Reanudan proceso por holocausto del Palacio de Justicia

Se trata del juicio que enfrentan cuatro uniformados retirados del B-2 de la Brigada 13, entre ellos el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano.

Este lunes se reanuda el proceso que adelanta el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá por el holocausto del Palacio de Justicia, luego de la suspensión de los términos originada por el voraz incendio que se produjo en el edificio Hernando Morales Molina, donde funciona el despacho judicial.

Se trata del juicio que enfrentan el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quien dirigía el B-2 de la Brigada 13 del Ejército, y los también ex integrantes de esa unidad castrense Ferney Causaya, Luis Fernando Nieto Velandia y Óscar William Vásquez, quien se encuentra próximo a la resolución de la Juez Cristina Trejos frente a su libertad.

Pese a que los cuatro procesados salieron de su lugar de reclusión, la Fiscalía solicitó que se le revocara la libertad a Vásquez, ante las denuncias que pesan sobre él por presiones indebidas a uno de los testigos de los acontecimientos.

La representante del ente acusador, Ángela María Buitrago, consideró fundadas las denuncias del testigo Marlio Quintero Pastrana, quien dijo sentirse perseguido por el militar (r) y señaló que no tenía ninguna duda de que el ex uniformado podía asesinarlo en cualquier momento, porque teme que éste revele los excesos que cometía en contra de civiles, cuando hacía parte del Charry Solano del Ejército.

Quintero era un taxista que estaba al servicio del llamado Batallón Charry Solano durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, y aunque dijo no haber atestiguado actuaciones irregulares de parte de los militares durante la luctuosa jornada, precisó que eran frecuentes las golpizas en contra de los civiles que eran retenidos ilegalmente por parte de sus integrantes.

Reveló que el noticiero que dirigía el desaparecido periodista Jorge Enrique Pulido durante la época, estaba también al servicio de ese Batallón y que sus periodistas, como él , recibían sueldo de la unidad militar.

Dijo recordar que muchos de los comunicadores que allí laboraban entrevistaron a los familiares de los desaparecidos, simulando estar efectuando trabajos periodísticos, cuando en realidad buscaban sacar información, en el propósito de verificar si tenían algún indicio de lo ocurrido en el holocausto.

Señaló que todos en el Charry eran unos "bárbaros" y que la gente no se debía llamar a engaños sobre asesinatos como el de algunos dirigentes políticos de izquierda, como Manuel Cepeda Vargas, que muy seguramente tenían involucrados a agentes del orden.

Marlio Quintero Pastrana había sido atacado en tres oportunidades, en las que había recibido sendas quemaduras y dijo que el Mayor (r) Vásquez le había embargado un taxi de su propiedad, buscando que no declarara en el proceso que éste enfrenta por el holocausto del Palacio de Justicia.

Un delegado de la Fiscal Buitrago, José Cediel, dijo haber escuchado señalamientos del testigo según las cuales había un plan para "levantar", a la representante del ente acusador, hecho que puso en conocimiento de un Juez de Neiva que, comisionado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, tomó la declaración a Quintero Pastrana en la capital huilense.

Sin embargo, el mismo testigo dijo que se trataba de una supuesta estrategia para buscar que la funcionaria fuera removida del caso, en un presunto plan en el que incluso estaría interesado el Gobierno Nacional.