La columna Antonio José de Sucre de las Farc, en un comunicado cínico y provocador, se atribuyó la detención y ejecución de ocho personas culpadas de entregarles información a las patrullas militares del Ejército. Mientras los operativos avanzan en una zona completamente minada —de lo cual las Farc se atreven a responsabilizar al Ejército—, es de suponer que los demás fueron ultimados por el grupo subversivo. Se conocen descripciones de las armas blancas con las que habrían sido asesinados y las propias autoridades indígenas responsabilizaron a las Farc.
Y no son las únicas. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) rechazó el repudiable acto; el gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro, confirmó la masacre; y la ONG Human Rights Watch, en cabeza de José Miguel Vivanco, recalcó que “no existe justificación posible para estas horrorosas acciones”.
Otra cosa estiman las Farc, de cuyo comunicado se desprende que la culpa recaería en el Ejército y la presión ejercida sobre la comunidad Awá para que entregue información sobre el paradero de la guerrilla que transita y en ocasiones controla sus territorios. Nada más insólito. La guerrilla es la causa y no la consecuencia de la presión militar. Con todo y que la propia comunidad indígena manifestó su desagrado por esa exigencia gubernamental que los convierte a los ojos de la guerrilla en informantes, quien redacta la carta publicada por Anncol supone que existen motivos suficientes para disponer de la vida de las personas. En esto, como en muchas otras de sus acciones violentas, lo que queda claro es que la arbitrariedad sigue siendo el rasero con el que miden a los colombianos.
Entre tanto, la situación para los awás no podría ser más desafortunada. En la zona que habitan, ubicada en la parte occidental del Macizo Andino Colombiano, hacen presencia bandas de paramilitares en recomposición como Los Rastrojos y la Organización Nueva Generación, grupos irregulares como el Eln y las Farc, y miembros de la Fuerza Pública. Sus territorios, si no son para la siembra y el procesamiento de la hoja de coca, lo son para corredores estratégicos en el transporte de insumos y armas. Los alarmantes efectos de tan inusual escenario, pese a que habían sido advertidos por una investigación de la Defensoría del Pueblo en la que se requería de parte del Estado “una política de atención humanitaria”, van desde las amenazas hasta los asesinatos colectivos. Entre 2001 y 2007, para citar un ejemplo entre cientos, 41 familias awás han sido desplazadas.
En adelante, y más allá de que le se exija al Estado —como siempre se ha hecho— que se ocupe de la atención integral de las comunidades que habitan en situaciones de conflicto, es preciso retomar el debate frente a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Este no sólo es un derecho constitucional adquirido, sino que hace parte de las pocas estrategias de supervivencia que podrían funcionar contra los grupos violentos. Mientras son asesinados, los indígenas no pueden seguir siendo tildados de auxiliadores de la guerrilla y del Ejército indistintamente.