La ponencia positiva de la magistrada María Victoria Calle coincide con el concepto que ya antes había dado la Procuraduría. La Corte Constitucional tiene hasta el 11 de junio para tomar una decisión. Todo indica que declarará la exequibilidad, toda vez que en el plano formal los promotores de la iniciativa se cuidaron de no cometer errores.
De ser avalada la propuesta, a la que se unieron desde el principio varios medios de comunicación, el entonces fiscal Mario Iguarán y algunos congresistas, quedará en manos de los ciudadanos la posibilidad de decidir el diseño de la política criminal colombiana. Cabe recordar que primero se habló de violadores de niños, incremento en las cifras de los abusos, preocupante impunidad e imposibilidad de resocialización. Ahora el campo de acción de la nueva normatividad que se quiere imponer a través del voto se ha extendido a otros delitos. Explica la senadora Jiménez que la prisión perpetua es requerida contra abusadores de niños, sí, pero también contra asesinos, secuestradores y maltratadores de menores. Y lamenta, igualmente, que el referendo no tenga carácter retroactivo.
Pronto serán otros crímenes los que ameriten mayores penas. Apelando al mismo árbitro, ¿por qué no preguntarle al pueblo si considera que el terrorismo debe ser tratado con cadena perpetua? ¿Por qué no encarcelar durante toda su vida a los paramilitares que usaron motosierras, asesinaron con sevicia y desplazaron a miles de personas? ¿Y qué decir de los jíbaros, que hoy por hoy también persiguen con sus drogas a los menores de edad? ¿O qué hacer, entonces, con el tráfico de drogas, que ya el presidente Uribe ascendió a crimen de lesa humanidad? Si dejamos a las urnas el poder de decidir sobre el futuro del derecho penal pronto habrá más y más candidatos al Concejo, a la Cámara y al Congreso solicitando mayores condenas. Entonces tendremos un nuevo populismo, de corte penal, muy efectivo a la hora de conseguir votos pero completamente desentendido de las consecuencias que acarrean las modificaciones introducidas en las leyes.
Nadie niega que los derechos de los niños deban prevalecer sobre los de los demás. Está en la Constitución y es de sentido común. Razón no les falta, pues, a la senadora y quienes la apoyan. Pero hay otras formas de darles prioridad sin apelar a los sentimientos de las masas. Podría pensarse en mayores recursos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en un cuerpo élite que se ocupe de intervenir en hogares potencialmente peligrosos para la salud de los menores de edad, en trabajadores sociales con una ética de cero tolerancia, por dar algunos ejemplos. Soluciones hay, otros países enfrentan los mismos problemas sin engrosar el Código Penal. Pero siempre será más fácil redactar un proyecto de ley con nuevos castigos, que impulsar reformas costosas que toman tiempo y varios años de esfuerzos.
Con todo, es preciso añadir a la discusión algunas precisiones hechas en estas mismas páginas por el columnista Yesid Reyes. Aun en el caso en el que la cadena perpetua sea finalmente introducida en el andamiaje jurídico nacional, el juez encargado sigue siendo el que toma la última decisión. Que la pena máxima aumente no es razón alguna para creer que siempre será impuesta. En un sentido parecido, en otros países aun los criminales más abominables son evaluados en las cárceles después de varios años de estar presos. Puede haber una condena larga de por medio, pero este no es motivo para que el Estado renuncie a la rehabilitación y el tratamiento psiquiátrico del preso. Violador o no. Es más, ya hay en la normatividad colombiana una ley que impide que quienes abusan de los menores de edad reciban rebajas de penas. Pero ninguna de estas verdades le ha sido divulgada a la ciudadanía.