Metas ambiciosas, medidas modestas

A PESAR DE QUE EL PAÍS TUVO UNA fase de expansión económica importante durante 2003 y 2007, la tasa de desempleo se mantuvo y la informalidad continuó en ascenso.

Hoy, el número de trabajadores informales bordea los 12 millones y el de desempleados los 2,5 millones. Cerca del 12 por ciento de la población en edad de trabajar no encuentra empleo y el 50 por ciento lo hace sin las garantías del salario mínimo, es decir, sin ahorrar para la vejez y sin aportar a la salud. Además, cerca del 60 por ciento de las empresas se encuentran en la informalidad, lo que significa que 1,4 millones de pequeños negocios no contribuyen al recaudo. Cifras que, además de evidenciar una difícil situación individual, reflejan la existencia de una verdadera trampa de pobreza.

Al no acceder a los servicios financieros y empresariales, el empleo que generan los pequeños negocios es siete veces menos productivo que el empleo formal. Estos negocios, en consecuencia, sobreviven sólo en la medida en que evaden sus obligaciones tributarias y salariales. Como resultado, el recaudo del Estado se reduce y con ello su capacidad de generar motores de crecimiento, entre otras, porque tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para subsidiar los sistemas de pensiones y de salud. De aquí, entonces, que los recursos del Estado se desvíen en gasto que no contribuye de manera efectiva al crecimiento, sin el cual ni hay trabajo ni formalización posibles.

Las cinco locomotoras del gobierno de Santos —infraestructura, agricultura, vivienda, innovación y minería— van en esta dirección. Con ellas se busca generar en el siguiente cuatrienio 2,5 millones de nuevos empleos; esto es, 625 empleos por año, casi el doble de los que se crearon durante la fase de expansión económica 2003-2007. Aunque el ministro de Hacienda no ha explicado todavía bien cómo financiará el plan de Gobierno, el de Protección Social presentó esta semana el proyecto de ley con el que contribuirá en el esfuerzo. Su objetivo: incentivar la formalización de los nuevos empleos y traer a la legalidad 500 mil más.

A muy grandes rasgos, las medidas consisten, de un lado, en disminuir las cargas económicas de las empresas con menos de 50 empleados y, del otro, en generar estímulos que fomenten la creación del primer empleo. Pese a su coherencia, la propuesta luce  modesta. Reducir parcialmente parafiscales, impuesto de renta y registro mercantil por cuatro años no hace que las empresas de menos de 10 empleados —que son la gran mayoría de las informales— puedan sobrevivir en el mercado. Incluso si lo lograran, sólo el 20% de los empleados informales están en ellas. El resto, los famosos “cuenta propia”, no se contemplan en el proyecto. Los jóvenes, a su vez, tampoco es que mejoren mucho sus perspectivas. Las ganancias que obtendría una empresa por deducir los parafiscales de sus nuevos empleados menores de 25 años desaparecerían con cualquier incremento menor en el salario mínimo.

Formalizar el empleo es difícil, y crearlo aún más. De ahí que las medidas anunciadas resulten algo tímidas. La magnitud del problema es tal que se requieren estrategias más agresivas y focalizadas, sin mencionar metas más razonables que permitan optimizar los esfuerzos. Duplicar los empleos creados en 2003-2007 es bastante optimista, en especial, cuando no se habla de un abaratamiento claro de la mano de obra que incluya, por ejemplo, la completa eliminación de los parafiscales. Aunque en el proyecto haya esfuerzos importantes para fomentar el capital humano sobre el físico y para promover la incorporación de aprendices, éstos son menos ambiciosos que las metas que con razón se persiguen. Habría que confiar, entonces, en que sean las famosas locomotoras las que alcancen.

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