar es que la propuesta venga con herramientas para enfrentar el problema de fondo que es cómo disminuimos el excesivo uso de efectivo en nuestro país para las transacciones (que está entre 50 % y 70 % contra casos totalmente distintos como Corea, Inglaterra y Chile en donde oscila entre 10 % y 20 %). Tanto uso de efectivo es dejar viva la semilla de la ilegalidad, la informalidad y la evasión. 

Uno de los debates centrales en el mundo político y económico de hoy lo es el de la generación, distribución y buen aprovechamiento de las fuentes de energía eléctrica en una nación. Palabras como eficiencia, energía limpia, planeamiento energético, dependencia, capacidad instalada y potencial de demanda, entre otras, son asuntos clave en un debate de largo plazo que merece la atención de toda la sociedad. Para no ir muy lejos, basta ver el debate que se presentó recientemente entre el presidente Trump y el expresidente Obama por el plan ambiental de este último (que incluía el asunto de energía eléctrica).

En Colombia, de este tema suele hablarse únicamente cuando vivimos momentos difíciles en los que se presentan dificultades en la oferta. Hace unos meses, como resultado del fenómeno del niño, se puso a prueba nuestro sistema energético y ello reactivó de nuevo las preocupaciones sobre nuestra capacidad de generación de energía eléctrica. Aún recordamos cómo nuestro país tuvo que importar energía de Ecuador para evitar un apagón. Hoy sabemos, por ejemplo, que el 18 % de la energía consumida en el país es transformada en electricidad y, de este consumo, cerca del 70 % proviene de la generación hidráulica y el grueso restante viene de la generación térmica (cerca del 20 %). Hace unos diez años, la distribución tenía una concentración todavía mayor en la hidráulica, con el 80 %, y la térmica era del 14 %. En EE. UU., a diferencia de nuestro caso, el 64 % es térmica; el 20 %, nuclear y el 7 %, hidráulica. El resto incluye un 5 % en energía eólica y 1 % solar.

Por el buen trabajo de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), hoy sabemos que es indispensable mirar con cuidado lo que viene hacia delante. De seguir como vamos, podríamos empezar a tener un déficit energético en los próximos años, al punto que para, el 2040, el propio BID estima que las necesidades energéticas en Colombia crecerían en un 110 %, lo que requerirá una cantidad sin precedentes de infraestructura adicional para soportar la demanda, y esta estimación puede ser aún mayor en el escenario de un país más desarrollado, más competitivo y más atractivo para los inversionistas internacionales. Justo por eso, este es un buen momento para planificar inteligentemente y actuar a tiempo en la implementación de dicha nueva infraestructura.

En ese camino, Colombia debe, primero, diversificar las fuentes (profundizando en lo eólico y solar hasta donde sea posible) y aún con sistemas más limpios de generación térmica (que hacen uso de nuestra fortaleza carbonífera). Sin embargo, un camino necesario y que responde de mejor manera a otros propósitos esenciales (como el buen manejo del agua, el control de flujos hídricos para el cambio climático y la producción alimentaria), además de ser más eficiente en términos de costos; es justamente aprovechar la ventaja competitiva en generación hidráulica. Colombia es un país privilegiado en su oferta hídrica y, hoy, es el número 4 de 168 naciones en el mundo en generación hidráulica limpia.

La hidroelectricidad puede ser, además, una fuente de potencia de sistemas de riego para la agricultura, puede recuperar zonas afectadas previamente por el conflicto armado en nuevas cuencas hidrográficas y, al recurrir a prácticas sostenibles, puede ser una buena fuente para atender la demanda futura. Pensando en las necesidades de largo plazo de nuestra economía, anticipándose y haciendo las inversiones a tiempo, con una buena planificación, diversificando las fuentes, aprovechando nuestras ventajas competitivas, superando los prejuicios ideológicos y aligerando los excesos en la normatividad ambiental, el país puede evitar en el futuro el riesgo de déficit energético.

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