Una decisión censurable

SI SE RESUELVE EL ASUNTO DE LA elección del nuevo Fiscal General de la Nación, a través del cambio de la terna o la renuncia de los candidatos propuestos por el gobierno anterior, solución sensata que parece estar logrando consenso, no por ello deben quedar sin aclaración, ni investigación las graves acusaciones sobre clientelismo que han salpicado este prolongando proceso.

Sin ignorar el fatigante enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, como causante de la dilación en el nombramiento del nuevo Fiscal, crisis que por fortuna ha apagado con acierto el nuevo Ministro del Interior y de Justicia, lo que se ha conocido sobre las promesas de intercambio de puestos en la Fiscalía por votos de algunos magistrados no es motivo de orgullo.

Los hechos conocidos por la opinión pública no son de menor calado como para ignorarlos, menos por quienes tienen la inmensa responsabilidad de ser los magistrados de la más alta Corte de la justicia ordinaria. El magistrado de la Sala Laboral, Luis Javier Osorio, reveló que alguien lo abordó para ofrecerle cuotas burocráticas en la Fiscalía, si apoyaba el nombre de la doctora Margarita Cabello como futura Fiscal. Cuando fue requerido por los medios, dijo no saber el nombre de tan peculiar interlocutor, pero la denuncia quedó hecha. A su turno, un ex candidato a Fiscal confirmó que recibió mensajes de un magistrado de la Sala Laboral, en el sentido de que si se comprometía a nombrar un Vicefiscal de su gusto, obtendría su voto y los de algunos de sus colegas.

Cargos tan severos y comprometedores no pueden quedarse solamente en los titulares de prensa, por el contrario, tienen que ser investigados, eso sí exhaustivamente. Por eso resulta preocupante la decisión que por mayoría adoptó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que no se denuncie ante las autoridades competentes esos intentos de soborno, que de haberse presentado podrían comprometer inclusive a algunos de los propios magistrados que sospechosamente habrían votado para que no se investigue nada.

Pero si fue insólita la determinación de no instaurar formalmente la denuncia penal, igualmente lo fue que a renglón seguido la propia Corte, también por mayoría, hubiese decidido mantener en reserva los nombres de quienes apoyaron tan inaudita omisión de denuncia. Extraña forma de enfrentar y combatir la corrupción. No sólo no se denuncia, sino que se impide conocer quiénes fueron los que sacaron adelante la inusual propuesta.

El país lo mínimo que reclama de sus más altos jueces es por lo menos coherencia. Mientras la Corte Suprema de Justicia en el pasado reciente sancionó penalmente a los autores de la llamada yidispolítica, precisamente por recibir canonjías a cambio de los votos parlamentarios en favor de la reelección, y lo sigue haciendo en el caso de la parapolítica, asombra que ahora por mayoría exigua, la Corporación hubiese decidido echarle polvo a hechos similares que de una u otra manera, si acaecieron, debieron tener ocurrencia en sus propios pasillos y en las narices de algunos magistrados.

Por el buen nombre de la justicia colombiana, la Corte misma debería revocar su dudosa determinación y, en su lugar, denunciar los hechos, penal y disciplinariamente, para que se esclarezcan y se sancione a sus responsables, autores y determinadores, no importa quién caiga.

Si la Corte Suprema insiste en esa postura omisiva, el Fiscal encargado y el Procurador no deberían quedarse esperando las denuncias que no recibirán, sino actuar de oficio, como debieron hacerlo desde el mismo instante en el que se divulgaron tan penosos incidentes.