Sobre la libertad de expresión

LA DEMOCRACIA ES FUNDAMENTALmente un sistema de gobierno que garantiza que los ciudadanos que piensan distinto a los que ostentan el poder no se anulen como agentes políticos, sino que puedan hacer oposición y que el sistema les garantice por lo menos la posibilidad de un eventual acceso al gobierno.

Eso no es posible sin libertad de pensamiento y expresión, y en particular, sin la expresión mediática. La comunicación no es sólo de individuo a individuo, sino del individuo como parte de su sociedad. De aquí la importancia de la opinión pública, la cual, entre otras, rara vez es una. De hecho, rara vez se concreta. Pero por móvil y heterogénea no pierde valor. Mucho gana la sociedad al seguir de manera paralela las discusiones políticas, así como las académicas. Si los proyectos, saberes y los valores no se socializan, nunca se ponen a prueba y, por consiguiente, jamás se revalúan.

Es trabajo de los medios garantizar que haya autonomía en la comunicación de los distintos movimientos de la sociedad, como es trabajo del gobierno fomentar la multiplicidad de medios. La objetividad del conocimiento no reside en la seriedad de la fuente, sino en la confluencia de las distintas perspectivas que, en agregado, presentan una imagen más matizada y amplia que la posición necesariamente parcial de cualquier observador particular. Mal hacen, por ello, todas las iniciativas que pretenden reducir el espectro mediático de una sociedad. En especial, porque aunque las instituciones democráticas se han consolidado, todavía hoy la tolerancia y el respeto decidido a la libertad siguen sin afianzarse.

Por su importancia, sorprende la abundancia reciente de movimientos que pretenden restricciones a la prensa. Caso especial han sido las avalanchas de críticas que han recaído sobre el presidente Chávez por razón de su acoso a los medios. El caso más reciente es el de la prohibición de imágenes en las que figuraran abusos o muertes. El mandatario venezolano consideró, después de la publicación este agosto de una masacre en el diario El Nacional, reprochable y “pornográfico” el manejo que la prensa le estaba dando al tema de la violencia. Sin más, estableció la censura.

A esta realidad, tristemente, se suman movimientos nacionales. En febrero de este año, José Hernando Romero Serrano instauró una acción popular en contra del diario El Espacio por contenidos que él consideró, en otro contexto, también pornográficos y, por tanto, peligrosos para la salud mental de los menores que accedieran a ellos. En la misma línea, la senadora Claudia Wilches presentó en agosto un proyecto de ley que busca restringir en los medios de comunicación impresos las imágenes “impúdicas” y amarillistas. Por fortuna, la acción popular no prosperó en el Consejo de Estado y es de esperar que el proyecto de ley tampoco lo haga en el Congreso.

Pese a ello, no deja de preocupar, de un lado, la tendencia a abogar en voz propia por la moral pública —tan heterogénea y móvil como la opinión pública— y, del otro, la clara tendencia prohibicionista cuando impera el desacuerdo. Hay temas que son de debate, sin duda. No obstante, es reprensible que en espacios democráticos prosperen las ideas de acallar, ocultar y restringir a la fuerza aquello que no conviene o no se comparte. En especial, cuando se decide de paso censurar a los medios que permiten el debate. Cerrar los espacios de discusión es peligroso. Ojalá las generaciones que no han vivido la represión no tengan que hacerlo para entender sus alcances perversos.

 

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