El caso Fujimori

ERA CUESTIÓN DE TIEMPO PARA que Alberto Fujimori, presidente de Perú en dos ocasiones consecutivas (1990-2000), se viese abocado a responder por algunos que no todos de los abusos cometidos en su lucha contra la subversión.

La sentencia recién dada a conocer por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema culpa a Fujimori, a sus 70 años, de dos secuestros y de los delitos de homicidio calificado, asesinato con alevosía y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cuyo saldo final fue de 25 muertos y estuvo a cargo de un escuadrón de aniquilamiento del ejército conocido bajo el nombre de Colina.

La decisión es histórica. Es la primera vez en el mundo que un presidente elegido electoralmente es condenado, en su propio país, a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Bajo el argumento de la autoría mediata, el tribunal encargado explicó que el ex mandatario, cabeza de una organización criminal, pese a que no se conocen las pruebas de órdenes directas para la comisión de crímenes, es responsable de los delitos que le fueron imputados.

La sentencia corrobora algunos de los resultados de la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación que, liderada por el respetado intelectual y filósofo Salomón Lerner, encaminó su detallada investigación al esclarecimiento de los hechos de violencia en los que murieron 70.000 personas, entre 1980 y 1990.

Según el texto final de la Comisión, duramente criticado en su momento por los simpatizantes de Fujimori y su hija, Keiko, elegida senadora con la mayor de las votaciones y potencial candidata a la presidencia en 2010, durante los dos gobiernos del “Chino” se erigió una relación funcional entre el poder político y el poder criminal. Desde el gobierno, “intencional y progresivamente”, los poderes del Estado fueron cooptados y se utilizaron procedimientos formales para garantizar la impunidad en casos de violación a los derechos humanos. Cambios bruscos y a su antojo en la legislación, dignos de cualquier dictador, permitieron que la independencia de los poderes fuese abolida y, en un contexto en el que la subversión se replegaba, el ex presidente explotó, con usos electorales y de permanencia en el poder, “la amenaza terrorista”.

Después de que fueron capturados los líderes de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay, los escándalos de corrupción orquestados junto al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, obligaron a que Fujimori convocara a elecciones y huyera al Japón. Desde allá renunció a la presidencia por fax y cinco años después viajó a Chile, desde donde fue extraditado en 2007 por violación a los derechos humanos y corrupción.

El trascendental fallo de la Corte, esperado pacientemente por las víctimas de los desmanes de una política de Estado que con la excusa de enfrentar la subversión incurrió en todo tipo de violaciones de los derechos humanos y terminó por desmontar el Estado Social de Derecho para garantizar la impunidad de los aliados y la permanencia del dictador en el poder, va más allá de la Comisión de la Verdad y Reparación. Sus implicaciones, como será obvio, son jurídicas y ya no sólo éticas. El tortuoso proceso de reconstrucción de la memoria, tan necesario para la reconciliación y elaboración de un posconflicto exitoso, es otro de los grandes beneficiados con la sentencia. La memoria, se confirma, no es reemplazo de la justicia.

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