El misterioso traslado de la Base de Manta

FALTANDO SIETE MESES PARA QUE expire el convenio por el cual Ecuador cedió, durante diez años, la Base Militar de Manta a los Estados Unidos, abundan las especulaciones sobre el eventual  traslado de la base, o al menos de todos sus equipos en diferentes instalaciones militares, a nuestro país.

En 2008 el presidente Uribe aseguró que si Estados Unidos requería instalar una base militar, su Gobierno no se opondría. Algunos meses después y en franca contradicción, el canciller Jaime Bermúdez afirmó que Colombia no albergaría ninguna base militar. El tema resurgió el pasado mes de marzo, cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ofreció a Estados Unidos “ampliar las facilidades en algunas bases aéreas” para suplir el cierre de Manta. A principios de esta semana, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, señaló que los dos países están analizando la forma en que podrían usarse instalaciones militares colombianas para sustituir las operaciones de Washington en la base aérea ecuatoriana.

Las declaraciones del Embajador evidenciaron la falta de claridad del Gobierno en el manejo de las gestiones sobre el posible traslado de las operaciones de Manta. El día martes, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Freddy Padilla, confirmó que el Gobierno colombiano se encuentra negociando con el estadounidense el traslado de los equipos de la base a Colombia, pues el “enorme servicio en la lucha contra el narcotráfico” que estaba prestando la base militar de Manta debía mantenerse. Al día siguiente, sin embargo, el Canciller reiteró que “aquí no habrá un reemplazo ni habrá una nueva base militar”. 

La ambigüedad de las declaraciones, en un ambiente de negociaciones secretas, pretende limitar el debate al carácter inocuo del “traslado de equipos”. El Gobierno insiste en que no se trata de la instalación de una base militar, sino de la celebración de acuerdos de cooperación militar contra el narcotráfico. Al final, si en algo coinciden el comandante de las Fuerzas Militares y el Canciller, es en tratar de minimizar el impacto de la negociación, diferenciando la “colaboración” que prestaría Colombia, del tratado que regía con Ecuador. 

El Canciller aseguró que lo que se estudia es el desarrollo con Washington de “simples acuerdos” de cooperación militar contra el narcotráfico. “Aquí lo que vamos es a luchar contra el narcotráfico como lo hemos hecho desde hace 10 años”, afirmó sin dar mayores detalles. El general Padilla, a su vez, trató de restarle importancia al tema. “Es un acuerdo de colaboración” —dijo—. “La letra menuda —cuando lleguemos al final— los colombianos la van a conocer, pero no será una base o dos bases, es una forma de colaborar”.

Lo cierto es que el eventual traslado de las operaciones de Manta a territorio colombiano no es un asunto menor. No estamos ante “simples acuerdos”, como los definió el Canciller. Ni es suficiente explicación la  “forma de colaborar” con que el Comandante de las Fuerzas Militares se refiere al tema. Cualquiera sea el eufemismo escogido, no se puede soslayar el impacto que esta decisión tendría en las relaciones de nuestro país con los vecinos sudamericanos. El Gobierno estaría permitiendo que Estados Unidos proyecte, desde Colombia y hacia terceros, su capacidad militar, de inteligencia, de vigilancia y de operaciones.

Es claro que la lucha contra el narcotráfico requiere de colaboración, pero debe haber total claridad sobre los alcances de dicha colaboración. Urge entonces transparencia en las negociaciones; la “letra menuda” debe hacerse pública. Una base estadounidense en suelo colombiano, el traslado de equipos belicosos para amedrentar y ejercer presión, no es asunto de poca monta.

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