Menores: los nuevos culpables

EL AÑO PASADO, ANTE LA CRÍTICA SItuación de seguridad en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina propuso modificar el Código de Infancia y Adolescencia con el fin de endurecer las penas para los menores de edad.

El Espectador
02 de septiembre de 2010 - 11:00 p. m.

El motivo: cerca de cuatro mil jóvenes, en un periodo de 16 meses, habían sido capturados por distintas actividades criminales. Ahora, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, con la misma motivación, se han unido a la iniciativa, y ya se sumarán, de seguro, las voces de los dirigentes de la Costa Atlántica, cuyas ciudades han sufrido también con intensidad la escalada de la violencia. Con el apoyo ya esbozado del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es bastante probable que algún cambio en la legislación termine, más temprano que tarde, implementándose dado el preocupante panorama de inseguridad urbana que vive el país por estos días.

No obstante, y a pesar de las estadísticas, el asunto debe abordarse con clama. Como lo advertía Humberto de la Calle en su columna del pasado domingo en El Espectador, cada vez que se pone ante la opinión pública algún acontecimiento de cierta manera escabroso, la sociedad y los medios salimos a clamar escarmiento inmediato sin detenernos a pensar en el origen del problema y las medidas razonables. Tiene razón. El populismo penal se ha vuelto constante. Desde la cadena perpetua para los violadores, hasta las penas a los conductores alicorados, se clama por castigos cada vez más radicales. Es prudente detenernos y revaluar, pues, a este paso, en poco tiempo estaremos suplicando por el restablecimiento de la horca.

No se trata de negar la necesidad de actualizar las normas. Las sociedades cambian y las nuevas dinámicas exigen por supuesto estrategias diferentes. Sin embargo, tal y como está hoy el Código del Menor y la Infancia, las medidas son ya bastante exigentes. Aunque los menores de 14 años no pueden ser privados de la libertad por haber cometido una conducta punible, la norma establece que los menores entre los 16 y 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos graves pueden ser encarcelados con penas de hasta seis años. Tiempo que significa, a esa edad, una buena porción de la vida. ¿Qué se ganaría con aumentar la condena de estos últimos o con meter a los más chicos a la cárcel?

Pregunta que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que las altas tasas de criminalidad están respondiendo a bandas muy bien entrenadas y organizadas. Suponer que penas más fuertes a los jóvenes detendrán la ola de violencia es como suponer que la guerra contra las drogas se gana cazando jíbaros. El asunto es mucho más complicado y se requiere de labores e inteligencia serias que permitan desmantelar, en su totalidad, a los grupos criminales. Aquí los jóvenes son más víctimas que victimarios.

La iniciativa aparece, pues, en el momento equivocado. Antes de pretender privar de libertad a los menores, se necesita haber agotado todas las demás posibilidades que —y es de enfatizar— no son sólo legislativas. Como bien lo señalaba el jurista y político Alfonso Gómez en Portafolio, hemos caído en una especie de “fetichismo normativo” al que se le achacan todos nuestros males. Es cierto que hay reglas que deben actualizarse, pero también lo es que no se puede perder de vista la falta de ejecución de los organismos competentes. Es evidente que el despliegue de la criminalidad poco tiene que ver con los menores y nada ganarán las autoridades tratando de hacerle desviar al público la mirada. Se dejó escalar la violencia y ahora tienen que ver cómo resuelven el problema. Actitud, entre otras, mucho más provechosa que la de seguir, como menores, tirándoles a otros la culpa.

Por El Espectador

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