Razonamiento abstracto

DESPUÉS DE ABSOLVER EN EL CAso de la yidispolítica al actual embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega; al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y a tres funcionarios más acusados por la condenada Yidis Medina de ofrecer dádivas y puestos para favorecer la reelección presidencial, la Procuraduría ha instado esta semana a la Sala Penal de la Corte Suprema a que condene al ex congresista Teodolindo Avendaño por el delito de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Aunque el sentido común hace muy difícil entender que unos mismos hechos den lugar a condenas diferentes, la Procuraduría insiste en que estamos ante expedientes y cargas probatorias independientes.

En una audiencia pública en la que fue calificado nada menos que de ser “parte de un eslabón criminal”, Teodolindo Avendaño fue juzgado por el delegado del Ministerio Público, Jorge Alberto González Vásquez. Éste dijo que su patrimonio se incrementó sin justificación alguna y que recibió, de manera intempestiva, consignaciones desde Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga por cifras de 9, 17 y hasta 20 millones de pesos. Que no fue por calamidad doméstica que se ausentó de la sesión del Congreso los días 3 y 4 de junio de 2004, en que se votaría la reelección presidencial, y que su hijo realmente se accidentó cinco días antes. La Notaría 67, de la que habrían salido 450 millones de pesos, sí le era conocida, y el teléfono, la dirección y la cédula del notario, Luis Camilo O’Meara, de quien dijo nunca haber escuchado, le fueron detectados. Que Avendaño, en suma, vendió su conciencia y mintió.

Hace un par de semanas, en un fallo que argumentaba falta de pruebas —y sobre el que alertamos en esta misma tribuna por considerarlo más político que jurídico, toda vez que las pruebas por responsabilidad penal no fueron solicitadas—, la Procuraduría se opuso a la sentencia de la Corte Suprema contra Yidis Medina, en la que se afirma que hubo una “compra de conciencia en aras de obtener un beneficio particular”. En esta ocasión, por el contrario, el delito de cohecho es aceptado abiertamente.

Más allá de la temible caja de pandora que abre el fallo, de si la reelección presidencial carece de legitimidad o de si la conducta de algunos funcionarios afecta la credibilidad y el buen nombre del Presidente de la República, lo cierto es que la Procuraduría cerró el caso de la yidispolítica y dejó abierto el de Teodolindo Avendaño. Si existe el cohecho, en algún momento deberíamos conocer los nombres y el castigo de las personas que propiciaron el delito. La decisión, de nuevo, está en manos de la Fiscalía.

Evidentemente hay más y mayores evidencias en el caso del ex congresista Avendaño, hoy en prisión. Las declaraciones de Yidis Medina, plagadas de contradicciones, dificultan la valoración en lo penal y disciplinario. Sin embargo, ahí donde algunos vemos una clara contradicción, incluso una retractación de parte del procurador Alejandro Ordóñez, otros defienden la complementariedad de la decisión. Uno y otro caso, insisten, deben ser abordados por separado, pese a que están referidos a un mismo delito.

Es más, según lo expresó Ordóñez, “una cosa es la percepción periodística, otra la política y otras las determinaciones judiciales”. Este fallo y el anterior, según eso, carecen de política y no tienen relación alguna con la esfera del Poder Ejecutivo. La veeduría y presión de los medios de comunicación, además de que poca o ninguna influencia ejercen, no estarían en condición de penetrar en los intríngulis de la justicia.

El hecho cierto es que por un mismo caso tenemos dos fallos completamente diferentes. Nos encantaría entender este razonamiento abstracto que nos plantean los juristas y aceptar que se trata de decisiones ajenas a la política, pero la sana lógica nos lo impide.

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