Robin Sloan y Matt Thompson auguraban que para 2014 Google se habría convertido en un gigante de la red que acabaría con el periodismo tal y como lo conocemos, pero hoy los devotos del periódico en papel pueden respirar tranquilos.

Ello, porque las premoniciones del apocalíptico vídeo “Epic 2014” no se han cumplido, o por lo menos no en la fecha indicada, mientras Google ya ha comenzado su primer curso en línea para formar a los periodistas del mañana.

“El curso ‘Desarrollo de proyectos periodísticos para la web’ se ha enfocado en cómo crear modelos de negocios en plataformas digitales, atraer audiencias y desarrollar esquemas de monetización”, dijo hoy en una entrevista con Efe la jefa de comunicaciones de Google Hispanoamérica, Ana Paula Blanco.

Un curso en línea gratuito que comenzó el 18 de noviembre con el objetivo de promover la generación de contenidos en español, ya que sólo el 4 % de la web está en este idioma.

“Creemos que es imperativo capacitar y crear modelos de incentivo para alentar la producción de contenido digital para el desarrollo cultural, económico y social de Hispanoamérica. Buscamos una web cada vez más relevante para los hispanohablantes y por eso creamos y apoyamos iniciativas como ésta”, continuó Blanco.

Y aunque Google no es un medio de comunicación, su papel para la supervivencia de los diarios digitales resulta crucial, según la experta.

"El motor de búsquedas es como una biblioteca, que reordena el contenido existente facilitando su acceso. Los medios generan contenido, y los pone al alcance de quien los busque en el momento que lo necesite", explicó.

De este modo, el gigante de la red se dedica a “fomentar el crecimiento de los medios de comunicación existentes y sobre todo la aparición de nuevos”, apostillo Blanco.

La evolución de la industria periodística mira hacia el código binario y, por ello, “hoy los medios sociales son tan importantes como los medios tradicionales” para la jefa de comunicaciones de la versión hispana de Google. Sin embargo el desafío, a ojos de Blanco, radica en garantizar “contenidos de alta calidad” y ahí es donde entra el buscador.

“La red abre un abanico de posibilidades para la democracia ya que permite que se amplíen tanto el acceso a la información como la posibilidad de las personas para comunicar sus ideas”, opinó Ana Blanco.

Google quiere participar en el complejo proceso de democratizar de la información: “Es esencial la libre circulación de información y la posibilidad de las personas a acceder a la pluralidad de voces, para luego decidir democráticamente”.

El curso, organizado por Google y la Knight Fundation, cuenta con más de 4.000 alumnos, principalmente de México, España, Colombia, Perú y Argentina.

Además, las fundaciones ofrecen una beca especial para reconocer los mejores proyectos: un viaje a Austin (Texas, EE.UU.) para el simposio de periodismo digital de abril de 2014.

El episodio protagonizado por Luis Suárez, que mordió a un rival durante el partido con el que Uruguay se clasificó a octavos del Mundial-2014 de fútbol al vencer 1-0 a Italia, generó dos millones de tuits, indicó este miércoles al AFP la red social.

Uruguay podría quedarse sin el delantero -conocido por su fuerte y explosivo temperamento- para el partido con Colombia el sábado 28, si la FIFA, que está investigando lo ocurrido, decide sancionarlo por haber mordido en el hombro al defensa italiano Giorgio Chiellini, a espaldas del árbitro pero bajo los lentes de las cámaras.

Por su lado, en el que podría ser su último partido con los ‘azzurri’, el guardameta Gianluigi Buffon fue designado #ManOfTheMatch del encuentro que mereció 3,47 millones de tuits.

En el mismo grupo D, el partido entre Inglaterra y Costa Rica, que ya tenía el pase a octavos (0-0), generó 1,47 millones de mensajes de 140 caracteres.

En cambio, los usuarios de la red social del pajarito dedicaron 4,43 millones de tuits para la espectacular goleada de Colombia frente a Japón (4-1).

La victoria conseguida en los minutos adicionales en el choque de Grecia frente a Costa de Marfil (2-1), sólo dio lugar a 1,1 millones de mensajes.

La primera víctima fue el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984. Desde ese momento, la lista se fue engrosando. El siguiente en turno fue el juez Tulio Manuel Castro Gil, el investigador del crimen de Lara, asesinado en julio de 1985.

Por el tema de la extradición, el Cartel de Medellín la emprendió aparte con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nunca se cansó de amenazarlos. Los mensajes que sus sicarios enviaban a las casas de los juristas, algunos acompañados por sufragios, coronas fúnebres y hasta féretros dejados frente a sus casas, dejaron evidencia de su odio particular contra los jueces. El día que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, Escobar vio como otros lograron el cometido que él esperaba.

Aunque la justicia nunca probó un nexo concreto del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia, siempre quedó la suspicacia de que Pablo Escobar algo tuvo que ver con la planeación o financiamiento de la operación. Lo que si fue claro es que ocho meses después del holocausto, en estado de indefensión y a plena luz del día, dos sicarios asesinaron al magistrado Hernando Baquero Borda, sobreviviente del ataque al Palacio e integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El hecho tuvo lugar el 31 de julio de 1986, cuando el jurista se movilizaba en un vehículo oficial al norte de Bogotá. Dos inocentes más perdieron la vida en la acción: uno de los escoltas del magistrado Baquero Borda y un joven transeúnte que transitaba por la calle. El asesinato de Baquero Borda fue la notificación del narcotráfico a la justicia para que no siguiera apoyando la extradición. Tres meses después, el Cartel de Medellín volvió a elegir a la justicia como el blanco de sus atentados.

En esta ocasión la víctima fue el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna, asesinado el 30 de octubre de 1986. Paradójicamente, el abogado Zuluaga había entrado a reemplazar al magistrado Álvaro Medina Ochoa, a quien también habían asesinado en abril de 1985 cuando llegaba a su casa en Medellín. La muerte de Zuluaga Serna obedeció a su persistencia por encausar judicialmente a Pablo Escobar y sus sicarios, no sólo por narcotráfico sino también por homicidio.

A comienzos de 1987, la cruzada criminal de Escobar contra la justicia siguió adelante, esta vez a través de un atentado contra el exministro de justicia de la administración Betancur, el abogado Enrique Parejo González. La acción tuvo lugar en Budapest (Hungría), donde Parejo ejercía como embajador de Colombia. Con este atentado, Escobar le advirtió al Estado y la sociedad colombiana que ninguno de sus enemigos en el poder judicial podía estar a salvo, así se refugiaran en el último lugar del mundo.

Ya en 1988, cuando Pablo Escobar enfrentaba no una sino dos guerras, la primera contra el Estado y la segunda contra el Cartel de Cali, se desató una ola de violencia en Colombia por otro tema paralelo: la elección popular de alcaldes. Este avance democrático facilitó un primer proceso electoral en marzo de 1988, que para las intenciones del paramilitarismo derivó en una sucesión de masacres direccionadas a posicionarse en el control del poder local y eliminar cualquier avance democrático de la izquierda.

Las masacres de Mejor Esquina, Honduras o La Negra, en la región de Urabá y Córdoba, mostraron la mano del paramilitarismo en asocio con el narcotráfico dejando decenas de viudas y huérfanos al paso de sus escuadrones de la muerte. Entonces apareció una valiente jueza empecinada en demostrar el origen de esta violencia. Se llamó Martha Lucía González, era jueza segunda de Orden Público, y sin temor alguno en poco tiempo develó cómo estaba integrada la estructura criminal detrás de las matanzas.

Se trataba de un triángulo asesino y unos apoyos conexos. Los tres promotores de la violencia eran Fidel Castaño, alias ‘Rambo’; Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’; y el propio Pablo Escobar Gaviria. Junto a ellos un verdadero ejército paramilitar con puntales en el Magdalena Medio y la región de Córdoba, y la ayuda de varios funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. A la jueza Martha Lucía González no le tembló la mano para expedir órdenes de captura contra todos los implicados en las matanzas.

Entonces comenzaron las amenazas contra la jueza Martha Lucía González. Y como no pudieron asesinarla y ella tuvo que marchar al exilio, después de tormentosos meses de persecución, la mafia del narcotráfico cobró venganza asesinando a su padre, el abogado Álvaro González Santana. El hecho tuvo lugar el 4 de mayo de 1989, frente al Parque Nacional en Bogotá. En el exilio, Martha Lucía González se enteró de la noticia. Escobar demostró así que si no podía con los jueces iba a acabar con sus familias.

Ya su mal ejemplo de asesinar jueces o magistrados lo habían copiado otros criminales. La prueba fue la masacre de La Rochela, ocurrida en jurisdicción de San Vicente de Chucurí en enero de 1989, cuando fueron asesinados por fuerzas del paramilitarismo doce jueces, agentes, secretarios y conductores que integraban una comisión de investigadores en el Magdalena Medio. En ese momento ya era evidente que ningún funcionario del poder judicial estaba a salvo de las balas del narcotráfico.

Por eso, la siguiente víctima directa del Cartel de Medellín se presentó apenas seis meses después. El viernes 28 de julio de 1989, a la altura del barrio Santa Mónica, al occidente de Medellín, fue acribillada a tiros la jueza tercera de Orden Público, Maria Helena Díaz Pérez. Sus dos escoltas Dagoberto Rodríguez y José Alfonso de Lima, también perdieron la vida. La asesinaron por confirmar las medidas de aseguramiento que había expedido su colega Martha Lucía González contra Escobar, Rodríguez Gacha, Castaño y demás.

Nacida en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), la jueza María Helena Díaz siempre se destacó como una abnegada funcionaria judicial. Después de impartir justicia en diversos municipios de Antioquia, en septiembre de 1988 fue exaltada como jueza de Orden Público. De inmediato emprendió la tarea de develar la maquinaria criminal del narcotráfico. Lo hizo respaldando a su colega Martha Lucía González. Pero le costó la vida. En su memoria, 20.000 funcionarios del poder judicial entraron en paro.

En ese momento, la lista de víctimas del narcotráfico contra el poder judicial ascendía a un ministro de Justicia, un Procurador General de la Nación, varios magistrados, 11 funcionarios de Instrucción Criminal y más de 20 jueces. Pero ahí no iba a parar la racha asesina. El 16 de agosto de 1989, a la altura dela Calle 13 con carrera 16 en Bogotá, fue asesinado a quemarropa el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia García. Lo mataron por lo mismo: enjuiciar a los capos de la droga.

Natural de Pereira, después de cumplir labores como juez en su ciudad natal y en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Carlos Valencia García fue designado como magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá en agosto de 1985. Desde entonces, tuvo que documentar varios casos del narcotráfico, hasta que llegó a sus manos uno de los expedientes más complejos: la investigación por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Un proceso que ya deambulaba por la impunidad.

El miércoles 16 de agosto de 1989, Valencia García confirmó el llamamiento a juicio de Escobar Gaviria y sus secuaces por el crimen del periodista Guillermo Cano. Días atrás, en compañía de otros magistrados, había ordenado la captura de Gonzalo Rodríguez Gacha como principal sindicado del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Ese mismo 16 de agosto, a Valencia García lo estaban esperando cuatro sujetos en dos motocicletas, quienes lo asesinaron.

La lista de víctimas del Cartel de Medellín y sus socios del narcotráfico siguió creciendo en la medida en que recrudeció la guerra, y en especial, Escobar Gaviria siguió pasando una cuenta de cobro a los administradores de justicia. El martes 17 de octubre de 1989, en momentos en que abordaba el vehículo de un colega para desplazarse juntos a la Universidad de Antioquia, los sicarios regresaron, esta vez para asesinar al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Héctor Jiménez Rodríguez.

Fue el tercer magistrado de la misma corporación en caer abatido por las balas del narcotráfico. Oriundo de Amalfi (Antioquia), Héctor Jiménez se desempeñó mucho tiempo como juez en varios municipios del nordeste antioqueño, luego pasó al Tribunal Superior de Yolombó y desde 1979 entró a ejercer en el Tribunal Superior de Medellín. Durante varias ocasiones fue postulado para asumir una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, pero prefirió quedarse en la capital antioqueña donde encontró la muerte.

Apenas dos semanas después, el miércoles 1° de noviembre de ese aciago año de 1989, los sicarios de Escobar volvieron a arremeter contra la justicia. En esta ocasión, la víctima fue la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Mariela Espinosa Arango, asesinada al caer de la tarde cuando ingresaba a su vivienda en el barrio La América de Medellín, por varios sujetos que llegaron en tres vehículos. Con este asesinato, el Cartel de Medellín le notificó al poder judicial que no había deuda sin cancelar.

La abogada Mariela Espinosa Arango fue una de las primeras funcionarias del poder judicial que advirtió la peligrosidad de Pablo Escobar, y por eso desde mediados de los años 70, fue la primera jueza que ordenó su captura por tráfico de estupefacientes. No la pudieron sobornar, sobrevivió a un atentado contra su vida y, a sus 44 años, acababa de ser reelegida en su cargo como magistrada. Los sicarios de Escobar Gaviria esperaron más de una década para cumplir su cometido criminal.

La violencia contra la justicia nunca se detuvo y fueron muchos más los jueces o investigadores del poder judicial que cayeron abatidos por órdenes de Pablo Escobar, muchos de ellos olvidados o con sus nombres perdidos en la desmemoria nacional. Aunque esta ofensiva se reeditó años después cuando el paramilitarismo se tomó a Medellín y buena parte de Antioquia, en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria, fue su causa personal, arremeter contra la justicia. Incluso, ya a las puertas de su falso sometimiento en 1991, sus secuaces asesinaron también al exministro de justicia Enrique Low Murtra.

Son casi 470 personas, entre ellas 115 niños, quince adultos mayores y quince embarazadas. Antes de la cuarentena, no estaba en sus planes vivir a la intemperie, a pocos metros de la Terminal Norte, en una zona húmeda donde los zancudos son implacables y el ruido de los carros es ensordecedor. La mayoría llegó a Bogotá persiguiendo sueños, pero la suerte los abandonó en el camino.

Al hablar con Bertriz Terán, una mujer de treinta años, de 1,50 metros de estatura, quien asumió el liderazgo de los migrantes, se puede comprender cómo llegaron a esta situación. Muchos trabajaban hasta que la pandemia llegó y arrasó con sus empleos. Sin recursos, tuvieron que desalojar las viviendas en arriendo y, con el poco dinero ahorrado, viajaron hasta la Terminal para devolverse a su país. “Allá podemos pasar hambre, pero tenemos techo”, explica Wílmer González, uno de los migrantes.

Aquel lugar, en el que llevan más de una semana, parece un albergue militar, en medio del bosque. Hay unas 39 carpas que albergan a familias enteras. No hay baños ni elementos de protección contra el coronavirus ni los insectos y muchos aprovechan el agua de una quebrada, que se formó por las lluvias de los últimos días, para lavarse los dientes y asearse.

Cuando cae la noche, una preocupación más los invade: en varias ocasiones han intentado robarlos y hasta un hombre, ajeno al grupo, fue atrapado mientras intentaba abusar de una adolescente. Terán comenta que desde el 28 de mayo la Policía se presenta en el día, para vigilar lo que ocurre en el lugar. En cuanto al sustento diario, dependen de las donaciones de los conductores.

Esta noche, una persona les donó un mercado con veinte libras de arroz, diez libras de fríjoles, quince paquetes de espaguetis, latas de atún y huevos. Bertriz, quien en sus mejores tiempos perteneció al cuerpo de oficiales de la Policía Científica de Venezuela, explica que tienen un protocolo para repartir la comida equitativamente, según el número de familias. Y, ¿pueden cocinar?, se le pregunta. “Un sargento de la Policía muy querido se va con unos muchachos para que cocinen y ellos traen todo preparado. Hoy comimos huevos revueltos con chicharrón”, dice.

Mientras reparten la comida, un hombre de piel trigueña, robusto y con una barba tan larga que se desborda del tapabocas, explica que vivir en estas condiciones ha sido difícil. Su nombre es Wálter Cárdenas, tiene 61 años y está en el albergue con su hijo Guillermo, a la espera de que les autoricen el viaje.

“Estar aquí es terrible. Estas son condiciones inhumanas. Los primeros días no había nadie y tuvimos que dormir en el suelo. Un señor se conmovió y nos prestó una carpa. La mayoría de los que estamos aquí fuimos desalojados de las viviendas”, dice entre suspiros.

Al escuchar a Wálter, una mujer con seis meses de embarazo y tres hijos menores de ocho años se acerca y añade: “Es difícil, porque yo no tengo el dinero completo para los pasajes. Tengo $250.000 y el pasaje de los dos niños mayores vale $150.000 cada uno, y el mío $180.000”. Luego, señala el diminuto rostro de su hija menor, salpicado de ronchas: “Hemos pasado frío, a la niña me la han picado los zancudos”, dice.

El trasfondo

Su drama empezó una vez Migración Colombia, la Alcaldía de Bogotá y la Terminal Satélite Norte habilitaron los corredores humanitarios el 13 de mayo, para regresar en buses a su país. La dinámica era sencilla: los viajeros debían inscribirse en una página web y luego esperar una llamada para saber la fecha y hora de salida, una vez compraran el pasaje con una empresa de buses intermunicipales.

Según datos de la Terminal Norte, al menos 1.600 personas lograron viajar. Por día, desde la central de transportes salían cerca 140 personas repartidas en siete buses, pero el 28 de mayo, la central recibió la instrucción de Migración de cancelar la operación por el cierre de la frontera con Venezuela, por orden de ese país.

Juan Francisco Espinosa Palacios, director de Migración Colombia, explica que la entidad tiene limitaciones para facilitar el retorno de venezolanos a su país, pues dependen de la capacidad que Venezuela tiene de recibir a sus propios ciudadanos. “Recientemente, por la frontera con Arauca, Venezuela restringió el ingreso de sus connacionales a tres días en la semana: lunes, miércoles y viernes. Esto pasa porque también está lidiando con la pandemia y tiene un grupo de venezolanos al otro lado, a quienes les está prestando el respectivo auxilio”, explica.

Espinosa agrega que, hasta hace dos semanas, Migración logró un acuerdo con Venezuela para pasar a más de las 300 personas diarias. Sin embargo, en estos momentos él estaría recibiendo apenas ochenta personas los días habilitados, por lo que desde el Gobierno se dio la orden de restringir, dentro del país, las operaciones de retorno, para no desbordar la situación en Villa del Rosario y Cúcuta, en Norte de Santander, el departamento de Arauca y Maicao, en La Guajira. Según Migración Colombia, se estima que desde el 14 de marzo, semana en la que se decretó la cuarentena, hasta el 28 de mayo, 71.052 venezolanos pudieron regresar, lo que representa el 3,9 % de los 1,8 millones de venezolanos que viven en el país.

En cuanto a los venezolanos represados en Bogotá, Javier Veloza Díaz, coordinador de Finanzas del Terminal Norte, declara que, desde que se habilitó la plataforma para el registro de migrantes, 17.000 venezolanos se inscribieron, de los cuales solo un reducido porcentaje pudo viajar. En este momento, Veloza explica que “no se están vendiendo tiquetes ni tenemos habilitados los canales de ‘call center’”. Así las cosas, solo 101 personas alcanzaron a comprar sus pasajes, antes de que se cancelara la operación. Veloza comenta que están en las instalaciones de la Terminal y a diario se les hace tamizaje, siguiendo los protocolos de bioseguridad. A su vez, se les ha brindado servicio de baño y duchas y, con la Secretaría de Gobierno, se han adelantado ayudas que contienen una ración alimentaria y “kits” de aseo.

Sin embargo, a pocos metros, las esperanzas de docenas de familias de venezolanos, que ansían una respuesta, persisten. Para ayudarles en la espera, la Secretaría de Integración les ha venido ofreciendo ayudas, que incluyen kits de aseo, asistencia psicosocial y alojamiento, a través de Acnur, pero señalan que los migrantes, en muchos casos, rechazan las ayudas, pues lo que piden es volver a casa.

El panorama para Bertriz Terán, la mujer que lidera a estos viajeros, es oscuro, como la noche que arropa este albergue en medio de la autopista Norte. Ella sueña con que se acabe la cuarentena. Guarda la esperanza de que el lunes (8 de junio) se encuentre con sus padres y sus hermanos en su país, en donde podrá terminar sus estudios en derecho y, con suerte, crear organizaciones para ayudar a quienes estén en su misma situación. Lo que no sabe ella, mientras corre de un lado a otro para atender a las familias, es que, según Migración, la frontera no se abriría hasta julio, dejándolos a la intemperie varias semanas más.

El presidente Duque anunció este lunes que la construcción y la industria serán los nuevos sectores que, con estrictos protocolos de seguridad, podrán operar durante el aislamiento preventivo que regirá ahora hasta el 11 de mayo ¿Qué tan importantes son estas actividades para Colombia? (Lee también Se extiende cuarentena obligatoria hasta el 11 de mayo)

Construcción

Este es un sector que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) emplea a 1,6 millones de personas. Además, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) hay 2.000 frentes de obras de vivienda que están actualmente suspendidos, lo que equivale a 7,8 millones de metros de cuadrados, proyectos que representan un inversión cercana a 9 % del PIB.

Por esto, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, explicó este lunes que existe un gran consenso internacional sobre la conveniencia de ir abriendo el sector constructor por tres factores: “el primero es que la actividad edificadora se hace por etapas, y este tipo de segmentación permite establecer protocolos que permiten garantizar la salud no solo de los colaboradores sino también de los vecinos; Lo segundo es el tipo de actividad que estamos protegiendo, en el caso de Colombia son de 200.000 viviendas al año y la mayoría ya están vendidas. Por lo que detener la construcción de estas unidades es comprometer el techo de un millón de colombianos; y el tercer elemento es por la vulnerabilidad del empleo, en el país hay 980.000 trabajadores vulnerables en el sector de edificaciones. Si se compromete la viabilidad de estos empleos, no solo podría implicar cuatro puntos porcentuales de aumento en la tasa de desempleo, sino también un trágico peregrinaje de empleo formal a pobreza”. 

También hay que tener presente que es un sector que ha estado débil, de hecho lleva tres años de bajo desempeño: en 2019 el PIB de la construcción fue el único que se contrajo, con una baja de 1,3 % respecto a 2018. La situación es más grave si se mira la rama edificadora (vivienda), pues su PIB se redujo en 7,7 %.

Industria

De acuerdo con el Dane la industria manufacturera emplea a 2,8 millones de personas, y según la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) el sector pesa alrededor del 11 % del PIB nacional. 

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó este lunes que se ha venido reuniendo con dirigentes gremiales de varias industrias, junto con el Ministerio de Salud y el del Comercio, para definir los protocolos de seguridad. “Son protocolos estrictos que tienen que ver con los requisitos al entrar al lugar de trabajo, por ejemplo, cómo le toman la temperatura, el uso del tapabocas, y en algunos casos lo cascos para que lleven durante la cadena de producción. Habrá también lavamanos, y ropa de protección. Y por supuesto el aseo dentro de las instalaciones.  Sin embargo, empresa que no cumpla con los protocolos no puede salir”, dijo Ramírez. 

Por su parte el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, explicó en Noticias Caracol que acatar estos protocolos de seguridad “no solo serán costosos, sino también bajará la productividad. También habrá menores densidades y requerirá inversión. Pero es un esfuerzo que debemos hacer en este momento, y tenemos que acatar los protocolos con un gran rigor”. 

El presidente del Atlético Mineiro, Sergio Sette Câmara, dijo este lunes que el entrenador venezolano Rafael Dudamel fue despedido del club tras apenas diez partidos por "incompetencia técnica" y porque sus métodos disciplinarios parecían más propios del "Ejército".

"La verdad, es la siguiente: Dudamel fue despedido por incompetencia técnica", aseveró este lunes el máximo dirigente del conjunto de Belo Horizonte en una entrevista a radio Itatiaia.

Sette Câmara respondió así a las críticas del exseleccionador de la Vinotinto, quien le acusó de no ser profesional cuando fue anunciado su despido como técnico de la primera plantilla.

"Nunca intercambié una palabra con el presidente (Sette Câmara) desde mi salida del Atlético. El señor Sergio nunca tuvo la fortaleza, la personalidad y el carácter para dar la cara y poder hablar como profesional y como hombre" del "por qué" de "mi salida", indicó Dudamel en declaraciones al portal 'GloboEsporte'.

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El presidente del Mineiro explicó, por su parte, que no se reunió con Dudamel porque consideró que era una pérdida de tiempo hablar con alguien que ya no era miembro del club.

También criticó los rígidos métodos del entrenador, motivo por el cual "no consiguió abrazar al elenco", según el presidente.

"Sentí que quería adoptar reglas demasiado rígidas, creando reglas donde no había necesidad", expresó para citar después que impuso a los jugadores una hora para "despertarse" y "tomar café".

"Parecía una cosa del Ejército y eso no es. El jugador ya es profesional. Él tenía que dejar al equipo preparado, implementar un esquema de juego y eso no ocurrió", sentenció Sette Câmara.

Dudamel fue despedido del Atlético de Mineiro a finales de febrero pasado, tras apenas diez partidos y pese a tener un contrato firmado hasta 2021.

Bajo su batuta, el equipo albinegro fue eliminado a las primeras de cambio de la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil, lo que forzó su temprano despido.

En marzo, el Atlético Mineiro anunció a su sustituto, el argentino Jorge Sampaoli, quien dirigió la temporada pasada al Santos, con el que acabó subcampeón del Campeonato Brasileño.

A través del decreto 064 de 2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se priorizó la afiliación de la población pobre no asegurada, recién nacidos, menores de edad y su grupo familiar, así como la afiliación de migrantes venezolanos que cuenten con el Permiso Especial de Permanencia y colombianos que hayan retornado de venezuela. (Le recomendamos: Así se repartirán los $31,8 billones asignados para la salud en Colombia en 2020)

El decreto -con el que el país busca cumplir con la ley estatutaria en salud y garantizar el derecho a la salud para todos- fue anunciado este viernes por el ministro de Salud y Protección social encargado, Iván Darío González. “Al afiliar a esta población habrá un UPC, es decir, un recurso económico mensual para cubrir sus recursos y brindar una mejor atención. Esto, sin duda, fortalece estas instituciones y el sistema de salud”, aseguró.

La normativa dicta la posibilidad de que en los hospitales y secretarías de salud del territorio se afilie de oficio a aquellas personas que cumplan con los requisitos para pertenecer al régimen subsidiado o contributivo y que no se encuentren afiliadas hasta el momento al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). (Le puede interesar: El nuevo revolcón que tendrá el sistema de salud)

Según el ministro encargado, actualmente el 5% de los colombianos, equivalente a 2 millones de personas, no tiene seguro de salud, por lo que este decreto “plantea el instrumento para alcanzar una cobertura del 100%”.

Asimismo, “todos los venezolanos que estén regulados en el país con PEP podrán hacer la afiliación a través del Sistema de Salud Transaccional, las entidades territoriales y los hospitales”, aseguró la viceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, quien estimó que cerca de 410.000 personas con derecho a la cobertura estarían pendientes para afiliarse. (Puede leerr: Minsalud: "No se ha confirmado la presencia del virus nCov en Colombia")

Las entidades territoriales y los hospitales podrán afiliar a la población de manera electrónica al SGSSS a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) que pueden encontrar en la página web del ministerio de Salud.

Esta nota contiene spoilers. Greta Gerwig ha estrenado su adaptación de "Mujercitas", la novela de Louisa May Alcott. Aquellos que conozcan el libro o sus versiones cinematográficas anteriores, percibirán algunos cambios en la nueva película, que ha cambiado algunos detalles del final respecto a la mítica obra, pero respetando toda su esencia.

La cinta sigue a las hermanas Margaret (Emma Watson), Josephine (Saoirse Ronan), Elizabeth (Eliza Scanlen) y Amy (Florence Pugh), en la Nueva Inglaterra de 1860, durante y después de la Guerra Civil estadounidense. La historia se cuenta principalmente desde la perspectiva de Josephine, Jo, el personaje de Ronan, una joven que sueña con convertirse en escritora.

Con los años, las cuatro hermanas forman un vínculo con Theodore Laurence (Timothee Chamlet), particularmente Josephine. Es una amistad que, a medida que se acerca a la edad adulta, parece volverse romántica, aunque ella no quiere que lo sea. Tiempo después, Jo vive como escritora en Nueva York, mientras que Amy está en París como artista y Margaret tiene esposo e hijos. Beth, sin embargo, contrae escarlatina.

Al enterarse del deterioro de salud de Beth, Jo regresa a su ciudad natal y se reencuentra con su familia. Finalmente, Jo no quiere estar sola y comienza a creer que Theodore podría ser el hombre de si vida, pero el destino es así de caprichoso y revela que Amy y él se han casado. Además, Beth empeora y muere.

Poco después de estos dos eventos devastadores, Jo comienza a escribir su proyecto más grande hasta el momento: una novela semi-autobiográfica inspirada en parte por su infancia y su relación con sus hermanas. Servirá como una forma de honrar a su difunta hermana, así como una forma de hacer las paces con una infancia que desaparece. Jo envía el comienzo de su libro a una editorial que inicialmente duda pero decide seguir adelante.

Mientras tanto, en Nueva York, Jo tiene una estrecha relación con el profesor Friedrich Bhaer. Cuando él critica algo que ella escribió, Jo se lo toma de manera personal y se aleja de él. Más tarde, el profesor Friedrich la visita y queda claro que tienen sentimientos profundos el uno por el otro. Aunque las otras hermanas deben incitar a Jo un poco, no pasa mucho tiempo antes de que profesen sus sentimientos y establezcan su relación.

En general, la versión de Greta Gerwig es muy similar al libro. Sin embargo, dedica más tiempo a la vida adulta de la familia March que otras adaptaciones y rompe su lineanidad temporal viajando constantemente del presente al pasado. Ese es, sin duda alguna, el mayor cambio que hace la película respecto al material original

En la película, Jo no quiere que su personaje principal se case en su libro, pero su editor presiona para que así sea y la protagonista de su novela contraiga matrimonio y forme una familia. Es un paralelismo que refleja lo que sucede en la vida real de Jo con el profesor, ya que ella también es incitada por su familia para hacer caso a sus sentimientos, perseguirlo y conseguir que se quede a su lado.

También en el libro Jo y el profesor abren una escuela, pero es una escuela para niños varones (aunque luego incluye a algunas niñas, incluidos familiares y huérfanos). La adaptación de Gerwig se enfoca mucho más en los puntos de vista modernos del feminismo y la escuela está destinada a ayudar también a las niñas, es una escuela mixta. Salvo algunos pequeños detalles como este, el filme es una adaptación totalmente fiel de la novela original publicada en 1868.

La exgobernadora Aury Guerrero y el suspendido gobernador Ronald Housni habrían participado del saqueo de más de $120.000 millones que sufrió el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mientras que el proceso de Housni se encuentra en pleno juicio, Guerrero se declaró culpable de los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de los contratos y cohecho propio.

::Así funcionaba el esquema de corrupción en la isla de San Andrés::

Según lo revelado dentro de las distintas diligencias, en 2011, Aury Socorro Guerrero, cuando era candidata a la gobernación, y Jack Housni Jaller, representante a la Cámara y hermano del suspendido gobernador Ronald Housni, recibieron de manos de Hernán Moreno, cabeza de la empresa Furel S.A, $400 millones para que los destinaran a los gastos de campaña. A cambio, Guerrero Bowie tendría que entregarle jugosos contratos cuando llegara al máximo cargo del departamento insular. Así mismo, dentro de los distintos compromisos que asumieran ambas partes, se estableció que Moreno tenía que entregarle el 10 % de cada uno de los contratos a la que pasaría a ser la gobernadora.

(Puede ver: Tribunal de Bogotá dicta medida de aseguramiento contra gobernador y exgobernadora de San Andrés)

 Para que todo pareciera legal, la entonces gobernadora designó a César Augusto James Bryan, su secretario de gobierno, para que ajustara los pliegos de las licitaciones y concursos a la medida de Moreno y empresas socias de este. De esa forma, todos los contratos que implicaran millonarias sumas eran entregados a Furel S.A y otros empresarios relacionados con el complejo entramado de coimas. “César James me pasó el borrador del pliego de condiciones y empezamos a trabajarlos a la par”, cuanta uno de los beneficiados por los pliegos a la medida, quien luego agrega: “entre los dos íbamos leyendo y la vez íbamos verificando que los requisitos estuvieran ajustados a la norma y que en pliego resultara yo beneficiado”.

::Imputarán cargos al gobernador de San Andrés por presuntos hechos de corrupción::

De la misma manera, como la normativa de contratación del departamento exigía que un raizal (nativo de la región) estuviera en las directivas de las empresas contratistas, Moreno y sus socios le llegaron a pagar a isleños para que se limitaran a firmar los papeles de los proyectos que les entregó la gobernación. Este es el caso de Mauricio Rodríguez Cotua, raizal que por solo prestar su nombre llegó a recibir $160 millones: $70 millones por la construcción de los Colegio Instituto Bolivariano y Flowers Hill School, y $90 millones por la construcción del Megacolegio Antonia Santos.  

Para evitar despertar sospechas, César Augusto James recibía las coimas y después se encargaba de repartirlas entre la exgobernadora y sus allegados, así lo demuestra los testimonios por los que Guerrero Bowie fue investigada: “Estos cheques los cambiaba en San Andrés y el dinero se lo entregaba a César James. Este 10% que se le enviaba a César James para que se lo entregara a la gobernadora Aury Guerrero, salía de la ejecución de las obras, de las mismas actas que iba pagando la Gobernación de San Andrés”.

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Entre las obras que hicieron parte del gran entramado de corrupción que desangró las finanzas del archipiélago está el megacolegio CEMED Antonia Santos, proyecto contratado el 23 de diciembre de 2014. La obra, cuyo constructor, diseñador e interventor estaba relacionado con Hernán Moreno, costó $50.000 millones y sus obras no llegaron ni al 50% de ejecución para la fecha de entrega, en diciembre de 2015, a pesar de la adición de $14.000 millones que hizo el gobernador Housni, justo unos meses después de asumir su mandato.  

Por la presunta red de manipulación en la contratación cometida durante los gobiernos de Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni hubo un detrimento patrimonial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina de $11.000 millones. Durante el mandato de ambos se habrían presentado irregularidades en la licitación de contratos por más de $120.000 millones. A pesar de la gravedad de los cargos y la magnitud de la condena, Aury Guerrero cumplirá la pena en su casa. La Corte concedió este beneficio luego de que la condenada comprobara que tiene bajo su cargo a su madre, una anciana que debido a su condición médica no puede vivir sola.

En el municipio de El Copey, en Cesar, la lideresa social Tatiana Paola Posso Espitia fue asesinada y un hombre resultó herido tras un ataque sicarial registrado en la madrugada de este miércoles.

La mujer, de 35 años y que era aspirante al Consejo Comunitario, recibió dos impactos de bala en el rostro y el cuello, mientras que Wilson Antonio Ortega Palomino, de 41 años y que se desempeña como mototaxista, fue impactado en cuatro oportunidades.

Según informaron medios locales, el ataque, perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, se presentó alrededor de las 6:30 a.m. cuando Ortega llegaba al barrio El Porvenir para recoger a la lideresa y llevarla a su lugar de trabajo.

Los habitantes del sector, que fueron testigos del hecho, auxiliaron a los heridos y los trasladaron al Hospital San Roque de El Copey, a donde la Posso llegó sin signos vitales. Por su parte, el hombre que la acompañaba fue remitido a Bosconia por la gravedad de sus heridas.

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La muerte de la lideresa fue denunciada y rechazada por la Red Nacional en Democracia y Paz, que la recordó como una “líder social comprometida con la ayuda humanitaria a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado interno que padece Colombia”.

Asimismo, expresó que “quienes atentan contra la vida de una persona, están atentando contra toda la sociedad (…) Lamentablemente encontramos un Estado incapaz de la protección de la ciudadanía común y corriente; y lenta a la hora de encontrar y juzgar a los victimarios”.

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicado este año, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, 837 líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las Farc (135) fueron asesinados en Colombia.

Por otra parte, durante los últimos 28 meses, en 29 de los 33 departamentos, incluyendo Bogotá, hubo homicidios, siendo Cauca la región con la mayoría de casos (148), seguido de Antioquia (102), Nariño (67), Norte de Santander (41) y Putumayo (36).

[COMUNICADO] Condenamos y lamentamos el asesinato de Tatiana Paola Posso Espitia, en la ciudad de El Copey (Cesar) #LíderesSociales #NosEstánMatando pic.twitter.com/vejsjkRUAk — Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP) (@RndpColombia) 4 de julio de 2019

Cuando Kevin Mier Robles juega un partido de fútbol, Miladis, su mamá, tiembla de los nervios. Le da ansiedad, le sudan las manos y lo único que quiere es que pase rápido el tiempo y que a su hijo le vaya bien. Sabe que la posición de arquero es la más desagradecida, porque en un segundo se puede pasar de héroe a villano y eso le da pavor. No es capaz de sentarse en una tribuna, ni mucho menos ver un juego por televisión. El día que la selección colombiana sub-20 venció a Nueva Zelanda, en los octavos del final del Mundial de Polonia, ella se alejó de todo, de la algarabía que había en su casa por las atajadas de Kevin, y pensó en otra cosa. Esperó a conocer el resultado final para salir a abrazar a todos y luego ver la repetición de los penales, en los que su hijo fue la gran figura.

“Mamá, no sufras tanto —le dijo Kevin por teléfono luego del partido—. Más bien disfruta”. Y es que esa situación se ha repetido siempre, desde que su hijo comenzó a participar en campeonatos de fútbol. “La única vez que lo vi fue en un torneo juvenil con la selección Santander sub-15, en Valledupar. Tenemos familia allá, así que cuadramos un paseo y fuimos todos a verlo. Sufrí tanto”, le confesó a El Espectador. Aunque no le guste verlo, disfruta como nadie sus logros. Y eso que hasta ahora está comenzando su carrera.

En una casa del barrio 20 de Enero, de Barrancabermeja, creció Kevin. Fue el segundo hijo de la familia Mier Robles, después de Íngrid Johanna, hoy policía en Carolina del Príncipe, Antioquia. Cuando él tenía un año sus padres se separaron y él se quedó viviendo con su mamá. Claro que Edgardo, su papá, siempre ha estado ahí. De hecho, empíricamente comenzó a entrenarlo y fue quien desde los cinco años lo llevó a entrenar a la escuela Oro Negro.

Contrario a la historia de muchos futbolistas colombianos, Kevin nunca pasó hambre y siempre contó con el apoyo de una familia trabajadora que, sin excesos, siempre le ha podido dar lo que él ha querido. Todavía guarda en casa sus primeros guayos, los de sus sueños, que costaron cerca de $500.000, y cuando los ve recuerda el sacrificio que hicieron sus tíos para poder juntar esa cantidad de plata y poder darle gusto. Su mamá, profesora de primaria, ha sido la de la disciplina, la que le ha puesto orden en todo, pero también la que le ha alcahueteado su pasión.

El hoy arquero de Nacional y de la selección colombiana sub-20 comenzó como delantero en la escuela Oro Negro, en Barranca. Soñaba con ser como Cristiano Ronaldo, su más grande ídolo, pero un día de torneo no había quién se metiera al arco y él fue el elegido, por su estatura. Le fue bien, se sintió cómodo y desde entonces quiso ser como el español David de Gea. Su papá y Joyner Robles, el mayor de sus tíos maternos, fueron arqueros aficionados, por lo que siempre lo guiaron y le exigieron, al igual que Fernando Cortina, director de Oro Negro, quien siempre lo ha tratado como a un hijo.

Al principio, sus primos Said y Néider tenían el mismo gusto por el fútbol y también soñaban con llegar lejos, por lo que, a los entrenamientos de Oro Negro, a 15 minutos de casa, se iban los tres juntos. Claro que todo cambió el día en que, mientras estaban en una reunión familiar, Néider fue a llevar en moto a una prima a casa y en una curva iba muy rápido, se accidentó y perdió la vida de manera fulminante. Ese ha sido el momento más duro en los 19 años de Kevin, porque más que un familiar era su mejor amigo. “Él es el ángel que tiene en el cielo. Lo recuerda mucho, tanto así que el día que atajó uno de los penaltis en el Mundial de Polonia levantó sus manos, miró hacia el cielo y dijo: ‘Gracias Meme’, como le dice a su primo”, confiesa su madre.

Pincelada divina

Con 15 años, cuando todavía no había terminado el bachillerato en el Colegio Diego Hernández de Gallego, luego de destacarse en un torneo nacional con la selección de su departamento, lo buscaron de Atlético Nacional. Estaba teniendo buenas actuaciones y su entrenador Nelson Reyes llamó a Milton Patiño, exarquero de Nacional, quien trabaja con las divisiones menores de ese club, para recomendarle a su pupilo. “Fui hasta Barranca y lo que vi fue a un muchacho con carácter, una habilidad impresionante para atajar. Ahí había algo y tocaba traerlo”, asegura Milton Patiño en diálogo con este diario.

Con esa edad, atajaba partidos de jóvenes de más de veinte años. Y a pesar de ser el menor, era líder, gritaba desde su área, le daba confianza a su equipo y debajo del arco se sentía imbatible. Viajó a Medellín a prueba por dos semanas. Se hospedó en la casa hogar del club verdolaga y subía todos los días a la sede deportiva de Guarne. No necesitó muchas oportunidades para que decidieran dejarlo.

Miladis, por su condición de profesora, no quería que su hijo se fuera a Medellín sin haber terminado el colegio, así que pidió que le consiguieran un lugar para terminar de estudiar. Además, no tenía los recursos para que él se fuera solo, pues el club solo asumía los gastos de la alimentación y el transporte. “Por cosas de la vida, al esposo de una prima mía lo trasladaron a Medellín, así que todo salió bien. Kevin fue a vivir con ellos”, cuenta Miladis.

“Kevin marcó un sello de referencia. Lo que yo particularmente defino como una pincelada divina. Me refiero a eso mismo que tienen hombres como David Ospina, Fernando Muslera o Wuilker Faríñez. Tiene ese don especial que los hace diferentes”, dice Milton Patiño, quien lo ha apadrinado en todo este proceso con Atlético Nacional y confía en que su pupilo puede seguir el mismo camino de Ospina, a quien desde que era muy joven se le dio la confianza de ser el arquero titular de Nacional, salió bicampeón, fue a Europa y ahora está consolidado como el número uno de Colombia.

Desde 2015, Kevin ha ido quemando etapas de formación. Siempre ha estado en equipos de gente mayor y por eso ahora, cuando está en la sub-20, con contemporáneos a él, se ve diferente, con jerarquía y liderazgo. “Por este mismo proceso de selecciones de Colombia, no se ha podido consolidar en el primer equipo de Nacional, pero estoy seguro de que, en esta segunda parte del año, tendrá la posibilidad de entrenar con el equipo profesional y seguramente recibirá oportunidad de estar en convocatorias y atajar en algunos partidos, así sea de Copa Colombia”, asegura Patiño.

Su carrera hasta ahora comienza. Está lejos de llegar a donde siempre ha soñado, pero va por buen camino. Por ahora, solo espera no hacer sufrir tanto a su mamá, quien verá sus partidos en repetición. También, darle orgullo a su padre, quien siempre quiso vivir en primera persona lo que su hijo está haciendo.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Ecopetrol realizada este viernes se acordó distribuir las utilidades de la compañía en 2018 en $225 por acción: un dividendo ordinario, que equivale a $169 por acción, y uno extraordinario de $56.

La Nación, que posee el 88,49 % de la empresa, recibirá $8,18 billones y los socios minoritarios se repartirán $1,06 billones.

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El 11,51% de los títulos de la empresa están en manos de accionistas minoritarios, a quienes se les pagará la totalidad del dividendo ordinario y extraordinario en una única cuota el 25 de abril de 2019.

Al pasado diciembre, Ecopetrol contaba con cerca de 300 mil accionistas minoritarios repartidos por todo el territorio nacional. La mayor parte de ellos unos 109.680 están localizados en Bogotá, le sigue el departamento de Antioquia con 32.452, Valle 22.139, Boyacá 19.813 y Santander 18.889, propietarios de la mayor empresa pública del país. 

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A los accionistas mayoritarios, por su parte, se les pagará en tres cuotas: los días 25 de abril (50% del dividendo ordinario), 25 de junio (50% del dividendo ordinario) y 25 de septiembre de 2019 (100% del dividendo extraordinario), informó la compañía.

En total se distribuirán $9,25 billones, siendo este el dividendo más alto en los últimos cinco años.

Desde la mañana de este jueves, decenas de taxistas en Cartagena marchan de forma pacífica para exigirle a las autoridades distritales que se cumplan las peticiones que hicieron en noviembre de 2018. El tráfico por la avenida El Bosque está congestionado en este momento.

La manifestación fue anunciada en días pasados y, básicamente, los conductores piden la implantación de un plan contra la inseguridad, mayor control al servicio de transporte informal y la exoneración del pago de peajes.

El gremio dice que están inconformes porque las autoridades locales han hecho caso omiso a sus recomendaciones. Así le manifestó Félix Barrios García, líder de los taxistas, al diario El Universal.

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“Tenemos sobre nuestros hombros el peso de los errores de algunos cuantos conductores y eso ha perjudicado nuestra imagen en la ciudad. Los taxistas somos ciudadanos de bien, pagamos impuestos, cumplimos con los deberes que tiene todo ciudadano y salimos a diario a ganarnos el sustento de nuestra familia y a prestar un servicio que es fundamental para la ciudad. Queremos ser escuchados y atendidos”, señaló García.

No es la primera vez que los conductores de taxi de Cartagena salen a las calles con voz de protesta durante esta semana. El 5 de febrero, un grupo partió desde la Bomba El Amparo y finalizó el recorrido justo en la sede de Alcaldía. Esa ocasión, la razón de la manifestación fue la implementación del nuevo pico y placa en la capital de Bolívar, que entró en vigencia desde el 4 de enero.

Los conductores también denunciaron la falta de control en el transporte legal, razón que los llevó a exigir la renuncia de Edilberto Mendoza, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.

El recorrido de este jueves tuvo su génesis en Ceballos. Los taxistas se dirigen hacia el Centro, pero primero atravesarán la Av. Crisanto Luque y la vía a Manga. En el lugar está la Policía Nacional y el Tránsito Distrital para garantizar la seguridad y movilidad de los presentes.

La Policía Nacional incautó en la mañana de este jueves 34.000 cigarrillos tras la captura de dos personas que se movilizaban en una camioneta. “Logramos asestar un contundente golpe contra el contrabando de cigarrillos en zona rural del municipio de La Paz, Cesar”, manifestó la Institución.

El hecho ocurrió entre una vía que conecta a La Paz con el corregimiento de Varas Blancas. Lugar al que llegó la Fuerza Pública para interceptar un vehículo que “pretendía evadir los controles aduaneros”. Luego de verificar que al interior del automotor había 34 mil unidades de cigarrillos de contrabando, procedieron con la captura.

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Los dos hombres, cuya identidad no fue revelada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y la mercancía que estaría evaluada por más de 57 millones de pesos, está a disposición de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Hacemos un llamado a la comunidad, para que sean parte de la red de participación cívica de esta Unidad, el cual se ha convertido en pilar fundamental de los procesos operacionales adelantados, en el marco de la estrategia contra el contrabando, comercio ilícito y la evasión fiscal”, dijo la Policía, invitando a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías.

Las líneas habilidades para ofrecer información y denunciar este tipo de delitos son los números 321 394 21 69 y 2611554, o al correo polfa.anticontraban@policia.gov.co, donde se garantiza absoluta reserva de la información.

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Una nueva terminal aérea, con la que se espera beneficiar a más de 10.000 habitantes en la región, comenzará su edificación durante el primer semestre de 2019. El contrato, adjudicado por la Aeronáutica Civil da cuenta de una inversión de $31.600 millones destinados en este proyecto.

“La adjudicación se realizó al consorcio Aeropuerto de Puerto Carreño 2018 mediante proceso licitatorio en el cual se presentaron 5 proponentes, y se evaluó el cumplimiento de los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros”, comunicó la Aeronáutica Civil.

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Para la ministra de transporte, Ángela María Orozco, este avance da cuenta de las apuestas del gobierno por fortalecer el departamento del Vichada por medio de la mejoría en de su conectividad con el resto del país.

Se espera que la construcción de esta nueva terminal aérea se adelante durante 35 meses, el contrato que soporta esta obra contempla estudios, diseños, demolición de la terminal y subestación eléctrica actualmente existente y la construcción de la nueva infraestructura.

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“Esta nueva terminal pasará de 693 a 2.010 metros cuadrados, contará con una construcción de una nueva infraestructura aeroportuaria con zonas comerciales, plazoleta de comidas, tres salas de abordaje, una nueva subestación eléctrica, amplias zonas de espera y obras de urbanismo, con lo cual estamos garantizando el mejoramiento de los servicios aéreos para los usuarios y las empresas aéreas”, detalló Juan Carlos Salazar Gómez, Director General de la Aeronáutica Civil.

Avanza la negociación del salario mínimo que regirá en Colombia durante 2019. En la mañana de este jueves gobierno, gremios y el sector sindical se reunieron para escuchar los datos de inflación, productividad y desempleo, entre otros, que son útiles para definir el incremento salarial. 

Durante la discusión, es necesario que se conozca el panorama económico del país para proponer, con datos, un incremento justo que no termine afectando a uno u otro sector de la economía. Eso es lo que se ha venido adelantando en las últimas sesiones de la mesa de negociación.

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El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, indicó que la inflación registrada entre noviembre de 2017 y el mismo mes de este año se consolidó en 3,27 %, mientras que el desempleo permanece en un 9 %.

Estas variables deberán ser tenidas en cuenta, junto con la productividad, que fue del 0,5 %, el panorama macroeconómico del país aportado por el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República y el impacto que puede representar la denominada Ley de Financiamiento.

Uno de los datos calificados por la ministra de Trabajo, Alicia Arango, como más preocupante fue el del acceso al salario mínimo por parte de la población ocupada en el país. Según el directivo del Dane, de los cerca de 22 millones de ocupados que tiene Colombia, nueve millones recibe este ingreso, o menos. Esto es el 44 % de dicha población. 

Haciendo un acercamiento a esta realidad que tiene Colombia, el 37 % alcanza a llegar al 80 % del salario mínimo o menos, lo cual, para Arango representa un claro reflejo de la informalidad que tiene Colombia. 

Un estudio apoyado por el Gobierno de Canadá y publicado por la ONG CUSO Internacional en la mañana de este jueves, deja ver también un panorama desalentador en esta materia. En su informe cerca del 19% asalariados, es decir aquellos que tienen un contrato con un empleador, no alcanzan a ganar el salario mínimo. Esta estimación se acerca mucho a la del DANE haciendo la claridad de que este departamento añade a su cifra los trabajadores por cuenta propia.

Esto deja ver que existe un panorama donde hay empleadores que están evadiendo el pago del salario mínimo a sus colaboradores, por lo cual CUSO pide a los integrantes de la mesa tener en cuenta esta realidad en medio de la concertación del incremento. 

"Aproximadamente 63% de las mujeres asalariadas que no tenían educación ganaba menos de un salario mínimo y, en cambio, este porcentaje entre los hombres asalariados sin educación fue de 34%", mencionó en su informe CUSO al mostrar un ejemplo de cómo la brecha salarial de género en Colombia es significativa.

Por su parte el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, solicitó que para la definición del salario mínimo sea tenida en cuenta la cifra de productividad laboral, que fue del 1,69 % y no la de productividad total, que es del 0,5 %. Lo anterior, porque esta cifra empuja a favor de los trabajadores el incremento salarial. 

“Si estamos hablando de salarios es la productividad laboral la que se debe tener en cuenta”, mencionó Arias al agregar que en los últimos 16 años entre el factor de la productividad total y la laboral ha habido una diferencia del 17 %, por lo que como organización piden al gobierno que se les pague ese rezago permitiendo que haya un incremento del 12 % en el salario mínimo.

Con estas cifras, se espera que cada una de las partes que integran la mesa comiencen a realizar sus cálculos para presentar un propuesta formal sobre la mesa en los próximos días y acordar el incremento al salario mínimo.

Se espera que el martes 11 de diciembre comiencen a sonar, de manera oficial, las primeras ofertas sobre la mesa. Según lo dicho por la ministra Arango, primero se escucharán las intenciones de los gremios y el sector sindical, para que, posteriormente, la cartera de trabajo presente su estimación del incremento.

De igual forma se tiene hasta el 15 de diciembre para que se llegue a un primer acuerdo y hasta el 30 del mismo mes para lograr a una cifra definitiva. De no ser así, será el Ministreiro de Trabajo, vía decreto, el que defina el salario mínimo para 2019.