Más medidas al aire

"QUIEN PAGUE UNA EXTORSIÓN SErá visto como auxiliador del crimen", sostuvo hace una semana el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, durante una socialización inicial del Plan Integral de Seguridad Ciudadana en la Comisión Primera del Senado.

 “Nada ganamos capturando a los integrantes de las pandillas si dejamos intacta la cultura de esos pagos”, aseguró. De hecho, enfatizó el Ministro, los extorsionados ven con buenos ojos tales desembolsos y, por ello, no recurren a las autoridades. Por este motivo, prosiguió, hay que cambiar las censurables costumbres, primero a través de amigables campañas pedagógicas y, después, con medidas más fuertes como la judicialización de quienes cumplan las exigencias económicas de las bandas criminales. De esta manera, y por los argumentos presentados, es de esperarse que la lógica de la iniciativa, más que la de castigar a los ahora delincuentes, sea la de desincentivar los métodos extorsivos. Si las personas no pueden pagar, ¿para qué cobrarles?

Esta estrategia, semejante a la que congelaba los bienes de los secuestrados para que no pudieran cumplir las demandas de sus secuestradores, ha suscitado, como era de esperarse, gran controversia. No obstante, y a pesar de las críticas, el Ministro de Defensa ha venido insistiendo en su intención de incluirla en la versión final del Plan de Seguridad que será radicado en estos días en el Congreso. Aunque el presidente Santos no se ha pronunciado todavía, altos funcionarios ya han hecho pública su postura. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, secundó la medida de la misma forma que lo hizo el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien afirmó el sábado pasado que si la figura jurídica sirve para “derrotar a los enemigos de la vida, la honra y los bienes, derrotar el flagelo de la extorsión y del secuestro”, es decir, “si ésa es una figura que sirve para esa finalidad, si va a ser eficaz, no asumiría una posición adversa”.

Sin embargo, el lado oscuro de la propuesta tiene poco o nada que ver con su eficacia. Así se le conceda completo éxito, un Estado de Derecho no puede sacrificar a una cantidad de civiles en pro del orden. Además de enfrentarse a los extorsionistas, las víctimas no tienen por qué ver en la ley a un enemigo. Entre otras, porque es el Estado quien está incumpliendo, en primer lugar, con su deber de garantizar la seguridad y la vida y, por tanto, les está de hecho restaurando el derecho a los individuos de defenderse por sus propios medios. Claro, derecho que, como todos, tiene límites. Una cosa es desconocer el monopolio de la fuerza del Estado y tomarse la justicia a mano propia, y otra muy diferente es pagar una “vacuna” para que el bus, la casa o los hijos no sean, en el mejor de los casos, apedreados.

Así las cosas, todo indica que el Gobierno está jugando de nuevo a lavarse las manos. En lugar de asumir las consecuencias de un Estado ausente, le tiró primero la culpa a los menores, a quienes les vaticinó cárcel desde los 14 y, ahora, le pareció que también sería correcto responsabilizar a las víctimas. ¿A quién le tocará después el turno? Se podría decir que los ministros del Interior y de Defensa están reflejando un autoritarismo excesivo y, por ello, censurable. Sin embargo, las medidas parecen evidenciar más un gran desconcierto. Es como si no supieran de qué manera lidiar con el problema y estuvieran lazando tiros al aire a ver si a algo le pegan. Queda sólo esperar que el Plan Integral de Seguridad Ciudadana que ha de presentar el Gobierno sea mucho más sensato y estructurado que lo que lo han sido hasta ahora sus voceros.

 

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