Dilema judicial de McDonald’s

Un proceso por la compra y montaje de un estratégico local en Medellín que tuvo como dueña a mujer extraditada por narcotráfico.

A comienzos de junio de 1999, autoridades antinarcóticos de Estados Unidos interceptaron en aguas internacionales la motonave Castor, que movilizaba cinco toneladas de cocaína. Un año después, el hecho derivó en la extradición de cinco colombianos y, simultáneamente, en el trámite de extinción de dominio de los bienes de los afectados, entre ellos un estratégico predio que hoy tiene en aprietos a las autoridades judiciales, porque allí funciona legalmente el más acreditado restaurante McDonald’s en la capital antioqueña.

Se trata de un local de 3.000 metros cuadrados perteneciente a la multinacional McDonald’s, ubicado frente al Centro Comercial Oviedo, en Medellín. Un restaurante en plena operación, con valor promedio de ventas mensuales estimado en $480 millones y la generación de 45 empleos directos. Un inmueble muy productivo, que años atrás perteneció a la extraditada Ivonne Scaff de Saldarriaga, razón por la cual, hoy la Fiscalía y la Dirección Nacional de Estupefacientes, (DNE) creen tener razones para alegar que pertenece al Estado.

La historia de este litigio comenzó en septiembre de 2000, cuando la Fiscalía, en desarrollo del trámite de extinción de dominio del emporio económico de Ivonne Scaff, ordenó la ocupación del inmueble. En los cuatro años siguientes el bien tuvo como depositarios provisionales a Luis Carlos Mejía, la firma Habitamos Propiedad Raíz Ltda. y, a partir de 2004, a la sociedad inmobiliaria Gavel Ltda. Sin embargo, durante este tiempo, McDonald's concluyó el montaje de su restaurante, argumentando ser su dueño.

De hecho, hoy sus abogados sostienen que el contrato de compraventa del bien se formalizó el 8 de junio de 2000 y que el negocio se hizo por un valor de $2.800 millones. Eso explica por qué en el momento en que la Fiscalía incautó el bien, dejó constancia de que en el lote se estaba adelantando una construcción. Es más, el abogado Carlos Umaña dejó constancia en 2005 de que el restaurante fue construido por la empresa FSC y que fue arrendado a la firma Arcos Dorados Paisas SCA, en su opinión, el verdadero administrador del inmueble.

Sin embargo, desde que la inmobiliaria Gavel recibió el designio de ser el depositario provisional del local, se libra una batalla jurídica por su propiedad entre el Estado y la multinacional McDonald’s. Con una primera pelea librada ante la propia Dirección Nacional de Estupefacientes, que en mayo de 2005 no accedió a revocar la resolución que le daba curso a la extinción de dominio del inmueble. Tres meses después, la inmobiliaria Gavel le informó a la DNE que Arcos Dorados Paisas se negó a suscribir contrato de arrendamiento del local, alegando ser su dueño.

Entonces la inmobiliaria Gavel decidió promover una demanda judicial, en desarrollo de un proceso abreviado de restitución de tenencia del bien. El caso llegó al despacho del Juez Sexto Civil del Circuito de Medellín, que en agosto de 2008 admitió la demanda y ordenó pago de una caución de $204 millones, previo al embargo y secuestro del establecimiento de comercio McDonald’s. Según la propia decisión, la medida cautelar se hizo para garantizar el pago de los frutos civiles adeudados desde la fecha de incautación del inmueble.

Por iniciativa de la inmobiliaria, el 12 de diciembre de 2008 el caso fue llevado ante el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación. En desarrollo de la audiencia, Gavel Ltda. le exigió a la sociedad Arcos Dorados Paisas, además de legalizar la tenencia del inmueble, cancelar $2.427 millones, “correspondientes al valor de la renta o de los frutos que ha debido generar el uso del inmueble desde el día de la incautación”. Como era de esperarse, no hubo conciliación entre las partes y la diligencia se aplazó para marzo de 2009.

Súbitamente, el pasado 13 de marzo, el representante legal de Arcos Dorados Colombia, Jorge Enrique Ortiz, le envió una carta al director de Estupefacientes, Carlos Albornoz, para plantearle una fórmula de solución al dilema judicial que afecta a la multinacional McDonald’s, no sin antes formalizar una sucesión de argumentos que, en su criterio, demuestran como la actividad comercial que se le ha dado al inmueble le ha aportado más beneficios a la sociedad y al Estado que los perjuicios que quieren demostrar sus oponentes.

“El inmueble, al ser incautado, no era productivo ni generador de empleo (...) era un lote en el que se estaba iniciando una construcción para un establecimiento comercial que no fue objeto de medida alguna. Quien ha logrado generación de empleo y productividad es la sociedad propietaria del establecimiento comercial con la inversión realizada para construir y poner en funcionamiento el local”, señala la carta en mención, donde se advierte además que estar desocupado le significaría al Estado más pagos y erogaciones de presupuesto.

Según Arcos Dorados Colombia, la única persona que legalmente tuvo la condición de depositario del inmueble fue Luis Carlos Mejía. La inmobiliaria Propiedad Raíz no cumplió con sus obligaciones, como tampoco lo hizo la inmobiliaria Gavel Ltda.

Es más, en opinión del abogado Ortiz, ni siquiera existe constancia de que las resoluciones expedidas por la DNE hayan sido debidamente notificadas a sus propietarios. En cambio, éstos “han ejercido a cabalidad la función social de la propiedad al explotar el inmueble”, generando además empleo y pago de impuestos.

La posición de la sociedad Arcos Dorados, que representa los intereses de McDonald’s, es que imponerle el pago de dinero por la tenencia del bien no sólo es injusto, sino que podría constituir “una fuente de enriquecimiento sin causa para la Nación y los depositarios provisionales designados”. Por eso le planteó a la DNE constituir en su favor “una garantía irrevocable de pago por cualquier suma de dinero que deba pagar en el curso de un proceso judicial”. De esta manera, en su opinión, se lograría una decisión salomónica.

La Dirección Nacional de Estupefacientes quedaría protegida de cualquier riesgo de incumplimiento por parte de Arcos Dorados Colombia, al tiempo que esta firma privada podría ostentar la tenencia material del inmueble hasta que los jueces resuelvan el proceso de extinción de dominio. La carta aún no tiene respuesta oficial, pero espera ponerle punto final a un litigio en el que extraprocesalmente han intervenido desde la Cancillería y el Ministerio de Justicia hasta los más altos directivos de la empresa internacional de comidas rápidas.

El Espectador consultó a los directivos de la DNE y su argumento es simple: confiar en las decisiones de la justicia pero, entre tanto, hacer cumplir la ley, es decir, seguir adelante con el trámite de extinción de dominio, porque insisten en que esa fue una propiedad ilegalmente adquirida con dineros del narcotráfico por Ivonne Scaff de Saldarriaga, y porque el bien ha sido comercialmente explotado sin que el Estado reciba los beneficios que le corresponden. Claro está que sigue pendiente el trámite de conciliación civil.

La sociedad Arcos Dorados Colombia se ratifica en que el local donde hoy funciona McDonald’s, frente al centro comercial Oviedo en Medellín, no solamente es suyo, porque fue pagado con dineros lícitos, sino que en el más difícil de los escenarios es un tercero de buena fe. La Fiscalía cree que esta última condición no está probada, porque Inversiones Saldarriaga Scaff y compañía tenía el bien registrado en su contabilidad y lo que se hizo fue una transmisión del dominio de ese inmueble, adquirido con dineros judicialmente en entredicho.

Por lo pronto, el proceso de extinción de dominio está en etapa de juicio, Arcos Dorados Colombia busca probar que Inversiones Saldarriaga Scaff sí recibió dineros pagados en un contrato de promesa de compraventa. De hecho, no se descarta la recepción del testimonio de la propia Ivonne Scaff, de quien se dice ya se encuentra en Colombia, aunque se desconoce su paradero. El caso está como para alquilar balcón y de por medio están la marca y la actividad comercial de una exitosa firma que, según las estadísticas de la compañia, hoy posee más de 30 mil restaurantes en cien países del mundo.

La posición oficial de la multinacional

A través de su compañía de relaciones públicas en Colombia, la compañía McDonald’s envió un comunicado sobre el tema: “McDonald’s es una empresa seria y responsable, que desarrolla su actividad bajo los más altos estándares de respeto a las normas y leyes locales. Tenemos plena confianza en las instituciones colombianas y ratificamos nuestra decisión de seguir colaborando de manera clara y transparente con las autoridades y la justicia del país. En quince años de presencia en Colombia, estamos comprometidos con cada uno de nuestros más de mil empleados y los miles de colombianos que, a diario, visitan nuestros 43 restaurantes”.

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