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El reto de proteger a los reincorporados de las Farc

Las estadísticas señalan que 91 miembros de la exguerrilla y 26 de sus familiares han sido asesinados desde la firma de la paz. Urge reforzar la seguridad, en especial de aquellos que tendrán más visibilidad de cara a las próximas elecciones regionales.

La mayoría de los casos de homicidios de excombatientes se dieron bajo la modalidad de sicariato. Mauricio Alvarado - El Espectador
 
 


Aunque la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc redujo considerablemente la violencia en el país, otro tipo de violencia aumentó: el asesinato selectivo de líderes sociales y excombatientes y sus familiares. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el día de hoy, la Fundación Paz y Reconciliación ha registrado la  muerte de 91 miembros de la desmovilizada guerrilla y 26 de sus familiares.

Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), hasta el pasado 31 de marzo la oficina del Alto Comisionado para la Paz había acreditado un total de 13.190 personas como desmovilizadas. De estas, 13.010 están siendo atendidas según los procedimientos previstos para su reinserción económica y social, 3.479 residen en  los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y 8.459 viven fuera de estos. Sin embargo, no se tiene información precisa sobre el paradero de 1.072 personas, quienes podrían haber abandonado el proceso de paz o simplemente haber decidido aislarse en el anonimato.

“Modus operandi”

La mayoría de los autores materiales de los crímenes no han sido identificados. En el listado de posibles victimarios figuran el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupos armados pos-Farc (disidencias) o la Fuerza Pública.

A partir de la información que se ha dado a conocer acerca de estos crímenes, se ha podido identificar un modus operandi. Gran parte de los asesinatos selectivos han sido ejecutados bajo la modalidad de sicariato. Estos hechos violentos tienen lugar en los lugares de residencia de las víctimas; en sitios concurridos, como establecimientos comerciales y en vías públicas veredales.

Hasta el momento no se ha registrado ningún asesinato dentro de los ETCR y allí siguen activas las unidades de la Fuerza Pública que habían sido destinadas a brindar seguridad en estos lugares. Pero por fuera de estos espacios, los ex-Farc —sin escoltas ni otras medidas de seguridad— corren, por supuesto, un riesgo de seguridad, sobre todo si transitan hacia los nuevos puntos de reagrupamiento.

¿Dónde son las muertes?

Debe notarse que los riesgos varían según el territorio donde los desmovilizados deciden continuar su proceso de reincorporación. Los departamentos que registran mayor número de exguerrilleros victimizados son, en su orden: Nariño (20), Cauca (19), Antioquia (13), Norte de Santander (10) y Caquetá (10), donde se vive un reacomodo de actores armados como producto de la desmovilización de las Farc.

Los municipios de Tumaco, El Charco, Argelia, Ituango, El Tarra y San Vicente del Caguán son los que registran el mayor número de casos de homicidios selectivos de excombatientes de las Farc. De los 26 familiares de reincorporados de la exguerrilla que han sido asesinados, tres eran mujeres y dos eran menores de edad.

¿La historia se repite?

Para explicar el asesinato selectivo de excombatientes de las Farc y sus familiares, es útil analizar dos casos pasados de desmovilización, desarme y reintegración.

En 1991, el Ejército Popular de Liberación (Epl) firmó un acuerdo de paz y se transformó en el movimiento político Esperanza Paz y Libertad. Los cinco años siguientes, fueron perseguidos y victimizados por una facción disidente del proceso, que alegaba traición. En esta campaña de persecución participaron además las Farc y grupos paramilitares.

Al final, se cometieron 18 masacres y otras 763 agresiones entre homicidios, atentados, desplazamientos forzados y amenazas. Los ataques sistemáticos exterminaron ese movimiento político y sabotearon los proyectos productivos en el marco de la reincorporación económica.

La segunda experiencia se derivó de la llamada Ley de Justicia y Paz. Entre 2003 y 2006, se reportó la desmovilización colectiva de 31.671 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de los cuales 20.267 participaron activamente de los programas de reincorporación.

Durante este proceso también fue evidente la falta de capacidad de las instituciones para proteger a los desmovilizados. Según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hubo más de 1.300 asesinatos, además de amenazas, desapariciones forzadas y reclutamientos ilícitos contra excombatientes. Valiéndose de amenazas, nuevos grupos armados intentaron volver a reclutar a los desmovilizados para engrosar sus filas. Quienes se negaron a aceptar la “invitación” habrían sido las principales víctimas de las retaliaciones.

¿Por qué los asesinan?

Emilio Archila, consejero para la Estabilización, afirmó en una comunicación dirigida a Iván Márquez que los asesinatos de exintegrantes de las Farc son el resultado de su reincidencia en actividades ilegales. Pero hay otras tres hipótesis que contradicen dicha declaración, que guardan relación con la experiencia de las desmovilizaciones del Epl y de las Auc.

Según la primera hipótesis, los exguerrilleros reincorporados se resistieron a formar parte de otros grupos armados. Estos grupos, con experiencia en los quehaceres de la guerra y con presencia arraigada en esos territorios, habrían tomado represalias contra los ex-Farc. La segunda hipótesis consiste en las posibles operaciones que estaban sin concluir en el momento de dejación de armas de la ahora exguerrilla, tales como las disputas territoriales y por las rentas ilícitas con el Clan del Golfo en el Bajo Atrato, o en Arauca con el Eln. La tercera hipótesis explica los hechos violentos como venganzas por los abusos y agresiones contra la población que habrían sido perpetradas por los ahora reincorporados.

En todo caso, es urgente reforzar la seguridad y garantizar de veras la integridad de las personas desmovilizadas, en especial de aquellas que tendrán más visibilidad por hacer parte de las próximas elecciones regionales.

*Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación y analista de Razón Pública.

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Alejandro Jiménez González*

Política

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