Protección al que no toca

EL PASADO VIERNES, MIENTRAS conducía en estado de embriaguez, el abogado Fernando Abello España se llevó por delante una moto policial que atendía un percance de tránsito menor.

La moto voló por encima de dos carros y causó la muerte de la señora Zoila Rosa Pardo, de 53 años. El abogado, además de herir a otras cuatro personas, le generó un trauma craneoencefálico severo a Daniel Klug, de apenas 17. De manera insólita y argumentando que contaba con educación superior y no tenía antecedentes, una juez de garantías, en lugar de encarcelar al conductor, le concedió prisión domiciliaria. Ante la decisión han llovido las críticas. Y no es para menos. Aunque la juez está en toda potestad de conceder el beneficio, también lo está de no hacerlo. Debió ponderar la naturaleza del crimen y los derechos de las víctimas.

El problema con tal decisión, y el motivo por el cual suscitó el escándalo, es que la prisión domiciliaria y otros beneficios tácitamente le otorgan un carácter de menor gravedad a este tipo de faltas. Asesinar en estado de embriaguez pareciera ser considerado por las autoridades un delito de segundo orden, un descuido menor, un pequeño percance. Si bien es cierto que no existe la voluntad de asesinar, las muertes producto de infracciones de tránsito responden a decisiones irresponsables de conductores que están en capacidad de prever las consecuencias de sus acciones. Es inconcebible que la protección esté del lado de quienes así obran y no de las víctimas que con toda la razón aspiran a que se haga justicia.

Según causas imputables a los conductores, el año pasado el número de lesionados en Colombia por exceso de velocidad fueron 4.951, por embriaguez 1.815, por conducir en contravía 890, por irrespetar los semáforos 676 y por violación de otras normas de tráfico 12.143. El promedio nacional de muertes de peatones es de 1.700 y el de muertes agregadas alcanza los 5.600 fallecidos por año. Las cifras, pese a las campañas de sensibilización y respeto por la vida adelantadas por los medios y el Gobierno, parecen no ceder. Sólo en el puente festivo de la primera semana de junio, 960 personas fueron detenidas conduciendo en estado de embriaguez.

Ante la reticencia de los conductores a acatar las medidas de tránsito, se ha hecho necesario considerar medidas aún más coercitivas. En este contexto se enmarca el proyecto de ley adelantado por la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, el cual consiste, entre otras, en hacer que los conductores paguen la pena  desde el momento en que se comete el delito. Con ello se busca, por un lado, evitar que los jueces otorguen beneficios durante la investigación y, por el otro, que los otorguen después de hacerse efectiva la pena. El motivo: evitar la burla de la justicia. Pues de la misma forma como se ven detenciones domiciliarias por  contar con educación superior, también se ven casos —y no pocos— en los cuales los criminales sólo cumplen una ínfima porción de la pena por tener los recursos para pagar la sanción o  por conocer a algún juez.

El proyecto de ley es bienvenido, no tanto por el elemento de retribución que trae consigo, sino por el claro mensaje que transmite: cometer infracciones de tránsito no es un crimen de menor valía. Es fundamental que los colombianos entiendan que las consecuencias de acciones descuidadas pueden ser atroces y que ellos, como los más de 14 mil infractores anuales en el país, también pueden generar graves lesiones y muertes. Nadie merece fallecer por obra de la arrogancia de un conductor irresponsable. La vida de los otros no es un lujo, es un derecho. Si no aprendemos por las buenas, tocará entonces que aprendamos por las malas. Ya puede llegar hasta a 27 años la condena.

 

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