Informalidad: el lío de la planeación urbana

AUNQUE NO EXISTEN CIFRAS OFIciales que permitan hacer seguimiento permanente y actualizado al problema de la informalidad en Bogotá, al contrastar las cifras de los censos de edificación del DANE, se calcula que por más de una década cerca del 54% de las viviendas construidas en la capital han sido informales.

Como si esto ya no fuera suficiente, el porcentaje sólo tiende a aumentar. Según las más recientes Encuestas de Calidad de Vida, en la ciudad se crean anualmente 64 mil nuevos hogares. Si en promedio se producen 38 mil viviendas formales por año, según lo estima el censo mensual de Camacol, lo más probable es que el faltante de vivienda, o bien termine incrementando el déficit cuantitativo existente, o bien termine siendo atendido con vivienda informal. En este último escenario, la tasa de informalidad ascendería casi al 60%.

El problema de la informalidad es grave, pues por lo general las viviendas autoconstruidas no cumplen con los estándares mínimos de una vivienda digna y segura. Además, los asentamientos espontáneos dificultan la posterior construcción de vías de acceso y la extensión de servicios públicos. Es mucho más difícil y costoso adecuar un espacio ya construido que un terreno baldío. Esto sin mencionar que también lo es  individualmente. Las familias que se deciden por la vivienda informal normalmente cuentan con ingresos que les permiten emprender el proyecto con razonables probabilidades de éxito. Sin embargo, como no tienen acceso al sistema financiero, terminan prestando dinero a tasas de usura. Hasta 10 veces más costosas resultan siendo las construcciones de este tipo.

Recientemente, con el objetivo de solventar el déficit de 282 mil viviendas, Camacol ha venido generando proyectos de gran envergadura. Iniciativas como Maiporé, Ciudad Verde y La Felicidad han sido exitosas. Juntos, estos proyectos le ofrecerán a la capital 40 mil viviendas formales. La Secretaría de Hábitat, por su parte, ha construido en los últimos dos años cerca de 29 mil viviendas y tiene varios proyectos encaminados a compactar y densificar la vivienda en la urbe. Aunque el esfuerzo parece modesto —y no es para menos dada la magnitud del problema— éste  constituye un gran paso en la dirección correcta. También lo son los Planes de Ordenamiento Zonal impulsados por la Secretaría Distrital de Planeación, que han sido claves para la habilitación del suelo. De concretarse los esfuerzos, se despejarían terrenos con el potencial para  generar casi 135 mil viviendas.

No obstante, y sin desconocer los logros, se requiere de una política de mayor envergadura. Ésta debe considerar, primero, una gestión más efectiva del suelo. Su escasez deja a los constructores con una limitada disponibilidad de terrenos para el desarrollo. En esta línea deberían también implementarse herramientas más radicales para presionar a los dueños de los 1.197 lotes de engorde en la capital. De no construirse,  debería ser posible su remate. También debe lograrse el cierre financiero de las familias, garantizando el acceso al crédito, la disponibilidad de recursos propios y la consecución de un subsidio. Por último, hay que ver cómo agilizar los trámites. Por fortuna, la Secretaría Distrital de Planeación ha avanzado de forma significativa en este respecto. Faltan, sin embargo, recortar varios procesos. Hay muchos que tardan todavía años.

Así las cosas, por más de que los esfuerzos estén bien encaminados, lo que queda por hacer es mucho. En especial, porque la construcción de vivienda para los estratos más bajos sigue siendo el lunar de los proyectos públicos. Aunque los constructores arguyen que el problema radica en que los requerimientos técnicos de las normas sismorresistentes son muy costosos, no cabe la idea —y no debe caber para nadie— de reducirlos. Se puede pensar en un mayor subsidio a la demanda o a la oferta e, incluso, en una revaluación de los términos de acuerdo con los constructores. Si bien es cierto que no se  espera que un privado construya a pérdida, también es cierto que la ganancia no puede ser la misma cuando su función es reemplazar la labor social del Estado.

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