La reforma judicial

EL GOBIERNO ACABA DE PRESENTAR un ambicioso proyecto de reforma a la administración de justicia. La relación de los temas contenidos en esa propuesta indica que estuvieron precedidos de un juicioso estudio sobre los principales problemas que enfrenta la Rama Judicial.

No cabe duda de que el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura ha generado mucha polémica por la cualificación requerida para sus integrantes, la forma en que son elegidos y el alcance mismo de sus funciones. Su eliminación para crear una estructura más liviana y eficaz es bienvenida.

La tutela ha demostrado ser un recurso seguro para proteger los derechos fundamentales, no sólo por la celeridad con que se la resuelve, sino porque la simplicidad de su trámite acerca al ciudadano a la administración de justicia. Pero tampoco puede olvidarse que ha generado continuos roces entre las Cortes a propósito de la posibilidad de que sus decisiones puedan ser objeto de revisión a través de ese mecanismo excepcional, ni puede desconocerse que ha contribuido a retrasar el funcionamiento normal de unos juzgados que deben dar prioridad a la tutela frente a otros procedimientos. Su reglamentación es urgente.

Las investigaciones que ha venido adelantando la Corte Suprema contra algunos parlamentarios han puesto de presente un tema que sólo de manera ocasional suele atraer la atención: el del juzgamiento de ministros y congresistas. Resulta inaplazable no sólo la búsqueda de mecanismos que permitan garantizarles el derecho a una segunda instancia, sino el diseño de un procedimiento en el que se preserve la idea central de distinguir entre un organismo encargado de realizar la investigación de los hechos y otro al que se confíe la fase de juzgamiento, como está previsto para los ciudadanos que no gozan de fuero constitucional. Todo ello, teniendo buen cuidado de que las nuevas normas no supongan en la práctica la anulación o suspensión de procesos tan delicados como los que se adelantan para esclarecer los vínculos de paramilitares con personas dedicadas a la política.

La creciente congestión en el aparato judicial necesita soluciones; el Gobierno propone dejar el trámite de algunos procesos ante notarios, diferir otros a centros de conciliación e investir a los abogados litigantes de facultades para resolver determinado tipo de controversias, tema este último que genera preocupación en cuanto a cómo se garantizarían sólidas garantías de independencia, imparcialidad, confiabilidad y responsabilidad en la toma de decisiones.

Otros tópicos deben ser objeto de especial reflexión, como el de entregar nuevamente al Ejecutivo la posibilidad de que pueda expedir y modificar códigos, porque si bien puede agilizar la actualización de leyes y permitiría reaccionar con rapidez frente a temas que requieren soluciones prontas, se despoja al Congreso de su condición de escenario natural para debatir la política legislativa del Estado y se aumenta de manera sensible la injerencia del Ejecutivo en la administración de justicia. Nada aconsejable.

Con todo, lo más relevante de esta propuesta de reforma judicial es que el Ejecutivo ha seleccionado con buen criterio algunos de los problemas más sensibles que enfrenta la Rama Judicial, plantea soluciones a los mismos y, sobre todo, invita a una discusión. En el nuevo ambiente de las relaciones entre estas dos ramas del poder público no se debe aspirar a que haya consenso absoluto respecto de las reformas que finalmente se adopten. Lo importante es que se transmita al país la sensación de que los temas planteados fueron discutidos de manera tan abierta como serena y de que las reformas que se introduzcan tienen el firme propósito de mejorar el funcionamiento del aparato judicial.

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