Sobre el deber de informar

EN DOS CONTROVERTIDOS EDITOriales publicados el fin de semana pasado, "¿A quién pedir justicia?" y "¿Qué quieren de nosotros?", El Diario de Juárez se ha dirigido abiertamente a los grupos criminales y narcos, "las autoridades de facto en esta ciudad" según el periódico, para preguntarles qué "pretenden que publiquemos o dejemos de publicar".

“Somos comunicadores, no adivinos, queremos que nos expliquen lo que quieren”, insiste el texto divulgado el domingo pasado. “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones (…) Indíquennos qué esperan de nosotros como medio”, concluyen con tono de desolación. El mismo tono que se leyó el viernes anterior cuando, sin resultados en las investigaciones de las agresiones en su contra, escribieron: “mientras la procuración de justicia en este país siga siendo una entelequia, en realidad es poco lo que puede hacerse que no sea continuar desarrollando nuestra actividad periodística en la total indefensión”.

Aunque El Diario de Juárez ha sufrido los peores acosos —lleva ya dos colaboradores asesinados, uno de los cuales fue abatido mientras llevaba a su hija de seis años al colegio—, la presión a los medios mexicanos es generalizada. Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ha dicho a El País de España que si bien el caso de Juárez es dramático, no es el único. “Medios de distintos puntos del país se están autocensurando en forma generalizada, producto de la violencia sin precedentes”, aseguró. En los últimos cuatro años, más de 30 comunicadores han sido asesinados y se ha comprobado que ocho fueron liquidados por la labor que realizaban. Además del CPJ, diversas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras han condenado las olas de violencia y han manifestado su solidaridad con la posición editorial, la cual, insisten las directivas del rotativo, “no es una rendición”, sino “una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley”.

No obstante, buscar una “tregua”, si bien es comprensible cuando de por medio está la propia vida de los periodistas, resulta inadmisible. El deber de informar no se suspende por la adversidad de las condiciones. ¿Qué hubiera sido de Colombia si sus medios hubieran negociado con los capos de la mafia, las guerrillas o los paramilitares?

Dada la penosa persecución a la que están sometidos hoy los periodistas mexicanos, no pocos de ellos han buscado un ejemplo a seguir en la historia de El Espectador —que perdió el ala norte de sus instalaciones por un bombazo, vio asesinar a cuatro colaboradores y a su director, don Guillermo Cano, entre otras penurias de aquellos años ochenta en que la mafia del narcotráfico también fue aquí poder de facto—. Igual de impotente e indefenso, en aquel momento este diario también elevó su voz de protesta por la ausencia del Estado, como se recordará, dejando en blanco por algunas semanas el espacio de su editorial, ante la falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo. Pero jamás se llegó a pensar en treguas o negociaciones sobre el manejo de la información.

Y no fue sólo El Espectador. Con los demás medios de comunicación, para blindarse de alguna manera de las agresiones, se creó un pacto para compartir investigaciones y publicar todos los mismos reportajes, sin firma de los periodistas. El ambiente era hostil, pero los medios no claudicaron. Y tampoco lo deben hacer ahora los mexicanos. Si la posición de  El Diario de Juárez es de protesta, bienvenida. Una tregua, en cambio, sería declarar la muerte a la esencia del buen periodismo.

 

últimas noticias

Se agota la paciencia

El testamento de un testigo ignorado